Se profundiza la crisis en la provincia de Chubut por las insuficientes respuestas del gobierno provincial. Las y los trabajadores del Estado se encuentran en estado de movilización con acampes, toma de edificios públicos, cortes de ruta y paro.  

El adverso clima otoñal de Chubut no logra frenar a las y los trabajadores del Estado decididos a continuar con una medida de lucha frente a las respuestas del gobierno provincial que ofrece sumas irrisorias para mejorar el salario. Las y los trabajadores del Estado a pesar del otoño patagónico, están en las calles, las rutas, los edificios públicos para enfrentar las políticas del gobierno provincial y no están solos, porque la medida de fuerza tiene amplio consenso entre la población de la provincia, que además acercan donaciones de leña e insumos para sostener los acampes, mientras comerciantes y habitantes también acompañan la medida, pacífica, con festivales, radio abierta y en los cortes de ruta y las tomas pacíficas de edificios públicos, para darle visibilidad y voz al grave conflicto.

Un frío gobierno provincial, más frio que el clima de Chubut 

El lunes a la noche el gobierno hacía una nueva propuesta, no muy diferente a la anterior, con un plus no remunerativo, de julio a noviembre, de los cuales se descuentan $200 que se suman al básico testigo. Una propuesta que fue rechazada por la Mesa de Unidad Sindical.  Los delegados sindicales calificaron la propuesta de “poco digna” en virtud del tiempo transcurrido, y relataron que “se presentó el gobernador Arcioni, para expresar que no tienen los recursos y además propuso a las y los trabajadores consideren la propuesta junto con el no descuento de los días de paro”, que fue considerado una propuesta extorsiva e inmediatamente rechazada. Al mismo tiempo se ratificó la continuidad de la medida de fuerza, a la espera que el gobierno reanude la negociación cuando lo decida.

Este jueves 21 de junio se autoconvocó en Chubut la junta directiva de CTERA para solidarizarse con el grave conflicto que tiene paralizada a la provincia.

En el programa Troyanos del Sistema entrevistaron a Nadia Soto, docente de Chubut, que contó sobre el conflicto que mantiene virtualmente paralizada a la provincia.

 ¿Cual es el conflicto que hay en este momento en Chubut?

Hay varias causas que han desencadenado la crisis actual. Por un lado el pago escalonado de sueldos, a los empleados estatales, que se divide en tres rangos según lo que cobren. Los sueldos de hasta 30.000 cobran con diez días de atraso, los que cobran más de 30 mil con veinte días y el sector que tiene un sueldo más alto con casi un mes de retraso. A esto se sumó que estamos sin apertura de paritarias desde hace más de un año, entonces nuestro sueldo ha quedado retrasado. Tenemos además como empleados estatales una obra social que funciona con muchas irregularidades, donde la primera mitad del año funcionó con cortes sistemáticos en las prestaciones de médicos, laboratorios, farmacias, A esto se suma que se cortó el transporte escolar gratuito, por lo tanto hay docentes que tienen que viajar a otras ciudades a dar clases y están pagando de su bolsillo el traslado y el transporte se ha encarecido mucho este último tiempo, igual que para los alumnos.

¿Cuál es la situación en relación a la educación?

El gremio docente está conformando la Mesa de Unidad Sindical, con otros sindicatos como vialidad, judiciales, los empleados de la legislatura, está incluida ATECH también. Todos en una misma mesa, por lo tanto todas las medidas que se implementaron fueron de todos los sectores estatales.

Lo que ocurrió con el colectivo de docentes, porque en primera instancia no era el gremio sino un sector de las y los docentes autoconvocados, fue la ocupación del Ministerio y luego el gremio se plegó y le dio el aval. Las medidas de paro no obtuvieron respuesta de parte del gobierno, después de 80 días lo único que había era un discurso oficial que ellos estaban dispuestos al dialogo y luego no se presentaban a las instancias de negociación.

Las y los docentes en lucha, no solamente reclaman por su salario sino por las condiciones de infraestructura en las escuelas. “Hay escuelas que están funcionando sin calefacción, hay unas 30 escuelas a las que les retiraron los medidores de luz porque no estaban dadas las condiciones para que estén funcionando, y además cortes de luz y retiro de medidores de luz por falta de pago del servicio. En una de las escuelas también hubo una explosión de una cocina por las malas condiciones en las que están funcionando” y además agregó que “padres y madres también han entendido que necesitan participar para que se solucione el conflicto que pone en riesgo a sus hijos e hijas”.

El apoyo de la sociedad es muy amplio, en cuanto a la medida que llevan adelante las y los docentes con la participación de docentes, auxiliares, padres y personas que se acercan con donaciones que permitan sostener la medida, en medio de las bajas temperaturas o el mal tiempo, pese al cual no se mueven del ministerio. Se han autoconvocado padres y han presentado petitorios con más de 10.000 firmas para pedirle al gobernador que se siente a una instancia de negociación para solucionar el conflicto.

Con muchos recursos y bajos sueldos

¿Cuáles son los recursos de la provincia de Chubut?

El petróleo es uno de los recursos más importantes, en regalías hay un alto ingreso. En el último tiempo se conocieron los casos de corrupción, la política de vaciamiento del Estado y un descuido muy grande de todo lo que son instituciones públicas, que nosotros entendemos que viene de la mano de la intención de implementar megaminería en la provincia. En este afán de ir vaciando, cerrando fábricas, el comercio también se paralizó. Quieren instalar la idea que la megaminería es la única solución posible para esta crisis, cuando nosotros tenemos la certeza, tal como lo dicen los referentes del banco, que hay de parte de la provincia un superávit que permitiría pagar más de dos sueldos sin que haya ningún tipo de inconvenientes, y los funcionarios siguen diciendo que el gobierno no puede salir de la modalidad del pago escalonado.

La suba de los impuestos a los sectores que obtienen los mayores beneficios, como las empresas Aluar, Benetton y los negocios pesqueros, entre otros, podrían aportar con la suba de impuestos para resolver el conflicto, “ empezar a repartir un poco más las ganancias entre todos los habitantes, porque por ahora los que tienen mayores ganancias pagan impuestos irrisorios”.

Movilizados

En la provincia hay una muy significativa movilización de todos los sectores de trabajadores del estado con un alto índice de adhesión. Tal como expresa Soto, “en el caso particular de las y los docentes el índice de acatamiento al paro es superior al 90% por la grave situación”.

Ante la crisis económica, las ofertas laborales prometidas por la megaminería buscan presentarse como una salida posible y aceptable, intentando dar vuelta el rechazo popular que mediante plebiscito le impuso la población cordillerana chubutense en 2003.

La crisis es tan grave que el gobernador Arcioni ha decretado la Emergencia Comercial. Mientras las y los trabajadores ratificaron la continuidad de la medida de fuerza que cuenta con amplio respaldo popular y la solidaridad de la clase trabajadora en su conjunto.

En la misma provincia donde se intenta instalar el extractivismo, en estos momentos se ha agravado la grave situación de Facundo Jones Huala, condenado por oponerse a la apropiación de la tierra, mientras el pueblo mapuche es criminalizado por ejercer la resistencia a las políticas de apropiación. Los pueblos organizados, sin distinción,  resisten, a pesar del frío patagónico, con solidaridad y unidad para enfrentar las políticas de gobierno.

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El gobierno se enfrenta no solo al contagioso canto contra el presidente, que ya excedió las fronteras futbolísticas; sino también al paro docente y de estatales, a los que se le suman la defensa de los planes sociales por parte de los movimiento populares.

El secretario general del sindicato de árbitros (Sadra), Guillermo Marconi, aseguró el martes pasado que evalúan “suspender los partidos cuando los hinchas insulten al Presidente”. Hoy los referís están habilitados para frenar los encuentros cuando aparezcan agresiones o actos de discriminación contra las comunidades de Bolivia y Paraguay.

Lo mismo sucede cuando cantan contra la comunidad judía. Al comienzo Cambiemos supuso que estaban únicamente ligados al fútbol. Pero las voces de las multitudes se expandieron. Primero fueron los repudios en los estadios de River y San Lorenzo. Luego la figura del Presidente fue vituperada en dos recitales: el de Dancing Mood en el Centro Cultural Konex y en el de Los Guasones. Por una interrupción momentánea en la Línea D de subterráneos, un grupo de pasajeros embistió contra Macri en la estación Callao. Se volvieron a repetir en los estadios de Independiente, Chacarita, Gimnasia y Huracán. En este último caso por un corte de luz bastante prolongado. También en Lanús, Unión y en un estadio del ascenso, el del Club Mitre, de Santiago del Estero, del Nacional B.

Entonces, el Gobierno tomó la decisión de habilitar la discusión parlamentaria por la legalización del aborto que provoca millares de muertes evitables. Pero el cálculo político no empaña lo esencial: diputados y senadores finalmente afrontarán una discusión largamente demorada a pesar de la exigencia de la calle. Como seguramente será la del próximo 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tuvo su origen en un hecho de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York marcharon contra los bajos salarios. La jornada terminó con 120 muertas por la brutal represión policial.

5 y 6 de marzo: paro nacional de estatales y docentes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) paró lunes y martes en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional –que el Gobierno derogó por decreto– y de negociaciones sin techo salarial.

Además, hicieron una movilización al Congreso nacional y harán un nuevo cese de actividades el jueves 8 en adhesión al Paro Internacional de Mujeres.

Si bien pocos distritos ya comenzaron las clases, son 21 provincias donde el inicio del ciclo lectivo estaba programado para el lunes 5.

El Gobierno que conduce María Eugenia Vidal salió a la ofensiva y adelantó que descontará el presentismo a los docentes que se sumen a la huelga.

En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 7 años la partida para educación ha caído un 8,9 % según el informe elaborado por docentes de la zona sur de la Asamblea Unificada del Distrito 21°, que abarca las escuelas ubicadas en los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo.

Esta zona es la que precisamente más se vio afectada con la falta de vacantes (12.000). A esto hay que sumar el anuncio de hace una semana atrás, donde el gobierno porteño anunció el cierre de 13 sedes del Plan FinEs dejando a 80 docentes sin trabajo y alrededor de 500 estudiantes que no podrán terminar sus estudios secundarios.

“En cada lugar donde haya despidos, hay luchas que van a multiplicarse”, aseguró el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, al anunciar un nuevo paro de 48 horas de los trabajadores estatales de todo el país.

La medida de fuerza será el 5 y 6 de marzo, y coincidirá con la huelga que convocó la Ctera a nivel nacional.

Ante los medios y rodeado de otros dirigentes nacionales, provinciales y sectoriales, Godoy explicó: “Los trabajadores en general, y los trabajadores estatales en particular, estamos atravesando los momentos más tremendos de nuestras vidas, nos está pasando lo peor. Ya son más de 3.000 los despedidos y despedidas del Estado Nacional. El Gobierno Nacional no ha dado una sola muestra de intención de generar un espacio de discusión para resolver estos problemas. Están cerrando fábricas, como en FANAZUL, terminando emprendimientos productivos, como la mina y la usina de Río Turbio, transfiriendo funciones del Estado al ámbito privado, como sucede en SENASA y en INTI”.

En la misma línea, el secretario general de ATE reclamó la reapertura de paritarias, expresó el rechazo al “techo del 15 % de aumento que pretende imponer el Gobierno” y pidió “la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos” en el sector público.

De esta manera, los dos gremios mayoritarios de cada una de las CTA, Autónoma y de los Trabajadores, protagonizarán jornadas de lucha que se prevén masivas.

Los trabajadores de Río Turbio, que siguen apostados en la boca de la mina 5 de manera pacífica, denunciaron que el Gobierno nacional ordenó movilizar un escuadrón de 125 gendarmes asentados en Bariloche.

Contra los movimientos sociales: Planes sociales por programas de empleo

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció el desmantelamiento de los últimos programas de empleo que le quedaban sin desfinanciar. El Programa “Argentina Trabaja” y el Programa “Ellas Hacen”.

El Gobierno de Mauricio Macri desde hace dos años ha avanzado en la descooperativización de los programas eliminando el requisito de organización cooperativa al beneficiario del programa de empleo, anulando y suprimiendo matrículas de Cooperativas de trabajo, e impidiendo a las mismas acceder a la obra pública.

El Gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a implementar los planes sociales en la Argentina. Ha creado y masificado un plan social que no tiene contraprestación alguna por parte del beneficiario, que no exige su registración en el monotributo, ni requisito de capacitación alguna a quien lo perciba.

“Los Movimientos Populares en la Argentina no queremos planes sociales. Pretendemos conservar la capacidad creativa de planificar la organización colectiva del trabajo de las compañeras y compañeros que han quedado excluidos del modelo económico que profundiza el Gobierno de los patrones”, señalan en una declaración el Frente Barrial CTA, la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) y el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala.

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Hoy y mañana la docencia realizará dos Jornadas de Paro y Movilización, en reclamo por el respeto a la paritaria nacional y por el avance de las reformas contempladas en el Plan Maestro, que tienen como objetivo la precarización educativa y laboral.

Las centrales docentes movilizarán de Congreso a Palacio Pizzurno en el marco del paro de 48hs convocado por CTERA a nivel nacional. En la C.A.B.A., Ademys, sindicato docente que se encuentra por fuera de CTERA, adhiere a la medida. El punto central está en la derogación del decreto 52/2018 que desconoce la paritaria Nacional Docente, contemplada por la ley de Financiamiento Educativo de 2016, y que fija el salario docente en un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. La concentración será a partir de las 11:00hs en el Congreso. El plan de lucha para esta semana cierra con la convocatoria al paro de mujeres del 8M.

La oferta salarial del gobierno pretende imponerse en 15% en GBA y en 12% en C.A.B.A. Inaceptable teniendo en cuenta que el cierre inflacionario del año pasado fue del 24,8%. La eliminación de la paritaria nacional por decreto es uno de los agravantes a esta situación que impide establecer un mínimo de aumento salarial a nivel nacional, lo que deja a los sindicatos provinciales en situación de fragilidad. Ejemplo de esto es el cierre de la paritaria en Misiones en el 5%.

Pese a los planteos del gobierno de Cambiemos, los reclamos no se reducen a la oferta salarial sino que abarcan el freno a las reformas contempladas en el Plan Maestro que tienden a la precarización laboral y educativa, así como al abandono de la infraestructura escolar y al cuestionamiento de la creciente subvención a la escuela privada.

Mientras Vidal acusa a lxs docentes de tomar como rehenes a lxs pibxs, es necesario plantear la situación educativa y mostrar que es el gobierno quién secuestra al sistema educativo público con el fin de acentuar su crisis.

Previo a que las negociaciones comiencen, parceladas por jurisdicción, ya que la paritaria Nacional docente fue esquivada por decreto, el gobierno empezó su campaña para responsabilizar a la docencia de las dificultades del sistema educativo. Desde la propuesta de “antidopping” a quienes trabajamos en la educación, hasta las campañas mediáticas para plantear que se trabajan con pocos pibxs por curso (como circuló recientemente en el diario La Nación). Lo que no se dice, es que el sistema educativo argentino arrastra 30 años de reformas que van acorralando nuestras escuelas.

En este sentido, en junio del año pasado el gobierno presentó el proyecto de ley denominado “Plan Maestro”, en el que se plantean reformas en los niveles inicial, primario, secundario y terciario. Los avances en la concreción de este plan los hemos vivido a lo largo del año pasado con la denominada “Secundaria del Futuro” y el anuncio del proyecto de ley para fundar la Unicaba. La primera pretende imponer un perfil de estudiantes preparado “para la incertidumbre”, a decir de Esteban Bullrich, ex-ministro de educación de la Nación. donde se priorizan las demandas del mercado por sobre el desarrollo del pensamiento crítico. A su vez, esta profundización de la NES (Nueva Escuela Secundaria) avanza sobre las condiciones laborales de la docencia, ya que desplaza a lxs educadorxs de un rol central y sufren la precarización salarial mediante la incorporación de horas con menor valor al de la hora cátedra.

En sintonía, con el proyecto de la Unicaba el gobierno de la ciudad pretende eliminar los 29 institutos de formación superior, lo que implicaría que 5000 docentes se queden sin trabajo. Pero eso no es todo. Los planes de estudio en esta Universidad serán elaborados por un rectorado dispuesto por el Poder Ejecutivo, lo que implica la destrucción de la libertad de cátedra y la imposición de un pensamiento único que tiene como objetivo impulsar la meritocracia, el individualismo y la lógica de mercado. Vale aclarar que las políticas educativas plasmadas en el Plan Maestro son correlato de los lineamientos de la Ley Nacional de Educación de 2006 y de las resoluciones del Consejo Federal de Educación de 2009.

Cuando se habla de pibxs sin clase, el gobierno omite hablar de lxs 15.000 pibxs sin vacante en la escuela pública sólo en la C.A.B.A., lo que nos lleva a pensar en una realidad nacional aún peor. La respuesta tácita del gobierno a esta realidad es que se anoten en la escuela privada, sobre la cual el presupuesto destinado a subsidiarla es cada vez mayor, pero que deja afuera de la escolaridad a los sectores con menos recursos.

El conflicto en educación es una lucha que no es de la docencia únicamente, sino que atañe a toda la comunidad educativa. Se trata de enfrentar un modelo educativo que empalma con la reforma laboral, que necesita de subjetividades acríticas y conformes con la precariedad de vida.

Es necesario que esta pelea sea de largo aliento, con un plan de lucha para ganar. Pero esto sólo puede darse interpelando a toda la comunidad educativa, no sólo centrándose en las cuestiones salariales sino elaborando una política que ponga en tela de juicio el proyecto educativo de Cambiemos.

*Delegado de Ademys

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La docente y legisladora del FIT Laura Marrone, detalló en qué se basa el informe sobre desapariciones de mujeres presentado ayer junto a Marcelo Ramal en la Legislatura porteña. Entre otros temas, analizó las próximas elecciones de CTERA y la reforma “Secundario del Futuro”.

M.H.: Presentaron ayer  junto a Marcelo Ramal en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un informe sobre desapariciones de jóvenes mujeres en la zona sur de nuestra Ciudad. ¿En qué consiste esta actividad?*

L.M.: Desde hace bastante tiempo venimos participando de la búsqueda de jovencitas de zona Sur que desaparecen a partir de redes que tienen conexiones con las escuelas, ya sea por amistades con otras chicas o por los circuitos en los que son seducidas para entrar dentro de una red de trata. En algunos casos hemos logrado rescatarlas, en otros ha habido reclamos a las autoridades judiciales para que intervengan dándole el encuadre de víctimas de trata, porque la gran pelea suele ser que los propios sectores de la justicia avalan el discurso que es sembrado por las propias redes, que se trata de novios, relaciones conflictivas con la familia y que por eso habrían dejado sus hogares.

Esto nos ha llevado a una participación sistemática, hemos hecho intervenciones con redes que se han formado en zona sur tanto en Flores como en Lugano más recientemente, también en la zona de Zabaleta. Hemos organizado redes con escuelas, ha contribuido Ademys como sindicato con la confección de guías de trabajo para alertar a las pibas sobre cuáles son los mecanismos de seducción y en este momento, a raíz de algunos casos que a veces rebalsan el vaso, nuestro bloque ha creído conveniente hacer una presentación que visibilice más de conjunto la situación.

Yo integro la Comisión de mujer, niñez y adolescencia en la Legislatura y cuando hace unos meses hubo una seguidilla de desapariciones presenté el pedido en la Legislatura para que la propia Comisión de Mujer se constituyera en una especie de Comisión investigadora y recorriéramos lugares como comisarías y demás impulsando para que se realicen las investigaciones correspondientes. Había denuncias, elementos y datos de lugares en Liniers, boliches adonde eran conducidas las chicas.

M.H.: El Bacilón de Liniers, por ejemplo…

L.M.: Sí. Ahí se daba bebida y estupefacientes en forma gratuita y eso generaba un círculo de dependencia. En ese momento no logré que el resto de los bloques acompañara en forma directa, dejando en el caso del PRO la idea de que debía ocuparse la Justicia, pero la Justicia no encuadraba esto dentro del marco de trata de persona. Hechos recientes han puesto en evidencia toda la ingeniería que se monta alrededor de la seducción de las chicas de zona Sur para poder entrarlas en estos círculos de los cuales no siempre salen.

Entonces, nuestra intención mañana es hacer visibles esos mecanismos, interpelar a las instituciones de la Ciudad, tanto a nivel de la Legislatura como de la Justicia. Van a participar trabajadores de las redes de zona sur de Flores y de Lugano que han intervenido en el rescate de algunas chicas. Quiero destacar la labor de docentes que han sido piezas claves, primero para establecer los nexos con las familias, lo que significó que tomaran coraje para poder apelar a instancias institucionales, para poder defenderse, porque muchas veces se trata de familias que no tienen el conocimiento de qué recursos pueden tener a su disposición para rescatar a sus hijas. O están atrapadas en situaciones como tener que ir a trabajar al día siguiente porque si no, no comen y no pueden salir a buscar a su hija.

M.H.: ¿Qué actitud asume el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ante esto? Porque estos hechos pasan en los colegios.

L.M.: Ningún compromiso. Yo también participo de la Comisión de educación y llevamos el caso, pero no fuimos escuchados.

M.H.: ¿Por qué esta negativa del Ministerio y de los legisladores de abordar esta problemática que se está convirtiendo en un verdadero flagelo?

L.M.: Sinceramente pienso que son indolentes. No sienten un peligro que pueda afectarlos personalmente o familiarmente. En general, como se trata de chicas de familias con mucha dificultad para relacionarse y establecer redes con el resto de la sociedad, no sienten compromiso para rescatarlas.

M.H.: ¿Cuál es el panorama respecto a las elecciones nacionales de CTERA?

L.M.: Habrá elecciones en CTERA el jueves, estamos hablando de la Confederación más numerosa del país a nivel de los docentes, donde se presentan dos listas, la Celeste que es la que dirige CTERA desde la década del ´80 y que tiene entre sus dirigentes a Baradel de Suteba, Eduardo López de UTE y Sonia Alesso de AMSAFE y, por otro lado, va a estar la lista a la que yo adhiero que es la Multicolor constituida a nivel nacional por distintos compañeros que han representado de un modo u otro distintas luchas, por ejemplo, este año está encabezada por el compañero Sebastián Henríquez del SUTE de Mendoza que acaba de ganar el sindicato provincial que estuvo históricamente en manos de la conducción celeste.

Es muy importante porque lo gana en base a una crítica muy profunda de la complicidad que tenía en Mendoza el sindicato oficialista con la aplicación de lo que se llama el Item Aula, nombre rebuscado para lo que es el presentismo, causa por la cual Mendoza en los últimos tiempos no ha podido participar de los reclamos salariales porque un paro le significa al docente prácticamente resignar la mitad del salario. El hecho de que el sindicato no organizara el rechazo ni denunciara esto fue una de las claves para que este colectivo opositor ganara recientemente las elecciones. Por eso quien encabeza la lista es Henríquez, luego vienen los compañeros de Suteba de la Provincia de Buenos Aires representados por la compañera Romina del Plá de La Matanza, no recuerdo el nombre del tercero y la cuarta es Angélica Laguna, secretaria de Neuquén Capital.

Estuve en Aten Capital justamente esta semana que pasó y pude acompañar la bandera de arrastre de Aten, Zanón y otras asociaciones que encabezaron la marcha por Santiago Maldonado en Neuquén, junto con el sindicalismo combativo, atrás de los que vinieron todas las escuelas y las organizaciones sociales. Aten va en el cuarto lugar porque fue uno de los sindicatos que logró la mejor negociación salarial a nivel de paritarias este año y que además dio una pelea para eso.

M.H.: Hablando de negociaciones ¿cómo quedó Santa Cruz finalmente?

L.M.: Muy mal porque después de casi 100 días de lucha, en un Congreso provincial, se impuso la moción de la actual directiva que era darle un tiempo de espera y consideración a los gobiernos nacional y provincial para hacer una nueva propuesta. Yo soy afín a la conducción de Pico Truncado que es una de las localidades que dio una batalla a brazo partido para no aceptar ese tiempo de espera porque significaba rifar 100 días de lucha y no era ninguna garantía de que hubiera una respuesta. Efectivamente no la hubo, los gobiernos acordaron un 8 por ciento de aumento escalonado durante el año, para una provincia que como todas las del país va a una inflación del 24 por ciento. Hay mucha indignación entre los compañeros de Santa Cruz.

¿Secundario del futuro o negociado del futuro?

 M.H.: La dirigencia sindical nos tiene acostumbrados a esto, lo mismo que el caso de la CGT que no aprovecha los grandes paros y marchas, para terminar cediéndole al gobierno que finalmente sale más fortalecido que los trabajadores. Por otro lado, hay 8 colegios tomados contra la aplicación de la nueva reforma del “Secundario del futuro”.

 L.M.: Sí, del secundario del futuro o del negociado del futuro. Acabo de presentar la semana pasada un Proyecto de ley para anular esa propuesta que por ahora no tiene otro formato que un power point lo cual es bastante vergonzoso.

M.H.: Es el estilo power point de la administración macrista…

L.M.: Justamente hoy pensaba que Trump se maneja a través de twitter y la Ministra de Educación de la CABA  maneja la educación a golpe de power point.

M.H.: Aranguren explica los aumentos de gas y electricidad de la misma manera.

L.M.: Lo que se dice es que van a disolver las asignaturas, se va a trabajar por área de conocimiento, los docentes van a trabajar 30 por ciento de las horas en clase y el 70 por ciento restante va a ser para trabajo tutorial con plataformas digitales y el 5º año una pasantía en empresas y emprendedurismo. No va a haber notas numerales del 1 al 10 sino créditos de 0 a 210. El tema es que esta es una ofensiva destructiva de la escuela media en forma estructural. Es una reforma profundísima que tiene como propósito central acoplar en forma cualitativamente superior a lo que ya existe, el sistema educativo a las necesidades de ganancia de los sectores empresarios. Ya sea a través del control del conocimiento, a través del ingreso de empresas de servicios educativos a la educación, por ejemplo, las plataformas digitales, que significan un doble tema, primero el desplazamiento de docentes y su trabajo por plataformas digitales con tutores que a su vez son designados y preformados por empresas privadas.

M.H.: O sea, operadores que no necesariamente deben ser docentes. Parecido a lo que pasa con el ministro de la Provincia de Buenos Aires que no es docente ni escribió nunca nada sobre educación.

L.M.: Pero Zinny es accionista de las empresas que venden plataformas digitales al gobierno. Ese es el negocio, la venta de plataformas digitales al Estado, por eso el cambio de separar la clase del uso de la plataforma digital es una aberración porque muchos docentes utilizan en el marco de su planificación una interacción en el uso de tecnología o de recursos didácticos. La clase no es teórica primero y digital después, pero lo que ellos quieren es separarlo porque ese 70 por ciento de horas va a ser tomado por tutores que manejan esas plataformas. Justamente la semana pasada salió una nota en Página 12 que denunciaba que ministros de educación del interior estaban muy preocupados porque les vendían la capacitación para tutores de la empresa que produce un determinado software y ellos no querían poner esos tutores, pero si no ponían a esas empresas a capacitar tutores el Ministerio de Educación no les daba los fondos. Es perverso.

Y en cuanto al tema de 5º año en manos de supuestas pasantías, justamente ayer hablaba con chicos de Centros de estudiantes de escuelas técnicas y les decía que no van a ir a ver fábricas con robótica que es lo que supuestamente viene, y es el supuesto fundamento de esta reforma, van a ir a una empresa que no tiene esos cambios tecnológicos porque estamos atrasados en tecnología y a lo mejor podrías aprender de mejor manera con el profesor en una simulación o lo que fuere y no en una pasantía donde como me contaban los chicos, van a concesionarias donde lo único que hacen es cambiar filtros de aceite o hacer ajustes en condiciones bastante precarias desde el punto de vista de la seguridad laboral y a donde además en una semana ya aprendieron todo.

M.H.: Creo que tendríamos que pensar en algún momento en hacer un programa especial sobre esto. Yo siempre sostuve que a la escuela secundaria hay que dinamitarla, pero no para hacer esta chantada.

L.M.: La escuela media es un nivel complejo para seguir pensando pero no es esta la manera.

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Este jueves 6 de abril marca un hito en la gestión macrista. El paro nacional es la medida más contundente que recibirá el Gobierno como parte de un largo mes que fue récord en la masividad de las movilizaciones contra su ajuste.

Mal que le pese, la movilización del 1 de abril a su favor no logró eclipsar a la presencia callejera de medidas sectoriales de los 30 días anteriores (por ejemplo a la docente del 6 de marzo). Tampoco funcionaron las múltiples instancias, amenazas y hasta migajas (para los dirigentes) para quebrar la medida de fuerza.

Por eso, desde la medianoche (en que se escriben estas líneas), ya se siente el efecto del que, se prevee, sea un paro de alto acatamiento en fábricas, establecimientos que prestan servicios, organismos públicos, escuelas, facultades y transportes.

Unidos por el espanto

El malestar social no arrecia. Los despidos, las suspensiones, las paritarias que el Gobierno aspira a cerrar por debajo del 20%, la caída notoria en la actividad económica y especialmente la industria, los tarifazos, son medidas que explican que haya un millón y medio de nuevos pobres en el país -según cifras de la UCA-. Se adicionan ciertos posicionamientos regresivos en ciertos temas sensibles (edad de punibilidad, el número de desaparecidos, etc), los episodios de beneficios a empresas familiares y socios, etc. Estas condiciones actuaron como una masilla política. Los dirigentes sindicales con perspectivas políticas que no aciertan construir una oposición unificada dentro del Congreso (massismo, peronismo, kirchnerismo), se vieron empujados a encarar el plano sindical de esa manera.

Esa frágil unidad no logró ser quebrada por las maniobras del macrismo tales como amenazas de reformas en las elecciones gremiales, diatribas contra las “mafias”, señalamiento del carácter político del paro, entre otros. Pero no se trató de la falta de vocación conciliadora de la dirigencia de la central. Recordemos que Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que la conduce, planteó la necesidad del paro “para descomprimir” la situación.

Se trata de una situación que palpó esa dirigencia cuando otro de los integrantes del triunvirato cometió un furcio el martes 7 de marzo. Ante una multitud que escuchaba (desconfiada y expectante) las peripecias de los oradores para no ponerle fecha al paro, prometió que el mismo sería “antes de fin de año”, para luego corregirse e indicar que sería a “fin de mes”. La bronca que había convocado a esa masa enorme de laburantes (entre 300 y 500 mil) llegó a un límite insostenible, que algunos sectores del sindicalismo de base y combativo canalizaron al copar el palco y hacer volar el añoso atril por el aire.

Gritos o susurros

Esa presión de las bases atraviesa prácticamente todos los sindicatos y sectores. Si bien la apertura importadora y la apreciación cambiaria afecta a algunos sectores más que a otros, tal como en su momento hicieron la “tablita” de Martinez de Hoz o la convertibilidad, la crisis económica impacta en prácticamente todos. Si alguna excepción podría haber en el sector agropecuario, basta recordar que se trata de una actividad con altos índices de informalidad y salarios muy relegados. Y como buena presión, incide sobre las estructuras que las contiene. Así sean estructuras sindicales tradicionales y con escasas prácticas de democracia interna. Aparecen voces que expresan esas presiones, sin necesariamente sostener nuevos modelos (ni ser nuevos referentes), como Francisco “Barba” Gutierrez de la UOM, o Hugo Yasky de la CTA “de los trabajadores”. Incluso su oratoria refleja una notoria falta de actualización que los coloque discutiendo con trabajadores/as que viven en el siglo XXI.

Precisamente estos referentes son algunos de los que representan un sindicalismo identificado con el kirchnerismo y con discursos de resistencia a un modelo económico que a todas luces perjudica a los trabajadores y trabajadoras. Son quienes más tienen para ganar en su posicionamiento contra el ajuste. Sin embargo, quiénes los conocen hace más tiempo saben que lo principal en su posicionamiento no es ser, sino parecer. Lo que diferencia la simple prédica antiajuste de un verdadero plan de lucha es la continuidad, organizada para tener cada vez mayores efectos, y apropiada, discutida y definida por las bases.

Nada de esto domina la escena. Si no cabe esperarse ese cuadro entre los sindicatos conciliadores, tampoco sucede entre los más confrontativos. El esquema de paro “dominguero” se encarga de no repetir exabruptos de base como los del 7M, ni posibilitar tomar cabal conciencia de la fuerza que se despliega cuando la clase trabajadora toma medidas de lucha de conjunto. Parece ser la condición que aceptan esas conducciones supuestamente confrontativas, que rehuyen de apostar, a nivel general, a movilizaciones, concentraciones y piquetes durante el paro. Esa convocatoria “por televisión” abre grietas a la presión patronal, dispuesta a pagar remises, organizar recorridos de autos o incluso de hacer campaña por las “eco bicis”, con tal de que el paro no haga mella la asistencia.

Pero las calles no estarán tan vacías

Ante este panorama poco prometedor, que solo alcanza para presionar parcialmente a la burocracia conciliadora, se le contrapondrán dignas pinceladas de resistencia real. Algunos sindicatos como Aceiteros impulsan concentraciones en las puertas de las plantas para garantizar el paro. La combativa comisión interna de la línea 60 hará una asamblea en la cabecera de la línea, con el mismo fin. El sindicato de prensa SIPREBA adhirió junto con su federación a nivel nacional FATPREN, con medidas en los principales medios. En la mayor urbe del país, habrá concentraciones por la madrugada en el norte y oeste del conurbano bonaerense en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, en los emblemáticos puentes Pueyrredón, Saavedra, la Noria y Constituyentes (donde habrá un piquete con eje que visibilizará reclamos contra el ajuste en Ciencia y Técnica) en la CABA, y también la ciudad de La Plata.

A instancias del SUTNA, también habrá una concentración en el Obelisco cerca del mediodía, buscando mostrar la vocación por movilizar. A la misma concurrirán docentes universitarios (AGD UBA), de escuelas (Ademys), investigadores/as (JCP) y otros.

Distintas organizaciones de desocupados/as y precarizados/as también expresarán en la calle su repudio al ajuste en los planes de trabajo, entregas de mercadería a comedores, y otras demandas, como la CCC, el Polo Obrero, FPDS o un frente de lucha constituido por las organizaciones FOL, CCRS, MTDAV, MTRDD, M8A, AB-VC. Este frente incluso protagonizará una movilización al capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, que reunirá a representantes de empresas multinacionales y organismos multinacionales.

En varias provincias, otras movilizaciones tendrán lugar, impulsadas especialmente por sindicatos docentes, universitarios y estatales, principalmente de la CTA Autónoma. En algunos casos incluso saltando las internas que enfrentan a gremios alineados con Yasky (sean docentes enrolados/as en la CTERA o fracciones de ATE) y otros alineados con el degenarismo (como en Neuquén y Río Negro). En Córdoba, serán las CGTs locales las que le pondrán movilizaciones a la jornada. Una excepción especial será Comodoro Rivadavia, donde el paro será parcial para continuar asistiendo a las personas damnificadas por las inundaciones. De todas formas, otras ciudad como Tucumán también tomarán recaudos para evitar complicar afectados/as por las lluvias.

Una jornada atípica

El discurso que se pretende instalar contra las movilizaciones no impedirá que se exprese en la calle otra forma, incipiente aún, de encarar las luchas contra el ajuste.

No es el primer paro ante las políticas económicas de un gobierno. Pero lo novedoso es que se realiza en el marco de una CGT más unificada que en el gobierno anterior, en la que además se expresa una disputa de fracciones al interior de las cúpulas sindicales. Y que también se mueve al calor de una presión de las bases que también, con sus disputas, busca abrirse un cauce y configurarse en un actor político propio (o actriz, quizás logre también superar la histórica presencia mayoritaria masculina en esos espacios de dirección, si se lo propone).

* Militante de la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas.

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Crónica de una lucha que crece con creatividad desde las bases y que se ha transformado en una experiencia clave de cara a un 2017 con la conflictividad social en alza.

El conflicto docente nacional iniciado a principios de marzo, ya está cumpliendo un mes y lejos está de su resolución. La chispa que encendió la mecha fue el cierre de la Paritaria Nacional, legado de la Ley de Financiamiento Educativo sancionada durante la gestión kirchnerista. El argumento del gobierno nacional para su cierre fue la firma por parte de los sindicatos nacionales de una cláusula gatillo en la paritaria nacional del 2016 que indicaba una actualización automática del salario docente en función de la inflación.

De esta manera, la anulación de la Paritaria Nacional implica el desentendimiento del Gobierno Nacional de garantizar un piso salarial para las provincias cuyos presupuestos no alcanzarán a garantizar el salario negociado en la misma. Así, se continúa la desfederalización del sistema educativo que se complementa con el vaciamiento de los programas federales como Conectar Igualdad y con el intento de cierre de la entidad que garantiza a nivel nacional la capacitación docente gratuita Nuestra Escuela, el Instituto Nacional de Formación Docente.

En este contexto, el año comenzó con conflictos y con un enfrentamiento mediático directo basado en la deslegitimación de los sindicatos, y sobre todo de la figura de Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA con filiación kirchnerista. La provincia de Buenos Aires fue el primer distrito en sostener una oferta salarial del 18% (igual a la firmada por el sindicato estatal UPCN a fines del 2016), cifra que está muy lejos de la actualización salarial que se precisa para equiparar la inflación actual, y que los demás gobernadores de Cambiemos intentan poner como referencia para sus propias paritarias. Por eso, es en esta provincia donde los medios de comunicación eligieron focalizar la problemática, solapando que en realidad es de carácter nacional porque el reclamo principal es el respeto de la Paritaria Nacional.

Frente a un conflicto iniciado desde el Ministerio de Educación, la conducción de CTERA reaccionó esbozando un plan de lucha que luego bajó a los plenarios de los sindicatos provinciales y que acaparó todo el mes de marzo. Actualmente lleva ya siete paros nacionales (contando el del próximo 30 de marzo), acompañados con diversas movilizaciones masivas, donde se destaca la convocatoria de 400.000 docentes de todo el país el pasado 22 de marzo en la Marcha Federal a Plaza de Mayo.

En Ciudad de Buenos Aires, la oferta salarial llegó tardíamente a fines de febrero y era prácticamente igual a la oferta de Vidal en provincia: 18% en dos cuotas, la última a cobrarse prácticamente a fin de año. Considerando el acuerdo paritario y la inflación del año pasado y teniendo en cuenta que la inflación estimada para el 2017 probablemente supere bastante el 18%, los salarios de los docentes porteños ya habían perdido un 10% de poder adquisitivo. La oferta salarial fue rechazada de cuajo. Los sindicatos porteños exigen entre un 35% (UTE) y un 40% (Ademys) de aumento salarial.

La docencia porteña, viene asistiendo desde hace casi diez años al vaciamiento y la privatización del sistema educativo, y al continuo desprestigio mediático de los funcionarios del PRO. La reacción ante el cierre de la Paritaria Nacional y la oferta salarial del 18%, fue la organización de asambleas abiertas en las sedes de capacitación. Por primera vez en la historia, toda la docencia de la Ciudad se juntó a capacitarse en servicio. En los recreos o en la hora del almuerzo, se organizaron decenas de asambleas multitudinarias de docentes que empezaron a debatir reivindicaciones que superan ampliamente la cuestión salarial y van al meollo de la crisis educativa: la reducción del presupuesto educativo, la deplorable infraestructura escolar, la falta de escuelas en la zona sur porteña, entre muchas otras problemáticas.

Desde entonces hasta la actualidad, la participación de docentes de base fue multiplicándose en las asambleas distritales en toda la ciudad, y en las asambleas unificadas promovidas por Ademys. En esos espacios se fue engrosando y vitalizando un plan de lucha que si bien tiene la agenda marcada por lo que decide y anuncia en palcos CTERA, está nutrido por diversas medidas creativas de protestas que se gestan principalmente en las asambleas y que tienen sus antecedentes tanto en el conflicto del cierre de las Juntas de Clasificación en el 2011, como el año pasado en la resistencia al Operativo Aprender. Durante este mes, se han realizado decenas de cortes zonales, volanteadas, ollas populares, caravanas y recorridas barriales con el objetivo de difundir las reales causas de la protesta que son ocultados y tergiversados por los medios hegemónicos de comunicación. Estas actividades en muchas oportunidades fueron acompañados por familias de las escuelas y vecinos que muy lejos de pensar que las y los docentes son ‘vagos’ o que ‘tienen de rehenes a los chicos’ como anuncian las y los funcionarios, entienden que este reclamo no es corporativo sino que incluye a la escuela pública y a las y los trabajadores en su totalidad.

También, las asambleas distritales tuvieron una destacada participación en la marcha de antorchas realizada el pasado 20 de marzo por la avenida Corrientes. Esta medida votada en una asamblea unificada masiva, por fuera del paraguas de UTE y CTERA, demostró que son las y los docentes de base que están dinamizando el conflicto y que se organizan con sus compañeras y compañeros de escuela y distrito, poniendo en claro que para poder superar la oferta de hambre por parte del gobierno es necesario replantear nuestros propios espacios de organización.

El caso de los Maestrxs Villerxs quizás se constituya como una de las más novedosas formas organizativas del momento. Docentes de las distintas escuelas y niveles de la villa 21 24 unidos por la identidad de trabajar en uno de los territorios más vulnerados de la ciudad, se organizaron para recorrer el barrio junto a las familias en caravanas y mostrar la necesidad de salir a luchar hoy por la Escuela Pública de conjunto. Este nutrido grupo de maestras y maestros populares son reflejo de un trabajo en el que se funda la construcción territorial, la organización sindical y una pedagogía de la liberación, enraizada en las problemáticas reales de la comunidad.

En este mapa, quizás queda un bastante vacante el lugar que ha ocupado el sindicato mayoritario de la Ciudad, UTE, como vocero durante el conflicto. Frente a los constantes ataques mediáticos, han sido más bien las figuras sindicales de provincia de Buenos Aires las que han salido a responder, tanto Roberto Baradel, como Romina del Pla de la lista opositora Multicolor. Poco se ha visto a referentes de UTE salir a discutir con los medios o en respuesta a los dichos de las y los funcionarios porteños, así como también pocos fueron los espacios convocados por el sindicato a sus afiliadas y afiliados para dar la lucha específicamente en Capital Federal. Sólo se puede mencionar el plenario de delegadas y delegados de fines de febrero, donde la conducción propuso el plan de lucha digitado por CTERA, y donde, sin embargo, gracias a los mandatos de las y los delegados de escuelas donde se expresó la composición femenina de la profesión (tres de cada cuatro docentes son mujeres), se agregó la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo.

El plan de lucha propuesto por CTERA, obligada a sostener la lucha a riesgo de perder su rol principal como negociadora ante el cierre de la paritaria, termina este 30 de marzo. Ni a nivel nacional, ni en provincia de Buenos Aires, ni mucho menos en Capital Federal, donde de hecho se cerró la paritaria por decreto, el conflicto parecería acercarse a las reivindicaciones planteadas por la base docente. Queda por verse, cuánta presión puedan meter las asambleas y las y los docentes organizados desde abajo hacia los sindicatos y los distintos gobiernos, para que la lucha, sin duda histórica, sea conducida hacia una victoria para la educación pública y para las y los trabajadores.

* Militantes de La Simón Rodríguez

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Luego de la intensa semana de movilizaciones, los diferentes gremios y organizaciones se van reacomodando en diversos planes de lucha que se van posicionando de cara al necesario Paro General.

Un mensaje único y por momentos ensordecedor en reclamo de un paro general fue el elemento aglutinante de la masiva y heterogénea multitud calculada en 500.000 manifestantes que se movilizó el martes pasado en el centro porteño, convocada por la CGT para repudiar la política económica del Gobierno y exigir respuestas frente a los despidos y el deterioro del poder de compra de los salarios. Desde el escenario, el triunvirato de conducción de la central obrera aceptó a medias la presión abrumadora del reclamo: anunció una huelga de 24 horas pero esquivó la definición de una fecha.

Pero la promesa estuvo lejos de conformar la expectativa de la multitud. Los insultos se multiplicaron frente al escenario. Y el final sobrevino en medio de disturbios, golpes y corridas detrás del palco mientras se retiraban las principales figuras sindicales.

Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anticipó al día siguiente que “la semana que viene se va a saber la fecha del paro”, cuando se reúna el Consejo Directivo.

“La fecha del paro, ya en el adelanto de las declaraciones de Héctor Daer, Carlos Acuña y yo, la habíamos fijado en un paréntesis, en un tramo que va desde el 31 de marzo hasta los primeros días de abril”, remarcó Schmid.

Por su parte, la lucha de la docencia en todo el país no da tregua, en defensa de la escuela pública y por salarios. El viernes, los gremios de alcance nacional anunciaron paros el 15, 16, 21 y 22 de marzo. Por otro lado, los sindicatos mayoritarios que nuclean a las y los docentes de la provincia de Buenos Aires, también informaron que habrá paro la semana que viene.

A nivel nacional, Ctera y UDA convocaron a un paro nacional de 48 horas a cumplirse los próximos miércoles y jueves en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal y en rechazo a los “topes salariales”. Por su parte, UDA anticipó que habrá otras 48 horas de paro la semana siguiente y se presume que Ctera acompañará esa medida.

La provincia de Buenos Aires es el epicentro donde la batalla docente adquiere mayor repercusión. El viernes, la gobernadora María Eugenia Vidal citó nuevamente a los gremios con la promesa de realizar una “oferta superadora”.

La conducción de los gremios bonaerenses había decidido levantar el paro de cara a la mesa de negociación convocada por Vidal. Luego de cuatro días de huelga, la medida de fuerza se sostuvo solo en las seccionales de los Suteba combativos, conducidos por la lista Multicolor.

Luego del encuentro con los ministros bonaerenses, los gremios anunciaron paro para el lunes, al conocer que la “oferta superadora” que tanto publicitó el Gobierno, consistía en una mejora de la oferta anterior del 1% que implicaría un aumento de $ 64.

La afirmación de que “la provincia de Buenos Aires está fundida”, por parte de María Eugenia Vidal, reforzó el argumento de los gremios sobre la necesidad de convocar a la paritaria nacional docente.

Las seccionales combativas mantuvieron el paro y varias decidieron movilizarse a la paritaria que se realizó en la ciudad de La Plata el viernes, entendiendo que no puede quedar en manos de los secretarios generales la decisión de aceptar o no la propuesta del gobierno.

Mientras tanto, el Gobierno de Vidal amenaza con descontar los días de paro y dictó la conciliación obligatoria para que las clases arranquen el lunes, en un claro acto de cercenamiento del derecho a huelga.

El miércoles y jueves adherirán los  gremios de la Ciudad de Buenos Aires y también se sumó la Conadu (docentes universitarios) que exige una paritaria nacional y rechaza “el techo salarial en el ámbito universitario”.

Movimientos sociales también reclamarán en las calles

Organizaciones de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC realizarán cortes de calles y compartirán ollas populares el próximo 15 de marzo, a tres meses de sancionada la Ley de Emergencia Social, que todavía no se implementó. “La situación en los barrios no se aguanta más”, declaró el “Gringo” Castro, dirigente del gremio de la Economía Popular.

La CTEP tenía planificada para el próximo lunes una asamblea masiva en la Plaza de Mayo, pero decidieron posponerla y transformarla en un plan de acción con cortes de calles y ollas populares.
El Polo Obrero lanzó un plan de lucha nacional contra la pobreza y por trabajo genuino, y se movilizará hoy en todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con una movilización desde Puente Pueyrredón hasta el centro porteño, donde se instalará un acampe por tiempo indeterminado.

La medida fue aprobada en un plenario de más de un centenar de delegados de Capital y el Gran Buenos Aires y en asambleas en otras veinte provincias.

La pasada semana en General Mosconi, Salta, se manifestaron ex integrantes de la Fundación Villa Saavedra, alarmados por la momentánea suspensión del SUAF que venían recibiendo y que se reemplazaba con la AUH (Asignación Universal por Hijo).  El jueves un grupo perteneciente a la Unión de Trabajadores de Gral. Mosconi (UTD) liderada por José “Pepino” Fernández, se colocó a la vera de la Ruta Nacional 34 con idéntico motivo de reclamo, pero en su caso, por la caída de planes para más de 1.000 trabajadores, que más allá del sueldo que reciben de la ONG, recibían 2.600 pesos por hijo.

En General Motors se rebelan contra despidos encubiertos

Unos 800 trabajadores participaron de la asamblea realizada en el playón de la fábrica General Motors de Rosario, la primera después de 8 años. En dicha asamblea, dirigida por el Comité de Lucha, se votó por unanimidad rechazar el acuerdo firmado por la burocracia del Smata y la patronal que deja afuera a 350 obreros, pedir que saquen la policía del predio y que cesen los aprietes de la patronal.

El acuerdo de las suspensiones fue firmado por el gremio SMATA y la empresa e incluso establece que la automotriz podrá desvincular definitivamente a los obreros a partir de diciembre. Por este motivo, los trabajadores hablan de despidos encubiertos, al tiempo que señalan la complicidad del sindicato de mecánicos. “Un sindicato debe defender a los afiliados y no a la empresa”, afirmó Germán Tonero, delegado gremial.

La movilización al gremio tuvo lugar el viernes, donde -aunque entregaron un pedido de anulación del acuerdo- se les impidió el ingreso a su propio sindicato.

Luego, los trabajadores fueron recibidos en el Concejo Deliberante de Rosario, donde lograron el apoyo del cuerpo legislativo. Desde esta dependencia, se comprometieron a tramitar ante el Ministerio de Trabajo un pedido para que se rechace el acuerdo.

Seiscientos efectivos policiales desalojan empresa recuperada

Desde las 4 de la mañana del viernes 3 de marzo, un par de horas antes de iniciar la jornada laboral, centenares de efectivos policiales desalojaron a los trabajadores de la fábrica recuperada Acoplados del Oeste.

Con casi 600 policías, entre los que se encontraban quince camionetas del Cuerpo de Infantería, Infantería Montada, policía local y provincial, cercaron la planta de la ex Petinari, al costado de la ruta 200 en Merlo, para evitar el ingreso de los trabajadores y permitir el de los antiguos dueños, con el peligro que implica esta medida para la continuidad productiva y la fuente de empleo de más de un centenar de familias.

La empresa es una cooperativa desde el 2015 en la que trabajan 120 operarios que fabrican carrocerías chicas.

Los dueños adeudaban sueldos y aguinaldos y los trabajadores iniciaron una inhibición de bienes en el 2014. Diputados y Senadores aprobaron una Ley de expropiación, pero la gobernadora Vidal la vetó, dos horas antes de que se terminara de convertir en ley, poniendo como argumento que el estado provincial no tenía plata para solventar una cooperativa, a pesar que los trabajadores le respondieron que no querían plata, porque la cooperativa era solvente. “Nosotros poníamos la antigüedad de cada uno de nosotros y el resto pedíamos un plan de pago. Al gobierno provincial de Vidal no le interesó nuestra propuesta”, sostuvo Nahuel Méndez, que trabaja hace 5 años en el lugar.

Actualmente, los trabajadores junto a familiares se encuentran acampando en las inmediaciones del predio de la fábrica en avenida Balbín 2951, de la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

Ahora van por el desalojo del BAUEN

Tras el veto de Macri a la Ley que expropiaba el emblemático hotel recuperado, la jueza de la causa dictó una orden de desalojo para el viernes 14 de abril.

El Jefe de Estado rechazó que el edificio situado en pleno microcentro porteño pase a manos de la cooperativa de trabajadores que lo autogestionan tras su proceso de vaciamiento.

En línea con el veto presidencial, la jueza Paula Hualde dictó una orden de desalojo dando poco margen a las y los trabajadores que buscaban que la Ley de Expropiación vuelva a tratarse en el Congreso y dispuso un operativo policial para un feriado, el Viernes Santo.

Los empleados autogestionan el hotel desde que los empresarios lo abandonaron, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a todos los trabajadores a la deriva, hace 15 años.

Ante la resolución judicial y el veto de la expropiación realizado por el presidente Mauricio Macri antes de fin del año pasado, los trabajadores anunciaron que seguirían la “lucha para que este año el Congreso Nacional vuelva a acompañarnos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, para rechazar el veto presidencial”.

Revocan la personería gremial al sindicato de los “Metrodelegados”

El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la resolución 1601/2015, firmada el 26 de noviembre de 2015, que otorgaba la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), que nuclea a los Metrodelegados. Según señalaron, esta revocación se da por “irregularidades formales” durante la gestión de la personería.

Cabe señalar que la personería gremial de la AGTSyP había sido objetada judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo secretario general es Roberto Fernández. La UTA era el sindicato que concentraba la representación gremial en el subterráneo hasta el surgimiento de los Metrodelegados.

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del subte, afirmó que “es un fallo claramente político, detrás del cual están el Gobierno y la UTA. A nadie le caben dudas de que la AGTSyP es la representación legítima y aplastantemente mayoritaria de los trabajadores del subte. Se trata de un ataque a nuestra organización, en momentos en los que comienza la discusión paritaria. Le quieren dar una mano a la burocracia sindical de la UTA y a Metrovías. Tampoco es casual el momento del fallo, es otra prebenda más que el Gobierno y su Justicia amiga le dan a la burocracia sindical para intentar frenar un paro general. Nosotros vamos a apelar el fallo en la Justicia y en los próximos días nos vamos a reunir para discutir qué respuesta damos desde la AGTSyP en todos los terrenos. Desde hace años que venimos luchando y lo seguiremos haciendo. El Gobierno kirchnerista nos dio miles de vueltas para darnos la personería y ahora lo hace el Gobierno de Macri. Pero la lucha y organización democrática de los trabajadores será más fuerte que ellos”.

Desde la AGTSyP, informaron que además de apelar el fallo, la próxima semana convocarán a una conferencia de prensa.

Finalmente, los trabajadores de AGR-Clarín, en el día 54 de la ocupación de la imprenta gráfica más grande y moderna del país llamaron a un estado de alerta y movilización al conjunto del pueblo trabajador, y a las organizaciones obreras, sociales, políticas y de DDHH que vienen acompañando la lucha, ante noticias de una inminente provocación de las fuerzas represivas y lúmpenes al servicio del Estado.

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Ante la suspensión de la firma del acta con la propuesta de aumento para los docentes, peligra el comienzo de las clases en todo el país. El viernes estaba prevista la formalización de la oferta que había hecho el Ministerio de Educación dos días antes a los cinco gremios nacionales docentes.

Para las organizaciones sindicales es claramente un intento de ponerles techo a las negociaciones salariales provinciales. El aumento estaba explicado en un comunicado de Ctera: el piso nacional es actualmente de $ 6.060, se llegó a una primera etapa de $ 7.800 y a una segunda de $ 8.500 desde julio, el aumento en el primer tramo era del 27% y en el segundo del 40%. Fue una propuesta pública anunciada por el Ministro, Esteban Bullrich, ante 30 periodistas.

El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó la posición del gobierno que primero tienen que cerrar los acuerdos con los gremios provinciales y luego resolver la paritaria a nivel nacional, a pesar que el artículo 10º de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, reglamentada por el decreto 457/07, determina que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”. Es decir, la Paritaria Nacional Docente se negocia con las centrales nacionales del sector y fija el sueldo mínimo inicial para maestro de grado. Garantiza un piso que debe ser respetado por las provincias. El resto de la escala se pacta en cada jurisdicción.

También la Nación realiza aportes económicos a los salarios a través del Fondo de Incentivo Docente (FID), un complemento que va directamente a los sueldos provinciales y el Fondo de Compensación Salarial (FCS), por el cual se derivan fondos nacionales a las provincias más necesitadas de acuerdo al gobierno central, para que puedan solventar los sueldos.

Macri intervino y hablando en nombre de las provincias dijo que ninguna estaba en condiciones de superar el 25% de aumento y que el gobierno nacional solo ayudaría a aquéllas que no pudieran llegar a ese porcentaje. Aunque no lo dijo lo hará a través del FCS ya vigente, pero para los que pacten un 25% máximo. Ante el frenazo, Bullrich canceló el encuentro del viernes. La posición de Macri parece una provocación ya que es inviable para los gremios y sus representados que desde que comenzaron las negociaciones vienen reclamando un 35/40% de aumento.

Los sindicatos se declararon en estado de “alerta y movilización” y para el viernes 26 está convocado el Congreso de Ctera.

Desde los SUTEBA combativos y de izquierda insistieron con la exigencia a la CTERA y a la conducción del SUTEBA de Baradel a la convocatoria urgente de un plenario de delegados para que la docencia pueda discutir un plan de lucha capaz de torcerle el brazo al macrismo.

A la vez exigen que no se firme ningún acta ni se desarrolle la negociación a espaldas de los docentes. Que todo se decida en asamblea.

Como inicio de este plan de lucha llamaron a los docentes a organizar en forma urgente el paro del 24 de febrero convocado por ATE, que CTERA y SUTEBA se pongan a la cabeza de convocarlo y hacerlo activo, con acciones y piquetes, para transformarlo en un gran paro nacional contra el gobierno de Macri.

Las seccionales combativas de SUTEBA ya han votado tomar en sus manos el paro, hacer acciones y piquetes ese día contra el techo a las paritarias, los tarifazos, la criminalización de la protesta y el protocolo “antipiquete”, con el cual buscan cercenar la libertad de expresarnos en las calles.

Este paro tiene que ser solo el inicio de un verdadero plan de lucha para derrotar los planes del gobierno, para ello hace falta que tanto los gremios docentes como la CGT rompan la tregua con el gobierno.

Una broma para Tinelli

Otra comedia de enredos resultó el anuncio de las modificaciones del Impuesto a las Ganancias.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, aseguró que por efecto del “nuevo piso” de $ 30.000 de sueldo, 180.000 trabajadores se verían beneficiados porque este año dejarían de pagar. Sin embargo, entre los que fueron excluidos del impuesto a partir de 2013, porque ese año no llegaban a $ 15.000 de salario bruto, hay unos 230.000 empleados que volverán a pagar al ser derogado el decreto que los protegía, ya que los aumentos percibidos desde entonces los ubican por encima de los nuevos pisos del impuesto de $ 22.700 para trabajadores solteros y de $ 30.000 con carga de familia.

Además, tras las actualizaciones de sueldos por paritarias este año, habrá otros 221.000 empleados que atravesarán esos pisos. Es decir, contra 180.000 que salen, hay 450.000 trabajadores que entrarán este año como nuevos contribuyentes del impuesto de la cuarta categoría. Conclusión: las modificaciones dispuestas provocarían un aumento de 270.000 trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Sobre una base de contribuyentes de 1.000.058 empleados con retención del impuesto a diciembre pasado, se llegará a fin de este año con más de 1.330.000 aportantes.

Asimismo, el grueso del beneficio del aumento de las deducciones anunciado la semana pasada recaerá en los bolsillos de los contribuyentes de más altos ingresos. Serían los que perciben salarios por arriba de los $ 52.000.

Las reformas de fondo del impuesto, que deben ser incluidas en un Proyecto de ley, fueron postergadas por el Gobierno para el año 2017. El anuncio simula el cumplimiento de un eslogan de la campaña electoral, cuando Macri dijo suelto de cuerpo que suprimiría ese impuesto. Al mismo tiempo, elude el Congreso, que es donde debería discutirse una reforma tributaria integral que modifique las escalas y las alícuotas que se pagan en cada tramo.

Si algo le faltaba a este desaguisado fueron las declaraciones del Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, de que serían perjudicados unos 110.000 jubilados y beneficiados solo 40.000. Sucede que los jubilados y pensionados que cobran entre $ 18.880 y $ 30.000 mensuales, y que hasta ahora no pagaban Ganancias, como consecuencia de los recientes cambios anunciados, pasarán a estar gravados por el impuesto. En cambio, quienes cobran más de $ 30.000 y tenían descuentos, si bien van a seguir alcanzados, pagarán menos por la suba del mínimo no imponible.

Además, se calcula que si los gremios acuerdan un alza salarial del 29,5%, al bolsillo de buena parte de los trabajadores, que ganan hoy entre $ 20.000 y $ 50.000 -en esa franja hay un porcentaje elevado de empleados bancarios, camioneros, siderúrgicos, y petroleros-, el aumento efectivo será de entre el 20 y 23%. La diferencia quedará en Ganancias por la reciente suba del mínimo no imponible.

Por eso, algunos gremios adelantaron que los pedidos salariales deberán ser mayores a los previstos porque los cambios parciales de Ganancias generan nuevas distorsiones e inequidades que se producen fundamentalmente por la decisión de no modificar las escalas salariales, congeladas desde el 2000, sobre los que se aplican las alícuotas del impuesto, y también porque los mínimos no imponibles fueron menores a los esperados.

La Casa Rosada pretendía suavizar a los sindicalistas con las mejoras en Ganancias y asignaciones familiares (que se ampliarán a 900.000 familias y las percibirán quienes ganen hasta 15.000 pesos), para que acepten el techo del 25 % para los aumentos de salarios. De alguna manera, en el Gobierno querían presentar esas mejoras como “puntos extras” en las paritarias.

El anuncio “amarrete”, en lugar de calmar las aguas, confirmó los reclamos por encima del 30 %. Y algo que es todavía peor para Macri, una porción que se fue disconforme, ahora van por la eliminación de Ganancias y le recuerda que lo había prometido en campaña.

Es el caso del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo, quien aseguró este sábado que las modificaciones anunciadas por el gobierno al impuesto a las Ganancias son “insuficientes y complejas” y fueron realizadas “sin corrección ni publicación del respectivo decreto”. A la vez, convocó a una marcha hacia el Congreso para el 1º de marzo próximo en demanda de diversas reivindicaciones.

Un comunicado gremial firmado por Palazzo y el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe, indicó que se trató de “un alivio para muchos que pagaban, una mala noticia para muchos que no lo hacían y un compromiso electoral incumplido”.

También subrayaron que, por otro lado y por la vía de la derogación del decreto 1.242/13, muchos trabajadores que no abonaban el tributo ahora lo harán, por lo que “se incumplió el compromiso electoral de derogar el impuesto al salario”.

Palazzo y Berrozpe advirtieron ante “la pretensión de que el ‘beneficio’ se contabilice a cuenta del aumento salarial a partir del 1º de enero”, que “el gremio no resignará el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los haberes, de forma severa afectado por la devaluación y la suba de precios y tarifas”.

La Bancaria reclamó “la derogación del impuesto al salario, que tiene carácter alimentario, y una reforma tributaria que garantice el funcionamiento del Estado, en especial de la Seguridad Social“. Por último, ratificó la demanda de “inmediata reincorporación de todos los cesantes” bancarios y de “un aumento salarial suficiente” y señaló que el gremio marchará hacia el Congreso de la Nación el 1º de marzo próximo.

También adelantó que el próximo viernes habrá manifestaciones frente a la sede del Banco Central, lo que impedirá la salida de dinero para reposición de los bancos, en reclamo por las cesantías producidas en esa entidad.

Cabe aclarar que el 90% de los trabajadores no verá modificado en nada sus ingresos por lo anunciado sobre Ganancias, ya que ganaba por debajo de los niveles del mínimo no imponible que regía, aunque éste estaba en valores cercanos a la canasta familiar, inalcanzable para la inmensa mayoría.

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El próximo 7 de julio se realizarán las elecciones de comisión directiva y congresales por zona en UTE-CTERA. En un contexto de avance de la reforma neoliberal en educación en la Ciudad de Buenos Aires, se dirime la conducción de una herramienta fundamental de las y los docentes para empoderar la defensa y transformación de la escuela pública desde la perspectiva de los trabajadores de la educación. La Lista Multicolor resulta, en ese marco, una expresión de unidad de corrientes que trabajan por la recuperación del sindicato.

La Lista Multicolor en UTE parte de la base de las experiencias de unidad que se dieron en distintos puntos del país. En la Provincia de Buenos Aires, las elecciones de SUTEBA en 2013 marcaron un quiebre en la política sindical de la docencia. En aquella ocasión irrumpió en el escenario la unidad de un amplio marco de corrientes que planteaban la necesidad de un cambio por la independencia política del sindicato, su democratización y puesta al servicio de las luchas de las y los trabajadores de la educación. La recepción de esta propuesta fue grande en unas bases docentes críticas de las decisiones de la conducción de la Lista Celeste, que hasta ese momento negociaba con el gobierno provincial sin representar la voluntad de lucha contra las pésimas condiciones laborales, edilicias y de contención que se vivía –y se vive– en las escuelas de la Provincia.

El resultado en aquella ocasión fue el triunfo en 11 seccionales del sindicato. En las paritarias de 2014, donde el gobierno ofrecía salarios muy por debajo de la inflación los docentes de Provincia sostuvieron un paro de 17 días con una alta participación de las bases. Las 11 seccionales de la Lista Multicolor fueron el sustento de la creatividad y el empuje para que los sectores burocráticos no pudieran negociar a espaldas de los trabajadores apaciguando el conflicto.

En la Ciudad de Buenos Aires la docencia no consiguió oponer una fuerza capaz de frenar los avances en la reforma privatista de la educación que el gobierno del PRO impulsó durante los últimos ocho años. El Macrismo logró avanzar en los siguientes puntos estratégicos de su proyecto:

-La reforma del estatuto docente mediante la “Ley Abrevaya”, que instauró una nueva modalidad de juntas de clasificación en la cual se reducen los representantes gremiales y aumenta la cantidad de funcionarios estatales que las conforman.

– La creación de un instituto con la facultad de contratar instituciones privadas para la evaluación de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Este parece ser un primer paso de cara a la profundización de la competencia en la carrera docente, siguiendo una lógica empresarial.

– La instalación del sistema de inscripciones online que, a pesar de su aparente fracaso inicial, se instaló en este 2015 sin mayores problemas para el Ministerio de Educación, mientras sirvió para: ordenar la matrícula escolar en función de la eficiencia económica y no en función de las necesidades de las familias y estudiantes –lo que implica a su vez el manejo del cierre de grados–, dificultar el acceso de los sectores populares a la escuela –aun hoy, en mayo, hay cientos de familias en las escuelas del sur de la Ciudad que esperan ingresar– y, por último, alejar a las clases medias de las escuelas públicas ante el grado de incertidumbre que implicó la inscripción.

– El gobierno contrató los servicios de la Universidad de San Andrés para dar cursos de liderazgo a los directores de las escuelas públicas, que paga con fondos públicos, al tiempo que vacía el Ce.P.A. Este centro funciona desde 1984 y fue una de las primeras escuelas de capacitación del país. Actualmente, se cambió incluso el nombre del Ce.P.A. por el de Escuela de Maestros; este cambio todavía no muestra sus verdaderas implicancias, pero da cuenta de un proyecto de cambio de la formación docente con los antecedentes de tercerización de la formación mediante institutos privados, que son cuna de las tendencias neoliberales en educación como lo son las universidades de San Andrés y del Salvador.

– El aumento sistemático del porcentaje en los subsidios a las escuelas privadas en detrimento al de infraestructura en educación pública en cada presupuesto anual votado en la legislatura en conjunto con otros bloques, entre ellos el del Frente para la Victoria.

Ante los evidentes avances del proyecto del PRO, las estrategias de la Lista Celeste que conduce UTE-CTERA parecen mostrarse obsoletas para la representación de los intereses de la docencia y el conjunto de quienes se identifican con la defensa de la escuela pública. En este escenario, la Lista Multicolor tendrá por delante el inmenso desafío de ampliar a toda la docencia su invitación a construir una UTE de lucha bajo los principios de independencia y democracia sindical y poner de relieve una estrategia alternativa para frenar la privatización y convertir al sindicato en un factor dinámico de transformación de la educación en favor de los intereses populares.

La Multicolor está integrada por las siguientes corrientes sindicales: Tribuna Docente-Lista Rosa Nacional, Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón, Agrupación Docente Estudiantil Simón Rodriguez , Trabajadores Docentes de Base-Lista Roja , Frente Popular Dario Santillán, El Desborde Educativo-Lista Rojo y Negro, Alternativa Docente-Lista Lila, Agrupación Enriqueta Lucero-Lista Azul y Blanca, TPR y Bachillerato Popular “2 de Diciembre”.

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