Por Vivian Palmbaum / Foto Ahijuna 

El pasado 27 de Julio se realizó el 1º Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestiva y Popular con la presencia de más de tres mil representantes de distintas cooperativas. La iniciativa partió de un documento consensuado previamente y por la necesidad de unirse para plantear políticas públicas dirigidas al sector más vulnerable de la economía.

El encuentro se realizó con la participación de confederaciones que nuclean a las cooperativas de trabajo como CTEP-Capital, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, las federaciones FACTA y FEDECABA, junto a otras organizaciones que también impulsan y gestionan el trabajo cooperativo y están por fuera de estos espacios, delegados y delegadas de organizaciones sindicales, economistas y académicos.

Entrevistamos a Eva Verde, responsable del Mercado de Consumo Popular (MeCoPo) y trabajadora de la economía popular en el Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones participantes del Foro.

Trabajadores y trabajadoras sin patrón

La economía popular  agrupa una enorme cantidad y diversidad de trabajadoras y trabajadores, al respecto Eva Verde definió que “existen distintas formas de nombrarnos: economía autogestionada, economía cooperativa, economía social y solidaria, economía popular. Lo que realmente importa es que somos trabajadores y trabajadoras sin patrón, que tenemos en nuestras manos la producción” y agregó que el espacio “es el único que tiene la capacidad de generar trabajo en la escala necesaria para dar respuesta al desempleo en la Argentina. Es este sector capaz de generar consumo interno y distribución, porque los excedentes que generamos no son dólares que se van, sino que son consumo, son reinversión, son crecimiento, porque estamos abocadas a la satisfacción de las necesidades de las mayorías”.

Verde puntualizó que “cómo trabajadora de la economía popular, como feminista, como trabajadora del área de comercialización, el sector cooperativo y de la economía popular vino para quedarse”.

A partir de un documento elaborado y consensuado con anterioridad se decidió este encuentro. El mismo fue disparador al momento del trabajo en las distintas comisiones que al final llegaron a acuerdos compartidos. Tal como reconocieron integrantes de distintas cooperativas de trabajo, el sector  está atravesando una situación muy difícil al igual que el resto del país y en particular afecta más a los sectores vulnerables.

La responsable de MeCoPo planteó la necesidad de la unidad del sector para “poder ponernos de acuerdo en cuestiones básicas y pensar conjuntamente que políticas necesitamos, cuáles son los aportes que podemos hacer a la economía, cuál es el modelo productivo que queremos. Cuál es el modelo de país que puede dar respuesta a los millones de argentinos y las argentinas desempleados”.

Jóvenes en apuros

Respecto a la situación de las y los jóvenes, Eva Verde destacó que “en un país donde la tasa de desempleo se duplica entre les jóvenes, las respuestas del gobierno de Macri y Vidal es crear el servicio cívico voluntario, nosotros creemos que los jóvenes y las jóvenes deben estar estudiando y creando para luego convertirse en sujetos trabajadores y no en instrumentos para la represión de sus hermanos y hermanas. Pensar colectivamente qué aporte podemos hacer para erradicar el desempleo joven, el hambre, la pobreza, la malnutrición, la desnutrición, la indigencia, la exclusión.

Pensarnos en unidad es pensarnos colectivamente, es pensar que lo que hacemos todos los días pueden convertirse en política de estado. Y tener claridad que las necesidades no son individuales,  de cada cooperativa,  sino que son de todo el sector”.

Producción y consumo

¿La situación de crisis afecta más a las cooperativas?

Eva Verde contó que las cooperativas, fábricas recuperadas y experiencias de autogestión surgen en un momento donde el sistema empieza a expulsar trabajadores y trabajadoras. “Más allá de las causas, sabemos que esta gran masa de trabajadores y trabajadoras no va a poder ser absorbida por el actual sistema de producción”.

Además, afirmó que “si bien estamos hablando el sector cooperativo, también entendemos que la pequeña y mediana industria, que la pequeña y mediana empresa son actores necesarios para que el país se desarrolle. Una familia que lleva adelante una empresa no es nuestro enemigo sino que es nuestro aliado porque a ellos también los persiguen las políticas neoliberales de ajuste, las tarifas, el aumento de los Impuestos, etc”.

Muchas cooperativas han logrado incluso mantenerse o ser exitosas en periodos de crisis y esto tiene que ver con la capacidad de resolver colectivamente.

Si esto se puede hacer en un momento donde en la Argentina cierran diariamente 50 pymes por día y sólo algunas cooperativas de trabajo han cerrado, esto tiene que ver con la capacidad de adaptación a los momentos difíciles. Imaginémonos qué podría suceder si hubiera políticas públicas, si hubiera recursos destinados a fortalecer este tipo de economía.

¿Que es Me.Co.Po. y como surge?

“El Me.Co.Po. nació para dar repuesta al eje más difícil para las cooperativas del Frente Popular Darío Santillán, que era la comercialización. Podíamos producir, pero no encontrábamos a quien venderle.

Y por eso nació la misión con el objetivo de acercar los productos de manera directa del productor al consumidor, en primer lugar como forma de garantizar que nuestros productos tuvieran quien los comprara, pero también que eso garantizara precios justos para los y las consumidoras”.

¿Que puede hacer el  sector ?

“Nuestro sector se construye sobre pilares que no tienen que ver con el dinero, sino con la solidaridad, el acuerdo, la equidad, la cooperación y la articulación”.

Para finalizar Eva Verde puntualizó que “hoy en Argentina vemos que frente al ´pacto de caballeros´ que propuso el gobierno, con los intentos de reeditar precios cuidados, precios esenciales y la batería de medidas ´populistas´ que tomaron tan cerca de las elecciones, siguen siendo precios mayores a los que proponemos en la economía popular”.

Asimismo, dijo que “si nosotros y nosotras podemos garantizar esa realidad, imaginemos todo lo que podría hacerse con políticas y recursos que fortalezcan el sector”.

Finalmente enfatizó que “es indignante que tengamos hambre en una Argentina que puede producir alimentos para 400 millones de personas. La comida debería ser gratis o por lo menos no deberíamos tener 15 millones de pobres, ni al 50% de les niñes con faltas graves en su nutrición, porque se encuentran bajo la línea de la pobreza”.

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Por Ignacio Marchini – @profneurus | Fotos de Artesanos Unidos de la calle Defensa y Artistas en Defensa

Luego de los hechos del domingo pasado, cuando la Policía de la Ciudad reprimió a feriantes, turistas y a cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en el barrio porteño de San Telmo a esa hora de la tarde, los y las artesanas organizadas en Artesanos Unidos de la calle Defensa continúan presionando para que la jueza Tesone, a cargo del  Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, de lugar a los amparos y se legalicen los puestos sobre las cuadras que ocuparon durante 12 años, en la calle Defensa. El Gobierno de la Ciudad tenía que dar una respuesta integral el día viernes a los dos amparos presentados por los y las artesanas de San Telmo pero pidió una prórroga y tiene hasta el lunes para dar una solución superadora.

Durante la represión del domingo pasado, 18 personas fueron detenidas. Ahora pesa sobre ellas las imputaciones de atentado contra la autoridad, resistencia y lesiones. La causa se encuentra en mano de la fiscal Celsa Ramírez. Desde Artesanos Unidos de la calle Defensa aseguran que Ramírez es quien dispuso las detenciones del domingo y los operativos de las manifestaciones previas y que “se agarró de una causa y un operativo viejo para disponer las detenciones”, ya que hoy en día San Telmo no se encuentra más dentro de su jurisdicción.

Defensa y Justicia

Las y los artesanos de San Telmo están presionando por todas las vías legales. Por un lado, el jueves por la mañana se acercaron a la legislatura porteña para pedirles a los y las legisladoras que firmen un Hábeas corpus Colectivo Preventivo que garantice su integridad física. Dentro del recinto también se trató un proyecto para repudiar el accionar de la policía durante el pasado domingo y fue respaldado por el FIT, Unidad Ciudadana, Autodeterminación y Libertad, el bloque Peronista y el Partido Socialista. El oficialismo, que tiene mayoría en la Legislatura, votó en contra y el proyecto no prosperó aunque sí se aprobó un pedido de informes sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Por su parte, el legislador porteño de Vamos Juntos, Claudio Romero, respaldó el accionar policial y atribuyó los sucesos del domingo a la “cultura de la violencia de unos pocos artesanos”. En ese sentido se expresó también el Vicejefe de Gobierno Porteño y actual Ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santili, quien aseguró en un programa de radio que unos “20 artesanos con cuchillos atacaron a los puesteros de la calle Chile”. Marcha estuvo presente el domingo y no sólo no se vio ningún tipo de armamento, sino que la totalidad de la protesta fue en paz. Además hay un enorme registro fotográfico y audiovisual de la represión del domingo y no hay ninguna evidencia que sustente los dichos del Ministro, lo cual vuelve muy grave la acusación, tratándose del principal responsable político del operativo junto con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Artesanos y artesanas de San Telmo en la Legislatura porteña, exigiendo el fin del hostigamiento policial

Los y las artesanas de la calle Defensa están a la expectativa de lo que suceda con los amparos presentados. Desde Ferias y Mercados dicen que esas cuadras no se encuentran contempladas dentro de la Ley de Ferias n° 4121, sancionada el 7 de diciembre de 2011. En el artículo 2 se establece el emplazamiento de varias ferias de la Ciudad, entre ellas la de la calle Defensa. En el texto se puede apreciar que las cuadras comprendidas entre el 100 y el 150 y entre el 200 y el 600 inclusive de la calle Defensa se encuentran legalizadas para la venta de manualidades. ¿Qué pasa con ese hueco de Defensa entre el 150 y el 200?

El conflicto se expande

Luciana, una de las artesanas que no puede trabajar hace más de dos meses, contó en diálogo con Marcha, que “el gobierno pretende ponernos en Defensa del 0 al 600. Hasta agosto estaban completas esas cuadras. Ahora hay 70 lugares”. ¿De dónde salieron?

Ana es fotógrafa y fue una de las primeras en llegar a la Feria de las Artes II que se estableció en el barrio de San Telmo en el año 2003. Ubicada en un primer momento en la plazoleta San Francisco, en la esquina de Defensa y Alsina, hace cerca de 10 años que la Feria de las Artes II se mudó a la calle Defensa entre el 150 y el 200, justamente el espacio que la Ley de Ferias deja por fuera de la normativa. “Cerca de 40 artistas trabajamos ahí desde hace 16 años: pintores, escultores, grabadores, fotógrafos, dibujantes, un montón de ramas artísticas. Ahí vendíamos nuestras obras. Hay extranjeros, argentinos de todas partes del país. Tenemos gente premiada, una compañera expuso en Londres hace poco, otra ganó un premio nacional de pintura y otro compañero un premio nacional de grabado. Es una feria artística de muy buen nivel”, explicó a Marcha la fotógrafa.

“Nosotros no dependemos de Ferias y Mercados sino del Museo de la Ciudad, que está ubicado ahí en Defensa al 200. Este a su vez depende del Ministerio de Cultura”, desarrolló Ana, integrante del recientemente conformado grupo de Artistas en Defensa que, al igual que los y las artesanas, fueron expulsadas de sus históricos lugares de trabajo. “En la Ley de Ferias hay un hueco. Legaliza los puestos de ferias del 0 al 150 y del 200 al 600. Ese espacio en el medio es el nuestro, figura como vacío, no como si estuviera la Feria de Arte. Ese era el paso siguiente que debía tramitar el Museo de la Ciudad y nunca lo hizo”, desarrolló la fotógrafa.

Hoy, Ferias y Mercados se quiere quedar con esos metros para reubicar a algunas de las personas que están involucradas en el conflicto de la calle Defensa entre el 700 y el 1000. Ricardo Pinal Villanueva, actual Director del Museo, nunca logró la legalización de la Feria de las Artes II. “El 10 de febrero fue la última vez que pudimos armar todos los puestos. Se hizo una asamblea donde nuestro delegado de ese momento nos avisó que teníamos que trasladarnos y unificarnos con la Feria de las Artes I, que es la que está en Humberto Primo y Bolívar. Nos dijeron que había muchas presiones y que probablemente nos trasladen. Al otro día, el lunes 11, nos dicen que nos mudan, sin posibilidad de réplica. No nos dicen nada tampoco, todo lo que fuimos averiguando fue por otros lados”, contó la artista. Los próximos dos domingos solo algunos puestos se animaron a armar pero ante las amenazas de que les decomisen la mercadería, el domingo 24 de febrero fue la última vez que trabajaron ahí. “Desde el domingo 3 de marzo estamos visibilizando el conflicto, haciendo carteles, intervenciones, juntando firmas. Los artesanos del 700 vinieron a dar su apoyo porque es general el hostigamiento y el acoso de los funcionarios del Gobierno”, contó Ana.

Carteles que reclaman el lugar que hace no mucho le pertenecía a los y las artistas de San Telmo

Desde Artistas en Defensa contaron que del Museo de la Ciudad les dijeron que tienen muchas presiones desde Ferias y Mercados y que no pueden sostener más esa feria. A medida que pasa el tiempo, el Gobierno de la Ciudad trata de arreglar el conflicto ubicando a unos trabajadores sobre los puestos de otros, lo que está generando que el conflicto se expanda y que cada vez más gente se quede sin la posibilidad de trabajar ya que nadie acepta sacarle el puesto de trabajo a otro compañero o compañera. “Estamos hace mucho tiempo, tenemos derecho de preexistencia y es un ataque a la cultura y la identidad del barrio. Menos de la mitad de mis compañeros se fueron a la Feria I porque tenían miedo de quedarse sin trabajo. Y de cualquier manera, esa feria tampoco está legalizada, por lo que el día de mañana puede volver a pasar lo mismo”, concluyó la fotógrafa.

Paredón y después

En dialogo con Marcha, Luciana, una de las artesanas que hace más de 10 años trabaja en la Feria de Artesanos de San Telmo, expresó su enorme malestar por lo que está pasando. “Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar porque ya es la segunda vez que la Policía de la Ciudad nos reprime. Siempre fuimos pacíficos y tratamos de intervenir mediante el arte”.

Los y las artesanas sacaron un comunicado convocando a mañana domingo 17 de marzo a una jornada de apoyo pacífica a su reclamo de 13 a 16 horas en Defensa e Independencia. Abogados y abogadas populares, la Garganta Poderosa, la CORREPI y organismos de Derechos Humanos se sumaron a la convocatoria y dictarán una clase abierta sobre el derecho al trabajo y la protesta.  En ese mismo comunicado, Artesanos Unidos de la calle Defensa expresaron su “repudio a la feroz represión sufrida el pasado domingo” y exigieron “el sobreseimiento de lxs detenidxs y la resolución inmediata del conflicto. Pedimos que el Gobierno de la Ciudad garantice la regularización de todxs lxs trabajadorxs que históricamente trabajan en la calle Defensa”.

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En el día de ayer, la Policía de la Ciudad reprimió a los y las artesanas de la feria de San Telmo. Detuvieron a 18 personas y hoy las liberaron de la Fiscalía PCyF Nº 35, a cargo de la Dra. Celsa Victoria Ramírez. Hace más de dos meses que se encuentran en conflicto con el Gobierno de la Ciudad y desde el 13 de enero que no pueden trabajar. ¿Qué pasó ayer y cómo se llegó a esta situación?

Las imágenes de la violenta represión de ayer en el histórico barrio porteño tuvieron una enorme repercusión. Los y las artesanas de la Feria de San Telmo se manifestaron en Defensa al 1000, el lugar que ocuparon durante más de 10 años. Desde el 13 de enero no pueden trabajar y es la segunda vez que la Policía de la Ciudad lxs reprime, contando los hechos del domingo 3 de febrero.

La agrupación Artesanos Unidos de la calle Defensa exige desde hace más de dos meses que les restituyan sus puestos de trabajo sobre la calle Defensa del 700 al 1000, entre Chile y Carlos Calvo. Si bien tienen dos amparos interpuestos en la justicia porteña, en el Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario a cargo de la jueza Romina Tesone, la lentitud del proceso judicial no se condice con la necesidad imperante de trabajar. Con el día de ayer se cumplieron nueve domingos desde que no pueden vender sus artesanías.

Luis Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado por la policía bonaerense en 2002 junto con Maximiliano Kosteki, estuvo presente ayer apoyando a los y las artesanas de San Telmo. “Acá estamos nosotros, así como estaba Darío totalmente desarmado, pero conscientes que es el lugar donde tenemos que estar”

Durante las manifestaciones pacíficas de ayer, que consistieron en desplegar algunos de sus productos en las calles que les niegan y acompañar con cantos y batucadas, una vidriera blindada de un local de antigüedades estalló. Como se ve en la foto, el vidrio cayó sobre la vereda, lo que indicaría que el impacto vino desde adentro. Marcha estuvo presente en las manifestaciones y en ningún momento hubo alguna muestra de hostilidad de los y las artesanas. Los anticuarios son grandes promotores del desalojo de la Feria de Artesanos, acusandolxs de “competencia ilegítima”.

Esta fue la excusa para que el comisario Benítez (que se lo puede ver en un video prepoteando a algunas personas), a cargo del operativo, ordenara la disposición del cordón policial y le explicara a los y las artesanas que de continuar en las inmediaciones de la calle Defensa al 1000 podrían haber personas detenidas y se les podría imputar un ataque a la propiedad privada por la rotura del vidrio, lo cual implicaría una causa penal.

Los y las artesanas se retiraron pacíficamente y fueron a manifestarse a Defensa y Chile, en frente de la feria de la cooperativa El Adoquín, que integra la CTEP y que está presidida por Gabriela Olguín. Artesanos Unidos de la calle Defensa tiene varios miembros que se fueron de la cooperativa a raíz de la denuncia contra Olguín, a quien acusan de haber arreglado unos 220 permisos con el Gobierno de la Ciudad en la calle Defensa al 700, lo que implicaba sacarle el lugar de trabajo a otrxs feriantes organizadxs por fuera de la cooperativa. Cuando se enteraron de esta situación, más de la mitad de las y los miembros de El Adoquín se negaron a usurparles el lugar a otras personas y se fueron de la cooperativa. Ese arreglo fue el desencadenante del conflicto.

Cuando ayer quisieron retornar a Defensa al 1000, donde se estaban manifestando originalmente, se desató la represión policial que se viralizó en las redes sociales y fue noticia en los medios masivos de comunicación. El accionar policial, una vez más, incluyó la presencia de agentes de civil, como pudimos registrar en Marcha.

El comisario Benítez, a cargo del operativo, agarra de los pelos a una mujer que se manifestaba pacíficamente

La decisión que ha tomado el Gobierno porteño de no permitir a un grupo de 400 artesanos y artesanas ubicarse entre las calles de Defensa del 700 al 1000 acaba por afectar al resto de las y los feriantes, entre ellxs a lxs artistas plásticos que desde 2003 ocupan un espacio a la altura de Defensa al 100. Héctor Huaman, un peruano que llegó en 2009 con sus obras, es uno de ellxs. “El problema que tenemos nosotros es con respecto al espacio público en el que estamos hace muchos años. La razón es que el gobierno porteño busca rédito económico y nos están sacando del lugar para poner en reemplazo nuestro a otros artesanos -a lxs artesanxs que estaban al 700- porque en lugar de ellos van a poner puestos de comida y a los artesanos que estaban del 800 al 1000”, explicó a Marcha.

Son más de 30 artistas plásticos a quienes las autoridades les ofrecieron permanecer en la feria, pero no de manera conjunta sino “diseminados”, como contó Huaman: “Lo más dañino es que se está atentando contra la cultura. No olvidemos que el arte cumple un rol fundamental que es de sensibilizar, humanizar y hermanar pueblos a partir de la cultura. Estamos acá luchando para reivindicar nuestro lugar de pertenencia y defender nuestro derecho al trabajo, que es lo que nos hace iguales a todos”.

La postura inflexible del Gobierno de la Ciudad no tiene sustento legal. Primero, porque si otorgaron 220 permisos para la calle Defensa al 700 quiere decir que los y las artesanas son plenamente legalizables. Segundo, porque obvia el principio jurídico de “confianza legítima”, como explicó a Marcha el defensor público Ramiro Dos Santos, uno de los abogados que presentó un amparo ante la justicia porteña en representación de los y las artesanas.

Ahora, en cuanto a las y los detenidos, es probable que durante más de un año sobre ellxs pesen causas por resistencia a la autoridad y violación a la propiedad privada. Mientras tanto, aún quedan las expectativas de que esta semana la jueza Tesone se pronuncie sobre las dos cautelares presentadas y emita una cautelar que permita retrotraer la situación previa al 9 de enero, fecha en la que el gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta decidió emitió la resolución otorgando los permisos que originaron el conflicto. Artesanxs y artistas aguardan en pie de lucha. Como exclamaban ayer con sus cánticos, “por el trabajo y en defensa de la cultura popular”.

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Artesanxs de San Telmo: “Ni un domingo más sin trabajar”

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“El objeto artesanal guarda impresas,

real o metafóricamente,

las huellas digitales del que lo hizo”

Octavio Paz

Los artesanos y artesanas de la calle Defensa, del barrio porteño de San Telmo, siguen sin poder trabajar. Se cumplieron más de dos meses desde que el Gobierno de la Ciudad los desalojó, policía mediante, de la histórica feria. Cerca de 300 familias se quedaron sin esa fuente de sustento.

El patrón de los adoquines de la calle Defensa se ve interrumpido por carteles que recuerdan que hace no mucho tiempo hubo un puesto en ese lugar. Lo que alguna vez fue la histórica feria de San Telmo se ha convertido en un desfiladero de policías y funcionarios públicos. Los y las artesanas, que durante más de 10 años llenaron de vitalidad las calles del barrio porteño, no se resignan a aceptar la decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad y también se les puede ver por todos lados: marchando todos los domingos, fiscalizando los puestos afectados, llenando de música el ambiente, haciendo intervenciones artísticas. Exigiendo, de todas las maneras posibles, que las y los dejen volver a trabajar.

El conflicto surgió el 13 de enero de este año, cuando a los y las artesanas de la cooperativa El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Gobierno de la Ciudad (GCBA) les ofreció 220 permisos de trabajo sobre la calle Defensa al 700. El reconocimiento del trabajo artesanal como una actividad comercial legítima es un derecho que vienen reclamando desde que la feria de San Telmo se estableció hace 12 años. Lo que no les dijeron a las y los miembros de El Adoquín es que los permisos obtenidos eran sobre los lugares de trabajo de los y las artesanas de Defensa al 700, que se encontraban por fuera de la cooperativa y del arreglo. El Gobierno de la Ciudad pretendía que las y los miembros de la cooperativa usurparan el lugar de otros trabajadores y trabajadoras. Engañados, pero con la dignidad intacta, las y los trabajadores de la calle Defensa al 800, 900 y 1000 se rehusaron a ocupar los puestos de otros compañeros y compañeras. La cooperativa se fracturó y buena parte de sus integrantes se retiraron y formaron Artesanxs Unidxs de la calle Defensa.

Desde ese domingo, las cuatro cuadras de la calle Defensa, entre Chile y Carlos Calvo, se encuentran ocupadas por fuerzas policiales que amenazan e impiden trabajar a artesanos/as, artistas y músicos/as. Las únicas personas habilitadas se encuentran sobre la calle Chile, esquina Defensa, custodiadas por fuerzas policiales y un patrullero. Se trata de quienes se quedaron en la cooperativa El Adoquín, presidida por Gabriela Olguín, escrachada en numerosos carteles a lo largo de las calles, acusada de traidora y de que era plenamente consciente del acuerdo que había firmado.

Confianza legítima

86 artesanos y artesanas de la calle Defensa al 700, que nunca formaron parte de la cooperativa, presentaron una acción de amparo contra el GCBA ante el Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido es claro: la nulidad de la disposición N°10/DGFER del 9 de enero, es decir, la resolución del Gobierno de la Ciudad, dictada por el Director General de Ferias, Carlos Gabriel Kuasñosky Somozala, que otorgó los 220 permisos precarios sobre la calle Defensa entre el 701 y el 799.

El 31 de enero, la primera jueza actuante, Patricia G. López Vergara, tuvo definiciones contundentes en relación al conflicto. Defendió la noción de espacio público como el lugar de “lo común, de la cultura y la política común”, un “lugar de materialización de las relaciones sociales y la expresión colectiva”. Su concepción de las calles y las plazas como un punto de encuentro nodal en la construcción de la identidad ciudadana y de la expresión comunitaria respalda el reclamo de los y las artesanas, que defienden no solamente su lugar de trabajo, sino también la identidad cultural del barrio de San Telmo y el ejercicio pleno del derecho a la Ciudad.

Además de remarcar la acuciante necesidad de trabajar en un contexto de asfixia económica en todo el país (desde el 13 de enero que la mayoría de los y las trabajadoras de la feria no pueden vender sus artesanías), la jueza López Vergara instó al Gobierno de la Ciudad a brindar una solución real al conflicto, apelando al principio jurídico de “confianza legítima”. Marcha dialogó al respecto con el defensor público Ramiro Dos Santos, de la Defensoría General adjunta Nº5, encargado de presentar el amparo en el que se sumaron las y los 117 artesanos que integran Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, quienes durante 12 años trabajaron entre Defensa al 800 y el 1000.

“Hay una cuestión técnica que se llama ‘confianza legítima’, que es que cuando durante muchos años el Estado reconoció o permitió una actividad, no puede de un día para el otro desconocerla. Eso pasó en las cuadras del 800, 900 y 1000. Después de más de 10 años de estar trabajando ahí, de un día para el otro los desalojaron violentamente. A esto se suman las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que protegen el derecho a la cultura, a las actividades culturales, a la identidad cultural de los barrios. Todas esas manifestaciones culturales y artísticas están protegidas por la Constitución”.

Las dos presentaciones son complementarias, ambos abogados buscan lo mismo: que les den permiso para trabajar a los artesanos, artesanas y manualistas que están hace 12 años. La causa ahora se encuentra en manos de la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que sigue una línea muy similar a la jueza López Vergara y que dictaminó hace dos semanas que el Gobierno de la Ciudad tiene que plantear una propuesta superadora para que todas y todos los artesanos puedan trabajar.

Desde el gobierno se niegan a revisar la disposición que dio origen al problema, los permisos para la cooperativa El Adoquín. “Por lo pronto, estamos en una etapa de conciliación, tratando de acercar las partes y que el Gobierno haga alguna propuesta superadora. Los artesanos no quieren tener permiso en cualquier lado. Quieren los permisos donde venían trabajando, donde ya los conocen, donde ya se organizaron. Les ofrecieron a algunos otras cuadras pero esa solución no es aceptable porque no respeta su historia.”, puntualizó Dos Santos.

Para dimensionar la falta de voluntad del Gobierno, una de las propuestas es trasladar a los y las artesanas que rompieron con El Adoquín al pasaje San Lorenzo, que está cortado a mitad de cuadra y que tiene una afluencia de gente infinitamente menor que la calle Defensa. Para solucionar este problema, proponen poner unas vallas “que obliguen a la gente a meterse al pasaje”. Como si fueran ganado.

Desnudar un santo para vestir otro

Luciana, ex integrante de la cooperativa El Adoquín, trabaja la vitrofusión desde hace más de 10 años y con su trabajo y el de su pareja mantienen a sus dos hijos. Es sólo una de las cerca de 300 familias que se quedaron sin esa fuente de ingreso. El agotamiento de haberse levantado a las 6 de la mañana, como cada domingo desde hace 2 meses, se hace evidente en sus ojos. La fatiga y la tristeza, productos de un Estado hostil que cercena su derecho a trabajar, no le impiden aplaudir y esbozar una sonrisa ante cada banda musical que toca en apoyo a su lucha y a la de tantos otros y otras. Mientras hace de guía por las calles de San Telmo, narra por centésima vez la serie de eventos que llevaron a la situación actual.

“Nosotros ya contamos que somos más de 90 que estamos fuera de El Adoquín. Al gobierno le planteamos que como se fueron más de 100 personas (contando las que están de vacaciones o haciendo temporada en otros lados), que los de El Adoquín se queden en Chile, que les alcanza para la cantidad de gente que quedó dentro de la cooperativa. Que dejen liberado Defensa al 700, que se queden quienes estaban originalmente, y que a nosotros nos dejen trabajar entre Defensa al 800 y el 950”.

En un primer momento, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decía que esa cuadra (la del 700) no se podía legalizar. Al darle los permisos a la cooperativa se contradijo, demostrando que sí era posible. Por lo que queda la duda de por qué ciertas personas son legalizables y ciertas no. Desde la organización Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, de la cual es parte Luciana, piden que los y las integrantes de El Adoquín resignen su derecho sobre la calle Defensa, ya que acusan a la conducción de la cooperativa de haber firmado un acuerdo sin el consentimiento de las bases ni de las partes involucradas y que fue el que originó todo el conflicto.

“Nosotros tratamos de presionar mediante la CTEP, de la cual El Adoquín es parte. Tuvimos una reunión muy trucha con Juan Grabois (referente de la CTEP y del Frente Patria Grande) que, muy astuto, nos citó en un bar, nos escuchó a todos, nos dijo que nos iba a dar una respuesta en 24hs. Nos contestó con una carta diciéndonos que las cooperativas de la CTEP son autónomas, que él no se puede meter en eso, que cree que el acuerdo está mal pero que lo deja en manos del ‘Gringo’ Castro”, narró Luciana. Esteban “Gringo” Castro es el Secretario General de la CTEP y respaldó públicamente, durante la marcha contra los tarifazos del 26 de febrero, el acuerdo logrado entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa El Adoquín.

“Cuando llamamos al ‘Gringo’ Castro, que ya a esta altura no queríamos saber nada con la CTEP, no nos contestó la llamada. Castro fue uno de los que ayudó a negociar el acuerdo”, puntualizó la artesana. Antes se habían contactado con Rafael Klejzer, Secretario General de la CTEP Capital. Klejzer reconoció hace poco más de dos semanas en la AM 530 que “si el acuerdo deja afuera a la mitad de los laburantes, entonces no es un acuerdo feliz”. Esperanzados/as por sus declaraciones, la desilusión fue mayúscula cuando la respuesta de él fue proponer una reunión con Gabriela Olguín. “Ahora estamos sólo en la vía judicial. Hay dos juezas que nos reconocen y le piden soluciones rápidas al gobierno, lo cual lo vemos como algo muy positivo. Nadie quería una reunión con Olguín que fue la que hizo este acuerdo”, explicó Luciana.

Por su parte, Gabriela Olguín, Presidenta de El Adoquín, se negó a dar declaraciones a Marcha.

“No somos ilegales, queremos trabajar dignamente”

Después de 8 domingos sin trabajar, y ante la evidente dilatación por parte del Gobierno con el objetivo de que se agoten y se marchen de San Telmo, lxs Artesanxs Unidxs de la calle Defensa convocan este domingo 10 de marzo a marchar desde las 12 del mediodía en la calle Defensa al 1000 “por nuestro lugar de trabajo, por la dignidad de nuestro reclamo, porque la calle es de quien la trabaja, porque el arte es cultura y la cultura es identidad colectiva”.

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Hace un mes que cerca de 400 familias están sin poder trabajar en la feria de la calle Defensa en San Telmo. El conflicto surgió a partir de un acuerdo firmado por el Gobierno de la Ciudad y El Adoquín, una cooperativa de trabajo que integra la CTEP. Dejaron fuera del arreglo más de 120 puestos.

Paños vacíos y turistas preguntando por la mítica feria. Una marcha de resistencia que recorre Defensa y el color de siempre, el del barrio, olvidado. Una juntada de firmas que crece como la solidaridad con las y los feriantes. Una familia venezolana que se acerca a Humberto, el trabajador que amablemente nos contó el proceso de lucha que llevan por el reconocimiento de la cultura popular.

El desalojo y la represión policial del último domingo a los y las artesanas de la histórica Feria de San Telmo fue la cara más visible (y violenta) de un conflicto de largo arrastre. Cerca de 400 familias se quedaron sin trabajo desde hace un mes, dejando vacío un espacio que ocupan, sobre la calle Defensa entre el 700 y el 1000, hace más de 10 años. Todo a partir de un arreglo que varios y varias trabajadoras denuncian espurio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) firmó un acuerdo con la cooperativa de trabajo El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Hace varios años que vienen habiendo negociaciones (con amenazas de desalojos y denuncias en el medio) para legalizar a los cientos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hace más de 10 años ofrecen sus productos manufacturados en la feria del barrio porteño de San Telmo, sobre la calle Defensa, a lo largo de las cuatro cuadras entre las calles Carlos Calvo y Humberto Primo.

Este acuerdo pareció lograrse el 11 de enero de este año, cuando en una asamblea de la cooperativa El Adoquín, la presidenta Gabriela Olguín anunció que después de 12 largos años de lucha, el Gobierno de la Ciudad les había legalizado, otorgándoles un permiso oficial para poner sus puestos y reconociendo sus derechos como trabajadores y trabajadoras de la vía publica. El acuerdo no había sido discutido en asamblea pero en principio parecía un enorme triunfo de los y las artesanas de San Telmo.

El conflicto surgió cuando los y las trabajadoras que integraban la cooperativa fueron a ubicarse a los puestos designados en la calle Defensa al 700. Allí se encontraron con que los y las artesanas de esa cuadra no sólo no estaban de acuerdo con el arreglo, sino que tampoco habían arreglado su reubicación, como les habían dicho a las y los integrantes de El Adoquín. Ese sector de trabajadoras y trabajadores de Defensa al 700 se encontraban por fuera de la cooperativa, aunque organizados y organizadas hace más de 10 años. Incluso presentaron un proyecto para su legalización en la Legislatura porteña.

Luciana es ex integrante de la cooperativa El Adoquín. Se dedica a la vitrofusión y junto con su compañero Marcial, que trabaja el cuero, viven de su trabajo artesanal desde hace casi 10 años. Trabajo con el cual mantienen a sus dos hijos. Una de las tantas familias que se quedó sin fuente de sustento a partir de este arreglo. En diálogo con Marcha, Luciana contó los detalles de este acuerdo inconsulto. “Fue una trampa, nos dijeron que ellos (lxs trabajadorxs de Defensa al 700) iban a ser reubicados y que estaban de acuerdo. En ese momento se fracturó El Adoquín, ya que varios de nosotros no queremos poner nuestro puesto de trabajo en el lugar de otro trabajador. Los pocos que quedaron dentro de la cooperativa pusieron sus puestos sobre la calle Chile”.

Hasta este momento la situación sigue así. Lxs trabajadorxs del 700 presentaron un amparo. Quienes se fueron de la cooperativa estuvieron visibilizando el conflicto, además de presentar un escrito pidiendo la nulidad de ese acuerdo que no tiene respaldo mayoritario y que fue acordado por la cúpula de la cooperativa que comanda Olguín. “Quisimos armar y nos mandan a la policía. Nos prohíben armar en nuestras cuadras y en la cuadra de Defensa al 700 está prohibido armar tanto para los artesanos que estaban ahí originalmente como para los integrantes del Adoquín”, agregó Luciana, por lo que la mayoría de los y las artesanas se encuentran sin poder trabajar desde el domingo 13 de enero.

“Venimos a San Telmo cada domingo, venimos desde provincia, desde todo el país para sumar al patrimonio cultural del barrio y a buscar nuestro sustento ofreciendo lo que sabemos hacer”, nos cuenta Humberto, que hace más de 10 años vende platería mapuche a quienes pasen por el barrio. Está a cargo de la planilla de firmas y relata a quienes se acercan cómo es el conflicto. “Realizamos un montón de peticiones para que se nos incluya, cuando esto pasó el Gobierno nos vetó dejándonos afuera”, dice un cartel a su lado, “reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo. No somos ilegales”.

El acuerdo

Ex integrantes de la cooperativa denuncian que la decisión de firmar el acuerdo fue de Gabriela Olguín, presidenta de El Adoquín, sin llamar a asamblea ni consultar a las bases. En declaraciones al diario La Nación, Olguín sostuvo que “no tenemos ninguna condena con los otros trabajadores que aún no se han sindicalizado. El acuerdo no implica que se desaloje a otros trabajadores, por eso no estamos trabajando en Defensa, todavía, somos respetuosos de eso. Estamos conversando con ellos para que se integren”.

Luciana cuenta otra versión de los hechos. “El domingo 13 de enero empezamos a darnos cuenta de cómo había sido el arreglo. Hasta ese momento pensábamos que era una trampa del Gobierno para que ocupáramos el lugar de otros trabajadores. Cuando fuimos nos dimos cuenta de que no, que la cúpula de El Adoquín sí estaba al tanto de lo que sucedía y que pensaban que nosotros igual íbamos a ocupar el espacio. Hasta el Gobierno nos preguntaba si nosotros dábamos el ok para que “limpien” la calle para que nos establezcamos nosotros. Por supuesto que dijimos que no”.

“Olguín dice que trató de hablar muchas veces con ellos para incluirlos en el acuerdo. Lo que ella omite es que mediante ese acuerdo pretendía que de la cuadra que ellos ocupan y por la que luchan hace más de 10 años, les pretendía dar 30 puestos. Ellos son más de 150. Los demás fíjense donde pueden ser reubicados en las propuestas del Gobierno en otras ferias”, agregó la trabajadora.

El Adoquín había conseguido 220 puestos. Varixs no se habían unido a la cooperativa porque decían que El Adoquín iba a terminar estafándolos. “Nos usaron políticamente. Los acompañamos, estuvimos ahí para llegar al acuerdo y cuando llegamos resulta que firmaron algo que no nos consultaron, sin asamblea de por medio. Ese día vaciamos las cuadras pacíficamente, sin ninguna resistencia”, explicó Luciana.

Los Anticuarios

“No nos vamos nada, que nos echen a patadas”. Era un domingo atípico en San Telmo. Hace un mes lo es. La marcha que llevaba la bandera de “Artesanos unidos de la calle Defensa en lucha. Unidos” recorría las cuadras donde el desalojo mostraba paños vacíos en resistencia. Las y los turistas filmaban, parecían ya acostumbrados a un país de conflictos latentes. Las y los trabajadores de la cultura popular se detienen sobre el 1000, a poco de llegar a la Plaza Dorrego, y tiran amablemente unos panfletos en dos anticuarios: “Calvaresi” y “Alberto Roldán”.

Otra arista del conflicto viene por parte de los anticuarios, históricos ocupantes de esas cuadras que detentan el mayor poder de negociación con el Gobierno de la Ciudad. Según Luciana, “quieren hacer un proyecto inmobiliario de food trucks en la zona del 800, 900 y 1000 de la calle Defensa. Este conflicto empezó hace más de 4 meses, nos empezaron a poner vallas en distintas cuadras de la calle. Se suponía que era provisorio”.

Los anticuarios trabajan allí desde que arrancó el mercado de pulgas en 1970. Hace años que vienen exigiendo que retiren a los y las artesanas de la zona, argumentando que obstruían los negocios y bajaban las ventas, además de generar el rechazo del público. Para Norberto Medrano, presidente de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, a partir del desalojo violento ahora “todos podremos vivir en armonía y trabajar en paz”.

El proyecto de extranjerizar la zona no sólo perjudica a los y las artesanas que perdieron su puesto de trabajo, sino que implica un golpe doble tanto para los comerciantes de la zona, que vieron bajar sus ventas un 60%, como para la cultura popular del barrio de San Telmo. La feria forma parte de la esencia del barrio hace más de 10 años.

Según la ex trabajadora de la cooperativa, el enfrentamiento no es tal. “Nosotros trabajamos y vivimos de nuestros productos. Siempre propusimos una convivencia pacífica y que trabajemos todos, incluso los anticuarios. Los comercios normales están de nuestro lado porque saben que llevamos gente. Nos conocen en todos lados, la gente pregunta por la feria de artesanos de San Telmo y esta gente nos quiere sacar diciendo que somos manteros. Es cuestión de clase. Los que están ahí son los que siempre quieren estar ahí y no quieren compartir ese espacio con otra parte de la sociedad”.

Respuestas de la comunidad

Ante el desamparado del Estado, los y las artesanas están visibilizando el conflicto. En la web www.tvsantelmo.com.ar puede verse su trabajo, en el programa Ferias y Mercados, donde se visualiza la economía social. Lxs artesanxs piden el apoyo de la comunidad no sólo por ellos y ellas, sino en defensa de la cultura popular.

En plena recesión, con tarifas que aumentan periódicamente hasta precios impagables, un mes sin trabajar es un golpe letal para la economía de cualquier familia. Si a eso se suma la violencia policial y el abandono estatal, la situación se vuelve sinceramente angustiante. “Cuando quisimos armar el último domingo nos tiraron gas pimientas, nos atacaron. Nadie vino a negociar con nosotros. Lo bueno es que tuvo mucha repercusión, nos llaman de otros medios, nos llaman de otras ferias. Y sale a la luz el acuerdo nefasto que firmaron”, desarrolló Luciana. Y concluyó: “Nosotros tenemos códigos, tenemos dignidad y sostenemos a nuestras familias de lo que hacemos con nuestras manos”.

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Distintos operativos de las fuerzas de seguridad intentan reprimir las protestas frente a las políticas de ajuste del gobierno.

Efectivos de la Gendarmería ingresaron ayer al predio donde estudiantes y profesores mantenían una toma pacífica, desde hace tres meses, en la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La protesta, se realiza en el marco del plan de lucha definido por las universidades nacionales contra el ajuste,  del gobierno de Mauricio Macri, que las afecta. La Gendarmería desalojó violentamente con balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes el lugar.  La orden de desalojo del  juez federal Hugo Greca fue la respuesta a la denuncia penal del rector Juan Carlos Bellos. En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 35 años de la recuperación de la democracia en la Argentina,  11 personas quedaron detenidas y luego fueron liberadas.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) también se refirío a la políticas represivas del gobierno nacional,  “un ajuste de estas características, convertido ya en un saqueo nacional, solamente se podía tolerar con mayor represión”.  “Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social, somos nosotros porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros”, sostuvo Esteban “Gringo” Castro. “El Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país”, añadió. Castro cuestionó el nuevo protocolo del accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que “el Gobierno se quedó sin discurso”.

El mismo día en que UNICEF publicó su informe sobre “Pobreza Monetaria y Privaciones no Monetarias en la Argentina”, que reveló que el 48% de los niños y niñas viven en situación de pobreza,  se realizó un abrumador operativo protagonizado por la Infantería de la Policía de la Ciudad. Un intento por impedir el acampe que pretendían realizar unas 15.000 personas organizadas en una veintena de organizaciones sociales, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. La medida se replicó en 19 provincias del país.

Eduardo Belliboni, vocero del Polo Obrero, denunció que “nos impiden manifestarnos. El Cuerpo de motos ingresó a nuestras columnas y golpeó a nuestras compañeras y tiró gas pimienta. Con este brutal operativo nos quieren impedir que nos manifestemos y que nos reunamos con nuestros compañeros que están en el Ministerio, donde vamos a reclamar por la situación de los planes sociales”.

Un gran operativo de seguridad en la estación de subtes de Constitución,  para impedir que las y los manifestantes llegaran hasta el Ministerio,  provocó la interrupción del servicio y con ello la bronca de miles de usuarios en el final de la jornada laboral.

Sin embargo el acampe se instaló y las organizaciones se retiraron 20 horas después, una vez que funcionarios aceptaron tratar alguno de las demandas en una reunión para esta semana. La situación culminó con el pago de un bono de fin de año, equivalente a la mitad de lo que perciben mensualmente, 3.000 pesos.  Esta asistencia adicional alcanza a unas 450.000 personas  que reciben el Salario Social Complementario y el programa Hacemos Futuro y otros planes menores. Sin embargo, desde las organizaciones sociales sostienen que ya estaba acordado un extra de 1.000 pesos.

La disputa,  frente a la cartera liderada por Carolina Stanley,  empalmó con la resolución del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, tendiente a flexibilizar las atribuciones de los agentes policiales para el uso de armas de fuego. Una resolución que refuerza  al aparato represivo y que el gobierno apuesta a capitalizar en el plano electoral pero que no alcanza para ocultar la profundidad de la crisis social.

El jueves, efectivos de la Policía bonaerense reprimieron a los trabajadores de la Planta II , de la avícola Cresta Roja. Desde hace dos semanas, las y los trabajadores despedidos,  a los que la nueva gestión de Tres Arroyos prometió reincorporación, protestan en las puertas frente a la planta  ubicada en avenida Fair al 2800, partido de Esteban Echeverría.

La CTA-A expresó su más profundo repudio a la resolución 61156527 del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas federales que se encuentran bajo su órbita al uso de armas de fuego en “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.

Esta decisión, firmada el lunes 26 de noviembre, no fue publicada en el Boletín Oficial lo que constituye un deliberado intento de ocultar a la población esta medida que representa una franca amenaza para las organizaciones populares y la ciudadanía en general. El empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas ha tenido en la historia argentina un desenlace trágico y ha significado para nuestro pueblo pérdida de vidas que el gobierno de Macri parece querer volver a reeditar.

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El jueves último se aprobó la Ley de Incineración en la legislatura porteña, un peligro no sólo para la salud sino que atenta contra el trabajo digno y otros derechos conquistados. Entrevista a Jacquelina Flores del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

El jueves 3 de mayo se aprobó la Ley de Incineración en la C.A.B.A., que modifica la Ley de Basura Cero. En medio de fuertes críticas y protestas de todo el arco opositor y organizaciones medio ambientales, se revelaron en la legislatura documentos que mostrarían sobornos mediáticos con los fondos de la pauta oficial, para facilitar la instalación en la opinión pública. Mientras tanto miles de familias están en vilo y se ocultan los detalles de la nueva ley.

Con 36 votos a favor y 22 en contra, se aprobó en la legislatura porteña el proyecto que impulsaba el Ejecutivo que permite la incineración de residuos. Esta ley habilita la instalación de plantas mal llamadas de “termovalorización”, en lugar de incineración, que dicen transformar la basura en energía eléctrica. Sin embargo, poco y nada se sabe de los detalles de su puesta en marcha.

En una entrevista[i] con Jacquelina Flores, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Federación de Cartoneros, e integrante de la mesa de CTEP Capital, se abordó las complejidades de la problemática, que va mucho más allá del peligro para el medio ambiente.

“El Movimiento de Trabajadores Excluidos (y excluidas) nace de la crisis del 2001”, historizó la referente y afirmó: “Romper bolsas para crearse un trabajo digno, porque venimos de la cultura del trabajo y no teníamos nada”, en un contexto donde además estaba la Ley Cacciatore de la época de la dictadura donde “nos llevaban presos por romper la bolsa de basura” afirmó Jacquelina y agregó: “en ese contexto tan adverso, donde no había nada y además éramos criminalizados, es que comienzan a darse un trabajo precario de subsistencia”.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos nació en ese contexto, excluidos de cualquier sistema laboral.

Ley de Basura Cero

El gobierno de la C.A.B.A.  en el año 2007 reglamentaba la ley de Basura Cero que fuera aprobada en enero de 2006, bajo la gestión del mismo signo político actual. Esa ley estaba orientada a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios, con el control de los residuos sólidos urbanos.

El gobierno quedaba comprometido a través de una ley a la adopción de medidas dirigidas a la reducción de residuos, la recuperación y el reciclado y a la disminución de la toxicidad de la basura mientras de alguna manera obligaba a la asunción de la responsabilidad de los fabricantes sobre sus productos. Esa ley se cumplió a medias, aun teniendo metas que comprometían la disminución y el tratamiento de los residuos.

En el marco de esa ley las y los trabajadores cartoneros a través de su lucha consiguieron ser reconocidos como recicladores urbanos y constituyeron cooperativas de reciclado y gestión de los residuos. Los mismos no sólo participaban en la última parte de la recolección sino que también son quienes concientizaban a la población sobre la separación diferenciada.

También las y los cartoneros discutieron en la legislatura el derecho a vivir mejor. Así lo explicó Flores: “Cuando nos dimos cuenta cual era el valor real del trabajo que habíamos generado nos empezó a preocupar el destino de la ciudad y llevamos nuestro saber a la legislatura para discutir junto a la ciudadanía el derecho a vivir mejor, pero nos han intentado hacer creer que valemos menos que la basura”.

Basura Cero Sí, Incinerar No 

Hacia fines de marzo pasado, el gobierno porteño presentó el proyecto para reformar la ley de basura cero que avala el plan oficial para cambiar el sistema de disposición final de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la incineración o termovalorización y fija nuevos plazos para terminar con el enterramiento de reciclables.

Según los planes oficiales, en el AMBA se instalarían al menos tres incineradores, uno de ellos en la zona sur del distrito. De los demás se desconoce su ubicación.

Al respecto Flores relató la situación: “A partir de la ley de Basura Cero se constituye una mesa de seguimiento en donde participan las y los trabajadores cartoneros, que se reúne regularmente. Hace un mes en la mesa de seguimiento, vienen impulsando fuertemente la ley de incineración y las cooperativas le pedimos un informe sobre esa ley y su implementación y casualmente nunca fueron tan cumplidores, porque la reunión de la mesa terminó a las seis de la tarde y a las doce de la noche nos llega un mail con la respuesta, pero la información nos llega en inglés y ahí se entiende un poco más la cuestión de clase en juego”.

“Una planta de incineración,  que se le llama termovalorización,  es cancerígena. La primera planta que pretenden instalar va a ser en Lugano: si es tan bueno y no le va a hacer mal a nadie, ¿por qué no la instalan en Puerto Madero o en Olivos? Es decir que donde vivimos los que menos tenemos además nos van a instalar una planta de incineración”.

Algo más que pérdida de puestos de trabajo

La referente del MTE además explicó las implicaciones de lo que está en peligro de perderse con la Ley de Incineración, junto a los puestos de trabajo e ingreso genuino para las y los trabajadores cartoneros. “Lo que está en juego no sólo son más de 20 mil puestos de trabajo. Nuestra base tiene que ver con nuestro trabajo y hace muchos años que nos hemos hecho cargo de una gestión de un estado que no está ausente, sino que mira para otro lado, resguardando otros intereses. Nosotros nos ocupamos de la niñez y con la ley de Basura Cero exigimos al estado guarderías para nuestras niñas y niños, porque en este trabajo la gran mayoría somos mujeres jefas de hogar. Al mismo tiempo también nos hacemos cargo de las violencias de nuestras mujeres y resguardamos la vida de nuestros pibes y pibas y combatimos el flagelo de la droga. Y porque no vamos a sostener ninguna pobreza impuesta, creamos el primer bachillerato cartonero”.

“Venimos sabiendo que Macri y Larreta vienen construyendo una ciudad para pocos, pero nosotros no estamos dispuestos a perder ni el trabajo ni la calidad de vida”.

El negocio de la familia Macri desde la época de la dictadura estuvo ligado a la basura con la empresa Manliba, concesionaria del servicio de recolección de residuos que ayudó a incrementar el patrimonio del grupo. En tiempos en que Macri aspiraba a la primera jefatura del Gobierno de la Ciudad expresaba sin pudor que los “cartoneros se robaban la basura”. Así puede entenderse que la gestión de los residuos implica la disputa de poderosos intereses económicos. No sabemos si hoy esta iniciativa que acaba de ser aprobada en el ámbito porteño no será un nuevo ensayo para luego ser replicado a nivel nacional.

“La ciudad será cartonera o no será”, es el lema de las y los trabajadores del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidos que prometen no abandonar las calles para seguir peleando por el derecho, no solo al trabajo digno, sino por mucho más, junto a las y los habitantes de la ciudad para cuidar la vida.

[i] Realizada en el programa Troyanos del Sistema. Lunes 18 hs. por FM La Tribu

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Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: “Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución”.

Mientras tanto, el miércoles concretaron el envío de un proyecto al Senado, eliminando impuestos a los servicios que puedan estar cobrando provincias o municipios. Se llama “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”. Más de 13 provincias le respondieron que no cobraban ningún impuesto específico a los servicios, pero el oficialismo avanzó igual.

El proyecto presentado plantea para la luz, el agua y el gas que “las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado”. De esta forma anularía, de aprobarse, cualquier otro impuesto. Solo establece dos excepciones: IVA e Ingresos Brutos. Curiosamente, en las fundamentaciones de la ley, el macrismo sostiene que busca “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa” y tiene como objetivo “evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación”.

La gobernadora Vidal se adelantó al Proyecto y anunció “rebajas” como un gran gesto del Gobierno para “aliviar” los padecimientos de los bonaerenses. Más allá de ser insignificante por el escaso porcentaje que implican los descuentos en relación a las tarifas exorbitantes, además trascendió que se trata de impuestos que no se cobraron durante dos años por una medida judicial y que la administración de Vidal apeló para poder cobrárselo a los bonaerenses a partir de enero.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que ahora llegará a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.

Este incremento golpeará a las zonas del Gran Buenos Aires o Gran Córdoba donde todavía no hay red de gas natural y a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las que tampoco hay ese servicio.

Convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales, miles de personas marcharon el jueves 12 del Congreso al Obelisco y le reclamaron al gobierno nacional que suspenda por un año los aumentos en los servicios públicos y que se retrotraigan las tarifas a los valores de diciembre pasado.

“Lo de la Casa Rosada de hoy fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del 1.000 % mientras los salarios aumentaron el 67 %”, sumó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).

El documento de la Multisectorial contra el tarifazo leído en el Obelisco, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios “Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales”. El hit del verano (Andate Macri lpqtp) volvió a estallar en la multitud.

Conflicto docente

Con una gran adhesión de toda la comunidad educativa se desarrolló en la ciudad de Neuquén la “Marcha de los Guardapolvos” organizada por ATEN. Compuesta de dos columnas, una que salió desde el aeropuerto y la otra desde el Parque Industrial, y confluyeron en Casa de Gobierno.

Durante el extenso recorrido de las marchas, muchas escuelas se fueron sumando a las columnas, junto a padres y madres que quieren ver a sus hijos en las aulas, pero con docentes bien pagos, con edificios en condiciones y con partidas presupuestarias que garanticen una educación de calidad. El conflicto suma 25 días de huelga.

La “nueva” propuesta salarial que realizó el Gobierno de Vidal el viernes 13 consta de un aumento escalonado en tres cuotas, la primera del 5 % en enero, la segunda del 3 % en abril y un 2 % en junio, con una suma de $ 3.000 por presentismo. A diferencia de propuestas anteriores, esta vez el aumento del 10 % ofrecido es semestral, para volver a discutir nuevamente en julio.

Los gremios docentes anunciaron su rechazo y realizaron un paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles. La medida contó con la adhesión del 90 % de la docencia bonaerense.

Por otra parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los docentes a través de un programa de TV que digan de dónde recortar gastos para poder darles el aumento de salario a maestras, profesores, bibliotecarixs y preceptores. Estas son las 5 medidas sugeridas desde Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor:

1. Elimine los más de 20.000 millones que usted destina a subsidiar a la Iglesia y a las empresas de la enseñanza privada. Junto a eso: Usted y todos sus funcionarios políticos y legisladores deben dejar de enviar sus hijos a costosas escuelas privadas y los manden a la escuela pública.
2. Deje de pagar la deuda y a los bonistas extranjeros (solo en intereses su gobierno paga este año más de 28.000 millones).
3. Ponga un impuesto especial a las corporaciones, pooles de siembra, la banca, megamineras y especuladores de la Bolsa, no al salario que no es “ganancia”.
4. Que como gobernadora, todos sus ministros, funcionarios políticos y diputados ganen como una docente o que ganemos todxs como diputado.
5. Destine el aumento del 33% al 37% en la recaudación de impuestos para salarios, educación y salud. Lo mismo con los 40.000 millones de pesos extra que recibe este año por el Pacto Fiscal.

Movimientos populares piden que se destine el 25 % de la obra pública y compre social a cooperativas

En el marco de una jornada de reclamo para que no se cierren planes sociales y para que no se estigmatice a las y los trabajadores de la economía popular, se organizó una feria en la Plaza de los Congresos en la que se visibilizó la labor de todo un sector del pueblo que produce sus propias formas de sobrevivir en el marco del tarifazo y la inflación generalizada.

“Vinimos para expresarle al Congreso, a la opinión pública y al Gobierno que la economía popular trabaja, produce, organiza su forma de vida y que no somos vagos ni planeros. Generamos una forma de abordar la difícil situación que sucede en el territorio con los tarifazos, la inflación y aumentos de insumos”, expresó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Fueron más de 500 stands y puestos para mostrar la producción, charlas, promotores de salud, trabajo comunitario y social, cooperativas de viviendas que montaron réplicas de sus construcciones.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó en un comunicado: “Con el nuevo programa ´Hacemos Futuro´ el gobierno pretende eliminar los puestos de trabajo que se regían bajo el programa ´Ellas Hacen´ y ´Argentina Trabaja´, para transformarlos en capacitaciones. Pero desde hace un tiempo venimos denunciando que el achicamiento en presupuesto de educación, el cierre de cursos, la eliminación de sedes de FINES, las paritarias a la baja y el cesanteo a profesores, hacen imposible que el sistema educativo actual absorba a las miles de personas que cobran estos programas”.

El Frente Popular Darío Santillán, el FPDS Corriente Nacional, la Corriente Juana Azurduy, Surcos, el Movimiento Mulcs e Izquierda Latinoamericana Socialista agregaron que el Ministerio de Trabajo pretende eliminar los programas laborales que dependen de su cartera y de los cuales dependen miles de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

“No es momento de esperar. Es momento de organizar la bronca y salir a las calles para parar el ajuste del gobierno”, concluyó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Este 1° de mayo los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular marcharán desde Constitución hasta el Monumento al Trabajo. En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. Previamente, la dirigencia de los movimientos participará el 27 de abril de un acto en el microestadio de Ferro junto a las principales organizaciones sindicales para continuar enfrentando el ajuste y exigir trabajo digno para todos en unidad.

Continúa el conflicto en Carrefour

El rechazo de los trabajadores de Carrefour al acuerdo final que habían rubricado Armando Cavalieri, en la cartera a cargo de Jorge Triaca, con el responsable legal de Carrefour, abre un signo de interrogación sobre el futuro del entendimiento. Ahora, el Ministerio de Trabajo decidió habilitar la instancia de Conciliación Obligatoria por 15 días.
Desde Trabajo dijeron que el acuerdo, a pesar del descontento en los locales, sigue su curso hacia la homologación, y no se ve ni afectado ni interrumpido por la Conciliación Obligatoria. Sin embargo, el sábado mismo quedó demostrado que Cavalieri no logra garantizar el manejo de la paz social, algo que había firmado el viernes 13, por lo que se abre un interrogante sobre el futuro de la pactado.

“En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó el equipo jurídico de Ramón Muerza, secretario de Organización. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.

También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.

Además, los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.

Cargill recibe la solidaridad de ATE

Los trabajadores de Cargill de las plantas Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y Bahía Blanca iban a trabajar como todos los días y se encontraron con las puertas de las fábricas cerradas. La empresa decretó un nuevo Lock out alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes hasta el 30 de abril.

En las puertas de Cargill se hizo presente la solidaridad de los trabajadores de ATE. Allí el secretario general, Hugo Godoy, advirtió que en los últimos meses se registraron más de 4.000 despidos en distintas reparticiones del Estado.
“Hoy (23.4) se materializan 330 despidos en Agroindustria y hay nuevas amenazas en el Senasa y en el Inta”, advirtió Godoy, y recordó que la semana pasada hubo más de 200 despidos en la Dirección Nacional de Discapacidad. “Echan trabajadores y mientras tanto hay 100.000 pensiones por discapacidad paradas en los cajones de los funcionarios”.

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El mismo día que el presidente anunciaba la baja en el índice de pobreza, distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en dos acciones distintas por el sostenimiento de planes sociales y políticas de empleo genuino.

El gobierno de Mauricio Macri quiso anunciar una buena noticia de su gestión de gobierno. El dato, en términos concretos, dice que 1.900.00 personas dejaron de ser pobres y 600.000 salieron de la línea de indigencia en el segundo semestre de 2017. De todas formas, un dato preocupante reflejado en La Nación, refiera a que aún “El 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres”.

¿Bajó la tasa de pobreza durante 2017? Sí.

¿Es comparable este 25,7% con el 32,2% de abril de 2016? No. Macri intenta disimular el salto que pegó cuando asumió.

¿Es comparable con 2015? Tampoco. Distintas series.

¿Es una baja sostenida? Los datos INDEC de 2018 sugieren que no.

— Alejandro Bercovich (@aleberco) March 28, 2018

El presidente señaló que crecieron el empleo registrado, la industria y los créditos pero lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras informales, “en negro”, o no registrados subieron del 33,6% al 34,2% (INDEC). Además, se refiere a que la desocupación bajó en general, pero para las mujeres aumentó del 8,4 al 8,7%. De esta forma se esconde la feminización de la pobreza.

Macri realizó el anuncio acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Entre las hipótesis, se la nombra como una posible candidata para la vicepresidencia en caso de que Cambiemos apueste a la triple reelección de Macri, Larreta y Vidal. También el ministro Jorge Triaca, de la cartera de Trabajo, acompañó la “buena noticia”; el gesto responde a la buena “performance” del ministro en el cierre de paritarias por debajo del 15%, como exige el gobierno.

Jornada de movilizaciones

Mientras el gobierno anunciaba el retroceso de la pobreza, dos movilizaciones se preparaban en el centro de la Ciudad para desmentir esas cifras y denunciar los anuncios, porque los recortes en las políticas sociales y asistenciales, como las medidas económicas implementadas por el gobierno, no solo no resuelven la pobreza sino que, por el contrario, se incrementan familias sin trabajo y la demanda en los comedores populares.
Dos semanas atrás, bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro”, distintas organizaciones sociales rechazaron la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referida a la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”.

“Sí al trabajo, no al ajuste”

En el día de ayer, se desarrollaron dos movilizaciones con un similar objetivo: denunciar las políticas del gobierno y reclamar por trabajo digno y genuino para los sectores populares.

Desde las 11 de la mañana, y convocada por el “Triunvirato Piquetero” (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se comenzaron a agrupar trabajadores y trabajadoras de la economía popular de toda la región metropolitana con el lema “Sí al trabajo, no al ajuste” para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Esta acción se replicó en las delegaciones en todo el país y como señalan las y los organizadores, en CABA fue acompañada “por representantes de la Juventud Sindical, ATE, CTA, SUTEBA, La Corriente Federal, AEFIP, Polo Obrero, MST, FPDS y FOL”, mostrando un importante arco de unidad en las calles con el objetivo de “exigir al gobierno que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país”.

El acto en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo contó con la participación y la palabra de todas las organizaciones presentes. Según expresó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP en el cierre, fue la primera vez que hay más voceras que voceros.

Entre las organizaciones que acompañaron la movilización y fueron parte del cierre, Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán saludo la jornada de lucha y advirtió que “vendrán muchas más si este gobierno sigue insistiendo en hacer oído sordos a los reclamos de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. “Hoy volvimos a salir a la calle en unidad, como debe de ser, para denunciar a este gobierno, y su modelo de ajuste” explicó y detalló que el gobierno busca “eliminar los Programas de Trabajo Autogestivo, cuando todos y todas sabemos que es una fuente laboral para miles de personas”. “Estamos convencidos que sin trabajo no hay futuro”, concluyó.

Castro, por su parte, en el cierre del acto denunció que “hoy el presidente Macri va a plantear que bajó 2 puntos la pobreza, no le creemos nada. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara”. Además adelantó que de no resolverse las situaciones denunciadas, en la segunda semana de abril se realizará una “jornada nacional de lucha” junto a las organizaciones sindicales.

No al recorte salarial. Apertura de los programas de trabajo

Aunque algunos medios de comunicación masiva intentaron instalar la idea del caos de tránsito en la ciudad, lo que aconteció es que no solo hubo demandas al gobierno nacional, sino que alrededor de 4 mil personas nucleadas en las organizaciones y cooperativas de trabajadores y trabajadoras precarizadas de la ciudad, llevaron adelante una intensa jornada contra las políticas del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Es así, que desde las 7.30 se desarrolló un corte parcial en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, convocado por MTR Votamos luchar, Movimiento Barrios de Pie, Frente Salvador Herrera y la Agrupación Germán Abdala de la CTA-A, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Movimiento Resistencia Popular, Agrupación Villera Piquetera y la Federación de Organizaciones de Bases (FOB), para visualizar la compleja situación que atraviesa el sector. Sebastián Zubizarreta, del FOL, aseguró que “Por tercer año consecutivo, el gobierno porteño pretende reducir los salarios de nuestros compañeros y compañeras de por sí precarios, que van de 4 mil a 8 mil pesos, es decir que además son salarios que están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Esto, en respuesta a la propuesta del 15% en cuotas para el sector, representando una suma muy insuficiente.

En ese marco, alrededor de las 11 hs. las organizaciones y las y los cooperativistas se movilizaron al Ministerio de Espacios Públicos para exigir la apertura de programas de trabajo, además de que “Se pueda cumplir la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires que desde su aprobación no llega a los barrios más humildes”, aseveró Zubizarreta.

Además, se entregó un petitorio con propuestas de trabajo, incluyendo ampliación de las cuadrillas de recolección de residuos, creación de puntos verdes, capacitaciones, entre otros puntos, con el fin de abrir mayores puestos de trabajo, además de abordar un tema complejo en los barrios más humildes en relación a los residuos.

Finalmente, Zubizarreta aseguró que “Rechazamos el discurso del gobierno de la ciudad que dice que ya no hay posibilidades de ampliarlos programas de trabajo, ya que es  el distrito con mayor presupuesto del país, donde no hay emergencia o dificultad presupuestaria y donde estamos hablando que se cumplan leyes existentes”.

El gobierno recibió las propuestas en lo que será, sin duda, una etapa más de un año complejo y de profundas exigencias por los sectores populares, cada vez más golpeados por el ajuste de Cambiemos.

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La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó un paro de 48 horas miércoles y jueves pasados. El primer día se movilizaron 10.000 trabajadores de la educación denunciando que las partidas actuales destinadas por el gobierno de Omar Gutiérrez a comedores de escuelas públicas es apenas de $9.77 de comedor y $2.53 de refrigerio por alumno. Los educadores también reclaman por paritarias libres, sueldos dignos y mayor infraestructura escolar.

Referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reiteraron su rechazo a la nueva oferta salarial del gobierno provincial y plantearon un plan de acción que incluirá un paro de actividades que aún no tiene fecha fijada.

El gobierno mantuvo la oferta del 15 % en tres tramos: 5 % en enero, 5 % en mayo y 5 % en septiembre, y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos a pagar en forma bimestral. Además, la propuesta incluyó el pago de una suma de 3.000 pesos como gratificación curricular por única vez.

La oferta, rechazada de plano por todos los gremios, incluido el más fuerte en la provincia, Suteba, derivó en la decisión de un plan de lucha que comenzó con una marcha de antorchas que partió desde el Congreso Nacional a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Además, en el Boletín Oficial del viernes pasado, se publicó la medida por la que María Eugenia Vidal ordena jubilar de oficio a alrededor de 3.000 docentes, que cobrarán el 60% de sus haberes. Los afectados por la medida, tampoco percibirán el aguinaldo ni los aumentos que se resuelvan en la negociación paritaria provincial.

Los gremios denuncian además, que los docentes que sean alcanzados por la decisión, no podrán utilizar la obra social IOMA hasta tanto finalicen los trámites. Las fuentes gremiales aseguran que el gobierno busca desfinanciar la caja docente del Instituto de Previsión Social “para ejecutar la reforma previsional provincial y quedarse luego con los ingresos de los docentes”. En esa misma dirección, la Federación de Educadores Bonaerenses y SUTEBA el mismo viernes, horas después de que se publicara la medida, presentaron ante la Dirección de Escuelas un documento para impugnar la resolución 2397/17 porque “condena a los docentes a la pobreza”.

El jueves pasado, en la mesa salarial docente de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Larreta ofreció un aumento del 15% en cuotas: 8% en marzo, 4% en agosto y un 3% en noviembre. Por otra parte, se comprometió a abonar el 3,5% que debía por la cláusula gatillo del 2017 junto a un bono de $1.000 por única vez. Tanto la conducción de UTE como la de Ademys, los sindicatos mayoritarios, anunciaron públicamente que la rechazan.

Con 15 provincias en conflicto por falta de acuerdo salarial, la Junta Ejecutiva de Ctera acordó un programa de acción y definió realizar una jornada nacional de protesta el próximo 4 de abril, a 11 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en la que cada jurisdicción definirá las medidas a desarrollar.

El gremio reiterará el pedido de la apertura de la paritaria nacional docente, que fue la consigna del paro de 48 horas realizado el 5 y 6 de marzo en el inicio del ciclo lectivo y exigirán el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Entre los motivos principales de la convocatoria del 4 de abril figura la solidaridad con todas las provincias en lucha.

El plan de Ctera continuará con asambleas en todas las escuelas entre el 9 y el 13 de abril y con plenarios regionales entre el 19 y el 27 del mismo mes con vistas a una Marcha Federal Educativa.

Los movimientos populares vuelven a la calle

El Ministerio de Trabajo, en forma intempestiva, decidió suspender el pago a 18.647 trabajadores de la economía popular, enmarcados en el Programa de Trabajo Autogestionado a partir del mes de mayo.

A esto se suma el cierre de programas como “Entrenamiento para el Trabajo”, que además de una ayuda económica para quienes se estaban capacitando incluía materiales y equipamiento para poder desarrollar los cursos, y la suspensión del programa “Seguro de capacitación y empleo”, al que tenían acceso personas en situación de extrema vulnerabilidad laboral, como ex detenidos y trans.

Por estos motivos la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, realizaron medidas de acción directa hoy miércoles 28 de marzo, con ollas populares y concentraciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Desde hace 17 días, distintos movimientos sociales y cooperativas realizan un acampe frente al Municipio en la ciudad de Mar del Plata. Solicitan a las autoridades la continuidad de los contratos laborales, más puestos de trabajo genuino y el cumplimiento del programa “Mejor Vivir”.

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