Por Orlando Agüero
Era 29 de Mayo y se cuplían 50 años del conocido Cordobazo, aquel levantamiento popular que el pueblo trabajador, con el legendario Agustín Tosco a la cabeza, realizara para derrotar a la dictadura del General Onganía, el pueblo trabajador llevó adelante el 5to Paro al gobierno de Cambiemos.

La discusión sobre el rumbo de la economía hace rato quedó atrás. Si bien hay un cierto acuerdo entre las principales centrales obreras sobre el diagnóstico económico y político, entre ellas, cierran en que las transformaciones de las reglas de juego económicas se van a poder llevar adelante, en forma limitada, a partir de un triunfo electoral en octubre y la asunción de un nuevo gobierno en diciembre de este año.

Sin embargo, esta situación no pudo obturar la consigna “Paro General Activo”, que han impulsado las organizaciones de trabajadores y trabajadoras más combativas por fuera de las estructuras dominantes del universo del trabajo formal. Es decir que ayer se observaron tres formas de lucha claramente definidas.

La CGT

La convocatoria al Paro General estuvo a cargo de la CGT. Estos luego de entenderse referenciados en la candidatura presidencial de Alberto Fernández, ya no tienen tanto problema en realizar paros contra el gobierno nacional. Por supuesto, luego de haber sido protagonistas de varias agachadas realizadas a espaldas de la clase trabajadora, como por ejemplo reunirse con las delegaciones del Fondo Monetario Internacional en el marco de la tremenda deuda que le queda al Estado Argentino, en el cual las palabras hacia ellos fueron que la Argentina pagará la deuda sin poner restricciones.

En los primeros dos años de gobierno del macrismo, intentaron casi ni aparecer en escena. La intención de los gremios más grandes era resolver el tema de las deudas que el gobierno tiene con las obras sociales. Eligieron no hacerle medidas de fuerza al gobierno, debido a las presentaciones judiciales que han llevado a la cárcel a referentes sindicales como “Caballo” Suarez de los portuarios y el conocido “Pata” Medina de la UOCRA de La Plata. Dos casos emblemáticos, que le sirvió a Cambiemos para disciplinar a los “Gordos” y a éstos para renegociar el dinero de las Obras Sociales. Seguro esta será una discusión que no terminará con esta gestión.

Pareciera que para la CGT la consulta acerca de si el paro es político o no tiene respuesta inmediata, y que es político, económico y de futura gestión. De todos modos, sin ninguna duda que el principal motivo por el cual este triunviro decidió convocar a esta medida fuerza nacional, fue por la presión que se originó al interior de la orgánica obrera y por las distintas expresiones de otros sectores sindicales que hoy no pertenecen a la Central, pero que en función de la muy mala situación económica a la que ha conducido el gobierno del presidente Macri, ejercieron su poder para determinar este Paro Nacional que muchas y muchos pedían.

Moyano

El frente sindical liderado por el Sindicato de Camioneros de Moyano y las CTA’s, también fue protagonista y convocante de esta medida de fuerza que trabajadores y trabajadoras han llevado a cabo este 29 de Mayo. Son otros que piensan que no va a haber alguna clase de modificaciones en las políticas económicas del gobierno, pero que sí es importante llevar a cabo medidas que deterioren el endeble orden institucional, político, y social que Cambiemos mantiene hoy en nuestro país. El principal reclamo de este sector, más allá de la deuda de las obras sociales, es la derogación del impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores y trabajdoras que ganan más que el piso impuesto por el gobierno.

El discurso del gobierno dice que las altas paritarias a las que han sabido llegar algunos sectores como los trabajadores camioneros son responsables de la inflación y la falta de equilibrio económico de las cuentas fiscales. También son blanco de arremetidas judiciales por parte del oficialismo. Igualmente, este sector se vio representado en la conformación de la candidatura presidencial de Alberto y Cristina, pero sobre todo con la postulación de Magario a la Vice-Gobernación de la Provincia de Buenos Aires que propuso la misma ex-presidenta. Al mediodía del 29 de Mayo, a 50 años del Cordobazo, se los veía contentos y exultantes con como se venía desarrollando el Paro General.

Izquierda Combativa

A pesar de la convocatoria de la CGT a un Paro sin movilización, y a que el moyanismo y compañía hayan convocado un acto casi sin actividad, salvo algunas excepciones, la izquierda combativa se erigió como el músculo de esta nueva medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Esta situación se da hace rato, sin embargo, desde aquel acontecimiento donde sectores de trabajdores que no comulgan con la burocracia sindical coparon el acto de la CGT en Plaza de Mayo y hasta se llevaron el atril del escenario, la correlación de fuerzas dentro del mundo gremial comenzó a tener un vuelco hacia la combatividad de la izquierda, el posicionamiento de trabajadores cuestionando a la referencia sindical burocrática y al gobierno actual, como los principales arietes que construyen este modelo de opresión, ajuste y respresión. Es decir que en este Paro General, los piquetes en los principales puntos de acceso hacia la CABA y los distintos piquetes en otros puntos del Gran Buenos Aires y el resto del pais, como por ejemplo en las principales ciudades como Córdoba y Tucumán se hicieron sentir más allá de las mediciones estadísticas.

Qué dice el Gobierno

El presidente argentino Mauricio Macri tenía un acto protocolar. Era el día del Ejército Argentino. Se sentía su presión. Habló ante las formaciones militares sin mencionar el tremendo paro nacional del cual estaba siendo él el principal sujeto a atacar. Quizás no quiso mostrar debilidad o lástima. De todas maneras, Mauricio Macri comenzó una caída, tipo barranca abajo, desde hace rato. Esta situación la registran hasta ahora todas las encuestadoras. El ministro Dante Sica, de Producción y Trabajo, dijo que el costo del paro es de cuarenta mil millones de pesos. Sin embargo, no dice cuánto es el costo de las fugas de capitales que se dan diariamente. Estas duplican esta cifra por día.

Las fugas de dólares del país están en función de la avaricia de las grandes empresas que gobiernan la nación y repercuten en los préstamos que el FMI le efectuara a la Argentina y dejan para el Estado. Pero no es solo eso, también se articula el axioma de que este plan económico no cierra sin represión. Es que la jornada del paro no se dió sin represión del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El Puente Pueyrredón tuvo su escaramuza en donde las personas que fueron afectadas fueron de las filas de trabajadores y trabajadoras de las fuerzas que cortaban el Puente Pueyrredón, espacio emblemático en la lucha por los derechos del pueblo trabajador.

Las expresiones de Bulrich fueron “no permitiremos que se corten los accesos a la Capital”. Cuando desde la mañana estos accesos estuvieron cortados dijo: “estamos garantizando la libre circulación de los accesos a la capital”. Las mentiras de este gobierno casi ya no tienen lógica. Son lxs mentirosxs más destacadxs del país. El gasto infernal en “cuestiones de seguridad interior”, que incluyo un camión- valla, resultó un fiasco. Fue el hazmereír de numerosos medios de comunicación que transmitían en directo la jornada de lucha. La represión con balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta no estuvieron ausentes en el Puente Pueyrredón.

¿Qué le queda al gobierno? Poco… solo terminar este período de gestión. ¿Qué le queda hacer al pueblo trabajador? Luchar. Contra este gobierno de hambre y para que el siguiente no acepte los postulados del FMI. Así podremos salir de este berenjenal en el que nos han metido estos personajes de Cambiemos.

El mejor ejemplo son nuestras compañeras que no se dejan vencer. Luego de que la institucionalidad del Poder Legislativo Nacional les diera la espalda en la sanción de la ley de aborto, anteayer 28 de Mayo se llevó a cabo la octava vez que se presenta el proyecto. Esto indica que la “única lucha que se pierde es la que se abandona” y que el pueblo va a seguir luchando por incrementar la plantillas de derechos a favor, sin ningún tapujo ni tabú.

Organizarce, luchar, resistir y avanzar, deben ser las consignas que guíen los pasos del pueblo que trabaja todos los días a pesar de las decisiones políticas de los gobernantes. Por eso es muy importante pensar que deberemos seguir en la postura combativa ahora y luego del 10 de Diciembre. Todo Paro General es político. Talla en las elecciones, en la economía, también en la correlación de fuerzas de los sectores en disputa y además ante la opinión pública generan un nivel de presencia que va mucho más allá de lo electoral.

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El año se inició con movilizaciones programadas para resistir los tarifazos anunciados para 2019. También trabajadores y trabajadoras de la tierra realizan feriazos contra las políticas para el sector.

Contra los tarifazos

Por tercer viernes consecutivo, las esquinas de las 15 comunas porteñas y otras en el Conurbano bonaerense fueron el lugar para rechazar la política de tarifazos de servicios públicos esenciales, con palmas, cacerolas y cantos.

“Porque el acceso a los servicios públicos es un derecho humano” porque “las tarifas no pueden aumentar más que nuestros salarios”, reclamaba la convocatoria al “Ruidazo” hecha en la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero, que convocó a miles de vecinos a través de las redes.

Este 2019 se inició con un fuerte incremento en los servicios, que tal como anunció el gobierno, serán en los primeros cuatro meses del año. Este sábado 12 el transporte colectivo subió un 38,5%, también acompañado por el boleto de ferrocarril, mientras el subte aumenta este día 15 de enero.

Los servicios públicos también aumentarán en promedio un 50%, el servicio de agua pegará un incremento del 48,5%, mientras que la luz y el gas aumentarán en torno al 55%. A esto se le suma, entre otras subas, peajes y prepagas. En febrero llegará el subte a $ 16.50, en tanto en abril de 2019 costará $ 21. Esto representa un aumento del 180% en un año. Entre 2016 y abril de 2018, el gas se ha incrementado 1.261 %, el agua sin medidor 956 % y la electricidad 1.435 %, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los tarifazos en los servicios públicos no son garantía de la prestación de los servicios, que continúan siendo deficientes, tal como lo evidencian por ejemplo los prolongados cortes de luz a los que se somete a la población, sobretodo en las áreas comprendidas por Edesur.

La marcha de antorchas para resistir al tarifazo, que tuvo una desbordante convocatoria, atravesó la Ciudad el jueves 10 de enero. Representantes de las organizaciones convocantes, con mayor visibilidad como Pablo Moyano (secretario adjunto de Camioneros), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma) junto a otras, finalizaron el acto al pie del Congreso.  “No damos por agotada, con esta proclama, la protesta contra el tarifazo y el ajuste brutal. Al contrario, llamamos a realizar marchas en todo el país”, expresa el documento consensuado que firman la CTA de los Trabajadores, el Movimiento 21F (moyanismo), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (del que forma parte el gremio mecánico SMATA), la CTA Autónoma y las 62 Organizaciones.

“Que quede claro: no nos resignamos ni levantamos bandera blanca y seguiremos en las calles movilizados hasta derrotar la política de hambre y el ajuste. Decimos no a la Reforma Laboral. Decimos no a la Reforma Previsional. Decimos no al tarifazo. Basta de atropellos contra el pueblo argentino”, decía el último párrafo de la declaración conjunta.

Al finalizar la lectura del documento, mientras confluían trabajadores y trabajadoras de la educación de CABA, junto a simpatizantes de la oposición, se repitieron dos consignas: “Las escuelas no se cierran” y “paro, paro, paro/paro general”, que muestran también el fastidio con el rol de la conducción de la CGT.

El Frente de Izquierda también se movilizó con sus propias banderas, con críticas a los límites de la convocatoria y expresando la necesidad de un programa que enfrente los tarifazos, y que plantee una salida de fondo para el conjunto de los servicios públicos. En ese sentido proponen medidas como la estatización de los servicios bajo gestión de trabajadores y trabajadoras que junto al control de los usuarios y usuarias populares, garanticen un servicio de calidad con tarifas accesibles en todos los servicios públicos.

Las protestas contra los tarifazos se repetirán cada jueves en diferentes puntos del país y hasta el 7 de febrero. En enero el próximo 17 en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y el 7 de febrero en Mendoza.

Feriazos  

Pequeños productores y productoras nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaron este jueves un nuevo feriazo bajo la consigna “Pagá menos, comé mejor y apoyá a los trabajadores de la tierra”, en Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera.

La iniciativa busca instalar en la opinión pública la crisis que atraviesa el sector y poner en evidencia las diferencias que existen entre los precios que se pagan en los supermercados y verdulerías y la escasa retribución que el pequeño productor recibe en su quinta.

La organización advirtió también que la devaluación, los altos costos de producción y los aumentos en los servicios están “ahogando” a los pequeños productores. Los trabajadores de la tierra producen más del 80 % de las verduras que se consumen en Buenos Aires y zonas aledañas.

En la misma línea los productores reclaman por la falta de políticas públicas para el sector y cuestionan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. Se trata de un sistema que le permitía al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permitía acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos, circuitos de comercio formal mientras garantizaba el acceso a la salud y el aporte al sistema previsional para garantizarles una mínima prestación para su vejez.

También reclaman por el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1.450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 despidieron a más de 910 personas,  más del 62 %. El impacto del recorte fue aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 %. A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 %, en su mayoría despedidos y despedidas en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales.

El apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser visto como un gasto y además muestra como las políticas públicas son diseñadas por estos organismos fuera de nuestro país. El feriazo continuará el proximo viernes en la Plaza Retiro.

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La defensa de la Universidad y la educación pública sigue generando movilizaciones masivas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Es que las muestras de apoyo a las instituciones en el marco de una fuerte restricción presupuestaria y el respaldo a la lucha de los docentes por el destrato del Gobierno nacional al ofrecer un aumento salarial que apenas llega a la mitad de la inflación proyectada, crece día a día.

A los multitudinarios abrazos a las universidades del Conurbano, particularmente afectadas por el ajuste, se le sumaron movilizaciones que colmaron las calles de los principales centros urbanos.

El miércoles pasado unas 100.000 personas marcharon en Córdoba para visibilizar el conflicto y el jueves varias decenas de miles hicieron lo propio en Rosario. La imagen se repitió en Villa Mercedes, en Santiago del Estero, San Luis, en la Universidad de Cuyo, en Mar del Plata y en muchos otros puntos, incluyendo la propia Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

“Con una inflación que se proyecta por arriba del 35%, que el Gobierno, luego de tres meses de no reunir la paritaria, nos proponga un 10.8% y en cuotas, es más que un desinterés en la educación pública, ¡ya es una provocación!”, denunció Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, gremio docente de la Conadu Histórica.

En ese contexto y para darle mayor difusión a una rebelión que parece imparable, el viernes la AGD llevó las clases a las puertas de la Casa Rosada. En paralelo la Conadu Histórica y la Conadu, gremios mayoritarios de la actividad, preparan una gran marcha nacional universitaria para el 30 de agosto, en la que piensan reunir cientos de miles en reclamo de mayor presupuesto para las instituciones y una paritaria digna para las y los docentes.

Frente a esto, el Gobierno convocó a “continuar con el diálogo”, “con el objeto de encontrar soluciones a la situación planteada”.

Paran docentes bonaerenses por 3 días

En la novena reunión de la Mesa Paritaria 2018, el Gobierno Provincial siguió sin modificar la estructura del salario docente. Propone llegar a un supuesto 20,7% a cobrarse en septiembre, con sumas no remunerativas, que incluyen $ 210 en concepto de material didáctico, y proseguir con una nueva reunión recién en octubre.

La propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo. Por otra parte, denunciaron que las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc.

En las escuelas tampoco se realizan las inversiones y obras reclamadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que viene realizando presentaciones acerca del deplorable estado de los establecimientos escolares que cobró las vidas de Sandra y Rubén en la EP Nº 49 de Moreno.

Por lo tanto, decidieron retomar el Plan de Lucha con un Paro de 72 horas los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de agosto.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sostuvo que al igual que en los paros anteriores, se descontarán los días. En ese marco explicó que en los próximos días analizarán una nueva propuesta para presentar a los gremios.

Después de la represión, que para la Gobernadora no fue tan brutal, hubo reunión con los trabajadores del Astillero Río Santiago

El viernes al mediodía funcionarios del gabinete de María Eugenia Vidal volvieron a reunirse con los representantes gremiales del Astillero Río Santiago (ARS), por primera vez tras la multitudinaria movilización realizada el miércoles en repudio a la represión sufrida por las y los trabajadores el día anterior.

Según relató el secretario general adjunto de ATE Ensenada, Pablo Rojas, los funcionarios ratificaron sus declaraciones públicas en las que afirmaron que no se cerrará ni privatizará la fábrica, y que tampoco habrá despidos. Sin embargo, no presentaron aún un plan para reflotar la empresa, semiparalizada por la falta de financiamiento y ausencia de contratos para la construcción de nuevos barcos, por lo que la incertidumbre sigue en pie para los 3.300 trabajadores del astillero.

Acerca del descuento salarial que el gobierno resolvió realizar unilateralmente, quitando un concepto del Convenio Colectivo de Trabajo que los astilleros cobran desde hace más de 25 años, y la amenaza de eliminar las licencias gremiales, los funcionarios Villegas y Lacunza postergaron una definición para esta semana y la reunión terminó ahí.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago mantendrán esta semana una carpa en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, a la espera de la reunión con funcionarios provinciales que debería producirse el próximo viernes.

La decisión se tomó en un masivo plenario con 2.000 delegados en la localidad de Punta Lara y con decenas de dirigentes sindicales de primera línea con intenciones de confluir en medidas de acción concretas en los próximos días.

Además, se anunció un paro provincial de 48 horas de todos los gremios que componen la CTA Autónoma para el martes y miércoles de esta semana, que confluya con la huelga de 72 horas que ya había convocado el Frente Gremial Docente. Además, se ratificó el paro nacional de ATE para el Día de la Industria Naval, el 12 de septiembre, que será acompañado por cortes de ruta, según acordaron realizar varias de las organizaciones presentes en el plenario.

Mientras tanto, María Eugenia Vidal defendió el accionar de los efectivos policiales el martes pasado y negó que la represión haya sido “brutal”.

Finalizan paro de 72 horas las y los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar

En el tercer día del paro activo de 72 horas, las y los trabajadores de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar realizaron el viernes una jornada de protesta en el Ministerio de Agroindustria. De esta forma, los delegados y las delegadas solicitaron una audiencia con la máxima autoridad de este Ministerio para exigir la reincorporación de los despedidos, la retracción por escrito de los anuncios de nuevos despidos y el consecuente desmantelamiento de Agricultura Familiar.

Cabe recordar que la medida surgió ante la amenaza de 600 despidos en las delegaciones de la SAF de todo el país. Sin embargo, las y los trabajadores denuncian desde hace meses que la política implementada por el Gobierno Nacional va en desmedro del sector de los pequeños y medianos productores agropecuarios, campesinos e indígenas, que producen el 65% de los alimentos que consume la población, y favorecen a las grandes empresas agroexportadoras. Entre esas políticas de ataque al sector señalan los despidos en todos los organismos dependientes de Agroindustria, el consecuente desmantelamiento de la SAF y la quita del Monotributo Social Agropecuario.

Vaciamiento y destrucción de Fabricaciones Militares

El jueves pasado, trabajadores y trabajadoras de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero, Azul y Jáchal, junto a compañeros y compañeras de la Sede Central, se convocaron frente al predio ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde marcharon hacia la Dirección General de Fabricaciones Militares, para realizar un multitudinario acto en rechazo a los 150 despidos conocidos en los últimos días en las tres delegaciones de Córdoba y Rosario, y contra la política de vaciamiento que encabeza la intervención del organismo en sintonía con el ajuste general que el Gobierno Nacional impone en todas las áreas del Estado.

Una delegación de trabajadores y dirigentes de ATE ingresó al edificio para mantener una reunión con el Sub Interventor Ricardo Casal. Al salir, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, explicó que Casal se negó a dar respuestas a los reclamos de las y los trabajadores y anticipó que habrá nuevos despidos en Sede Central.

Al finalizar la jornada se votó la realización de un Paro Nacional con cortes de ruta, para el próximo 12 de septiembre -Día de la Soberanía Nacional- que será ratificado en una reunión de Consejo Directivo Nacional.

Resoluciones Asamblea General de SiPreBA realizada en Télam a 60 días de paro y permanencia

-Realizar el miércoles 5 de septiembre en horario a determinar una marcha nacional de prensa al CCK -con cese de tareas en las empresas- en caso de que el directorio de Télam incumpla el fallo judicial que ordena la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia bajo la consigna “Todxs somos Télam”.

-Repudiar el intento patronal de armar un servicio paralelo en Tecnópolis y reafirmar la voluntad del conjunto del gremio de prensa y de trabajadorxs de Télam de impedir cualquier tipo de medida que vaya en contra de lo votado por su Asamblea. Reforzar la visibilización de la lucha de las y los compañeros de Télam invitando a lxs colegas a mencionar en cada cobertura -antes de formular la primera pregunta- que en dicho lugar está faltado un cronista de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad Télam.

-Participar el lunes 27 de agosto de la Jornada Nacional #SalvemosLaRadio, junto con FARCO, ARUNA, AMARC, Radios OnLine, rurales, de pueblos originarios, micro pymes, familiares, cooperativas, socioeducativas, entre otras, a concretarse con una transmisión radial entre las 11 y las 13 frente al ENACOM, Perú al 200, CABA.

-Adherir a la marcha de las Universidades Nacionales convocada para el 30 de agosto en defensa de la Universidad y la educación públicas.

-Trabajar para la concreción de un paro nacional activo, coordinado con los distintos sectores de la sociedad civil.

Participaron de la Asamblea General trabajadorxs de más de veinticinco empresas de comunicación, entre ellas Telefé, América TV y A24, Artear (TN y Canal 13), Infobae, Editorial Perfil, AGEA Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, La Nación, Editorial Atlántida, los medios públicos Canal 7 y Radio Nacional, medios autogestivos como Barricada TV, La Caterva y La Retaguardia, entre otros.

¿La CGT despertará de la larga siesta?

Luego de varias idas y vueltas, la CGT formalizó la convocatoria a un plenario de secretarios generales en el que se discutirá la coyuntura actual y el posicionamiento de la central obrera en ese contexto.

Los gordos, independientes y aquellos dirigentes a los que se les suele llamar moyanistas sin Moyano, decidieron trocar el Congreso extraordinario previsto para agosto por un Plenario de secretarios generales. El cambio no fue menor porque se pasó de un órgano con capacidad de decidir desde una renovación de autoridades hasta la elaboración de un plan de lucha por un plenario que no es otra cosa que una mera asamblea de jefes sindicales.

Sin embargo, entre los grupos que no se sienten representados por el triunvirato crece la idea de no participar de la reunión del miércoles. Por caso, el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y los más de 60 gremios que conforman el llamado Grupo Lezica decidirán el martes si participarán o no. La mayoría piensa que no es conveniente seguir convalidando un triunvirato que no responde a las necesidades que exige la coyuntura y que lo ven corriendo desde atrás de los hechos. Por caso, el mismo día que los trabajadores de Astilleros Río Santiago eran ferozmente reprimidos, los principales referentes de la conducción de la CGT se reunían y se fotografiaban, salvo Juan Carlos Schmid, sonriendo con la delegación del Fondo Monetario Internacional.

Frente a los “Gordos”, que apuntalaron la idea de sostener las negociaciones con el oficialismo, quienes se mostraron más duros fueron los gremios del transporte. De hecho, ya adelantaron que propondrán una nueva huelga general para el mes próximo, sin movilización.

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Con el cercano antecedente de las movilizaciones en Haití , contra el aumento de los combustibles acordados entre el FMI y el Gobierno haitiano, y la renuncia del Primer Ministro de ese país, el “Día del Amigo” arribó  al nuestro Christine Lagarde, la titular del FMI.

Eufemismos para no hablar de ajuste

Días atrás, el Gobierno difundió la Carta de Intención y el programa económico en el que se basa el acuerdo entre la Argentina y el FMI, por un monto de US$ 50.000 millones a lo largo de 36 meses.

Allí el Gobierno asegura que trabajará para introducir mejoras en el sistema de pensiones: que lo hagan “financieramente sostenible y más justo”. En definitiva, bajar jubilaciones en línea con el proyecto que aprobó el año pasado.

Además, el documento abre la puerta para vender las acciones que están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES para pagar la reparación histórica. “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión”, detalla el texto.

En cuanto al empleo público, congelan las vacantes por dos años y “se eliminarán “las posiciones redundantes”. Se trata de un eufemismo para referirse a más reducción de personal del Estado.

El plan descripto en 33 páginas prevé una economía estancada este año (0,4% de crecimiento) con una meta inflacionaria del 27%, que supera las paritarias que fueron firmadas, y propone una aceleración del ritmo de reducción del déficit fiscal, que constituye “una de las metas estructurales” del Gobierno. Así se estima que el desequilibrio de las cuentas públicas pasará del 2,7% de este año al 1,3% en 2019.

El fuerte ajuste fiscal,  en cuestión,  ya había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La novedad es que ahora puso por escrito algunos de los rubros por los que pasará la tijera. Entre ellos figuran los subsidios a la energía y el transporte, la tarifa social, el sistema de jubilaciones, las acciones de los Fondos de pensión y el empleo público,  así como los fondos destinados a las empresas estatales, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.

En lo que respecta a los planes para contener la pobreza, Hacienda dispuso un piso del gasto de asistencia social del 1,3% del PBI, una cifra superior al 0,95% destinado hoy a ese rubro. Se trata de fondos para programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), y más de 15 tipos de asignaciones familiares.

Pero dada la incertidumbre económica existente, el Gobierno contempla además una “salvaguarda” para asignar recursos adicionales a todos esos programas “en caso de que las condiciones empeoren”. En concreto, prevé un gasto extra de $ 13.500 millones en 2018 y un 0,2% del PBI por año en los años subsiguientes, equivalentes a cerca de $ 35.000 millones, siempre y cuando se agrave la pobreza, el desempleo y desnutrición infantil.

Conflictos estatales

– Este martes se realizó una nueva jornada nacional de protesta en el CONICET. Motorizada por ATE CONICET, JCP y otras organizaciones sectoriales, se realizaron concentraciones, actos públicos y asambleas abiertas en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza entre otros lugares. En CABA se realizó una concentración en el Polo Científico y Tecnológico, aguardando resultados de la reunión de la Mesa de Becarios.

Después de obtener la aplicación completa,  del Acta Paritaria 2018, a los casi diez mil becarios y becarias del organismo, la Jornada de Lucha del este martes tuvo como eje principal obtener precisiones sobre el pago de la cláusula gatillo (adeudada desde la paritaria 2017). Los funcionarios informaron que en agosto los becarios y becarias percibirán tanto el pago de la cláusula gatillo como la primera cuota del aumento paritario. A esta altura del año, está claro que el aumento para los becarios y becarias se obtuvo sólo a partir de los procesos de organización y movilización que atravesaron a los diferentes lugares de trabajo desde el año pasado.

– El Congreso de Delegados y Delegadas del gremio Cicop (trabajadores de la salud), que sesionó el viernes 13 de julio en la sede central,  decidió dar continuidad al plan de lucha en curso definiendo dos nuevas medidas de fuerza. El jueves 19, realizaron un paro de 24 horas con acciones locales y regionales expresando el reclamo de nueva convocatoria paritaria con propuesta superadora e integral, mientras que el miércoles 25 llevarán a cabo una nueva medida de fuerza dando prioridad al desarrollo de las asambleas de cara al debate de prosecución de acciones si no hubiera respuestas gubernamentales.

– Desde la Agrupación Celeste en la Corriente Clasista y Combativa en ATE Ensenada expresaron su enérgico repudio a la declaración del presidente de la Nación, en el marco del encuentro que mantuvo con la “Mesa de la Pesca”.

De la reunión mencionada participaron empresarios, funcionarios, representantes de los sindicatos y familiares de los tripulantes de los buques San Antonino, Repunte y Rigel, todos hundidos durante la presidencia de Mauricio Macri.
Los familiares quisieron saber por qué se compraban barcos al exterior en vez de hacerlos en el Astillero Río Santiago a lo que el presidente expresó: “hablé con el empresario naviero Vito Contessi y dijo que al Astillero Río Santiago habría que dinamitarlo”.

Desde ATE Ensenada han hecho un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras para preparar una marcha de antorchas. Al mismo tiempo desde el sindicato anunciaron una movilización para el próximo miércoles a la Casa de Gobierno.

– El martes se realizó la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo a raíz de los 357 despidos en la agencia estatal Télam. Las autoridades no realizaron ninguna propuesta. A su vez, se presentó una denuncia por persecución político-ideológica por parte de la empresa ante la Relatoría Especial sobre Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU.

– Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron que el gobierno nacional y las autoridades administrativas de ese centro asistencial incumplen el fallo de la Justicia Federal de San Martín que ordenó reincorporar a diez de los 152 despedidos en enero pasado.

– El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), informó que la nueva Administradora del organismo, Patricia Gutiérrez, ratificó los 352 despidos, que incluyen a la planta transitoria educativa y a trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con el cierre definitivo de las 5 escuelas técnicas viales que funcionaban en el país.

– Los bomberos voluntarios de todo el país se organizaron para realizar un sirenazo en reclamo por el desfinanciamiento que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad desde el año pasado.

“Somos 45.000 personas, entre directivos y bomberos, que tenemos una profunda vocación por la tarea que realizamos. No percibimos ningún sueldo, y todos los recursos son para sostener al sistema nacional de bomberos voluntarios y la atención de más del 80% de llamados de emergencia que se desarrollan en todo el territorio nacional”, destacó Carlos Alfonso, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

– Gremios aeronáuticos acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, lo que evitó la posibilidad de un paro en vísperas de las vacaciones de invierno.
Cinco gremios habían anunciado la realización de un paro de actividades en los aeropuertos de todo el país, que se llevaría a cabo el viernes 13, en reclamo por la política aerocomercial aplicada por el gobierno nacional.
 

Movimientos sociales

– Luego de semanas de reclamar en la ciudad de La Plata y tener reuniones técnicas sin resultados favorables, miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde plaza San Martín hasta plaza Moreno e instalaron un acampe.

Así expresaba el comunicado de prensa que circuló por las redes sociales: “Frente a nuestra negativa a retirarnos del lugar sin una respuesta, los funcionarios procedieron a extorsionarnos diciendo que nos iban a quitar el trabajo de refacción que estamos llevando a cabo en escuelas y jardines y amenazaron con desalojarnos y denunciar penalmente a nuestros delegados y delegadas”.

– Las y los pequeños productores hortícolas volvieron a reclamar contra la falta de políticas públicas para promover la agricultura familiar y la reciente decisión del Ministerio de Agroindustria de eliminar el Monotributo Social Agropecuario (MSA), que les permitía a miles de  productores y productoras familiares acceder a la obra social y aportes jubilatorios. Buscaron así visibilizar su reclamo con un nuevo verdurazo, esta vez frente a La Rural, que inauguraba su tradicional exposición, donde regalaron 10.000 kilos de verdura, bajo la consigna: El Otro Campo.

“Este 18 de julio el otro campo, que produce alimentos para millones de familias, que no exporta ni especula con el dólar, realizó un verdurazo en la puerta de La Rural para expresar la crítica situación de su sector”, sostuvieron desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).Las y los pequeños productores advirtieron que están viviendo “una crisis terminal, sin precedentes”. “En La Rural se expresa el supuesto modelo exitoso, de gran producción y exportación que el Gobierno tanto apoya pero que no produce alimentos para el pueblo argentino y está destruyendo los últimos bosques nativos, la calidad de los suelos e impulsando desalojos de familias campesinas e indígenas”, dijeron por último las y los productores.

– Más de 3.000 personas de organizaciones sociales se manifestaron frente a las oficinas porteñas de la banca internacional JP Morgan Chase con ollas populares, en clara demostración de denuncia ante el crecimiento de la pobreza y la falta de políticas de empleo.

Entregaron un petitorio donde solicitaban que JP Morgan brinde recursos económicos directos para atender la crisis de miles de trabajadores y trabajadoras pobres, poniendo a disposición puestos de trabajo para desocupados, fondos para infraestructura barrial y comunitaria, y aportes económicos para sostener los comedores a los que asisten cientos de niños y niñas.

La CGT se llenó de pañuelos verdes

El martes 10 de julio de 2018 quedará en la historia: una treintena de referentas feministas se sentó en la mesa ovalada de la CGT con sus pañuelos verdes al cuello, mientras afuera una movilización callejera gritaba: “Aborto legal en la obra social”.

La reunión pedida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue motivada luego de una nota del 4 de julio en Clarín donde bajo la volanta “Conflicto en puerta”, titulaban: “Legalización del aborto: gremios de la CGT alertan que las obras sociales no pueden cubrir los costos”.

En la reunión, Noé Ruiz, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Central y titular de la Asociación de Modelos Argentinas, desmintió la nota de Clarín y habló de versiones “tergiversadas por los medios”. Elsa Schvartzman, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall y Miranda González Martín fueron las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que asistieron. Dejaron en claro que la obligación de la CGT debería ser posicionarse en favor de la aprobación del proyecto, que ya tiene media sanción, por tratarse de un derecho al acceso a la salud de las trabajadoras.

Además del pañuelazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta acción se replicó en Rosario, Salta, Río Negro y Córdoba.

Trabajadoras afiliadas a distintos gremios de la CTA Autónoma lanzaron una campaña para exigir la prórroga del día de las elecciones en la Central y un paro nacional para movilizar el 8 de agosto al Congreso Nacional por la aprobación de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Impulsan un petitorio dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma y llaman a replicarlo nacionalmente en toda la Central.

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In Memoriam de María Zelaya

El lunes 4 al mediodía, organizaciones sociales se movilizaron solicitando subsidios provinciales de $ 700 (U$S 30) y alimentos para algunos cientos de personas que allí se encontraban. Ricardo Escobar, taxista de 62 años, llegó a la esquina de la movilización y paró a algunos metros del cordón de seguridad. Se acercaron dos manifestantes para explicarle que por ahí no podría pasar, porque había familias movilizadas y niños jugando en el perímetro organizado. El taxista les dijo que eran unos “negros de mierda”, “vayan a trabajar” y algunas groserías más. Un compañero y María Zelaya le explicaron que estaban movilizados como cuando los taxistas se agrupan por sus reclamos. El taxista pisó el acelerador y atropelló a María Zelaya y dos compañeros más. La arrastró 4 metros. Frenó. Ella cayó del capot, perpendicular al auto, quedando tendida en el piso. El taxista aceleró pasándole a lo largo con las ruedas por el cuerpo y la cabeza, hasta desaparecer de la vista de los manifestantes. Dos compañeros lo corrieron en moto y lo detuvieron en un semáforo, hasta entregarlo a la policía que se encontraba en la esquina.

El gobierno de Mauricio Macri y el FMI acordaron un préstamo “Stand-By” de 50.000 millones de dólares, con una duración de tres años, en un claro espaldarazo del organismo a la política macrista y una señal a los mercados. A cambio del préstamo el FMI exigirá el cumplimiento de duras metas fiscales y de inflación: quita de subsidios, recorte de gastos en obras públicas y en salarios estatales (congelamiento de sueldos), achique en las transferencias a las provincias y que se avance con un ajuste en el sistema de la seguridad social.

Esto en un marco de fuerte caída del valor del peso, dólar e inflación en aumento, bajos salarios, recesión, y despidos masivos en el Estado y empresas privadas.

En cuanto a las metas inflacionarias, se acordó: una suba del 17% para 2019, 13% para 2020, y 9% para 2021. Los antecedentes indican que estas metas son de difícil cumplimiento, en una Argentina donde la meta inflacionaria anual para 2018, que el gobierno estimaba era del 15%, estaría cercana al 28 o 30%, de acuerdo a diferentes consultoras privadas.

También se van a tomar medidas tendientes a “fortalecer la autonomía del Banco Central” para lo cual “se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA”.

En cuanto a la reducción del gasto público: disminución de las metas del déficit fiscal primario (sin tomar en cuenta los pagos de deuda), un 2,7 % del PBI en 2018 (contra 3,2 % de las metas previas); 1,3 % en 2019 (antes era 2,2 %); 0 % en 2020 (contra 1,2 % previo) y superávit de 0,5 % en 2021 (contra 0 de antes). Lo que se omite en estas proyecciones es el aumento del déficit financiero (incluye intereses de la deuda) que varió del 3,9 % en 2015 al 5,5 % del PIB en 2017.

Los recortes al gasto no comenzaron con el anuncio del jueves. En medio de la disparada del dólar Dujovne y Caputo comunicaron la reducción de la meta del déficit fiscal para este año desde 3,2 a 2,7 % del PBI. Esto implicó una disminución de $ 30.000 millones en obra pública.

El afán del Gobierno por reducir el gasto se concentró en recortar los subsidios (tarifazos de los servicios públicos), despidos y salarios a la baja de las y los trabajadores estatales, mientras tuvo una merma en la recaudación por la reforma tributaria pro patronal, y la reducción de las retenciones a las exportaciones que favoreció al agro y a las mineras.

Un informe de Cifra advirtió que entre 2015 y 2017 “el ahorro de U$S 8.000 millones por la quita de subsidios fue compensado con U$S 9.200 millones que, o bien, se pagan a los acreedores, o bien, constituyen una transferencia de ingresos a los exportadores”.

El 1º de junio hubo un nuevo recorte del gasto. Así, el ministro de Hacienda junto a su par de Modernización, Andrés Ibarra, informaron de un “ahorro” de $ 20.000 millones en el Estado. Los funcionarios anunciaron que no habrá ingresos de personal en la Administración Pública durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad y dejarán sin efecto los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales a partir del 31 de diciembre. Bajo esta modalidad se estima que hay 7.000 personas contratadas y que serían desvinculadas a fin de año. También informaron que reducirán en un 30 % las horas extra, comidas y viáticos, un golpe al salario ya que muchos trabajadores estatales por las bajas remuneraciones trabajan más horas.

El veto presidencial al proyecto que limitaba los aumentos de las tarifas demostró que Cambiemos para cumplir las metas del FMI seguirá con la reducción de subsidios y los tarifazos.

El acuerdo incluye una “salvaguarda para ampliación del gasto social equivalente a 0,2 % del PBI”. Esta cláusula implica que pueden ampliar programas sociales. Migajas que acordaron el Fondo y el Gobierno ante la profundización del ajuste.

Para Néstor Pitrola del FIT-PO: “los U$S 55.600 millones de nuevo endeudamiento pactados con el FMI y los otros organismos multilaterales vienen a sostener un endeudamiento todavía mayor, puesto que el Tesoro recomprará las Lebacs en el mismo plazo de la deuda con esos organismos, emitiendo bonos del Estado por otros U$S 44.000 millones que constituyen el stock de Lebacs del Banco Central. Se trata de una escalada de deuda que coloca a la Argentina, si computamos las deudas provinciales, en un rango cercano al 100% de su PBI, en el próximo período.”

“La contrapartida de este colosal plan de endeudamiento y ajuste, es una nueva política devaluatoria hasta que el dólar encuentre su precio, puesto que fue condición del Fondo retirar de la pizarras la oferta de U$S 5.000 millones para dejar flotar el tipo de cambio.”

Por otro lado, continuó Pitrola, “se confirma el ajuste del gasto en $ 200.000 millones en el Presupuesto 2019, pero antes de eso, ya mismo, se libera el 2018 de toda meta inflacionaria lo que constituye una política consciente y deliberada de confiscación salarial vía inflación: pruebas al canto, el Presidente firmó un decreto que fija un techo de dos cuotas del 2,5%, esta vez por escrito, como adicional salarial. Objetivamente, es el fin de paritarias, puesto que se trata de un incremento por decreto, cuyo objetivo es la pérdida de por lo menos diez puntos salariales, respecto de una inflación que estará en el orden del 30%”.

Pitrola concluyó: “El ajustazo se completa con el corte de la obra pública de financiamiento estatal, el congelamiento de los salarios públicos, excluidos del 5% adicional, la reducción de transferencias a las provincias, los nuevos tarifazos de octubre que reflejarán la actual y futuras devaluaciones, la convalidación del robo de la movilidad declarada inconstitucional recientemente y el congelamiento de los planes sociales”.

Pusieron la fecha

Los directivos de la CGT pusieron la fecha al paro general para el próximo 25 de junio.  La conducción cegetista participó de una reunión en Casa Rosada con Nicolás Dujovne y Mario Quintana. En la misma, entregaron un petitorio en el que exigieron una ley que congele los despidos por 6 meses en los sectores público y privado, la reapertura de paritarias “sin ningún tipo de limitación”, que se exima del pago del impuesto a las ganancias el aguinaldo de julio para la cuarta categoría, la devolución “total y urgente” de los fondos correspondientes a las obras sociales sindicales y el “compromiso para que no exista modificación alguna sobre la actual Ley de Contrato de Trabajo”. Sin definiciones, quedaron en volver a verse las caras el martes cuando finalice el “cuarto intermedio”.

Mientras la cúpula de la CGT con mucha resistencia le puso fecha al paro nacional, Hugo Moyano paralizó las rutas ayer, con un paro total de camioneros. En medio del corte de la Autopista Buenos Aires-Cañuelas anunció: “El martes tenemos la audiencia con Fadeaac. Si no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado”.

La CTA Autónoma conducida por Pablo Micheli y la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, se sumaron al paro y movilización del  14 de junio, convocado por el gremio de Camioneros, con la participación también del gremio docente CTERA, que había convocado a una medida de fuerza con movilización. También estuvieron presentes los movimientos sociales, apoyando activamente la medida con ollas populares y movilización.

En tanto, el sector de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) que responde a Ricardo Peidro y al estatal Hugo Godoy también convocó este jueves a un paro nacional para el 19 de este mes, que incluirá movilizaciones, en rechazo de las políticas económicas oficiales y los topes salariales paritarios.

La Asociación Trabajadores del Estado rechazó la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para la paritaria 2018, que representa un aumento del 3% en julio, un 6% en agosto, y otro 6% en septiembre, más un bono no remunerativo de $ 2.000 a cobrar por única vez en junio, para los empleados públicos que cobren hasta $ 40.000.

“El salario promedio de un trabajador del Estado nacional es de $ 18.000 en mano, cuando una canasta básica mínima esta en el orden de los $ 28.000, por lo cual el aumento del 15% es claramente insuficiente y sigue llevando a la mayoría de los trabajadores del Estado a una situación de pobreza”, advirtió Pablo Spataro, integrante del Consejo Directivo Nacional del sindicato y del equipo paritario.

La cláusula de revisión se fijó para marzo de 2019. Según un comunicado emitido por la UPCN de Andrés Rodríguez, justificó esa cifra a cambio de frenar los despidos por 60 días y el bono extraordinario de $ 2.000 en junio.

Por su parte, los convocantes del Plenario Nacional de Trabajadores, que impulsa el sindicalismo combativo para el próximo 23 en el Microestadio de Lanús, realizaron el viernes al mediodía una conferencia de prensa con fuertes críticas al acuerdo del gobierno con el FMI y también a la CGT, por suspender el anuncio de una medida de fuerza.

Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA anunció la participación con una columna independiente en la convocatoria de la CTA del 14. Marcharon con las banderas del paro activo nacional, por un plan de lucha y contra el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI contra la clase obrera.

Finalmente la cúpula de la CGT le puso fecha al paro nacional, con mucha resistencia mientras los demás sectores agremiados se suman con sus propias columnas a las medidas de fuerza y movilización en unidad.

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Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: “Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución”.

Mientras tanto, el miércoles concretaron el envío de un proyecto al Senado, eliminando impuestos a los servicios que puedan estar cobrando provincias o municipios. Se llama “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”. Más de 13 provincias le respondieron que no cobraban ningún impuesto específico a los servicios, pero el oficialismo avanzó igual.

El proyecto presentado plantea para la luz, el agua y el gas que “las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado”. De esta forma anularía, de aprobarse, cualquier otro impuesto. Solo establece dos excepciones: IVA e Ingresos Brutos. Curiosamente, en las fundamentaciones de la ley, el macrismo sostiene que busca “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa” y tiene como objetivo “evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación”.

La gobernadora Vidal se adelantó al Proyecto y anunció “rebajas” como un gran gesto del Gobierno para “aliviar” los padecimientos de los bonaerenses. Más allá de ser insignificante por el escaso porcentaje que implican los descuentos en relación a las tarifas exorbitantes, además trascendió que se trata de impuestos que no se cobraron durante dos años por una medida judicial y que la administración de Vidal apeló para poder cobrárselo a los bonaerenses a partir de enero.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que ahora llegará a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.

Este incremento golpeará a las zonas del Gran Buenos Aires o Gran Córdoba donde todavía no hay red de gas natural y a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las que tampoco hay ese servicio.

Convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales, miles de personas marcharon el jueves 12 del Congreso al Obelisco y le reclamaron al gobierno nacional que suspenda por un año los aumentos en los servicios públicos y que se retrotraigan las tarifas a los valores de diciembre pasado.

“Lo de la Casa Rosada de hoy fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del 1.000 % mientras los salarios aumentaron el 67 %”, sumó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).

El documento de la Multisectorial contra el tarifazo leído en el Obelisco, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios “Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales”. El hit del verano (Andate Macri lpqtp) volvió a estallar en la multitud.

Conflicto docente

Con una gran adhesión de toda la comunidad educativa se desarrolló en la ciudad de Neuquén la “Marcha de los Guardapolvos” organizada por ATEN. Compuesta de dos columnas, una que salió desde el aeropuerto y la otra desde el Parque Industrial, y confluyeron en Casa de Gobierno.

Durante el extenso recorrido de las marchas, muchas escuelas se fueron sumando a las columnas, junto a padres y madres que quieren ver a sus hijos en las aulas, pero con docentes bien pagos, con edificios en condiciones y con partidas presupuestarias que garanticen una educación de calidad. El conflicto suma 25 días de huelga.

La “nueva” propuesta salarial que realizó el Gobierno de Vidal el viernes 13 consta de un aumento escalonado en tres cuotas, la primera del 5 % en enero, la segunda del 3 % en abril y un 2 % en junio, con una suma de $ 3.000 por presentismo. A diferencia de propuestas anteriores, esta vez el aumento del 10 % ofrecido es semestral, para volver a discutir nuevamente en julio.

Los gremios docentes anunciaron su rechazo y realizaron un paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles. La medida contó con la adhesión del 90 % de la docencia bonaerense.

Por otra parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los docentes a través de un programa de TV que digan de dónde recortar gastos para poder darles el aumento de salario a maestras, profesores, bibliotecarixs y preceptores. Estas son las 5 medidas sugeridas desde Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor:

1. Elimine los más de 20.000 millones que usted destina a subsidiar a la Iglesia y a las empresas de la enseñanza privada. Junto a eso: Usted y todos sus funcionarios políticos y legisladores deben dejar de enviar sus hijos a costosas escuelas privadas y los manden a la escuela pública.
2. Deje de pagar la deuda y a los bonistas extranjeros (solo en intereses su gobierno paga este año más de 28.000 millones).
3. Ponga un impuesto especial a las corporaciones, pooles de siembra, la banca, megamineras y especuladores de la Bolsa, no al salario que no es “ganancia”.
4. Que como gobernadora, todos sus ministros, funcionarios políticos y diputados ganen como una docente o que ganemos todxs como diputado.
5. Destine el aumento del 33% al 37% en la recaudación de impuestos para salarios, educación y salud. Lo mismo con los 40.000 millones de pesos extra que recibe este año por el Pacto Fiscal.

Movimientos populares piden que se destine el 25 % de la obra pública y compre social a cooperativas

En el marco de una jornada de reclamo para que no se cierren planes sociales y para que no se estigmatice a las y los trabajadores de la economía popular, se organizó una feria en la Plaza de los Congresos en la que se visibilizó la labor de todo un sector del pueblo que produce sus propias formas de sobrevivir en el marco del tarifazo y la inflación generalizada.

“Vinimos para expresarle al Congreso, a la opinión pública y al Gobierno que la economía popular trabaja, produce, organiza su forma de vida y que no somos vagos ni planeros. Generamos una forma de abordar la difícil situación que sucede en el territorio con los tarifazos, la inflación y aumentos de insumos”, expresó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Fueron más de 500 stands y puestos para mostrar la producción, charlas, promotores de salud, trabajo comunitario y social, cooperativas de viviendas que montaron réplicas de sus construcciones.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó en un comunicado: “Con el nuevo programa ´Hacemos Futuro´ el gobierno pretende eliminar los puestos de trabajo que se regían bajo el programa ´Ellas Hacen´ y ´Argentina Trabaja´, para transformarlos en capacitaciones. Pero desde hace un tiempo venimos denunciando que el achicamiento en presupuesto de educación, el cierre de cursos, la eliminación de sedes de FINES, las paritarias a la baja y el cesanteo a profesores, hacen imposible que el sistema educativo actual absorba a las miles de personas que cobran estos programas”.

El Frente Popular Darío Santillán, el FPDS Corriente Nacional, la Corriente Juana Azurduy, Surcos, el Movimiento Mulcs e Izquierda Latinoamericana Socialista agregaron que el Ministerio de Trabajo pretende eliminar los programas laborales que dependen de su cartera y de los cuales dependen miles de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

“No es momento de esperar. Es momento de organizar la bronca y salir a las calles para parar el ajuste del gobierno”, concluyó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Este 1° de mayo los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular marcharán desde Constitución hasta el Monumento al Trabajo. En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. Previamente, la dirigencia de los movimientos participará el 27 de abril de un acto en el microestadio de Ferro junto a las principales organizaciones sindicales para continuar enfrentando el ajuste y exigir trabajo digno para todos en unidad.

Continúa el conflicto en Carrefour

El rechazo de los trabajadores de Carrefour al acuerdo final que habían rubricado Armando Cavalieri, en la cartera a cargo de Jorge Triaca, con el responsable legal de Carrefour, abre un signo de interrogación sobre el futuro del entendimiento. Ahora, el Ministerio de Trabajo decidió habilitar la instancia de Conciliación Obligatoria por 15 días.
Desde Trabajo dijeron que el acuerdo, a pesar del descontento en los locales, sigue su curso hacia la homologación, y no se ve ni afectado ni interrumpido por la Conciliación Obligatoria. Sin embargo, el sábado mismo quedó demostrado que Cavalieri no logra garantizar el manejo de la paz social, algo que había firmado el viernes 13, por lo que se abre un interrogante sobre el futuro de la pactado.

“En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó el equipo jurídico de Ramón Muerza, secretario de Organización. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.

También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.

Además, los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.

Cargill recibe la solidaridad de ATE

Los trabajadores de Cargill de las plantas Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y Bahía Blanca iban a trabajar como todos los días y se encontraron con las puertas de las fábricas cerradas. La empresa decretó un nuevo Lock out alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes hasta el 30 de abril.

En las puertas de Cargill se hizo presente la solidaridad de los trabajadores de ATE. Allí el secretario general, Hugo Godoy, advirtió que en los últimos meses se registraron más de 4.000 despidos en distintas reparticiones del Estado.
“Hoy (23.4) se materializan 330 despidos en Agroindustria y hay nuevas amenazas en el Senasa y en el Inta”, advirtió Godoy, y recordó que la semana pasada hubo más de 200 despidos en la Dirección Nacional de Discapacidad. “Echan trabajadores y mientras tanto hay 100.000 pensiones por discapacidad paradas en los cajones de los funcionarios”.

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Este jueves santo nos acercamos a la plaza Godoy Cruz en Mendoza para charlar con Sebastián Henríquez, Secretario General del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que nuclea a la mayoría de las y los docentes de Mendoza.

-Si bien aún no se cumple un año de la recuperación del SUTE por las y los trabajadores de la educación, ¿Qué balance están haciendo?

-Creo que estamos a ocho meses ahora. Partamos de que cuando ganamos las elecciones, lo hicimos en un marco donde había mucho desprestigio del sindicato, el más alto en mucho años, asociado a lo que venía pasando en la provincia: el cambio de gobierno, el advenimiento del Ítem aula, dos decretos consecutivos de aumento salarial a la baja. La conducción anterior no tenía cómo generar apoyo y resulta un fracaso de su estrategia. Hasta ahí el sindicato había estado netamente subordinado a la connivencia con el gobierno de turno y eso se pagó muy caro.

Esta crisis propició la división de la anterior conducción (Lista celeste) en dos listas. En paralelo nosotros y nosotras veníamos desarrollando una política desde el SUTE Godoy Cruz, única seccional opositora, lo que nos valió mucha aceptación entre la docencia, demostrando que podíamos conducir y además gestionar. Muchas veces quedamos a la cabeza de los conflictos por la ausencia de la conducción provincial.

En definitiva ganamos por 52 votos sobre la segunda lista y 1000 sobre la tercera. Fue una recuperación del SUTE, con un gran ascenso nuestro, duplicamos nuestros votos y pasamos de dirigir una seccional a seis, de las cuales cinco son del gran Mendoza, corazón de la vida política de la provincia y de la mayor concentración de trabajadores y trabajadoras de la educación. Aún así nos encontramos conduciendo con 2/3 de las seccionales en manos de nuestros opositores.

Con todo lo que esto implica el balance es positivo, más allá de los acuerdos que tuvimos que construir con nuestros adversarios políticos, ya que en momentos de poca participación priman los aparatos. Tuvimos que lograr que nuestros adversarios no se volvieran a juntar, para que nuestras iniciativas puedan ir colándose mientras íbamos construyendo una base propia, más grande a partir del triunfo electoral.

De esta situación aparece como un antes y un después la última paritaria. La docencia hasta diciembre estuvo enmarcada en una situación extremadamente defensiva, donde conducir un sindicato como el SUTE, con 26 mil afiliados, no es solamente organizarte para salir a la calle, es conducir un aparato monstruoso de demandas, de presiones, que presta todo tipo de servicios. Tuvimos que ponernos al día con todo eso.

-Si algo a impactado mucho es el cambio comunicacional que el SUTE se ha venido dando, ya sea en redes, solicitadas en los diarios de mayor tiraje, publicidad televisiva, tus cartas abiertas al gobernador y una serie de cruces mediáticos.

-Eso tuvo que ver con algo que se venia planteando mucho en las escuelas. La sensación de impotencia de las docentes y celadores, cada vez que el gobernador o cualquiera sale a hablar de educación y nadie le contesta. Se instalan lugares comunes que luego derivaron en lo que es el Ítem Aula. Fue una victoria ideológica del gobierno, por años de desprestigio acumulados sobre la docencia. Hubo amplios sectores que aplaudieron el Ítem Aula Inclusive compañeros y compañeras no lo veían tan mal.

“Ítem Aula: Aparte del presentismo, la docencia mendocina tiene el Ítem aula, representa el 10% del salario y se pierde a la tercer falta sean justificadas médicamente o no, inclusive ante licencias médicas. Además este Ítem se pierde automáticamente con la participación en huelgas. Actualmente sigue la polémica judicial por la denuncia sobre su posible inconstitucionalidad y continúa la lucha del sindicato por su anulación“.

Entonces había que hacer un trabajo enorme de salir a protagonizar otro discurso, algo que el sindicalismo no había hecho, no solo desde lo provincial, también en el ámbito nacional; porque por ejemplo, cuando Cristina Fernández salió varias veces a hablar contra los docentes, el sindicato entonces nunca salió a confrontar ideológicamente ese discurso. Hoy es el mismo discurso que utiliza el gobernador Cornejo y Cambiemos a nivel nacional para avanzar contra nosotros y nosotras.

Entonces nuestro trabajo comunicacional fue salir, no solamente a contestar por honradez, sino para ver si podíamos empezar a ganar a la gente, a la opinión pública y a distintos sectores de la sociedad y a las y los trabajadores ganarlos a nuestra posición sobre cuáles son los motivos de la crisis educativa. Ahí sí, solicitadas, notas, columnas, empezamos a desarrollar videos, audios desde la voz del secretario general para tratar de generar un diálogo más directo para llegué a la escuela. Esta política comunicacional tuvo una bisagra con la campaña #MásParaEducación.

Pensamos que si íbamos a ir a la paritaria a discutir lo salarial estábamos muy complicados porque partíamos de que la mayoría de los gremios estatales ya habían cerrado el 15.7 en tres cuotas, ya en diciembre. Éramos los únicos que no habíamos cerrado. En ese nivel de soledad iba a ser muy difícil. Entonces dijimos, “no lo planteemos como un problema salarial, salgamos a discutir lo que está pasando en el sistema educativo”.

Encargamos un informe a un grupo de economía crítica, para ver cómo había sido la evolución del presupuesto educativo en la provincia de Mendoza y los datos que nos dieron fueron muy importantes.

Lo interesante de la campaña fue que logramos invertir la relación con el gobierno, que venía siendo siempre defensiva. Por primera vez salimos ofensivamente a plantear un tema que registró gran parte de la sociedad y tuvo que salir el gobernador en persona a intentar debatir los números que nosotros estábamos exhibiendo del presupuesto educativo, que es de ajuste y de achique. Logramos una consigna clara y sintética, buscando simplificar.

-Pareciera que existe como una especie de adormecimiento del dirigente sindical como representación social, si bien cumple un rol institucional, como interlocutor a perdido capacidad en la disputa de sentido ¿A qué crees que se debe esta crisis?

-Es una de las causas de la crisis del sindicalismo, acá en Mendoza es el corporativismo. Viste que los gobiernos plantean chicaneramente, “lo único que discuten los sindicatos son salarios” lo plantea este gobierno y lo planteaba el anterior, “discutamos los pibes, discutamos los resultados”, siempre nos corren con ese tema. Por eso nosotros entendimos que seguir en esa línea corporativa de discutir salario-inflación era condenarnos al ostracismo y a la derrota.

Nosotros como docentes, que no estamos en el sector productivo, no le hacemos perder millones a nadie. La clave del movimiento sindical docente es tener un buen vínculo con la comunidad. El sector productivo cuando llegan al paro, lo hacen desde otra correlación de fuerza. Nosotros paramos y el gobierno comienza a hacerte una campaña sistemática de hostigamiento a la comunidad y de desgaste. Entendimos que teníamos que salir de ese corporativismo y teníamos que salir nosotros y nosotras a protagonizar una discusión sobre la calidad educativa, sobre las causales de la crisis educativa, pasar a la ofensiva.

-En #MásParaEducación, la consigna pasó de estar dirigida al docente a estar dirigida a la escuela.

-Claro, empezamos a testearla un mes antes de la fecha de reunión paritaria, cuando aún las y los docentes no volvían a las escuelas. La idea era sacarla a la calle, salimos a los carnavales, hicimos conferencias de prensa, ir y hablar en la calle.

Obtuvimos bastante apoyo, porque también les dimos una consigna a esas personas, porque también están cansados. Así como puteaban a los docentes, si parábamos, también puteaban al gobierno cuando se cae la escuela a pedazos, si no hay clases porque no hay agua, por las cloacas. En Mendoza se pierden días de clases por esas cosas, no por días de paro. Se les dio una consigna para que se organicen con nosotros, algo más grande que pelear por nuestro salario.

Te tiro un dato. Una encuesta provincial que midió el conflicto docente en relación a la imagen del gobernador, dio que un tercio de los encuestado entendió que el conflicto fue salarial, otro tercio que fue por la mejora de la escuela pública y tercio que fue por ambas razones. Es decir 2/3 de los mendocinos entendieron lo que planteamos con la campaña.
Hubo un antes y un después en la docencia mendocina con la paritaria. Como acá está muy difícil la discusión del paro, propusimos movilizarnos una semana antes del inicio de clases y de paso mostrar que tenemos voluntad de diálogo. El 26F fue la movilización más grande en años.

“El 26F se estima que alrededor de 17 mil docentes de la provincia marcharon hacia la Casa de gobierno”

-¿Cómo se construyó tamaña movilización?

-Por supuesto la campaña fue fundamental, pero para explicar el apoyo de otros sectores me tengo que retrotraer a diciembre, a la lucha contra la reforma previsional.
Fue la primera experiencia de unidad del Nuevo SUTE, con otros sectores sindicales y jugamos un papel importante como articuladores de un espectro sindical de estatales con la CGT, que acá en Mendoza a veces se desmarca de la CGT a nivel nacional. Fue un primer ensayo de unidad de acción de todos los sectores opositores al gobierno a través de lo sindical. Ahí la columna del SUTE fue la más grande de la movilización. A nosotros mismos nos sorprendió y también tomó por sorpresa al resto del arco sindical. El 21 de febrero, fuimos a la concentración convocada por Moyano, marchamos bajo las banderas de #MásParaEducación y agitando el “26F yo marcho”.

Yo fui uno de los oradores por la CTA, ahí pude plantear que hasta ahora todas las movilizaciones habían sido contra Macri, pero en Mendoza, Macri es Cornejo y hay un solo conflicto abierto en la provincia contra Cornejo y es el docente, entonces todos los que están acá tienen una cita de honor el 26F. Sectores como la Corriente Federal recogieron el guante, convocaron y movilizaron, así como también varios sindicatos de la CGT, SADOP y FADIUNC.

Finalmente fracasó la paritaria y se repitió nuevamente el mecanismo del decreto para dar concluida la discusión.

-¿Cuánto tiempo más crees que va a continuar la prepotencia y el autoritarismo del gobierno de Cornejo?.

-Un desgaste tuvo, mismo en esta encuesta que mencionaba antes, dio que más de 2/3 de los mendocinos entendió que en realidad, el gobernador se puso en una cuestión de poder en relación a nosotros y nosotras, lo que jugó al final del día en la paritaria, por parte del gobernador, fue quién mandaba.

Nosotros ahora vamos a relanzar la campaña, llevándola a un nivel más organizador; le vamos a dar un objetivo concreto, un petitorio, por ejemplo, por el aumento de presupuesto que vamos a llevar al inicio del año legislativo en Mendoza, el 1ro de Mayo, día internacional de las y los trabajadores. Con ese petitorio vamos a convertir a cada escuela en un bunker de #MásParaEducación, vamos a organizar a la comunidad alrededor de un objetivo y preparar un acto de masas importante el 1ro de mayo. Empezar a preparar medidas de fuerza y posibilidad de paro, por la reapertura de la paritaria y nuestras exigencias no salariales.

-¿Porqué crees que hay tanto ensañamiento por parte del gobierno con los docentes y sus sindicatos?

-Gobierno nacional y el provincial están embarcados en una reforma educativa importante, el sindicalismo es un obstáculo para ello. Mendoza es uno de los laboratorios privilegiados, junto con la ciudad de Buenos Aires. La reforma a los institutos terciarios que está ocurriendo en CABA, en Jujuy, ahora nosotros vamos a entrar en conflicto con eso. Una de las provincias que va a ser de vanguardia en el ataque a la educación secundaria va a ser Mendoza.

Detrás del ataque al sindicalismo docente hay otra cosa, que es cómo se adapta el sistema educativo a las demandas del empresariado. Así como nosotros y nosotras planteamos la campaña #MásParaEducación a nivel de recursos, tenemos que completar la campaña con un esquema que contemple lo educativo-pedagógico, porque sino ahí también estamos todo el tiempo a la defensiva, que el gobierno viene con el “cambio”, “el futuro”. Frente a los obvios déficit y atrasos del sistema educativo y seguimos siempre respondiendo conservadoramente, entonces ahí tenemos una debilidad.

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El mismo día que el presidente anunciaba la baja en el índice de pobreza, distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en dos acciones distintas por el sostenimiento de planes sociales y políticas de empleo genuino.

El gobierno de Mauricio Macri quiso anunciar una buena noticia de su gestión de gobierno. El dato, en términos concretos, dice que 1.900.00 personas dejaron de ser pobres y 600.000 salieron de la línea de indigencia en el segundo semestre de 2017. De todas formas, un dato preocupante reflejado en La Nación, refiera a que aún “El 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres”.

¿Bajó la tasa de pobreza durante 2017? Sí.

¿Es comparable este 25,7% con el 32,2% de abril de 2016? No. Macri intenta disimular el salto que pegó cuando asumió.

¿Es comparable con 2015? Tampoco. Distintas series.

¿Es una baja sostenida? Los datos INDEC de 2018 sugieren que no.

— Alejandro Bercovich (@aleberco) March 28, 2018

El presidente señaló que crecieron el empleo registrado, la industria y los créditos pero lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras informales, “en negro”, o no registrados subieron del 33,6% al 34,2% (INDEC). Además, se refiere a que la desocupación bajó en general, pero para las mujeres aumentó del 8,4 al 8,7%. De esta forma se esconde la feminización de la pobreza.

Macri realizó el anuncio acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Entre las hipótesis, se la nombra como una posible candidata para la vicepresidencia en caso de que Cambiemos apueste a la triple reelección de Macri, Larreta y Vidal. También el ministro Jorge Triaca, de la cartera de Trabajo, acompañó la “buena noticia”; el gesto responde a la buena “performance” del ministro en el cierre de paritarias por debajo del 15%, como exige el gobierno.

Jornada de movilizaciones

Mientras el gobierno anunciaba el retroceso de la pobreza, dos movilizaciones se preparaban en el centro de la Ciudad para desmentir esas cifras y denunciar los anuncios, porque los recortes en las políticas sociales y asistenciales, como las medidas económicas implementadas por el gobierno, no solo no resuelven la pobreza sino que, por el contrario, se incrementan familias sin trabajo y la demanda en los comedores populares.
Dos semanas atrás, bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro”, distintas organizaciones sociales rechazaron la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referida a la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”.

“Sí al trabajo, no al ajuste”

En el día de ayer, se desarrollaron dos movilizaciones con un similar objetivo: denunciar las políticas del gobierno y reclamar por trabajo digno y genuino para los sectores populares.

Desde las 11 de la mañana, y convocada por el “Triunvirato Piquetero” (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se comenzaron a agrupar trabajadores y trabajadoras de la economía popular de toda la región metropolitana con el lema “Sí al trabajo, no al ajuste” para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Esta acción se replicó en las delegaciones en todo el país y como señalan las y los organizadores, en CABA fue acompañada “por representantes de la Juventud Sindical, ATE, CTA, SUTEBA, La Corriente Federal, AEFIP, Polo Obrero, MST, FPDS y FOL”, mostrando un importante arco de unidad en las calles con el objetivo de “exigir al gobierno que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país”.

El acto en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo contó con la participación y la palabra de todas las organizaciones presentes. Según expresó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP en el cierre, fue la primera vez que hay más voceras que voceros.

Entre las organizaciones que acompañaron la movilización y fueron parte del cierre, Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán saludo la jornada de lucha y advirtió que “vendrán muchas más si este gobierno sigue insistiendo en hacer oído sordos a los reclamos de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. “Hoy volvimos a salir a la calle en unidad, como debe de ser, para denunciar a este gobierno, y su modelo de ajuste” explicó y detalló que el gobierno busca “eliminar los Programas de Trabajo Autogestivo, cuando todos y todas sabemos que es una fuente laboral para miles de personas”. “Estamos convencidos que sin trabajo no hay futuro”, concluyó.

Castro, por su parte, en el cierre del acto denunció que “hoy el presidente Macri va a plantear que bajó 2 puntos la pobreza, no le creemos nada. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara”. Además adelantó que de no resolverse las situaciones denunciadas, en la segunda semana de abril se realizará una “jornada nacional de lucha” junto a las organizaciones sindicales.

No al recorte salarial. Apertura de los programas de trabajo

Aunque algunos medios de comunicación masiva intentaron instalar la idea del caos de tránsito en la ciudad, lo que aconteció es que no solo hubo demandas al gobierno nacional, sino que alrededor de 4 mil personas nucleadas en las organizaciones y cooperativas de trabajadores y trabajadoras precarizadas de la ciudad, llevaron adelante una intensa jornada contra las políticas del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Es así, que desde las 7.30 se desarrolló un corte parcial en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, convocado por MTR Votamos luchar, Movimiento Barrios de Pie, Frente Salvador Herrera y la Agrupación Germán Abdala de la CTA-A, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Movimiento Resistencia Popular, Agrupación Villera Piquetera y la Federación de Organizaciones de Bases (FOB), para visualizar la compleja situación que atraviesa el sector. Sebastián Zubizarreta, del FOL, aseguró que “Por tercer año consecutivo, el gobierno porteño pretende reducir los salarios de nuestros compañeros y compañeras de por sí precarios, que van de 4 mil a 8 mil pesos, es decir que además son salarios que están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Esto, en respuesta a la propuesta del 15% en cuotas para el sector, representando una suma muy insuficiente.

En ese marco, alrededor de las 11 hs. las organizaciones y las y los cooperativistas se movilizaron al Ministerio de Espacios Públicos para exigir la apertura de programas de trabajo, además de que “Se pueda cumplir la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires que desde su aprobación no llega a los barrios más humildes”, aseveró Zubizarreta.

Además, se entregó un petitorio con propuestas de trabajo, incluyendo ampliación de las cuadrillas de recolección de residuos, creación de puntos verdes, capacitaciones, entre otros puntos, con el fin de abrir mayores puestos de trabajo, además de abordar un tema complejo en los barrios más humildes en relación a los residuos.

Finalmente, Zubizarreta aseguró que “Rechazamos el discurso del gobierno de la ciudad que dice que ya no hay posibilidades de ampliarlos programas de trabajo, ya que es  el distrito con mayor presupuesto del país, donde no hay emergencia o dificultad presupuestaria y donde estamos hablando que se cumplan leyes existentes”.

El gobierno recibió las propuestas en lo que será, sin duda, una etapa más de un año complejo y de profundas exigencias por los sectores populares, cada vez más golpeados por el ajuste de Cambiemos.

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La multitudinaria movilización que tuvo lugar el miércoles pasado en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, terminó convertida en un revés político para el Gobierno.

Las miradas superficiales ubican los motivos del enfrentamiento en una pelea personal entre Hugo Moyano y Mauricio Macri que fueron aliados tácitos y tácticos hasta ayer nomás.

Sin embargo, el creciente deterioro de las condiciones de vida de las amplias mayorías fue uno de los motivos de fondo que habilitó el éxito de la movilización, pese a los límites impuestos por los convocantes. Otro, residió en las multitudinarias movilizaciones contra la reforma previsional a fines de diciembre pasado.

El palco montado sobre la 9 de Julio estuvo casi por completo raleado de integrantes del Consejo Directivo de la central sindical y, en cambio, plagado de dirigentes sociales, de las dos CTA y de gremios al margen de la conducción de la CGT como los de la Corriente Federal que orienta el bancario Sergio Palazzo. Aunque la masividad desprestigió a los burócratas aliados del Gobierno.

La política del histórico referente que representa a la tendencia más “vandorista” de la burocracia sindical fue golpear para negociar. Por eso evitó hablar de un paro.

Aislado por la CGT, Hugo Moyano recuperó el miércoles el cetro de sindicalista más influyente del país y se puso al frente de una nueva apuesta, orientada a encolumnar a todo el gremialismo disidente y también, con vistas a 2019, al peronismo opositor al Gobierno nacional, apuntando a recrear al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) de mediados de los ‘90, cuando se constituyó en eje del gremialismo que rivalizó con Carlos Menem.

No obstante, aquella experiencia tuvo mayor volumen sindical ya que acompañaban a Moyano los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor, entre otras organizaciones de peso, pero la actual presenta la presencia de movimientos sociales como la CTEP.

Otra novedad, que no estaba presente en la experiencia noventista de Moyano, es la aparición de expresiones políticas como La Cámpora y de parte del peronismo bonaerense.

Así planteado el gremialismo se encamina a dividirse en dos expresiones: de un lado, los “gordos” de los grandes sindicatos de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el Ejecutivo, que buscarán recuperar para sí la CGT y la habitualidad de la negociación con Macri en tópicos tradicionales como los fondos de las obras sociales. En ese grupo abrevarán necesariamente las oficialistas 62 Organizaciones y el Movimiento de Acción Sindical. Del otro quedarán Moyano, las dos CTA (con aspiraciones de mínima de unificarse, y de máxima de fusionarse con el camionero y sus aliados) y los grupos sociales mayoritarios.

En ese contexto, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, llamó a construir una nueva central sindical que unifique a los movimientos gremiales y sociales “en una sola estructura orgánica” que confronte con las políticas del gobierno.

Por el contrario, para Néstor Pitrola del Partido Obrero: “El discurso del veterano jefe camionero fue defensivo y vacío. Ausente de toda perspectiva de futuro para el conjunto del movimiento obrero, no fijó continuidad alguna, no estableció un programa para enfrentar el ajuste, para defender las luchas contra los despidos o por las paritarias y estuvo muy lejos de denunciar la reforma laboral como el eje ordenador de la ofensiva de Macri, los gobernadores y las patronales”.

De forma independiente de las cúpulas burocráticas de los sindicatos participó una numerosa columna de trabajadores en lucha, la izquierda y el sindicalismo combativo, que había sido votada el pasado sábado 17 en el Encuentro Nacional de Trabajadores en Lucha convocado por la asamblea del Hospital Posadas.

Reclaman los movimientos sociales

Entre las discusiones paritarias que calientan el comienzo del año, tienen su propio capítulo las cooperativas que trabajan para la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en el marco del convenio de Servidores Urbanos. Los trabajadores exigen un aumento del monto de 5.000 pesos, que perciben mensualmente por sus servicios, y que no se modifica desde hace un año y medio.

Son más de 500 cooperativistas -la mayoría nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- que trabajan realizando tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos, plazas y escuelas, desmalezamiento, transporte de residuos, control y ordenamiento de basurales, entre otras.

Trabajadores cooperativistas que prestan servicio a la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron el lunes hasta las puertas del Ministerio de Espacios Públicos porteño para solicitar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta abrir la discusión paritaria para el sector y la creación de más puestos de trabajo. “La canasta básica familiar en Capital Federal ya superó los $17.000. Los que trabajamos en las cooperativas del Gobierno de la Ciudad cobramos salarios por debajo de la línea de indigencia, y venimos exigiendo una urgente recomposición salarial”, reclamaron en un comunicado. Tras la reunión, se abrió una mesa de trabajo y el Ministerio se comprometió a recibirlos nuevamente en una semana para seguir discutiendo.

Los alrededor de 400.000 beneficiarios de los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen” serán sometidos a una auditoría para evaluar su nivel educativo con el propósito de transformar esos programas en nuevos proyectos de capacitación. Los mismos pasarían a denominarse “Hacemos Futuro” y buscarán cubrir la educación formal obligatoria y la “formación integral”, presumiblemente asociada a capacitaciones en oficios y técnicas.

En los hechos esa transformación implicaría la disolución de las unidades ejecutoras vinculadas a los programas vigentes que están bajo el control de las organizaciones sociales. Las mismas cumplen el papel de administrar las cooperativas de trabajo que integran los beneficiarios de los planes y que realizan diferentes tareas, muchas de ellas a través de cuadrillas que reemplazan al personal municipal bajo convenio. Las unidades ejecutoras administran presupuestos para comprar insumos y herramientas de trabajo y destinan parte de esos fondos para su propio funcionamiento.

Si bien la Ministra Stanley lo desmintió, para las organizaciones se trata de “una respuesta por la participación masiva en la movilización del 21 de febrero” tal como lo señaló Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Barrios de Pie.

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El pasado 6 de diciembre, alrededor de 80 mil trabajadores y trabajadoras pertenecientes la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a un sector de la CTA Autónoma, partidos de izquierda y movimientos sociales se concentraron en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral y a la Ley de responsabilidad fiscal que pretende introducir el Gobierno de Mauricio Macri.

Los gremios que se unieron a esta manifestación fueron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), docentes universitarios enrolados en la Conadu Histórica, Barrios de Pie, CICOP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Ademys, Aceiteros, Trabajadores del Cuero, AAPM, Fesprosa, UCRA, AGD-UBA, Sipreba y SUTNA.

Previo a la protesta, ATE difundió un documento para dejar asentado los motivos de la manifestación: “rechazo a las reformas laboral, previsional y los pactos fiscales de las provincias que este Gobierno quiere implementar en contra de los trabajadores”. Además, el “repudio a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”. Finalmente exigieron: “basta de precarización, cese de despidos e incorporación inmediata y 82 % móvil para los jubilados”.

Por su parte, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la CTA-A, una multitudinaria marcha atravesó Rosario. Fueron cerca de diez cuadras de columnas gremiales, organizaciones sociales y políticas donde miles de trabajadores y trabajadoras de diversos gremios del sector público y privado llenaron de protesta las calles.

Se expresó el pedido de justicia para Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, a la vez que se ratificó el apoyo a las demandas de los desocupados y la solidaridad con los despedidos de Clínica Gomara de Villa Gobernador Gálvez y los jaboneros de Unilever.

“Esta movilización demuestra que en Rosario hay un movimiento obrero que construye unidad no en las palabras sino en la práctica, que construye rebeldía que impugna una reforma regresiva que atentará contra los derechos del pueblo argentino”, expresó Gustavo Terés, Secretario General de la CTA-A Rosario y Amsafe local.

Adrián Dávalos, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario aseguró: “Hay un paro de 24 horas de la Federación Aceitera y se están movilizando en todos los lugares del país contra el ajuste de este gobierno que va por todo, contra los bolsillos de todos los trabajadores a favor de los ricos”. Los aceiteros sumaron además su denuncia por la falta de certificación de autoridades del sindicato y la federación, que dificulta lo relativo a la obra social y las prestaciones de salud, además de resultar una actitud injustificable por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación ante procesos electorales con lista única y sin impugnaciones.

También hubo movilizaciones en Tucumán, Córdoba, Salta y Chubut.

Ataque a la organización sindical

A comienzos de noviembre se conoció la noticia de que el Gobierno tenía en mente dar de baja entre 600 y 800 sindicatos. Finalmente, en paralelo con la marcha de ATE, CTA y piqueteros a Congreso-Plaza de Mayo, se supo que el plan del Ministerio de Trabajo se propone hacer desaparecer 552 gremios.

El argumento del Ejecutivo para tomar esta medida, que fue publicada en el Boletín Oficial del jueves, es que dichos sindicatos no cumplirían con los requisitos previstos en la Ley de Asociaciones Gremiales, 23.551.

“Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de tres años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551”, sostiene la disposición de la cartera conducida por Jorge Triaca.

La decisión fue ordenada directamente por el presidente Mauricio Macri. “Hay 3.000 sindicatos en el país” aseguró. En la cosmovisión que trata de instaurar Cambiemos, la cantidad de sindicatos o cualquier otra forma de organización de los trabajadores, es un elemento que atenta contra el desarrollo de la “Argentina del futuro”, así como un palo en la rueda para los consensos y acuerdos tan necesarios para construir la “Argentina del diálogo”.

La decisión de eliminar estas organizaciones, constituye un enorme favor a la dirigencia de los sindicatos más importantes, partícipes necesarios para que la agenda oficial de contrarreformas siga adelante. El Gobierno paga los favores a los burócratas amigos con este tipo de ataque.

Algunas de las asociaciones que serán excluidas son los Trabajadores del Trote; Sindicato de Trabajadores Jaboneros Santa Fe; Sindicato de Energía Atómica; Sindicato de Músicos y Artistas de Chaco; Asociación obreros y empleados de Maltería Hudson; Sindicato de Turf Córdoba; Profesionales del Instituto de Microbiología; Municipales de Brinkmann; Docentes del Pellegrini; Municipales de Tupungato; Guardavidas de Buenos Aires y Músicos de Paraná.

Para avanzar en su plan de ajuste y contrarreformas, el oficialismo debe contar con el gigantesco favor de la dirigencia gremial y, por otro lado, cercenar el poder de fuego de los sindicatos.

A poco de asumir el poder, Cambiemos sentó las bases fundamentales para el sostenimiento de la tregua que sabía que iba a necesitar, otorgando a la dirigencia de los sindicatos los fondos de las obras sociales, nada más y nada menos que $ 2.704 millones, sumados a $ 30.000 millones en bonos. Semejante favor fue devuelto con creces. Los tarifazos, los despidos, el “achicamiento” y reducción de personal en el Estado, entre otros ataques, fueron las primeras medidas que la CGT dejó pasar sin más que amenazas, amagues de paro y medidas de lucha. En la relación entre Cambiemos y la CGT siempre primó el “diálogo”.

Sin embargo, ante la bronca y el descontento popular que se expresaba entre las bases, la cúpula sindical tuvo que tomar algunas medidas para amainar la situación. Tal bronca y la crisis de la CGT se expresó en la movilización que convocó el 7 de marzo. En el palco de la CGT aquel día, volaron piñas y hasta el atril con la sigla de la organización fue removido de su lugar. Los dirigentes de la Central tuvieron que escuchar el reclamo de paro general.

Finalmente, la conducción de la CGT tuvo que llamar a un paro nacional que se llevó adelante el 6 de abril. Ninguna de estas medidas tuvo continuidad ni formó parte de un plan de lucha serio, sino que se realizaron con la intención de, como la misma CGT aseguró, descomprimir la situación.

En tiempos de ajuste y represión, tal como se ha presentado la situación en los últimos meses, el mayor cercenamiento a la libertad de organización obrera es una tarea de primer orden para el Gobierno y los dirigentes gremiales traidores, que bregan por sus propios privilegios y los intereses de los empresarios.

Desde el Sitraic se opusieron a la medida y advirtieron que “la burocracia sindical, las Cámaras patronales y el Gobierno han cerrado filas en defensa de la Ley 23.551, llamada también Ley de Asociaciones Sindicales”. Y agregaron: “El desarrollo de sindicatos simplemente inscriptos como el Subte, la AGD, el Sipreba, Ademys y los sindicatos azucareros, entre otros, son realidades sindicales que han venido para quedarse en la historia del movimiento obrero”.

Nueva represión a trabajadores neuquinos

La CTA de la provincia de Neuquén anunció el llamado a un paro provincial para este lunes. Es en repudio a la represión que tuvo lugar en la mañana del viernes contra los trabajadores de la maderera MAM y quienes los acompañaban en su reclamo.

La represión incluyó balas de gomas y dejó múltiples heridos. Entre los mismos estuvo el diputado provincial por el PTS-FIT Raúl Godoy. Al mismo lo balearon y le quebraron el peroné.

Las muestras de repudio a la represión y la solidaridad en la provincia y todo el país se hicieron oír.

Además, las y los trabajadores resolvieron acampar hasta el lunes en la puerta de la maderera en función de evitar que retiren las máquinas. El domingo participaron de la Marcha de la Resistencia, junto a la Madres.

El paro del lunes incluirá una movilización donde participarán todos los sindicatos estatales, ceramistas, docentes, obreras textiles, centros de estudiantes, partidos de izquierda y organizaciones sociales. Concentrarán a las 10:00 en el Monumento y marcharán a Casa de Gobierno.

“Soy Raúl Godoy, obrero de Zanón y diputado del PTS en el Frente de Izquierda en Neuquén quiero agradecerles a todos los compañeros y las compañeras, a todos los amigos y las amigas, a todas las organizaciones que se solidarizaron a lo largo de estas horas. Fui herido por un disparo de un escopetazo, por la espalda, por parte de uno de los grupos especiales de la Policía de Neuquén en el marco de un desalojo violento a los obreros de la maderera MAM. Una fábrica que hace cuatro, cinco meses está en lucha por la reapertura. Son cien familias que están perdiendo sus puestos de trabajo, la falta de respuesta y dilaciones por parte del Gobierno tienen a estas familias en la calle pasando hambre. Y hoy les mandaron un desalojo violento.

Queremos denunciar esta escalada represiva, en el marco también de lo que fue la represión a los trabajadores y las trabajadoras de ATE Salud la semana pasada. Como la estigmatización y militarización que hay contra los pueblos originarios, que los tiene en un virtual estado de sitio. La desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel por la espalda, nosotros siempre denunciamos que esta estigmatización y criminalización contra el pueblo mapuche no era solo contra ellos sino que es contra todo el pueblo trabajador.

Están queriendo generar un enemigo interno para, como dijo la ministra Bullrich, pasar por encima de la justicia, usar la figura de flagrancia y primero disparar y después preguntar. Todas las últimas actuaciones de las fuerzas de seguridad lo demuestran, incluso sin orden judicial para muchos procedimientos de desalojo. Estas acciones tienen ese carácter, amparado y fomentado desde Patricia Bullrich, Pablo Nocetti y todos los gobiernos provinciales que aplican estos planes de ajuste”.

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