Por Francisco Cantamutto / Fotos: ANRed

Entre los tantos aspectos que se discuten hoy en día en torno a la economía a nivel global está el problema de las deudas que, según el Instituto Internacional de Finanzas, triplican el PBI mundial. En particular, según lo revisó el FMI en un informe reciente, la deuda de los Estados alcanzó al PBI mundial. Esto significa que hay una gigantesca maquinaria funcionando que redistribuye la producción del mundo en favor de los acreedores.

Esto ha generado la interpretación de que la salida de la crisis de la pandemia va a arrastrar durante muchos años el problema de los pagos de la deuda. Aunque no se vea una cesación de pagos generalizada, y en la medida en que los Estados tengan que estar pagando los intereses y servicios de la deuda, van a contar con menos recursos para poder lidiar con las necesidades de invertir en garantizar los derechos de la población.

A nivel internacional, a lo largo de la pandemia, el FMI puso alrededor del 12% de su capacidad prestable a disposición para 87 países. En total, les prestó aproximadamente el doble de lo que puso a disposición para la Argentina de Cambiemos en el 2018. Ciertamente, no parece una gran cifra. Al mismo tiempo, ofreció alivio de deudas, es decir, condonación de deuda a 29 países muy pobres y endeudados. A esos países se les perdonó deuda por poco más de 700 millones de dólares, una cifra que no tiene ningún peso en la economía global.

¿Qué más hizo el FMI en la pandemia? Recientemente creo un fondo para financiar vacunas y algunos otros gastos ligados a la cuestión sanitaria. ¿Cuánto puso a disposición para este fondo? 50 mil millones de dólares, que es un poco menos que lo que le habilitó a la Argentina de Cambiemos en 2018. Además de esto, en coordinación con el Banco Mundial y el G20, creó una iniciativa de suspensión de los servicios de la deuda durante unos meses para generar el espacio fiscal a los Estados. 73 países del mundo podían entrar a esta iniciativa que fue prorrogada en varias ocasiones y actualmente está vigente hasta finales de este año.

De los 73 países, solamente 46 aceptaron entrar a la iniciativa ante la urgencia de dejar de pagar parte de estos fondos. ¿Por qué no todos aceptaron esta alternativa? Básicamente, porque no contemplaba al conjunto de los acreedores oficiales. Por ejemplo, no estaba coordinada la acción con China, que es el principal Estado prestamista a nivel mundial, pero tampoco contemplaba al funcionamiento del mercado financiero internacional. En la medida en que un país declaraba tener problemas financieros para pagar la deuda, las agencias de riesgo le bajaban la calificación y esto hacía que le resultara más caro tomar crédito en el mercado internacional. Es decir, a cualquier país de ingresos medianos llegar a declarar que tenía problemas financieros para entrar en esta iniciativa le podía crear más problemas que soluciones, de manera tal que muchos no recurrieron a esta iniciativa a pesar de necesitar aprovecharla.

Desde diferentes foros multilaterales y organismos se han planteado estas mismas críticas: la falta de contemplación de países de ingresos medios; la falta de un horizonte en la suspensión de servicios de un plazo largo que no sea prorrateado cada pocos meses; la falta de alivios reales de deuda para países fuera de un núcleo reducido de países pobres, pequeños y muy endeudados; la falta de consideración a los sobrecargos que se le imputan a los países por pedir prestado por encima de su cuota, algo que afecta en particular a la Argentina. El informe 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la agencia de la ONU destinada al análisis de los procesos de desarrollo, ya aclaraba estas mismas críticas, sugiriendo la creación de una agencia calificadora de riesgo a nivel internacional.

En este marco general, la iniciativa más fuerte del FMI para lidiar con la pandemia fue la aprobación, en agosto, de la emisión de los Derechos Especiales de Giro, que vendría a ser la moneda de reserva del FMI, solventada por las monedas fuertes que garantizan el sistema financiero internacional.

La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 650 mil millones de dólares, la más grande de la historia del Fondo, se repartió según la participación accionaria de los países que son parte del mismo. De esta manera, un grupo de 40 países desarrollados recibieron dos terceras partes de la emisión. Muchos de estos países ya habían hecho sus propias emisiones en dólares y en euros y no necesitaban de los derechos especiales de giro y así lo hicieron saber. Es decir, la mayor parte de este paquete fue a países que declaraban no necesitarlo. El restante tercio se repartió entre 150 países de ingresos medios, medios bajos y bajos, quienes sí estaban requiriendo gran parte de estos derechos. De manera que esta emisión para proveer liquidez no se destinó prioritariamente a aquellos países que más la necesitaban.

Entre esos países está la Argentina, que tiene el 0,67% del capital accionario del FMI y recibió una cuota de derechos especiales de giro equivalente a eso: cerca de 4.334 millones de dólares. Estos derechos que llegaron por una ventana en septiembre, y empezaron a irse por la otra ventana para pagarle al propio FMI. De hecho, en la misma semana en que Alberto Fernández hablaba de “deudicidio” ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se le pagaba al FMI un primer vencimiento por unos 1.880 millones de dólares. Se prevén otros dos pagos más antes de fin de año, que consumirían prácticamente todo lo que resta de esos Derechos Especiales de Giro recibidos. A pesar de que el Fondo dice que los derechos especiales entregados pueden ser usados libremente, al mismo tiempo demanda cobrar, obligando a la Argentina a hacer un malabar contable para devolverle lo que recibió apenas días atrás.

En este marco de contradicciones, el presidente Alberto Fernández declaró en su discurso en la ONU la existencia de una suerte de “deudicidio”. A buena hora que se reconoce la situación que  está atravesando no solo la Argentina, sino un conjunto de países de todo el mundo. En esa idea de “deudicidio” se contienen varias más, que forman parte una discusión más amplia y generalizada: la necesidad de una agencia calificadora multilateral, la necesidad de contemplar los problemas de países de ingresos medios, de ampliar en plazos y alcances las iniciativas de suspensión de los pagos y de alivio de la deuda.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández pidió que se tuvieran en cuenta los principios rectores aprobados en la propia ONU sobre la reestructuración de deudas soberanas. Estos ponen sobre la mesa la necesidad de contemplar los derechos humanos en la reestructuración, que sea compatible con la realización de nuestras condiciones de vida. En ese sentido, lo que hay presente es un llamado a reconstruir la institucionalidad vigente, de acuerdo al tono del discurso.

La última de las propuestas que hizo el Presidente tuvo que ver con considerar un posible canje de deuda por Acción Climática, algo que viene impulsando en distintos foros de manera sistemática la Argentina. Sobre esta última idea aún faltan precisiones, no solo en el discurso, sino en el debate general. En principio, aprovechando el acuerdo sobre la crisis climática vigente, el gobierno argentino estaría proponiendo realizar alguna especie de canje de los títulos de deuda o las acreencias en general por inversiones en materia de mitigación o adaptación al cambio climático.

En ese caso, los acreedores deberían aceptar financiar en parte estas inversiones, para lo cual algún tipo de prerrogativa estarían exigiendo. Quizás el antecedente más cercano para pensar este paralelo, según nos propuso la investigadora y docente Karina Forcinito, es las negociaciones que tuvieron lugar en lo que terminó siendo el Plan Brady. En esa oportunidad se les reconoció a los bonistas a valor nominal una deuda que tenía bajo valor real en el mercado y la posibilidad de ser canjeada por capital accionario en las privatizaciones. De todas maneras, sobre este aspecto faltan precisiones para elaborar.

Lo que es llamativo, que se mencionó en la Asamblea General de la ONU, tiene que ver con que no fue la Argentina sola quien se pronunció en relación a estos problemas. Al menos España, Colombia, Bolivia, Sri Lanka, México y Togo, son algunas de los países que se pronunciaron en favor de alguno de los aspectos señalados en el mismo discurso de Alberto Fernández, explicitando que se trata de un problema general el de la deuda. En un sentido semejante se expresó Antonio Guterres, Secretario General de la UNCTAD, en la 15ª apertura de sesiones del organismo. Concretamente, enfatizó la necesidad de redistribuir los DEG emitidos, ampliar las iniciativas de suspensión de pagos, así como los alivios de deuda, e involucrar a los acreedores privados en la solución.

Una alternativa que no ha sido explorada hasta el momento, al menos no en la diplomacia explícita, ha sido justamente reunirse con aquellos países que son deudores en el mundo y que requieren de soluciones coordinadas. La sola posibilidad de confluencia de países deudores es una amenaza fuerte que a  los acreedores en general no les resulta para nada gratificante. De hecho, en gran medida, este fue el resultado de las confluencias del consenso de Cartagena, del cual participó activamente Argentina durante la década de los 80. En aquel entonces, sin llegar a proponer un club de deudores, se propuso tener un marco común de negociación. Este solo hecho encendió todas las luces de alarma de los Estados y los acreedores privados, obligando o forzando a acelerar las tratativas antes que tener negociaciones coordinadas.

En aquel entonces, ese rol lo asumió el FMI bajo los preceptos de las ideas neoliberales, forzando a las reformas estructurales que conocimos. La idea de coordinar un club de países deudores, intercambiando información técnica, conocimientos, estrategias de negociación y, por qué no, la amenaza de cesación de pago coordinada, pondría a los acreedores realmente contra las cuerdas. Es una oportunidad única que la Argentina no está explorando.

La Argentina necesita enfatizar como estrategias de apalancamiento político tanto la cercanía con otros países deudores como la movilización social. Si la discusión queda reducida a un problema técnico, va a ser siempre bajo las reglas del Fondo y de los países acreedores. La movilización social podría ser una estrategia política de presión. Ese es un camino que debería, en lugar de denostarse, ponerse sobre la mesa de manera urgente, discutiendo la posibilidad de tener una quita con el Fondo, algo que no está prohibido en los estatutos y sobre lo cual no hay ningún privilegio real que pueda alegar el FMI.

No está de más insistir una vez más que la negociación de un nuevo acuerdo implica validar una operación ilegítima, cuestionada en su legalidad y en su carácter político. Por eso, desde la Autoconvocatoria con el Pago de la Deuda se insiste en que se detengan los pagos e investigue.

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Por Vivian Palmbaum

La provincia de Chubut vive una crisis económica que parece lejos de solucionarse. El gobernador provincial, continuador de Das Neves, ganó las últimas elecciones con promesas de mejorar una situación que mantiene en vilo a quienes habitan una de las provincias con mayores recursos.

El 14 de septiembre pasado, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) emitió un comunicado titulado ¿Mineras o verdadera democracia? en el cual advertía sobre la reactivación del proyecto minero “Navidad”.

Los medios de prensa pusieron en evidencia que el gobernador Arcioni se apresta a habilitar los proyectos mineros metalíferos, eludiendo la ley que específicamente prohíbe la minería a cielo abierto y contaminante. En el comunicado las asambleas denunciaron que se intenta sortear la ley con el Decreto N°185/2009 y advirtieron sobre una operatoria que resulta inconstitucional. Según revela un reporte de la minera canadiense Panamerican Silver, se reconoce que la explotación se hará de manera convencional, es decir, a cielo abierto, lo cual es sumamente contaminante.

Los proyectos avanzan sobre la meseta central, territorio ancestral mapuche-tehuelche. En el comunicado se pone énfasis en la violación explícita del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido por nuestro país, que establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios que habitan la región.

Pan American Silver, Yamana Gold, Latin Metals, junto al grupo Elsztain, también operador del grupo IRSA, son algunos de los poderosos nombres que están ligados a las explotaciones de la región, entre las que se encuentra la minería extractiva.

Asambleas ciudadanas

La provincia de Chubut es pionera en la lucha contra la instalación de la minería a cielo abierto. Las asambleas como No a la Mina, en Esquel, impulsaron el freno a la megaminería en las cercanías de esa localidad.  A lo largo y ancho de la provincia se conformaron asambleas que se organizan para resistir el avance del extractivismo minero y consensuar propuestas que protejan la vida en todas sus formas. Así se fueron conformando asambleas ciudadanas en muchas ciudades y pueblos de Chubut.

El día 4 de cada mes marchan para recordar la iniciativa que consiguió frenar la minería y seguir organizándose para resistir. Hace pocos días fue el turno de la localidad de Gan Gan, en la meseta chubutense. Allí nuevamente se expresaron en defensa del agua y del territorio y explicaron que la Pan American Silver busca persuadir a las y los vecinos con la entrega de alimentos y útiles escolares.

Las asambleas ciudadanas de la provincia, integradas por vecinos, vecinas y organizaciones sociales, vienen reuniendo miles de firmas que respaldan la Segunda Iniciativa Popular, la cual impulsa una ley “que prohíba específicamente la minería metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia tóxica o peligrosa en toda la provincia”.

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UACCH) muestran cifras bastante elocuentes: en la provincia viven unxs 560.000 habitantes, solo hay un rio, hay 135 proyectos mineros y más de 45.000 km2 concesionados.

El extractivismo minero, bajo la promesa del desarrollo, esconde la destrucción de los recursos naturales, el envenenamiento y el desecho de miles de litros de agua y la destrucción del medioambiente. Hace pocos días así lo expresó en una carta pública el cura salesiano, el Padre Tono: “si la megaminería comienza a contaminar el subsuelo, nos quita la única posibilidad de agua para vivir. La megaminería como estrategia de desarrollo para la meseta central norte, una de las más postergadas de la Patagonia, es un mito y una mentira. No crea trabajo local y sustentable”. Tal como señala en el comunicado, el acuífero Sacanana es un bien común no renovable, “es el alimento de nuestros cuerpos”.

Las asambleas ciudadanas de Chubut advierten que la grave crisis económica que vive la provincia parece ser el argumento que justifique la necesidad de los proyectos de la megaminería contaminante. En la provincia que tiene uno de los mayores recursos en explotación de hidrocarburos en el país, no se cumple con el pago de sueldos a las y los empleados públicos de distintas ramas.

Historia de una traición

El 23 de marzo de 2003 se realizó en Esquel el primer plebiscito de la Argentina donde el 81% de las y los votantes decidió rechazar la megaminería en las afueras de la ciudad. Unos meses después fue sancionada la Ley N° 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto en toda la provincia. La ley aprobada no respetó el mandato popular y dejó abierta la posibilidad de impulsar otros proyectos mineros. Por eso desde el año 2012 las asambleas ciudadanas promueven la modificación de la legislación a través de una Segunda Iniciativa Popular, respaldada por miles de firmas de habitantes de la provincia, para ampliar la protección ambiental en el territorio de Chubut.

Los proyectos mineros avanzan sobre la meseta chubutense. Estas iniciativas, alentadas por el gobierno de Mauricio Macri, hoy son continuadas. El presidente Alberto Fernández, a poco de asumir, afirmó que la “minería es un tema primordial” y destacó que “logramos que en la meseta de Chubut se puedan explotar oro y plata”.

También la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) hizo notar que los proyectos “Suyai”, de oro y plata, y “Navidad”, de plata y plomo, están en vigencia. Se suman otros proyectos como la Mina Ángela de reciente adquisición por parte de Latin Metals Inc., compuesta por 44 concesiones mineras individuales sobre un territorio de unos 200 km2.

En la reciente publicación de Panorama Minero se confirma la asociación entre Yemana Gold y el Grupo Elsztain para la explotación del proyecto Suyai.

Las mineras parecen no resignarse a la prohibición de la megaminería que existe en Chubut, tal como se ve en el rico triangulo donde se ubican los proyectos Patagonia y Suyai, reservas de minerales de oro, plata y plomo. Acuerdos con corporaciones gigantes para la explotación de minerales a cielo abierto que están alentados desde el ejecutivo provincial, a cargo de Arcioni, y desde la Secretaría de Minería a cargo de Alberto Hensel.

Las corporaciones, en alianza con el poder político, presentan a la megaminería como la única salida posible frente a la profunda crisis económica y social que atraviesa la provincia. Las asambleas ciudadanas, lejos de quedarse en las denuncias, impulsan la organización y actividades que permitan resistir y promover una ley justa para el territorio y sus habitantes que tenga como prioridad el respeto a la vida.

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Por Pedro Cataldi* | Fotos de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

Sin derechos laborales elementales y con salarios arañando la línea de pobreza, se profundiza el ajuste en el sector científico, donde también trabajadorxs administrativxs e investigadorxs han comenzado a organizarse e impulsar medidas frente a la crisis sanitaria y económica.

La nueva etapa de la pandemia y la función social de la ciencia

El próximo 2 de agosto la Argentina entrará en una fase de apertura que dará por terminada la cuarentena y el ASPO, decretado en marzo pasado. Tras 135 días de distanciamiento social, y con una tasa promedio que no baja de 6000 contagios por día, el gobierno nacional y las administraciones provinciales realizan un giro de 180 grados respecto a la postura anterior de “quedate en casa”. Es esperable que la vuelta al trabajo de manera masiva, el uso del transporte público y el aumento de la circulación conllevarán nuevos contingentes de enfermos y enfermas y un aumento de las muertes en suelo argentino, en vistas de un virus del cual conocemos poco pero cuyas consecuencias se replican en el mundo entero. Durante estos meses, algo quedó claro: la apertura indiscriminada sin un tratamiento eficiente o vacuna implica un aumento de los casos de contagio y las muertes. 

En este contexto, la ciencia pasó a tener un rol primordial, al permitir predecir las consecuencias de nuestras acciones y evaluar los efectos del virus en los ámbitos laborales y los hogares. Asimismo, gran parte del esfuerzo actual de cientificxs y personal de salud está centrado en descubrir una futura vacuna y lograr un mejor tratamiento. Resulta entendible, entonces, que, en el medio de una crisis humanitaria y sanitaria excepcional, el discurso científico haya calado hondo en los medios, la opinión pública y los gobiernos de todo el mundo.

¿Gobierno de científicxs?

Así se autodenominó desde el primer día el gobierno encabezado por Alberto Fernández. En efecto, al menos una veintena de investigadores e investigadoras del CONICET integran el gabinete, con cargos de primera línea: Sabrina Frederic (Seguridad), Martín Guzmán (Economía), Ana Castellani (Gestión y Empleo público), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) y un largo etcétera. Era lógico suponer que la alta integración de personal científico al gobierno conllevaría un aumento presupuestario y ciertos derechos laborales, luego de la desastrosa gestión del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Baraño, designado por Cristina Fernández y ratificado luego por Mauricio Macri.

Ahora bien, ¿cuántas de todas las promesas de campaña finalmente se concretaron? ¿Existió algún correlato entre la infinidad de veces que se mencionó a la ciencia y la tecnología en las cadenas nacionales y el presupuesto que se les asigna? Ahora que pareciera ponderarse su lugar en la sociedad, ¿han mejorado las condiciones laborales para lxs cientificxs?

Empecemos por lo presupuestario. El presupuesto en CyT se ha congelado desde el 2019 (dicho sea de paso, todo el presupuesto nacional). Es decir, los montos asignados para institutos y proyectos científicos, así como para reactivos e instrumental para desarrollar las líneas de investigación están congelados, como parte del magro presupuesto votado por el gobierno macrista para ciencia, a fines de 2018. Con la aparición del coronavirus, este escenario no se ha modificado. Si bien se han aprobado algunas partidas muy módicas para instrumental relativo al Covid-19, el presupuesto de ajuste general de CyT sigue intacto, con menos del 0.5% del PBI ejecutado, uno de los más bajos de la región. La actual presidenta del CONICET, Ana Franchi, aseguró en una reunión reciente que “nos olvidemos” de un presupuesto 2020.

Sin embargo, el presupuesto es solo uno de los tantos problemas que tiene el organismo y que la cuarentena ha agravado. En este sentido, lxs jóvenes (y no tan jóvenes) que empezamos nuestra actividad en el CONICET (o algunos de los organismos de CyT del país) no contamos con derechos laborales básicos durante nuestros primeros ocho años: no tenemos aguinaldo, aportes jubilatorios ni tampoco licencias o dispensas por cuidado de familiares o menores, por solo mencionar las problemáticas más acuciantes. De hecho, numerosos informes dan muestra de cómo la pandemia ha profundizado la brecha de desigualdades de género en ciencia.

En una visión panorámica, se podría afirmar que el conjunto de la planta de trabajadores de CyT cuenta actualmente con salarios de miseria, por debajo de la canasta familiar de pobreza; sin recomposición en los últimos dos años, en el caso de investigadorxs; y sin un convenio colectivo de trabajo para lxs becarixs doctorales. Por otro lado, la pandemia agravó el hecho de que no podamos extender nuestra obra social al grupo familiar, así como también volvió a exponer la falta de cobertura en varias regiones del país.

Como corolario de esta política, el pasado 14 de julio, la presidenta del CONICET (el mayor organismo de CyT del país), Ana Franchi, ratificó en la última reunión con representantes gremiales la decisión de expulsar a 1463 científicos y científicas, situación que se replicará en otros organismos y universidades (Agencia, CIC, UBA, UNLP, por nombrar algunas), lo que implica que más de 1500 trabajadorxs científicxs imprescindibles se verán privadxs de manera permanente de sus ingresos en el marco de la pandemia del Covid-19. Vale aclarar que, en este contexto, la reinserción laboral en el ámbito científico y educativo, con la clausura de concursos docentes, es imposible.

En síntesis, trabajadores y trabajadoras empleadas bajo la forma de becas de maestría, doctorales y postdoctorales, luego de entre tres y ocho años de trabajo y formación dentro del sistema científico nacional, serán expulsadxs del sistema en virtud de la precariedad que moldea el régimen de nuestro trabajo, habiendo culminado con exigentes y rigurosos estudios de posgrado y contribuido al conocimiento científico en diversas áreas y disciplinas.

La pandemia dispara la organización

¿Quién sale beneficiado de este régimen de hiperflexibilidad? En primer lugar, el Estado; menos plata para Ciencia (o Salud, Educación, etc.) implica más recursos para pagar la deuda. Quienes se cansaron los últimos cuatro años de hacer comparaciones entre las corridas bancarias y el presupuesto en CyT, ahora que ostentan un cargo en el Estado se han olvidado de las comparaciones cada vez que le mejoran la oferta a los acreedores. Otro gran beneficiario es el sector privado que, convenios con el Estado mediante, accede a mano de obra hiper calificada y a precio de remate. Monsanto, Cargill, Blackberry, Pan American Energy y Total son ejemplos de convenios leoninos que se han firmado en el pasado. Por otra parte, quienes deberían defendernos de estos atropellos, como los sindicatos UPCN y ATE, han sido cómplices del congelamiento de las paritarias, no han llamado a un plenario nacional y mantienen una absoluta dependencia con las políticas del Ministerio de Trabajo.

La respuesta de sus trabajadorxs ha sido impecable en estos meses. Se ha multiplicado la coordinación a nivel nacional, con la conformación de la Asamblea Nacional de Becaries (ANB). Con los reflejos intactos, hemos sido lxs trabajadorxs los que hemos llevado las tareas urgente que ni el CONICET ni ningún otro organismo de CyT hizo: relevamiento de cientificxs varadxs en el exterior, de los déficits de la obra social, de quienes el CONICET les dio las baja de sus sueldos, becarias sin licencias por embarazo, problemáticas y faltas de derecho con el trabajo virtual, entre otras vulneraciones. La nueva ANB ya tiene un importante desafío por delante: frenar más de 1500 despidos y reforzar una organización en tiempos de crisis.

De todo este contexto se desprenden medidas votadas por jóvenes científicxs del todo el país. Este viernes 24 a las 18 horas organizaremos un festival virtual llamado “Ni Un Cientificx En La Calle”, con la presencia de Mikel (Kapanga) y El Cabra (Las Manos de Filippi), entre otra gran cantidad de artistas y bandas de tango, folklore y jazz.  Lxs artistas solidarixs a esta lucha presentaran sus temas junto con videos de lxs afectadxs por el CONICET, además de divulgar y concientizar sobre el rol de la ciencia en nuestro país. Además, el lunes 27 nos movilizaremos al Polo Científico (con todas las medidas de higiene y prevención necesarias), acompañadxs por un paro virtual nacional. Exigimos, además, que se extiendan todas las becas por un año, así como los plazos de las convocatorias para nuevxs becarixs, sin que se recorte el número previsto para 2021.

El viernes 31 es la fecha límite para frenar los despidos. ¿Podrán hacerlo las patronales? No lo sabemos todavía. Una organización nacional de científicxs se ha puesto en pie.

Lxs cienctificxs no hacemos futurología, pero nos valemos de las experiencias pasadas para elaborar nuestro accionar. Vamos bien encaminados y encaminadas.

*Delegado de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

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Shafick Handal

La provincia de Chubut continúa atravesando graves dificultades estructurales que encubre la pandemia. Esta semana, los directores de todos los hospitales renunciaron mientras trabajadores y trabajadoras de la provincia continúan sin cobrar en tiempo y forma sus sueldos al tiempo que aumenta el control de las fuerzas represivas sobre los sectores más vulnerables. Un testimonio en primera persona.

Por Romeo Mejía* |Foto: Anibal Aguaisol

A pesar de la actual pandemia por el COVID-19, ya la Provincia del Chubut viene viviendo hace un poco más de dos años una epidemia por parte del gobernador Arcioni y su Ministro de Seguridad, Federico Massoni.

La epidemia de corrupción, miseria, demagogia por parte de un gobierno inhumano, represor, que hace un poco más de dos años incurre en reiterados retrasos en el pago de haberes de las y los trabajadores públicos. El año pasado prácticamente no hubo clases en las escuelas, no se cuentan con los insumos necesarios en los hospitales y en los CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud o “Salitas”), así como tampoco son suficientes los recursos humanos, que ahora mismo se ha agravado por el avance del SARSCOV-2.

Cuando empezó el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, Chubut parecía un país aparte con un cuasi “estado de sitio”, con claras violaciones a los derechos humanos y constitucionales del pueblo. Te demoraban si andabas fuera del horario establecido, con varios casos de torturas psicológicas. Así le sucedió a una compañera, en un hecho totalmente irregular: la demoraron fuera de su casa cuando volvía de su trabajo en un centro de salud, en el que desarrolla tareas esenciales, lo que obligó a dejar solo a su hijo menor de edad. Una vez en la comisaría, la obligaron a desnudarse y a hacer “sentadillas”, denigrándola totalmente, un hecho que paso casi inadvertido en los medios a nivel nacional.   

Desde el Ministerio de Seguridad, Massoni estigmatiza a los barrios populares de la ciudad de Trelew, dejando en evidencia que el verdadero “distanciamiento social” es entre ricos y pobres, ya que no hizo lo mismo con los barrios donde realmente hay casos positivos y sospechosos de COVID-19. Así fueron aislados los barrios INTA, Moreira, Amaya, sin que hubiera evidencias de casos positivos, con barricadas y retenes policiales que recuerdan los antiguos guetos en los territorios nazis, mientras que, por ejemplo, en un edificio de apartamentos de cierto poder adquisitivo donde había un caso positivo no fue aplicada la misma metodología y solo fueron a “entrevistar” a las personas ahí domiciliadas.

Desde el gobierno provincial se fortalece a las fuerzas de seguridad. Hace poco hubo una filtración de un audio: “Metan gente en cana”. Era el jefe policial Paulino Gómez, director de Seguridad de la Policía de Chubut, que responde a las órdenes de Massoni. En otras declaraciones también defendió a las fuerzas de seguridad y denigró a las y los trabajadores afectados por ser personal esencial expresando que “los únicos que han estado en primera línea de fuego en ésta pandemia han sido las fuerzas de seguridad”.

¿Dónde quedamos lxs médicxs, enfermerxs, choferes de ambulancia y todos aquellos que estamos en la Salud, si además no contamos con los Equipos de Protección Personal correspondientes y ponemos en riesgo nuestras vidas, nuestra salud y la de nuestros seres queridos? ¿Dónde quedan los y las docentes que están pendiente de los chicos enviando clases virtuales y por planillas ya impresas para aquellos y aquellas que no cuentan con el acceso a internet?

El gobierno sale en defensa de sus cuerpos represivos, que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que incluso han sido repudiados por Amnistía Internacional.

Existe un malestar social generalizado, amplificado por el no pago de haberes con un retraso de hasta tres meses en alguno de los casos, con un gobernador bien custodiado, con políticas pro-minería, aún sabiendo que existe una ley que impide la misma, votada por el pueblo. La situación obligó esta semana a una renuncia masiva de los directivos de los hospitales públicos de casi la totalidad de la provincia.

En los barrios populares es donde más queda en evidencia la verdadera pandemia, la de la desigualdad social. En los barrios populares las fuerzas de seguridad han cercado con retenes y barricadas: en la Biblioteca Popular 22 de Agosto del Barrio Moreira 3, en Trelew, donde llevamos adelante una práctica de salud comunitaria y solidaria, pasamos de asistir con comida a 50 familias a un poco más de 120, donde incluso se tiene que asistir a docentes que no cobran su sueldo y no cuentan con lo necesario para llegar a fin de mes.

El hambre, la desigualdad social, la miseria humana y la injusticia han quedado como nunca de manifiesto en ésta pandemia, para la que no existe mejor definición que el de “distanciamiento social”, mientras que lo que se necesita para que prevenir el contagio es un “distanciamiento físico”.

Como contrapropuesta, desde las organizaciones construimos solidaridad, humanismo, altruismo, el sentimiento de amor de aquellos y aquellas que creemos que un mundo mejor es posible, de quienes construimos Patria bajo el principio de que Patria es Humanidad. A nuestras conciencias no las van a poner en cuarentena, no las van a aislar.

*Médico recibido en ELAM, residente en Puerto Madryn, coordinador de Tatu Patagonia y referente del Instituto Shafick Handal en Argentina

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Por Nacho Saffarano | Foto de Colo Gens

Hace unos días, a las 21.30, en diferentes barrios porteños, se realizó un ruidazo – estas nuevas formas de manifestación que nos impone el aislamiento obligatorio- en reclamo de que “los políticos se bajen los sueldos”. La medida fue fogoneada por sectores de derecha, como respuesta al aviso que el Presidente hizo el domingo, sobre que a determinados muchachos  “les tocó la hora de ganar menos”. Si hay un sector con consciencia de clase para sí, esa es la burguesía. Y esta es muy hábil para vehiculizar sus demandas y lograr transversalizarlas, al punto de que muchos asalariados que no saben cómo van a hacer para pagar el alquiler el mes que viene sientan que el anuncio de Fernández los va a afectar a ellos.

El reclamo realizado desde la burguesía no solo es oportunista, sino que también es un chantaje. La clase empresarial que se queja de los salarios de los políticos es la misma que maximizó sus ganancias y tuvo recaudaciones extraordinarias durante los cuatro años de administración del gobierno de Cambiemos, justamente gracias a esos políticos a los que ahora parece que quiere bajarle los sueldos.

La respuesta inmediata del progresismo porteño no fue criticar la hipocresía y el cinismo de los reclamantes, sino impugnar de lleno la consigna. Estoy convencido que esto es un error y un volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Ya le regalamos a la derecha la hegemonía discursiva alrededor del quehacer con la corrupción y la seguridad, dos temas por demás sensibles para las clases populares. Y el resultado de esto salió a la luz en las elecciones del 2015.

Amerita poder debatir más a fondo este tema, saliendo del Boca-River que nos propone el hashtag de Twitter. Es cierto que una reducción salarial de la clase política no implica un shock presupuestario que ayude a resolver la crisis económica. Tampoco lo significaba eliminar las jubilaciones de privilegio para los jueces (ni las exenciones impositivas que aún no se tocaron) y, sin embargo, como entendimos que la carga simbólica tenía un peso importante en la lucha política, militamos y acompañamos el proyecto de ley que las suprimió.

En España, uno de los tres países más afectados por la propagación del COVID-19 a nivel mundial, la situación es inversa respecto a este tema. Es la izquierda quien lleva adelante la iniciativa de que los legisladores se reduzcan o donen sus salarios a todas las entidades que luchan contra el virus; mientras que la alianza de los partidos del centro y la derecha, se niegan rotundamente ¿Por qué, entonces, acá tenemos que regalarle toda la iniciativa política a los reaccionarios de siempre?

Pienso que hay un problema en la generalización de “los políticos”. En nuestro país, hay un montón de directores de línea con sueldos que están por debajo de lo que sus tareas y responsabilidades implican. Y en este momento de gran confianza en la política para resolver la crisis (la imagen positiva del 93% de Fernández es la muestra más cabal), no distinguir esto al momento de trabajar una consigna es un problema grande.

Sí creo que quienes deben tener un pequeño acto altruista y donar la gran mayoría de sus sueldos a los diferentes espacios que están combatiendo al virus en la primera línea (hospitales, salas de salud, organizaciones sociales, trabajadores de la recolección) son todos los legisladores, nacionales y provinciales. Para dar un ejemplo rápido, en la Provincia de Buenos Aires hay 138, legisladores entre senadores y diputados. Haciendo un cálculo rápido, podemos afirmar que se destinan cerca 70 millones de pesos mensuales para sus salarios, viáticos, armados de equipos técnicos, etc. Todo esto teniendo en cuenta que su actividad legislativa está suspendida por tiempo indeterminado, algo muy diferente a la situación en la que se encuentran quienes están a cargo de las diferentes esferas del Poder Ejecutivo.

Insisto, finalmente, que de la crisis sanitaria y económica no se sale con donaciones ni con actos individuales de solidaridad. Poder discutir el salario de nuestros representantes no debería ser un bloqueo para afirmar que el presupuesto para combatir la crisis debe salir de quienes se enriquecieron de forma fraudulenta durante los 4 años de gobierno de Cambiemos, de los bancos y de quienes especulan con la timba financiera, de los Rocca, los Bulgheroni, los Roemmers. La salud del pueblo y los incentivos económicos para quienes más están sufriendo este momento debe financiarse con cada peso que debería destinarse para pagar la deuda ilegítima y fraudulenta. Una vez más, se trata de discutir la riqueza, no la pobreza.

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Por Francisco Cantamutto y Lucas Castiglioni / Foto: Tadeo Bourbon

A diferencia de la restructuración del año 2005, el FMI aparece como el deudor principal, con alrededor de un tercio de la deuda con próximo vencimiento, lo que centralizaría un núcleo fuerte de esa negociación con el organismo. Como reverso, el FMI está sometido a cierta presión internacional, ya que se encuentra en el ojo de la tormenta por haber prestado a la Argentina por encima de lo que su propio estatuto permite.

Frente a esta situación, se vienen barajando en el debate público argentino distintos escenarios internacionales que servirían como casos testigo de países que atravesaron una crisis de endeudamiento severo. Se tratan de paralelismos que ofrecen diversas resoluciones a este problema. Queremos repasar algunos de los principales que nos parecen interesantes para pensar contrapuntos.

P.I.G.S: Portugal, Irlanda, Grecia y España

Varios de estos ejemplos son países de la periferia europea que, con el estallido de la crisis del 2008, estatizaron parte de la deuda de sus sistemas financieros, provocando de manera veloz la necesidad de incurrir en salvatajes por la imposibilidad de pagar su deuda. Se trata de los conocidos con el acrónimo en inglés de PIGS: Portugal, Irlanda, Grecia y España. De esos casos se suele resaltar el de Irlanda, sobre todo, del lado de la ortodoxia, porque aparecería como un modelo de ajuste efectivo y muy severo que habría dado lugar a una rápida recuperación. Esto aparece muchas veces no solo en el debate argentino, sino también en el español.

Sin embargo, un análisis más detenido permite visualizar que la recuperación de Irlanda parece haberse dado a pesar del ajuste, ligado centralmente al esfuerzo deliberado, prolongado e intenso del Estado en promover inversiones extranjeras para hacer de Irlanda una plataforma de exportación de servicios y bienes de alto contenido tecnológico. Este hecho hace que la demanda externa haya permitido una rápida recuperación por la vía de las ventas al exterior. No sería el caso de las economías de Portugal y Grecia, que tienen un menor peso en las exportaciones.

En este caso, el debate ha sido más conocido y se pueden visualizar los resultados del caso griego en el reciente documental Fondo de Alejandro Bercovich. La llamada troika (integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI) presionó a Grecia a realizar un ajuste brutal, vinculado a una serie de reformas estructurales que incluyó fuertes privatizaciones, pérdidas de derechos laborales y de pensiones. Aquí, además de que se buscó doblegar el proceso social y político que llevó a Syriza (Coalición de la Izquierda Radical) al gobierno, se quería usar de ejemplo para otros casos.

En el caso de Portugal, la troika no buscó este carácter de castigo ejemplificador. Aun así, Portugal aplicó también una serie de reformas estructurales de tipo regresivas que eliminaron aguinaldos, derechos laborales por la vía de la flexibilización y un ajuste fiscal importante en aras de pagar la deuda. La diferencia está que en el caso de Portugal, tras cuatro años de ajuste, por medio de la demanda externa vinculada al turismo, hubo una leve recuperación que le permitió no renovar el acuerdo e iniciar los pagos, finalizados en el año 2018. De la mano de este impulso externo pudo emprender un leve crecimiento que le permitió, junto con la llegada de una coalición de centro izquierda al gobierno, implementar ciertas mejorías ligadas a la mejora de los salarios.

En la comparación no puede desconocerse el peso que tuvo esta demanda externa y la resistencia al ajuste en Portugal, que en el caso de Grecia fue dilapidado por la presión ejercida sobre Syriza y su decisión de desvincularse de esta demanda social. Recordemos que en el país heleno se realizó una consulta popular sobre la deuda, donde el mandato fue abrumadoramente claro por dejar de pagar.

En estos casos, la presión de la troika fue significativa desde el punto de vista que amenazar con que la salida del mercado común implicaría la pérdida de mercados y de ciertas inversiones extranjeras, que de conjunto generarían un fuerte impacto económico en la población. Más allá de esto, comparándolo con Argentina, se trata de economías más pequeñas que no tienen riesgo de descalce de moneda (la moneda que utilizan en el país es la misma en la que tienen sus deudas). En Argentina, gran parte de la deuda está en moneda extranjera, es decir, no es de emisión local, y por lo tanto a las necesidades del ajuste fiscal para obtener recursos de pago se añade la necesidad de tener recursos externos.

Dentro de este mapa de referencias europeas, resalta una que no suele ser mencionada en los análisis y es el caso de Islandia. Este país, al estallido de la crisis internacional se encontró con una enorme deuda financiera, del tipo de defalco de otros países. La diferencia estuvo en que el gobierno decidió perseguir legalmente a los banqueros responsables, enjuiciarlos, encarcelarlos y estatizar el sistema financiero. Fue el caso de la recuperación más veloz con mejor sesgo distributivo. El problema aquí está en que se trata de una economía extremadamente pequeña en comparación a la Argentina y las consecuencias en uno u otro caso son diferentes. No obstante, debería señalarse como otro de los casos de salida a una crisis de endeudamiento.

Hay que recordar que en el caso argentino, la toma de deuda tuvo como principal destino, como ha sido demostrado por diversas investigaciones, la fuga de capitales. La deuda aquí ha sido un mecanismo indirecto para financiar el negocio de unos pocos. En tal sentido, sin necesidad de estatizar las deudas del sistema financiero, se propuso un esquema macroeconómico que fomentó la estatización de los costos.

En el paralelo establecido hasta aquí, la ortodoxia, además de Irlanda, entiende que el modelo griego sería otro camino. Portugal en este escenario aparece con un sesgo progresista que sería aprovechado, al menos desde los gestos, por el entrante gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

La vía uruguaya

Justamente fue Fernández quien sugirió la comparación con otro caso que tomaría como modelo, que es el caso de la reestructuración de la deuda de Uruguay en el año 2003. Concretamente, se produjo un “reperfilamiento” que extendió los plazos del pago, sin quitas, y pagando los intereses durante el tiempo de la extensión. Esta es una negociación extremadamente amigable con el mercado que obtuvo más intereses a lo largo del tiempo por dilatar el cobro del capital. Tomado como un modelo, implicaría una negociación con los acreedores externos, una de las posibilidades que se maneja.

La comparación, sin embargo, tiene diversos problemas, entre los que queremos resaltar que la economía y la deuda uruguaya representan alrededor de la décima parte de la economía argentina. En este caso, la diferencia de tamaño sí es relevante por la complejidad de la negociación resultante. Pero además, en el caso del país vecino, tanto el riesgo de default inminente como la salida fueron estrictamente de la mano de los ciclos económicos de Argentina y Brasil. En el caso del paralelo con nuestro país, quedaría por ver cuál sería el motor de tracción externa que fomentaría una recuperación semejante, lo cual no está a la vista. Además, la economía argentina conforma su PBI en un 65% por el consumo interno y no por la demanda externa. Estas diferencias no son triviales al momento de hacer la comparación.

Al mismo tiempo, como en el caso progresista portugués, las reformas estructurales sometidas, que incluyen reformas laborales, más ajuste fiscal y otros elementos de regulación macroeconómica, fueron sostenidas por los gobiernos progresistas, tanto en el caso de Portugal como en el caso del Frente Amplio de Uruguay. En este sentido, la economía uruguaya como modelo significaría mantener el ajuste realizado por Juntos por el Cambio. No solamente en lo referido estrictamente a salarios, que podrían negociarse con subas lentas, sino en lo que tiene que ver con los cambios legales en los costos extra salariales de contratar trabajadores y trabajadoras. Esto significa mantener, por ejemplo, los cambios arbitrados en la Ley de Accidentes de Trabajo, las reformas en el sistema de jubilaciones y pensiones, reformas tributarias vinculadas a la reducción de aportes patronales y también la revisión de los convenios colectivos de trabajo en casos puntuales, algo que ha sido adelantado como posible por el equipo técnico de Alberto Fernández.

Sin embargo, para hacer la comparación, quizás el caso más parecido a la Argentina actual sea la propia Argentina del 2005, por la escala que tuvo y por el centro de gravitación en el sistema financiero internacional. A diferencia de aquel entonces, el peso del FMI hoy es muchas veces mayor y se espera que haya tensiones mientras se ve si se puede obtener una extensión de plazos sin que esto implique reformas estructurales. Algo que no tiene muchos antecedentes sería intentar lograr una quita con este organismo internacional.

La salida ucraniana

Otro modelo que aparece referido por los equipos técnicos de Alberto Fernández es el caso de Ucrania. Una economía que se encuentra en el límite entre la Unión Europea y Asia, en el centro de la disputa geopolítica con Rusia. Ucrania, tras atravesar una crisis política y social interna que incluyó la presencia de fuerzas armadas extranjeras en su territorio, finalmente se dividió, resultando la anexión de la República de Crimea a la Federación Rusa. En este contexto, el gobierno pro europeo de Ucrania recibió la ayuda del FMI y un conjunto de gobiernos occidentales, que le hicieron un préstamo puente a cambio de una serie de reformas favorables al modelo arquetípico de ajuste. Vale señalar que el FMI actuó como coordinador para lograr una renegociación con acreedores externos que involucró, incluso, una quita para nada trivial de capital.

Si bien la economía ucraniana es comparable en tamaño a la Argentina y el tamaño de su deuda también lo es, deben resaltarse estas reformas estructurales, muchas de las cuales aún no han sido aplicadas y serían una prenda cambio en caso de buscar este camino. Al mismo tiempo, la cuestión geopolítica en el caso ucraniano fue clave para haber logrado ciertas concesiones; esto se debió a la presencia rusa en el territorio. En tal sentido, la idea que se esconde detrás de utilizar como modelo a Ucrania sería tratar de obtener de China ciertas facilidades que, con una diplomacia inteligente, presionaran a Estados Unidos a continuar otorgando facilidades vía el FMI.

Por supuesto, detrás está la idea de que se mantenga una cierta confrontación entre China y Estados Unidos, algo que no se puede dar por descontado, considerando que China, por caso del salvataje ejecutado a Grecia, fue el que más aprovechó las privatizaciones, haciéndose de gran parte de los puertos de ese país que le facilitaron el trabajo de gestión en su nueva ruta de la seda.

Opciones de nuestro continente

Un caso cercano que no está siendo debatido, omitido como experiencia internacional comparable tal como con el caso de Islandia, es el caso de Ecuador. Si bien se trata de una economía más pequeña, sin riesgos de descalce por estar dolarizada, lo cierto es que en un contexto semejante al que enfrentó Argentina a inicios del siglo XXI, el gobierno de Ecuador eligió avanzar por una auditoría con participación de expertos locales e internacionales, que terminó resultando en la declaración de gran parte de esa deuda como ilegal, ilegítima y odiosa.

Finalmente, Ecuador no impugnó esta deuda, sino que la recompró con una quita significativa en el mercado de capitales, sin por esto salirse de los mercados de crédito internacional y pudiendo aprovechar el contexto de altos precios internacionales. Si bien para la Argentina actual el contexto no es el mismo y el tamaño de la deuda es diferente, la idea de una auditoría no debería descartase de lleno, como no lo hacen incluso algunos referentes del Frente de Todos, como es el caso de Claudio Lozano. Debe pensarse que la auditoría, más allá de lo estrictamente contable y legal, debería involucrar elementos que tienen que ver con los impactos económicos, sociales y ambientales de la toma de la deuda, para poder hacer una caracterización completa de los efectos del endeudamiento a la hora de determinar si es legitima o no.

Además, una auditoría de la deuda puede servir como instrumento de sensibilización y movilización social, lo cual sería útil para alterar la correlación de fuerzas políticas no solo a nivel interno, sino también en el plano internacional. Sin el apoyo de las masas populares para avanzar en un esquema más agresivo de reestructuración de la deuda, quedaremos atrapados en soluciones de técnicos que, sin menospreciar los impactos de los cambios de plazos de capitales o de intereses, jamás van a discutir la lógica estructural del endeudamiento que nos mantiene empobrecidos y empobrecidas.

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Por Agustín Bontempo | Foto: Carlos García

Encendemos la televisión y vemos que en Ecuador el pueblo está en plena movilización denunciando el ajuste del gobierno. Sintonizamos la radio y nos cuentan que en Perú se suceden los presidentes y que el Congreso puede dejar de funcionar. Abrimos un portal de noticias y la ONU está interviniendo Haití. Está claro, hay elevados niveles de inestabilidad política en nuestro continente.

Habitualmente nos ocupamos de cómo la crisis económica y social desarrollada por el gobierno de Macri en Argentina, profundizó el ajuste y la precarización en la vida de las y los argentinos, ordenada bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nos resulta relativamente claro entender el proceso fascista que se desarrolla en Brasil bajo la presidencia de Bolsonaro, donde se avanza con reformas laborales y previsionales altamente nocivas para la población, mientras al mismo tiempo la imagen del gobierno cae, salen a la luz las maniobras de la burocracia judicial y el gobierno empieza a vacilar en su lugar de poder.

Todos estos escenarios (entre muchos más que podríamos abordar) tienen una particularidad y es que sus respectivas crisis no visualizan contextos de solución.

Recorrido crítico

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, se sube al podio del cinismo político. Electo presidente en 2017 como sucesor de Rafael Correa, asumía como una continuidad del proceso progresista iniciado en 2007. El tándem que va desde la ruptura con los lineamientos del chavismo venezolano hasta la apertura a las recetas del FMI sintetiza la “traición política” con el sector al que decía representar.

A principios de este mes, Moreno anunció una serie de medidas para poder cumplir con las premisas del organismo financiero, lo que popularmente se conoció como “Paquetazo”. Algunos días después y ante la creciente movilización, declaró el Estado de excepción que, por ejemplo, prohíbe la congregación de personas, la libre circulación por la vía pública, la disposición de las fuerzas militares para intervenir, entre otros puntos.

El escenario es de una rebelión popular a gran escala: sucesión de huelgas generales de sectores obreros, organizaciones indígenas tomando un rol sumamente activo (es importante destacar que es un país de fuerte tradición de pueblos originarios), confrontación con las fuerzas represivas. Es decir, las y los ecuatorianos muestran con ejemplar valentía como jaquear a un gobierno servicial de los intereses del establishment.

La pregunta es: ¿qué salida hay a la crisis? ¿Qué ocurre si Moreno da marcha atrás con el paquetazo? ¿Si renuncia?

Por su parte, Perú vive una crisis de representatividad importante. Martín Vizcarra asumió el año pasado luego de que el ex presidente Pedro Kuczynski haya renunciado por estar vinculado a la corrupción de Odebrecht (sí, la misma que salpica a funcionarios argentinos). Su popularidad creció producto de “avanzar” contra la corrupción (frase celebre en nuestro país).

Hace algunos días, todos y todas asistíamos a la noticia de que el Congreso peruano había suspendido a Vizcarra y en su lugar asumía Mercedes Aráoz, vicepresidenta hasta entonces. Sin embargo, Aráoz no solamente renunció al cargo de dudosa legalidad como presidenta interina, sino que tampoco mantuvo la vicepresidencia. Por su parte, Vizcarra decidió disolver el Congreso a partir de un fuerte apoyo popular para este fin. Sí, buena parte de la clase trabajadora lo acompañó. Vale decir que el Congreso está dirigido por el fujimorismo (aún persiste y con peso en Perú) siendo una de las principales explicaciones del rechazo popular a este poder, mientras que Vizcarra tiene respaldo de demócratas de la calaña de Vargas Llosa.

Perú es un país que está sumergido en elevados niveles de pobreza sin una clara salida de esta crítica situación. Con varios meses para gobernar por decreto, el presidente debe tomar los desafíos reales que preocupan y afectan a la población.

El último ejemplo que nos interesa abordar es Haití, el país con mayores niveles de pobreza del continente. Decir que las y los haitianos se encuentran atravesando una crisis es prácticamente una redundancia. Sin embargo, a partir de crecientes denuncias contra el presidente Jovenel Moïse, miles de personas se lanzaron a las calles pidiendo su renuncia en un país signado históricamente por la injerencia de Estados Unidos o, como en la actualidad, misiones de la ONU. Los servicios de salud y educación se encuentran limitados, las y los niños no pueden asistir a la escuela y un sinfín más de problemas son el paisaje haitiano.

Como ha pasado en otros momentos en el país caribeño, no se visualiza una salida a la crisis. El poco desarrollo industrial, poca diversidad en su producción agrónoma, signados por los mandatos del FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como consecuencia niveles elevados de pobreza y desempleo y sus correspondientes padecimientos.

¿Se acuerdan de Puerto Rico?

Hace algunos meses Ricky Martin y René Perez parecían ser los protagonistas del ascenso de la lucha de clases en una de las colonias de Estados Unidos. Intensos días de rebelión popular ponían en jaque el gobierno encabezado por Ricardo Rosselló y el mundo se conmovía por la complejidad que presentaba el proceso. Que el pueblo trabajador confronte con el gobierno es, en Puerto Rico, prácticamente enfrentarse con los Estados Unidos.

El ascenso de la lucha en las calles fue poniendo cada vez más contra las cuerdas a Rosselló. Cuando la caída del gobernador era inminente, se abría la discusión: ¿cuál es la salida?

Efectivamente no es lo mismo la capitulación de un presidente que este caso. La movilización popular no sería suficiente para dar un paso más y conseguir la independencia del país. Sin embargo, el problema es mucho más grave. Hoy Puerto Rico ya no es noticia porque ante la dimisión de Rosselló, fue Wanda Vázquez Garced (hasta entonces Secretaria de Justicia), quien asumió la gobernación. Más allá de moderar algunas iniciativas políticas, el régimen puertoriqueño bajo la supervisión del imperialismo norteamericano, no se movió un centímetro.

Vacancia política y desafío emancipador

Dos conclusiones se desprenden de este análisis: por un lado, los procesos políticos abiertos en América Latina sufren elevados niveles de inestabilidad. Hablamos de algunos casos particulares, donde las expresiones políticas son claramente vinculadas a la derecha neoliberal con ciertos tintes conservadores, pero no se limita solo a estos países. La Honduras post Zelaya, la compleja y contradictoria Nicaragua de Ortega y, con sus particularidades, cada país del continente pueden sumarse a la lista. La segunda conclusión es que la salida a estos procesos de crisis no está clara pero, entendemos en estas líneas, no se ve ninguna canalización rupturista de peso con el sistema de hambre y explotación que hegemoniza.

Con diferentes niveles de beligerancia, las diversas luchas populares cuestionan el accionar de sus gobiernos y en muchas oportunidades proponen salidas de fondo con medidas que, en términos programáticos, exceden los límites de la institucionalidad burguesa. El problema político es que ante la vacancia de fuerzas que puedan canalizar este descontento por una vía disruptiva y emancipatoria, conduce inexorablemente a la relegitimación de la gobernabilidad de los partidos patronales. En ese sentido, Puerto Rico es el mejor ejemplo. La lucha del pueblo puertoriqueño fue catalizadora de la crisis histórica de aquél país, pero solo bastó con la renuncia del principal apuntado para restablecer ciertos niveles de paz social.

Perú, Haití y especialmente Ecuador que tiene, tal vez, los mayores niveles de radicalización de la lucha, no presentan grandes expresiones de una izquierda que pueda dirigir los procesos. En este último caso asciende la figura de Rafael Correa que más allá de algunos antecedentes que lo ponen lejos del lugar que ocupa Moreno, en realidad representa al progresismo. No cabe duda, la heroica lucha de las y los ecuatorianos puede triunfar y el conjunto del continente debe apoyar este camino, pero se hace necesario el ascenso de una salida definitiva.

La crisis capitalista mundial muestra sus fisuras. Se visualiza en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en la creciente intervención política y militar de Rusia, en la inestabilidad de la Unión Europea, en la pobreza extrema de África, en las guerras de medio oriente y así muchos casos más. A excepción de algunas situaciones como la constancia del pueblo venezolano que sigue enfrentando los conflictos internos y la injerencia extranjera en pos de sostener y profundizar el proceso, el complejo escenario colombiano encuadrado en las negociaciones de los tratados de paz, la participación política legal de las FARC e incluso el núcleo que llamó al rearmado de las fuerzas revolucionarias armadas o como en su momento supo hacer Cuba para transformar la sociedad de raíz, lo que en general no aparece es una propuesta política que se proponga transformar el sistema de fondo y tenga la influencia suficiente para mostrarse como alternativa.

A partir de la derrota de los procesos revolucionarios en América Latina y el freno que implicaron las dictaduras que nacieron al calor del Plan Cóndor y la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos, sumado a la caída de la URSS, el derrotero de la izquierda en tanto estrategia de poder no se ha detenido. Con capacidad de organización reivindicativa, no ha logrado ser la herramienta que exprese organización para que la crisis abierta no cierre, nuevamente, sobre las espaldas de las y los trabajadores.

La inestabilidad que representa esta crisis es también la oportunidad para que se construyan (o se constituyan) estos espacios que se propongan gobernar con el protagonismo de las y los trabajadores. Su falta de audacia política, su ausencia en la dirección de estas luchas es, también, la victoria de los verdugos de siempre.

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Por Orlando Agüero
Era 29 de Mayo y se cuplían 50 años del conocido Cordobazo, aquel levantamiento popular que el pueblo trabajador, con el legendario Agustín Tosco a la cabeza, realizara para derrotar a la dictadura del General Onganía, el pueblo trabajador llevó adelante el 5to Paro al gobierno de Cambiemos.

La discusión sobre el rumbo de la economía hace rato quedó atrás. Si bien hay un cierto acuerdo entre las principales centrales obreras sobre el diagnóstico económico y político, entre ellas, cierran en que las transformaciones de las reglas de juego económicas se van a poder llevar adelante, en forma limitada, a partir de un triunfo electoral en octubre y la asunción de un nuevo gobierno en diciembre de este año.

Sin embargo, esta situación no pudo obturar la consigna “Paro General Activo”, que han impulsado las organizaciones de trabajadores y trabajadoras más combativas por fuera de las estructuras dominantes del universo del trabajo formal. Es decir que ayer se observaron tres formas de lucha claramente definidas.

La CGT

La convocatoria al Paro General estuvo a cargo de la CGT. Estos luego de entenderse referenciados en la candidatura presidencial de Alberto Fernández, ya no tienen tanto problema en realizar paros contra el gobierno nacional. Por supuesto, luego de haber sido protagonistas de varias agachadas realizadas a espaldas de la clase trabajadora, como por ejemplo reunirse con las delegaciones del Fondo Monetario Internacional en el marco de la tremenda deuda que le queda al Estado Argentino, en el cual las palabras hacia ellos fueron que la Argentina pagará la deuda sin poner restricciones.

En los primeros dos años de gobierno del macrismo, intentaron casi ni aparecer en escena. La intención de los gremios más grandes era resolver el tema de las deudas que el gobierno tiene con las obras sociales. Eligieron no hacerle medidas de fuerza al gobierno, debido a las presentaciones judiciales que han llevado a la cárcel a referentes sindicales como “Caballo” Suarez de los portuarios y el conocido “Pata” Medina de la UOCRA de La Plata. Dos casos emblemáticos, que le sirvió a Cambiemos para disciplinar a los “Gordos” y a éstos para renegociar el dinero de las Obras Sociales. Seguro esta será una discusión que no terminará con esta gestión.

Pareciera que para la CGT la consulta acerca de si el paro es político o no tiene respuesta inmediata, y que es político, económico y de futura gestión. De todos modos, sin ninguna duda que el principal motivo por el cual este triunviro decidió convocar a esta medida fuerza nacional, fue por la presión que se originó al interior de la orgánica obrera y por las distintas expresiones de otros sectores sindicales que hoy no pertenecen a la Central, pero que en función de la muy mala situación económica a la que ha conducido el gobierno del presidente Macri, ejercieron su poder para determinar este Paro Nacional que muchas y muchos pedían.

Moyano

El frente sindical liderado por el Sindicato de Camioneros de Moyano y las CTA’s, también fue protagonista y convocante de esta medida de fuerza que trabajadores y trabajadoras han llevado a cabo este 29 de Mayo. Son otros que piensan que no va a haber alguna clase de modificaciones en las políticas económicas del gobierno, pero que sí es importante llevar a cabo medidas que deterioren el endeble orden institucional, político, y social que Cambiemos mantiene hoy en nuestro país. El principal reclamo de este sector, más allá de la deuda de las obras sociales, es la derogación del impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores y trabajdoras que ganan más que el piso impuesto por el gobierno.

El discurso del gobierno dice que las altas paritarias a las que han sabido llegar algunos sectores como los trabajadores camioneros son responsables de la inflación y la falta de equilibrio económico de las cuentas fiscales. También son blanco de arremetidas judiciales por parte del oficialismo. Igualmente, este sector se vio representado en la conformación de la candidatura presidencial de Alberto y Cristina, pero sobre todo con la postulación de Magario a la Vice-Gobernación de la Provincia de Buenos Aires que propuso la misma ex-presidenta. Al mediodía del 29 de Mayo, a 50 años del Cordobazo, se los veía contentos y exultantes con como se venía desarrollando el Paro General.

Izquierda Combativa

A pesar de la convocatoria de la CGT a un Paro sin movilización, y a que el moyanismo y compañía hayan convocado un acto casi sin actividad, salvo algunas excepciones, la izquierda combativa se erigió como el músculo de esta nueva medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Esta situación se da hace rato, sin embargo, desde aquel acontecimiento donde sectores de trabajdores que no comulgan con la burocracia sindical coparon el acto de la CGT en Plaza de Mayo y hasta se llevaron el atril del escenario, la correlación de fuerzas dentro del mundo gremial comenzó a tener un vuelco hacia la combatividad de la izquierda, el posicionamiento de trabajadores cuestionando a la referencia sindical burocrática y al gobierno actual, como los principales arietes que construyen este modelo de opresión, ajuste y respresión. Es decir que en este Paro General, los piquetes en los principales puntos de acceso hacia la CABA y los distintos piquetes en otros puntos del Gran Buenos Aires y el resto del pais, como por ejemplo en las principales ciudades como Córdoba y Tucumán se hicieron sentir más allá de las mediciones estadísticas.

Qué dice el Gobierno

El presidente argentino Mauricio Macri tenía un acto protocolar. Era el día del Ejército Argentino. Se sentía su presión. Habló ante las formaciones militares sin mencionar el tremendo paro nacional del cual estaba siendo él el principal sujeto a atacar. Quizás no quiso mostrar debilidad o lástima. De todas maneras, Mauricio Macri comenzó una caída, tipo barranca abajo, desde hace rato. Esta situación la registran hasta ahora todas las encuestadoras. El ministro Dante Sica, de Producción y Trabajo, dijo que el costo del paro es de cuarenta mil millones de pesos. Sin embargo, no dice cuánto es el costo de las fugas de capitales que se dan diariamente. Estas duplican esta cifra por día.

Las fugas de dólares del país están en función de la avaricia de las grandes empresas que gobiernan la nación y repercuten en los préstamos que el FMI le efectuara a la Argentina y dejan para el Estado. Pero no es solo eso, también se articula el axioma de que este plan económico no cierra sin represión. Es que la jornada del paro no se dió sin represión del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El Puente Pueyrredón tuvo su escaramuza en donde las personas que fueron afectadas fueron de las filas de trabajadores y trabajadoras de las fuerzas que cortaban el Puente Pueyrredón, espacio emblemático en la lucha por los derechos del pueblo trabajador.

Las expresiones de Bulrich fueron “no permitiremos que se corten los accesos a la Capital”. Cuando desde la mañana estos accesos estuvieron cortados dijo: “estamos garantizando la libre circulación de los accesos a la capital”. Las mentiras de este gobierno casi ya no tienen lógica. Son lxs mentirosxs más destacadxs del país. El gasto infernal en “cuestiones de seguridad interior”, que incluyo un camión- valla, resultó un fiasco. Fue el hazmereír de numerosos medios de comunicación que transmitían en directo la jornada de lucha. La represión con balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta no estuvieron ausentes en el Puente Pueyrredón.

¿Qué le queda al gobierno? Poco… solo terminar este período de gestión. ¿Qué le queda hacer al pueblo trabajador? Luchar. Contra este gobierno de hambre y para que el siguiente no acepte los postulados del FMI. Así podremos salir de este berenjenal en el que nos han metido estos personajes de Cambiemos.

El mejor ejemplo son nuestras compañeras que no se dejan vencer. Luego de que la institucionalidad del Poder Legislativo Nacional les diera la espalda en la sanción de la ley de aborto, anteayer 28 de Mayo se llevó a cabo la octava vez que se presenta el proyecto. Esto indica que la “única lucha que se pierde es la que se abandona” y que el pueblo va a seguir luchando por incrementar la plantillas de derechos a favor, sin ningún tapujo ni tabú.

Organizarce, luchar, resistir y avanzar, deben ser las consignas que guíen los pasos del pueblo que trabaja todos los días a pesar de las decisiones políticas de los gobernantes. Por eso es muy importante pensar que deberemos seguir en la postura combativa ahora y luego del 10 de Diciembre. Todo Paro General es político. Talla en las elecciones, en la economía, también en la correlación de fuerzas de los sectores en disputa y además ante la opinión pública generan un nivel de presencia que va mucho más allá de lo electoral.

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Por Francisco Cantamutto

El Grupo Callao está compuesto por un grupo de intelectuales, muchos de ellos funcionarios públicos, con vínculos a determinados sectores, sobretodo PyMEs y algunos sindicatos. Este grupo estuvo discutiendo, a puertas cerradas, alternativas posibles de salida a la crisis. Como primer punto, vale resaltar que identifican el origen de la crisis en las políticas cerradas aplicadas por el gobierno de Cambiemos para beneficiar a pocos. Pero, sobre todo, ligadas a un mal diagnóstico y a un conjunto de señalamientos ideológicos de corte neoliberal.

El eje de las propuestas de este grupo es la idea de una economía política de salida de la grieta, una suerte de modelo de desarrollo del Coreacentrismo. ¿Qué quiere decir esto? En el documento que publicaron en junio de 2018, complementado con una nota publicada por Matías Kulfas, uno de sus referentes, en Revista Anfibia, señalan que habría que terminar con dos grandes dicotomías de la economía argentina: por un lado, la idea de que los modelos distributivos suponen una irresponsabilidad de tipo demagógica que no toma en cuenta las tensiones de la producción y que la solución sería el ajuste ortodoxo que busca llevar adelante Macri. Esta tensión entre lo que se llama esta demagogia económica distributiva y el ajuste ortodoxo es falsa. Lo que señalan es que hay que ir hacia una expansión moderada, controlando las variables macroeconómicas y fiscales.

La otra gran dicotomía que señalan como necesaria de superar es la de agro versus industria, que atraviesa al país desde hace 80 años. En este caso son enfáticos al señalar, y esto es uno de los ejes centrales de su propuesta, que si bien hay que proteger la industria para generar empleo, no se trata de ir contra el agro sino de ir hacia lo que definen como una economía orientada a la producción intensiva en conocimiento.

La salida a ambas dicotomías sería, entonces, una expansión moderada junto con una redirección de las medidas de política económica del Estado hacia la producción basada en el conocimiento.

En torno a la caracterización, no sólo enfatizan la posibilidad de compararse con otras economías con abundantes recursos naturales, sino también el hecho de que Argentina ocupa sistemáticamente un lugar alrededor del puesto 25 de las economías con mayor producto industrial, lo cual no la ubica en la cúspide pero no deja de ser un lugar relevante. En ese sentido, tanto la industria como el agro pueden promoverse hacia un giro intensivo de conocimiento que no solamente podría generar demanda de mano de obra calificada, sino además una mayor agregación de valor y, por lo tanto, una superación de la restricción externa por la vía de las exportaciones.

En ese sentido, el fomento de las exportaciones aparece explícitamente dentro del programa, así como determinada protección inteligente respecto de las importaciones, justamente aquello que podría ser producido en el país con un pequeño o gran esfuerzo de aplicación de conocimiento. Señalan como ejemplos de estos los casos de políticas de largo plazo, donde la Argentina ha quedado en una zona competitiva que tiene que ver, por ejemplo, con la industria ligada a los satélites y a la energía nuclear. Esos serían los modelos que querrían desarrollar pero con un entramado productivo que los vincule no solamente a la iniciativa estatal.

Los grises de la propuesta del Grupo Callao

A esta propuesta de giro, por fuera de las dicotomías que establecen como centrales, el Grupo Callao tiene una serie de dudas sobre las cuales habría que trabajar. Si bien son enfáticos en que entienden que la incorporación de tecnología no debería ser una excusa para precarizar el trabajo -hablan en contra de la “uberización” del trabajo-, lo cierto es que tras los ajustes sufridos en la etapa de Cambiemos, no proponen un shock de distribución, sino mejoras pautadas y pausas que estén guiadas bajo la lógica de una gran coalición duradera.

En este sentido la lógica del pacto social no sólo forma parte de la discusión política sino además parte de un programa económico donde los sectores populares, que han perdido en la participación, deberían resignar sus urgencias en aras del desarrollo del conjunto del país, lo cual incluye a los sectores más poderosos. En este punto, aunque hay un claro sesgo favorable al empresariado PyME, fruto de la propia experiencia del grupo de intelectuales en cuestión, lo cierto es que no hay un enfrentamiento directo a las fracciones del poder económico, que serían consideradas posibles socios en este modelo de desarrollo. La duda que emerge de esto es por qué estos grandes actores, tanto del agro como de la industria que en las últimas décadas han orientado claramente a la captación de rentas vinculadas a recursos naturales o a la protección estatal, tendrían un giro productivista intensivo en conocimiento. Ahí es donde la duda es grande y no está claro cómo se resolvería.

Por otro lado, son enfáticos en que, en línea con el último tramo del kirchnerismo y la discusión sobre la sintonía fina, no se trataría de una protección generalizada a la producción local sino bien segmentada en función de las posibilidades de cada sector. La otra gran pregunta que surge es quién seleccionaría esos sectores: un conjunto de técnicos que pueden tener buenas herramientas para decidirlo o se va a tratar de un resultado de la puja de los distintos sectores económicos y el capital que aporten a la construcción de esta nueva etapa de la política económica argentina. Si son los mismos actores poderosos los que van a estar determinando quienes reciben los beneficios de la protección no queda claro por qué lo harían en favor de un esfuerzo de investigación y desarrollo que les quite posibles protecciones o rentas a futuro.

Otra duda que emerge respecto de este planteo es que el atraso de la Argentina en relación a las principales potencias es significativo. Argentina no participa de manera relevante en la generación de patentes a nivel mundial, tiene una participación insignificante. Son los grandes centros de poder, incluyendo a la potencia en ascenso China, quienes producen la mayor parte de patentes en el mundo. De hecho, la agenda de protección de los derechos de propiedad intelectual es la agenda de las negociaciones internacionales por parte de las potencias del mundo que están tratando de guardar por siglos provechos de la innovación.

¿El sistema comercial internacional estaría dispuesto a tolerar este ingreso de la Argentina a competir en esos rubros? ¿O se trataría solamente de pequeños nichos de mercado? Y si fuera esta segunda opción, ¿bastaría para una economía de 44 millones de habitantes? No queda claro en la propuesta del Grupo Callao.

Por último, con el único sector que se vislumbra una crítica más frontal es con el sector financiero. Hay una crítica directa al actual modelo de Cambiemos, que supondría la regulación de tanto de la balanza de capitales financieros como de la propia actividad del sistema financiero local, sobre todo en términos de segmentar el crédito y obligar a dar crédito a PyMEs o sectores productivos y evitar la fuga de capitales poniendo algún tipo de restricciones al consumo en el exterior o la salida veloz de capitales. Si todo esto fuera cierto, bajo un esquema que no busca confrontar, habría que ver el margen de tolerancia del capital financiero internacional ante esta propuesta.

De conjunto, las propuestas económicas del Grupo Callao no dependen solamente de los intelectuales que lo conforman para hacer política económica sino del juego de presiones de los distintos actores sociales y en ese punto, aunque se pueden detectar elementos interesantes en cuanto a las posibilidades de desarrollo dentro del marco de una economía periférica capitalista, no deja de ser cierto que depende de la buena disposición de los mismos actores que hasta el día de hoy no han estado dispuestos a hacer este esfuerzo de desarrollo e innovación. Por otra parte, y aun cuando así fuera, suponen que los sectores populares estarían dispuestos a “aceptar el esfuerzo” y posponer la resolución de necesidades y demandas urgentes que tienen, en aras de un nuevo desarrollo futuro.

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Por Francisco Cantamutto y Agostina Costantino | Foto de Oscar De la Vega

En las últimas semanas, frente a la inestabilidad cambiaria en Argentina y las políticas erráticas que viene aplicando el gobierno en esta materia, muchos referentes de la oposición (principalmente, ligados a Unidad Ciudadana) han planteado posibles soluciones frente al problema de la deuda. Habiéndose reunido con funcionarios del FMI, y dejando en claro cada vez que puede que, de ganar, no defaultearía esa deuda, Axel Kicillof es uno de los principales abanderados de que el ejemplo a seguir es el de Portugal.

Portugal sería la propuesta progresista frente al modelo de ajuste total de Grecia, para poder conciliar un programa con ciertas concesiones y los imperativos de los acreedores representados por el FMI. El largo y severo ajuste griego representaría la continuidad del esquema actual de Cambiemos, reduciendo salarios, jubilaciones y asignaciones, completando privatizaciones pendientes, consolidando el tutelaje del FMI sobre el Estado argentino. Ante ello, Portugal se ofrece como alternativa disponible, pues sin romper con el organismo, logró recuperar los salarios e impulsar cierto crecimiento.

El país lusitano está gobernado desde 2015 por una coalición de partidos de centro-izquierda. Después de la fuerte crisis que venía arrastrando desde 2008-2009, logró reactivar su economía a través del aumento en el gasto público, sin repudiar su deuda con la Troika (en la que está incluido el FMI). Es decir, logró salir de la recesión aplicando las políticas contrarias a la austeridad que se están aplicando ahora en Argentina y que se aplicaron en Grecia, que llevaron a la ruina a ambos países.

Ahora, ¿esto es realmente así? ¿Podría hacerse esto mismo en Argentina? Veamos cuatro aspectos del asunto.

En primer lugar, no es cierto que no se hayan aplicado fuertes recortes en Portugal. Según explica Esteban Mercatante, esta tarea fue llevada adelante por los gobiernos previos al actual. Se subió la alícuota del IVA, se realizaron múltiples privatizaciones, se produjo un recorte del 14% de los salarios por la vía de suspender el pago de aguinaldos, congelando el salario mínimo, y aprobando una reforma laboral que facilitó los despidos al reducir las indemnizaciones, reducir los pagos por horas extras, así como limitaciones a la negociación colectiva y reducción del tiempo de subsidio de desempleo. El abaratamiento de la mano de obra que produjeron estas medidas y las nuevas oportunidades de inversión que crearon sentaron las bases para que sí, a partir de 2015, pudiera comenzar a aumentar el gasto público. Es decir, Portugal atravesó una etapa de ajuste y reforma estructural antes de entrar en la fase “progresiva” del programa.

En el caso de Argentina, no abundan los bienes estatales disponibles para privatizar (como el Banco Nación o el Provincia de Buenos Aires) y, hasta ahora, el gobierno no ha logrado disciplinar a la fuerza de trabajo lo suficiente. Si bien los salarios reales han caído un 17% en promedio, no lo han hecho en la medida en que la burguesía demanda: no queda claro sea suficiente respecto de Portugal, considerando los distintos lugares de ambos países en la periferia global. Además, aun no lograron pasar las reformas laborales ni las reformas jubilatorias. Si ambas tareas no están resueltas, serán materia pendiente para el próximo gobierno que decida sostener esta salida.

En segundo lugar, las tensiones ligadas al endeudamiento no se resolvieron (de hecho, generan problemas al interior de la coalición) sino que se desplazaron en el tiempo: la lógica de desendeudarse pagando tensa los límites de las arcas fiscales y las cuentas externas, tal como ya quedó claro en Argentina durante el gobierno anterior.

Estos dos puntos hacen que el modelo portugués parezca más bien una versión “heterodoxa” del mismo rumbo actual. Los restantes dos aspectos son aún más ambiguos. Es necesario considerar que las políticas de desarrollo que aplica un gobierno no surgen de la nada, menos aún de la mente brillante de un economista atrás de un escritorio. Surge de la puja de poder de las distintas clases sociales o fracciones de clases y la que logra ganar esa puja es la que impone su modelo. Idealmente, cada fracción tiene representantes políticos o partidos que se alinean directamente con sus intereses. Pero generalmente, es más confuso.

El tercer punto es que, de la mano del aumento del gasto público y “beneficiados” coyunturalmente por la ola de atentados en algunos países europeos y las revueltas en los países del Norte de África, Portugal se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Europa. La facturación del sector turístico en Portugal en 2017 representaba el 10% del PBI. La fuerte entrada de divisas por este concepto permitió ir saldando las deudas sin sacrificar gasto público. Entonces, siguiendo el modelo portugués es claro que un sector exportador debería apoyar ese modelo.

Ahora, en el caso de Argentina, ¿qué sector sería? Dadas las condiciones actuales, “el” sector exportador por excelencia es el agroindustrial. Si la salida portuguesa se plantea como una salida progresista, ¿la salida progresista copiada a lo criollo… sería apoyada por la gran burguesía agraria? Ésta es una contradicción del “modelo” portugués que muchos candidatos no quieren mostrar.

Menos aún cuando el sector de agricultura y ganadería que serían responsables por las exportaciones para pagar la deuda representan no más del 7% del PBI y tienen un impacto de creación de empleo mucho menor que el turismo. Además de que la moneda corriente de Portugal es el euro, con cual recaudan impuestos en la misma moneda en la que están endeudados, que es todo lo contrario a lo que ocurre en Argentina: se recauda en pesos y hay que pagar en dólares (eso se llama “descalce” de monedas).

El cuarto punto es que no queda claro cuál será la postura del FMI al respecto. El organismo tuvo cierta indulgencia con Portugal a la luz de la crisis desatada previamente en Grecia, es decir, a la vista de la secuencia geopolítica. En el contexto actual, Argentina está bajo escrutinio global. El organismo ya ha apoyado con ingentes recursos al actual gobierno, volviendo al país el principal deudor del organismo. No está claro hasta dónde podrá extender los permisos sin obtener los resultados buscados. Al mismo tiempo, dada la experiencia previa del 2001 sería problemático que el país se vuelva a hundir más profundo en la crisis, merced del FMI. Tal como el punto anterior, este “socio” sugiere intensas dudas: ¿cuáles son las posibilidades progresistas de un gobierno apoyado en la fracción financiera del capital transnacional?

Todo parece indicar que la portuguesa no parece ser la salida progresista a los problemas argentinos.

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