Por Vivian Palmbaum | Foto: Inforegión

El Censo se realizó en dos etapas, primero en la localidad de Lomas de Zamora y luego en Lanús. Un conjunto de organizaciones sociales que vienen realizando tareas de acompañamiento a personas en situación de calle se propuso formalizar lo que cotidianamente vivencian. Así fue que se conformó una mesa de trabajo en donde no solo participaron organizaciones e instituciones sino que se les dio participación a las personas en situación de calle.

Comenzaron a capacitarse para salir a las calles, primero de Lomas de Zamora y luego de Lanús, para relevar una situación que refleja la gravedad de una crisis que ha forzado a muchas personas a vivir en la calle.

Los datos son abrumadores: 1024 personas están en situación de calle, de las cuales casi la mitad son niñxs. , tal como revela el informe.

Marcha dialogó con Sabrina Cicchelli, una de las trabajadoras de la Comunidad Duchas (Caritas, Lomas de Zamora).

¿Cómo fue esta experiencia?

Constituye un salto cualitativo grande porque, si bien las organizaciones nos conectamos, siempre lo hacemos desde la urgencia, asociado a temas como alimentación, hospitalarios, violencia, cuestiones del día a día, para tratar de resolver los problemas y de poder brindar nuestros servicios. Que nos hayamos organizado en colectivo para un reclamo necesario y más integral que la urgencia me parece un salto cualitativo importante a nivel de organizaciones en zona sur.

¿Se encontraron con resultados distintos a los que se podían prever? ¿Qué les sorprendió?

Lo que notamos es que en los últimos años aumentaban la cantidad de personas que se encontraban en la calle. Cada uno en cada organización, en el servicio que brindaba, se encontraba con que había más necesidades: necesitábamos más comida para llegar a completar las ollas, necesitábamos más donaciones, quedaba cada vez más gente afuera de las duchas porque no alcanzaba a bañarse toda la gente que venía.

Incluimos la pregunta “¿Cuánto tiempo hace que estás en situación de calle?”. El número de personas en los últimos años se duplicó. Entonces cosas que veíamos día a día lo corroboramos con el censo. A mí me sorprendió mucho el tema vincular. Cuando hacíamos la pregunta “¿Por qué motivo crees que estás en situación de calle?” o “¿Qué necesitas para salir de esta situación?”, muchos lo asociaban a temas familiares, a temas de parejas, temas de hijos. Que lo vincular esté tan presente, si bien es obvio, me pareció bastante fuerte que las personas que están en esta situación lo reconozcan y lo puedan poner en palabras.

Sirve mucho a las organizaciones que muchas veces no podemos hacer nada a nivel económico pero podemos acompañar. Entonces, de alguna manera eso también genera un contexto habilitador para que la persona, aunque sea, pueda trabajar ese plano vincular con nosotros. Otra cosa que nos sorprendió mucho es la cantidad de niños y niñas que están bajo el cuidado de personas que están en situación de calle. Que 475 niños y niñas que estén bajo el cuidado de personas en situación de calle nos noqueó.

¿Cómo fue el trabajo entre las organizaciones?

El trabajo coordinado fue arduo porque todas tenemos enfoques muy distintos pero esto de estar atravesados por el mismo objetivo hizo que sepamos trabajar juntos y pensar en conversar, ceder y siempre tratar de anteponer el objetivo. Más allá de los distintos enfoques, la negociación continua entre nosotros y nosotras para poder llegar a concretar el censo fue clave.

¿Qué van a hacer con los resultados?

Ya presentamos nota al Concejo Deliberante y al intendente para que sea oído el reclamo y que sea aplicada la Ley 13.956, que es el Programa Integral para personas en situación de calle, pero lo que nosotros y nosotras queremos no es solo un reclamo de aplicar la ley y punto. Queremos que se aplique contemplando la voz de las organizaciones que trabajamos en el territorio, es un llamado a trabajar en conjunto e incluso que escuchen a las personas que están en esa situación. Lo que hicimos con el censo es una herramienta de trabajo, no es solamente un reclamo, sino que estamos diciendo cuántas personas hay en esta situación, estamos diciendo qué es lo que estas personas piensan, qué es lo que dicen que necesitan. Es una herramienta base para que empiecen a trabajar en los municipios. Si quieren empezar a aplicar el programa es clave. Porque si van a trabajar en políticas que tienen que estar bien dirigidas, es escuchando a las personas que están atravesadas en el día a día por la problemática. De lo contrario, seguramente no funcione. Que la aplicación del Programa contemple la voz de los y las que están en la calle.

Una ley sin aplicación

Existe una ley, la 13.956 del año 2008 y reglamentada en abril de 2011, que crea el “Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”. Los  responsables de hacerla cumplir son el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social y su autoridad de aplicación, los municipios de Lomas de Zamora y Lanús. Sin embargo, tal como revela el informe, el grado de cumplimiento de la misma es nulo. Son las organizaciones sociales las que llevan a cabo esta difícil tarea de acompañar, visibilizar y reclamar por esta población excluida.

La calle no es un lugar para vivir. Así lo repite cada uno de los y las trabajadoras de las organizaciones que le ponen el cuerpo a un trabajo cotidiano junto a las personas expulsadas por el sistema.

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En el día de ayer la Policía Bonaerense desalojó a las más de 70 familias que se encontraban tomando un predio en el Barrio Esther de Claypole. La única respuesta del gobierno y su entramado judicial a la emergencia habitacional sigue siendo de violencia y represión.

Hace ya una semana que familias provenientes del mismo barrio decidieron ocupar un predio que, hasta ese momento se encontraba en situación de abandono. Si bien este accionar fue llevado a cabo para resolver las situaciones particulares de vivienda que cada uno/a atravesaba también da cuenta  de una resolución colectiva ante la crisis habitacional, la especulación inmobiliaria y la falta de acceso a un terreno propio. Desde el primer momento tanto las familias integrantes de distintos movimientos sociales como aquellas independientes se organizaron en asamblea y trazaron los terrenos para dividirlos de forma equitativa dejando lotes para espacios comunitarios. A su vez, a lo largo de las asambleas se designaron las y los distintos referentes.

Sin embargo, desestimando que ese terreno no tenía utilidad y que las y los vecinos del Barrio Esther de Claypole habían logrado recuperarlo y así logar el sueño del terreno propio, en el día de ayer llegó la orden judicial correspondiente al Juzgado de Garantía nro 1 de Tribunales de Lomas de Zamora realizada por un privado para exigir su inmediato desalojo. Durante la mañana de ayer, las familias que se encontraban en el predio amanecieron con la Policía Bonaerense acatando dicha orden de desalojo. Marcha dialogó con César integrante del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que hacia parte de la toma, para ampliar la información.

¿Nos podrías contar en qué situación se encuentran las familias que decidieron realizar la toma en el Barrio Esther?

Lo que sucede en la toma al día de hoy (por ayer jueves) es un proceso de desalojo de alrededor entre 70 y 90 familias, no pudimos realizar un ceso así que no tenemos el número exacto pero pensamos que alrededor de 90 familias son las que estuvieron sosteniendo la toma a lo largo de estos 8 días. La verdad es que se ha organizado bastante bien ante la situación que los vecinos y las vecinas están pasando, en el cual muchas y muchos están desocupados o una sola persona de la familia tiene trabajo, tienen varios hijos.

Y entendemos que suceden dos situaciones que llevan a las familias a realizar la acción directa de la ocupación, por un lado la elevación de los precios de los alquileres que ya en el año 2016 subieron un 10 por ciento, el año pasado un 15 por ciento y este año se estima que va a llegar a un 30 por ciento anual, sumado al precio de las tarifas de los servicios esenciales, más una devaluación de la moneda del peso argentino y una inflación sobre los alimentos que también va en alza. Todo esto hace que el costo de vida en servicios y alquiler se vaya el 70 por ciento del sueldo de las personas, lo cual hace que sea casi imposible pagar mas el alquiler.

Por un lado está esa situación, y por otro lado no poder acceder a la vivienda por el alto costo que tiene comprar un terreno hoy, los terrenos que ocuparon las familias están valuados entre 250.000 y 400.000 pesos, lo cual hace imposible pensar en adquirirlo para cualquier familia tipo. Entonces se vive en un contexto de hacinamiento, en un solo lote viven alrededor de 3 o 4 familias, lo cual implica 20 personas viviendo en un lote de 10x30mts, eso hace que las familias vivan en esa situación tan difícil de precarización de la vida y no puedan acceder a una vivienda digna.

¿Quiénes componen este proceso y cuáles fueron sus argumentos para realizarlo?

La componen familias enteras que viven en estado de hacinamiento o alquilaban, familias también que están dentro de las organizaciones sociales y sobre todo mujeres en situaciones de violencia de género y vulnerabilidad. La compone gente del barrio y sus alrededores, por eso había una empatía muy fuerte de gran parte de los vecinos y las vecinas. Sobre todo porque ahí existía un desarmadero de autos, habían surgido casos de abuso hacia algunas vecinas del barrio y estuvieron asentados bunkers de drogas, que han sido expulsados por los mismos vecinos y vecinas y las organizaciones sociales que habitamos estos territorios, entre ellas el Frente Popular Darío Santillán.

¿En este marco, qué lectura hacen sobre el actual contexto político social?

Creemos que hay una combinación de diferentes factores económicos, desde donde se están transfiriendo recursos de los sectores más empobrecidos a los sectores más ricos de la clase dominante, lo que hace que se vuelva todo más cuesta arriba para la gente. La mirada que tenemos como Frente Popular Darío Santillán en cuanto al acceso de la vivienda es una mirada absolutamente negativa, por lo menos en el conurbano bonaerense vemos que es imposible llegar a poder adquirir un terreno, salvo que tengas un sueldo de $50.000, que lo tiene un porcentaje muy pequeño de la población, dejando al resto condenados a vivir en situaciones de hacinamiento. Con un grado de especulación inmobiliaria grandísimo, por lo menos en la zona nuestra de Alte. Brown, en el cual están emparentados sectores de la clase política con empresarios y además amparados por el poder judicial, que todo el tiempo se expide y termina tomando decisiones políticas y jurídicas a favor de los más ricos, y en desmedro de los que menos tienen.

Lo que vemos es que hay una situación de emergencia habitacional en el conurbano bonaerense, que debería ser declarada para que se destinen recursos desde el estado y atender esta problemática, porque entendemos que esto va ir en escalada y que esta va a ser la primera de unas cuantas ocupaciones que habrá cuando se vuelva insostenible la cosa. También vemos que el estado no garantiza uno de los derechos humanos básicos que es el acceso a la tierra y la vivienda digna, no da ninguna respuesta, no plantea una relocalización de las personas con este problema, miran para un costado y se patean la pelota entre nación, municipio y provincia acerca de quien debería atender esta problemática, que es parte de una cuestión de clase y que se vive en diferentes puntos de la provincia.

¿Cuál es la respuesta de las organizaciones a la emergencia habitacional?

Básicamente es acompañar a los vecinos y las vecinas en todo este tipo de medidas, orientar desde lo legal y lo jurídico, hacer el enroque entre los vecinos y las vecinas y todo lo que tiene que ver con las herramientas legales para acceder a la vivienda digna. Organizar e intentar que todo ese sentimiento individual que existe en la sociedad se pueda colectivizar, se pueda generar un barrio digno, construido con otros valores, donde exista un comedor comunitario, se le de importancia a la niñez, a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, para poder dar una respuesta a toda esa cuestión. La organización en eso acompaña y aporta todo el camino recorrido durante estos 18 años, entendiendo que la familia se está enfrentando a esa situación de especulación inmobiliaria y de avance sobre sus derechos, pero también ante poderes grandísimos como son el estado y los empresarios. Estamos convencidos y convencidas de que estas cosas se ganan luchando, se ganan con organización y colectivizando las luchas. Ponemos el esfuerzo máximo para poder contener a las familias, que no se desmadre la toma, entendiendo las tensiones que hay en los barrios, y conteniendo no en el sentido de que la gente no luche, si no todo lo contrario. Además de todo eso juntar a todos los responsables políticos para poder tener un debate con las familias y poder dar una solución concreta.

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Esta semana la Asociación Civil TECHO presentó los resultados de un Relevamiento de Asentamientos Informales de 2016.

El evento se realizó en el Salón de Los Pasos Perdidos del Congreso Nacional ante funcionarios de gobierno, académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, referentes comunitarios y voluntarios. El relevamiento se realizó sobre 11 territorios de nuestro país y arrojó datos que parecieran cuantificar una situación que no cuenta con datos oficiales certeros, que provengan de algún sector gubernamental.

1 de cada 10 personas viven en asentamientos informales según el relevamiento, y este sin dudas fue el título mediático para presentar la cuestión. Sin embargo analizando un poco más de cerca el trabajo efectuado, se desprenden algunas cuestiones que no son tan claramente exhibidas.

Los datos

Tal como lo indica la gacetilla de TECHO, el informe comprende la georreferenciación y caracterización de villas y asentamientos relevados en las provincias de Buenos Aires; Córdoba; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gran Corrientes; Gran Resistencia, parte de la provincia de Misiones (Departamento Capital, Oberá, Eldorado y San Vicente); Alto Valle de Neuquén, Plaza Huincul, Cutral-Có y Arroyito; Alto Valle de Río Negro; parte de la provincia de Salta (Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal); el Área Metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán.

Del informe se desprende que existen al menos, 2.432 asentamientos, en los 11 territorios relevados, donde viven aproximadamente 650.685 familias. Tomando en cuenta la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, se estima que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67% de la población del país.

Este informe da cuenta aún de como se componen necesidades como: acceso a los servicios básicos como recolección de residuos, servicios de electricidad, cloacas, inundabilidad, acceso al agua potable, entre otras necesidades mínimas para vivir.

TECHO

TECHO se presenta en la web enunciando que es una organización social presente en Latinoamérica y el Caribe, que busca superar la situación de pobreza en la que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Con objetivos precisos como superar la pobreza y construir una sociedad más justa. Esta acción se lleva adelante en 19 países de la región a través de un trabajo en los lugares más carenciados con voluntarios. Es necesario destacar que su estatuto legal en Argentina es de Asociación Civil.

Las fuentes de financiamiento provienen mayoritariamente de grupos empresarios, junto con aportes privados individuales y el trabajo de una enorme cantidad de voluntarios atraídos por las nobles intenciones.  Entre los aportantes se destacan importantes empresas regionales y locales, que se presentan como socios estratégicos y alianzas corporativas. Al mismo tiempo esta organización suscribe convenios con los gobiernos, organismos y organizaciones asociadas, que financian sus investigaciones. Todo esto está a simple vista en la web.

En septiembre de 2016 se suscribió un Convenio de Cooperación con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina y la Asociación Civil Techo para el relevamiento de asentamientos informales, firmado por el Lic. Mario Eugenio Quintana. Los detalles figuran de manera incompleta, a pesar de sus intenciones de transparencia. En el mismo convenio dícese entre sus objetivos: ayudar a la implementación de políticas sociales para las poblaciones más vulnerables. Es decir que el presente relevamiento tendría incidencia en la construcción de políticas y la asignación presupuestaria para las mismas. De esto podría desprenderse alguna conexión entre un título estridente y mediático como el de: 1 de cada 10 personas vive en asentamientos informales.

Caso testigo: Chile

En abril de 2009 se publica una importante denuncia en Chile, que salió titulada en un portal de noticias sobre América Latina: ¿Un techo o una máscara para el país?

Allí se dice literalmente: “¿Cuál es el negocio de un techo para Chile? … la lavandería de la imagen pública de los evasores y elusores de impuestos, de los destructores del medio ambiente y de los explotadores varios. Financian sus actividades caritativas con los aportes directos  o con nuestros impuestos pero nunca con el de las “altruistas” empresas auspiciadoras. Pero además un techo para Chile recluta a miles de incautos y crea multitudinarios cuadros en la filosofía de la caridad teledirigida. Las mineras que se llevan los no renovables recursos colaboran activamente. En la página de un techo para Chile ni se ruborizan por agradecer a Barrick Gold quien seguramente deduce del ínfimo royalty (3%) sus donaciones. Millones de dólares en vez que ir al erario fiscal, más otros miles de millones que nunca llegan gracias a las relaciones públicas que hacen estas empresas con nuestro propio dinero, van a parar a un techo para Chile quien gestiona a las hordas de niñitos ricos que juegan a ser solidarios”.

Lo que no se dice

Una periodista de la revista Crisis, en noviembre de 2013, describe lo que construye TECHO: “un rectángulo de madera de pino de tres metros por seis, más ancho que un container del puerto, sin aislante térmico en las paredes y el piso, sin electricidad, sin baño, sin cocina y con un costo final  que equivalía (en ese momento) a un Fiat 147 modelo 91. Tal es la propuesta de esta Asociación Civil para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en   asentamientos, de los 19 países en donde construyen en la región. No queda claro quién paga por esto, aunque en el video institucional de los 10 años se muestra alianzas con empresas y hasta con organismos como UNICEF”.

Vivienda Digna, más que un TECHO

En el contexto de las políticas del gobierno de la alianza Cambiemos, no parece nada extraño la asociación entre empresas privadas como modelo de gestión de las políticas públicas. Tan solo la semana pasada en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada se desarrollo el evento: “El rol del empresario en el Desarrollo Argentino” que impulsó el Consejo de la Producción. Desde el minuto cero de la asunción de Cambiemos quedó claro que el modelo a seguir es el que prioriza las ganancias empresarias que derramará en creación de empleos y beneficios para la población. Un modelo que hasta ahora se traduce en un fracaso absoluto, con disminución del empleo, el poder adquisitivo, la actividad productiva y el creciente empobrecimiento de amplios sectores de la población.

En contraposición con el modelo TECHO, de asistencia a los sectores más vulnerables, la semana pasada se presentó un proyecto de ley, impulsado por un conjunto de organizaciones sociales y territoriales que vienen trabajando desde hace más de 10 años en el tema.  Con una Jornada de Debate se presentó en el Congreso  el proyecto de LEY NACIONAL DE PRODUCCIÓN SOCIAL Y AUTOGESTIONARIA DEL HABITAT SOCIAL, que cuenta con el apoyo de varios legisladores nacionales. Allí se presentaron las diversas experiencias y maneras de autogestionar el hábitat de distintos colectivos que han logrado alcanzar la vivienda a través de la gestión cooperativa y otras experiencias que están en desarrollo, sobretodo en la CABA, que cuenta con una ley como la N° 341 que facilita el acceso a las organizaciones para acceder a fondos públicos.

Entonces mientras las organizaciones gestionan y luchan para nacionalizar una ley que les facilite el acceso al HABITAT, el gobierno nacional mantiene otro tipo de propuestas: o casillas de madera, de gestión solidaria y financiada por fondos de dudosa procedencia o el mercado inmobiliario inaccesible para los sectores populares.  1 de cada 10 personas vive en asentamientos informales, un titulo que favorece algunos intereses que no parecen ser los del pueblo.

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En esta ciudad, en este país, en la Patria Grande, se sostienen las prácticas de desigualdad. Nuestra ciudad está reservada para quienes pueden pagar altos precios por m2 para habitarla, mientras expulsa a sus márgenes a los más humildes y desfavorecidos en la distribución de la riqueza.

Desigualdad, desigualdad, desigualdad, tal es lema que se alimenta a ultranza. A simple vista, y sostenido por las estadísticas, se alcanzan a divisar una enorme cantidad de emprendimientos inmobiliarios que se reprodujeron por los barrios de la ciudad en los últimos diez años. Usufructuando la insuficiente infraestructura necesaria que permita sostener la multiplicación de demandas sobre los servicios públicos esenciales para poder vivir. Una paradoja se abre porque caminamos por una ciudad en donde se han construido una enorme cantidad de viviendas, que se hallan vacías, a la espera de algo que parece incierto: la especulación. Una ciudad en donde la cantidad de habitantes no ha variado en los últimos diez años y sin embargo las villas y asentamientos informales, así como los conventillos y las casas tomadas han aumentado en el número de personas que albergan.

Entonces ¿Para quién son las viviendas construidas que permanecen vacías?

En el vértice opuesto de este triángulo, que no es amoroso sino preocupante, se hallan una enorme cantidad de familias que viven en condiciones de precariedad y la mayor parte de las veces en la indignidad para la condición humana. Una ciudad que necesita de estas personas. Condenados de la tierra que llegan para desempeñar las labores necesarias para sostener y dinamizar las economías ciudadanas. Obreros de la construcción, trabajadores textiles, personal doméstico, enfermeras, cuidadoras, vendedores ambulantes, entre tantas otras profesiones que llevan adelante. Derecho a la ciudad: sin hogar, sin techo, con lo puesto, sin asistencia, en el desamparo.

La tierra es aquel objeto en disputa y el escenario de todas las desigualdades. La lucha por ella se dirime entre tenedores, trabajadores, propietarios y terratenientes. En el suelo rural se pueden atrapar las mismas disimetrías que atraviesan la ciudad. Los conflictos entre los tenedores, trabajadores y los certificados de propiedad que dan rienda suelta al extractivismo feroz a costa de las personas. El capitalismo es el nombre del verdugo, un nombre que comparten los dueños de los medios de producción, que solo ven en su servidor: el lucro, al hijo legítimo que los hereda.

Hay muchos ejemplos que cotidianamente nos presentan esta situación y en la ciudad están casi a simple vista. Desde el espacio rural, de cuando en cuando se conocen cuestiones que suceden con bastante frecuencia, comunidades originarias, tenedores de la tierra, pequeños agricultores o granjeros amenazados por los poderosos que buscan adueñarse del espacio territorial. Hace pocos días un conflicto en Santa Fe, Ocampo Norte, en donde se desalojan a los legítimos tenedores de la tierra, que hace 40 años habitan su lugar y cuando las familias tienden sus lazos solidarios para asistir a los afectados, aprovechan para incendiar otra vivienda (precaria). Obreros del surco el nombre de una profesión escondida, ocultada.

En el territorio nacional el exterminio que el General Roca provocó con la llamada Conquista del Desierto se perpetúa hasta nuestros días. Apropiación, expulsión, usurpación que los poderes económicos ejercen con la complicidad de las instituciones estatales.

Territorio en desigualdad: Disputa por la tierra, apropiación de recursos, extractivismo

El continente se halla atravesado por las mismas situaciones que son fuente de todos los conflictos de distinto orden y con el mismo común denominador: la disputa por la tierra y los intereses que ello persigue.

Colombia parece constituir el ejemplo emblemático de la región. En búsqueda de la paz perdida hace más de 50 años produce el desangramiento de una nación. Su origen: la disputa territorial. Las guerrillas surgieron como Ligas Agrarias cuando el héroe nacional Jorge Elieser Gaitán fue asesinado luchando por la justicia social. De ahí en adelante se halla asolada por los oscuros poderes: narcotráfico, tratados de libre comercio que regulan los precios y perjudican a los agricultores, planes de erradicación de la coca que bajo ese pretexto devastan los cultivos rurales, privatizaciones de servicios públicos que usurpan las mejores tierras y aplican políticas extractivistas, miles de personas que se desplazan cerca de las ciudades porque ya no tienen donde vivir, para pasar a vivir en condiciones humillantes de subsistencia.

Una situación que es el muestrario de otras que suceden a lo largo de la Patria Grande y que siguen sosteniendo a este continente como el de mayor desigualdad del planeta.

Un Chile que detrás de los fulgores de la Copa América barre bajo la alfombra la desigualdad que se vive en los barrios, como en Valparaiso donde con bastante frecuencia suceden incendios, aludes, en sus laderas pobladas de precarias viviendas, a donde no es posible que llegue el auxilio porque no hay calles que lo permitan.

La historia de Nuestramérica sometida por las grandes empresas acuñó el término “república bananera” que proviene de la tarea de control, apropiación y dominio de las poblaciones, sobre todo centroamericanas, en donde se afincaron las compañías fruteras de capital norteamericano que no solo dominaron el territorio para lucrar sino que ejercieron el control sobre gobiernos y hasta a través de la maquinaria de la comunicación crearon estrategias para hacer circular el sentido común que los beneficiaría. En la década del 50 del siglo pasado, la famosa cantante brasilera Carmen Miranda, popularizó un ritmo contagioso bailando con una frutera en la cabeza. Ya en esa época el control y la manipulación cultural producía efectos. La United Fruit Company era la dueña de los territorios de gran parte de América Central, en donde se producía frutas, bananas, con salarios de hambre y trabajadores en condiciones de esclavitud.

Unas pocas muestras de situaciones repetidas a lo largo y ancho del continente: Ecuador empetrolada por Chevron, el Amazonas desforestado, los incendios en la Patagonia, la masacre de Curuguaytí que le costó el gobierno a Fernando Lugo, entre algunas destacadas.

Vivienda, hábitat, techo, son los lugares en donde tomamos contacto, una y otra vez con las profundas injusticias y desigualdades que asolan Nuestramérica.

*O.S. y P. Los Pibes, Fm Riachuelo

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Bajo el título “Los candidatos debaten políticas habitacionales”, el pasado viernes se llevó a cabo un encuentro en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, convocado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), del cual participaron algunos pre candidatos a legisladores y jefe de gobierno: Sergio Abrevaya (Surgen), Andrés Borthagaray (Eco), Pablo Ferreyra (Alba), Sergio Garcia (MST – Nueva Izquierda), Claudio Lozano (Camino Popular), Maria José Lubertino (FpV), Fernando Sanchez (Eco) y Marcelo Ramal (FIT). Los tres ejes de discusión fueron Urbanización, Alquileres y créditos de vivienda y Planificación urbana y relación con el mercado.

La vivienda es un derecho

En referencia a la urbanización de las villas, la pregunta disparadora estuvo a cargo de Teofilo Tapia, referente histórico y luchador del Barrio Carlos Mugica (Villa 31), quien recordó la existencia de leyes sancionadas que no se están cumpliendo, como la 408, 1770, 403 y 3343, e interpeló a los disertantes sobre qué harán con ellas. El acuerdo de todos fue sobre la ineludible vocación de urbanizar las villas.

Aunque no hubo propuestas específicas sobre cómo llevar adelante dichos procesos, sí hubo aportes sobre cómo iniciar una tarea con ese objetivo y qué implica urbanizar las villas en el mismo lugar donde hoy se encuentran. Sergio Garcia, del MST – Nueva Izquierda, indicó que “Urbanizar implica abrir calles, colocar red de cloacas, sistema eléctrico seguro, centros de salud y educación. Todo para que los chicos y las familias vivan con dignidad”. Además, alertó sobre la especulación que hay en el valor de los terrenos donde se asientan las villas. Por su parte, Marcelo Ramal del FIT, denunció el negocio de los alquileres asociados con las bandas del narcotráfico y la entrega de títulos de propiedad que realiza el Gobierno de la Ciudad en villas como Los Piletones, sin urbanizar efectivamente el lugar.

El rechazo a la entrega de títulos de propiedad, sin proceso de urbanización previo, fue denunciado y rechazado por varios de los presentes. En ese sentido, Fernando Sanchez, resaltó la importancia del consenso generalizado sobre la solución, afirmando que “Hoy estamos todos discutiendo sobre la urbanización de las villas cuando, años atrás, el debate era urbanización versus radicación”.

La situación para quienes alquilan o pretenden hacerlo en el mercado formal de la Ciudad de Buenos Aires se ha vuelto cada vez más compleja. Como consecuencia de la imposibilidad de comprar una vivienda, muchos son empujados cada vez más a optar por un alquiler. Desde el 2001 a la fecha, se han duplicado los alquileres y el porcentaje del sueldo de un trabajador promedio destinado a esto ronda el 40 por ciento, según datos aportados por Pablo Ferreyra de Alba.

Algunas propuestas presentadas por los candidatos giraron en torno a la regulación del mercado inmobiliario y la intervención del Estado en este sentido. Aumentar el impuesto a inmuebles ociosos y viviendas vacías para dirigir ese presupuesto en la construcción de viviendas sociales, controlar la construcción indiscriminada de edificios y la creación de créditos accesibles del Banco Ciudad, entre las principales.

Con una visión más amplia de la problemática, Marcelo Ramal, describió una polarización en el acceso a la vivienda con sectores mayoritarios de trabajadores cuyo sueldo se ha ido devaluando o su condición precaria los imposibilita de acceder a una vivienda digna ante la escasa oferta. En este sentido, alertó que “La relación entre el valor de una propiedad y el salario es la más alta de la historia”. Mientras tanto, los bloques legislativos del Pro y el Kirchnerismo se pusieron de acuerdo para adjudicar grandes negocios a la empresa IRSA, señaló el actual Legislador porteño. En una línea similar, el Diputado Nacional Claudio Lozano, sostuvo que “Macri está comprometido con la lógica del capital inmobiliario y, por lo tanto, con el uso especulativo del suelo urbano”, y propuso recuperar el 5 por ciento del presupuesto total de la Ciudad destinado a Vivienda.

Fuerte rechazo a las políticas de un oficialismo ausente en el debate

Un punto en común que caracterizó a todos los disertantes fue la crítica a la gestión actual del Pro encabezada por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. La valoración hacia tal gestión, en términos generales, es negativa. Esto no responde a opiniones personales o de cada espacio político, sino que fue acompañada por datos concretos de la realidad y que algunos de ellos hemos esbozado aquí.

Las denuncias y reclamos sobre la pasividad de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, el vaciamiento del Instituto de la Vivienda, el recorte presupuestario -estipulado en un 2.1 por ciento para este año- y la falta de construcción de viviendas sociales se ha reiterado en las intervenciones. Lamentablemente, el encuentro no contó con ningún representante del oficialismo que pueda responder a pesar de haber sido invitados, aclararon representantes de Acij.

Al finalizar, tomaron la palabra vecinos de las Ciudad, muchos de ellos habitantes de villas que presenciaron el debate y se encargaron de reforzar dichas críticas hacia la gestión Pro. Asimismo, exigieron a los candidatos un compromiso real para enfrentar la problemática habitacional en villas y el resto de la Ciudad.

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