Se hicieron públicos los datos correspondientes al mes de julio del balance cambiario estimado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tal como era esperable, indican una profundización de la crisis en la que está sumido el país.

Desde que asumió Cambiemos en diciembre de 2015, uno de los lineamientos centrales de la política económica fue la liberalización de las diversas cuentas que componen el sector externo, con la unificación del mercado cambiario como hito inaugural. En lo referido al comercio, se pueden mencionar la eliminación de controles comerciales, la reducción de impuestos tanto a las importaciones como a las exportaciones (retenciones), la simplificación de trámites (Ventanilla Única), la eliminación del requisito de liquidar las divisas en el mercado cambiario único, entre otras. Por el lado de los flujos de capital, se destacan la eliminación de las restricciones a la remisión al exterior de utilidades y dividendos, de los registros de permanencia mínima, la negociación con los fondos buitres (que destrabó fuentes de crédito y redujo el riesgo país), entre otras.

De conjunto, la economía argentina quedó más vulnerable a los movimientos internacionales de capitales, en forma de mercancías y capital-dinero. En un mundo en crisis, se trata de una orientación de política poco promisoria.

Observando las tendencias inauguradas por esta apertura, podemos observar que el saldo comercial es sistemáticamente negativo, quitando esta fuente de divisas que fue clave durante el kirchnerismo. En el acumulado de diciembre de 2015 a julio de 2018, el comercio generó un déficit de 11.223 millones de dólares. Dentro del sector de bienes, vale resaltar que, a pesar de las múltiples concesiones, las exportaciones no mostraron un salto en valor. Las importaciones, por su lado, sí se habían elevado merced de la liberalización. Esta tendencia, sin embargo, se vio revertida durante 2018, donde el valor de las compras al exterior se redujo de la mano de la persistente recesión en el nivel de actividad. En cualquier caso, el saldo de bienes es positivo; son los servicios los que empujan la balanza hacia el rojo, y allí es necesario resaltar que prácticamente todo el resultado se explica por las salidas asociadas al turismo en el extranjero: por viajes y compras con tarjeta salieron del país 25.736 millones de dólares. No huelga enfatizar, quienes viajan al exterior son una parte pequeña de la sociedad.

En lo relativo a la mentada “lluvia de inversiones”, durante todo este período entraron al país 5.954 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa (IED), cifra que queda más cerca de una garúa que de un monzón. Pero además, la poca humedad generada se evapora al cotejarla con las salidas ligadas a utilidades y dividendos, que totalizaron 6.212 millones, dejando un neto negativo. Apostar a la creación de capacidad instalada en el país en manos de capitales extranjeros no parece ser una alternativa viable.

Vale señalar que sí ingresaron al país inversiones extranjeras ligadas a la especulación más inmediata, denominadas “de cartera”. Hasta marzo, éstas totalizaban 12.515 millones de dólares. Ahora bien, desde que se iniciaron las corridas cambiarias en abril, esta cuenta muestra un saldo negativo, que ya acumula 3.517 millones. Es decir, en 4 meses se fugó casi un tercio de lo ingresado en dos años: se trata de fondos de elevada volatilidad, siempre ligados a cálculos de ganancia de corto plazo.

La otra cuenta que arroja ingresos es la de préstamos financieros y títulos de deuda, que acumuló 22.502 millones en el período, aunque su saldo fue negativo en julio. Este mecanismo de toma de deuda ha sido central para el nuevo esquema de políticas, y sus efectos también palpables: el pago acumulado de intereses totaliza 26.914 millones en el período. Nuevamente, se trata de un esquema de patas cortas, que no cierra ni siquiera en el corto plazo.

Justamente, la cuenta de mayor saldo positivo, que permite balancear –de manera precaria, claro está- el saldo externo, es la colocación de deuda del gobierno. En términos netos, el renglón correspondiente del balance cambiario arroja una entrada de 65.533 millones. Vale enfatizar que no se trata del total de la deuda pública, sino la ligada a entradas netas en moneda extranjera. La deuda pública, hasta marzo de este año, se había elevado según datos oficiales en 95.400 millones de dólares. Es el Estado quien a través de su deuda financia el conjunto de los renglones del sector externo. Si bien el gobierno central tiene un rol preeminente en este punto, no puede dejar de señalarse que varias provincias muestran un incremento insostenible de sus deudas. El Banco Central, por su parte, hizo el juego mediante la emisión de letras que totalizaban 1.200.000 millones de pesos, más que el total de billetes y monedas.

No en vano, en junio debió recurrirse a un nuevo acuerdo Stand by con el FMI, como medida de emergencia ante la evidencia de la crisis. El préstamo total alcanza los 50.000 millones de dólares, una cifra que equipara al total de créditos activos del organismo en el resto del mundo. De ese total, ingresaron al país casi 15.000 millones del primer tramo, que recompusieron las reservas internacionales del Banco Central: en los tres meses previos había perdido 13.500 millones. Al momento de escribir esta nota, el FMI tiene montada una oficina en Buenos Aires, desde donde audita al país, decidiendo si entrega o no el segundo tramo de 3.000 millones, esperable a mediados de septiembre. Vale señalar que en este período, las reservas han vuelto a caer más de 8.300 millones, mostrando que el acuerdo no logró contener la crisis.

Todo este intenso proceso de toma de deuda ha financiado un renglón en particular: la fuga de capitales. De los 54.150 millones fugados desde que Cambiemos llegó al gobierno, 20.000 corresponden al 2018, mostrando que se trata de un proceso en vías de intensificación.

La “vuelta al mundo” de Cambiemos ha mostrado con claridad sus nulas posibilidades de ofrecer alternativas en materia de desarrollo. Mientras un puñado de empresas hace pingües negocios, y sectores medio-altos aún acceden a algunos beneficios, el conjunto del pueblo queda atrapado pagando el pato de una fiesta a la cual nadie invitó.

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Hace poco más de una semana, el Poder Ejecutivo firmó un mega decreto de necesidad y urgencia que contiene más de 190 medidas que pueden ser catalogadas como de “Reforma del Estado”, porque alteran de manera profunda muchos derechos, procedimientos y regulaciones hasta ahora existentes. Los puntos principales que afectan a trabajadoras y trabajadores.

Entre la fina línea que separa la ironía de la tragedia, el DNU comienza copiando textualmente un decreto semejante de 1991, que usaran el entonces presidente, Carlos Menem, y su ministro de economía, Domingo Cavallo, para dar rienda suelta a su ánimo neoliberal.

Dentro de esta enorme cantidad de medidas hay una gran variedad de reformas que van desde el papel del Estado como productor de bienes, en la medida en que se deroga una ley que permitía la producción agropecuaria e industrial por parte del Estado en tierras del Ejército Nacional; hasta la vulneración de los derechos laborales más básicos, pasando por la mayor financierización de la economía y la mayor opacidad en torno a las licitaciones de obras públicas.

El juego del gran bonete

En particular, hay tres grandes medidas que afectarán negativamente la vida las trabajadoras y trabajadores y sus familias. En primer lugar, el DNU abre las puertas de la timba financiera para los préstamos en UVA (Unidad Valor Adquisitivo) otorgados por los bancos y el Fondo de Estabilización de la ANSES. Básicamente, se habilita a los bancos a crear instrumentos financieros con los préstamos en UVAs otorgados. Estos instrumentos podrán ser vendidos en el mercado y su rentabilidad estará atada a los pagos de los préstamos hipotecarios en UVAs.

El objetivo para los bancos es hacerse de fondos para seguir prestando y, al mismo tiempo, distribuir los riesgos atados a los préstamos otorgados hacia el resto de la economía, vía el mercado financiero. Es decir, si un deudor deja de pagar, el banco ya habrá vendido ese préstamo, junto con otros, dentro de un paquete a algún inversor que lo haya comprado. La pérdida para el banco es mínima y las ganancias tanto para éste como para el inversor que lo haya comprado, hasta ese momento, podrán ser enormes porque la rentabilidad se indexa junto con la inflación y el valor del dólar, pues recordemos que estos productos financieros están atados a préstamos nomenclados en UVAS. ¡Alerta de burbuja financiera! Este mecanismo fue el utilizado por los bancos en Estados Unidos y que culminó en la enorme crisis de las hipotecas en el 2008, con miles de personas en la calle y con los grandes bancos e inversores salvados por el Estado. Una crisis que tuvo impacto no sólo en el sector financiero, sino también en el sector real de la economía.

Lo mismo ocurre con el caso de ANSES. A partir del decreto, esta Agencia podrá crear y vender instrumentos financieros sobre la base de sus activos, principalmente a partir del Fondo de Estabilización que, entre otros fines, se destina al Procrear (hoy también nomenclado en UVAS). En este caso, al financierizar todos estos activos se va creando una burbuja financiera que, si estalla, no va a afectar sólo a los actores directamente involucrados sino también, por ejemplo, a los jubilados, jubiladas y beneficiarios de la AUH.

Una segunda gran medida que afecta a las trabajadoras y trabajadores es que se elimina la inembargabilidad de las cuentas sueldo, siempre que en la cuenta del titular haya una suma superior a los 3 sueldos (según el promedio de los últimos 6 meses). Es tan evidente que esta media está relacionada con el punto anterior que la misma está incluida dentro del capítulo de “Inclusión financiera” del DNU. La justificación por parte del Poder Ejecutivo es que, al establecer un monto por encima del cual las sumas depositadas en las cuentas sueldo puedan ser embargables, se “mejorará” el perfil crediticio del titular. Nuevamente, se reduce el riesgo de incobrabilidad para los bancos, se acrecienta el negocio financiero y se aumenta la vulnerabilidad de las familias de las y los que vivimos de un sueldo y no de rentas financieras.

Por último, el decreto redefine el concepto de “micro, pequeña y mediana empresa” (MiPyMe) para el caso del acceso al crédito subsidiado. A partir de ahora, las MiPyMes controladas por multinacionales van a poder acceder al financiamiento del “Fondo Fiduciario para el capital emprendedor” y el “Fogapyme” que, como son fondos para fomentar el “emprendedorismo” de las pymes tienen ventajas (en términos de costos y condiciones) respecto a otros tipos de créditos. La implicancia de esta medida es que las empresas trasnacionales van a poder crear MiPyMes de manera ficticia para acceder a estos fondos.

La anterior medida está relacionada con otra, del mismo DNU, que habilita la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas con un capital de dos salarios mínimos. Esto permite crear de un día para el otro una empresa vacía para un objetivo determinado (que puede ser acceder a los fondos antes mencionados, a ventajas para la contratación de trabajo más barato, a moratorias, menores impuestos, etc.). ­Esta práctica constituye una de las características normalmente asociadas a los paraísos fiscales, donde se crean cascarones vacíos en forma de empresas para acceder a las ventajas de secreto empresarial, bajos requisitos contables, desgravación fiscal, transferencias de excedentes internas a un mismo grupo corporativo. En la Argentina, aunque esta práctica entraría en conflicto con normativas del derecho laboral, se constituye en un paso en aquella dirección.

En definitiva, se trata de un decreto que abre las puertas a una mayor financierización de la economía, que habilita a la timba financiera con fondos públicos y que deja en una situación de enorme vulnerabilidad a las y los trabajadores endeudados para acceder a la casa propia.

* Parte del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica

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