Por Eduardo Lucita*

El paso del tiempo no es ocioso: si se lanza una idea o acción concreta posible y luego con el correr de los días no se la pone en práctica o no se la impulsa no solo se diluye sino que genera desilusión y frustración entre los sectores sociales interesados. Así ha pasado con la expropiación/intervención de Vicentin; así con la deuda pública del Estado nacional, que propuesta tras propuesta sumaron nuevas y mayores concesiones a los bonistas; así pasó con el informe del BCRA sobre el endeudamiento y la fuga de capitales bajo el gobierno Macri, que despertó esperanzas y quedó reducido a un «paper» académico. Así está pasando con el impuesto a las grandes fortunas, que se lo lanzó para atender los problemas de financiamiento provocados por la pandemia. Incluso se dejaron transcender cifras del número de personas a gravar y estimaciones de la posible recaudación. Sin embargo, el proyecto no ha ingresado al parlamento.

Un panorama general

La economía nacional atraviesa una crisis de proporciones inéditas en la que los problemas estructurales que arrastra hace décadas se han fusionado con los provocados por la pandemia. Entre otras cosas, requiere ingresar recursos genuinos que financien la fuerte expansión monetaria a que se ha visto obligado el gobierno para atender a los más necesitados y evitar mayores quiebras empresarias. Caso contrario se impondrán los gurúes de la city al servicio de la derecha que ya están alertando sobre un inminente rebrote inflacionario, que llegó el momento de frenar el gasto público, que hay que ir al equilibrio fiscal…

No es solo un problema argentino. Frente a la parálisis económica que el Covid-19 impuso a la economía global los más diversos gobiernos han recurrido a estímulos fiscales y monetarios cuya magnitud no tiene precedentes. En EE.UU. el gobierno ha dispuesto volcar recursos para respaldar el empleo y a las pequeñas empresas, mientras que la FED está inyectando liquidez al mercado. En conjunto, suman 8,5 billones de dólares mientras que en la Unión Europea se acaba de aprobar un paquete de 750 mil millones de euros. Buena parte de ellos irá a fondo perdido. Esos esfuerzos fiscales ya triplican al que se hiciera en 2008.

Los gobiernos de América Latina han seguido este curso de acción, los principales países han emitido hasta alcanzar un déficit fiscal de entre el 8 y el 10% del PBI; nuestro país se supone llegara a fines de año al 8%. Acompañando esta emisión de deuda y moneda sin precedentes, el FMI acaba de declarar (dejando de lado por ahora sus monsergas ajustadoras) que estas políticas deben seguir y que sería un grave error retirar dinero de las plazas hasta tanto no haya seguridad de que la recuperación económica sea duradera.

¿Dónde hay un mango?

Tal vez parafraseando aquella ranchera popularizada en los años treinta por Tita Merello hoy podríamos tararear «Dónde hay recursos Viejo Gómez». Es que esta discusión está también instalada en otras latitudes. Más aún cuando en no pocos países, también entre nosotros, se ha instalado la necesidad de implantar como política de Estado permanente una renta básica universal, que opere como un piso mínimo de ingresos frente a la esperable caída del empleo, de los salarios y el incremento de la pobreza y la indigencia.

En la Unión Europea diversos sectores sociales y políticos están discutiendo sobre la necesidad de imponer una tasa Covid. El paquete aprobado por la Comisión Económica Europea, pendiente de aprobación por gobiernos y parlamentos, contempla la aplicación de tasas extraordinarias, entre ellas una tasa al carbono a las importaciones de productos contaminantes y otra a las grandes tecnológicas, también a las transacciones financieras. Entre nosotros ya hay algunas provincias y municipalidades que han impuesto contribuciones adicionales a la banca local y a ciudadanos con altos patrimonios. Una nota en Clarín señala que «la asistencia del Central empieza a tocar los límites de lo legal, por lo que hay que recomendar la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas».

Pues bien, el impuesto a las grandes fortunas es hoy una fuente alternativa, indispensable para atender las necesidades sanitarias y sociales provocadas por la pandemia. Según los trascendidos, gravaría a unas 15 mil personas con una recaudación del orden de los 4.000 millones de dólares. El cálculo se fundamenta en lo tributado por Bienes Personales. Conviene recordar que en este caso el monto de los activos se computa en muchos casos según la valuación fiscal y no según su valor de mercado. Esto contrasta con lo informado por la tercera edición del Ranking Forbes que muestra que al 31 de mayo pasado las 50 personas más ricas del país acumulaban activos por un valor de 46.440 millones de dólares.

Aun así este impuesto extraordinario -pensado por única vez pero que en mi opinión debiera ser bianual, ya que la economía recién comenzaría su recuperación en el 2022- sería un avance, un primer paso en la indispensable reformulación progresista de la política tributaria en el país. En lo inmediato debiera ser complementado con una contribución extraordinaria de la banca y de los llamados unicornios nacionales -Mercado Libre, Despegar, Globant, OLX y Autho, empresas de base tecnológica cuyo valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares-, los grandes ganadores de los últimos tiempos.

Contradicciones

Sin embargo mientras se posterga sin fecha el ingreso del proyecto al Congreso, el gobierno ha ingresado un proyecto de amplia moratoria, mientras comienza a hablarse de un nuevo blanqueo que alcanzaría a grandes empresas y capitales fuera del circuito productivo. Estas iniciativas desdibujan totalmente las investigaciones que llevaba adelante la AFIP sobre evasión impositiva.

En paralelo está circulando una declaración suscripta por referentes de los derechos humanos, intelectuales, dirigentes sociales, sindicales y políticos, que al momento de concluir este artículo ya es acompañada por cientos de firmas, que enfatiza que «el impuesto a las grandes fortunas debe aprobarse ya, transformándose en una ley que contribuya a poner en práctica la redistribución del ingreso».

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)

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Por Iván Barrera / Foto Franco Fafasuli

SI hay algo que evidencia esta pandemia es que el capitalismo está más podrido de lo que muchos y muchas piensan. La respuesta no está solo en los servicios de salud pública estallados y la poca empatía del mercado hacia la vida, sino en la fragilidad que tiene nuestro sistema de relaciones de producción imperante. Aquí buscamos tratar solo algunos mitos y verdades de los tantos que recorren los pasillos de televisión y los boca a boca de WhatsApp y las redes sociales.

Grandes empresas pueden quebrar

Sí, grandes empresas pueden quebrar. Cuando todo esto comenzó, tal vez lo primero que se nombró, a partir del cierre de los aeropuertos, fue “muchas aerolíneas pueden quebrar”. Lo primero que se nos viene a la cabeza es “si una megacorporación que tiene una flota enorme de aviones quiebra, que le va a pasar al almacén de Don Pepe”. Paradójicamente, el tamaño de la empresa no siempre determina las chances de supervivencia sino que es la estrategia empresarial la que puede disponer que en pocos meses Don Pepe siga cortando fiambre a la par que desarman los Boeing de una aerolínea.

Ahora, ¿por qué grandes empresas pueden quebrar? ¿Qué lógica impera detrás de esto? La lógica capitalista de cualquier empresa capitalista en cualquier país capitalista de este mundo globalizado es muy similar. Podemos llamar a nuestra empresa ejemplo “Techint”, pero para no ser evidentes llamémosla Empresa T.

La Empresa T, como cualquier empresa, funciona durante todo un año fiscal. Durante ese año produce bienes u ofrece servicios, los vende y con ese dinero paga sueldos, paga impuestos y tal vez el alquiler. Cuando finaliza el año fiscal, si la Empresa T tiene ganancias, puede repartirlas entre sus dueños o sus accionistas. También puede destinar dinero a un fondo de caución o de inversión.

¿Cuál es el problema? Cuando la Empresa T reparte ganancias a sus accionistas, llamémosle Paolo R. y Gianfelice R., ese dinero ya no le pertenece a Empresa T sino que le pertenece a los hermanos R. Entonces cuando comienza una pandemia con un cierre casi total en la economía y Empresa T tiene que empezar a pagar más de lo que le ingresa, no puede hacer uso de las ganancias generadas el año fiscal anterior porque no le pertenecen a Empresa T sino que a los hermanos R. ¿Y qué pasa? Cuando tiene que pagar sueldos, impuestos o el alquiler no cuenta con el dinero necesario y debe incurrir en préstamos (o despedir personal a mansalva como quisieron hacer muchas empresas).

La Empresa T es ficticia y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pero es una realidad que afecta a muchas grandes empresas que deben acudir al crédito para no quebrar por la avaricia de sus dueños o accionistas. Mientras tanto, el almacén de Don Pepe seguramente esté sufriendo los achaques de una economía paralizada y seguramente tenga muchísimo menor acceso al crédito que la Empresa T, pero al ser dueño de su propio ingreso puede hacer uso del mismo para bancar la parada.

Notas relacionadas:
2001: una odisea al default

El gobierno está salvando empresas

Esta afirmación resulta un poco más capciosa. Siguiendo con la lógica empresarial capitalista, vamos a suponer que aparte de la Empresa T hay una Empresa A, una empresa B, y una empresa C. 

Cuando comienza el megaparate a partir del inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio, las empresas A, B, C y T comenzaron a quedarse cortas de efectivo porque sus ventas comenzaron a desmoronarse, y por la lógica anteriormente comentada. Pero acá hay que hacer una diferencia: no tener efectivo no significa no tener plata. Muchas veces las empresas tienen dinero en forma de plazos fijos y muchas veces se da esta lógica:

La Empresa A le compra mercadería a la Empresa B y le entrega un cheque a 90 días. 

La empresa B le compra mercadería a la Empresa C y le entrega un cheque a 120 días. 

La empresa C le compra mercadería a la Empresa T y le da un cheque a 180 días y así podemos seguir con el resto del abecedario. 

Entonces, las cuatro empresas tienen una promesa de pago pero no tienen el dinero. El mayor problema es que a fin de mes tienen que pagarle a sus empleados y tal vez no les alcanza el dinero, entonces terminan pagando solo una parte de ese sueldo en los mejores casos.

Acá entra otra lógica en nuestra cuenta: los trabajadores y las trabajadoras que perciben un salario menor van a tratar de gastar lo mínimo e indispensable para llegar a fin de mes. Entonces una trabajadora de la Empresa A que cobra su salario por la mitad, le va a comprar menos a las empresas B, C y T de lo que le compraba antes. Entonces las empresas B, C y T tienen menos efectivo para pagarles a sus empleados o para pagarle a las otras empresas a las que le deben.

Acá es donde aparece la intervención estatal. El Estado está imprimiendo billetitos a una velocidad descomunal, tal vez la más acelerada de la historia. Lo hace por dos razones. Primero, porque empresas como T están pagando menos impuestos, entonces tienen menos ingresos. Tampoco pueden acceder al crédito porque el gobierno M explotó la deuda externa. Pero más allá de estos dos factores, imprime a mansalva para intervenir en estas lógicas perversas y autodestructivas. 

¿Qué hace el Estado? Inyecta dinero a la economía mediante 3 frentes: por un lado subsidia a las empresas, por otro lado subsidia sueldos y por un tercer lado entre planes y bonos. Al inyectar dinero directamente al pueblo, la gente dispone de mayores ingresos (o sus ingresos regulares) y vuelve a consumir activamente a las empresas A, B, C y T. A su vez, estas empresas, gracias a que la gente vuelve a consumir y gracias al subsidio del Estado, pueden pagarle lo que le debe a la otra empresa, pueden pagar impuestos y pueden pagar salarios para que esos trabajadores y esas trabajadoras vuelvan a consumir y se siga reactivando el ciclo.

Ahora, ¿está bien que el Estado intervenga? Seguramente si le preguntamos a economistas galardonados como Milei o Espert se les paren los pelos de la cabeza o de la nuca, según el caso. La lógica de los gobiernos kirchneristas en la era post 2001 fue esta. Fue reactivar el consumo a partir de inyectar dinero, lo que permitió la salida de la crisis de la convertibilidad. La historia demostró que este no era un modelo sostenible en el tiempo, aunque sí un modo muy efectivo para evitar que las crisis se agudicen. 

Otra pregunta es si realmente no hay otros lugares más urgentes donde inyectar dinero, como en la compra de insumos para hospitales, en las villas y asentamientos donde sobra la desidia, en el personal de salud que cumple jornadas maratónicas en hospitales y hoteles y demás lugares donde la urge la necesidad. Finalmente está el tema de si emitir descontroladamente es la solución, cuando hay familias multimillonarias como los hermanos R o como quienes pasan el aislamiento social paseando con su yate por Nordelta que podrían estar financiando la debacle económica y social producto de la pandemia.

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Por Julio C. Gambina* / Foto por Daniel Vides

Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.

Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.

La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.

Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.

Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.

Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.

Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.

La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19”^[1].

El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.^[2]

Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.

El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.

Recesión, impacto social y salida de la cuarentena

Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2%^[3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.

Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.

¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?

¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?

¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?

Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.

La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?

A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.

No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.

El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas  medidas preventivas.

Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.

Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.

Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.^[4] Todos por encima  de la media.

De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.

El Estado y su intervención en la economía

En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.

Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.

El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.^[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.

Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.

Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.

Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.

Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.

¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?

Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.

No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.

En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.

No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).

Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.

Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.

Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.

El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.

La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.

Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.

El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.

Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.

La transición necesaria

En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.

La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.

Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.

¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.

Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.

Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.

Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.

Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.

^[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)

^[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)

^[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)

^[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.

^[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)

* Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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Por Francisco Cantamutto / Fotos Silvina Salinas

Día tras día aparecen nuevos informes que indican una situación de creciente vulnerabilidad, contrarias a las noticias que hace un mes atrás pretendían que se trataba de un problema menor que no requería medidas, cambio que ha forzado que incluso líderes que se oponían a actuar, como Boris Johnson en Gran Bretaña, retrotraigan sus dichos y avancen en medidas que profundizan la crisis económica.

El bloqueo del comercio internacional para evitar el flujo de contagios se replica hacia dentro de los países. El transporte limitado y el cierre de puestos de trabajo generó una fuerte parálisis en la economía mundial, donde las estimaciones cambian semana a semana pero todo indica que va a ser la peor caída de la actividad económica mundial desde la crisis del 30, con una pérdida masiva de puestos de trabajo. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cerca de 25 millones de personas perderían su empleo. Para América Latina y El Caribe, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estimó que alrededor uno de cada tres personas de nuestra región vamos a estar en la pobreza. Esto va de la mano de la precarización del trabajo y una serie de medidas que los distintos gobiernos están tratando de tomar para contener la crisis de distinta manera.

Pesan sobre ellas diferentes condiciones estructurales, según el país. No es lo mismo aquellos donde el Estado aún mantenía ciertas capacidades de previsión social que hacen que, ante esta situación, puedan llegar económicamente a las personas que dejan de trabajar o que cuentan con sistemas de salud mejor preparados para la pandemia. Aquellos países más afectados por las políticas neoliberales, como España o Italia que, tras la crisis del 2008 y el ajuste de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) han sufrido más los efectos de la enfermedad.

Estas condiciones estructurales e históricas se conjugan con las voluntades políticas de los gobiernos. Por caso, tanto en Estados Unidos como en el más cercano Brasil, el interés por precarizar el trabajo a futuro obliga a sostener la lógica de asistencia a los puestos trabajos, incluso en este escenario. Al no tener el amparo del seguro social ante la posibilidad de enfermarse, aumenta el número de infecciones que a su vez produce que la gente no pueda asistir al trabajo debido a la enfermedad en sí. Una cadena que no tiene ningún sentido, salvo sostener la explotación capitalista a costa de sangre y muertes de quienes vivimos del trabajo asalariado.

En este contexto caótico, es importante señalar no solamente los determinantes estructurales sino el hecho de que la crisis estaba gestada antes de la aparición del coronavirus. La retracción del comercio, la ralentización del crecimiento mundial y la disminución de los flujos de capitales eran algo que venía ocurriendo desde hace unos años a esta parte. El estallido lo aceleró. De hecho, más de 70 mil millones de dólares salieron de los países llamados “emergentes” en los primeros tres meses del año. Esta salida masiva de los países de la periferia produce una desestabilización de las economías, en general muy abiertas por las propias lógicas de las políticas neoliberales, lo cual produce, al mismo tiempo, una mayor precariedad y caída del producto bruto. Esto hace prever que va a haber una fuerte seguidilla de crisis de deudas soberanas, no solo en la periferia sino en los países centrales, lo cual probablemente venga acompañado de una crisis de pagos, incluso en las empresas.

De 2008 a esta parte, por las políticas de relajamiento monetario que hicieron que las tasas de interés fueran muy bajas, las grandes empresas tomaron masivamente deuda para especular en mercados secundarios en la recompra de sus propias acciones u de otras, algo que se conoce como financiarización. Con la retracción de los capitales y los flujos negativos, lo que puede pasar es que haya una crisis generalizada tanto de deuda pública como de deuda privada. Sobre la primera, se han expresado actores como el FMI, recomendando condonar deudas de los países muy pobres, o el Papa Francisco, que recientemente habló de la necesidad de reestructurar las deudas. En el mismo sentido hablaron los líderes latinoamericanos del Grupo de Puebla que señalaron la necesidad de reestructurar por completo las deudas externas.

En este contexto es que la economía argentina, que venía de una profunda crisis legada de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos, se enfrenta a una crisis de esta dimensión casi sin recursos. La inflación ha continuado su marcha con un repunte en marzo y la recesión que ya se preveía se va intensificar, no se sabe hasta qué punto. Con el paquete de medidas orientado sobre todo a sostener el empleo y llegar a la población más vulnerable a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el gobierno ha tratado de tener una política activa que emule lo que se ha hecho en otros países del mundo con políticas a favor de sostener la economía, en medio de una cerrazón producto de la cuarentena preventiva.

Cabe señalar que aun los fondos no han llegado a las personas más perjudicadas y deberían estar llegando esta misma semana, demorados por una serie de requisitos para inscribirse que han generado varias inconsistencias, como que personas que viven en un mismo grupo familiar o jubiladxs con la mínima o quien tenga un vehículo no demasiado viejo que utiliza para trabajar, no lo puedan cobrar. Se trata de, quizás, no lxs más perjudicados pero en una línea levemente superior, lo que genera situaciones tan específicas que hace que no sean alcanzadxs. En ese sentido, hubiera sido mejor, como proponen algunos expertos como Rubén Lo Vuolo o Corina Rodríguez Enríquez, un ingreso universal sin condición de empleo que hubiera llegado a todos lados con independencia de la condición de origen, eliminando con esto controles y recaudos.

Asimismo, los créditos a las Pymes para pagar salarios han sido bloqueados por los bancos, a los cuales no se les ha aplicado, hasta ahora, presión, en vistas a la renegociación de la deuda externa que sigue su curso, con la presentación de una propuesta para los bonistas el día de hoy. Toda la deuda pública con legislación local, salvo algunos bonos específicos, y en especial los que tiene el ANSES y el Banco Central, han sido reperfilados hasta finales de este año. Sobre los bonos extranjeros, es difícil predecir qué va a suceder, desarrollándose la negociación en un marco de incertidumbre muy fuerte. Con este panorama, el gobierno no quiere aun enfrentarse a los bancos y no tomó decisiones más fuertes sobre este sector, como forzarlos a ejecutar los créditos o, directamente, tomar parte de los fondos que no prestan.

El gobierno, además, emitió un decreto que impide los despidos, el cual ha sido vulnerado por una multitud de grandes multinacionales que nada tienen que ver con la crisis que pueden estar sufriendo las Pymes. Están aprovechando la situación para regimentar hacia abajo las condiciones de trabajo, sea reduciendo salarios a la mitad como hicieron varias cadenas alimenticias, despidiendo y recontratando bajo condiciones más precarias, o transformando el trabajo con formas más desreguladas como el teletrabajo, que no contempla los derechos vinculantes a la actividad. Es, de conjunto, un escenario inestable en el cual se están disputando, en este mismo momento, cuál va a ser el sentido de la salida.

Uno de los problemas centrales de la economía argentina antes del estallido de la pandemia y ligado al gobierno de Cambiemos es el crecimiento exponencial de la deuda pública en los últimos 4 años. No solo creció sino que cambió su composición, siendo ahora mayoritariamente en moneda extranjera y bajo legislación extranjera con acreedores privados. Estos puntos son significativos porque, a diferencia de la composición de la deuda durante el kirchnerismo, implican negociaciones distintas.

La deuda con vencimiento bajo legislación local fue prorrateada hasta finales de este año. Del total de la deuda bajo legislación extranjera, unos 68 mil millones de dólares fueron prestados por privados y el resto por organismos multilaterales de crédito. La negociación con los organismos todavía no es del todo clara pero no resulta urgente para Argentina. Sobre la negociación con los privados, el Ministro Guzmán presentó ayer una oferta que contiene una quita del 5,4% del capital y el 62% de los intereses, con 3 años de gracia para empezar a pagar.

En el contexto actual, donde los bonos cotizan a alrededor de un tercio de su valor, esta quita es bastante liviana y no implica un enfrentamiento con el capital. El hecho de prorratear los plazos de pago, lo cual Guzmán defendió desde el principio, es consistente con un escenario de crisis donde es poco previsible que se pueda pagar antes. Es una oferta muy amigable y aun así parece que no llegaron a un acuerdo con los acreedores. Esto, por supuesto, tiene que ver con que la mayoría son los famosos “fondos buitres” que tienen más del 35% de los bonos, lo cual les da poder de veto para bloquear cualquier oferta.

En un contexto de urgencia de recursos y la necesidad de resolver algunos problemas estructurales, la oferta realizada por el Ministro de Economía llama la atención, puesto que era la oportunidad para avanzar hacia un esquema más profundo de revisión de los términos del endeudamiento argentino. Si los bonistas efectivamente logran bloquear esta alternativa, va a ser más actual que nunca la discusión sobre detener los pagos de la deuda y proceder a una auditoria.

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