La teoría del testimonio nos dice que las personas que los ofrecen suelen tener la intención de contar una parte de la verdad que no fue dicha en su tiempo. Pero también funcionan para rellenar huecos que quedaron sin cubrir por los relatos y las narrativas de la historia oficial.

Revisando las historias y los testimonios sobre la caza de las operadoras de justicia en Guatemala en los últimos cuatro años, observaba que se había desatado una nueva cacería de brujas, en el sentido que lo entiende Silvia Federici, porque durante el trayecto de represión en su contra, estas mujeres van perdiendo paulatinamente su poder social y su calidad de sujetas.

Esta nueva cacería se ha ejecutado sobre mujeres pensantes, un tanto excéntricas, que desafían las estructuras políticas de lo más duro del sistema patriarcal, en espacios que han sido tradicionalmente masculinos y donde se producían y se producen sólidas complicidades entre hombres. Sabemos hoy que los pactos y las complicidades patriarcales forman parte de los nudos estructurales de las desigualdades de género que sostienen la violencia en sus distintas modalidades.

La cacería se recrudece porque ellas representan hoy cerca del 45% de mujeres que son abogadas, fiscales, defensoras de derechos humanos o juezas y debaten su destino en un medio peligroso de por sí, que se encuentra tomado por la corrupción y donde priva una intensa atmósfera de impunidad y violencia; en esos espacios todavía los cuerpos femeninos pueden ser sacrificados para mantener el equilibrio del sistema. 

Las operadoras de justicia que han sido criminalizadas durante este periodo de la historia del país son víctimas de operativos de hostigamiento y represión por atreverse a defender a personas, mujeres y hombres del sector justicia, que han sido acusados y acusadas injustamente por las estructuras criminales que manejan esos espacios desde hace mucho tiempo, y se han enquistado de tal forma que no permiten los quiebres que una genealogía de mujeres ha provocado, sin que se dieran cuenta, pues iban avanzando lentamente, colándose por las grietas y fisuras abiertas por el mismo sistema corrupto. Y es que las genealogías femeninas contribuyen a poner en evidencia, las herencias recibidas de otras épocas, culturas y sociedades diferentes. 

No es casual que las operadoras de justicia fueran cayendo una detrás de la otra, porque se encontraban conscientemente luchando contra una estructura que opera al revés, se encuentra totalmente carnavalizada porque invierte el mundo real, no hace justicia, sino produce, provoca y reproduce injusticia y desigualdad, dejando desprotegida a la población casi sin remedio. Y todo esto se realiza como en un carnaval delante de la población que no acierta a entender los alcances de la inversión de sentido y de sus efectos, que incluso aparecen ante su vista ridiculizados. 

Sin embargo y muy a pesar de esto, esta genealogía de mujeres no se ha detenido. Lograron resistir a los embates abusivos y represivos de las propias autoridades, que decidieron castigarlas y las castigaron cuando pudieron hacerlo. Las hicieron salir huyendo y exiliarse, las retuvieron en cárceles, las aislaron y les quitaron la oportunidad de hablar, además de minar su dignidad, puesto que las dejaron en espacios solitarios, feos, peligrosos y sucios, sin contacto con familiares, periodistas o defensores de los derechos humanos. Utilizaron una serie de estrategias de intimidación que se estilan en esta postmodernidad cruel, sobre todo porque siendo libres y pensantes, retenerlas y dejarlas sin poder hablar, se constituía en uno de los primeros castigos para disciplinarlas. De hecho, en algunos videos durante las audiencias se les manda a callar. Como si eso fuera posible, pues están entrenadas para discutir, rebatir, argumentar y tener la razón.

Estas operadoras de justicia son un grupo de “mujeres de color”, mujeres que ocupan el centro de las preocupaciones de María Lugones para analizar el andamiaje jerárquico y violento que sostiene la colonialidad del poder.  Mujeres de distintos orígenes que están defendiendo un territorio simbólico, el de la justicia que conocen y donde se han especializado, llegando a tener control de una disciplina que pocas logran. Además, accedieron a puestos que en el pasado eran territorio masculino y que ellas fueron interviniendo poco a poco. 

Cuando se revisan los casos iniciales que ellas llevaban o defendían, entendemos que se encontraban en espacios verdaderamente peligrosos. Poseen experiencia legal y formación en asuntos ligados a la impunidad, ya que algunas tenían experiencia de formación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y con organizaciones de derechos humanos que se habían hecho presentes en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. 

En cada uno de los casos de estas operadoras de justicia, los señalamientos y los cargos por los cuales las intentan retener se realizan con métodos similares con los que otras genealogías de mujeres pensantes eran denunciadas para ser castigadas. Se trataba de una serie de infundios de los cuales no se podían escapar aunque no tuvieran sentido. Se les acusaba de crímenes mixtos, tanto de tipo civil como religioso. Estaban condenadas al sufrimiento, y a dejar de practicar los conocimientos que traían consigo, y que eran entendidos como herejía, pero principalmente tenían como propósito atemorizarlas, anularlas. La cacería en el pasado tiene el mismo valor instrumental que la persecución y castigo que se realizó sobre las operadoras de justicia, ya que era necesario mediatizarlas para ser colocadas bajo la tutela del Estado, que fue lo que sucedió en casi todos los casos. Veamos algunos ejemplos.

La jueza Erika Aifán entre 2018 y 2022 contaba con 100 procedimientos penales, 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, 30 procedimientos de antejuicio, etc. El exceso de denuncias provocaba que la jueza dedicara buena parte de su tiempo a exculparse, y no podía seguir dándole seguimiento a los casos que llevaba. Sobre todo porque trabajaba como jueza en el Juzgado de Mayor Riesgo D, en donde fue acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y por resoluciones violatorias a la constitución. Antes de salir al exilio, Aifán había detectado una red de corrupción entre jueces, magistrados, abogados y otras personas. La jueza finalmente renuncia a su cargo a través de un video donde denuncia que la habían amenazado de muerte y con eso logra salir al exilio sin darles oportunidad de aplicarle el castigo que le tenían preparado.

En el año 2022 se realizan una serie de detenciones de mujeres que habían laborado para la FECI y también para la CICIG; se trata de Aliss Morán, Paola Escobar, Leily Santizo y Eva Siomara Sosa. Habían sido también detenidas con acusaciones similares a las de Aifán. En el caso de Morán y Escobar, se les acusaba de coacción para el caso de las Comisiones Paralelas 2020, y el acusador era un abogado. Estas dos auxiliares de la fiscalía pasaron de una cárcel a otra, y no pudieron defenderse de las acusaciones que se les hacían. No es sino hasta septiembre de 2023 que recobran la libertad. 

En Quetzaltenango, en el mismo año 2022, Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción, es detenida y llevada a Guatemala al Mariscal Zavala. Las acusaciones iniciales contra ella datan de 2018 y 2019, emitidas por un juez, acusándola de haber filtrado información confidencial de la FECI en los periódicos. Se trataba de denuncias de carácter administrativo. Y Laparra venía defendiéndose desde esas fechas de dichas acusaciones. Las denuncias eran similares a las de las otras mujeres, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones, y por supuesto el Ministerio Público (MP) había despedido a Laparra.

La detención de Virginia Laparra tenía un perfil similar al de las otras operadoras de justicia. No se le había concedido audiencia de primera declaración dentro de las 24 horas que se encuentra reglamentado. Tampoco había suficientes razones para tenerla detenida, en suma las acciones del Ministerio Público estuvieron fuera de la ley. Además, se le trató como persona en riesgo de fuga, y por lo tanto se le aplicaron medidas de seguridad especiales. Los argumentos de los abogados de Laparra no lograron cambiar estas medidas, que parecían ser una réplica de las aplicadas a las otras detenidas.

Cuando Laparra llevaba presa más de siete meses, se emitió desde Quetzaltenango una orden adicional de arresto. No fue sino hasta en noviembre de 2022 cuando Amnistía Internacional intervino nombrando su caso como “presa de conciencia”, declarando que el juez que llevaba el caso era también sospechoso de corrupción. Sin embargo, se le volvió a acusar en diciembre a cuatro años de cárcel por abuso continuado de autoridad. Y no será sino hasta en 2023 que el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU declaró que su detención era arbitraria y pidió su libertad. La vida de Laparra seguiría en riesgo, puesto que el 8 de julio de 2024 fue de nuevo condenada a otro juicio en su contra. Por eso el 18 de julio de 2024 salió al exilio, como le sucedió a Aifán, que también temía por su vida y la de su familia. 

Laparra escribió una carta explicando por qué se iba, por qué abandonaba el país por el cual había estado luchando contra la corrupción durante todos esos años. Para ese momento había estado presa por dos años y le aparecía una sentencia de cinco años más, que le resultaban peligrosos, alucinantes e intolerables. Convencida de que ya había hecho lo que podía por denunciar y luchar contra la impunidad, decide escribir la carta e irse. 

Su carta se constituye en un testimonio autorial, o sea, escrito por su propia mano. Los testimonios autoriales tienen una fuerte carga autobiográfica, se mueven entre la autobiografía, el género epistolar y en su caso, el ensayo de reflexión política al haber laborado y luchado tanto tiempo contra la impunidad y la corrupción del sector justicia. La carta de despedida, escrita por Laparra se conoce también de forma pública, allí le declara al pueblo que teme por su vida, y que no hay manera de cambiar su situación actual, por lo que decide largarse. 

Habría que revisar más, pero todas las detenidas sufrieron vejaciones distintas y variadas, dependiendo de su propia psicología individual. En general, experimentaron vejaciones sobre sus derechos esenciales durante su periodo carcelario, sin embargo se hace evidente que retener por demasiado tiempo a Laparra pone en discusión si acaso los grupos de poder político de Quetzaltenango la veían como alguien más peligrosa que el resto de defensoras acusadas. 

La detención de Claudia González Orellana cierra de alguna manera el ciclo genealógico de detenciones de las operadoras de justicia sobre las que se comenta en este escrito. González es abogada y tiene reconocimiento internacional por trabajar en pro de los derechos humanos. Desempeñó un cargo en la extinta CICIG, lo que la colocó en la mira de las mafias y los grupos corruptos en el poder. Por eso se le detuvo por orden de un juez que le decretó prisión provisional. Fue detenida durante el periodo más fuerte de su participación en defensa de otros operadores de justicia que ya se encontraban criminalizados. Entre sus defendidos se encontraban Virginia Laparra, Siomara Sosa, Juan Francisco Sandoval, Paola Escobar y Leily Santizo, implicados en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. El efecto logrado fue el de dejar sin defensa a estas mujeres que se encontraban encarceladas injustificadamente, como una medida de temor y presión contra la genealogía de mujeres que ha estado luchando contra la impunidad.

González también se encontraba acusada de abuso de autoridad. Había litigado sobre el caso de una magistrada que buscaba favorecer a su hijo en el caso IGSS-Pisa, en 2017. Al igual que le sucedió a las otras operadoras de justicia, González venía arrastrando varias acusaciones en su contra, por eso cuando es detenida en el año 2022 sí tenía conocimiento de las acusaciones, pero no sabía exactamente cuántas eran y de qué exactamente se le acusaba, puesto que no era trabajadora pública y el Ministerio Público no daba información. Se encontraba sindicada de abuso de autoridad, que en su caso no tenía sentido, porque ella no era trabajadora pública, sino que laboraba con una organización internacional, reconocida en el país.

La forma en que actuaron con González era ligeramente distinta que con las otras operadoras de justicia. Allanaron su casa y confiscaron su laptop, celular y memoria USB, todo con la autorización del Juzgado B de Primera Instancia Penal. Sin embargo, el propio papel del juzgado no explicaba de qué se le acusaba. Para ella y sus defensores, las acciones ejecutadas fueron ilegales. Y como un operativo todavía más raro, allanaron las viviendas de sus defendidos ya en el exilio, Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval.

Las acciones posteriores a su arresto tienen coincidencias con las de las otras operadoras de justicia. No le brindaron audiencia las 24 horas siguientes, y tampoco le informaron sobre sus cargos, esto continuó durante 25 días. El 22 de septiembre del 2023 se celebró la primera audiencia, y el juez la sindicó de abuso de autoridad, aunque esto no le correspondiera. Además, le dio prisión preventiva por tres meses. Pasó aproximadamente 80 días en prisión hasta que el juez le concedió el arresto domiciliario, con la obligación de presentarse cada 15 días para firmar lo que llaman registro de control. En marzo de 2024 el juez Jimi Bremer dictaminó que deberá ir a juicio por abuso de autoridad y que podría implicar 3 años de cárcel. Este asunto del abuso de autoridad, que en el caso de González iba contra toda lógica racional, permite comentar que la realidad ha sido trastocada de tal manera desde la visión del poder, que no tuvieron empacho en plantear este tipo de cargos, que con un mínimo de conocimiento legal, es absurdo a todas luces.

A manera de conclusión se podría decir que todo este relato revela que se trata de operativos represivos con fuerte impacto de género, diseñados para minar la salud, tanto mental como física, de un grupo político de mujeres, de una genealogía que se atreve a insertarse y dar opinión calificada en un medio que se encuentra cooptado por las mafias y que representa lo peor de un sistema que es patriarcal y excesivamente dominante y perverso. Y es que la colonialidad del género, como decía Lugones, forma parte de una caja de herramientas en permanente proceso de construcción, que hunde sus raíces en las genealogías feministas más visibles.

Bibliografía

Daverio, Andrea. “En memoria de María Lugones. La colonialidad de género”. Brecha. 12 de marzo de 2021. Recuperado 30.9.24. https://brecha.com.uy/la-colonialidad-del-genero/

Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños, 2010.

Neau, Adeline y Josefina Salomon. “Temporada de caza contra operadores de justicia en Guatemala”. Amnistía Internacional. 2 de noviembre de 2023.

Paz, Ivan.“Silvia Federici desde el fuego al cuerpo: de la caza de brujas a la historia del capital, el trabajo doméstico y la reproducción de lo común”. Argentina: UBA, 

Ramos, María Dolores y Víctor Ortega Muñoz. Reflexiones sobre genealogías, memoria y escritura de mujeres: experiencias y palabras al descubierto. Argentina: La Aljaba, Universidad Nacional de la Pampa, 2019. https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba/article/view/4081

“Todo el sistema en contra. Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”. Amnesty International 2024.
Toledo, Aida. Meter la mano en las entrañas: sobre teoría y prácticas del género testimonio. Guatemala: Editorial Cara Parens, 2021.

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Las mujeres nos hemos enfrentado históricamente a la sospecha, a la vigilancia permanente y a todo tipo de castigo. Cuando nosotras controlamos nuestros cuerpos, nuestras actividades reproductivas y el conocimiento, ha implicado que recibamos todas las formas de violencias posibles. Por eso seguimos luchando. 

La violencia como estrategia, heredada de la inquisición y la contrainsurgencia, forma parte del régimen patriarcal; quienes actúan desde ahí insisten en disciplinar, adoctrinar y silenciar a las personas, a las mujeres, que con su labor interpelan a este sistema que pone en el centro a los hombres y sus intereses, principalmente a quienes tienen poder. Se trata de un sistema que pretende apropiarse del cuerpo de las mujeres con el castigo, encierro y control. 

Durante la invasión española, las mujeres que practicaron la medicina o su espiritualidad, las que se opusieron a los tributos o a denunciar las injusticias y despojos fueron encarceladas o ejecutadas.  

El encarcelamiento político de las primeras que organizaron huelgas y sindicatos, tras ser acusadas de bolcheviques o comunistas, se remonta a los años veinte del siglo pasado. 

Durante la historia reciente, cuando la participación política y social empezó a ser más activa y colectiva, fueron reprimidas. El archivo de la Policía Nacional es testigo documental de miles de acusaciones contra mujeres, lesbianas y contra disidentes políticas y sexuales señaladas como prostitutas, locas, alcohólicas, malas madres, desviadas o subversivas. Tras rumores y difamaciones, muchas de ellas fueron desaparecidas o asesinadas.  

La lucha por ganar espacios políticos vino con el movimiento de mujeres sufragistas. Graciela Quan Valenzuela, una de las primeras abogadas graduadas de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), fue pionera en un momento en el que las mujeres no tenían, ni siquiera, el derecho a votar. Sería gracias a su lucha y la de otras que en 1944 las mujeres alfabetizadas, privilegio casi exclusivo de mestizas, ganarían el derecho al voto.   

En Guatemala la historia de la lucha por la justicia y la memoria histórica la han encabezado, en su mayoría, las mujeres. Muestra de ello ha sido el reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum, originaria de Uspantán, Quiché, quien denunció al mundo  los crímenes que se estaban cometiendo en su comunidad y en el país durante el conflicto armado interno.  

Mujeres como Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro o Aura Elena Farfán dedicaron sus luchas a la búsqueda de sus familiares desaparecidos por  el Ejército de Guatemala o por el propio Estado. Ellas fundaron organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) o FAMDEGUA (Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala). Otras lo hacían desde sus organizaciones estudiantiles, como la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU) o los sindicatos. Miles de personas fueron castigadas con la desaparición forzada, la tortura o el asesinato político.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Otilia Lux formó parte del grupo de personas que elaboró el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), presentado en 1999 con el título Guatemala: Memoria del silencio. 

En dicho informe, organizado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), miles de mujeres dieron su testimonio para que se conocieran las atrocidades de violencia física, sexual y psicológica a las que habían sobrevivido durante el conflicto armado interno que duró 36 años en el país. En abril de 1998 el obispo Juan Gerardi fue asesinado por haber documentado el horror cometido por agentes estatales. Las comunidades se organizaron en cientos de comités de víctimas y sobrevivientes para clamar justicia por el despojo, los crímenes de guerra y genocidio cometidos en su contra.

La justicia en el país continuaba resonando por los estragos cometidos durante la guerra. En la segunda década del nuevo milenio se logró enjuiciar a más de una decena de militares y policías de alto y bajo rango por casos emblemáticos de violencia sexual y delitos de lesa humanidad a la que fueron sometidas. 

Casos como el de las mujeres de Sepur Zarco, el de las mujeres Achi’, el caso contra Emma Molina Theissen, o el de Creompaz (Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz), el de la toma y quema de la embajada de España y el caso de desaparición forzada del sindicalista Edgar Fernando García, todos fueron impulsados por mujeres indígenas, mestizas activistas y comunitarias.  

En estos procesos vimos a juezas, fiscales y abogadas que, pese a los riesgos para ellas, se atrevieron a investigar y dar sentencias condenatorias. Es el caso de  la jueza Yasmín Barrios y la fiscal Gilda Pineda, quienes condenaron a Ríos Montt en mayo de 2013 por genocidio contra el pueblo Ixil de Quiché. También han asumido un papel relevante varias abogadas, que como querellantes acompañan a sobrevivientes y testigas, como Lucía Xiloj, Jovita Tzul Tzul o Wendy Geraldina López. 

Los Acuerdos de Paz plantearon que como garantía de la no repetición de crímenes graves contra la humanidad como el genocidio, debían investigarse las estructuras paralelas y aparatos clandestinos. De ahí que con el tiempo se organizó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). A partir de este hecho y que al Ministerio Público (MP) llegaron mujeres valientes como Claudia Paz y Paz y luego Thelma Aldana, quienes tuvieron la voluntad de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con estos crímenes y los de corrupción. 

Todo el trabajo de investigación de decenas de personas, como fiscales y mandatarias de CICIG fueron claves para demostrar el funcionamiento de esas estructuras, así como procesarlas e incluso encarcelarlas. No pasó mucho tiempo para que dicha Comisión fuera desmantelada por el gobierno de Jimmy Morales. Entonces empezaron a ser perseguidas. 

Varias abogadas y defensoras de la justicia que fueron magistradas, juezas, jefas del Ministerio Publico, fiscales y mandatarias investigadoras han enfrentado procesos penales montados y manipulados. Leily Santizo, Claudia González, Siomara Sosa, Samari Gómez, Paola González, Aliss Morán, Paola Escobar y Virginia Laparra han tenido que estar en la cárcel. Flor Gálvez, Claudia Escobar, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Gloria Porras, María Eugenia Morales, Erika Aifán, Amy Girón, Mayra Véliz y otras han tenido que salir al exilio tras el acoso y hostigamiento permanente. Otras como la jueza Yasmín Barrios se mantiene en Guatemala, no sin estar en riesgo permanente.

Estos hechos de violencia política se cruzan con líneas casi invisibles de misoginia y otras formas de violencias machistas. De nuevo el mandato sobre las mujeres que no obedecen, que se atreven a hablar o a denunciar son castigadas y acusadas de soberbias. Los intentos de sometimiento provienen de lo que en Guatemala desde el 2017 se conoce como el Pacto de Corruptos, que no es más que el pacto patriarcal del bloque dominante, en beneficio de hombres con poder, militares, empresarios o funcionarios públicos acostumbrados a mandar y gozar de absoluta impunidad y que no soportan que sean mujeres quienes hayan puesto en tela de juicio las formas del ejercicio de poder y de acumulación de capital.

Ellos no solo las han atacado como profesionales sino como mujeres, ridiculizando sus logros profesionales y aspectos de su vida personal y familiar.  Su fin último habría sido cortarles las alas, silenciarlas y encerrarlas.

El efecto ha sido todo lo contrario, ellas se han fortalecido, gozan de apoyo y respaldo en todo el mundo. La respuesta ante el pacto patriarcal de corruptos ha sido afianzar el apoyo y la organización entre mujeres, que parte de la conciencia colectiva de la amenaza común que las intenta controlar.  De este modo se sale del lugar en donde pretenden ubicarlas, a la vez que se rompe con la lógica de control y de sometimiento. En el que la reflexión y la escritura son una contribución para lograrlo.

El especial periodístico “Nos queremos libres” es un esfuerzo que intenta explicar cómo el retroceso democrático tiene implícita la violencia machista y cómo pese a todas las estrategias para que el modelo se mantenga, las mujeres resisten.

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Por César Saravia y Vivian Palmbaum  / Foto: Marcha

En el marco del Día Internacional de lxs Migrantes y en el contexto de la asunción de un nuevo gobierno en Argentina, se realizó la actividad “La Agenda Migrante 2020”, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para discutir sobre las principales necesidades. A la reunión se convocaron académicxs e integrantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones migrantes.

Tras cuatro años de gestión de Cambiemos, caracterizados por la persecución, estigmatización y criminalización de las personas migrantes, el cambio de gobierno genera expectativas entre las organizaciones que participaron del encuentro. Así lo señaló Pablo Cossio, integrante del Bloque de Trabajadorxs Migrantes, al señalar que: “se ve con esperanza y expectativa a la nueva gestión. Se hizo una evaluación de que es una gestión con la que se puede dialogar y en donde las organizaciones migrantes tienen la intención de aportar para solucionar los innumerables problemas que dejó la gestión macrista en cuanto al tema migratorio en Argentina”. 

El discurso oficial del gobierno de Cambiemos construyó la imagen del migrante como delincuente, pese a que los datos siempre mostraron la poca validez  de ese imaginario racista. Fue una política que se instaló en consonancia con las de otros gobiernos de la región y con discursos xenófobos como el del mismo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que persigue a lxs migrantes. 

Leer más: “Los gobiernos para ocultar los problemas económicos culpan a las y los migrantes”

En este sentido, el cambio de gobierno ofrece la posibilidad de revertir retrocesos en materia de derechos de la población migrante. Pero además, abre la posibilidad de avanzar en demandas que hace años están pendientes en las agendas de los sucesivos gobiernos. 

La agenda 2020: expectativas, demandas y urgencias 

Entre las demandas a las nuevas autoridades nacionales aparece como central la derogación urgente del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, que ha sido la principal bandera de las organizaciones migrantes  y que representó un retroceso en la Ley de Migraciones 25.871. El DNU ha sido fuertemente cuestionado por distintas instancias judiciales a nivel nacional. También fue señalado por distintos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes instaron a la Argentina a derogar este decreto por considerarlo violatorio de los derechos humanos.

Entre las demandas urgentes, aparecen algunas como la necesidad de revisar el Sistema de Radicación a Distancia (RADEX), que trajo innumerables problemas, como destaca Pablo Cossio, ya que “más que apuntar a la regularidad fue una gran caja de recaudación que tuvo Migraciones, que se centró más en la cuestión económica que en la cuestión regulatoria. Quedó claramente establecido que fue un sistema para juntar plata del bolsillo de lxs migrantes”.

En este sentido, las organizaciones plantearon una serie de puntos necesarios para establecer una política que tenga como foco la regularización y no la persecución. Entre estos puntos se encuentran: restablecer el Programa de Abordaje Territorial, suprimido durante la gestión macrista; abrir nuevas delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, que respeten el carácter federal del país; asegurar la coexistencia de dos sistemas de radicación, uno presencial y otro virtual, cuya elección sea optativa; reducir las tasas migratorias y ajustarlas a la inflación; eliminar disposiciones administrativas como la de “nacionalidades sensibles” que estigmatizan según origen; eliminar la Disposición de falso turista, impulsada por el actual Ministro Seguridad bonaerense, Segio Berni, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, entre otras. 

Otro de los temas centrales y de amplia preocupación refiere a las expulsiones, el racismo y la violencia institucional. En cuanto a las expulsiones, el documento a presentar demanda como medida urgente la suspensión de todas las órdenes de expulsión mientras siga vigente el DNU, así como la revisión de todas expulsiones realizadas durante la vigencia de este decreto ilegítimo, de tal forma en que se pueda retroceder sobre ellas, como ocurrió en el caso de Vanesa Gómez, una joven quien regresó al país luego de haber sido expulsada junto a su pequeño hijo. 

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En lo que se refiere al racismo y la violencia institucional, principalmente la sufrida por la comunidad senegalesa, las organizaciones exigen que se ponga  fin al uso excesivo y racista de la fuerza policial en contra de lxs vendedorxs ambulantes y se promueva la capacitación de las fuerzas de seguridad en derechos humanos de las personas migrantes. Así mismo, se debe garantizar la presencia de un traductor desde el primer momento de una detención.

Resistir y construir

La resistencia de los y las migrantes fue clave en estos años para frentar proyectos como la Cárcel de Migrantes y el cobro de servicios fundamentales como la salud y la educación a nivel nacional. La nueva coyuntura abre la posibilidad no solo de recuperar lo perdido durante los años macristas. En este sentido, las expectativas pasan por garantizar la derogación de la Ley 6.166 en Jujuy y el decreto 488/2000 en Misiones, que garanticen la gratuidad de la salud a lxs migrantes en tránsito. También la necesidad de adecuar la normativa de pensiones y asignaciones familiares a los estándares internacionales y dar un debate amplio por la aprobación del voto migrante a nivel nacional. 

Fue la organización migrante la que permitió que en 2004 Argentina se convirtiera en el primer país en el mundo en reconocer constitucionalmente la migración como un “derecho humano”, y la que consiguió una de las leyes más progresistas a nivel mundial, en materia de política migratorio. La expectativa de las organizaciones pasa por la creación de una mesa permanente de diálogo, en la que nunca más la política migratoria sea utilizada como instrumento de persecución y creación de un enemigo interno. Frente al avance de discursos xenófobos y racistas en el mundo, los movimientos sociales demandan la construcción de sociedades que respeten los derechos más allá de las fronteras. Donde el odio construye muros, la lucha social construye puentes.

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Hoy se realiza la 13° edición de la Marcha de la Gorra en Córdoba y en otras localidades del país. Hasta el 14 de diciembre habrá actividades e intervenciones contra la represión policial bajo la convocatoria “Tu estado no da miedo, en mi barrio no me encierro”.

Por Redacción La tinta*

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La justicia absuelve a lxs 6 integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, acusados por la multinacional Benetton y el Estado de Chubut, mientras cuestionó el uso de la fuerza.

El pasado 18 de marzo lxs 6 integrantes de Pu Lof en Resistencia de Cushamen: Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Henchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala,  fueron absueltxs por “usurpación” y sobreseídos de los cargos de “abigeato”, acusados por la multinacional Benetton y de la provincia de Chubut. La jueza reconoció que el estado criminalizó a la comunidad y cuestionó el uso de la violencia por parte del mismo. También, ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, primer impulsor de la denuncia contra la Pu Lof.

Al fin, la responsabilidad puesta en el Estado

La jueza de Esquel, Carina Estefanía, cuestionó fuertemente el uso de la violencia como única respuesta por parte del Estado nacional y provincial hacia las comunidades. En declaraciones a Página 12, Estefanía expresó: “en los procesos que tuve hasta ahora como jueza y en los 20 años que estoy dentro del Poder Judicial, nunca me había tocado un caso donde estuvieran involucrados los derechos de los pueblos originarios. Cuando fui designada entendí que era un caso para juzgar con perspectiva indígena, es decir sin desconocer su historia. No debemos desconocer las consecuencias de la Campaña del Desierto, como por ejemplo el despojo, la expropiación, la deportación, la división de las familias, los prisioneros, los campos de concentración”.

Reconoce así que la recuperación territorial comenzada en marzo de 2015 se inscribe en un conflicto histórico del pueblo mapuche con el Estado,  que con su sesgo racista solo ha tenido políticas de negación. “Determinados funcionarios no vieron que estábamos ante un reclamo de un pueblo originario, que merecía una mirada distinta. No se pueden tratar todos los conflictos de la misma manera. Las deficiencias que se dieron desde el comienzo de la investigación tienen que ver con la falta de capacitación de los funcionarios públicos, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Tenemos que enseñarle a la sociedad a convivir con este tipo de reclamos”. Palabras que no resultan para nada nuevas para los sectores de la sociedad que vienen desarrollando paulatinamente conciencia y sensibilidad para con los pueblos originarios (cuya resistencia lleva 500 años), pero que en voz de una funcionaria pública no se vienen escuchando.

De ser oído por otros poderes del Estado, podría ser un avance hacia una coherencia que hace tanto se viene reclamando. Los derechos de los pueblos preexistentes están incluidos en la Constitución Nacional, pero las acciones y las políticas que se llevan adelante siguen siendo coloniales.

Metodos de protesta, la criminalización estatal y el caso Santiago Maldonado

“Muchos grupos sociales que reclaman por sus derechos utilizan la capucha, esto no es solamente una cuestión de los pueblos originarios. Las capuchas no esconden sino exhiben lo que quieren mostrar: el conflicto. Por eso los funcionarios públicos y policiales tienen que estar capacitados para no instalar que los que se encapuchan son delincuentes”.

Estas afirmaciones de Estefanía son un claro llamado a cambiar el foco de la mirada que se instaló fuertemente desde los medios masivos sobre el pueblo mapuche, con burlas y estigmatizaciones; y desde el gobierno nacional, con una fuerte campaña de criminalización, encabezada por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Sustentada en acusaciones que la propia jueza desmintió, como el hecho de que esté comprobada la pertenencia de algún integrante de la comunidad a la llamada “RAM”.

Ante la pregunta de si considera que Santiago no habría muerto si el Estado hubiera dado respuestas en vez de utilizar la violencia, la jueza Estefanía fue contundente: “no existiría el caso, pero lamentablemente existe. Hicimos todo para que la escalada de violencia no continúe y es el Estado el que debe actuar de manera diferente para evitar la retroalimentación del conflicto. No les podes pedir a los ciudadanos que están reclamando que frenen su petición. Si los combatís con el uso de la violencia, la violencia continuará.”

El aparato judicial, históricamente anti-mapuche

También Andrea Millañanco, -una de las integrantes de la comunidad que tuvieron que someterse a este proceso-, valoró el fallo de la jueza y el hecho de que haya tenido en cuenta las pruebas que la comunidad aportó, tras reconocer que tenía pocas expectativas.

La judicialización constituye una de las principales herramientas que utiliza el Estado para amedrentar al pueblo mapuche y apelar al desgaste para que desistan de sus reclamos.  Cada integrante de la comunidad suele tener numerosas causas, y aunque luego son absueltos, se enfrentan a un proceso arduo, teniendo que comparecer ante los juzgados permanentemente.

Al respecto, Andrea declaró al portal EQS Notas: “entendiendo la persecución política que hay atras de la recuperación que viene levantando la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, las declaraciones que se han hecho públicas tanto lo que tiene que ver con tierras como con las diferentes ilegalidades que se han cometido contra nuestro pueblo, este juicio no tenía las pruebas suficientes para desarrollarse, pero así y todo tuvimos que someternos a este proceso que duró 30 días que fueron extensos y agotadores, y nos trajo varios perjuicios a nivel psicológico y emocional. Al tener que repetir la historia dolorosa de nuestra familia y nuestro pueblo, y que ha querido ser tapada por la fundación de este país reiteradas veces”.

“El pueblo mapuche ha podido trascender, sobrevivir al genocidio, hemos renacido con la fortaleza de nuestros antepasados, y para eso es necesario el territorio. Como esta recuperación se van a dar más recuperaciones, porque es lo que necesita nuestro pueblo para obtener una vida digna” expresó Andrea Millañanco y prosiguió: “Fuimos arrojados a los barrios marginales de la ciudad, obligados a trabajar como mano barata más de una vez, y esta historia se repite en todas las familias del pueblo mapuche. Nuestros padres y abuelos fueron muchísimas veces humillados por su condición indígena, por no entender de protocolos coloniales, por no entender de leyes, muchas veces fueron engañados”.

Facundo Jones Huala

En relación al Lonko de la comunidad, Facundo Jones Huala, quien fue recientemente condenado en Valdivia, Chile, a 9 años, Millañanco declaró: “lo que sucedió tiene que ver con la persecusión política, el fallo se va a apelar nuevamente. Él se encuentra digno, y fuerte, a pesar de haberse sometido a una huelga de hambre de 40 días. Está fuerte y creo que con esta noticia lo va a estar mucho más, sabiendo que el esfuerzo, las convicciones, la fortaleza, la valentía de afrontar procesos de recuperación así, tienen un resultado. También a nivel de nuestro pueblo, la cantidad de gente que se ha reivindicado como mapuche ultimamente, han sido numerosos, y esa es la mayor gratitud para nosotros y para él también. Facundo se encuentra asumiendo esta prisión política, y desde la instancia carcelaria se vienen avanzando con proyectos para mejorar las condiciones para presos políticos mapuches. Lamentablemente nuestro pueblo sabe que por el momento que ni el Estado chileno ni el estado Argentino generan un diálogo ni un trato acorde a las necesidades de las comunidades para la reconstitución de las tierras, y que atravesar las cárceles será es una condición más como lo es la muerte y la persecución para distintos miembros del pueblo mapuche”, fueron las palabras de la hermana originaria.

Del lado del pueblo mapuche, la palabra

“Esto se enmarca en el contexto en el cual se desarrollan lamentablemente todas las recuperaciones territoriales del Pu Lof, con el tiempo la perseverancia y la convicción de una lucha digna y justa da sus frutos”, expresaron desde la comunidad mapuche, “Conseguir justicia que es lo que nuestros antepasados han querido, a la par de evitar el genocidio y etnocidio contra nuestro pueblo que nunca terminó, que solamente las prácticas han ido cambiando para adaptarse de acuerdo al contexto. Es un suspiro, en estos cuatro años de tantas injusticias que hemos sufrido. También hay que recordar que fue la propia Provincia la que tiró abajo la mesa de diálogo”.

“Allí quedó fuertemente establecido y evidenciado que de lado del pueblo mapuche la palabra es muy fuerte y los argumentos son sólidos, para entablar cualquier tipo de conversación. Esto representa al pueblo mapuche desde tiempos centenarios,  inclusive cuando nos quiso exterminar la corona española, en donde se intentó llegar a pactos y tratados que sostuvieran esta convivencia”.

Esperemos que este sea el puntapié inicial para que los juzgados de la llamada “justicia” no sean ya un lugar de conocidas humillaciones, y que comiencen a estar a la altura de la demanda que desde hace tiempo exige ser atendida.

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