Por Hernán Gustavo García

Avenida Córdoba. Cantan contra el procesamiento de las y los estudiantes cordobeses. Cantan “obreros y estudiantes, como en el Cordobazo”. No es una insistencia geográfica, no es casualidad. El Cordobazo, uno de los acontecimientos históricos más importantes para la clase trabajadora, nos recuerda que la unidad en las luchas es posible y, además, necesaria. Por eso la Comisión educativa contra la criminalización de la lucha ha convocado en la tarde del miércoles a distintos sectores obreros y estudiantiles que vienen en pie de lucha enfrentando el ajuste y la represión del Estado. Porque la unidad en las calles es una vía real para alcanzar un futuro distinto, aún cuando desde el gobierno intenten amedrentar a las y los luchadores sociales.

Durante 2018 distintos conflictos educativos en todo el país tomaron las calles y los lugares de estudio. Fue la expresión de un movimiento estudiantil y docente que exigió respuestas frente a los bajos salarios docentes, la ley de la UniCABA y el abandono y la precariedad que se cobraron las vidas de Sandra y Rubén. Desde el gobierno respondieron con represión y criminalizando los métodos de lucha que sostuvieron tanto estudiantes como docentes: semaforazos, clases públicas, movilizaciones, tomas de los lugares de estudio y de trabajo. Ante la nula respuesta por parte de las autoridades, la radicalización en los métodos fue en aumento. En agosto del año pasado, mientras se realizaba una multitudinaria marcha educativa,  facultades de distintos puntos del país se encontraban tomadas. Como respuesta a los reclamos, a principio de este año la Universidad Nacional de Rio Negro expulsó a 15 estudiantes y exoneró a 2 docentes. En mayo fue el turno del Normal 4 de CABA y el procesamiento de 3 estudiantes. En la Universidad Nacional de Córdoba fueron 27 las y los estudiantes procesados que aún pelean por resolver su situación judicial.

Durante la concentración inicial en el Ministerio de Educación de la Nación desde un micrófono abierto se pronunciaron estudiantes de terciarios de CABA y zona sur, estudiantes de universidades, trabajadores del Astillero Rio Santiago y referentes de partidos políticos y organizaciones sociales. La idea de que no hay que esperar a diciembre fue sostenida por todos y todas las que tomaron la palabra. También se manifestaron en solidaridad con las luchas obreras en curso, como las de la línea Este y 60, la de los y las trabajadoras de Ran Bat, que cortaron Puente Pueyrredon esa misma mañana. Todos estos son conflictos que pasan desapercibidos para los medios de comunicación. También se exigió la libertad de Daniel Ruiz, el Lonco Facundo Jones Huala y todos los y las presas por luchar. Durante la lectura del documento se criticó la persecución a quienes luchan, la doctrina Chocobar de gatillo fácil y el Servicio Cívico Voluntario de Patricia Bullrich.

La movilización avanzó cortando Rodríguez Peña y luego Avenida Córdoba donde durante una hora se repartieron volantes informando la razón de esta medida que los medios hegemónicos intentan invisibilizar. El reclamo por la despenalización de las y los presos por luchar fue la consigna que resonó durante toda la movilización, pero también lo fue la unidad obrero-estudiantil, que rememorando la mejor tradición de la lucha de los pueblos contra quienes los oprimen, se hizo presente en esta acción que reunió sectores combativos del movimiento estudiantil y de la clase trabajadora.

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En el día de ayer se esperaba la indagatoria de 4 militantes del Frente Popular Darío Santillán, sobre los cuales recae una imputación de “coacción agravada”, producto -según el municipio de Cipolletti- de manifestaciones realizadas a principio de año pidiendo comida para abastecer los comedores comunitarios. Se realizaron movilizaciones en varias provincias bajo la consigna “Protestar no es delito” para rechazar la acusación.

Al llegar al juzgado, en la localidad de Cipolletti, los militantes fueron informados de que la jueza se tomó días de licencia, por lo que no pudieron declarar. Sin embargo, lograron mantener una entrevista con el fiscal que instruye en la causa, Martín Pezzetta, para reclamarle que no se criminalice a quienes salen a la calle para reclamar sus derechos. A esta causa se suma otra por amenazas a otros tres militantes. Allí el diputado Raúl Godoy, la abogada Victoria Naffa y Sabino López -uno de los imputados y referente del Frente Santillán- dialogaron con el fiscal para rechazar las acusaciones a los militantes y se reprogramó la audiencia para el próximo 8 de septiembre.

Los cargos que recaen sobre los 7 luchadores sociales son considerados delitos penales por la legislación argentina y pueden tener sentencias de cárcel efectiva. Sin embargo, a dos meses de registrarse la primera citación poco se sabe del origen de las causas y diversas organizaciones acusan al municipio de Cipoletti de estar ejerciendo persecución política a las 7 personas acusadas. Además, los militantes denunciaron que desde Acción Social se dieron datos para imputar a los imputados, violando datos públicos para armar la causa judicial  que pesa sobre los integrantes del FPDS.

En Chaco, Rio Negro y en Capital Federal diversas organizaciones populares se movilizaron para repudiar el proceso impulsado por el Intendente PRO de Cipolletti, Anibal Tortoriello, contra estos militantes sociales. También realizaron una conferencia de prensa en la entrada de los Tribunales locales donde enfatizaron la importancia de repudiar y denunciar estas persecuciones y armados de causas, frente a algo tan legítimo como el derecho a la protesta para pedir alimentos. En la Capital Federal  se movilizaron a la Casa de la provincia de Rio Negro y cortaron la esquina de Tucumán y Riobamba para visibilizar la denuncia de judicialización de la protesta.

Bajo el título de “Luchar por comida NO es delito”, organizaciones sociales, políticas, de trabajadorxs, y estudiantiles emitieron un comunicado donde declaraban que “Las denuncias e imputaciones que siguen llegando con el pasar de los días marcan un precedente muy grave en términos de disciplinamiento a lxs luchadorxs. Y se dan en el marco del brutal ajuste que lleva adelante el municipio PRO de la ciudad, a través de sus políticas focalizadas. De esta manera, están depositando en cada uno/a de los trabajadorxs la responsabilidad de que ‘si no hay para comer es culpa de lxs propios trabajadorxs’, sin hacerse cargo de generar políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo y proveer de alimentos a quienes nos organizamos y trabajamos para sostener los comedores comunitarios a los que cada vez son más las familias que se acercan arrojados por la falta de trabajo, la inflación y los tarifazos”.

Sabino López, referente del Frente Darío Santillán y uno de los que recibió la notificación con la acusación de “coacción agravada” denunció la persecución: “Como organización realizamos movilizaciones y cortes para denunciar que había un desabastecimiento de las copas de leche y que se estaba incumplimiento con la entrega de alimentos en los comedores. Hubo cortes en el Ministerio de Acción Social, en la municipalidad para rechazar el incumplimiento de la promesa de resolver la situación, ya que a fines de marzo aún no había ninguna repuesta”.

Luego de esos reclamos y de que comenzara a regularizarse la situación llegaron las acusaciones judiciales. “No se puede entender sobre qué actos se realiza tremenda acusación de amenazas y coacción, ya que lo único que buscábamos eran instancias de dialogo, y exigir promesas incumplidas por los funcionarios públicos, a través de cortes y manifestaciones, como manera de reclamar legítimamente por nuestros derechos”, reflexiona Sabino en relación al proceso que están viviendo.

Inicialmente no había claridad sobre qué hechos estaban siendo juzgados por que las acusaciones fueron emitidas en el comienzo de la feria judicial de Río Negro -entre el 11 y el 22 de julio-, “recién cuatro días antes de la primer indagatoria nuestra abogada tendrá acceso, esperamos, a los expedientes”, aclara Sabino López al respecto, y agrega que “no es tiempo suficiente para saber a qué nos atenemos a la indagatoria, y la manera tan rápida en la que llegaron las acusaciones con la feria encima dejan en claro que es una medida de aleccionamiento y no otra cosa”. La abogada a cargo de las causas, la Doctora Victoria Naffa, estuvo al frente de la causa que condenó a cadena perpetua en marzo pasado, al policía Villegas en marzo de este año, por el caso de gatillo fácil, que terminó con la vida del joven Pablo Vera.

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El lunes 9 se realizará el 4º Encuentro por el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional y contra la Criminalización de la Protesta Social bajo la consigna “Cada derecho se conquista en la calle”.

La jornada comenzará a partir de las 15 horas en el Congreso de la Nación y se desarrollará con talleres a cargo de familiares de víctimas, charlas con dirigentes sindicales, sociales y políticos de diverso arco ideológico, y el cierre estará a cargo de la presidenta de Abuelas de Plaza de mayo, Estela de Carlotto, quien leerá el documento final, en el Salón de los Pasos Perdidos.

Quienes confirmaron su presencia son: Fernando Esteche (dirigente de Quebracho), el padre Paco, sindicalistas y gremialistas como: Víctor De Gennaro, Omar Plaini y Hugo Yasky. Simultáneamente se desarrollará una feria con Trabajadores de la Economía Popular, stands de organizaciones y universidades.

Adentro del Congreso, se desarrollarán talleres para familiares y víctimas de Violencia Institucional con la apertura de Hebe de Bonafini. Habrá representantes de un amplio arco político como Leonardo Grosso, Miriam Bregman, Victoria Donda, Nito Artaza, Facundo Moyano, Sandra Rodríguez (compañera de Fuentealba), Horacio Verbitsky, entre otros.

Los principales ejes por abordar, según las y los coordinadores de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, serán: “los trabajadores y el derecho a manifestarse; las organizaciones populares ante la criminalización de la protesta; y un Plenario de familiares de víctimas de violencia institucional”. También señalaron lo inminente de defender “la protesta social que emerge como un derecho fundamental y colectivo de nuestro pueblo”, por lo que es necesario “promover y proteger el reconocimiento y regulación, a través de un Acuerdo Nacional por el Derecho a la Protesta, protagonizado por organizaciones sociales, políticas y gremiales”.

“Los gobiernos pasan, la policía permanece”

En tiempos de anuncios de Protocolos antipiquetes por parte del gobierno nacional, de detenciones sin causa como la de Milagro Sala en Jujuy, de balazos a pibes y niños que estaban ensayando con la murga en el barrio 1.11.14, entre otros, es primordial volver a resaltar ciertos aspectos básicos que deben existir en un Estado de derecho.

En ese sentido, Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y miembro del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica de La Plata –CIAJ–, que defiende y asesora a familiares de víctimas de la violencia policial y penitenciaria dice que “difícilmente los actores que están desventaja van a hacer valer sus derechos si no pueden presentar en la escena pública sus problemas” si no se garantiza “el derecho a la protesta, que es el derecho a tener derechos”. En referencias a los hechos desatados desde que Mauricio Macri es presidente de la Nación, el también Magister en Ciencias Sociales sostiene que “no podemos esperar a las próximas elecciones para resolver nuestros problemas. No nos queremos resignar a tanto sufrimiento, sino transformar la calle en un espacio público”.

El autor de Vida lumpen. Bestiario de la multitud (2007) retoma la frase “los gobiernos pasan y las policías permanecen”. En relación a eso, reconoció que “si bien en el gobierno kirchnerista las policías estuvieron vigiladas, no pudo desandar esas rutinas violentas enquistadas que caracterizan y definen a las policías en Argentina”. Para realizar una modificación de esas prácticas explica que no solo hay que “hacer una reforma integral, crear controles internos y externos, sino que también hay que poner en crisis un imaginario social que crea condiciones de posibilidad para que las policías actúen de manera brutal”.

Es primordial desarticular “los procesos de estigmatización social que crean las condiciones para que la policía se ensañe con determinados actores”.

La definición de violencia institucional, no es sólo la policial y la penitenciaria sino que responde “a una suerte de circuito de violencia. La violencia hospitalaria, administrativa, judicial, tienen en común que el maltrato de los agentes públicos” está dirigido “a los mismos actores: jóvenes, pobres, morochos, y también las mujeres. Ni hablar de las transexuales”.

“Hay que transformar la tristeza en lucha”

Uno de los estandartes en la lucha de los familiares de víctimas de violencia institucional que estarán participando en los talleres de la jornada es Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, asesinado un 12 de octubre, hace casi 19 años, por la policía de Mendoza cuando se fue de viaje de egresados. Por su crimen fueron condenados cinco policías y una civil en 2000. Todos cumplieron sus condenas menos el comisario Hugo Ramón Trentini actualmente detenido por juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo en San Rafael (Mendoza).

“Hemos transformado el dolor en lucha por la memoria y la realidad pero el gobierno actual cada vez no va oprimiendo más. Mientras ellos avanzan con represión nosotros somos contestatarios con la gente en la calle que es la herramienta que tiene el pueblo”.

La mamá de Sebastián Bordón Miriam trabaja en la Secretaría de Derechos humanos e insiste en que lo que la fortalece es levantarse todos los días y pelear por y lo que considera como la única seguridad que persiguen que es “con trabajo, con cultura, con educación pero sobre todo con derechos”.

Por su parte, Raquel Witis mamá de Mariano de 23 años, había sido tomado como rehén por Darío Riquelme, de 16 años. A ambos el cabo Rubén Emir Champonois los asesinó a balazos en el año 2000. La sentencia quedó firme después de 14 años.

Witis forma parte de la Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia de Zona Norte y dice que “desde este año la situación se presenta más dura por los mensajes que está dando el Gobierno. “Antes se hablaba de una seguridad democrática que nos permitía gestionar conflictos y ahora es la seguridad del orden, la de cuidar el Estado que va en detrimento del resto de la ciudadanía”, forma parte de Madres en Lucha y de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

“Hay programas en las fuerzas de seguridad que están desmantelados”, dice Raquel en referencia al que formaba y capacitaba específicamente en el uso de armas que “es lo último que se debe usar y frente a un peligro cierto” donde se toma conciencia sobre el uso de armas, que es una de las principales razones por los que hay tantos casos de gatillo fácil”.

Tanto Raquel como Miriam hablan en plural porque considera que “la salida es colectiva” y tienen aceitado ese motor. “Las luchas no son individuales, la justicia se consigue colectivamente con el acompañamiento de la gente del barrio, de familiares, con las organizaciones sociales, con los organismos de derechos humanos, con organismos políticos que no quieren que estas cosas sigan pasando”, puntualiza Miriam Medina.

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