Por Paula Shabel | Iustración: Desobediencia visual

Fue antes de la pandemia que empezó a pasar. Lxs pibxs del barrio ya iban cumpliendo los quince y salían de noche, iban a pasear a la costanera y se llenaban el cuerpo de sustancia barata, justo en frente de los edificios más caros de la ciudad. Esos que están llenos de personas que consumen a lxs pibxs en los policiales del noticiero mientras lxs pibxs tratan de consumir el poco aire fresco sin privatizar que queda al lado del Río de la Plata.

Otras veces se quedaban en el barrio tomando, se sentaban en las escaleras de su escuela primaria o en el cordón de la fábrica que queda en el pasaje, porque en esos lugares no hay movimiento de personas los fines de semana y pueden ranchear varias horas seguidas sin que nadie quiera usar sus puertas. Pero siempre está la policía. Y cada vez más. En los últimos años las calles se llenaron de enemigos para lxs pibxs, que apenas tienen donde estar porque en las casas tomadas el espacio escasea y la intimidad no existe. Entonces la vida se hace en la plaza, cuando no está cerrada, o en la vereda, donde tratan de pasar desapercibidxs sin ningún éxito, porque son tan jóvenes y tan pobres que se les nota lo exiliadxs de cualquier barrio pavimentado.

Andaban en esa la primera vez que vi a las pibas rescatar a los pibes de la yuta, rescatándonos un poco a todxs de la mierda del mundo y volviéndolo un lugar un poco más amable para vivir. Era el cumpleaños de uno de ellos, Carlo llegaba a los 17 y era el más grande. Para festejar habían comprado vodka y jugo, tenían mucho porro y se sentaron a fumarlo en unos escalones que encontraron debajo de un balcón, porque esa noche llovía y el cemento del piso de arriba les hacía de techo para no mojarse. 

Era invierno y el aire estaba helado, pero siempre hay gente yirando por las calles de Buenos Aires, así que no se sorprendieron cuando pasaron dos hombres por al lado y les pidieron fuego. Lxs pibxs les convidaron el encendedor y mientras uno lo aceptaba guardándoselo en el bolsillo el otro les dijo que eran policías de encubierto. Enseguida lxs obligaron a tirarse al piso. A Jaime le pegaron una patada porque no quiso, le hicieron sangrar la boca del golpe, Braian se puso a llorar porque no entendía, él sólo había ido por el cumpleaños de su hermano mayor y hacía rato quería volverse a la casa. El resto hizo silencio mientras veía llegar a los tres patrulleros montando una escena de luces y ruidos que anunciaba otra noche en el Inchausti. Diez policías por un porro. 

Los dejaron a todos ahí tendidos un rato, en suspenso. Se burlaron de ellos, disfrutando el hecho de haberlos atrapado otra vez, de tenerlos esposados rogando que los larguen, mirando desde abajo con los ojos llenos de rabia y pánico. A todos menos a Pamela, la única piba que había logrado sortear a sus xadres y llegar hasta la joda a pesar de las condiciones climáticas, que cuando se ponen adversas hacen decrecer los permisos adultos que las pibas necesitan para salir. Rodeada de varones, a Pamela la zarandearon las dos policías mujeres que participaban del operativo y le gritaron que se vaya y que no se junte más con esos chicos que eran todos ladrones y drogadictos. Ella les contestó que se iba, pero que no iba a dejar a sus amigos ahí tirados y empezó a caminar con demora, aguantando las lágrimas para no darles el gusto de verla en pánico. Llegó a la esquina, dobló y empezó a correr hacia la puerta del centro comunitario donde sonaban las chacareras de la peña que organizamos todos los meses con algunxs compañerxs. A unas cuadras del caos, la música anunciaba una forma del refugio.  

Éramos cuatro en la puerta, también tratando de resguardarnos de la lluvia abajo del alero del local, tomando vino para calentar el cora. Pamela irrumpió la escena a los gritos y nosotrxs tardamos unos segundos en entender lo que pasaba porque ella apenas podía decir algo que no fuera “hay que ir a buscarlos, hay que ir ahora”. Finalmente entendimos y salimos disparadxs hacia la noche, guiados en el recorrido por Pamela que también nos explicaba cuál era la mejor forma de sacar a los pibes de esa situación: “Vos tenés que decir que sos familia de alguno, decí que sos la tía y que lo vas a llevar directo a la casa, a vos te van a creer que podés hablar bien y sos blanca”. Llegando al estruendoso show montado por los ratis, Pamela nos hizo señas con la cabeza para que avancemos hasta los pibes y se quedó atrás.

Le hice caso en todo. Tuve que rogarle a un policía y a otro, convencerlos de que Jaime era efectivamente mi sobrino y de que iba a llevar a todos a sus casas, dije muchas veces que eran menores de edad y prometí hablar con la madre de cada uno para que esto no vuelva a ocurrir. Lloré de la impotencia y estoy segura de que los policías se excitaron viendo a una mujer desesperada y completamente entregada a su voluntad. Y los largaron. 

Pamela esperaba silenciosa y sabiamente en la otra cuadra. Se adelantó todavía un poco más para que no la reconozcan los miserables en su retirada, caminó hasta la puerta por la que se entra a sus habitaciones y se apoyó en la pared mientras nos veía llegar a paso lento. Teníamos el cuerpo duro del frío por la ropa ya toda mojada y en la calma de la liberación empezábamos a sentir el cansancio de la secuencia. Nadie hablaba, no teníamos palabras para contar lo que nos pasaba. Sólo nos abrazamos una vez al final de todo, una calidez del gesto con cada unx para despedirnos y asegurarnos de que estábamos ahí y habíamos sobrevivido. En el enjambre de brazos Pamela me dijo, bajito, “te voy a llamar para que hagas de mi tía en la escuela cuando llegue el boletín, que es un desastre”. Sonrió y entró a la casa, ya pensando en alguna nueva alquimia para subvertir el horror al que este sistema nos tiene acostumbradxs y del que ella se fuga fantásticamente una y otra vez. 

***

Natalia se puso de novia hace dos años. Conoció a Rodrigo en la plaza, una tarde que paseaba con sus amigas. Él jugaba al fútbol con los pibes de la casa tomada donde ella vive, y cuando terminó el partido se pusieron a charlar y esa misma noche se besaron paradxs en la reja ya cerrada de la plaza. Al mes ya era una relación oficial y merendaban juntxs casi todos los días, antes o después de pasear al perro de ella que ladra mucho pero es un buenazo. Se despedían cuando llegaba la noche, en general muy tarde, ya medio dormidxs y con ganas de seguir abrazadxs.

Cuando cumplieron un año juntxs no pudieron festejar porque él estaba internado en una granja, a la que su mamá lo había mandado después de la cuarta vez que lo agarrara la policía robando bicicletas en el barrio. Estaba por cumplir los 18 y si no abandonaba pronto el vicio de ser ladrón iba a caer preso enseguida, le dijo la vieja y lo mandó a guardar con los evangélicos.    

El día del aniversario Natalia lo llamó por teléfono, pero apenas pudieron conversar un rato porque él estaba empastillado y lento y a ella se le partía el corazón de sentirlo tan ido. Lo esperó estoicamente, sin apuros ni reproches y el día que Rodrigo volvió fueron juntxs hasta la pared de la fábrica de la vuelta y escribieron con un aerosol verde en letra inmensa “Nati y Rodri” y le dibujaron un corazón alrededor. Nada como romper las reglas para sentir la libertad en la piel.

Volvieron a la plaza y a los paseos del perro. Y volvió también la policía. Cada vez que salían lxs paraban, lxs reconocían desde la otra cuadra y lxs iban a buscar. Qué mierda hacés acá pendejo, te vamos a hacer cagar pibe, vas a terminar violado en el penal de Ezeiza, te lo decimos para cuidarte, yo tengo un hijo de tu edad y me da pena, te tengo reservada una bala, no te hagas el gil con nosotros que no te conviene, entrá al patrullero porque te mato, volvete ya para tu casa que no te quiero ver en la calle. 

Hasta que una noche las amenazas se convirtieron en trompadas. Rodrigo cayó al suelo sin demasiada resistencia. Su delgadez de pibito que corre lo hizo doblar enseguida y exhalar un quejido doliente mientras se apoyaba en el piso a toda velocidad. Le dieron un rato a patada limpia e insulto potente. Porque él era un ladrón, porque les faltaba el respeto cada vez que lo paraban, porque no lo querían ver más en el barrio. Y porque sí, porque podían. 

Natalia salió corriendo al primer golpe y los policías ni se preocuparon por seguirla. Qué iba a hacer esa flaquita tan pobre, que no llegaba ni a terminar la escuela y que se moría de miedo cada vez que los veía llegar por el asfalto. La dejaron ir sin mirarla, casi como prueba de la impunidad que ronda su accionar de yuta, esa tranquilidad que les otorga la tarea de cuidarle la riqueza a los ricos a cambio de un sueldo miserable, un poco de cocaína mala y una pistola. 

Natalia fue hasta su casa, buscó a su mamá y a su tía, cargó su celular unos minutos y salió de vuelta a la escena del abuso encarnado en uniformes reglamentarios. Tenía fuego en los ojos, pero sus gestos se mantenían serenos al andar, al contrario de las dos señoras, que iban vociferando desaforadas que esos malditos policías la iban a pagar y que no podía ser tanta injusticia en este mundo. Llegaron a la esquina y la intensidad aumentó en la cuadra, crecieron los gritos de un lado y del otro, las mujeres insultaban y los ratis les ordenaban que se calmen, que ellos estaban haciendo su trabajo y que no se metan porque el pendejo no valía la pena.

Entonces ellas agarraron el teléfono de Natalia y le dieron play a todo volumen. La secuencia completa de esa noche empezó a escucharse por el parlante del aparato con un sonido que no era especialmente limpio, pero que alcanzaba para distinguir las voces amenazantes de esos hombres y la feroz caída de Rodrigo al piso después de osar preguntarle a uno “Por qué nos dicen esas cosas si no estamos haciendo nada”. Todxs hicieron silencio durante unos segundos. 

No es que los policías tuvieran miedo de recibir sanciones o de perder privilegios por ese audio. Su impunidad está profundamente extendida en todos los engranajes del sistema, es maciza, dura, sin grietas por donde entrarle. Nadie iba a molestarlos por una apretada a un pibe con antecedentes.

El problema para ellos era que esa pibita los había desafiado, grabándolos a escondidas cada vez que se les habían acercado a insultarlxs. Esa pibita calladita, a la que habían considerado casi inexistente, inútil, desechable. Ella les había tendido una trampa, una pequeña, algo casero e improvisado, con el celular en el bolsillo, apretando los botones a ciegas, tratando de que el micrófono registre todas las palabras porque sabía que un día iba a necesitar esas pruebas para que a Rodrigo no lo maten. O no lo encierren, que es parecido. 

Natalia le salvaba la cabeza a Rodrigo dejando a la policía desorientada, no sólo por la emboscada, sino porque en ese acto ella confirmaba que a Rodrigo alguien lo quiere mucho y es esa alianza contra la que no pueden las balas. 

(*) A.C.A.B: “All Cops Are Bastards” (Todos los policías son unos bastardos)

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En un año electoral decisivo para la continuidad de Cambiemos, la reforma del sistema penal juvenil vuelve a ocupar la agenda pública. La baja de edad de imputabilidad, un recurso que se repite cada año impar cuando las urnas asoman, ocupa una vez más las tapas de los diarios. ¿Qué tiene de particular esta vez?

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es recurrente, por lo menos en los últimos 10 años de historia argentina. El disparador suele ser algún asesinato perpetrado por un chico de menos de 16 años que sirve como punto de apoyo para reavivar la discusión sobre la reforma del sistema penal juvenil.

Invocando a la “puerta giratoria” y una justicia inoperante que sólo garantiza los derechos de los asesinos, los medios masivos de comunicación refuerzan la demanda con una secuencia de noticias, repetidas hasta el hartazgo, que buscan instalar una versión de la realidad según la cual bandas de delincuentes juveniles atemorizan día y noche a los y las ciudadanas ilustres. El Señor de las Moscas sería un cuento de hadas en comparación a vivir en un barrio del conurbano bonaerense.

Hagamos memoria

Esta discusión viene de largo en la agenda política del país. Podemos retrotraernos a 2008 para escuchar al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente en 2015, Daniel Scioli, reclamando en una entrevista la baja de edad de imputabilidad para delitos graves, hecho que él mismo se encargó de rescatar de los archivos hace 2 años, vía Twitter. Un año después, respaldado por su entonces Ministro de Justicia Ricardo Casal, y ante el asesinato del camionero Daniel Capristo en abril de 2009, cometido por un chico de 14 años, el ex motonauta volvió a reclamar la baja de edad de imputabilidad. A fines de ese mismo año, un proyecto de ley obtuvo media sanción en Senadores pero no logró pasar la votación en la Cámara Baja y perdió el estado parlamentario.

Dos años después se repetía la secuencia con el asesinato de Fabián Esquibel por un muchacho de 15 años. A los reclamos de Scioli y Casal se sumaron el actual presidente Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, y el exdiputado bonaerense Francisco De Narváez.

En 2013 Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado en ese entonces del Frente para la Victoria (FPV), reavivó el debate y fue ampliamente repudiado, incluso por compañeros de su propio armado electoral como Juliana Di Tullio o Carlos Kunkel. Tres años después, el massismo presentó un proyecto de ley con la misma propuesta.

En 2017, la actual gestión cambiemita puso el tema nuevamente en agenda de la mano del Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, proponiendo bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años para delitos gravísimos (homicidios, violaciones y robos con armas) y a 15 años para delitos muy graves.

Medios al servicio

Cambian los nombres y los partidos pero la demanda siempre es la misma. Los antes mencionados son sólo algunos de los pedidos recurrentes para endurecer el sistema penal juvenil en los últimos tiempos. Este año, el oficialismo vuelve a la carga proponiendo bajar la edad de imputabilidad a 15 años y cuando se trate de “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. ¿Volverá a caer la criminalización de los y las jóvenes en saco roto?

Dejemos de lado el insípido argumento de que se trata de una estrategia del gobierno para “distraernos” de la profunda crisis económica en la que están sumergiendo al país. La manipulación informativa es una constante a tener siempre en cuenta, pero resulta insuficiente para hacernos olvidar de la pérdida de poder adquisitivo o de la inflación más alta de los últimos 27 años. Con esa misma lógica se argumentó que la discusión por la legalización del aborto “tapó” las brutales corridas cambiarias del año pasado. Como nos dijera Pablo Alabarces en relación al Mundial de Rusia, “la política, la economía, los problemas sociales, la falta de trabajo o lo que fuere, no se difunde por los medios, se experimenta como vida cotidiana”.

Doctrina de las “nuevas amenazas”

Si se tiene en cuenta que el pedido de endurecer el sistema penal viene fracasando desde su reforma en 1983, en el ocaso de la dictadura, y la enorme solidez de los argumentos en contra de la baja de la edad de imputabilidad (ya sea la regresividad jurídica que implica, la mínima injerencia de menores en delitos graves o el punitivismo como única respuesta estatal), ¿qué podría llegar a indicar que esta vez la reforma será real?

El tinte diferencial que tiene esta discusión esta vez es la suscripción del gobierno nacional a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo de otro Estado bélico: Israel. Estas relaciones exceden ampliamente lo teórico y ya se tradujeron en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a la primera potencia mundial y software de espionaje al Estado sionista. Tal como lo manifestara la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en aras de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”.

Esa doctrina ya se puso en práctica con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, con el aval explícito del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda, o los cientos de casos de gatillo fácil que suceden cotidianamente en los barrios populares, tal como relevó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) con alrededor de mil casos en tres años.

Esta doctrina coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona. Como si el terrorismo fuera una preocupación real para el país. Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas. Una doctrina que se impone en toda la región casi al mismo tiempo.

A esto se suma el gasto sideral en armamentos, con el argumento de garantizar la seguridad para la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado. Son significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales. En este contexto, la persecución punitiva de los y las más jóvenes toma un significado mucho más preocupante, mientras se desarticulan políticas públicas de contención y se cierran escuelas para las infancias vulnerables.

El Estado policial que propone el macrismo pareciera más una reacción a las demandas de la sociedad apaleada por la crisis que a una real amenaza terrorista. Producto de una creciente desocupación y conflictividad laboral, sumado a la eliminación de políticas públicas de protección, el gobierno se enfrenta a un movimiento sindical de larga tradición combativa (más allá de los obsecuentes de siempre), a los movimientos sociales, partidos políticos de izquierda y al creciente movimiento de mujeres y disidencias sexuales.

Criminalización de la protesta

Mientras tanto, el Poder Judicial avala la persecución de quienes se enfrentan al proyecto neoliberal que encabeza el gobierno de Cambiemos a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace tres años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal. Han llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

Cuando el Estado reniega de su función social y entiende que su única obligación para con la sociedad es el castigo, los y las más vulnerables son quienes más sienten las políticas punitivas: niños, niñas y adolescentes, sobretodo de los sectores populares.

Es probable que el gobierno intente ir a fondo con la reforma penal juvenil, envalentonado por el efecto Bolsonaro que promete un retroceso en materia de derechos humanos muy grave en Latinoamérica. Será cuestión de medir fuerzas con los distintos actores sociales, quienes han logrado torcerle la mano al macrismo en más de una ocasión, como en el amplio repudio a la ley conocida como “2×1” que obligó a retrotraer la medida. El fascismo latente en nuestras sociedades del Cono Sur, al igual que en otras regiones, asoma los colmillos. Y lo hace cada vez con menor disimulo.

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Juventud sin futuro, #CambiemosESTAMIERDA es el nombre de la campaña que tiene por objeto plantear la emergencia juvenil en el país, en torno a distintos ejes como pobreza, trabajo, educación, represión estatal y violencia de género, problemáticas que afectan a la sociedad y más particularmente a las juventudes.

El jueves pasado se realizó la primera “noche de la juventud” frente al Congreso para visibilizar las problemáticas que atraviesan los y las jóvenes, pero también para mostrar las soluciones colectivas que se dan en distintos ámbitos; en las organizaciones sociales, en los barrios, sindicatos, secundarios, terciarios, clubes y centros culturales. El encuentro funcionó a la vez como un espacio de debate, en donde quienes padecen esta realidad son también quienes piensan colectivamente como enfrentarlas.

Juventud Sin Futuro
“Los jóvenes son el futuro” dicen. ¿De qué futuro hablan? Cada día es más difícil conseguir trabajo: El problema no es sólo la falta de él sino que, aquellos y aquellas que pueden acceder, suelen hacerlo en una situación precaria, atados a una falta de formación o capacitación que el Estado no garantiza. Si de formación hablamos, el 55% de los jóvenes no termina el secundario. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Cerrar escuelas, eliminar programas educativos como el plan “Conectar igualdad” que permitía a millones de chicos y chicas poder acceder a una computadora, crear reformas como “la escuela del futuro” que, sin consultar a estudiantes y docentes, buscan en los y las estudiantes mano de obra barata para grandes empresas.

En las barriadas populares la situación es aún peor: 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años vive en situación de pobreza. Como si ya no fuera suficiente la falta de vivienda, servicios y escuelas dignas, la policía persigue, tortura y mata a las pibas y pibes. En dos años de macrismo hubo 725 asesinatos por las fuerzas represivas, de los cuales el 70% tenía menos de 30 años. En cuanto a las jóvenes, a pesar de la intensificación de la lucha feminista en los últimos años, el gobierno sigue sin dar respuestas. Mientras, las estadísticas informan que en 2017 hubo 292 femicidios de los que la mitad fueron mujeres de menos de 30 años, o que en Argentina cada 3 horas nace un bebé de una niña de entre 10 y 14 años. La Educación Sexual Integral (ESI) no se reglamenta en las escuelas y se vaciaron programas que trabajaban problemáticas de género.

Éstas, entre otras, fueron los problemas planteados por los jóvenes en cientos de afiches de colores con los que empapelaron algunos barrios de la Capital.

La noche de la juventud
Cientos de jóvenes se reunieron frente al Congreso a denunciar su situación. La jornada fue organizada por los espacios de juventud de distintas organizaciones sociales: Agite Rebelión (del Frente Popular Darío Santillán), MP La Dignidad, Patria Grande, La Emergente, Cien Fuegos y Democracia Socialista.

A las 17hs se dio inicio con una radio abierta y distintos talleres de género, defensa personal, arreglo de bicicletas, serigrafía, mural móvil, esténcil y rap. En simultáneo la calle se convirtió en la canchita para el torneo de fútbol y las veredas en sede de una feria de la economía popular. Todo este despliegue fue en gran parte fruto de las actividades que se llevan a cabo en los distintos barrios, donde las y los jóvenes se organizan para generar espacios de cultura y deporte, donde aprenden y llevan adelante emprendimientos productivos. El mensaje fue claro: mientras el gobierno no genera políticas públicas, ellos y ellas se las ingenian para cumplir con sus expectativas.

Cayendo el sol se dio lugar a la discusión sobre tres ejes: violencia institucional, educación y trabajo. El primero se dio en el marco de un panel donde participaron abogados y abogadas y referentes de distintas asociaciones civiles, organizaciones y observatorios con el eje puesto en las violencias que el sistema ejerce en los territorios. Las exposiciones giraron en torno a una visión compartida en relación a cómo el Estado despliega estrategias de control sistemáticas en los barrios populares con el objetivo de perseguir, criminalizar, estigmatizar y eliminar el potencial creativo y rebelde de las juventudes, sea introduciendo el micro-tráfico en los barrios, el control de la vida de los pibes y las pibas por medio de las fuerzas represivas y las redes de trata, entre otras. Se compartieron también experiencias que supieron y saben dar respuestas cotidianas y de raíz por parte de las organizaciones sociales. Las posibilidades que construye el Estado como opciones de vida para las juventudes se reducen a 2 o 3 formas, las cuales se construyen en función de los intereses del mercado y no de los deseos, subjetividades y elecciones de los pibes y las pibas.

Los ejes educación y trabajo se discutieron en asambleas abiertas. En la asamblea de trabajo participaron trabajadores y trabajadoras de la economía popular, independientes y de distintas organizaciones, jóvenes de ATE juventud, Emergentes, y trabajadores y trabajadoras de diversos rubros, como el de la salud. Se compartieron las experiencias sobre cómo es trabajar en cada sector, cuáles son las problemáticas y los caminos recorridos en el surgimiento de espacios de resistencia a las medidas regresivas del gobierno de Cambiemos. Las intervenciones estuvieron atravesadas por los ataques que vienen sufriendo en el sector, como el recorte de programas laborales, los despidos, la precarización y la criminalización de la protesta.

Por otro lado, en la asamblea educativa se escuchó la voz de jóvenes de secundarios, terciarios, bachilleratos populares y universidades. Discutieron en torno a las luchas reivindicativas, haciendo énfasis en el repudio a la Unicaba y al cierre de los 29 institutos de formación docente. Se recalcó la importancia de una visión global de la lucha estudiantil, planteando que el macrismo tiene un proyecto educativo de conjunto y que no alcanza con resistir en cada espacio particular. A la vez, la lucha feminista fue eje transversal en las intervenciones, donde hubo acuerdo en la necesidad de articular sus diferentes demandas.

Las instancias de debate se cerraron con un panel final del espacio Juventud en Lucha, del cual participan decenas de organizaciones juveniles del país e internacionales. Se hizo hincapié en la necesidad de la unidad a nivel nacional y latinoamericano para resistir la avanzada de la derecha que se lleva a cabo en todo el continente.

La jornada terminó con un festival, a pura música, baile y alegría, pero sobre todo con la convicción de que las y los jóvenes no van a dejar que los dejen sin futuro.

Es necesario no dejar de mencionar que el sábado por la noche la violencia en los territorios se desplegó una vez más, ésta vez en la Villa 21/24, donde la Prefectura se llevó detenido a Roque, un joven periodista de La Garganta Poderosa, mientras intentaba grabar como estos persiguieron, golpearon y reprimieron a vecinos mientras entraban a una de las casas sin ninguna orden judicial. Junto con Roque detuvieron a su hermana, a quien pasearon por 80 minutos en un patrullero sin dar a los familiares su paradero, y a Pablo, un vecino del barrio. Por suerte, todos ellos se encuentran en libertad en este momento, gracias a la presión y el acompañamiento de las organizaciones y la amplia difusión que tuvo el hecho.

En el medio de la represión la Prefectura baleó la casa de Iván Navarro, uno de los testigos en el juicio por las torturas de esta fuerza represiva en el barrio. Un ejemplo más de la violencia estatal que criminaliza y estigmatiza a los y las jóvenes, un ejemplo más que refuerza la necesidad de juntarse, de gritar, de denunciar, de cambiar esta mierda.

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Por iniciativa de las organizaciones que componen el Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se firmó un acta de acuerdo, con siete puntos, para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas se vienen vaciando de contenido. Cada vez hay menos profesionales idóneos para la contención de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se realizan acuerdos corporativos que transfieren la concesión de los negocios vinculados al Cerro Catedral para su explotación. Entrega de los recursos más represión, la fórmula que se repite.

Fuerzas de (in)seguridad

En Bariloche, la violencia que ejercen las fuerzas de (in)seguridad contra las niñas, niños y adolescentes no es nueva y se profundiza. Hace pocos días, estudiantes de la Escuela Amuyén de Bariloche, en el km 7 de Pioneros, denunciaron que fueron agredidos mientras esperaban en la parada del colectivo.

Tal como consignan desde el Colectivo Al Margen, esta semana, por iniciativa de organizaciones sociales, se logró consensuar un acta de acuerdo de siete puntos destinados a terminar con la violencia institucional e implementar políticas públicas. El mismo se originó en la sesión ampliada del Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en la sede de la Fundación Gente Nueva del barrio Virgen Misionera. A esta institución concurren los y las adolescentes que denunciaron violencia institucional el viernes pasado a manos de personal policial de la comisaria 27 de Melipal.

El acuerdo compromete a la obligatoriedad de la identificación del personal policial, la apertura del Centro de Atención y Derivación de adolescentes demorados, la formación de la policía en perspectiva de derechos humanos, la presencia del ministro de Seguridad Pérez Esteban y el compromiso para la atención psicológica de los chicos que fueron golpeados, entre los más destacados. El acta lleva la firma de la Legisladora oficialista Silvia Paz, el Comisario de la regional tercera Daniel Bertazzo, el Comisario Ricardo Fuentes de la Jefatura Zona 1 de esta ciudad, el Defensor de Menores Javier Ospital, de Jimena Palópoli delegada del área de Derechos Humanos, Carlos Sánchez, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad y la directora de la Senaf en Bariloche, Daiana Salussoglia; además de las organizaciones y demás miembros del Consejo de Infancia local.

Los padres de las y los jóvenes agredidos por el personal policial, que se encontraban presentes, enfatizaron sus quejas contra este accionar de las fuerzas de (in)seguridad, al tiempo que denunciaban que esta situación produjo que “sus hijos no estén viniendo a la escuela, ni quieran salir de su casa porque tienen miedo”. Al mismo tiempo, en la sesión del Consejo se destacó que se han reducido la cantidad de psicólogos. El efecto es la falta de contención en situaciones como la sucedida y tantas otras. La violencia institucional tiene como contenido concreto prácticas de estigmatización, represión y criminalización de las infancias y jóvenes de los sectores populares.

Allí, frente a los funcionarios de gobierno, organizaciones sociales, concejales y referentes gremiales se pronunciaron contra la ausencia de políticas públicas para los sectores más vulnerables. El 14 de mayo será la próxima sesión del Consejo de Infancia y fue convocado el titular de la cartera de Seguridad provincial Gastón Pérez Estevan y la titular de la Senaf Roxana Méndez para abordar la implementación del Centro de Atención y Derivación de Adolescentes.

Sombras de Bariloche

Bariloche es la ciudad más grande de la provincia de Rio Negro y con mayores denuncias por violencia institucional. Desde hace dos años la violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes se viene incrementando, hasta con denuncias de torturas en comisarías, como la de la Comisaría 42 del Barrio 2 de Abril.

Tal es la violencia policial que a partir de la cantidad de casos que se vienen sucediendo,  desde el año pasado el Movimiento de Infancia implementó un Registro de Violencia Institucional para facilitar que las y los jóvenes y adolescentes puedan hacer denuncias en los barrios, ya que por temor no se animan a acercarse a la Fiscalía. La violencia institucional en los barrios de Bariloche tiene nombre: detenciones irregulares, torturas, hostigamiento por parte del personal policial. Algunos de los barrios donde denunciaron son Virgen Misionera, Nahuel Hue, San Francisco, Unión, Malvinas, Abedules, 28 de Abril, Villa Llanquihue y 10 de Diciembre.

Negocios corporativos

Mientras la policía reprime y hostiga a niñas, niños y jóvenes de los sectores populares, en Bariloche se cocinan negocios.

En los medios locales se pudo leer una noticia que pasó prácticamente desapercibida a nivel nacional, y que muestra la misma lógica en los distintos lugares donde el Pro tiene diferentes alianzas de gobierno. Sin licitación previa se aprobó la extensión por 38 años del contrato de concesión sobre la explotación del cerro Catedral. A pesar de las 3354 firmas pidiendo el referendo y las irregularidades del proyecto se aprobó con la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche (JSB) y el PRO. Vecinas y vecinos se hallan movilizados para juntar firmas que impulsen una consulta popular.

Este contrato de concesión del área Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. hasta el año 2056 beneficia no sólo con la concesión del área sino que además conlleva un megaemprendimiento inmobiliario que implica una transformación de la naturaleza en paisaje urbano. La llamada modernización llegó hasta las montañas para quedarse.

Mientras, en Bariloche se firma la paz con la policía para que no siga reprimiendo a las y los pibes, con un acuerdo donde uno de los puntos destacados y consensuados hasta por las cúpulas policiales es que los efectivos lleven identificación.

Las fuerzas de seguridad no paran de darnos ejemplos, que se han intensificado en los últimos dos años. En Rio Negro, la historia que compromete a las fuerzas lleva las marcas de nombres como Daniel Solano y Lucas Muños (en Bariloche) entre otros. El más reciente y triste ejemplo lleva el nombre de Rafael Nahuel, ajusticiado por la espalda por la prefectura en Villa Mascardi (Bariloche).

La zona patagónica se halla a merced de la voracidad de los negocios corporativos sin frenos y sin límites por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales que se benefician con acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo. Mientras tanto la fórmula sigue siendo la misma: represión, criminalización, meterle miedo a los sectores populares como único modo de seguir haciendo negocios. Las organizaciones y movimientos comunitarios parecen constituir el recurso para poder frenar las violencias institucionales cotidianas.

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El barrio Juan XXIII, mejor conocido como La Bombilla, es uno de los tantos barrios que rodean Tucuman capital, barrios olvidados por las distintas gestiones estatales. Facundo, de 12 años vivía allí, como solía ser costumbre en su cotidiano, el Jueves 8 fue con su amigo Juan a una picada de motos que se corre en una vieja terminal de colectivos. Al regresar en moto con Juan de 14 años y sin llegar a reaccionar, son atacados por policías que se encontraban patrullando la zona, tras el tiroteo unidireccional Facundo cayó baleado y Juan herido en la pierna y en la cabeza.

El pasado lunes las pericias confirmaron que Facundo murió por un balazo en la nuca, Juan continúa herido. El joven insiste cada vez que toma la palabra “la policía mató a mi amigo” mientras las cámaras lo siguen persiguiendo y atormentando. A su vez, Adriana Rodrigues, referente del Frente popular Darío Santillán en Tucumán y vecina de Facundo relata que el Viernes 9 “después del velatorio de Facundo la policía se metió en nuestros barrios haciendo racias, levantando a cualquier pibe de la calle, se metieron helicópteros que sobrevolaban en nuestros techos.”

Sin embargo, durante esa noche la cobarde bala policial no le tocó a él sólo, en Quilmes y Morón dos jóvenes fueron asesinados de forma similar, bajo el mismo patrón de acción: disparo a la cabeza a quemarropa bajo la sospecha de “un posible robo o disturbio”. El sujeto, también, siempre el mismo: joven de barriada popular. De igual manera el victimario se repite, un policía, no siempre uniformado. Si bien esta lógica represiva lleva muchos años sosteniendo todos los discursos y gobiernos, luego de la legitimación de la práctica “Chocobar” por parte del Presidente Mauricio Macri se ha instaurado de forma más consolidada.

Facundo, Fabian, Alexis son sus nombres. A  lo largo de los días transcurridos, en vez de repasar sus historias o reflexionar sobre el accionar policial, los medios hegemónicos de comunicación han mantenido, su también histórica, manipulación. De esta forma no importa saber que a Facundo le gustaba jugar a la pelota y que era muy querido por su abuela con quien vivía en Tucumán, como tampoco entender el cotidiano con el que lidiaba Alexis, también mimado por su abuela, en la Villa Carlos Gardel de Morón o lo preocupado que se encuentra el papá de Fabián de Quilmes. Ahora lo que importa es meter el contenido criminalizador hacia los pibes, ese que tiene como único objetivo el sostener las políticas de ajuste y represión que, a su vez, atacan directamente contra las vidas jóvenes.

Fabián Exequiel Enrique tenía 17, vivía en la villa Los Eucaliptus de Quilmes. El oficial del grupo Halcón que lo asesinó también por la espalda no se encontraba en funciones cuando empleó su arma bajo el argumento de que el joven quiso robarle el celular junto a otro chico. El padre de Fabián rápidamente salió a contradecir la respuesta, esperada del oficial “el policía se bajó del auto y lo acribilló. Mi hijo no le robó nada y, aunque lo hubiese hecho, tampoco podía pegarle tiros por la espalda”, relató Claudio Enrique el padre de Fabián “Lo mató como a un perro”, a su vez relata amenazas posteriores de efectivos de la policía hacia la familia dándoles a entender que en cualquier momento, otro pibe podría terminar muerto en el barrio.

Por su parte Alexis Gutiérrez Suarez tenía 18 años, vivía en el barrio Carlos Gardel, de Morón. El consumo y la violencia propiciada ante la falta de espacios que contengan a la niñez y a la juventud lo habían desgastado en su corta vida. El jóven ya no tenía intenciones de medir consecuencias y si, bien las mismas pasiones de todos: el fútbol y su abuela lo llevaban a “recatarse”, cuenta su abuela que en sus últimos días se encontraba desganado y ella como siempre intentaba mimarlo y reanimarlo. Alexis sabía que la cárcel no era el lugar donde quería terminar, sabía bien de relatos y experiencias que le llegaban de familiares y vecinos pero tampoco tenía muchas más opciones. La noche del viernes fue asesinado en otro episodio confuso.

La prensa apunta, la policía dispara

Mientras el furor de la masiva marcha del 8M continuaba haciendo eco, la noticia del niño asesinado impactó.  Una vez conocida la noticia, rápidamente la agenda mediática se modificó. Quienes en los días previos de efervescencia feminista defendían “la vida de cualquier niño por nacer” ante el debate de la aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora salían livianos y livianas a decir: “uno menos”. Ese es el cotidiano confuso que atraviesa cada niño y niña desde las barriadas populares, de la lástima al odio sin posibilidad concreta de ser entendidos como sujetos de derechos y menos políticos.

Es con estas historias, cargadas de desidia y abandono que los Repetto y los Feinmann se regocijan ante las cámaras, se preguntan qué hacían solos a la noche y justifican como en épocas oscuras de dictadura que “algo habrán hecho”. De esta manera, el dispositivo represor funciona sin grietas y a la perfección. Aquellos que semanas atrás decían “ninguno menos” se alivian y duermen tranquilos sabiendo que la policía así los cuida y que, efectivamente hay pibes que tienen que sacrificarse en pos de ese orden anhelado el cual pareciera no depender de las políticas del estado.

Las historias relatadas se cruzan, se encuentran y si bien son de distintas zonas, los tres jóvenes son de barriadas populares y la ecuación no vuelve a fallar: ser joven y pobre siempre fue sinónimo de peligrosidad. En este sentido, actualmente, existe una legitimación de este relato amparada por el poder político, judicial y mediático. Alexis, Fabián y Facundo no son casos aislados, se suman a las cifras crecientes de asesinatos en manos de las fuerzas represivas de (in)seguridad.

Sea que los jóvenes delinquen o no, sea que se encontraran en consumiendo o no, sea que simplemente se tomaron el atrevimiento de salir a la calle, en ese lugar que se los señala, persigue y acusa. Hay un estado de derechos que no se garantiza, hay un discurso mediático que ampara la punibilidad. Mientras los debates sobre la modificación del código penal siguen latentes amparando la baja de edad de punibilidad, hay un poder político que legitima el accionar violento de las fuerzas represivas haciendo un uso selectivo de la fuerza apuntado a la criminalización y estigmatización de la juventud.

Existe un sistema que antes de investigar, dispara, culpabiliza y queda impune. Pero resulta importante recordar que también existen organizaciones las mismas que sin presupuesto y políticas públicas que acompañen continúan luchando día a día bajo una certeza: que las y los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. Que las jóvenes caen en las redes de trata amparadas por la policía y el poder político, que el narcotráfico se instala con cada vez más fuerza en cada barrio, amparado por la policía y el poder político y que se necesitan de cuerpos sacrificables, de personas “desechables” para hacer mover la maquinaria.

(*) Encuentro Niñez y Territorio.

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Por Daniel Sticotti (*) 

El pasado viernes, Iago Ávalos un pibe de 17 años de la localidad de Hurlingam fue asesinado por un subcomisario de la Federal. Se trata de una nueva historia de gatillo fácil que no debe quedar en el olvido, y eso se proponen los familiares, amigos y organizaciones sociales de la zona.

“Iago era un pibe común de barrio, estudiaba en la Echeverria y trabajaba como mecánico de motos y de autos, aunque en verdad sabía hacer de todo porque también hacía trabajos de mantenimiento y arreglos en general” nos cuenta Irina, la hermana de jóven asesinado el viernes pasado en manos del Subcomisario José Péres Buscarolo de la Federal. “Le gustaba su trabajo -agrega- estaba todo el día haciendo algo, siempre lo ibas a ver engrasado o ayudando a quien lo necesite”, es su intención revalorizar la vida de su hermano que tan rápido le arrancaron. Irina sabe que este hecho no es azaroso sino que es parte de un plan sistemático y por eso se propone visibilizarlo contando la verdadera historia de su hermano que no es más que la historia de cualquier pibe de barrio. Se trata de un procedimiento casi lineal: un pibe cualquiera, bajo el accionar de un policía cualquiera, en un barrio popular cualquiera puede ser víctima de gatillo fácil.

Iago Avalos, tenía 17 de años vivía junto a su familia en la localidad de Hurlingham del conurbano oeste de la Provincia de Buenos Aires, ese viernes junto a otro joven habían sacado las tazas de las ruedas de un auto que pertenecia al subcomisario. Al percatarse del hurto, dado que pudo observar el hecho desde una ventana de su casa, Buscarolo agarró su arma reglamentaria, salió a la calle y comenzó a perseguir a los jóvenes que escaparon en un Renault Sandero. Luego de una persecusión que duró diez cuadras, en la esquina de Cura Navarro y Republica de Siria en la localidad de Villa Tesei, Hurlingham, donde Buscarolo sacó su pistola reglamentaria y efectuó varios disparos a quemarropa de los cuales uno, según determinaron las pericias realizadas por Gendarmeria Nacional, entró por la ventana trasera del auto y acabó con la vida de Iago, quien se encontraba en el asiento del acompañante.

Por el hecho ya se encuentra detenido el subcomisario de la Policia Federal, José Pérez Buscarolo, quien a sangre fría disparo por la espalda contra el jóven. Pero el accionar violento de la policía no terminó allí. Al efectuarse los disparos, Nicolás, el amigo de Iago que estaba al volante frena el auto y le devuelve las tazas de las ruedas diciéndole “Disculpa, era una picarda” – cuentan asombrados las y los vecinos que allí se encontraban- a lo cuál le pide que lo lleve a Iago a un hospital ya que no estaba pudiendo respirar, recibiendo solo insultos por parte del uniformado. Cuando llegó la asistencia médica el joven ya había fallecido a causa del desangramiento que le había generado la bala en el pecho. Luego, en la Comisaria N°2 de Villa Tesei, a Nicolás lo tuvieron bajo amenazas e insultos durante doce horas en donde le llegaron a decir que “tendría que haberlos matado a los dos”. El joven quedó en libertad al comprobarse que no portaba armas y no poseía antecedentes penales dado que la clasificación del delito que se lo acusa es “hurto tentado con participación de un menor”.

El caso quedo en manos de la UFI N°6 de Morón a cargo de María Silvana Bonini y Segio Di Leo quienes resolvieron la detención del subcomisario José Perez Buscarolo bajo la caratula de “homicidio agravado por su condición de miembro de seguridad”. El sábado el uniformado fue indagado por los fiscales, en dicha declaración Buscarolo se contradice con los hechos que pudieron reconstruirse de lo ocurrido al día anterior. Según el subcomisario al llegar a la esquina de Cura Navarro y República de Siria logro cruzarle el auto a los jóvenes y les dio voz de alto a ambos, a lo cual uno de los pibes le hace un ademán como de apuntarle con un revolver razón por la cuál efectúa los disparos. Esto se contradice con las primeras pericias que indican que el disparo entró por la luneta trasera del auto y le dio en la espalda a Iago, así como también quedó comprobado que no había ningún arma en el auto que manejaban los jóvenes, dejando entrever la estrategia de los abogados defensores de Bucarolo quienes intentarán enmarcar el suceso bajo un “homicidio simple en legítima defensa”.

Con el objetivo de que esta historia no quede impune, los familiares y amigos de Iago junto a las organizaciones sociales de la zona rápidamente comenzaron a comunicar la verdadera historia, se proponen realizar distintas acciones que contrarresten los discursos del sentido común que ya empezaron a circular por los diversos ámbitos. Por eso este jueves realizaran la primer reunión junto a otros familiares de víctimas con el objetivo de que esta historia no quede en el olvido.  En pocas palabras Irina, la hermana de Iago, lo sabe sintetizar: “de lo único que estamos seguros es de que es una lucha larga que nos tiene que encontrar unidos”.

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El pasado Viernes se realizó, en el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo del Hotel Bauen, el panel “Nacer Pobre, Crecer Presx” organizado por el espacio Niñez y Territorio, y el Consejo de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires, ambos parte de la campaña No A La Baja.

Este panel se inscribe en una serie de acciones que se vienen realizando desde la campaña No A La Baja surgida tras los intentos del actual gobierno de bajar la edad de punibilidad a las 14 años de edad. Quienes trabajan día a dia con pibes y pibas entienden que las políticas públicas de niñez no deben estar signadas por la represión y encierro.

En este sentido, Clarisa Gamberra, representando a Niñez y Territorio, hizo referencia a la avanzada del poder represivo en los territorios signados por la pobreza, el cercamiento en los barrios por parte de las fuerzas de seguridad y el gerenciamiento de los territorios por parte de los narcos como moneda corriente en las barriadas de todo el país. Esto implica, explica Gamberra, “la creación de cárceles a cielo abierto donde los pibes y las pibas son sacados de los centros urbanos y retenidos en las barriadas por las redes de ilegalidad apañadas por las fuerzas de seguridad de un estado represivo.” En este contexto de marginación, de generaciones de familias viviendo en condiciones precarias, “el Estado se hace presente a través de su brazo armado y la liberación de los territorios a las bandas del delito organizado”, asegura la trabajadora de niñez. En esa linea, para ella “los pibes y pibas de las barriadas crecen en un terreno de supervivencia en consonancia con la construcción social de sujetos peligrosos”.

A continuación Nadia Polanco del Colegio de Trabajo Social explicó el rol de dicho consejo como así también su definición política en las diferentes luchas sociales. “El tema no a la baja está sumamente en boga y queremos dar el debate en todos los ámbitos para evitar que avancen en este sentido”, dijo. A su lado, María José Cano, integrante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la Provincia de Buenos Aires como así también delegada de ATE en niñez y del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, dio cuenta de la compleja situación del sistema de protección y promoción de derechos de los niños y niñas: “su funcionamiento configura un sistema de desprotección de derechos” aseguró.

Por su parte, Alcira Daroqui, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos del Instituto Gino Germani (UBA), planteo la necesidad de entender este nuevo pronunciamiento de baja de edad de punibilidad como parte de un proceso histórico que fue construyendo esta idea de peligrosidad. En ese marco contextualizó que “desde el menemismo hasta el sciolismo, se intentaron implementar diferentes proyectos de baja de edad de punibilidad que pudieron ser echados atrás gracias a la organización colectiva”.

Entonces, manifestó que “el actual discurso macrista se instala en una serie de consenciones que los diferentes gobiernos anteriores fueron facilitando para que hoy en día se instale fuertemente en la agenda la baja y la modificación del régimen penal juvenil.” Así la investigadora afirmó que “en la actualidad se da una convivencia de acuerdo entre el populismo punitivo, la derecha conservadora y la derecha progresista”.  A su vez expresó que “la baja de edad de punibilidad no solo afectaría a los pibes y pibas de 14 y 15 años, sino que ejercería un control y recrudecimiento de medidas hacia los pibes y pibas de 16 y 17 años, los que se someterían a penas más duras”.

A sala llena, en el mítico hotel recuperado por sus trabajadores y trabajadoras, que actualmente se encuentran peleando  por una ley de expropiación, las y los asistentes pudieron escuchar diferentes puntos de vistas y opiniones encontrada en cuanto a la baja de edad de punibilidad y la discusión de un nuevo régimen penal. Alcira fue contundente a la hora de responder que no debe darse el debate sobre la modificación del régimen penal juvenil en tanto y en cuanto el sistema penal es una herramienta del neoliberalismo que encierra y estigmatiza la pobreza. Para Daroqui “las organizaciones no deben sentarse a debatir sobre un régimen que apunta al encierro de los pibes y pibas pobres, no hay garantías dentro del sistema penal”.

En contraposición, Pablo Abramovich, perteneciente a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB),  consideró que se debe formar parte del debate de la reforma del sistema penal juvenil ya que “es un debate que está en curso y que, de otra manera, quedaría en manos de unos pocos”. Para el referente “el deterioro y pérdida de especialidad del  foro juvenil apunta a ir en deterioro si -desde los trabajadores y trabajadoras del Estado y las organizaciones sociales- no se participa del debate”. A su vez apuntó a instalar el debate del Estado como terreno de diputa donde el poder judicial no es solo conformado por jueces, sino que las y los trabajadores y algunos funcionarios se posicionan en contra del avance de la derechización. En este camino, el sábado 6 de Mayo realizarán un debate dentro del  poder judicial sobre la actualidad del Foro Penal Juvenil para abogar a la construcción de alternativas aplicables.

Para finalizar Carola Bianco, integrante del Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de La Plata, intermedió en el debate sobre la necesidad o no de instalar la discusión por la modificación del Regimén Penal Juvenil. En este sentido, planteó que si bien hay que sostener la negativa ante la intención del gobierno en responsabilizar a los pibes y las pibas pobres de la mal llamada inseguridad, “son las organizaciones sociales las que tienen el conocimiento del territorio y quienes tienen que aportar con esa mirada en esta discusión”.

A su vez desde su experiencia, Bianco aportó que si bien “el derecho civil es un derecho clasista” debemos pensarlo como una herramienta que pueda ser construida desde las organizaciones sociales. Con más preguntas que respuestas y nuevas miradas para llevar a los territorios, las trabajadoras y trabajadores en conjunto con las organizaciones sociales de niñez celebraron un nuevo encuentro de formación que construya argumentos y dispute los sentidos hegemonicos sobre los pibes y las pibas que como bien afirman “no son peligrosos, estrán en peligro”.

(*) Integrante de Niñez y Territorio

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En el marco de la décima edición de la Marcha de la Gorra, este año se realiza por tercera vez el ciclo La Gorra Literaria, que reúne a personas del ámbito cultural junto a los movimientos sociales.

Con una emisión especial en vivo realizada por “La luna con gatillo: una crítica política de la cultura”, que este cronista conduce semanalmente en radio Eterogenia, comenzó el jueves pasado el ciclo “La Gorra Literaria”, que reúne a activistas del ámbito cultural que se posicionan junto a los movimientos sociales. Cada noviembre, protagonizan desde hace una década la denominada “Marcha de la gorra”, quizás la movilización más importante del año en la provincia mediterránea. La Marcha es convocada cada año por el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y confluyen en ella el espectro político más amplio. En cada ocasión, se enarbola una consigna distinta. La de 2016 es: “¡¿Cuánto más?! El Estado es responsable”.

Córdoba y el Estado policial

La actividad realizada el jueves se llevó adelante en Colegio de Psicólogos de Córdoba bajo el título “Las sociedades de control y los códigos de control del cordobesismo”. Consistió en un diálogo sostenidos por este conductor radial con Lea Ross (comunicador popular) y Marisa Emilia Francia (integrante de la comisión de prensa del Frente Organizado Contra el Código de Faltas), ambos columnistas de La luna con gatillo.

Lea Ross problematizó la situación actual del reclamo contra el accionar policial en la provincia, recordando que durante muchos años, más allá de las diferencias políticas, todo el arco de organizaciones locales confluía en el repudio al Código de Faltas, que el año pasado fue debatido en la Legislatura provincial y suplantado por el Código de Convivencia, que algunos sectores hoy valoran como un paso adelante en las políticas de seguridad del Estado provincial, hoy conducido por Juan Schiaretti, quien sucedió a José Manuel De la Sota tras las últimas elecciones. Entre los presentes, los integrantes de organizaciones sociales coincidieron en resaltar la importancia de denunciar las continuidades del “Estado policial” más allá del cambio de gobernador (ambos del mismo partido: Unión por Córdoba) y el despliegue de militarización que la Policía de Córdoba sigue realizando en los territorios, en fuerte connivencia –según destacaron los presentes– con las bandas de narcotraficantes que hoy son un nuevo actor de poder en las barriadas populares.

Por su parte, desde el FOCCOF, insistieron en que las faltas o contravenciones, que el derecho formal dejó discrecionalmente a un lado, se convirtió hoy por hoy en una herramienta mucho más efectiva a la hora de reprimir a los sectores populares que el propio sistema penal formal.

Este cronista, por su parte, recordó en su intervención que más allá de los nombres utilizados, lo que estaba por detrás de ambos códigos (el anterior de “Faltas” y el actual de “Convivencia”) es una lógica de “policialización” –de ocupación “militar” del territorio por parte de la policía–, que se acopla a las típicas costumbres que nos sujetan: modelo familiar y de pareja, de amistades, etcétera.

Proceso al cordobesismo

Para finalizar la actividad, el actor Santiago San Paulo montó “Procedimiento Kafka”, obra de títeres del Teatro de Ilusiones Animadas, un unipersonal en el que adapta la novela El Proceso, de Frantz Kafka. En un cruce con otros textos del universo kafkiano, como el relato “La metamoforsis” y con un especial énfasis puesto en el micro-relato “Ante ley” (incluido en El proceso), el actor –también integrante del grupo Zéppelin– puso en escena una serie de temáticas que despertaron la reflexión de los presentes. Cabe recordar que el autor checo fue –al decir de Gilles Deleuze y Félix Guattari– un escritor que se hallaba a caballo entre dos tipos de sociedad, y por eso tuvo la gran capacidad de adelantarse a su tiempo y poner de relieve en su literatura, hace ya casi un siglo, cuestiones que siguen siendo problemas contemporáneos. Retomando las conceptualizaciones de Michel Foucault a propósito del pasaje de las sociedades de disciplina a las de control, los filósofos franceses sostuvieron que Kafka, en el El proceso, fue capaz de describir las formas jurídicas más temibles: la absolución aparente (entre dos encierros), típica de las sociedades disciplinarias, y el aplazamiento ilimitado (en continua variación) de las sociedades de control”.

Literatura pistolera

Este martes, desde las 19 horas en el Museo de Antropología (Hipólito Yrigoyen 174), se realizará la segunda actividad de “La Gorra Literaria”, con la presentación de La otra vida de los pibes pistoleros, una novela colectiva escrita por jóvenes alumnos del CENMA “María Saleme de Burnichón” en el marco del taller literario del Complejo Esperanza. Sus autores (Agustín y Jeremías) estarán presentes en el ciclo de lectura, acompañados por Fátima Cerione, Joaquín Collazo, Luciano Debanne, Marisel Segovia Lucía Miani, Mabel Gaitán y Camila Sosa Villada.

Bardeando la máquina de la inseguridad

Bajo el título “Cordobesismo, control social y pibes silvestres”, se realizará este jueves 17 de noviembre la última actividad del ciclo 2016 de La gorra Literaria. Con la presencia de Esteban Rodríguez Alzueta (autor de La máquina de la inseguridad y compilador de Hacer bardo. Provocaciones, resistencias y derivas de jóvenes urbanos), se realizará un conversatorio y presentación de ambos libros, desde las 19 horas en la Casa Caracol (Ovidio Lagos 24, barrio General Paz). Participarán de la charla, junto al autor, el abogado Sergio Fernando Job (Encuentro de Organizaciones), Marisa Emilia Francia (Frente Organizado Contra el Código de Faltas) y Lucre Cuello (Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos). Este cronista realizará la coordinación de este evento, horas antes de que, según se estima por lo que sucede cada año desde hace una década, miles de personas colmen las calles de la capital cordobesa.

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