La violencia que sufren las y los trabajadores, con situaciones de represión y persecusión, también produce muertes en los lugares de trabajo. La situación de las trabajadoras de la Linea 144 desbordadas por la demanda y precarizadas en su trabajo.

Cresta Roja: promesas incumplidas y brutal represión

El viernes, la policía de Macri y Vidal reprimió brutalmente en las puertas de la Planta II de Cresta Roja,  de Esteban Echeverría,  mientras las y los trabajadores se encontraban reclamando por sus puestos de trabajo y pago de deudas.

Las fuerzas represivas desataron una cacería disparando balas y gases en el barrio San Ignacio, irrumpieron en casas y detuvieron ilegalmente a vecinos y trabajadores. Denuncian que la bonaerense se negó informar  sobre el paradero de los detenidos mientras los retuvo incomunicados durante horas dentro de la Planta, como si fuera un centro de detención.

Minutos antes de la medianoche, mientras sus compañeros se encontraban frente a la avícola en medio del barrio,  que sigue militarizado, exigiendo su inmediata libertad, se conoció que los cinco detenidos fueron separados y alojados en las comisarías 2º y 8º de Lomas de Zamora. El sábado serán trasladados al Polo Judicial de Esteban Echeverría para tomarles declaración.

Los trabajadores exigen a la gobernadora Vidal que cumpla lo que dijo cuando reinauguró la planta en 2016: “que los obreros de Cresta Roja volvamos a trabajar”.

Esta represión y cacería fue ejecutada por la Policía de Vidal y Ritondo que son responsables de la muerte de diez personas a raíz de un incendio en una comisaría del mismo municipio cuyo intendente es Fernando Gray, y que estaba clausurada desde marzo.

Caídos en servicio

Tras la noticia del fallecimiento de Maximiliano Tadeo Costa, trabajador del área de Forestales de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, ATE Senasa Capital convocó una asamblea para discutir las condiciones laborales y construir un paro en el sector, en memoria de todxs los compañeros que fallecieron producto de las políticas de ajuste y despidos.

Según sus compañeros y compañeras,  que participaron de la asamblea, Maximiliano, de 32 años de edad, estaba sobrepasado de deudas, su sueldo cada vez le alcanzaba menos para cubrir sus gastos cotidianos y expresaba el temor de perder su empleo a fin de año.
Además, denunciaron el caso de Roberto Billard, quien falleció hace 20 días por un infarto en la misma Secretaría, y denunciaron que el desmantelamiento del servicio médico y la falta de equipamiento mínimo, como un desfibrilador portátil, imposibilitaron que Roberto reciba atención rápida y efectiva.

Carina Maloberti, delegada de ATE SENASA, afirmó: “Nos podemos hacer las distraídas pero Maxi no eligió la plaza ni su casa para quitarse la vida, eligió el lugar de trabajo”. En ese sentido, remarcó las condiciones de precarización laboral, los despidos y el ajuste que viene sufriendo el organismo y la violencia laboral que golpean en la vida de cada trabajador y trabajadora. “No está en riesgo solo el trabajo, aunque es muy importante, sino que están en riesgo nuestras vidas”, expresó.
El viernes, tras dos años de existencia, el espacio “Basta de Asesinatos Laborales” realizó la presentación del primer informe anual sobre muertes laborales. Fue en la sede del gremio Ademys (docentes) de la CABA.

Violencia laboral de género

Mientras Mauricio Macri, twittea que “el compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene tercerizada la Línea 144,  una de las pocas herramientas que ofrece el Estado para ayudar a las mujeres a escapar de situaciones de violencia.

En la Línea 144, la bronca se organizó a partir de cinco despidos en el Equipo de Seguimiento de Casos, una segunda instancia de atención para los casos más complicados. La organización se transformó en lucha: realizaron paros para exigir la reincorporación de las despedidas, una permanencia pacífica en la Secretaría de Derechos Humanos; participaron de la asamblea de trabajadoras despedidas de la empresa Télam, articularon con el colectivo “Ni Una Menos”, encabezaron la marcha del 3J. Sufrieron sanciones y descuentos al salario, pero lograron la reincorporación de dos compañeras. El objetivo de María Eugenia Vidal es disciplinarlas, ya que quieren privatizar la Linea 144 para beneficiar a una empresa, mientras que las trabajadoras exigen la estatización y la mejora en las condiciones laborales.

Esta semana estallaron las líneas por los llamados de mujeres para contar situaciones de abuso sexual. Lo hacían “por primera vez en su vida. Fue impactante”, declaró Malena Maturano, la única trabajadora que está en la planta del Estado. “Si se trabajara la Ley de Educación Sexual Integral con mayor profundidad, estas situaciones deberían poder hablarse en el espacio escolar”, agregó.

Por otro lado, denuncia que en el turno con mayor atención, llegan a ser 10 operadoras para toda la Provincia de Buenos Aires y que si se destinara más dinero, para contratar más operadoras, podrían atender mayor cantidad de llamadas.

Como dijeron las #ActricesArgentinas, no se trata de denuncias individuales. Se trata de miles de mujeres que a partir de sus vivencias concretas, cuestionan un sistema social que se asienta sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la precarización de sus trabajos, sobre la cosificación de sus cuerpos, sobre una justicia patriarcal, sobre la hipersexualización de mujeres y niñes en el espectáculo.

Pero claro, el compromiso de Macri para erradicar la violencia, todavía no llegó a la provincia y se parece mas a una expresión de deseos.

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A pocas semanas de las elecciones generales, el gobierno apunta a consolidarse en el marco de políticas regresivas.

El gobierno de Cambiemos salió fortalecido de las PASO, pues -de repetir la performance en octubre- se ubicaría como primera minoría en el Congreso y habría logrado expandir su alcance en las provincias, de la mano de variopintas alianzas. Todo esto en un contexto de persistente confrontación social: ya fue un éxito como no-derrota. Esta evaluación se sostiene incluso con el resultado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que el kirchnerismo blando busca estructurar bajo su liderazgo al resto del peronismo y a algunas fuerzas de centro-izquierda. El gobierno leyó esta situación con júbilo, pues le permite pensar en la continuidad de su proyecto político regresivo. Esto no era un dato antes de agosto, y constituye una novedad: según parece, el “gradualismo” del ajuste, criticado por la derecha más rancia, ha servido para ganar cierta gobernabilidad.

El mejor paralelo histórico disponible para comprender la actual deriva es el menemismo (1989-1999). Al igual que entonces, el candidato ganó con una fuerte dosis de demagogia y en el gobierno lleva adelante un proyecto social regresivo, de carácter neoliberal, todo esto logrado dentro del régimen democrático-procedimental, es decir, sin recurrir a una dictadura. Ahora bien, sobre este paralelo general, es necesario buscar precisiones que lo distingan. Lo que sigue son apenas notas preliminares en este sentido.

Proyecto pensado

En primer lugar, es importante remarcar que Cambiemos no asume en el contexto de una crisis previa. Cualquier indicador de recesión de 2015 no se compara con la larga década de estancamiento y los brotes de hiperinflación que cerraron los ’80. El miedo y la angustia del pasado inmediato no sirven de extorsión para validar cualquier medida. La denuncia de la corrupción ligada al gobierno previo tiene patas cortas, porque el actual gabinete está muy complicado. Por solo referir algunas manchas ilustres, están los Panamá Papers, Braun negociando precios minoristas con su propio tío, Aranguren y equipo aplicando un tarifazo que favorece los negocios de las empresas donde trabajaban o eran accionistas, Caputo y el equipo del ministerio de Finanzas colocando deuda a través de sus bancos, Macri condonándose a sí mismo la deuda del correo o subiendo los peajes a su propia concesionaria. La corrupción como potestad kirchnerista solo se sostiene por el blindaje mediático.

El segundo punto es que este proyecto -a diferencia de los ’90- no se da en el marco de una euforia global de reformas. El contexto actual es de una larga crisis irresuelta, que estalló en 2008 y mantiene al mundo creciendo poco, y la falta de un orden global consolidado bajo un claro liderazgo (como ejerció EEUU en aquella década). Las potencias apoyaron inicialmente a Macri, pues lo veían como la cabeza de playa de un “giro a la derecha” por la vía democrática (el voto, al menos) en la región. Pero esto no trasuntó en mayores concreciones materiales, debido por un lado a las dificultades para avanzar en el “giro” regional (derrota de Lasso en Ecuador, estancamiento de la situación venezolana), y por otro a las propias crisis de los países centrales (UE aún lidiando el Brexit y EUA con permanente cuestionamiento al gobierno).

Un tercer punto es que, aunque la agenda de reformas neoliberales es semejante, tiene el problema de que la mayoría de ellas ya fueron hechas, y solo escasamente revertidas. Esto hace que no haya un “golpe de efecto” de las reformas: no hay regalos tentadores, como el conjunto de las empresas públicas, que sirva para atraer la inversión y validar el modelo. Esto no significa que no existan negocios posibles (tenencias accionarias en manos de ANSES, rutas aéreas, etc.), sino que no alcanzan para mostrar contundencia. La liberalización de la cuenta capital y la apertura comercial fueron un hecho en el primer mes de gobierno, desmontando de un plumazo los escasos controles establecidos.

Los cuatro ejes de reformas económicas por los que el gobierno busca avanzar son la flexibilización laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y la agenda internacional del libre comercio (en rigor, la consolidación del derecho corporativo). De allí el apremio por firmar TLCs (hasta ahora esquivos) y lograr ser sede de negociaciones multilaterales (OMC en diciembre y G20 en 2018). Los 4 ejes están ya en marcha, debatiéndose tras bambalinas o incluso públicamente.

De conjunto, el gobierno no ha logrado inflingir todas las derrotas que esperaba sobre las clases populares, aunque ha tenido algunos éxitos. Entre otros, se puede mencionar que -gracias a la inflación- redujo en términos reales los salarios, las prestaciones sociales (AUH) y las jubilaciones, precarizó algunos convenios laborales (automotrices, petroleros, construcción), logró un recorte en el sistema de ciencia y técnica, hizo realidad el absurdo blanqueo de capitales (que benefició al propio staff de gobierno), el pago a los fondos buitres, el tarifazo (aunque en cuotas, en lugar de ser súbito como buscaban), y ha desmontado o amenazado con hacerlo algunos programas sociales (quita de remedios en PAMI, los subsidios a discapacitados o las becas a universitarios/as, por ejemplo). En este sentido, se despega de la contundente derrota inflingida por Menem en sus primeros años de gobierno.

Habiendo realizado una parte sustancial del ajuste en 2016, el gobierno ha puesto en marcha un esfuerzo de obra pública para impulsar el pequeño rebote económico en año eleccionario. Los sectores más beneficiados por la política económica, como el agro o la minería, se muestran incapaces de traccionar al conjunto del PBI y menos aún la contratación de fuerza de trabajo. Pero todo esto alcanza para dilatar el debate, promoviendo la idea de una recuperación en ciernes (los “brotes verdes”), mientras pasan las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, todo este tenue rebote y las finanzas públicas está dependiendo directamente de la toma de deuda.

Vale señalar que hay una parte de la sociedad que está avalando este rumbo, que incluso se ha movilizado expresándolo en abril de este año. Algunos son presa de engaños de la posverdad, y otros solo confundidos por el bombardeo de desinformaciones, pero también hay una parte que avala con conciencia lo que se hace. Por la vía que fuera, el gobierno ha sistemáticamente instalado algunos elementos ideológico-políticos de la derecha, incluyendo la relativización del Terrorismo de Estado (en boca de ministros, secretarios e incluso el propio presidente), o el culto a la individualidad como garantía de éxito (bajo el discurso del emprendedorismo). Asimismo, se ha aprovechado muy bien del legado consumista de los ’90, para que una parte de la población se sienta a gusto con poder comprar más bienes importados o viajar más asiduamente al exterior (ninguna de ambas cosas era imposible antes). El apoyo del conservadurismo tradicional y el poder económico, claro, lo damos por descontado. Señalar estos rasgos de una minoría social favorable al gobierno no equivale a pronunciarse por una supuesta hegemonía.

El punto de resistencia

El cuarto punto es, justamente, que la experiencia histórica está disponible, y por eso mismo una parte importante del pueblo sabe de qué se trata esto, y no se deja engañar por consignas vacías. En este sentido, el acuerdo con la burocracia sindical ha resultado insuficiente, viéndose desbordado más a menudo de lo que gustaría.

Desde su inicio, Cambiemos apareció como una opción menos conciliadora, menos hegemónica, de las fracciones del capital concentrado menos dispuestas a hacer concesiones. Es una expresión político-partidaria de la confrontación del 2008. Por ese motivo, la deriva represiva era un rasgo previsible. El protocolo anti-piquetes, el encarcelamiento ilegítimo de dirigentes sociales (con la figura central de Milagro Sala) y la represión en Cresta Roja fueron hitos inaugurales, consolidada este año con la cruzada contra los docentes, el desalojo de PepsiCo y los sistemáticos hostigamientos a comunidades ubicadas en torno a territorios con recursos valiosos (en especial, por hidrocarburos, litio y soja). En este último caso se enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero el sentido mismo de esta deriva es garantizar un cierto orden, que incluya (sin limitarse a) algunos buenos negocios y un horizonte de previsibilidad (el “clima de negocios”). La movilización sostenida, el uso de diversas redes sociales y medios alternativos para difundir información veraz, la militancia en los lugares de trabajo y en las calles, han mostrado que gran parte del pueblo no está dispuesta a tolerar este rumbo. Y que no acepta además la falsa polarización que reduce todo acto de resistencia a un “complot” kirchnerista: en la acción de resistencia convergen las más variadas fuerzas populares y de izquierda. El poder económico detectó esto, y de hecho ha publicado un comunicado sobre el caso Maldonado pidiendo pronta resolución: comprende que continuar este rumbo está generando más riesgos que garantías.

El gobierno enfrenta en octubre el desafío de consolidarse en la política institucional, para poder avanzar con su agenda de reformas regresivas. Por suerte, la política no se reduce a los votos, y es posible que las formas de resistencia hasta ahora desplegadas pongan coto a la ofensiva oficial. Por supuesto, mejor aún sería avanzar más allá de la resistencia al ajuste.

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En la planta de Cresta Roja, el mismo sitio donde el presidente, Mauricio Macri, anunció el veto de la ley antidespidos, se realizaron ayer 50 despidos, que podrían llegar a 100. Las voces de quienes se siguen quedando en la calle.

“Voy a vetar la ley que, para mí, es antiempleo; es una ley contra los argentinos”. Esas fueron las palabras de Macri aquel 20 de mayo de 2016. Y así, con sólo una firma, dio de baja la norma que fue sancionada por el Congreso con el objetivo de frenar la avanzada del gobierno que dejaba (y sigue dejando) a miles y miles de argentinos sin trabajo. Se trataba de la Ley de Emergencia Ocupacional, sancionada por ambas cámaras legislativas, que prohíbe los despidos por 180 días e implementa la doble indemnización. Un freno para las empresas, que se erigen en unas de las más beneficiadas por el gobierno de Cambiemos.

“Cresta Roja es un símbolo de que sí se puede”, profetizó en aquella jornada la gobernadora María Eugenia Vidal, en clara sintonía con el mandatario.

En épocas de la llamada “post verdad”, donde las palabras construyen lo contrario a la realidad, donde la mentira se sostiene a fuerza de discursos bien elaborados y caras sonrientes, nos decía el Presidente: “No les voy a mentir, me comprometí a decirles la verdad. Yo no vine acá para hacer lo que me conviene, sino para que los argentinos tengan una nueva oportunidad”.

“Ese día nosotros sabíamos que era una mentira y en forma de repudio nos quedamos en el comedor. Y ya la segunda vez que vino no fue casi nadie a verlo”, contó Mariano, que tiene 24 años de antigüedad en la planta y este 20 de julio de 2017, Día del Amigo, se convirtió en un nuevo desocupado. “Llegué a las cuatro y media y en vigilancia me pidieron el número de legajo. Me buscaron y me informaron que estaba despedido. El papel que nos mostraron no explica nada, solo que quedamos desvinculados de la empresa”, detalló.

“Ahora hay más puestos de trabajo en la calle”

Sobre la autopista Richieri, mientras el caucho, la goma y la madera arden en el asfalto, los trabajadores bloquean varios carriles para exigir una respuesta favorable. “Los de afuera, en forma de reclamo, hacemos esta protesta. Y los que entraron, para apoyarnos, decidieron no faenar porque saben que mañana mismo les puede pasar a ellos también”, aclaró Mariano.

Proteinsa, la compañía que actualmente administra la empresa, se encuentra en negociaciones con el juzgado que llevó adelante la quiebra de la ex Rasic Hnos. y que le adjudicó la licitación el año pasado, para apurar los tiempos legales (por ejemplo para el traspaso de bienes) y destrabar el giro del dinero para el pago de indemnizaciones.

La avícola estuvo en quiebra durante seis meses, y en abril de 2016 volvió a faenar a partir del subsidio estatal “Reproducción Productiva” (Repro). La empresa fue presentada por la Administración Cambiemos como un símbolo de recuperación económica. A pesar de los augurios de la Casa Rosada, después de la intervención del Ministerio de Trabajo, la planta volvió a producir pero con sólo un tercio del personal, rebajas salariales y contratos temporarios: algunos sueldos llegaban a los míseros montos de 6000 pesos con promesas futuras de “normalización de la compañía”.

“Muchos de nosotros, después del cierre de Rasic en 2015, logramos ingresar en la primera tanda a trabajar. Sin embargo, perdimos antigüedad, con el agravante de que aún no cobramos las indemnizaciones correspondientes. Y encima ahora nos quedamos en la calle”, explicó Cristian, otro de los despedidos. “Soy el único de mi sector”, señaló y descifró el entramado que impulsa la decisión de la compañía. “Como los delegados no nos estaban representando, con los compañeros elegimos a un representante de cada sector como veedor. Y yo salí seleccionado. Entonces nos pusimos al frente de las negociaciones para reclamar y luchar por las cosas que nos corresponden. Y bueno, hoy quise entrar a trabajar y no me dejaron”.

Carlos, otro de quienes echaron, labura en esta planta de El Jagüel desde hace 23 años. Su trayectoria viene desde la época de Rasic, donde ingresó en 1994; es decir, más de 20 años. Carlos cuenta que cuando Cresta Roja abrió “se reactivó a medias” porque “todavía hay compañeros en la calle y ya se vencieron todos los plazos para que sean reincorporados”. Es decir, que a los cientos de operarios que no pudieron ser reincorporados, se suman los nuevos despedidos de la jornada de ayer. Y, sin perder el humor, ironiza: “Ahora hay más puestos de trabajo en la calle”. Hablar con cada uno de los despedidos, con quienes resisten, con quienes temen por sus puestos de trabajo es encontrarse con caras de desilusión y palabras firmes: “Vino a usarnos”, dicen, cuando rememoran el acto de mayo del año pasado. Y rematan: “Macri y Vidal hicieron una pantalla con todo esto. Y acá nos ven”. En épocas de la post verdad, la desocupación sí se ve. Y no hay palabras que alcancen para deconstruirla.

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El pasado jueves 19 de mayo comenzaba el día con la aprobación de la ley antidespidos, votada por mayoría en diputados, a pesar de la amenaza del bloque oficialista de su veto casi inmediato. Mauricio Macri en el acto de reinauguración de Cresta Roja anunció el veto, que se hará efectivo con su publicación el próximo lunes 23 en el Boletín Oficial

Un veto cantado desde que se inició el debate sobre la ley antidespidos en el Congreso Nacional. Estrategias diversas usó el oficialismo: desde deambular por cuanto medio televisivo pudieran, con la complicidad de conductores y panelistas, hasta retener la ley para dilatar su llegada a la Cámara de Senadores. El argumento repetido hasta el hartazgo, entre chicanas a los opositores, era que la ley atenta a la generación de nuevos empleos porque va a disuadir las inversiones productivas.

La estrategia oficial, para darle algún soporte al veto, fue anunciarlo en la reinauguración de Cresta Roja. Una imagen que se mediatiza y que resulta un fraude, ya que de los 3.500 puestos de trabajo que se perdieron solo 1.200 se recuperaron, con la pérdida de la antigüedad y contratos temporarios por un sueldo inferior al que venían percibiendo. Solo una parte de los trabajadores estaba componiendo la foto, los demás permanecían en el comedor porque aún les adeudan el sueldo. Afuera una protesta de las y los trabajadores que esperan ser reincorporados mientras la zona estaba militarizada.

Recordemos que quizás está empresa es el emblema de la corrupción y el engaño. Una empresa que durante la anterior gestión de gobierno había recibido los subsidios para mantener la fuente laboral. Sin control, habían fugado esos fondos dejando abandonados a las y los trabajadores a su suerte. Fue allí donde a los pocos días de asumir el nuevo gobierno nacional se ordenó la represión para quienes reclamaban por la pérdida de las fuentes de trabajo y el pago de sus salarios adeudados hacía varios meses. Patricia Bullrich en esta ocasión inauguró la política de amenaza que luego terminara en el protocolo de represión a la legítima protesta social.

Cresta Roja y Mc Donalds parecen los caballitos de batalla para tratar de mostrar una imagen que como tal es engañosa, un espejismo. Trabajo precarizado y trabajo chatarra se ocultan como promesa tras el brillo de la foto.

La ley antidespidos surge como iniciativa frente a la brutalidad de las actuales políticas sobre las clases populares y trabajadoras. Un amplio y diverso arco político la respalda. Cientos de miles de despidos se vienen sucediendo sin cesar. Primero se enarboló el argumento de ñoquis para justificar los despidos frente a la opinión pública. Un libreto que apelaba a lo más emotivo de la clase trabajadora: cobrar sin trabajar, mientras sostenía el “por algo será”, que hace 40 años sirvió para justificar uno de los peores genocidios de nuestra historia. Pero el guión se sostuvo poco tiempo, porque los despidos continuaron, inaugurados en la administración pública y extendida a todos los sectores del trabajo. ¿Cómo puede funcionar un Estado si no tiene personas que hagan efectiva su función social? Una pregunta que ya tiene respuesta: el achique de su función. Receta con marca el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay que hacer los deberes. Despidos en el sector privado, negociaciones paritarias condicionadas por el Estado para favorecer a las empresas que necesitan aumentar su rentabilidad.

Disminuyen los puestos de trabajo en la Argentina

Despedir y precarizar son lecciones para disciplinar a la clase trabajadora en su conjunto, mientras disminuye el poder adquisitivo por la brutal transferencia de recursos a manos de las corporaciones. El optimismo oficial indica que en el segundo semestre un mago transformará la situación de la población.

El anuncio del veto tuvo gran trascendencia en todos los medios y ámbitos, con una notable debilidad de respuesta por parte de los representantes de las y los trabajadores. En las centrales sindicales la respuesta fue tibia, aún estamos esperando un pronunciamiento contundente. “Y bueno, vamos a ver”… Las dos CTA quizás fueron un poco más enfáticas que las CGT. La semana anterior se habían reunido con Macri y salieron sin hacer declaraciones. Y las conclusiones se las dejamos al lector.

Evocamos las palabras de don Osvaldo Bayer: “los representantes gremiales son empresarios, hace muchos años que dejaron de ser trabajadores”.

Mientras tanto se desarrollaba también otra película

El jueves 20 de mayo se reunió el Consejo Nacional del Salario en el Ministerio de Trabajo, allí confluyeron los delegados de las centrales sindicales junto a representantes del gobierno para establecer el salario mínimo en $8.060, a partir de enero del 2017.

Afuera se concentraba una importante movilización que avanzaba desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo; una marcha invisibilizada de los miles de trabajadores de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que también reclamaban ser incluidos en la mesa de las y los trabajadores, la paritaria social y el reconocimiento gremial. Durante la última semana los cooperativistas de la CABA, nucleados en distintas organizaciones sociales, ocuparon pacíficamente el Ministerio de Desarrollo Social en reclamo del cumplimiento del compromiso del gobierno ciudadano para actualizar el ingreso que perciben estos trabajadores. Si el mundo del trabajo asalariado está cada vez más complicado, no es difícil imaginar la situación de los miles de trabajadores de la economía popular que cada vez tienen mayores dificultades para subsistir.

A pocos días de un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria del 25 de mayo, una embestida brutal ha encontrado un pueblo organizado que se resiste a dejarse atropellar y disciplinar por un gobierno que representa intereses ajenos a las personas que habitamos este suelo, que necesitamos vivir con la dignidad que confieren los derechos.

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Confiados en que la Ley antidespidos “no pasará la Comisión de Presupuesto” de Diputados por el acuerdo al que habrían arribado con Sergio Massa, el Gobierno busca desactivar una similar que tratará el Senado, aunque advirtió que, en caso de que la iniciativa prospere, el presidente Mauricio Macri la vetaría.

Para evitar el costo político de un veto, apuestan a que las conversaciones de Rogelio Frigerio, ministro del Interior, con los gobernadores se traduzcan en un menor apoyo de los legisladores en la comisión de Presupuesto.

Una carta extra será la necesidad de las provincias tabacaleras de prorrogar la exención del impuesto al tabaco, que vencerá la semana próxima.

La iniciativa acordada con el massismo, contempla incentivos impositivos para aquellas empresas -especialmente las pyme- que mantengan o incrementen su dotación de personal en relación a noviembre pasado.

El texto prevé también, que en el caso de las grandes empresas, para despedir sin justa causa, deben solicitar la aprobación del Ministerio de Trabajo.

También con el objetivo de diluir la presión y el avance en el Congreso de los proyectos de Ley para prohibir los despidos, presentarán el programa “Primer Empleo” para promover el empleo en jóvenes de 18 a 25 años, con beneficios impositivos -exenciones en las contribuciones sociales-, para las empresas que contraten empleados de esa franja etaria, en especial para las provincias del noroeste del Plan Belgrano y las PyMEs.

Mientras tanto, el sindicalismo y la Iglesia coincidieron el lunes pasado en marcar su preocupación por el deterioro de las condiciones socioeconómicas de los últimos meses. Una reunión de las cinco centrales sindicales y de la Comisión Nacional de Pastoral Social realizada en la sede de la CGT giró en torno de las inquietudes compartidas respecto de los despidos de estatales y en el sector privado, la inflación y el impacto de la suba de tarifas de servicios públicos.

Para los jefes de la CGT y de la CTA fue una nueva oportunidad de mostrarse en sintonía. De hecho, el martes volvieron a reunirse referentes de las cinco centrales para avanzar en la coordinación del acto y movilización pautados en el Monumento al Trabajo para el 29 de abril.

En tanto, Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma dijo que “si no tenemos respuesta, en mayo habrá paro general”.

Masivo paro y movilización de estatales

El 19, en medio de un paro nacional de ATE, el centro de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de movilizaciones masivas y reclamos obreros, a pesar de la intensa lluvia.

Se movilizaron los estatales, el movimiento piquetero, cooperativas populares, los docentes de Ademys, los universitarios de la AGD-UBA y los Suteba combativos que pararon con más del 70% de adhesión.

Los docentes iniciaron la marcha con un acto en la Casa de Tierra del Fuego, apoyando la lucha de los maestros fueguinos que llevan casi 60 días de huelgas, junto a los estatales, con acampes en Ushuaia y Río Grande.

El lunes pasado una comitiva con varios secretarios generales de la “Unión de Gremios” viajó a Río Grande, donde se hicieron asambleas masivas. También se reunieron con los miembros de la Cámara de Legisladores que decidiría sobre la iniciativa popular que lleva más de 24.000 firmas contra las leyes de ajuste, pero al día siguiente la sesión fue suspendida. El miércoles una nueva marcha de trabajadores se movilizó a la Legislatura para exigir el tratamiento de la derogación de las leyes y que aparezcan los representantes del pueblo.

En el ámbito privado, el Grupo Mirgor se sumó a la ola de despidos en Río Grande, con las cesantías de 300 contratados en su planta IATEC que pertenece a Nicolás Caputo, histórico socio del presidente y flamante funcionario. Juntos lo fundaron en 1983.

A estos despidos se suman los 258 producidos en Brighstart y el cierre de la empresa Foxman, donde los trabajadores no cobraban sus salarios desde el mes de diciembre.

Según informó la UOM, los trabajadores elevarán una contrapropuesta a las empresas, impulsando una reducción horaria y salarial para conservar los puestos laborales. Otra forma de que los trabajadores paguen la crisis.

Queda claro que el régimen de promoción industrial fueguino -que sostienen Macri, Caputo y Bertone- promociona las ganancias empresarias a costa del despidos y la precarización de miles de trabajadores.

En Santa Cruz, los gremios están reclamando un piso salarial de $ 16.500, mientras que las ofertas salariales apenas llevan el mínimo a $ 9.000.

Adosac (docentes) reunió su congreso en la zona norte para votar nuevos paros y en la semana se reunirán nuevamente por paritarias en casi todos los gremios.

Por su parte la policía, ha reclamado el 45% de aumento en negociaciones que permanecen en secreto.

El gobierno provincial mendocino, en la última reunión paritaria de la semana pasada, realizó una propuesta de aumento salarial del 24,5%, dividido en dos tramos, para los trabajadores y trabajadoras de la salud. En la propuesta oficial, además se incrementarían distintos ítems de productividad. Desde ATE rechazaron esta propuesta, a la que calificaron de insuficiente, ya que no sólo se aleja del 40% de recomposición salarial que reclaman, sino que además, anualizada rondaría en realidad el 19%.

El martes arrancó la “Caravana por la Educación del Pueblo” dividida en cuatro columnas que partieron desde La Paz, Malargüe, Lavalle y Tunuyán.

La medida de lucha, propuesta por la conducción celeste de SUTE recorrerá toda la provincia para confluir el 29 de abril en la capital provincial, instalando una carpa frente a la Legislatura, mientras se aguarda en vigilia el inicio de las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, el próximo 1° de Mayo.

El martes a las 8:00 los docentes universitarios de la UBA cortarán 9 de Julio y Corrientes y montarán un partido de fútbol donde enfrentarán a los defensores del ajuste salarial, cuyo equipo encabezan Esteban Bullrich, Prat Gay y Mauricio Macri.

AGD-UBA inauguró la semana de lucha de la Conadu-Histórica anunciando que en la Ciudad de Buenos Aires hasta el sábado, habrá más de 500 cortes con clases en la calle y una carpa el jueves en Congreso. En las Universidades de Cuyo (Mendoza) y Sur (Bahía Blanca) se instalarán carpas docentes, y se desarrollarán clases públicas y actos en Comahue, Río Negro, Litoral, Tucumán y Luján, entre otras. A su vez, se harán movilizaciones y múltiples acciones junto al movimiento estudiantil en lucha por el Boleto Estudiantil.

Las medidas se lanzan en rechazo a la propuesta de aumento salarial del Ministerio de Educación, primero de un 25% en dos cuotas, que luego bajaron al 15%. Habiendo acumulado una reducción del poder adquisitivo del salario por cuatro años consecutivos, los docentes universitarios reclaman una recomposición del 45% y renta para los miles de ad honorem.

En este marco, el miércoles la FUBA y AGD-UBA movilizarán al Rectorado contra la aprobación del presupuesto 2016 cuyo aumento para el funcionamiento de la Universidad es 0%.

Cresta Roja

Tratando de mejorar su imagen positiva que volvió a bajar en el último mes y actualmente se ubica en el 42,9%, según la consultora Management & FIT, el jueves al mediodía, el presidente Mauricio Macri habló desde la fábrica de Cresta Roja en Esteban Echeverría, que empezó a faenar nuevamente el lunes pasado.

Se presentó rodeado de la gobernadora María Eugenia Vidal, ministros nacionales y provinciales y el intendente K de Esteban Echeverría, Fernando Gray. A su lado estaba la nueva patronal OvoProt S.A., que es la cabeza del consorcio encargado de la reactivación, favorecido por el negociado inmenso que el macrismo les regaló en bandeja. Pero hubo una mayoría ausente, que no se vio en el acto. Un puñado de menos de 50 trabajadores presentes demostraba que la enorme mayoría de los obreros entendió que no tenía nada que agradecer ni reivindicarle al macrismo.

Las condiciones reales en Cresta Roja dejan poco que festejar a los trabajadores; obreros con 30 o más años de antigüedad en la empresa son tomados con contratos precarios por unos meses, con una rebaja del salario cercana al 30 % (sumando la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores cayó como mínimo un 50%) a lo que se suma un aumento del ritmo de trabajo.

En el escenario donde Macri eligió declarar que de la pobreza “se sale con trabajo” faltan justamente miles de trabajadores que no fueron reincorporados a sus puestos y cuyas familias sobreviven con míseros $ 6.000 que el gobierno pretende que devuelvan cuando cobren sus indemnizaciones. Por eso la exigencia central, sostenida y votada desde las asambleas a lo largo de estos meses, es que todos tienen que volver a trabajar inmediatamente, y no solo una parte de los obreros. En ese escenario Macri también se declaró en contra de prohibir los despidos hasta diciembre del 2017, como plantea el Proyecto de Ley que impulsa la oposición en la Cámara de Diputados.

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Este lunes se reunieron los 5 gremios nacionales docentes, en el Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno. La propuesta gubernamental no fue aceptada.

El gobierno propuso llevar el salario inicial a $ 7.300 al 1 de febrero y a $ 7.800 al 1 de julio. Esto significa una recomposición que no llega al 30%, recién en 5 meses.

“La oferta de Vidal es una falta de respeto a los docentes y fomenta un conflicto”, así lo señaló la Secretaria general del Suteba La Matanza, Romina del Plá, minutos después de terminada la discusión paritaria docente, con respecto al aumento del 0.5 % que proponen las autoridades bonaerenses, que lleva el 23,6% rechazado la semana pasada al 24,1%.

“El 15 se reunirá la paritaria nacional y el 17 hay una nueva reunión paritaria provincial. No esperaremos esas reuniones pasivamente. El 16 realizaremos reuniones de delegados del Suteba en toda la provincia, donde impulsaremos sumarnos al paro del 24 convocado por los estatales, con nuestros reclamos y rechazando los despidos y el tope a las paritarias”, aseguró la dirigente en aquella oportunidad.

En relación a cómo continuar, la Secretaria General del Suteba remarcó que “es necesario que el Suteba y todo el Frente Gremial convoquen un plenario provincial de delegados con mandato de escuela, para analizar las ofertas y resolver medidas de lucha. Si la dirección celeste del Suteba no lo convoca, las seccionales Multicolor lo haremos el lunes 22 de febrero en La Plata”, concluyó.

Por su parte, las y los docentes nucleados en Amsafe Rosario piden un salario mínimo de bolsillo de 15.677,40 pesos. El titular de la delegación local, Gustavo Terés, argumentó que la demanda coincide con el resultado que arroja la canasta para un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores, elaborada desde hace años por la Junta Interna de ATE Indec y actualizada a diciembre de 2015.

Por otro lado, el plenario docente realizado el jueves pasado resolvió realizar un paro de actividades con movilización el próximo 19 de febrero. La marcha que partirá a las 10:30 desde Plaza 25 de Mayo, será unitaria con los estatales provinciales enrolados en SIPRUS y ATE. Se inicia así un plan de lucha cuya segunda estación será el paro de ATE el 24 de este mes.

La Mesa Ejecutiva nacional de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios -CONADU Histórica- reunida el viernes 5 en la Ciudad de Buenos Aires, llamó al conjunto de las asociaciones de base a constituirse en estado de alerta y asamblea permanente, ante la grave situación de deterioro salarial que sufren los docentes universitarios y el conjunto de los asalariados.

Finalmente, desde la Mesa Ejecutiva convocaron a un Plenario de Secretarios Generales para el 18 de febrero para que los y las representantes de las asociaciones de base de todo el país discutan la articulación y el diseño de este plan de lucha nacional.

Reclamaron en todo el país la libertad inmediata de Milagro Sala

Con decenas de cortes de rutas y movilizaciones, más de 40 organizaciones reclamaron en todo el país la libertad inmediata de Milagro Sala, detenida en Jujuy. La Túpac mantuvo el acampe en Plaza de Mayo. También ratificaron la convocatoria al paro para el 24 de febrero por los despidos de estatales.

Antes de emprender su viaje a México, el Papa Francisco le envió un rosario bendecido a Milagro Sala a través de uno de sus más estrechos colaboradores argentinos. El jefe de la Iglesia Católica también hizo saber a la dirigente social y parlamentaria del Mercosur que “está muy preocupado por su detención”.

No obstante, durante el carnaval, Macri no sólo evitó reprocharle a su aliado jujeño Gerardo Morales la prisión de la dirigente Milagro Sala sino que se fotografió sonriendo con él y hasta le ordenó a Rogelio Frigerio girarle como premio $ 500 millones.

Estatales

El Plenario General de Delegados de ATE Capital, resolvió por unanimidad ratificar la convocatoria al paro del 24 de febrero, con el fin de exigir la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos, reclamar el cese de las cesantías, la reapertura de las paritarias libres, rechazar la criminalización de la protesta y exigir por la liberación de Milagro Sala.

Con una concentración en el Ministerio de Agricultura se exigirá la reincorporación de Natalia Morales, ex candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, junto a otros nueve trabajadores de planta temporaria y siete contratados de la Secretaría de Agricultura Familiar.

En las últimas horas se les comunicó informalmente a ingresantes a la Carrera del Investigador Científico (CIC) que no se efectivizará el cargo que habían ganado por concurso en 2015 por falta de presupuesto.

También anuncian una asamblea de estudiantes despedidos para hoy en la facultad de Sociales.

Un grupo de despedidos de la Jefatura de Gabinete denunció que UPCN participó, junto al gobierno, del armado de listas negras. La revelación confirma que el líder de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, pactó las cesantías con el macrismo.

Privados

Este lunes, un centenar de obreras y obreros metalúrgicos de la empresa de válvulas Eitar S.A. cortaron la Rotonda de Pasco (San Francisco Solano) en reclamo de pago de salarios, la suspensión de más de 70 operarios y la amenaza de 100 despedidos.

El Banco Central suspendió resolución que limitaba el envío de resúmenes por correo. El acuerdo se cerró en una reunión entre Hugo y Pablo Moyano con Federico Sturzenegger. La suspensión correrá hasta finales de 2016. De esta forma, se elimina una resolución que había desatado un conflicto con el gremio de Camioneros.

El viernes, trabajadores de la metalúrgica Paraná Metal realizaron un escrache en las oficinas porteñas del Grupo Indalo. La empresa de Cristóbal López no pagó las indemnizaciones que debían terminar de liquidarse en 15 de enero.

El jueves 11, trabajadores de la alimenticia Menoyo cortaron una importante arteria céntrica en Munro frente a las instalaciones de la empresa, ubicada en Av. Mitre y Pelliza, partido de Vicente López.

Los trabajadores denunciaron el despido de dos operarios que se encontraban organizando la afiliación al SOEVA (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) con el objetivo de poder elegir delegados.

El viernes por la mañana se realizaron dos asambleas de los obreros de Cresta Roja. Una en Planta 2 (Monte Grande, Esteban Echeverría) y otra en Planta 1 (Ezeiza).

En la primera asamblea, en Planta 2, con la presencia de unos 400 trabajadores, la empresa presentó “su plan”. Los delegados y la mayoría de la asamblea aceptaron la propuesta de la empresa, mientras que un importante sector optó por rechazarla ya que no garantiza los puestos de trabajo de todos, los hace entrar en tandas dejando una enorme incertidumbre a los cientos que quedan afuera y no resuelve que hace meses los trabajadores están cobrando una miseria de REPRO.

La segunda asamblea, en Planta 1, resolvió rechazar la propuesta, al mismo tiempo se votó volver a la lucha. También se discutió participar de las acciones que se hagan en el marco del paro del 24 de febrero.

Macri se reunió con la cúpula sindical

Los jefes sindicales llegaron el jueves a su primera cumbre oficial con el presidente Mauricio Macri con una preocupación unívoca: la falta de medidas concretas para frenar la aceleración de la inflación en los últimos meses en la previa al arranque de la ronda anual de paritarias.

El mandatario escuchó la inquietud de los gremialistas, les reclamó “responsabilidad y prudencia” y les transmitió que aguarda con expectativa un rápido entendimiento con los holdouts (fondos buitres) para favorecer el ingreso de inversiones destinadas a reactivar la economía del país, la apuesta que interpreta como más efectiva para contener la suba de precios.

La inflación y el futuro de la negociación salarial y el empleo dominaron la conversación de poco más de una hora que Macri, junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, mantuvo con los jefes de las tres CGT, Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo, y los dirigentes Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio), Juan Carlos Schmid (CATT) y Gerónimo Venegas (Uatre).

Acto seguido, los dirigentes esbozaron cada uno a su turno que las demandas salariales promediarán un 30%, aunque Moyano introdujo la posibilidad de avanzar con fórmulas alternativas, como acuerdos semestrales con revisión, pagos con sumas fijas o porcentajes menores compensados por la rebaja de la carga salarial de Ganancias, el aumento de asignaciones familiares u otros beneficios que mejoren los ingresos de los asalariados.

Cavalieri podría convertir la paritaria de Comercio (la más numerosa por la cantidad de trabajadores representados) en un precedente importante para el resto de las negociaciones: esta semana pretende sellar un acuerdo semestral con un aumento del 20% más una suma fija de $ 2.000.

Más allá de la crisis en algunos sectores industriales, apenas se habló de la ola de despidos en el Estado, y Macri ni siquiera contestó las pocas alusiones al respecto.

El líder del gremio de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, calificó de “muy bueno” el encuentro. Consultado respecto de los despidos en el Estado, el sindicalista declaró que “a los ñoquis y a los que no trabajan en el Estado hay que echarlos a todos. Creo que son 200.000 contratados”.

En relación al incremento de los precios y las paritarias Barrionuevo agregó que “estamos en una situación difícil en la cual el Presidente necesita un tiempo y nosotros se lo tenemos que dar, sin perder nuestros objetivos, pero no vamos a hacer terrorismo”.

También el titular de la CGT Alsina, Antonio Caló, dijo estar “conforme” al salir del encuentro con el presidente Mauricio Macri.

¿Y los trabajadores? Bien, gracias.

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El jueves, la jueza Valeria Pérez Casado, decidió otorgar la operatoria de Cresta Roja a un consorcio integrado por las empresas Ovoport Internacional SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau. Además, repasamos la situación de Grupo 23, la justicia de las patronales y estatales

La propuesta de estas empresas es por un plazo inicial de 30 días corridos durante el cual se negociarán las condiciones de una eventual explotación por un año mediante un fideicomiso.

A través de este fideicomiso las patronales intervinientes se garantizan un período de prueba para ver si el negocio funciona bien y en caso de que así no fuera pueden retirarse sin ningún compromiso de su patrimonio.

Pero este tratamiento tan favorable a los empresarios no solo no garantiza ninguna estabilidad para los casi 4.000 trabajadores sino que el dictamen de la jueza también dispone que aquéllos reingresen, según cómo evolucione la producción. En el escrito de la jueza puede leerse: “En el período inicial, los operarios sólo cobrarán los Repro del gobierno nacional, mientras que progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a constituirse”.

El Repro es un subsidio insuficiente -$ 4.000- para una familia tipo. La negativa del Estado a hacerse cargo de los salarios apunta a quebrar el conflicto por el hambre y preparar las condiciones para hacer pasar una salida bajo cláusulas leoninas y lesivas a los derechos de las y los trabajadores.

Entre los principales acreedores de la quiebra, figuran la Afip, Rentas de Buenos Aires y varios bancos estatales. La ejecución de estas deudas impondría la expropiación de la planta por parte del Estado y su funcionamiento con todos los trabajadores adentro, en lugar de garantizar ganancias privadas a un puñado de capitalistas. La producción, bajo el control de sus trabajadores, podría tener un objetivo social y estar destinada a proveer de pollos baratos y de calidad a hospitales y comedores comunitarios y escolares.

En cambio, “concesionan” la empresa a un grupo privado, planteando además que: “la deuda con los organismos del Estado y los bancos debería ser refinanciable a muy largo plazo para (…) que la firma sea viable” (La Nación, 24/12).

Después del subsidio K a los vaciadores de Rasic, vendría el subsidio PRO a los eventuales compradores privados.

Movilización contra el vaciamiento del Grupo 23 y por el pago de salarios

Por primera vez en sus casi seis años de vida, el diario Tiempo Argentino no salió a la calle el 2 de enero.

La empresa que lo edita todavía no pagó el aguinaldo de diciembre. A la falta de pago de los aguinaldos, tenemos que sumarle que hay colaboradores/as -trabajadores/as precarizados/as, que facturan por sus notas- con los que se mantienen deudas que llegan al medio año de postergaciones.

La cartera de deudas que la patronal acumula con sus empleados también incluye 8 meses de comisiones por ventas publicitarias impagas a las y los trabajadores del área comercial del diario. Pero mucho peor es lo que sucede en otras publicaciones del Grupo 23, como las revistas Siete Días y Cielos Argentinos y algunas ediciones zonales de El Argentino, a cuyos trabajadores la empresa editora aún no pagó el salario de noviembre: se trata de más de sesenta trabajadores y trabajadoras a los que ni siquiera se les ha dado una fecha concreta de pago.

Por todo esto, la última edición del año de Tiempo Argentino salió a la calle sin las firmas de sus periodistas. El jueves 30 de diciembre, se realizó un paro parcial en la redacción y los trabajadores y trabajadoras del Grupo hicieron una asamblea en la puerta del diario, en la que resolvieron marchar a Puerto Madero, el coqueto barrio en el que están las oficinas de los dueños. La cita es hoy en Perón y avenida Madero, a las 17.30.

Según datos oficiales, entre 2009 y 2015 la empresa recibió 814 millones de pesos en pauta oficial sólo del gobierno nacional. A ese monto hay que sumarle la pauta de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y la privada. A pesar de esta facturación multimillonaria, la empresa argumenta ahora, a veinte días de asumido el nuevo gobierno, que atraviesa problemas financieros.

Justicia esquiva para las y los trabajadores

La sentencia del juicio por la Masacre de Once no pasó desapercibida para nadie que trabaje en el ferrocarril. Sobre todo cuando la justicia puso en un nivel de igualdad a uno de sus compañeros, el maquinista Marcos Córdoba, con empresarios y funcionarios asesinos.

Trabajadores de la Agrupación Ferroviaria Naranja se manifestaron apenas conocida la sentencia. Marcelo “Cucha” González, maquinista en la Línea Roca, señaló que “es increíble que uno de los máximos responsables de esta masacre como Jaime haya recibido menos del doble que Marcos Córdoba, el maquinista, que nada podía hacer para frenar un tren en malas condiciones y que pudo haber sido él mismo otra víctima fatal”.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró incompetente a la justicia provincial y el caso Daniel Solano, el trabajador golondrina desaparecido en 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel, pasará al fuero federal.

El abogado de la familia, Sergio Heredia, aseguró que esta es una maniobra que pone en evidencia la intención de la justicia rionegrina para sacarse de encima el caso, ya que es una “papa caliente” para todo el entramado de poder empresarial y de la casta política, muchos de ellos involucrados en el encubrimiento y obstaculización en la investigación de la desaparición y asesinato del joven trabajador golondrina proveniente de Salta.

Integrantes de la Comisión Directiva del SEOM de Jujuy irán a juicio por la toma de terrenos del barrio Campo Verde pertenecientes a la familia Issa.

Cabe recordar que la ocupación de tierras ociosas por parte del Frente de Gremios Estatales de Jujuy del 5 de mayo fue consensuada por los sindicatos integrantes del frente como alternativa a la imperiosa necesidad de vivienda de los trabajadores jujeños generada por la desigual distribución de las viviendas, planes para construcción y adquisición de terrenos para empleados públicos en los últimos años.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) solicitó formalmente a la Justicia Federal ser querellante en dos causas por la desaparición de militantes sindicales y otros trabajadores de la mayor empresa de Jujuy en la operación represiva conocida como la “Noche del Apagón”, durante la última dictadura.

Durante aquella jornada, fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar ejecutaron uno de los más grandes operativos de secuestro y desaparición forzada de personas en la ciudad de Libertador General San Martín, donde se hallan la planta industrial del Ledesma y La Rosadita, residencia de la familia Blaquier, a un centenar de kilómetros de la capital provincial.
En la Noche del Apagón (en rigor: de los Apagones) fueron secuestradas más de 400 personas, de las cuales 33, en su mayoría trabajadores de Ledesma, permanecen desaparecidas.

Estatales

Una delegación de la Junta Interna de ATE-MECON fue recibida por el flamante Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, a quien le presentaron el estado de situación de los empleados del organismo y enumeraron una serie de reclamos referidos a su estabilidad laboral, la situación salarial y las condiciones laborales.

Diversas organizaciones de becarios -entre ellas, Jóvenes Científicos Precarizados (regionales Buenos Aires y La Plata), Becarios UBA y ATE CONICET- se manifestaron el pasado 16 de diciembre en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para reclamar por el derecho de las y los investigadores en formación a contar con un aguinaldo, derecho que les es negado merced a que no son considerados trabajadores sino estudiantes.

Los investigadores en formación resolvieron continuar movilizados y se concentraron nuevamente el 23 de diciembre, en las puertas del Ministerio de CyT (Godoy Cruz 2320), organizando una feria de ciencias.

Finalmente, los directivos del Conicet informaron el pago del bono de $ 1.300 y la jerarquización salarial.

Más bonos para fin de año

Para compensar las subas de los productos de la canasta familiar, los sindicatos siguieron negociando bonos de fin de año. A bancarios y camioneros, se agregaron los trabajadores de peajes que acordaron un pago en dos tramos iguales de un suplemento de $ 6.800.
Desde Santa Fe confirmaron que están avanzadas las discusiones en la industria aceitera. Su objetivo fue cerrar 2015 con un bono que, en promedio, alcance los $ 16.000.

Por su parte, las autoridades tucumanas confirmaron que estatales y docentes provinciales recibirán un plus de $ 4.000. El gobernador, Juan Manzur, precisó que el adicional se pagará en partes iguales durante el primer bimestre de 2016.

En la provincia de Buenos Aires ni bono de fin de año, ni paritarias. La gobernadora María Eugenia Vidal y su gabinete anunciaron que descontarán los días de paro a las y los trabajadores estatales.

El diputado del Frente de Izquierda Marcelo Ramal presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para el pago de un bono de fin de año de $ 6.000 para todos los trabajadores dependientes del GCBA. La presentación cuenta con la firma y el apoyo de una decena de legisladores de distintos bloques de la oposición de la Legislatura.

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Repasamos el panorama sindical de diversos conflictos, donde se destacan las masivas movilizaciones de estatales y petroleros, trabajadores y trabajadoras de prensa y la situación de Cresta Roja.

El martes varios miles de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marcharon por el centro de la Ciudad de Buenos Aires para terminar concentrándose frente al Ministerio de Trabajo donde entregaron una carta dirigida al presidente Mauricio Macri donde se exponen las principales y urgentes reivindicaciones del gremio. Todo esto se dio en el marco de un paro nacional y de las administraciones provinciales y municipales exigiendo un bono de 5.000 pesos y la reapertura de paritarias.

Una vez frente al Ministerio, el secretario general de ATE, Hugo Godoy y el referente de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, exigieron la continuidad laboral y el pase a planta permanente de los más de 600.000 trabajadores contratados en el Estado.

En Comodoro Rivadavia más de 15.000 petroleros marcharon contra una posible ola de despidos. Ante la baja internacional del precio del barril de crudo y la posible quita de la subvención del Estado para la venta en el mercado interno, las operadoras anuncian un fuerte ajuste.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que se buscaría un nuevo acuerdo entre las provincias, los sindicatos y las petroleras, anticipando el posible cese a la subvención con la que actualmente cuenta el sector. Las petroleras no están dispuestas a pagar los costos de la crisis, después de años de ganancias exorbitantes. Por su parte, las y los trabajadores inmediatamente mostraron su descontento y comenzaron a organizarse en sus lugares de trabajo mediante asambleas para exigirles a sus representantes sindicales acciones concretas.

En la edición del lunes de El Patagónico, los trabajadores denunciaron que “Tecpetrol anticipó la suspensión del 40 por ciento de sus operaciones, Sipetrol demora activar un equipo perforador, Pan American suspendió actividades de 15 equipos perforadores y 26 workover licenciando a 1.400 trabajadores, finalmente YPF suspendió actividades de dos equipos perforadores y dos workover, licenciando a 400 trabajadores”.

A la marcha de ayer se sumaron distintos sectores, desde cámaras empresarias locales, hasta los gobiernos municipales de la zona y el propio gobierno provincial.

El próximo 15 de enero vence la actual subvención al barril del petróleo, por lo cual deberán tomarse decisiones urgentes.

Movilización contra el vaciamiento del Grupo 23 y por el pago de salarios

Los trabajadores del Grupo 23 realizaron el martes una movilización al Ministerio de Trabajo. Denunciaron que la empresa debe el salario de noviembre, varios meses de colaboraciones y comisiones a más de un centenar de trabajadores y trabajadoras de prensa, además del pago del aguinaldo de diciembre.

A través de un comunicado, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) llamaron a acompañar esta convocatoria: “los incumplimientos en los que incurre la empresa buscan que las y los trabajadores de prensa sean los que paguen las supuestas crisis patronales y, además, ponen en riesgo los puestos de trabajo en todo el Grupo 23, en el que se desempeñan más de 800 trabajadores según sus responsables, los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. El Grupo 23 edita los diarios Tiempo Argentino y El Argentino (más sus zonales: Norte GBA, Sur GBA, Mar del Plata, Rosario y Córdoba), y las revistas Cielos Argentinos y 7 Días. También controla el canal de noticias CN23, el portal Infonews y las radios América, Splendid, Rock & Pop y Vorterix, entre otros medios”, expresaron.

Ante el incumplimiento en el pago del medio aguinaldo y en rechazo a la propuesta de abonarlo en 3 cuotas hubo paro en Radio América hasta las 20 horas del 24 de diciembre.

La falta de pago del aguinaldo también se registró en otros medios como Radio Splendid, Radio Del Plata, Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Radio UBA y Radio Madres, quienes se sumaron a la movilización del martes.

Propuestas para Cresta Roja

A la fecha han aparecido 5 posibles compradores de la empresa Cresta Roja, todos competidores directos de la marca: Granja Tres Arroyos, que lidera el mercado avícola; la entrerriana Soychú, que figuraba tercera en el ránking detrás de Rasic; Noelma, otra avícola de Villa Elisa, y OvoProt, una importante procesadora de huevos. La quinta oferta quedó descartada: era la de una empresa rosarina, Vecchio, que solamente propuso hacerse cargo de una de las dos plantas.

Ninguna promete absorber a los más de 3.000 puestos de trabajo. Solo hablan de 700 a 1.000 puestos posibles, apenas 30% de los trabajadores de la planta. A los demás se les ha ofrecido un retiro voluntario con una paga del 50% de lo que en realidad deberían cobrar de indemnización, aunque no está claro quién se haría cargo de este monto o cómo y cuándo se abonará. Frente a todo este escenario la jueza a cargo de la administración judicial de la quiebra de Cresta Roja, Valeria Pérez Casado, les pidió “un esfuerzo adicional” y postergó la definición.

La incertidumbre continúa en el cierre de año 2015 para las familias de Cresta Roja, mientras miles de pollos deben ser sacrificados por no poder brindarles alimento ya que la empresa está cerrada.  El trabajador herido en la última represión, que luego sufrió un ACV, sigue internado luchando por su vida.

Las organizaciones sociales de trabajadores precarizados y desocupados se encuentran en estado de alerta y movilización

Luego de la multitudinaria movilización a la Plaza de Mayo del 22 de diciembre, junto a miles de trabajadores, sindicatos, organizaciones estudiantiles y políticas, que reclamaban un doble aguinaldo o bono de fin de año para paliar en alguna medida la brutal carestía que afecta a la inmensa mayoría de los trabajadores, el conjunto de organizaciones sociales, de desocupados, cooperativistas precarizados y piqueteros fueron recibidas por el Subsecretario de Abordaje Territorial, Fernando Regio.

En primer lugar las organizaciones denunciaron y repudiaron la represión a los trabajadores de Cresta Roja y dejaron en claro su total solidaridad con los mismos.

A continuación se presentó un petitorio con los reclamos más urgentes, en primer lugar el Bono para los trabajadores de cooperativas y todos los planes sociales y se reclamó la duplicación de la AUH.

El funcionario se comprometió a trasladar a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca y de Desarrollo social, Carolina Stanley la necesidad de una reunión en forma perentoria.

Un triunfo de la movilización docente

La Jueza María Soledad Larrea dictó una medida cautelar ordenando la restitución a sus cargos de las docentes Elsa Vincová y Alejandra Bellini, del JIC 2 DE 12 de Flores a partir del primer día del ciclo lectivo 2016.

La Justicia dio lugar al amparo judicial presentado conjuntamente por los gremios Ademys, UTE, Camyp, Sedeba, las docentes afectadas y las familias del Jardín, considerando la no responsabilidad de las docentes en el caso del asesinato del niño Agustín Marrero, el grave perjuicio que la separación de las docentes implicó para los niños del Jardín, y el dictamen de la Junta de Disciplina que planteaba que no se observan hechos que pudieran ser analizados desde el punto de vista disciplinario.

Este fallo constituye un triunfo de la lucha docente, que se expresó en el masivo paro y movilización del 15 de julio pasado, y en las demás acciones y movilizaciones que llevaron adelante, no sólo exigiendo su restitución sino también el cese del sumario administrativo.

La interna cegetista complica el pacto social

El plan del Gobierno para activar a mediados de enero un pacto social con empresarios y sindicalistas, encontró un foco de resistencia en la CGT que hasta hace poco respaldó al kirchnerismo. Impulsan una serie de condiciones para participar de la convocatoria: garantizar por decreto que no haya despidos durante un año, retrotraer los precios de la canasta básica de alimentos al 1º de octubre y asegurar paritarias sin límites.

El pliego de condiciones surgió del puñado de gremios que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), cuyo referente es el taxista Omar Viviani y tuvo el aval de Caló (UOM), de los mecánicos del Smata y del gremio docente de la UDA.

Estos condicionamientos se suman a la fallida reunión del miércoles 23 entre ministros y la comisión de los 15 dirigentes que negocian la reunificación de la CGT. El encuentro se postergó porque los sindicalistas no consensuaron una lista de asistentes que dejara conforme a todos los sectores.

El gobierno había apostado fuerte a lograr el favor sindical luego de la entrega de la Superintendencia de Servicios de Salud a Luis Scervino, un médico que estuvo a cargo de la dirección profesional de la obra social de Obras Sanitarias, el gremio de José Luis Lingeri, y cuya designación en el organismo fue respaldada por diversos sectores del gremialismo tras haber sido durante varios años miembro de la comisión de expertos que asesoró a la CGT Balcarce en cuestiones de seguridad social.

El poder de la Superintendencia es clave. No solo tiene que ver con el control y reparto de los fondos de las obras sociales, en una estructura que funciona con un presupuesto de 7.000 millones de pesos anuales, sino que también interviene en la regulación de las prepagas.

Tal vez esto explique que la CGT no haya movido un solo dedo desde el inicio del ajuste. En las vísperas de la reunión fracasada con los ministros vivimos una jornada de lucha que se inició con los piquetes y la represión en Cresta Roja, y terminó con la primera acción unitaria contra el ajuste en Plaza de Mayo convocada por el sindicalismo combativo y la izquierda, levantando reclamos que la CGT deja para el papel.

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Luego de la represión con balas de goma que sufrieron los trabajadores de la empresa ayer, se decretó la quiebra y hoy hay nuevas reuniones entre delegados y el Ministro de Trabajo.

En lo que fue la primer gran represión del nuevo gobierno de Cambiemos y tras montar un imponente operativo el pasado domingo por la noche, la Gendarmería desalojó violentamente el corte que los trabajadores estaban realizando sobre la autopista Ricchieri –a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza– en defensa de sus 5.000 puestos de trabajo. Los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes a los golpes y tirando balas de goma, con el apoyo de camiones hidrantes.

Luego de una reunión de Gabinete, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justificaron el desalojo en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “La Gendarmería cumplió con el mandato del juez de liberar la autopista Ricchieri”, expresó Triaca.

Por su parte, Michetti remarcó que con este tipo de medidas “el Estado recupera su función de regular entre dos derechos (circular libremente y manifestarse). Lo de hoy va a ser un protocolo para que todo el mundo vea. Queremos dar previsibilidad, para que todo el mundo sepa de antemano lo que puede pasar”.

Por la tarde, una delegación participó de la movilización a Plaza de Mayo que realizaron distintos gremios y organizaciones sociales y políticas en rechazo a las medidas de ajuste y para reclamar un bono de fin de año que compense los aumentos de precios registrados en los últimos meses.

Ayer la jueza Valeria Pérez Casado decretó la quiebra de Cresta Roja y hoy los representantes gremiales de la empresa se reunirán con el ministro de trabajo, Jorge Triaca, quien informó que el manejo de la empresa quedará a cargo de la Sindicatura.

Un largo camino con victorias parciales

El 26 de julio de 2014 titulábamos nuestra columna sindical semanal “Cresta Roja: gran triunfo obrero”.

Y no era para menos. La semana anterior las puertas de la empresa habían amanecido cerradas, y se impedía el ingreso a planta de sus trabajadores.

Los cortes de ruta en el Jagüel, Esteban Echeverría y Ezeiza no se hicieron esperar.

Para septiembre de ese año, la avícola había adoptado igual actitud. Tres meses antes, la empresa de los hermanos Rasic (que tenía un total de 3800 empleados) había presentado convocatoria de acreedores. Por ese entonces, se denunciaba a sus dueños porque mientras paralizaban su principal frigorífico, mantenían funcionando su segunda planta de Cañuelas y mandaban producción propia a faenar en establecimientos de terceros.

De ahí en más lo que siguió es casi un año de lock-outs patronales, intentos de despidos (casi 700), persecución a los trabajadores, pagos realizados en cuotas, y se puso en marcha una intimidación a los trabajadores donde no faltaron escuchas a través de micrófonos y patotas relacionadas directamente con el ex Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, fuerte personaje político de la zona, quién además militarizó la planta.

Los piquetes que se sostuvieron con firmeza durante una semana, a partir de romper el cerco mediático de los primeros días, amenazaron con enturbiar la campaña electoral de Daniel Scioli. Mientras los trabajadores enfrentaban los despidos y el cierre de su fuente de trabajo, el gobernador y candidato presidencial del FpV se paseaba por el país y por Cuba hablando de “la victoria del trabajo y la producción”.

El hecho de que esta lucha obrera metiera la cola en la campaña oficialista obligó al gobierno provincial y nacional a responder positivamente a las demandas de los trabajadores. Por la provincia intercedieron desde los ministros de Seguridad, Alejandro Granados, y de Trabajo, Oscar Cuartango, hasta el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sumado a los intendentes de las localidades donde se ubican las dos plantas de Cresta Roja, Esteban Echeverría y Ezeiza.

Frente a la postura conciliadora y dubitativa de los representantes de la FTIA (Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), el sindicato mayoritario dentro de la empresa, los trabajadores de las plantas de Monte Grande y Ezeiza los repudiaron y actuaron con independencia y de conjunto, por primera vez, imponiendo el bloqueo de los portones y decidiendo cada paso a seguir en multitudinarias asambleas bajo el viento y el frío de la ruta o en los portones que custodiaban para impedir que ingresara o saliera mercadería.

Así llegó la propuesta de pagar las quincenas adeudadas, todos los trabajadores volvían a sus puestos sin disminución de horas de trabajo y por ende de salarios, y el pago del aguinaldo. Se reincorporó a tres compañeros que habían sido despedidos con anterioridad. Sumado a esto, el jefe de Recursos Humanos fue desplazado de su cargo.

Pero la experiencia de luchas anteriores, hizo que los trabajadores no confiaran en la palabra de ningún vocero del gobierno ni de la empresa. Por eso definieron mantener el corte de ruta y bloqueo de las puertas de las plantas hasta tanto estuviera firmada el acta donde se certificaban estos acuerdos.

Nuevo gobierno en la Provincia de Buenos Aires

Y tenían razón. La patronal trabó el acuerdo, y volvió a la carga y la empresa avícola seguía pagando en cuotas el medio aguinaldo adeudado.

Frente a esta situación Daniel Scioli, que buscaba evitar cualquier conflicto que empañara su campaña presidencial, hizo aprobar a la justicia bonaerense la “intervención provincial” de la empresa por 120 días.

Designó entonces a Daniel Gurzi, ex funcionario provincial hasta 2012 y actualmente vinculado a Aníbal Fernández, como flamante interventor de la empresa concursada que debería unos 1.200 millones de pesos con “las más amplias facultades para tomar en forma unilateral las medidas” para mantener a flote la firma.

En noviembre pidieron reunirse con la flamante gobernadora, María Eugenia Vidal, ya que la intervención cesaba el 10 de enero y la situación seguía siendo crítica.

Ante la falta de respuestas y la discontinuidad de los pagos, el lunes 16 de noviembre realizaron nuevas acciones, en Ezeiza y Esteban Echeverría, para pedir la intervención de los intendentes donde están alojadas las dos plantas de Cresta Roja. El objetivo: que la planta fuera reactivada sin que hubiera pérdida de puestos de trabajo ni reducción salarial y en rechazo de la “oferta” que la patronal hizo llegar a través del Ministro Granados, que proponía reducción salarial del 30% y reducción del personal de otro 30%.

Además, denunciaron que la intervención no había permitido mejorar las condiciones para empezar a producir. Por el contrario, sirvió para blanquear las enormes sumas que la provincia le regaló a la patronal ante la imposibilidad de la misma de avanzar en el plan de despidos y rebaja salarial que quiso imponer en julio pasado, y que fue frenado por los trabajadores con su lucha.

La firma habría sacrificado unos 9 millones de pollos al no poder alimentarlos, la plantas 1 y 2 estaban paradas desde hacía 20 días y los trabajadores pedían volver la producción. “La situación nuestra es crítica, hace 20 días que no estamos faenando, hay pollos que se mueren de hambre, queremos volver a trabajar, que se reactive. El gobierno se ha comprometido con 200 millones de pesos pero no ha cumplido con la totalidad del envío, por esta falta, se mueren los pollos”, explicaba Julio Gramajo de la Comisión Interna.

Era evidente que el único objetivo de la intervención provincial era ganar tiempo para luego de las elecciones aplicar el plan de ajuste que Rasic no pudo imponer en julio pasado.

Milenko Rasic (dueño de la empresa) reapareció, después de haberse “guardado” desde la intervención del Estado, y en reuniones con trabajadores de ambas plantas de faena dejó en claro que sus planes de ajuste seguían en pie “necesitamos despedir al 30 % del personal y rebajar los salarios un 30 % como condición para que la empresa sea rentable”, argumentó.

Por otro lado, reconoció que las intenciones de la empresa eran vender su planta 2 ubicada en Esteban Echeverría para lo cual ya estaría sondeando interesados, pero para concretarla debía aplicar previamente el ajuste sobre el personal.

Mientras para Clarín el tema se reducía a un problema que afectaba al tránsito por los reiterados cortes, piquetes y movilizaciones de los trabajadores, trascendió que la negociación habría quedado a cargo de Federico Salvai, futuro Jefe de Gabinete de Vidal.

Vidal dio un ultimátum a los dueños de Cresta Roja y criticó a sus trabajadores

“Paguen la deuda o vendan la empresa”, dijo la gobernadora en una conferencia en la que se refirió a uno de los conflictos laborales más fuertes de los últimos meses. Tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora brindó una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que aseguró que la Nación y la Provincia trabajarán “en el cuidado de los puestos” de los operarios de Rasic Hermanos, pero criticó el corte que los trabajadores realizaban en la autopista Riccheri, en al acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.

“El conflicto, para nosotros, no debe ser expresado cortando el acceso a Ezeiza. Hay un marco de diálogo con los representantes gremiales y no es necesario sostener este corte”, puntualizó.

El viernes 11 de diciembre, el “flamante” ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió a los delegados de Cresta Roja y a representantes del Sindicato de la Alimentación de zona sur como primer medida al frente del Ministerio.El ministro confirmó a los delegados presentes que el gobierno no piensa destinar un peso para cubrir los salarios adeudados de los trabajadores y que sólo otorgarán las REPRO que ya habían sido designadas por el gobierno de CFK.

A la par de que Macri le acababa de otorgar millones a los sojeros, a los trabajadores de Cresta Roja los quería arreglar con 4 mil pesos para vivir todo el mes de diciembre, con fiestas de fin de año incluidas, y sin ninguna perspectiva para los meses venideros.

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A contramano de los pronunciamientos de la burocracia sindical, el viernes la izquierda salió a las calles, en un nuevo aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para hoy organizaciones sindicales, sociales y políticas convocan a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.

Las tres CGT avanzaron el viernes en el proceso de reunificación sindical y el primer resultado de esa señal fue una advertencia a Mauricio Macri: durante un plenario conjunto realizado en la sede de Azopardo 802, le exigieron el pago urgente de una compensación en los salarios, jubilaciones y subsidios para evitar el deterioro causado por la devaluación.
Sin embargo, el encuentro que contó con la presencia de 140 organizaciones gremiales (sólo faltaron los ultrakirchneristas como Antonio Caló) no resolvió ninguna medida de fuerza, a pesar que el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, tomó distancia del reclamo al señalar que es una discusión que corresponde “a cada sector” y no al Poder Ejecutivo, aunque aclaró que “si hay acuerdo entre las partes” el Gobierno lo homologará.

La izquierda marchó a 14 años del 19 y 20 de diciembre de 2001

El viernes se realizó la marcha convocada por organizaciones de izquierda a 14 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre cuya denuncia principal fue contra el ajuste que está implementando el gobierno macrista contra los trabajadores.

La cita fue a las 16:00 en el Congreso para marchar hasta la Plaza de Mayo. Participaron el PTS, PO, Izquierda Socialista, la CCC, Nuevo MAS, MST, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

Los trabajadores de Cresta Roja fueron parte de la cabecera de la marcha, llevando su reclamo contra el intento de cierre por parte de la patronal.

El documento leído en la plaza afirmaba que “desde esta tribuna llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a desarrollar la más amplia unidad de acción para enfrentar el ajuste en curso y las políticas de entrega del gobierno de Macri”.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas marcharán el martes contra el ajuste

En la tarde del jueves, la sede de la CTA, en la calle Lima, fue el lugar elegido por diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas para convocar a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.

La conferencia de prensa llamó a movilizarse a Plaza de Mayo el próximo martes 22 desde las 17:00. La convocatoria partirá desde la esquina de Belgrano y 9 de Julio. Los convocantes hicieron además una fuerte denuncia de la política que está llevando adelante el gobierno.

La conferencia resolvió enviar una carta a Mauricio Macri para exigir que “se arbitren los medios necesarios a los fines que se abone un Bono extraordinario antes de fin de año a los trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y AUH con carácter urgente y reparador”.

El lunes 14, un conjunto de organizaciones obreras, sociales y políticas se manifestaron contra el Pacto Social que impulsa la Unión Industrial Argentina (UIA), bajo el nombre de acuerdo económico y social. Norberto Señor, de la Corriente Política Sindical Rompiendo Cadenas, una de las impulsoras de la protesta junto con obreros ferroviarios de Haedo, aceiteros de Capital, estatales de Lomas de Zamora y Almirante Brown, docentes de ADEMYS y AGD–UBA, cooperativistas de AGTCAP y las Comisiones Internas de Pilkington y Felfort, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, consideró que “cuando ellos hablan de un Pacto Social, supuestamente para contener precios, y salarios, de lo que verdaderamente están hablando, es que mientras ya han remarcado los precios en un 20%, un 30%, mientras se preparan para volver a remarcarlos en una devaluación que nos van a tirar por la cabeza, es evidente que el Pacto que quieren es que las burocracias sindicales les garanticen que no haya medidas de lucha”.

Techint dio marcha atrás y reincorporó a los 190 despedidos

La siderúrgica Tenaris Siderca anuló la decisión y anunció que no tomará medidas contra el personal durante los próximos seis meses. El dirigente sindical Antonio Caló señaló que la empresa “reconoció que no era necesario despedir”.

Sin embargo, el acta firmada en el Ministerio de Trabajo contempla que los trabajadores, para ser reincorporados, tienen que firmar el consentimiento de trasladarse a un sector especial de “servicios generales” con la consecuente pérdida de adicionales, lo que rebajaría el salario al 60%. Al llegar a la fábrica recibieron un chantaje brutal: o aceptan la flexibilidad laboral o siguen despedidos. Luego de ingresar a la planta y ser obligados a la firma del acta, se les informó además que quedaban suspendidos hasta el 9 de enero.

Por si esto fuera poco, la empresa va a despedir a unos 200 obreros que trabajan suspendidos de manera rotativa para la contratista COMAU, cuyo contrato finaliza a fin de este mes y algunas de las tareas que ellos realizaban estaban siendo cubiertas por trabajadores de planta. Ahora las harían los “reincorporados” bajo la legalidad del acta que les obligaron a firmar. Al mismo tiempo, se abre una “mesa de diálogo” para discutir las condiciones de trabajo en los sectores que quedarán con menos trabajadores. La empresa ya anticipó que quiere que los que quedan, hagan el mismo trabajo que hacían antes de los traslados. Un negocio redondo para la patronal: se ahorra todo lo que gastaba en una contratista dejando 200 en la calle, cubre ese trabajo con los 189 “reinstalados” y quiere obligar a los demás a hacer el mismo trabajo con menos obreros.

Los despidos generaron la reacción autoorganizada de cientos de trabajadores que con familiares y vecinos se movilizaron por las calles de Campana en una demostración de la voluntad de lucha de las bases. Los trabajadores se volverán a concentrar en los cambios de turno. Su intención es mantenerse organizados y seguir la pelea para volver a sus puestos de trabajo.

Vidal dio un ultimátum a los dueños de Cresta Roja y criticó a sus trabajadores

“Paguen la deuda o vendan la empresa”, dijo la gobernadora en una conferencia en la que se refirió a uno de los conflictos laborales más fuertes de los últimos meses.

Tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora brindó una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que aseguró que la Nación y la Provincia trabajarán “en el cuidado de los puestos” de los operarios de Rasic Hermanos, que vende los pollos “Cresta Roja”, pero criticó el corte que los trabajadores realizaron en la autopista Riccheri, en al acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El viernes 11, el “flamante” ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió a los delegados de Cresta Roja y a representantes del Sindicato de la Alimentación de zona sur como primer medida al frente del Ministerio. El ministro confirmó a los delegados presentes que el gobierno no piensa destinar un peso para cubrir los salarios adeudados de los trabajadores y que sólo otorgarán las REPRO que ya habían sido designadas por el gobierno de Cristina Kirchner. A la par de que Macri le acaba de otorgar millones a los sojeros, a los trabajadores de Cresta Roja los quiere arreglar con 4 mil pesos para vivir todo el mes de diciembre, con fiestas de fin de año incluidas, y sin ninguna perspectiva para los meses venideros.

El gobierno pretende imponer un “protocolo de protesta social”

Las protestas y los cortes que los trabajadores de Cresta Roja y Siderca realizaron el viernes sacaron a la luz la agenda macrista para “la protesta social”.

El día anterior el Consejo de Seguridad Interior, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, había pedido al presidente Macri que decrete la “Emergencia en Seguridad” en todo el país.

En línea con esta política, en la tarde del viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que desde el Gobierno se está trabajando junto a la Justicia en un “protocolo de protesta social” para que los reclamos en la vía pública sean “previsibles” y se permita “la libre circulación” de autos, camiones y colectivos.

El macrismo intentará aplicar a nivel nacional lo que fue una constante en la Ciudad de Buenos Aires. De muestra basta un botón: el jueves pasado, militarizaron la estación Lacroze de subterráneos, ante la interrupción del servicio de la Línea B que realizaron los trabajadores tercerizados para reclamar frente a casi 30 despidos.

También los trabajadores de Ademys repudiaron la presencia policial en la sede del sindicato durante la asamblea que se llevó a cabo el viernes 11. Cuando el oficial de la Policía Federal fue consultado por su presencia, les informó que había sido “mandado” porque la asamblea iba a discutir la nueva situación política y las medidas a seguir en la lucha en defensa de la educación pública.

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