Por Camila Parodi

Hacia finales del 2020 el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se dirigió a su población con un consejo: “Tenemos que dejar de ser un país de maricas”. En ese momento, su discurso tuvo mucha repercusión no sólo por su contenido homo-odiante, sino también por la acusación hacia las personas que adoptan medidas de cuidados frente a la pandemia por COVID 19 que, particularmente en el Brasil, ha sido muy violenta en términos sanitarios como económicos y sociales. Paradójicamente, la ciudad de Maricá, en Estado de Río de Janeiro, no ha dejado de cuidar a su población. Por el contrario, han acentuado las políticas sociales y económicas que atienden a las personas más afectadas por la crisis.

Maricá tiene una larga trayectoria de izquierda. Ha sido gobernada por el Partido de los Trabajadores (PT) desde el año 2009, en el marco del segundo gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. Su actual alcalde, Fabiano Horta, fue elegido en su segundo mandato con el 88% de los votos. Un claro ejemplo de que la gestión implementada es elegida por su población. 

“Si no fuese por el gobierno municipal y la asistencia social que estamos recibiendo, sería muy difícil para nosotros sobrellevar la pandemia” reflexiona una de las pobladoras, nacida y criada en Maricá, Gleiceane da Costa. Y sobre las políticas implementadas por el gobierno local nos dice “ha ayudado a mucha gente, si no fuese por este beneficio, el pueblo de Maricá tendría muchas dificultades”.

Se trata de una ciudad que evidencia, día a día, qué otra forma de democracia y gestión política es posible. Al enterarnos de su existencia comenzamos a dialogar con colegas de medios populares brasileros hasta dar con Luis Fernando, Periodista del Gobierno de Maricá. Trabajamos más de un mes intercambiando preguntas, audios, traducciones y fotos para la creación de esta nota. De forma que sin su amabilidad y compromiso con este proyecto político no hubiera sido posible. En ese marco, Marcha dialogó con Igor Sardinha, Secretario de Desarrollo Económico; Diego Zeidan, Teniente de Alcalde y ex-secretario de Economía Solidaria y Simone Costa, Ministra de Salud. 

Covid y Socialismo

Tras el conocimiento de yacimientos de petróleo en su costa, la ciudad de Maricá aprovechó sus regalías para mejorar la distribución de la renta a través de la implementación de una moneda propia que tiene por objetivo la reducción de la pobreza y la desigualdad. “En el año 2013 la Ciudad de Maricá empezó con el proceso de construcción de un programa municipal de Renta Básica con la popularidad de usar una moneda social local para el pago de los beneficios: La moneda Mumbuca” explica el Secretario de Desarrollo Económico, Igor Sardinha. Pero, cuál es el objetivo de circular una moneda propia y en qué se beneficia la ciudad: “Hacer estos pagos con una moneda local logra la circulación por la ciudad desde el primero hasta el último centavo de estos recursos, creando empleo y renta” afirma Sardinha. “Actualmente -relata- 42.501 personas, que sería el 26% de la población, reciben este beneficio por mes”. Este número se debe, en parte, a la actual situación atravesada por la Pandemia de COVID 19 donde gran parte de la población se vio afectada en lo laboral, sanitario y económico. Por ese motivo, explica el secretario “con el comienzo de la pandemia hicimos un reajuste de emergencia haciendo que los valores salten de 130 a 300 mumbucas (equivalente con el real)”. 

Pero este incentivo no sólo actúa sobre la población beneficiaría sino que, a su vez, “más de 9000 comerciantes y proveedores de servicios de la ciudad están aptos para recibir por los productos y servicios su pago en moneda mumbuca” sostiene Sardinha. Cabe aclarar, que todo el proceso de uso de esta moneda se realiza de forma electrónica tal como lo explica el Secretario de Desarrollo Económico “a través de aplicaciones de teléfonos celulares o en a través de los equipos de tarjeta tradicionales. Es un programa que promueve el desarrollo económico local a través de los millones de reales inyectados mensualmente en la economía”. 

Actualmente en Maricá vive un aproximado de 160 mil personas y no existen personas que cuestionen o se quejen de la situación económica de su ciudad. A través de las regalías por petróleo a unos 150 millones de reales al año se reinvierte en atención médica, educación, programas sociales, entre otros. Pero no sólo eso, también ahorran parte de ese dinero en un fondo especial que podría ser utilizado una vez que las reservas se agoten o mismo si el precio del petróleo baja. Al momento, la ciudad ha ahorrado casi 500 millones de reales (89 millones de dólares) en su fondo de emergencia.

“La primera preocupación fue con las y los más pobres, y exactamente por eso el primer paso fue duplicar los valores de la Renta Básica” responde el Secretario de Desarrollo Económico ante la pregunta de las acciones implementadas por su gobierno en el marco de la pandemia. A continuación, explica que crearon el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con el objetivo de proteger a la gran parte de “trabajadores y trabajadoras informales que, exactamente por eso, no tienen ningún tipo de protección. Acá en Maricá hay 20.532 trabajadores/as informales registrados en el programa y recibiendo un sueldo mínimo mensual en moneda mumbuca. También, consciente de la necesidad de proteger los trabajos formales existentes en la ciudad, creemos que fue bueno crear el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que autoriza al gobierno de la ciudad a subvenciona la nómina de sueldos de las empresas radicadas en la ciudad pagando un sueldo mínimo por trabajador/a de la empresa inscrita en el programa con el mismo compromiso de no despedir” responde Sardinha. Su aclaración es notoria, eligen proteger a las y los trabajadores en el marco de la pandemia pero no sólo eso, lo hacen dentro de una estructura nacional que en la actualidad permite la reducción de salarios hasta el 70%.

“Finalmente -agrega el Secretario- empezamos el programa “Fomenta Maricá” que brinda líneas de crédito para emergencias para el sector productivo de la ciudad. Créditos de hasta 40 mil reales, con cero intereses, un año de gracia y 36 meses de amortización”. Este conjunto de medidas le permite a la ciudad de Maricá obtener cifras muy positivas en la economía incluso en este momento tan convulso, y en ese contexto aclara “tuvimos más empresas abiertas durante el año 2020 que en 2019 y menos empresas cerraron en el mismo período”.

En lo que corresponde a la gestión de la pandemia, Maricá también implementó acciones para destacarse. Recientemente, su alcalde se organizó junto a otras ciudades para comprar por su cuenta unas 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V de doble dosis de Rusia, ya que Bolsonaro se opuso a su compra. Esta cantidad es suficiente para inocular a las 162 mil personas que viven en Maricá y también a los pueblos vecinos. 

Por su parte, la Ministra de Salud, Simone Costa, nos cuenta que la ciudad de Maricá “estableció alianzas entre las secretarías de la Seguridad, Comunicación, Educación, Desarrollo, etc, para realizar un plan de acción conjunto para combatir la pandemia, decretando el Estado de Calamidad y algunos otros decretos, como suspensión de clases, de protección social y distanciamiento social, el uso de una mascarilla y la necesidad de limpieza de las manos para prevenir la propagación del virus”. Desde el minuto uno de la pandemia, a pesar de los dichos de su presidente, la primera acción de la Secretaría de Salud de la ciudad fue “evitar el cruce de personas que tenían otra patología, las sospechas de Covid, y los realmente contagiados/as por el virus” afirma su ministra. 

En lo que corresponde a la intervención específica de salud, comenta que “en lugar de que personas sospechosas fueran a las unidades, creamos carpas en los cuatro distritos (evitando también los viajes largos), para que fueran diagnosticadas y medicadas, lo que requiere aislamiento en casa para aquellos/as que estuviesen con síntomas leves. Aquellos/as que necesitaban hospitalización ya eran enviados/as directamente a una unidad en una sala específica de Covid, o al Hospital Municipal Ernesto Che Guevara, nuestra segunda gran acción en el año pasado”. 

El 1º de mayo de 2020 se inauguró el Hospital Municipal Ernesto Che Guevara que, inicialmente sería un hospital general. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, se remodeló para atender específicamente pacientes con Covid. Explica Costa que el hospital abrió con 50 camas, y hoy ya cuenta con 118 en los Centro de Cuidados Intensivos y Semi-intensivos y recibiendo pacientes de manera regulada provenientes de tres unidades de la Red de Urgencias y Emergencias de la ciudad con atención las 24 horas. “Fuimos la única ciudad del Estado que en tan poco tiempo montó una estructura enorme, con cerca de mil empleados/as y que sigue siendo un legado para la población” sostiene la Secretaria. A su vez, Maricá, a través de la Secretaría de Salud, inauguró el Laboratorio Central Dr. Francisco Rimolo Neto, en el centro de la ciudad para realizar hisopados gratuitos (PCR), cuyos resultados son más precisos para la atención de Covid-19, diagnóstico reenviado de las unidades municipales de salud. Al respecto sostiene la Secretaria: “Con mayor número de pruebas, mayor seguimiento de los contagiados/as y, por tanto, mejores tomas de decisiones respecto a los decretos que inciden en la vida cotidiana de la población del municipio, además del menor número de contagiados/as por el aislamiento de las y los infectados”. 

Se invierte también en capacitaciones para que las y los profesionales estén mejor preparados en la atención y procedimientos de esta enfermedad tan nueva y fatal “además de invertir en equipos de protección personal, detección e investigación epidemiológica y en investigaciones, como el casco de ventilación no invasiva que se está probando con los pacientes hospitalizados/as  internados con Covid en el Hospital Che Guevara”. “También -agrega Costa- dejamos la red más integrada entre Atención Primaria y Urgencia y Emergencia, para que los y las pacientes dados de alta pudiesen tener seguimiento fuera del hospital, con profesionales especializados a través del Servicio de Atención Domiciliaria y las dos Unidades de Salud de la Familia”. 

Maricá: Salir del closet neoliberal

¿Cómo se toman estas decisiones? Si bien se intenta incentivar a la población en la participación, remarcan que se trata de las tareas más complejas de la gestión. Sin embargo, se mantiene a través de la creación de una agenda conjunta con el gobierno, como explica el Teniente de Alcalde, Diego Zeidan. “Tenemos una casa de consejos, a través de los ayuntamientos hemos reforzado mucho las políticas. Trabajamos mucho con las asociaciones  de vecinos/as y grupos de vecinos/as para que podamos tener un trabajo más popular, que involucra a las personas en la gestión pública” afirma. “Nuestras políticas públicas, como la moneda Mumbuca, el rojo -autobús libre de color rojo conocido cariñosamente “Vermelhinho”- y el Passaporte Universitario, son dirigidas a las personas, son instrumentos que se utilizan para atender la demanda de la población para hacer valer sus derechos básicos que son derechos constitucionales en Brasil”.

“Para que podamos ser un gobierno popular y reafirmar derechos, necesitamos estar con la gente de nuestro lado” sostiene el Zeidan, sin embargo, se trata también de un desafío “es difícil lograr que la gente participe, esté interesada en la política, interesada en participar en la vida de la ciudad, en la vida cotidiana, en la toma de decisiones. Pero es algo en lo que estamos trabajando y tratando de que más personas estén con nosotros”. Y afirma: “Es necesario traer a la población a los espacios de decisión y consultas populares”.

Al conocer su experiencia y, desde el comienzo de la entrevista, sostuve que es posible construir nuevas formas de poder y democracia, como lo hizo Maricá dentro del Brasil de Bolsonaro, en medio de una pandemia y en pleno Siglo XXI. Ante esta afirmación me responde el Teniente de Alcalde, Diego Zeidan:  “Lo que estamos tratando de hacer aquí en Maricá, además de la discusión de izquierda y derecha, es de hecho construir un nuevo modelo de la sociedad que se preocupe por las personas, para atender las demandas de la mayoría de la población”. “Somos de izquierda -remarca- nos identificamos como un partido y gobierno de izquierda, y defendemos que el Estado necesita garantizar lo mínimo para que la gente viva con dignidad. No podemos tomar como ejemplo el Estado capitalista neoliberal, que está ausente de la vida de las personas y que cree que el mercado regulará y satisfará todas las demandas”.

Para Zeidan, “el mercado tiene fallas en algunas situaciones, tiende al monopolio, la concentración del ingreso y la concentración del capital, y el Estado necesita existir para crear mecanismos que garantizan una vida digna para todos, una vida que no tenga explotación laboral, donde las personas tengan comida en la mesa, acceso a la salud, la educación, la seguridad y cultura general como una forma de ocio, como forma de deporte”. En ese sentido, desde el gobierno de Maricá sostienen que el Estado debe garantizar derechos e igualdad, “ya que el capitalismo tiene fallas y el mercado no puede satisfacer la demanda de gran parte de la población. Entonces, queremos mostrar que es posible un nuevo modelo de Estado, un modelo que en realidad no es nuevo, que ya se usa en China, en Cuba, en algunos países nórdicos, que ni siquiera son socialistas incluso existe un modelo de Estado que promueve el bienestar social” remarca el Teninete de Alcalde.

Finalmente, concluye “debemos asegurarnos de que todos y todas tengan acceso a la salud, la educación, la seguridad, y el derecho a la dignidad. Aquí, en Maricá, demostramos en la práctica que trae beneficios no sólo sociales, sino también económicos”. Después de todo, no es de extrañar que Maricá sea la ciudad con el mayor número de empleos durante la pandemia y asegura: “Así trabajamos en Maricá, demostrando que el Estado tiene que servir a las personas y no a los intereses de los bancos y grandes empresas, sino de los que más lo necesitan, los que están en más dificultades”.

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Por Luiza Mançano, desde São Paulo | Fotos: Manuela Martinoya

Esta es la primera gran movilización desde el comienzo de la pandemia en el país en marzo de 2020. La movilización convocada por los frentes de izquierda Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, que aglutinan los principales movimientos populares del país reunió a miles de personas en las 27 capitales de los estados brasileños y en aproximadamente 100 ciudades más.

En uno de los momentos más críticos de la pandemia, ya que el país se aproxima al medio millón de muertes por Covid-19, los movimientos decidieron salir a calles para denunciar la ofensiva negacionista y presionar a los parlamentarios brasileños para que destapen el proceso de destitución de Bolsonaro. El análisis realizado por la Agencia Pública de Investigación Periodística señala que se remitieron 117 solicitudes de impeachment del mandatario al Congreso Nacional; en total, más de 500 organizaciones han firmado las peticiones oficiales.

En las calles, una de las principales reivindicaciones es la ampliación del plan de vacunación en el país y una ayuda de emergencia en el valor mínimo de R$ 600,00 [unos 140 dólares, que equivalen a un 54% del salario mínimo].

La movilización masiva reunió a integrantes de partidos de izquierda, diversos movimientos populares, como el movimiento negro, feminista, campesino, indígena, asociaciones populares, centrales sindicales y la ciudadanía en general.

Además de denunciar la intensa crisis en Brasil, política, social, económica y sanitaria, en las calles los movimientos expresaron la solidaridad internacionalista con los demás países latinoamericanos y sus banderas.

En la marcha realizada en la Avenida Paulista, principal centro financiero de la ciudad de São Paulo, la militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, Sarah de Roure, recordó la lucha internacionalista de las mujeres populares en el continente.

“Nosotros, los que queremos la destitución de Bolsonaro, somos los mismos a que se llaman locos en Colombia, que estamos en huelga desde hace un mes, somos las mismas que en Chile ocuparon las calles y el parlamento, somos las mismas que legalizaron el aborto en Argentina”, expresó.

La militante aún destacó la organización comunitaria que en el último año ha sostenido la vida en Brasil, en contra de las políticas de muerte del gobierno. “Sabemos que estamos en un proceso de disputa política cotidiana, que nos llevará hacia la victoria. Una disputa que respondemos con organización comunitaria, porque si ellos recortan la ayuda de emergencia, nosotras respondemos con ollas comunitarias. Si aumenta el desempleo, organizamos redes de solidaridad, y así vamos a construir la victoria del pueblo de Brasil”.

La participación femenina en el mercado laboral en Brasil disminuyó un 53% en 2020, según los datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares (PNAD, por sus siglas en portugués). Las mujeres negras corresponden a un 55% de las más afectadas por la reducción de ingresos y relatan dificultades para mantener gastos básicos como alquiler y tarifas de gas y electricidad.

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Por Marcelo Amable¹ y Viviana García^{1, 2}

En febrero de este año el gobierno de Estados Unidos, a través de sus Institutos Nacionales de Salud, anunció una inversión de 1.150 millones de dólares para financiar, durante cuatro años, investigaciones del COVID Prolongado (Long COVID). Así han denominado algunos grupos de pacientes autoorganizados al conjunto de síntomas que perduran después de sufrir la etapa aguda de la infección por SARS-CoV2.

Aún es poca la evidencia disponible para comprender los efectos a largo plazo de una enfermedad cuya existencia lleva poco más de un año. No obstante, el consenso científico crece diariamente en reconocer que se trata de un fenómeno real. Teniendo en cuenta las altas prevalencias de la enfermedad en personas adultas, y el impacto en su vida cotidiana y laboral, es necesario comenzar a ocuparse de las derivaciones que el COVID-19 tiene y tendrá en el mundo del trabajo.

Los síntomas del COVID Prolongado son muy variados y, aunque se continúa investigando, comprenden fatiga, dolor torácico, articular y muscular generalizado, dificultades para respirar, problemas cardiovasculares, renales y neurológicos, disfunciones cognitivas, incapacidad para concentrarse, así como ansiedad y depresión. Estos síntomas pueden aparecer semanas después de la infección por SARS- CoV-2 y prolongarse durante meses. La propia oficina regional para Europa de la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha señalado que el COVID Prolongado tiene un “impacto grave en la capacidad de las personas para volver al trabajo”, afectando su salud y la vulnerabilidad económica de sus familias. Las implicaciones de esta etapa de la pandemia alcanzan también a los empleadores, a los servicios de salud ocupacional y a la economía en general.

El impacto de la pandemia sobre el crecimiento económico es conocido. Menos sabemos sobre la repercusión que podría tener en la fuerza de trabajo. Si bien las tasas de mortalidad por COVID-19 son más altas entre personas ancianas, la muerte prematura, lógicamente, es mayor entre lxs más jóvenes. En un estudio reciente, que incluyó a 81 países, se calculó la cantidad de años que las personas hubieran vivido si la pandemia no hubiera existido. Allí se estableció que la muerte prematura fue de un 45% entre quienes tenían 55 a 70 años de edad y de un 30% en los menores de 55 años, pero ese patrón se invierte en los países de ingresos medios y bajos, alcanzando un 60% de muerte prematura entre lxs más jóvenes. La pandemia golpea no sólo aumentando las desigualdades en salud, sino también reduciendo las capacidades para salir de la crisis en aquellos países con menos recursos para enfrentarla.

Pero ¿cuántxs trabajadorxs que sobrevivan a la etapa aguda de la enfermedad podrán reincorporarse a sus trabajos de la misma manera como lo hacían antes de la infección? En la Argentina, durante el 2020, la incidencia acumulada específica para la población en edad de trabajar fue de 4362 infectadxs cada 100.000 personas. La prevalencia del COVID Prolongado es desconocida, pero una de las valoraciones más conservadoras sostiene que 1 de cada 3 infectadxs continúan con síntomas post COVID-19. Por lo tanto, en nuestro país alrededor de 470.000 personas ya han sufrido síntomas en la etapa del COVID Prolongado.

El Sistema de Riesgos de Trabajo (Si.R.T.) vuelve a situarse en el centro de las necesidades de la salud pública. Pero esta vez, debido a la gestión del regreso al trabajo de todas aquellas personas que han transitado la fase aguda del COVID-19. La respuesta a implementarse debe ser flexible, porque se trata de un conocimiento en evolución; oportuna, porque la aplicación debe ser simultánea al desarrollo de la enfermedad; amplia, que incluya beneficios y prestaciones imprevistas; y democrática, para preservar y extender los derechos laborales de lxs afectadxs.

La ley de Riesgos del Trabajo 24.557, del año 1995, posee entre sus objetivos la reparación, rehabilitación y recalificación de los trabajadorxs ante los daños derivados de las enfermedades profesionales. La gestión del regreso al trabajo realizada por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) durante todos estos años, aunque siga pendiente una evaluación verificable y sistemática de sus resultados, parecería seguir la doctrina del rechazo y el alta temprana. Sin embargo, lxs profesionales de la Medicina Laboral poseen el conocimiento y el compromiso ético que se necesitan para una prevención terciaria que preserve la salud de lxs afectadxs por COVID-19.

Es probable que el COVID Prolongado posea consecuencias sobre el absentismo de larga duración en el trabajo. La delimitación del tiempo en que se inicia y finaliza esta etapa todavía está en desarrollo. Por ejemplo, varios estudios establecieron que los síntomas persisten pasadas las 12 semanas del inicio del COVID-19 agudo, pero un estudio reciente en Suecia registró que el 10% de las personas infectadas continuaba con algún síntoma luego de 8 meses.

El retorno al trabajo debe ajustarse a las características de cada individuo pero deberá ser gradual, flexible y prolongado debido a la variabilidad de los tiempos de recuperación observados entre las y los pacientes. La Evaluación de Riesgo por parte de los Servicios de Prevención también será una herramienta fundamental, siempre que se adapte a esta nueva situación. Aunque todavía hay que estudiar los efectos combinados de la morbilidad por COVID Prolongado sobre la capacidad para trabajar, es posible prever algunas limitaciones. Por ejemplo, la fatiga física y cognitiva limitan la intensidad y duración de cualquier tarea laboral, o las posiciones de pie extendidas. El apremio por disminuir el absentismo no debe aumentar el riesgo de recaídas debido a la reducción en los tiempos del retorno.

El regreso al trabajo del COVID Prolongado, aunque sea similar a la gestión de cualquier condición crónica, requiere algunas consideraciones específicas tanto en la atención individual como en el marco legislativo general. Por ejemplo, la expresión de la enfermedad en esta etapa es heterogénea y puede afectar a múltiples sistemas y órganos al mismo tiempo. Se han observados secuelas pulmonares, hematológicas, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, hepatobiliares, renales, endócrinas, dermatológicas y gastrointestinales.

La evaluación médica debe tener en cuenta esta complejidad clínica ampliando las intervenciones interdisciplinarias para su diagnóstico y tratamiento. También es necesario continuar estudiando los factores que intervienen en la evolución de la enfermedad para lo cual se requiere cooperación y coordinación en la disponibilidad de la información a medida que se va generando.

El COVID Prolongado, a diferencia de la etapa aguda, no parece relacionarse ni con la edad ni con la gravedad de la infección; por lo tanto, la rehabilitación debe estar disponible para trabajadorxs con diagnósticos de COVID-19, independientemente de la gravedad en la etapa aguda. Lxs profesionales de la salud que atiendan a estxs trabajadorxs tendrán que hacer esfuerzos por investigar, registrar los síntomas de una enfermedad aún en desarrollo, así como sus complicaciones y los tratamientos más efectivos.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 357 del año pasado que declaró al COVID-19 como Enfermedad Profesional para trabajadorxs esenciales durante el primer año de la pandemia ha sido fundamental para enfrentarla. Sin embargo, su caducidad a partir de noviembre de 2020, parece responder más a la urgencia del Si.R.T. que a la necesidad de lxs trabajadorxs. No sólo se ha perdido una herramienta que evite la propagación de la enfermedad durante el 2021, sino que se impide alcanzar los objetivos de rehabilitación de la propia ley de Riesgos del Trabajo. Habrá que observar con detenimiento la continuidad de las políticas de pagos y beneficios por la Enfermedad Profesional y los efectos de la gestión del regreso al trabajo por COVID Prolongado sin derechos laborales para su protección.

Lxs trabajadorxs de la salud resultan ser un caso que requiere una consideración especial. Es el colectivo de trabajadorxs que se ha visto afectado de manera desproporcionada por el COVID-19. Y se desconoce si esto puede afectar a una mayor incidencia o gravedad del COVID Prolongado. La pandemia alteró la cantidad de personal de salud disponible para la atención, transformando la gestión cotidiana de recursos humanos en un frágil equilibrio que amenaza con romperse de manera inminente. Por ejemplo, el 36% de las Enfermedades Profesionales reconocidas entre trabajadorxs de la salud se concentró en el rango de edad de 30 a 39 años.

Por lo tanto, el regreso al trabajo post COVID aguda puede ser una política vital para sostener los equipos de salud y la atención a lxs pacientes. La posibilidad de contar con una cobertura por Enfermedad Profesional hasta finales del 2021 es una tranquilidad para los trabajadorxs de la salud, pero parcial e insuficiente. La incorporación definitiva de la COVID-19 al listado de Enfermedades Profesionales parece ser la solución más justa y adecuada.

La efectividad del tratamiento, la recuperación y la rehabilitación laboral, como ocurre con cualquier enfermedad, aumenta con una intervención temprana. Pero se necesita continuar con la investigación respecto a los factores pronósticos del COVID Prolongado: la caracterización de síntomas y relaciones en y entre las fases de la enfermedad; el tratamiento recibido en la fase aguda; características individuales y laborales; el diagnóstico interdisciplinario; la gestión del regreso al trabajo según síntomas, tratamientos y su duración; entre otros.

La epidemiología laboral tiene mucha tarea por delante y no tiene tiempo que perder. Hay que implementar los registros de trabajadorxs, coordinar los sistemas de vigilancia; crear las cohortes de trabajadorxs con COVID-19 para realizar los seguimientos necesarios y desarrollar las investigaciones que nos ayude a comprender esta etapa de la enfermedad.

Los presupuestos para investigación del COVID Prolongado, seguramente más modestos que los anunciados en Estados Unidos, deberán surgir del esfuerzo coordinado y conjunto de distintas instancias estatales y privadas. Sin embargo, las implicancias sobre la fuerza de trabajo y la economía requieren de un Estado que ponga su mirada en el mediano y largo plazo, sosteniendo los esfuerzos colectivos para salir de la pandemia. La investigación sobre COVID Prolongado debe realizarse de manera inmediata, aunque más no sea, porque es un requerimiento silencioso entre quienes lo están padeciendo sin poder nombrarlo.

1. Grupo de Estudios en Salud Ambiental y Laboral (GESAL), Universidad Nacional de Avellaneda.
2. Instituto de Formación, Capacitación e Investigación (IFCI), Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina

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Por Maru Waldhüter

Escucha el informe completo:

Por estos días vimos cómo algunos países comenzaron a distender medidas de restricción ante la pandemia de coronavirus. Es el caso de Israel, que suspendió el uso obligatorio de tapaboca en espacios abiertos, o de Francia, que comenzó un progresivo desconfinamiento debido a la baja de contagios, así como de Estados Unidos, que pudo vacunar a la mitad de la población adulta del país.

Para responder a la pregunta sobre la escasez y distribución de vacunas, Marcha dialogó con Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), organización que pugna por la liberación de las patentes.

Sobre cómo llegamos a la situación actual, la directora ejecutiva de GEP se remontó a comienzo de los años 90’, periodo en el cual el avance de políticas neoliberales a nivel global dieron lugar al reconocimiento de patentes de propiedad intelectual vinculada al comercio para productos farmacéuticos. El convenio fue firmado por todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud y de inmediato se multiplicaron las solicitudes de patentes en todos los países. “Estas patentes otorgan – y esto es muy importante de resaltar – 20 años de exclusividad en el mercado local del que se trate, en el cual solamente el titular de la patente puede producir, usar, comercializar o importar lo que está patentando”, afirmó Di Giano y añadió que, “lamentablemente, la pandemia de covid-19 nos agarra con este sistema de patentes y de monopolios sobre medicamentos, como el modelo de innovación predominante” y deja a los Estados en un rol de mero comprador activo de medicamentos producidos y comercializados con un criterio de precios impuesto por empresas farmacéuticas multinacionales.

Vale señalar que el sector privado cuenta con apoyo económico de los Estados ya que, en muchos casos, la investigación se realiza en universidades o se financian con dinero público diferentes etapas de ensayos clínicos. “En el caso de las vacunas para el covid también sabemos que, durante esa etapa, para poder apuntalar la investigación en los ensayos clínicos y poder tener vacunas lo antes posible los Estados pusieron fondos”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación GEP y se preguntó “hasta qué punto una empresa como esta puede apropiarse de esa tecnología y no permitir o negarse a ser una transferencia de tecnología para que podamos utilizar toda la capacidad que hay instalada o que puede adaptarse fácilmente para producir vacunas en la mayor parte de los países del mundo”.

Para pocxs mucho, para muchxs poco…

Este modelo de innovación monopólico es la explicación a la escasez de vacunas aún en plena pandemia. Los números que aporta Di Giano son contundentes para tomar dimensión de la gestión de la salud en manos del sector privado.

“Diez o quince países se han acopiado con el 80% de la producción de las vacunas que se han podido producir hasta el momento y 130 países del mundo no han recibido si quiera una dosis. A este paso en el nivel de producción, si no se aumenta la escala esos países mayormente países africanos y de Asia de bajos ingresos, se está viendo que hasta el 2024 no van a poder recibir una dosis. Esta es una cuestión que hay que revertir en materia internacional en el marco de la OMC”.

Muy lejos quedó aquella promesa del acuerdo firmado en los años 90’, en el que el reconocimiento de las patentes serviría para incentivar al sector privado a invertir fondos al servicio de la salud. Como era de suponer, el neoliberalismo nunca está a favor de la salud pública y las empresas invirtieron, pero para obtener más ganancias. “Si no se hace transferencia de tecnología vamos a estar muchos años para poder llegar a inocular a toda la población. Mientras tanto el virus, como vemos, avanza en sus variantes y esta ola que estamos pasando en estos días es mucho peor que la anterior”, dice Lorena Di Giano.

¿Quiénes están detrás de las empresas multinacionales que monopolizan la producción farmacéutica?

“El perfil de estas compañías es el formato de una empresa de accionistas, que se debe a sus accionistas, que busca el lucro y, además, cotiza en la bolsa de Nueva York. Mientras más caras son las vacunas o los medicamentos, más suben las acciones y así es el juego especulativo”, comentó la directora ejecutiva de Fundación GEP, quién también recordó que Paul Singer, titular del fondo de inversión Blackrock y acreedor de títulos de la deuda externa argentina es el principal accionista de la empresa que produce el medicamento Remdesivir para el tratamiento del covid-19.

Ante la concentración de los monopolios, la recuperación de la soberanía sanitaria

Sin embargo, este modelo de innovación en el que predominan las patentes no es el único posible. Un ejemplo claro es el de Cuba que, como mencionó Di Giano, ya tiene avanzadas dos vacunas para el covid-19, una de ellas es la denominada “Soberana 02”.

¿Qué lo hace posible? La decisión política de priorizar la salud, la capacitación y la inversión en el desarrollo de tecnologías. “Esto quiere decir que los países pueden adoptar ese mismo modelo, es decir, pueden recuperar la soberanía sanitaria, invertir en el desarrollo de tecnologías médicas y no solamente mantenerse en ese rol de comprador activo de tecnologías caras desarrolladas y producidas por el sector privado que lo único que busca es el lucro en detrimento de la salud”. Tal como lo comunicó el Ministerio de Salud Pública de Cuba, la isla se prepara para la primera campaña de vacunación masiva en su ciudad capital.

Otra alternativa a las multinacionales la ofrece la iniciativa rusa. El Instituto Gamaleya, comentó Di Giano, “presentó su solicitud pero no con fines de explotación comercial si no con fines de lo que llamamos patentes testimoniales, ellos son los dueños, pero no van país por país como hacen las otras compañías multinacionales pidiendo patentes o monopolios por 20 años y luego abusan y presentan precios extorsivos”.

¡Liberen las patentes!

Frente a este escenario, la campaña por la liberación de las patentes pide que los países que se encuentran en ámbito de la Organización Mundial del Comercio voten una propuesta impulsada por India y Sudáfrica que ya cuenta con el apoyo de 57 sponsors y 100 países, entre los que se encuentra Argentina. “Estamos hablando de suspensión de estos derechos de propiedad intelectual o de las patentes sobre las tecnologías para covid y mientras dure la pandemia. Esto está siendo resistido por las empresas multinacionales y los gobiernos que las representan”, es decir, por los 10 o 15 países que concentran la mayor producción de vacunas. “Estamos en un momento crucial, verdaderamente es necesario para poder frenar la pandemia, es crucial que se adopte esta resolución en el marco de la OMC y por eso estamos con la campaña ‘liberen las patentes’, que es una campaña que estamos realizando a nivel global muchas organizaciones de la sociedad civil”.

La actual directora ejecutiva de la OMC es una mujer nigeriana, Pamela Coke-Hamilton. Ella propone, entre las dos posiciones con relación a la liberación de las patentes mientras dure la pandemia, un camino intermedio, es decir, que las empresas adopten de manera voluntaria la posibilidad de ceder tecnología. Di Giano lo compara con el mecanismo Covax, una iniciativa por la Organización Mundial de la Salud que, si bien no tiene competencia en las patentes tiene competencia en salud, propone un sistema solidario y voluntario a las empresas. Sin embargo, la mayoría de las farmacéuticas se negaron a ingresar y, aunque Oxford AstraZeneca lo hizo, cedió tecnología a una sola empresa de la India con un alcance de solo 92 países donde viven 4 mil millones de personas. Una vez más, los números son contundentes: “¿cuántos años vamos a estar para que esas 4 mil millones de personas puedan acceder a la vacuna?”, reflexionó la especialista. Sigamos observando las cifras: “Cuando se comenzó en octubre de 2020 a plantear la posibilidad de esta suspensión, había un millón de muertos a nivel mundial y hoy ya tenemos 3 millones, entonces yo me pregunto cuántas vidas más vamos a necesitar perder”, advirtió la directora de GEP.

Entonces, ¿qué hace falta para liberar las patentes y los monopolios dejen de asfixiar a la mayor parte de la población mundial?

“Este es un tema sumamente político, se define con voluntad política y gestión diplomática a nivel mundial que es la herramienta que tienen los países en estos momentos para poder resolver la situación, porque la suspensión de la propiedad intelectual en materia de vacunas podría aumentar de una manera exponencial la disponibilidad de vacunas, porque podríamos fabricar en las plantas ya instaladas, como así también instalar plantas en aquellos países donde no hay pero que si hay recurso humano para llevar adelante la producción de vacunas. No es verdad que solamente los países ricos y sus empresas pueden desarrollar tecnologías, esto Cuba lo está demostrando”.

Antes que se acabe el mundo se emite todos los jueves de 19 a 20 horas por Trilce Radio, con la conducción de Agustín Bontempo e Ignacio Marchini y la producción de Maru Waldhüter y Macarena Martínez.

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Nuria Barbosa León

En Cuba, la atención médica es justa, equitativa, con alcance para los territorios rurales y alejados, con capacidad para producir medicamentos a partir de la innovación y el talento nacional, y con posibilidades de una prevención efectiva para el cuidado de los grupos vulnerables como niños, embarazadas y ancianos/as.

Experiencias en otras pandemias recientes, causadas por vectores como el dengue, el Zika, el Chicunguña o inducidas por el imperialismo en una guerra bacteriológica, nos ha llevado a desarrollar respuestas rápidas y efectivas para su control y manejo, teniendo como premisa que el estado es el responsable de garantizar los servicios de salud.

Así lo aseguró, Iliana Morales Suárez, Directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública en una disertación magistral en la Universidad de la Habana y aseguró que el país construyó un sistema sanitario centrado en la Atención Primaria de Salud a nivel de comunidad, que conduce al paciente por la red integrada de servicios preventivos, curativos y de rehabilitación.

«La aparición de la Covid 19 no tomó a nuestro gobierno por sorpresa y para salvar vidas, en primer lugar, desde el propio mes de enero comenzaron a adoptarse medidas pertinentes», reconoció la experta y luego dijo que el Plan, aprobado por la máxima dirección del país se sustenta en los siguientes elementos: voluntad política y organización social; acción coordinada del estado para hacer frente a la pandemia; ajuste del sistema de salud pública con preponderancia del consultorio del médico de la familia; la creación de una red de laboratorios diagnósticos; preparación de recursos humanos especializados; capacitación en el manejo de emergencias; trabajo intersectorial con participación comunitaria; y el uso de la ciencia como herramienta para la toma de decisiones.

Ese plan se ha perfeccionado constantemente, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y las mejores experiencias internacionales en el abordaje de la enfermedad, y a partir del 20 de marzo último, el gobierno decidió reforzar la aplicación de las medidas, entre ellas el cierre de fronteras; las escuelas y el transporte público. Además aplicó medidas para asegurar el distanciamiento físico y social.

 A ello se suma la búsqueda constante de casos y la manera de aplicar los protocolos médicos para impedir el colapso de los servicios bajo el principio de evitar que la población enferme, pero si ello ocurre, vigilar que no se agrave y si llegan a esta condición luchar porque no mueran.

«Esenciales en nuestro Plan sanitario han sido la vigilancia activa en todos los estadios epidemiológicos; la articulación de las acciones intersectoriales, transdisciplinarias y preventivas; la inmediatez en los análisis y la toma de decisiones; el tratamiento individualizado de los pacientes y el abordaje a sus comorbilidades; así como el seguimiento continuo a los convalecientes», enfatizó Morales Suárez.

Por último acentuó que con satisfacción divulgamos al mundo que el sistema de salud cubano no tuvo necesidad de desplegar todas sus capacidades diseñadas, utilizándose sólo una parte de las previstas, lo cual permitió garantizar el derecho a la atención médica a todos los enfermos de Covid 19 con sólo un 4% del total de los diagnosticados reportados de graves y críticos, mientras la letalidad alcanzó sólo un 1.5%.

Para ella el derecho a la salud está vinculado directamente con la dignidad y el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades, así como el crecimiento económico y social, por tanto a pesar de una letal pandemia Cuba pudo cumplir con una meta de la humanidad basada en la garantía al derecho de la salud.

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Nuria Barbosa León

Además afirmaron que 700 investigaciones y 16 ensayos clínicos, con 13 bioproductos se encuentran en proceso de ejecución, incluido dos vacunas, algo también corroborado por el doctor en Ciencias Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial BioCubaFarma, organismo encargado de la elaboración, producción y comercialización de medicamentos. 

El directivo reafirmó que la mayor isla del Caribe tiene gran experiencia en el desarrollo y producción de vacunas, con la fabricación de ocho de las 11 incluidas en el programa ampliado de inmunización, que ha permitido una cobertura de inmunizaciónn en el país superior al 98 %, con impacto significativo en la eliminación de varias enfermedades infecciosas y la reducción de la tasa de incidencias de otras.

La  vacuna antimeningocócica BC, para el control de la meningitis tipo B abrió este desarrollo de antígenos y luego recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Otro ejemplo es la vacuna recombinante contra la hepatitis b, que permitió hacer desaparecer la enfermedad porque desde el 2000 no se reportan casos de niños menores de cinco años infectados con el virus de la Hepatitis b. 

En el caso de las vacunas contra la Covid 19, desde el mismo momento en que aparece la enfermedad, los científicos cubanos hicieron propuestas contando con el Centro de Investigación y Desarrollo chino-cubano que tenemos en Yonzhov, provincia Hunang, en China. 

Igualmente se activó las comisiones de los consejos científicos del Instituto Finlay de Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, instituciones con larga experiencia en los temas de vacunas. Además se creó un grupo de trabajo al cual se integró un núcleo de instituciones de BioCubaFarma, entre ellos, el Centro de Inmunología Molecular (CIM), el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), el Centro de Inmunoensayo (CIE) y el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (Cenpalab). 

Todos cuentan con el especial acompañamiento del Ministerio de Salud Pública, incluido el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.  “La estrategia fue diseñar múltiples variantes basadas en las plataformas tecnológicas propias. Se ha trabajado con intensidad y, como es lógico, hay algunas que fueron descartándose en el camino, y otras que están teniendo muy buenos resultados. Una de ellas es Soberana 1, actualmente en ensayos clínicos.  Antes de finalizar 2020, es muy probable que tengamos, al menos, otros dos candidatos vacunales evaluándose en humanos”, explicó Martínez Díaz al periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

A la par, Cuba garantiza la producción nacional de 22 medicamentos que se utilizan para enfrentar la Covid-19, así lo divulgó en su cuenta de twitter Carlos Fidel Martín, jefe de la dirección de organismos económicos internacionales del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

En  la isla caribeña se produce el reconocido Interferón Alfa 2B Humano Recombinante, para elevar las defensa en los organismos contagiados y puedan reducir las complicaciones en los pacientes, evitando acudir a los tratamientos invasivos de las salas de terapias intensivas.

Otro fármaco es la Biomodulina T, inmunomodulador biológico de origen natural para el tratamiento de afecciones respiratorias administrado a los adultos mayores en hogares de ancianos, centros psicopedagógicos, hospitales psiquiátricos, centros de aislamiento y de protección social. 

El Nasalferón, administrado por vía nasal potencia la respuesta inmune del organismo, y cumple funciones de profilaxis y aminora los posibles síntomas de la enfermedad. Sumamos a esta lista el anticuerpo monoclonal Itolizumab, con resultados alentadores en la aplicación precoz a casos confirmados, y en aquellos pacientes que llegan incluso a la gravedad.

También se incorporan el péptido Jusvinza, conocido por CIGB 258 y el Hebertrans, un factor de transferencia utilizado para la prevención de la infección en grupos de riesgos que tuvieran una evolución desfavorable.

Por tales razones, el presidente cubano al reunirse recientemente con los científicos afirmó: “Cuando uno ve así de golpe, como lo hemos visto en esta sesión de trabajo, tantos resultados concentrados, uno siente tanto orgullo de la ciencia cubana y de su aporte, sobre todo en momentos como este en el que hemos tenido que enfrentar un problema tan complejo, que ha sido un momento crítico en la vida del país”.

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Por Gabriel Casas

Hola, Ángel.

¿Cómo estás, después de tanto tiempo sin comunicarnos por esta vía?

Esta pandemia nos ha tomado de sorpresa a todas y todos, y uno la va llevando como puede sin arriesgarse, cuidándose y cuidando a los seres queridos. Solo me permito salidas los fines de semana para ir a visitar a mi hija y a mi hijo. Por suerte, sigo dando clases virtuales para Éter de periodismo deportivo y eso hace que pueda estar mejor que una gran mayoría de las personas de nuestra querida Argentina. Con sólo ver las cifras alarmantes de pobreza, indigencia y desocupación, es un dolor mayor y el máximo es el de la cantidad de personas que mueren por el Covid-19 y el dolor inmenso de sus familias, amigos, etc.

Bueno, no me quiero extender con el tema de la pandemia porque en Marcha, otras compañeras y otros compañeros llevan la información al día y en especial haciendo hincapié en los y las más necesitados. Sólo agregar que, como docente, me parece una locura que se insista mucho desde el gobierno de CABA con el regreso de las clases presenciales. Dieron ejemplos de cómo podía ser, algunos insólitos o irrisorios. Sé lo que implica dar clases y la responsabilidad que llevan las mismas. Además, que l@s docentes siguieron dando clases virtuales. Que tuvieron que aprender otras herramientas. Que no entiendan que l@s docentes somos l@s que más queremos volver a las clases presenciales. Pero con una propuesta y protocolo en serio, cuidando a toda la comunidad educativa. Y en especial, a las y los alumnos. No con mensajes para la tribuna, haciendo política con la educación.

Bueno, ya me descargué, y quisiera que cambiemos opiniones sobre lo que más nos apasiona. El fútbol. Y la importancia de que en este tiempo aciago, nos distrae apenas un poco de la realidad diaria.

Al volver las eliminatorias sudamericanas, me surgió inmediatamente analizar algo sobre la Selección Argentina como equipo en esta renovación que ya llegó para quedarse y que ya tiene sobre el lomo una Copa América. Y si bien, ante Ecuador, lo único para rescatar fue el resultado, tengo deseos con esta nueva generación y su ayuda a Messi.

Deseo que la Selección juegue bien al fútbol. Deseo ver que busque los caminos hacia el triunfo por ambición ofensiva, por sociedades entre sus jugadores más talentosos, por presionar para recuperar la pelota (cuando no la tenga, obvio) y que después se la entreguen al pie siempre a un compañero. Deseo que en el mediocampo, además de tocar, en algún momento salga ese pase puñalada que desarme a la defensa rival. Deseo ver a un equipo veloz, pero no apurado. Deseo ver a una defensa que intente salir jugando, pero sin irse al extremo al respecto. Porque eso, le dará chances al rival ante el mínimo error. Deseo que no haya pelotazos sin sentidos. Deseo que los futbolistas sepan jugar con y sin pelota. Sepan leer el juego y los momentos para herir a su oponente.

Deseo que la Argentina siga ganando, pero no de cualquiera manera. La idea y la forma para llegar al triunfo deberían ser innegociables para una camiseta con tanta historia. Hay una identidad futbolística que la tienen en el gen la mayoría de los argentinos. Hay que respetarla y hacer que los rivales de turno también la respeten. Guapo es el que juega, pide siempre la pelota, gambetea, usa el engaño para su habilidad e inventa. No lo es el que pega, grita, se tira al suelo a raspar o se hace el malo. Eso es tribunear.

Y deseo también ver lo más cercano a la mejor versión de Messi. Pero deseo ver a un equipo que juegue sin sentirse dependiente de Messi. Es difícil abstraerse a su imán, pero si sus compañeros entienden que eso es lo mejor para el equipo, el propio Messi estará contento con ellos.

Un equipo, no un solo nombre por más crack que sea. “Orden para la aventura”, como decía el Flaco Menotti a sus dirigidos.

El abrazo de siempre,

Gabriel.

Me alegro, Gabriel, de poder reencontrarnos para dialogar, aunque sea brevemente,  sobre las cuestiones que nos preocupan.

Empiezo por la pandemia. Este virus ha puesto en evidencia algunas cosas importantes para reflexionar. La primera que se me ocurre es el porqué de la aparición de estos virus y pandemias, y según he leído en informes de científicos, médicos y ecologistas, se trata de una consecuencia del capitalismo actual que no repara en destruir la naturaleza y el medio ambiente para seguir acumulando riquezas. Y eso alteró el ritmo propio de la naturaleza, generando traslados y movimientos de animales hacia lugares inapropiados e inhabituales, portadores de virus que transmiten a los humanos. Es decir, no es una fatalidad del destino. Acordate de que George Bush, cuando fue consultado sobre por qué Estados Unidos no había firmado el tratado de Kioto para reducir la emisión de gases contaminantes, dijo que no lo había hecho porque “no se puede parar la economía”. O sea, se puede destruir el planeta y causar enfermedades y muertes pero no se puede “parar la economía”.

Ese, por otra parte, es el pensamiento motor del liberalismo económico. Según leí y no hay por qué dudar, Macri le dijo a Alberto Fernández que “se mueran los que tienen que morir”, pero la economía debe seguir adelante.

Y este es otro tema para recapacitar. Ya lo sabemos, pero ahora es tan evidente que no creo que haya alguien que lo dude: para el capitalismo, es más importante la ganancia que la salud.

A propósito, lo que resulta llamativo por lo insólito es que haya gente que se manifieste contra el uso de barbijos, contra los confinamientos y, en general, contra las únicas medidas posibles para evitar los contagios.

O que haya en Argentina manifestaciones con gente gritando: “viva la propiedad privada” en defensa de una empresa tan depredadora y tramposa como Vicentín, que le robó al Estado miles de millones según revelaciones del mismo presidente del Banco de la Nación, Claudio Lozano.

Acá en Madrid ocurre más o menos lo mismo, por lo que puede sospecharse que hay cierta coordinación del neofascismo internacional. El otro día, en una manifestación por la calle Serrano, donde viven los gorilas más refinados y agresivos, hubo gritos como “Viva Hitler, mueran los demócratas”. No ya una agresión contra los comunistas o los izquierdistas, como es habitual, sino directamente contra los demócratas.

Esto conduce a una nueva reflexión: ¿Qué pasa con las izquierdas? Pasa que han abandonado, hemos, el trabajo de base. Se han convertido en partidos políticos dedicados exclusivamente al aspecto electoral. Y cuando están en el gobierno, toman medidas destinadas mucho más a no enojar a los dueños del circo que a favorecer a la clase trabajadora. Por lo tanto, contribuyen activamente al abandono de las bases.

Yo creo que no es cuestión de ponerse en el lugar de los opositores a los gobiernos progresistas (aunque sean, como son, tan tibios y leves que no hay por dónde apoyarlos). Me parece que no tenemos otro remedio que apoyar lo menos malo, porque de lo contrario aparecería el neofascismo con toda su furia de clase y sería mucho peor. Pero tampoco se trata de ser incondicional, sino de ser crítico y de exigir que se anime a dar pasos en favor de las clases populares. Se trata de organizar las bases para tomar conciencia colectiva de la situación y luchar por los derechos que quieren arrebatarnos. Llenar las calles exigiendo justicia. Somos muchos más que esas minorías fascistoides que no soportan la democracia y, mucho menos, que el pueblo asuma el protagonismo que le corresponde.

Esto da para mucho más, Gabriel, pero paso al fútbol.

Argentina no jugó bien, pero ganó bien frente a Ecuador. Con un fútbol de poca imaginación y creatividad. Mucha lucha, mucha voluntad, que es importante como complemento, pero lejos de lo que aspiramos de nuestra Selección. Hay atenuantes y muy importantes. No se puede jugar con un solo entrenamiento y pensar en un equipo armónico con un funcionamiento definido.

Y lo que a mí me resulta más preocupante es el nivel de nuestros jugadores. No son malos jugadores, por supuesto, pero si pensamos en algunos de los que integraban la selección en tiempos no muy lejanos, nos damos cuenta de la gran diferencia. Te pregunto qué jugador de los actuales, salvo Messi, por supuesto, jugaría en la Selección del 78, en la del 86, en la del Coco del mundial de Estados Unidos, ¿en el juvenil del 79? Ya sé la respuesta: ninguno.

No quiero faltarle el respeto a los muchachos que juegan actualmente en la Selección. Son buenos jugadores y demuestran un gran compromiso con el equipo. Lo que pretendo decir es que hay un déficit importante en la formación de los jugadores nuestros. Se abandonó la pelota como fundamento de este juego y de la preparación de los futbolistas, para darle lugar al cuidado de los músculos y de la mecanización en desmedro de la capacidad de decisión. Forman jugadores obedientes y tácticos, no los dejan pensar ni jugar. Entonces, poco a poco, han ido desapareciendo jugadores como Barbas, Ardiles, Jota Jota López, Kempes, Alonso, Bochini, Brindisi, Passarella, Burruchaga, el Negro Enrique, Redondo, Batista, Latorre, Olguín, Riquelme, Aimar, el Mago Capria y tantos otros representantes auténticos de nuestra cultura futbolística. Y, a su vez, quedó en el olvido el concepto básico más importante del fútbol (y de cualquier juego): el engaño. Todo o casi todo lo que se hace es previsible. A lo sumo, correcto.

Sin embargo, todavía quedan algunos jugadores de ese estilo. Por ejemplo, Lo Celso, Dybala, Martínez Quartas. A estos sería bueno cuidarlos y que sean el eje de la Selección, como creo que así son considerados. “No todo está perdido…”, como cantaba la Negra Sosa.

Bueno, Gabriel, para ser un reencuentro no estuvo tan mal, ¿no?

Un abrazo, cuidate, porque el capitalismo no lo hace ni lo hará. La seguimos cuando quieras,

Ángel Cappa.

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Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

La historia de las masacres de población civil en Colombia es de larga data y está muy bien documentada. Desde hace décadas se extermina de forma sistemática a quien se interponga a los grupos paramilitares en su estrategia de ocupación del territorio. También se llevó a cabo el genocidio de toda una fuerza política, la izquierdista Unión Patriótica, con más de 4.000 militantes asesinados por paramilitares. Hubo también masacres causadas por la guerrilla en su disputa con los grupos paramilitares por el control del territorio. Y el Ejército ha eliminado de forma aleatoria a una parte de la juventud rural, como se ha documentado en las masacres de los llamados “falsos positivos”, civiles sin ningún nexo político, fusilados por el ejército para abultar la cifra de “guerrilleros” exterminados en supuestos enfrentamientos.

Otras masacres y asesinatos son más recientes, posteriores al proceso de paz con las FARC. En estos casos, la desmovilización de la guerrilla no fue acompañada por la presencia del estado en el territorio, lo que permitió el avance de las llamadas autodefensas (grupos paramilitares financiados por terratenientes y narcotraficantes) que están asesinando de forma sistemática a los ex miembros de la guerrilla que dejaron las armas y se integraron a la vida política. Estos asesinatos selectivos ya alcanzaron a 200 ex miembros de las FARC desde 2016, la mayor parte durante el actual gobierno de Iván Duque. A los que se suman más de 500 dirigentes sociales asesinados. Los grupos paramilitares siguen avanzando en la ocupación del territorio y ya tienen presencia en el 90 % del país.

El plan Colombia y la militarización

Han transcurrido más de dos décadas desde que se lanzó el llamado Plan Colombia (2000), que dio impulso a un terrorismo de estado preexistente, pero que pasó a ser instigado, armado y arropado políticamente por Estados Unidos. Este plan, diseñado supuestamente para acabar con el narcotráfico, supuso una enorme inversión de 11.000 millones de dólares del gobierno estadounidense en equipamiento y entrenamiento de las fuerzas armadas colombianas, con el fin real de capacitarlas en contrainsurgencia para acabar con la guerrilla. Colombia se ha convertido desde entonces en el tercer receptor mundial de ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto, y en su territorio se instalaron nueve bases militares estadounidenses. Colombia también fue el primer país latinoamericano que estableció una relación oficial con la OTAN, en 2008, con acuerdos de colaboración en cuestiones de seguridad marítima, narcotráfico y -paradójicamente- sus vínculos con organizaciones criminales.

El ex presidente Álvaro Uribe, que llegó al gobierno en 2002, fue el principal artífice de la estrategia antisubversiva alentada desde Washington por el no menos belicista presidente George W. Bush, que sumó así un frente americano a su guerra contra el terror. Pero a pesar de tanto apoyo exterior, el plan Colombia no consiguió la derrota de la insurgencia, que recién abandonó las armas tras el proceso de paz negociado en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe.

En el transcurso de las conversaciones de paz con la guerrilla, Uribe quiso imponer sus condiciones al gobierno de Santos, que equivalían a exigir el reconocimiento de una derrota de las fuerzas insurgentes. Santos se mantuvo firme en defender los acuerdos ya firmados con los dirigentes de las FARC, y Uribe forzó la convocatoria de un plebiscito en 2016, lideró la campaña por el “NO” y consiguió ganarlo por estrecho margen de votos. Un amplio sector de la sociedad colombiana decidió votar entonces por la opción política que representaba continuar la guerra bajo el disfraz de la Seguridad.

La aceleración de las masacres

Iván Duque, el candidato del Centro Democrático impulsado por Uribe para reagrupar a las derechas tradicionales, ganó las elecciones presidenciales de 2018. Estas elecciones fueron muy disputadas por el empuje del principal candidato de la izquierda, Gustavo Petro, de Colombia Humana. Petro ganó en primera vuelta, pero perdió frente a la coalición de la derecha en la elección final. Aun así, el ascenso electoral de la izquierda incentivó el accionar de los escuadrones de la muerte, que tras el ascenso de Duque reanudaron las masacres y se reactivó la disputa por el control del territorio.

Las masacres fueron habituales en Colombia durante la década de 2000. En 2010 se notificaron 38 masacres. En años posteriores este número fue decreciendo, hasta llegar por única vez a cero en 2016, año de la firma de los acuerdos de paz y del plebiscito que los impugnó. A partir de entonces los asesinatos en masa vuelven a remontar año tras año, con un gran incremento durante los dos años de gobierno de Iván Duque.

El escritor y actual senador Gustavo Bolívar, aliado político de Colombia Humana (sin pasado en ninguna guerrilla), resume así la escalada del terrorismo de estado durante lo que va del gobierno de Iván Duque. En los primeros seis meses “fueron asesinados 46 indígenas, 106 líderes sociales y más de 50 excombatientes de las FARC y se perpetraron 29 masacres […] En 2019 hubo 29 masacres […] También fueron asesinados 66 indígenas. En 2020 han asesinado 128 líderes sociales y se han cometido 43 masacres. A hoy, 22 de agosto de 2020, desde la posesión de Iván Duque, han sido asesinados 435 líderes sociales, 197 indígenas y 197 excombatientes de las FARC”. Se han perpetrado 105 masacres, tres en las últimas 24 horas”.¹

Escalofriante. No hay que perder esta perspectiva para entender lo que ocurre ahora, en medio de la pandemia, donde todas las poblaciones rurales están confinadas por razones de salud y los únicos que campan a sus anchas son los grupos irregulares armados.

La comunicación gubernamental sobre supuestos causantes de las masacres se refiere siempre a “disidencias de las FARC”, “miembros del ELN” o “narcos”. En el caso de una reciente masacre en Samaniego, una localidad de valor estratégico para las fuerzas irregulares, se intentó burdamente simular la autoría del ELN mediante pintadas en su nombre que amenazaban con matar a la gente por no respetar la cuarentena. Algunos medios alegaron que, a falta de autoridad del estado en el territorio, los grupos rebeldes se tomaban estas prerrogativas. La organización guerrillera desmintió su autoría de la matanza.

Ni siquiera el Ejército colombiano atribuye estas matanzas a las guerrillas izquierdistas. El ministro de Defensa, general Carlos Holmes, afirma que el principal enemigo de la paz es el narcotráfico, al que señala como culpable de las recientes masacres. Lo dijo como si no hubiera ninguna relación entre las bandas paramilitares y los narcos. Después de culpar genéricamente al narcotráfico el general Holmes anunció que como respuesta a las masacres el ejército está listo para retomar la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca. Esta es una práctica devastadora que empezó en 2001, con el Plan Colombia, y que en 2015 fue interrumpida durante el gobierno de Santos, ante informes contrarios de la OMS que pidió su suspensión; la veda se mantuvo tras un dictamen de la Corte Constitucional de 2017. Además, la fumigación aérea está contraindicada en los acuerdos de paz. Pero la amenaza de las fumigaciones volvió con el gobierno de Duque. Su ministro de Defensa asegura que ante la multiplicación de las masacres “hay que considerar la aspersión como un asunto de seguridad nacional”. Y aclara: “En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país”.²

Mientras tanto las comunidades indígenas, que ya sufren desplazamientos y el despojo de sus tierras por efecto de la violencia, consideran que con el glifosato se abren las puertas a la guerra y a la muerte. Miladi Morales, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asegura: “La política antidrogas en Colombia ha fracasado, y muestra de ello son las falencias en la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz. Las fumigaciones lo que hacen es profundizar las problemáticas ya existentes en los territorios”.

Así pues, la población pide auxilio al gobierno ante las masacres que cometen criminales con ramificaciones en las fuerzas armadas, y la solución que brinda el ejército consiste en sofocar desde el aire con glifosato a esa población campesina, envenenando sus tierras y sus fuentes de agua, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

El trasfondo actual de la violencia

El ahora ex senador Álvaro Uribe está en el foco de todas las miradas por la ola de masacres que sacude al país. No en vano se fueron acrecentando las sospechas de su implicación en el desarrollo de esas bandas criminales. Las desgracias de Uribe empezaron en 2014, durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda (del Polo Democrático Alternativo) lo acusó de haber fundado, junto a su hermano Santiago Uribe, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles. Uribe inició un juicio contra el senador opositor, acusándolo de haber comprado el testimonio de miembros de grupos paramilitares que estaban en la cárcel. Pero en 2018 Cepeda fue absuelto y el acusador pasó a ser investigado por el mismo tribunal, tras comprobarse que su abogado sí había comprado la retractación de algunos paramilitares detenidos. La Corte Suprema abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. El 4 de agosto quedó en prisión domiciliaria, si bien confortablemente alojado en una finca de su propiedad de 1.500 hectáreas en Antioquia. El mensaje de Uribe para sus seguidores consistió en proclamar que la Corte Suprema de Justicia es ahora una “aliada de las FARC”. A raíz de este episodio, los uribistas iniciaron una campaña para reformar la Constitución colombiana con el fin de controlar mejor el poder judicial.

La situación judicial de Álvaro Uribe se agravó dos semanas más tarde. El 23 de agosto la Corte Suprema retomó otra causa iniciada en su contra en 2000 y que permanecía congelada. En esta segunda causa se lo acusa entre otros cargos de inacción ante las matanzas cometidas por paramilitares en 1997, cuando era gobernador de Antioquia.³ El jefe político de la extrema derecha colombiana deberá responder aquí “por hechos relacionados con los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos, declarados como Crímenes de Lesa Humanidad por la Sala de Casación Penal”. Este caso corresponde a una masacre perpetrada por un grupo paramilitar en el municipio de Ituango, pero la Corte anticipa que tiene competencias para tramitar la investigación sobre otras masacres de esa época, cuyos emplazamientos precisa.

Al mismo tiempo, la situación política, sanitaria y de seguridad se complica día a día en Colombia. Aprovechando el momento en que las comunidades están a la defensiva por la covid19 y que la ausencia del estado es mayor de la habitual, los grupos paramilitares e irregulares están perpetrando una escalada de masacres devastadora. El lunes 10 de agosto, dos niños fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas cuando se desplazaban por zonas rurales de Nariño para ir a la escuela. El martes 11 de agosto cinco niños afrodescendientes aparecieron degollados en las afueras de Cali, en el Valle del Cauca, una de las regiones más castigadas por las bandas criminales. Según el testimonio directo de algunos familiares los asesinos contaron con complicidad policial. Pocos días después, el 15 de agosto, se produjo la matanza de nueve jóvenes universitarios en Nariño, fusilados en el transcurso de una reunión en el exterior de una casa, después de identificarlos. Dos días más tarde fue el asesinato de tres jóvenes de la etnia Awá en Ricaurte (Nariño). Y a los pocos días, el 22 de agosto, se conocieron tres nuevas masacres perpetradas el mismo día: seis jóvenes torturados y asesinados en Tambo (Cauca), cinco muertes más en la zona rural de Arauca y otros seis jóvenes asesinados en Tumaco (Nariño). Más de 30 personas masacradas en menos de dos semanas, y estos son los casos reportados fehacientemente, a los que cabe añadir muchas otras denuncias por desapariciones.

En los días siguientes se notifican nuevas masacres, asesinatos y secuestros: el 23 de agosto tres jóvenes fueron masacrados en Venecia, Antioquia. El 24 de agosto el gobernador de Arauca denunció el secuestro de dos jóvenes abogados, interceptados por varios individuos fuertemente armados. El 25 de agosto aparecen tres hombres masacrados en una zona rural Ábrego, Norte de Santander. El 26 de agosto asesinan a la lideresa social Rita Bayona, de Santa Marta. Y así día a día, metódicamente, la maquinaria siniestra del terror paramilitar va devastando a la población colombiana.

El gobierno de Iván Duque culpa genéricamente de estos hechos al narcotráfico y asegura que llamarlos masacres es inapropiado, se trataría de ‘homicidios colectivos’. Hasta ese punto llega su cinismo. Esta expresión es la que se utiliza en los comunicados oficiales.

A muchos colombianos les parece sospechoso que esta terrible sucesión de masacres se produzca inmediatamente después de decretarse la prisión domiciliaria para el ex presidente Álvaro Uribe por una de las muchas causas en las que está procesado, por sus vínculos con grupos paramilitares, delitos de lesa humanidad y narcotráfico, entre otras imputaciones.

Uribe fue elegido presidente de Colombia en 2002 con gran respaldo popular y ejerció el cargo por dos mandatos consecutivos. Al concluir el segundo mandato siguió liderando su partido y controlando la política colombiana entre bastidores, digitando las candidaturas de sus sucesores a la presidencia, primero de su ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y luego del actual presidente Iván Duque.

El regreso del uribismo en la persona de Duque supuso la cooptación de los organismos del estado y en particular de las fuerzas armadas para un proyecto político opuesto a construir la paz. Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, lo explica en estos términos: “Lo peor que le pudo pasar a las Fuerzas Militares fue haber sido cooptadas por el uribismo […] No podemos esperar que un Gobierno que está comprometido con la reactivación de la guerra y con impedir la implementación del Acuerdo de Paz, le vaya a pedir a las Fuerzas Militares que actúen en contra de sus propios propósitos”. Yepes considera que en las últimas semanas se ha visto “una estrategia por llevar el caos y la violencia a todo el país, para generar una sensación de incertidumbre y de inseguridad” dirigida a “justificar una constituyente, una reforma de la justicia y replantear completamente el orden jurídico establecido”.⁴

Iván Duque se mostró siempre complaciente con su mentor y ahora se muestra indignado con la decisión de la Corte Suprema de dejarlo en prisión domiciliaria. También se sumó a la defensa de Uribe el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien reclamó su puesta en libertad defendiéndolo como un “héroe”. Al mismo tiempo, el senador Iván Cepeda denunció haber recibido amenazas de muerte. Así consta en una carta que cuatro parlamentarios alemanes dirigieron al presidente Duque el 25 de agosto: “Las amenazas de muerte contra el senador Cepeda parecen estar directamente relacionadas con la detención y el proceso penal contra el ex presidente Alvaro Uribe”.

Entre tanto, el gobierno colombiano mantiene su negativa a cualquier pacto que favorezca la paz. En respuesta al pedido de Naciones Unidas de cesar todas las hostilidades durante la pandemia, el ELN emitió un comunicado el 7 de julio proponiendo un cese del fuego bilateral durante 90 días. El gobierno de Iván Duque rechazó esta propuesta mediante un mensaje publicado en Twitter.

La naturalización del exterminio social

Durante este mes de agosto y en lo peor de la pandemia, en menos de dos semanas se produjeron en Colombia siete masacres, una cada dos días, en su mayor parte contra población afrodescendiente, indígena y campesina. Alberto Yepes asegura que no hay voluntad del gobierno de desmontar las estructuras paramilitares. Por el contrario, constata que “a lo largo y ancho del país se denuncia por parte de las organizaciones sociales y las comunidades la connivencia que existe entre agentes del Estado y paramilitares”.

Las masacres tienen especial impacto en la población indígena. Entre los más afectados por la violencia están los integrantes de la comunidad Awá, en Nariño. El diariodelsur.com.co indica (en su edición del 20 de agosto) que 14 miembros de esta etnia fueron asesinados en el marco de la pandemia de Covid-19. El diario documenta los asesinatos e informa de atentados contra la vida de otros líderes Awá, incluido un ex gobernador.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lleva registradas hasta 1.200 violaciones de los derechos humanos contra el pueblo Awá en Nariño: “En los dos años de mandato del presidente Duque constatamos con extrema preocupación cómo los grupos armados ilegales han exacerbado la barbarie en contra de las comunidades y en especial contra los pueblos indígenas”. La ONIC ha advertido que estos sucesos ocurren en medio de un conflicto en el que intervienen “quince grupos al margen de la ley”, incluidas las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el E-30 Franco Benavides, Los Nuevos Delincuentes, La Gente del Nuevo Orden, Los Contadores, el Clan del Golfo, los Cuyes, los de Sabalo y La Empresa, además de las disidencias de las FARC y el ELN. Todos estos grupos se disputan el territorio y el control sobre los cultivos en las zonas rurales.

Darío Monsalve, arzobispo de Cali, hizo a comienzos de julio una valoración política que produjo una reacción airada en su contra de la jerarquía eclesial. Dijo, entre otras cosas: “Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno Santos que vislumbró estos procesos [de paz], un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenían o tienen influencia las organizaciones subversivas”.⁵

Darío Monsalve conoce a fondo la sociedad y la política colombianas. Su mirada va más allá de los partidos y diseca las formas de segregación social que adquieren tintes patológicos: “En Colombia persiste una mentalidad -desde los tiempos de Pablo Escobar- de ‘limpieza social’ o de lo que yo he llamado ‘genocidio generacional’ entre los más pobres”. “A los jóvenes que adoptan esa forma de tribus o de pandillas urbanas, la sociedad piensa que no hay salida con ellos y que hay que echarles los ‘escuadrones de la muerte’, porque lo único que queda es matarlos o convertirlos en asesinatos ecológicos o en muertes con sentido social”.

Monsalve sacude la conciencia de los colombianos al insinuar que detrás del respaldo en las urnas brindado a Uribe y a Duque anida el huevo de la serpiente de la complacencia con las masacres: “El país tiene metida una conciencia de asesinatos que en realidad es genocidio”, asegura.

Visibilizar el genocidio

Cuando (una parte de) la sociedad colombiana consiente y a veces alienta los “asesinatos ecológicos”, pocos cambios cabe esperar a corto plazo en la construcción de la paz. Pero el mundo no puede quedarse impávido ante estas atrocidades. Es preciso poner freno a las masacres a través de la presión exterior.

En toda Europa, pero principalmente en España, hubo estos días un penoso apagón informativo sobre las masacres en Colombia, algo que, por otra parte, no es nuevo. Los medios de comunicación parecen estar desinformados al respecto. No debería ser así, porque importantes grupos de comunicación españoles controlan grandes medios de comunicación en Colombia y por tanto tienen acceso directo a estas noticias. La influencia de empresas españolas en los medios de comunicación colombianos de mayor audiencia, como es el caso del grupo PRISA en la cadena Caracol, o del grupo Planeta en el diario El Tiempo, sugiere que la información / desinformación que ofrecen esos medios pasa siempre por el tamiz de los intereses de las grandes empresas españolas que los controlan. Hay sin embargo una indiferencia absoluta por lo que ocurre en Colombia en la prensa, la radio y la televisión españolas, cuyas únicas coberturas del exterior fueron en estos días las marchas opositoras en Bielorrusia y el supuesto envenenamiento de un político ruso. El mundo circunscrito al ombligo de Europa, que por razones de conveniencia política ahora se extiende hasta su frontera oriental.

Las masacres también son invisibles para las autoridades europeas de política exterior, siempre tan beligerantes por los derechos humanos en la fronteriza Venezuela y tan insistentes en presentar a Colombia como modelo de democracia.

El pasado 25 de junio más de 40 organizaciones sociales -líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y excombatientes- iniciaron una Marcha por la Dignidad desde Popayán, capital del Cauca, y otras regiones muy castigadas por las masacres y los asesinatos selectivos, que confluyó en Bogotá el 10 de julio. Los manifestantes retomaron las demandas del paro Cívico Nacional de noviembre de 2019 y clamaron por justicia, al grito de “Nos están matando”. En su recorrido fueron acosados por la fuerza pública y pidieron “acompañamiento, apoyo y respaldo a organismos y organizaciones internacionales” en sus reclamaciones al Estado colombiano para “visibilizar y alzar la voz frente a las violaciones de derechos humanos”.⁶

En Colombia los grupos paramilitares y sus aliados en la política y en las fuerzas de seguridad están perpetrando un nuevo genocidio. #SOSColombia es una de las tantas etiquetas que convocan en redes sociales a repudiar las masacres y exigir justicia. No se trata de las ‘compensaciones’ que ofrece el gobierno para esconder los cadáveres bajo la alfombra. Las comunidades agredidas exigen justicia y reparación, recuperación del territorio y una nueva cultura de la paz. Es vital alzar la voz para defender estos derechos universales también desde el exterior.

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Por David M. K. Sheinin* y César R. Torres**

En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 interrumpió repentinamente las temporadas de dos de las grandes ligas deportivas profesionales norteamericanas (la National Basketball Association [NBA] y la National Hockey League [NHL]), ambas empezaron a planificar su reactivación. Sus dirigentes urdían escenarios posibles mientras que los pronósticos epidemiológicos, políticos y económicos cambiaban diariamente. Por el contrario, los directivos de la Major League Baseball (MLB) y de la National Football League (NFL) no sintieron la urgencia de la NHL o de la NBA, ya que afortunadamente, desde su punto de vista, esos deportes estaban fuera de temporada.

A fines de julio, la MLB comenzó una temporada más corta que la habitual de solo sesenta partidos por equipo. En agosto, la NBA y la NHL lanzaron una liguilla modificada para finalizar la temporada interrumpida en marzo, y la NFL abrió sus campos de entrenamiento para la temporada que empieza en septiembre. Mientras que cada liga deportiva anunció precauciones para evitar la transmisión del virus, sus planes de reactivación y sus resultados han sido disímiles. La NBA y la NHL han registrado muy pocos casos de COVID-19 entre sus cientos de jugadores, entrenadores, árbitros y demás personal. Por otro lado, la MLB y la NFL no han sido tan exitosas. Cada día hay nuevos contagios y casos de comportamientos peligrosos e irresponsables de parte de los jugadores.

La consecuencia ha sido partidos cancelados en la MLB, jugadores que han decidido no jugar este año para no arriesgar su salud y mucha incertidumbre. A primera vista, la diferencia entre éxito y fracaso en el control del virus radica en la estrategia de la NHL y de la NBA de aislar a todos los equipos y sus séquitos (sin familiares) en una burbuja, sin contacto con el exterior y la ausencia de esa estrategia en la MLB y la NFL. Sin embargo, las estrategias de las ligas deportivas y sus repercusiones reflejan políticas nacionales, culturas organizativas y acercamientos al negocio del deporte con notables diferencias, anteriores a la aparición del COVID-19. Representan también resultados, hasta cierto punto, previsibles. Todo esto es particularmente relevante en un año electoral clave en Estados Unidos.

La urgencia del negocio

Desde hace cuatro décadas, el negocio de las ligas deportivas en Estados Unidos y en Canadá ha excedido la venta de entradas. Las ganancias provienen de la venta de mercadería, el patrocinio de empresas, la venta de derechos televisivos y, en la última década, las apuestas en línea. Este tipo de apuestas ha sido especialmente importante para la MLB y la NFL. En los mercados pequeños como Cincinnati o Baltimore, donde los equipos triunfan poco, empresas como DraftKings y FanDuel cambiaron el negocio del deporte profesional. Antes de su llegada, los partidos de los equipos de mercados pequeños contaban con una audiencia reducida, tanto en línea como en televisión. Pero con la legalización de las apuestas en línea en Estados Unidos, miles de personas empezaron a mirar los partidos, no por su calidad, sino por su interés monetario en el resultado. Una década atrás habría sido impensable un lazo entre las ligas deportivas y las empresas de apuestas. Sin embargo, en la actualidad, DraftKings es socio oficial de las cuatro grandes ligas deportivas, con su logo ubicado en las plataformas digitales de cada una de ellas.

A pesar de los lamentos mediáticos por los cambios en la cultura deportiva bajo la pandemia, con estadios sin público (o con público de cartón), esa ausencia de espectadores/as en vivo representa cifras relativamente menores para las empresas multimillonarias dueñas de los equipos. En 2020, la demanda ha sido volver a jugar lo antes posible –con el público afuera del estadio, aislado en sus casas, mirando los partidos por televisión y, en miles de casos, apostando en línea–.

Canadá vs. Estados Unidos

En julio, la ciudad de Toronto y la provincia de Ontario aprobaron el pedido del único equipo canadiense de la MLB, los Toronto Blue Jays, para jugar sus partidos de local en Toronto. Pero a último momento, el gobierno canadiense anuló esa determinación. La MLB había decidido no restringir el movimiento de los equipos. El problema era que Canadá no permitiría que los equipos cruzaran la frontera cuando en ese país se había aplanado la curva de la pandemia en junio y en Estados Unidos el virus continuaba avanzando rápidamente. Así, los Blue Jays tuvieron que utilizar un estadio inferior en Búfalo para sus partidos de local.

La decisión canadiense subrayó las diferencias en la manera en que los dos países enfrentaron la pandemia desde marzo. En Estados Unidos, el gobierno nacional no tomó una posición de liderazgo durante la crisis. No solamente desoyó los consejos de sus expertos en salud pública, sino que el presidente Donald Trump desarmó, amenazó y marginó a las entidades científicas gubernamentales. Mientras tanto, en Canadá, el gobierno nacional coordinó una respuesta centralizada, confió en la comunidad científica y dejó de lado sus diferencias políticas con los gobiernos provinciales y municipales para adoptar una estrategia común y coordinada en contra del COVID-19.

En marzo, con la excepción del tráfico comercial, Canadá cerró su frontera con Estados Unidos. El exilio de los Blue Jays representa la posición de las mayorías canadienses: la frontera debe permanecer cerrada y el funcionamiento de la MLB es riesgoso –un rasgo generalizado en Estados Unidos, apoyado (o tolerado) por su gobierno nacional–.

Deporte y cultura política

La NFL y la MLB son ligas deportivas que dependen mucho más que la NHL y la NBA de la cultura política encarnada por Trump, especialmente en lo referente a la cuestión racial, que cada vez define más las crecientes diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay cada vez menos jugadores blancos en ambas ligas, con un incremento notable en los últimos veinte años de jugadores latinos en la MLB y negros en la NFL. De todos modos, en un país en que el porcentaje de personas blancas sigue disminuyendo, el público de la MLB y de la NFL, tanto en los estadios como en la televisión, es cada vez menor, pero, a su vez, cada vez más blanco y más viejo. Hace poco, los Atlanta Braves abandonaron su estadio en el centro de la ciudad, poniendo en peligro docenas de negocios pequeños que dependían de la actividad comercial a su alrededor. Se trasladaron a un estadio nuevo afuera de la ciudad. En la segregación racial que sigue definiendo a muchas ciudades estadounidenses, el cambio marcó el abandono de un lugar poblado por personas negras hacia una zona percibida como más “tranquila” por el público blanco que asiste a los partidos. El béisbol como negocio que confirma la segregación racial se nota en muchas ciudades. En Detroit, los estadios de fútbol y de béisbol quedan a pocos metros de una carretera que le permite a un público casi completamente blanco llegar de municipios suburbanos en auto, estacionar en playas de estacionamiento vigiladas al lado de los estadios, mirar el partido y volver a los suburbios sin entrar a la ciudad “peligrosa” y con una población mayoritariamente negra.

En 2016, Colin Kaepernick, el mariscal de campo de San Francisco, se arrodilló durante el himno nacional antes de los partidos, en protesta por la brutalidad policial en contra de la comunidad negra. Los dirigentes de la NFL, estupefactos, no sabían qué hacer. Trump los criticó por su indecisión, así como por no haber castigado a Kaepernick y su supuesta falta de respeto hacia la bandera y el himno nacional. Como en el caso de la MLB, el fútbol terminó cediendo a las demandas de un público cada vez más blanco y más viejo, un grupo demográfico del cual Trump depende electoralmente: la liga y los equipos conspiraron para negarle a Kaepernick un contrato y, desde aquella temporada, no volvió a jugar.

La decisión de la MLB y de la NFL de no embarcarse en un modelo de aislamiento en burbujas para organizar sus temporadas termina manifestando la cultura política de su público, que tiende a apoyar a Trump. Ese apoyo incluye vacilaciones sobre el peligro del COVID-19, resentimiento racial hacia las personas negras y latinas en las ciudades que supuestamente son fuentes del virus y la idea de que la reactivación de la economía local y nacional está frenada por los controles “innecesarios” (distanciamiento físico, máscaras, cuarentenas y negocios cerrados) impuestos por los gobiernos locales y nacionales.

Esa política se nota también en las temporadas de fútbol universitario, otro negocio multimillonario, y sus dos ligas más importantes. La Big 10 incluye universidades públicas en estados del medio oeste del país (Illinois, Indiana Míchigan y Wisconsin, entre otros) que, por lo general, han logrado controlar la pandemia con una política de distanciamiento físico, máscaras, cuarentenas y negocios cerrados. La Big 10 canceló su temporada 2020. La Southeastern Conference (SEC) incluye universidades públicas en estados (Alabama, Florida, Luisiana y Texas, entre otros) que no han logrado controlar la pandemia y en los que se resiste el uso de máscaras, muchos negocios permanecen abiertos y prevalece una sospecha generalizada hacia las autoridades de salud pública. La SEC aún sigue con la idea de organizar la temporada 2020.

El efecto David Stern

¿Por qué la NBA y la NHL optaron por el modelo de la burbuja? Aunque basado en Nueva York, la NHL cuenta con capitales y fuertes influencias culturales canadienses. La mitad de los jugadores, así como siete de los treinta y un equipos de la liga, son canadienses. Asimismo, Canadá cuenta con un público numeroso, leal y fervoroso. Por otro parte, la política canadiense frente a la pandemia (incluyendo sus éxitos) también influyó la decisión temprana de la NHL de basar sus dos burbujas en las ciudades de Toronto y Edmonton.

Pero hay un factor todavía más importante. Ni las políticas ni los negocios de las dos ligas deportivas han sido ligadas al Partido Republicano en Estados Unidos, lo que abrió la posibilidad de una estrategia antivirus libre de la visión de Trump. En parte eso representa el legado de David Stern, el exdirigente de la NBA que hizo crecer el negocio de su liga a nivel nacional e internacional de 1990 a 2014, mientras que la MLB y la NFL estaban en declive. Su postura del deporte tomaba en cuenta –y fomentaba– los cambios culturales en Estados Unidos y el hecho de que el público del básquetbol es cada vez más diverso, con amplia representación de la comunidad negra. Los dirigentes actuales de la NBA (Adam Silver) y de la NHL (Gary Bettman) empezaron sus carreras bajo el liderazgo de Stern en la NBA y se formaron con su modelo de gestión –más distante de las influencias de uno u otro partido político y más ágil para adaptarse al cambiante escenario cultural, político, social y económico–.

Como en el caso de la NFL, hay una historia importante de discriminación racial en la NBA. Pero a diferencia de la indecisión de la NFL frente a las protestas de Kaepernick y de su reacción conspirativa, en 2015 cuando el dueño de Los Angeles Clippers, Donald Sterling, hizo una declaración racista, Silver lo expulsó de la liga y Sterling tuvo que vender sus acciones en el equipo. Como discípulos de Stern, Silver y Bettman entienden cómo enfrentarse a las cambiantes circunstancias mejor que los dirigentes y los dueños de los equipos de béisbol y de fútbol. Así, cuando llegó la pandemia, a diferencia de la MLB y de la NFL, y con más libertad de acción, sopesaron sus alternativas y eligieron la opción más segura y más rentable.

Una burbuja comprometida

Desarrollar su actividad en una burbuja no implica alejarse de la realidad política y social. Al reanudarse la temporada, y a raíz del asesinato del ciudadano negro George Floyd a manos de la policía a fines de mayo, muchos de los jugadores de la NBA decidieron sustituir su apellido en las camisetas por mensajes que remiten a la lucha contra el racismo y la brutalidad policial entre otras causas políticas y sociales. Los jugadores, muchos de los cuales tiene una larga historia de activismo político y social, contaron con la anuencia de la NBA. A fines de agosto, Jacob Blake, otro ciudadano negro, fue baleado por la policía. Indignados por el episodio, los jugadores boicotearon varios partidos, interrumpiendo la temporada. Su asombrosa protesta se propagó rápidamente a otros deportes, incluyendo la NHL, la MLB y la NFL. A los pocos días, la NBA decidió junto a aquellos y a los dueños de los equipos reanudar la temporada, comprometiéndose a una serie de medidas “para abordar una amplia gama de temas, incluido el aumento del acceso al voto, la promoción del compromiso cívico y la defensa de la reforma policial y de la justicia penal”. Silver declaró que apoya el “compromiso [de los jugadores] de arrojar luz sobre temas importantes de justicia social” y agregó que “si bien no camino en los mismos zapatos que los hombres y mujeres negros, puedo ver el trauma y el miedo que causa la violencia racial y cómo continúa el doloroso legado de desigualdad racial que persiste en nuestro país”. Mientras tanto, Trump, enfadado por el activismo de los jugadores y el apoyo de la NBA, manifestó que la asociación dirigida por Silver “se convirtió en una organización política” y que no piensa que “eso sea algo bueno para el deporte o el país”. LeBron James, estrella de la NBA e impulsor de las protestas, declaró: “Estamos hartos. Exigimos un cambio”. Queda por verse si el cambio que prevalecerá, no solo en el deporte, sino en las esferas cultural, político, social y económica más amplias, es el impulsado por los jugadores y la dirigencia de la NBA o el que promueve Trump. Las elecciones de noviembre indicarán, en parte, el rumbo del cambio.

* Doctor en historia. Docente en la Universidad de Trent.

** Doctor en filosofía e historia del deporte. Docente en la Universidad del Estado de Nueva York (Brockport).

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Nuria Barbosa León

Una esperanza para los países del tercer mundo con sistemas de salud débiles, y afectados por la pandemia por Covid 19, representa la vacuna Soberana 01, creada por científicos cubanos y que pasa su primera etapa de ensayo clínico en los meses de agosto y septiembre del 2020, con candidatos seleccionados en edades comprendidas entre 19 y 59 años.

Sus creadores: el Instituto Finlay de Vacunas, y el Centro de Inmunología Molecular, con la colaboración del Laboratorio de Síntesis Química y Biomolecular de la Universidad de La Habana, continuarán las pruebas en humanos a partir del 30 de octubre con 676 voluntarios en el rango etario de 19-80 años, que debe concluir en enero del 2021. En febrero publicarán los resultados.

Como es tradicional en Cuba, los tres principales científicos que crearon la vacuna resultaron ser los primeros en inyectárselas. Para las siguientes pruebas, los osados a admitirla deberán firmar su consentimiento al conocer y saldar dudas sobre la investigación, el compuesto a inocular y las garantías sanitarias de la prueba.

Vicente Vérez Bencomo, Director general del Instituto Finlay de Vacunas, aseguró a medios cubanos de prensa que este producto vacunal, bajo la categoría de FR (Front Runner) presenta bajos riesgos, pocas incertidumbres y alentadores resultados en la fase preclínica.

Al compuesto también se le identifica por las siglas Finlay-FR-1, sus lotes experimentales indujeron altos títulos de anticuerpos anti-RBD en ratones y conejos y los ensayos clínicos en humanos medirán la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad contra el SARS-COV- 2, en un esquema de dos dosis.

“Lo que normalmente se hace en años, se logró en poco menos de tres meses, gracias a la consagración y la unidad de los investigadores cubanos”, afirmó el directivo cubano y aunque es un tiempo record para una vacuna, ya Cuba tiene experiencias acumuladas en este sentido con el desarrollo de la biotecnología y  la producción de otros antígenos y medicamentos.

Al reconocer el logro alcanzado por los científicos cubanos, el Presidente Díaz-Canel significó: “el nombre de la vacuna recoge el sentimiento de patriotismo y de compromiso revolucionario y humanista con que se ha trabajado, y también el compromiso con lo fundacional, y cuando hablamos de fundacional, estamos hablando del Comandante en Jefe”.

Esta vacuna se convierte en el principal anhelo para los cubanos, quienes la recibirán gratuitamente y de forma masiva cuando se decida. Algo similar ocurrirá con los países del tercer mundo porque conocen la vocación solidaria de la Isla caribeña, que será capaz de ajustar su comercialización con el fin de solucionar un problema global por encima de intereses mezquinos del capital.

Se ha llegado a la vacuna con prudencia, con mesura, sin alardes, consideró el mandatario, llevando los pasos que se tenían que dar y por eso se registró primero, como era debido, y las primeras informaciones las estarán dando en profundidad sus protagonistas. Al respecto, confirmó que en el programa televisivo de la Mesa Redonda de este jueves se darán todos los detalles, precisamente en voz de sus creadores.

Nuestro pueblo, alertó Díaz-Canel, tiene que entender que es un camino que abre esperanzas, pero todavía es largo, de meses, de rigor en el ensayo clínico en cada una de sus fases y, por lo tanto, hay que exigir más responsabilidad social para evitar rebrotes de la COVID-19 y llegar al resultado final de la vacuna en una mejor situación epidemiológica.

«Hazañas como estas de nuestra ciencia son de las cosas que a uno le reafirma cada vez más el orgullo de ser cubanos», sentenció.

En esta importante reunión –donde además se presentaron dos nuevos medicamentos cubanos para enfrentar al COVID-19: el Nasalferón y el cigb-325, también con alentadores resultados en sus ensayos clínicos–, el presidente de la República señaló que se consolida el concepto de que se ha trabajado en un modelo de gestión para la innovación, enfrentando una situación compleja.

Esa consolidación nos va abriendo caminos de cómo el país debe ir extrapolando esta experiencia a otros campos del conocimiento y de la producción y los servicios. «Que la innovación se siga convirtiendo en un paradigma mayor, en un pilar más importante dentro de la estrategia económica y social del país», concluyó, poco antes de continuar la agenda del día con el chequeo del Grupo Temporal del Trabajo del Gobierno a la situación epidemiológica del país.

¿Cómo nació el nombre de Soberana que identifica al candidato vacunal cubano contra la COVID-19?

El nombre identifica, singulariza, enamora… Es carta de presentación y puede transmitir confianza u orgullo, que fue exactamente lo que sucedió este mes de agosto, cuando el pueblo de Cuba escuchó una noticia esperada con ansiedad: nuestros científicos habían encontrado una idea que fueron capaces –como ellos mismos dirían– de poner en un bulbo de vacuna en tres meses.

Soberana nombraron al candidato vacunal que, este 24 de agosto, inició los primeros ensayos clínicos para demostrar su efectividad contra el virus del SARS-COV-2, causante de la COVID-19, una enfermedad que no solo se ha llevado consigo miles de vidas, sino que ha sumido al mundo en un peligroso stand-by económico que afecta, sobre todo, a las personas históricamente más vulnerables del mundo.

TODO EMPEZÓ POR…

De acuerdo con Naturaleza Secreta, que ha documentado en profundidad los pormenores de la propagación y enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba, el nombre de Soberana apareció por vez primera escrito a mano y al final de un papelito con todas las informaciones que requería el ensayo clínico del primer candidato vacunal cubano contra la enfermedad.

Antes, en esa misma hoja, se habían escrito otras posibles denominaciones, ninguna de las cuales parecía funcionar, aunque ya urgía un nombre. Tenerlo era requisito imprescindible para registrar el ensayo clínico (no el candidato vacunal), lo que obligó a decidirse a los expertos del Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Inmunología Molecular y la Universidad de La Habana, más centrados en el proceso de investigación que en cómo se llamaría la creación.

Fue la doctora Meiby de la Caridad Rodríguez González, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas y responsabilizada con llenar el expediente para el registro, quien hizo la propuesta de llamar Soberana 01 al primer ensayo clínico del primer candidato vacunal cubano. Estaba en su casa, trabajando hasta tarde junto al resto del equipo, con la esperanza de que todo estuviera listo para el 13 de agosto, como regalo a quien inspiró el desarrollo científico de Cuba y especialmente en el sector de la biotecnología: Fidel.

Los integrantes del equipo creador de la vacuna, encabezado, por el director general del Finlay, Vicente Vérez Bencomo, al escuchar el nombre propuesto se miraron y asintieron. Soberana se impuso sin discusión, sin dudas, y el 01 que la acompaña señala que se trata del primer ensayo clínico de ese candidato vacunal, refiere Naturaleza Secreta.

De acuerdo con los científicos, subyace en la aparición de este nombre la solicitud del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizada el pasado 19 de mayo, sobre la necesidad de obtener una vacuna cubana contra la COVID-19, independientemente de que otros países obtuvieran la suya, porque ello nos daría soberanía.

Acerca del candidato vacunal cubano en investigación, el Presidente había señalado en aquel momento: «Que nosotros salgamos con una vacuna terminaría de redondear la hazaña que se ha hecho», y «si a eso nosotros le incorporamos una vacuna cubana, que salga en el menor tiempo posible, va a ser también una contribución importante desde todos los puntos de vista».

El resto de la historia, cuenta en su publicación el equipo de Naturaleza Secreta, es ya conocida. La noticia de que Cuba tenía su propia vacuna a las puertas de un ensayo clínico se viralizó en internet y la ciudadanía del país la nombró… soberanamente.

«Quien realmente le puso el nombre de Soberana fue el pueblo, por el orgullo que nos hizo sentir, y será el nombre comercial de la vacuna para su utilización en el país», comentó en la Mesa Redonda del pasado 20 de agosto el Director general del Finlay.

Ya ese es su nombre, no solo el del ensayo. Ahora, ni el segundo candidato vacunal, ni su ensayo clínico, se llamarán así, concluye Naturaleza Secreta, no sin antes reconocer lo difícil de obtener esta historia, pues «en el equipo de creadores de la vacuna cubana contra la COVID-19 nadie quiere adjudicarse algo individualmente», razón por la cual este proyecto, con todos sus méritos y su hermoso nombre aceptado de manera rotunda, también es una creación colectiva.

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