El reciente suicidio del ex presidente peruano Alan García previo a su detención desató múltiples interpretaciones y debates. Quién era Alan García y qué impacto tiene su último accionar en la política peruana.

Por Paulo Rosas

Las razones que motivaron a Alan García a quitarse la vida la mañana del miércoles 17 de abril nunca serán del todo claras. En la carta que se leyó en su funeral dos días después del suicidio –y que fue entregada por el mismo García a su abogado unos tres meses atrás–, el ex presidente señalaba que su suicidio era “una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios” que, según él, querían verlo tras las rejas sin haber sido condenado por ningún crimen.

Cierto es que García Pérez, que gobernó el Perú en dos ocasiones (1985-1990 y 2006-2011), nunca fue sentenciado por los delitos que se le imputaron, que iban desde casos de corrupción en sus dos mandatos hasta crímenes contra la humanidad. Sin embargo, no es cierto que el ex líder del Partido Aprista Peruano haya sido declarado inocente. Los delitos de corrupción de su primer gobierno que se le acusaron prescribieron y otros continúan empantanados en el Poder Judicial peruano, como el de la masacre de El Frontón.

Los casos de corrupción de su segundo gobierno, en cambio, sí lo alcanzaron. Si bien fue excluido de casos como los Petroaudios y los Narcoindultos, ambos perjudicaron ampliamente su popularidad. Ello devino en su estrepitoso fracaso en las elecciones presidenciales del 2016, en las que quedó en quinta posición, con poco más del 5% de las preferencias.

Más aún, fue la corrupción de Odebrecht la que le valió la orden de detención preliminar por 10 días que, finalmente y de acuerdo al relato del día de la ejecución de la captura, le hizo tomar la decisión fatal de dispararse en la cabeza con una de las cuatro armas que tenía en ese momento en su casa.

Volviendo a lo anterior, es por este contexto que las palabras de García en su carta suicida no bastan para afirmar que su versión es totalmente creíble. Uno de los efectos de su lamentable fallecimiento, además de dejar sin padre a sus hijos –uno de ellos, aún menor de edad–, es truncar para siempre las investigaciones en su contra y borrar la posibilidad de restituir a los afectados de sus presuntos crímenes.

Finalmente, hay un efecto más y es cómo afectará el suicidio de García a los otros políticos acusados de corrupción por el caso Odebrecht. Ahí aparecen el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular, ambos con orden de prisión preventiva vigente –Kuczynski, de 80 años, permanece en una clínica debido a su estado de salud–. Pero también conocidos adversarios de García, como los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, el primero prófugo en los Estados Unidos y el segundo, con impedimento de salida del país tras haber sido apresado junto a su esposa y liberado el año pasado.

Hoy, en el Perú, partidarios de García acusan tanto a los fiscales y jueces que ven el caso Odebrecht como al gobierno de Martín Vizcarra de influir, directa e indirectamente, en la muerte del ex mandatario y ex líder del Apra. Estas acusaciones, sin ningún sustento lógico y con evidentes intenciones políticas, están siendo también apoyadas por los sectores cercanos a los otros políticos acusados. Solo el tiempo dirá si estas presiones tendrán influencia en un sistema judicial que, lejos de ser perfecto, permite por ahora que los políticos enfrenten la justicia en vida, algo que parece ser un lujo en Latinoamérica.

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El ex ministro de trabajo, Jorge Triaca, y su sucesor, Dante Sica, fueron denunciados junto a ex funcionarios y familiares por la presunta contratación irregular de aseguradoras en sindicatos intervenidos. Se suman más denuncias en lo que parece una compleja trama de asociaciones.

Las denuncias apuntan a las contrataciones de dudosa regularidad para los seguros de sepelio contratados por el SOMU (marítimos) y UPSRA (seguridad) y también a las irregularidades que ocurren en la UATRE (peones rurales) uno de los principales gremios aliados de Cambiemos.

Tal como lo muestra el expediente,  por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos,  que tienen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano, a partir de las intervenciones del Ministerio, a cargo de Triaca,  en los sindicatos, se producía un cambio en la contratación de la compañía a cargo de los seguros de sepelio.

“Triaca estaba condicionado por el Momo Venegas, que era muy amigo de Macri. Todo lo que pasó sucedió después de la muerte de Venegas, ahí Triaca avanzó”, afirmó el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez y acusó: “En vez de que las cápitas de los seguros de sepelio fueran para las empresas, sus dueños se repartieron el dinero mitad y mitad con los interventores de los sindicatos”.

El nombre de Sergio “Sombrero” Borsalino, cuñado de Triaca, se repite en el expediente indicando que era quien realizaba “visitas” a los sindicatos intervenidos por Trabajo para vender su esquema piramidal de seguros de vida, donde opera para uno de los tres grandes jugadores de ese sector. Además en la denuncia figura Guillermo Néspola, titular de la compañía “Sol Naciente”, también dedicada a los sepelios. Él es quien habría sido favorecido por Triaca mientras que Comparada, ex titular de Independiente, habría contado con los favores de Sica. Además el denunciante agrega que el presidente de Surco, Carlos Giani, es novio de la hija de la magistrada Elena Higton de Nolazco.

“Tenían una caja chica asegurada,  el club de amigos de Triaca y el club de amigos de Sica. Pedimos la conexidad con una investigación que está en curso y a cargo del juez Ramos y el fiscal Marijuán. Nos llamó la atención que Ramos no le hubiera delegado la causa a Marijuán”, se quejó Míguez.

Triaca y Vigiladores

La justicia citó a declarar a la Junta Electoral, secuestró el expediente de Producción y Trabajo y dejó a un paso del procesamiento a Jorge Triaca, su cuñado, Leónidas Requelme (delfín de Barrionuevo) y al actual interventor.

El fiscal Guillermo Marijuán pidió una serie de medidas, que fueron aceptadas por el juez, y la causa iniciada en noviembre del año pasado caratulada “Triaca, Jorge y otros s/asociación ilícita”, que investiga lo actuado en el marco de la intervención del gremio de seguridad, UPSRA y dejó a todos los investigados al borde del procesamiento.

El fiscal requirió tomar declaración testimonial a la Junta Electoral, tomar posesión del expediente electoral que estaba en manos de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y que se recabe la mayor información posible sobre los integrantes de la supuesta asociación ilícita para quedarse con la organización.

La acusación apunta a Triaca, a su cuñado Sergio Borsalino, a su amigo de la infancia, Patricio Castro, a la saliente Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios Anchorena y a los vinculados a Luis Barrionuevo en el gremio de seguridad, Rodolfo Alonso, Leónidas Requelme y Edgar Selarallán.

Según fuentes judiciales, cuando comenzó la causa Rodolfo Alonso era un personaje que se movía bajo el ala del gastronómico Barrionuevo y había sido separado de la gestión por un escándalo en el manejo de fondos. Hoy Alonso se convirtió en el interventor del gremio y fue quien intentó quelas y los vigiladores no puedan ir a las urnas para elegir a su conducción.

En la denuncia se acusa a los implicados de haber “inventado” una agrupación “conformada por miembros que no cumplimentan los requisitos estatutarios” para acceder a los cargos dirigenciales de la UPSRA.

De hecho, los involucra en una presunta “asociación ilícita” y se consignan la comisión de delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, falsedad instrumental y estafa.

En la denuncia se consigna a Triaca como autor intelectual de la maniobra y a Borsalino y Palacios Anchorena como brazos ejecutores, junto con Alonso en su rol de interventor.

El expediente del proceso electoral ya fue secuestrado por la justicia para comprobar su validez.

Según fuentes  gremiales, la sumatoria de unos comicios con importante asistencia de afiliados ya realizados, más la veeduría del Ministerio de Producción y Trabajo de lo actuado, determinaría en el corto plazo una resolución en favor de Julio Gutiérrez.

Triaca y el RENATRE

Según consigna Página 12, el ex ministro de Trabajo fue imputado ante la Oficina Anticorrupción (OA), que preside la oficialista Laura Alonso, por el presunto delito de “administración fraudulenta” por permitir al menos una contratación sospechosa en el RENATRE, el organismo encargado de fiscalizar el trabajo rural. El organismo conducido por Abel Guerrieri, ex Sociedad Rural, ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018. Guerrieri rubricó al menos un contrato de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti.

Luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, parte de la UATRE y empleada del área administrativa y legal del RENATRE, fueron denunciados ante la Oficina Anticorrupción por los delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta,  a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”. La denuncia sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos.

Desde la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno, el RENATRE volvió a ser denunciado, tal como sucedía cuando era conducida por el Momo Venegas, como un puente de contratos millonarios entre empresas amigas en detrimento de los trabajadores rurales de todo el país.

“El RENATRE contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia.  La pregunta es cómo responderá la oficina que dirige Alonso ante tamañas acusaciones.

Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, nuevamente cobraron protagonismo los contratos millonarios hacia “empresas amigas”, situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular a pesar de la disconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.

Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. “Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del Area de Informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización”, escribieron los síndicos en la nota cursada al entonces ministro Triaca.  Nunca hubo respuesta por parte de quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado. Por tal motivo, sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.

El tándem Guerrieri-UTRERA autorizó el pago de 9,6 millones de pesos por la contratación de “servicios profesionales” a una empresa que, según lo analizado por los síndicos, carece de trabajadores y capacidad para llevar adelante el trabajo contratado.

“Es evidente que la tríada generada por el denunciado Guerrieri, en conjunto con Leruga, titular de Biesles SA, y la Sra. Utrera,  en su calificada posición en el organismo en cuestión, han permitido desplegar esta conducta, en claro perjuicio de los trabajadores rurales, contratando en diversas oportunidades a la empresa Biesles SA, sin argumento serio, en base a una supuesta necesidad y urgencia que no es tal, y recayendo en esa empresa sin realizar ningún tipo de licitación pública, o siquiera una mera compulsa de precios que permita avalar tal decisión”, agregaron los síndicos.

La empresa fantasma

Biesles SA, presidida por Juan Guillermo Leruga, es la figura legal utilizada para cobrar el contrato millonario con el RENATRE,  sin embargo, los servicios que debería prestar Leruga serían ofrecidos por otra sociedad denominada IT Quality. Ambas pertenecerían a un grupo llamado Tekne, del que no existen mayores referencias. Por ese motivo la denuncia cuestiona la “solvencia” de la empresa seleccionada por el RENATRE.

En el contrato confeccionado con la rúbrica de Guerrieri figuran dos domicilios vinculados a Leruga (ambos en Parque Patricios). En la supuesta oficina ubicada sobre la calle Tacuarí aparece registrada otra sociedad presidida por este mismo empresario (Loncotech). Sin embargo, los dos números de teléfonos asociados “no corresponden a un abonado en servicio”, dato que abonaría las sospechas sobre la (in)solvencia de dicha compañía. La otra dirección que se ofrece ubica a la empresa sobre la Avenida Brasil pero el número de teléfono informado no se corresponde con ese domicilio. Por otro lado, en el sitio web del mencionado grupo Tekne ubicado sobre la misma calle Tacuarí también se publican otros dos números de teléfonos inexistentes.

Si bien la denuncia ante el organismo responsable del control anticorrupción, que conduce Alonso,  involucra un sólo contrato por más de 9 millones de pesos, en la práctica no sería un hecho aislado ya que existirían más erogaciones de estas características, como así también la derivación de recursos hacia “fondos de inversión” y groseras condonaciones de deuda a empresarios rurales, un modo de operar  aplicado desde la conducción del Momo Venegas al frente del Registro.

Fuentes: Infogremiales, Página 12, LaPolíticaOnline

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Una investigación periodística develó un entramado de lavado de activos y robo de identidad en el partido que encabeza María Eugenia Vidal. Beneficiarios y beneficiarias de planes sociales, jubilaciones y pensiones aparecen como aportantes de la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. El oficialismo se escuda en que la ley de financiamiento es antigua y permite maniobras poco transparentes.

El apoyo popular al gobierno nacional

El apoyo popular que tanto buscó el gobierno cambiemita por fin se hizo luz. A pesar de las constantes medidas que el gobierno nacional y no tan popular viene tomando desde su asunción en desmedro de las clases bajas, estas aparecieron cuando más lo necesitaba.

Resulta que para la campaña legislativa 2017, donde se presentaron Esteban Bullrich como senador y Graciela Ocaña como diputada por la coalición Cambiemos por el Provincia de Buenos Aires, hubo 4800 portantes individuales, entre ellos y ellas muchos habitantes de villas y barrios de emergencia de la provincia, que generosamente donaron un total de 42 millones de pesos.

La investigación

El periodista Juan Amorín tuvo la ocurrencia de ponerse a observar la lista de aportantes a las elecciones legislativas 2017 de la lista de la coalición Cambiemos. Lejos de asombrarse con onerosos montos de CEOs, multinacionales y miembros de la sociedad rural, se encontró con 100 páginas de aportantes individuales. Al cruzar esta lista con las listas de beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, descubrió que unas 200 personas que trabajan en estas cooperativas aportaron individualmente entre $300 y $1500. Una muestra de confianza de los sectores más relegados para apoyar a los candidatos cambiemitas.

A partir de esta pequeña primera investigación, se socializó la lista de aportantes para que todo el que cuente con internet pueda buscarse. Al día de hoy se registran más de 10 millones de búsquedas y se encontró que al menos 1 de cada 4 aportantes a la campaña es beneficiario o beneficiaria de algún plan social, jubilación o pensión y desconoce haber aportado un peso. Como si eso fuera poco, el 99% también aparece como afiliado al PRO.

En un hecho totalmente aislado, en septiembre pasado un decreto del presidente daba al jefe de gabinete Marcos Peña el control sobre todos los datos personales de las bases de Anses. Es decir, semanas antes de presentar la declaración jurada de aportantes, el jefe de gabinete tomó control de los mismos nombres que terminaron apareciendo en la lista.

Pero eso no es todo. A esta investigación se le sumó la lista de aportantes de la campaña de Maria Eugenia Vidal a gobernadora de la provincia en 2015, donde aparecen candidatos a todos los escalafones de gobierno de distintas localidades. En este caso son los mismos candidatos, desde concejales a consejeros escolares, los que salieron a desmentir ser aportantes a las campañas y se sumaron a las denuncias realizadas.

Hecha la trampa, hecha la ley

En la última conferencia de prensa, Mauricio Macri fue consultado por este caso. El presidente de la Nación y máximo responsable del PRO comentó la imperiosa necesidad de redactar una ley que prohíba los aportes a campañas electorales en efectivo, promocionando el sistema bancario que permite conocer los datos del aportante. El presidente hizo foco en que la actual ley de financiamiento es anticuada y permite maniobras de corrupción y lavado de dinero, al permitir aportes en efectivo de dudosa transparencia.

Hecha la trampa, hecha la ley, el 90% de los aportes al PRO de la última elección fueron por medio de efectivo y solo el 10% restante lo hizo en modo bancarizado. Un gobierno que sin dudas aprende sobre la marcha y predica con el ejemplo.

“Frente a esto doy la cara como hice siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta estuvo basada siempre en la honestidad. Frente a estas denuncias, sobre aportes falsos, he tomado tres decisiones concretas” anunció la paladín de la justicia María Eugenia Vidal.

La primera medida fue pedir una auditoria sobre la rendición de fondos. En segundo lugar, Vidal pidió la renuncia de María Fernanda Inza, tesorera del PRO y flamante contadora del gobierno provincial. Por último, se manifestó a favor de la nueva ley de financiamiento. Es decir, la culpa básicamente la tienen la tesorera y la ley por ser anticuada y permitir maniobras corrompibles, pero quien firmó la declaración jurada y es penalmente responsable es María Eugenia Vidal.

La actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires se enfrenta a una denuncia que puede inhabilitarla entre 6 meses y 10 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, Mariu no se presentará sola ante la justicia. Jorge Macri, intendente de Vicente López, fue señalado por sus mismos compañeros de partido, involucrados en esta contienda, como responsable principal de la recaudación de fondos para la campaña. El primo del presidente también enfrenta la denuncia por lavado de activos y robo de identidad. De todos modos, su réplica no se hizo esperar y enfrentó la situación con envestidura dando una respuesta implacable: “Hubo gente que aportó y después se olvidó”.

¿Y si esta semana te toca a vos?

Es posible chequear los aportantes por apellido y nombre o número de documento en el sistema que generó La Alameda.  En caso de aparecer en las listas como aportante sin haber aportado dinero ni datos personales, se puede sumar la denuncia en la misma página o denunciar en El Destape Web, medio que comenzó con esta denuncia.

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El 13 y 14 de abril se desarrolló en Perú la 8ª Cumbre de las Américas, “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Marcha dialogó con Ricardo Napurí, ex diputado constituyente y senador peruano.

Tenemos a Alberto Fujimori amnistiado pero hasta hace muy poco preso, Ollanta Humala preso, PPK y Keiko investigados por corrupción.

R.N.: No te olvides de Alan García y de Toledo prófugo en EE UU.

Y después algunas visitas envueltas en casos de corrupción como Macri, Temer, Peña Nieto. ¿Qué reflexión te merece?

Tu pregunta es por un lado difícil porque hay que enmarcar el tema en el cuadro general de América Latina frente al mundo y particularmente frente a EE.UU. Sabemos que hay una ofensiva liberal en América Latina que ha posicionado casi a la mayoría de los gobiernos partidarios de EE.UU. y de las políticas de ajuste. El hecho de que venga Trump*, siendo la primera visita que hace a América Latina, tiene una connotación clara. Yo creo que viene a afirmar la relación de EE.UU. con los principales países que hoy asumen una política reaccionaria, anti pueblo, para garantizarse de aquí a futuro lo que todo el mundo llama la tendencia a la recolonización de América Latina.

Teniendo en cuenta que Macri le dijo al Rey de España que entendía que los patriotas de la Independencia estuvieron tristes por separarse de España, deja claro lo que piensan estos gobiernos conservadores.

Trump llega, con el pretexto de la corrupción y la gobernabilidad, y yo digo que es realmente realismo mágico, a uno de los países más corruptos. Uno puede discutir si le compiten Argentina, Brasil o México, pero lo que sucede en Perú con 4 presidentes que son demostrativamente y alevosamente corruptos. Ellos mismos se han fugado como Toledo y pedido protección norteamericana porque obviamente no pueden responder al desastre que han realizado.

Y se hace justo en el momento en el que cae Pedro Pablo Kuczynski que era el Presidente de la sede de este nuevo evento de los países latinoamericanos. Entonces, tenemos que decir directamente qué está detrás. Y yo creo que tiene que ver con el alineamiento de todos los gobiernos conservadores liberales en forma orgánica con EE.UU. para terminar con toda posibilidad de reforma del sistema a través de los gobiernos nacionalistas o populistas. Van a ir, van a asistir algunos de ellos, pero no creo que se solidaricen con Maduro si es que se aplica lo que Pedro Pablo Kuczynski hizo, que primero lo invitó y después desistió que estuviera presente en el evento**.

Actitud que ha mantenido Vizcarra.

Con una posición tramposa, porque dice que es un problema democrático, que continúa la decisión anterior, o sea el rechazo a la presencia de Maduro. Pero al margen de si Maduro llega o no, el hecho central es que en esa reunión van a haber varios gobiernos del área de la influencia de Cuba, de Venezuela. Para dolor nuestro, el único país que va a llevar la voz antiimperialista y en contra de toda esta trama facinerosa que están organizando los agentes del capital será Evo Morales de Bolivia. No sé si Uruguay tomará alguna postura al respecto. El resto no garantizan nada y se van a alinear con EE.UU.

De tal manera que Trump no viene, como algunos dicen, con su condición de payaso universal a hacer una visita de relaciones sociales. Él viene a armar la estructura de poder en América Latina, en esta etapa donde se consideran avalados porque tienen importantes puntos de apoyo, porque los principales países latinoamericanos están en la línea de la dominación imperialista y con gobiernos reaccionarios que consideran a EE.UU la Madre Patria.

Los analistas dicen que la Cumbre no va a sacar ningún documento ni va a determinar nada importante, pero nosotros no podemos engañarnos con eso, porque si el tipo viene, está claro que es para formar una estructura de poder. América Latina corre peligro en la medida que EE.UU. está en camino de recapturar esto que consideró siempre como su patio trasero. Lo trágico es que tenemos gobiernos que se prestan a eso porque coinciden con que EE.UU. y los países imperialistas son los fundamentos del capital en estos países.

¿Está planteada en el horizonte una recomposición del proyecto del ALCA?

Nunca lo perdieron. Pero hay diferentes etapas. Este es el mejor momento después de que los gobiernos llamados populistas, nacionalistas, reformistas o democráticos de izquierda, una vez que por diversas razones han dado paso a gobiernos reaccionarios liberal conservadores. Y el payaso de Trump viene para eso. Es la institucionalidad superior de la OEA, que era una caca rechazada antes incluso por los amigos porque no tenía operatividad, pero ahora van a conseguir establecer puntos nodales de dominación, no solamente la VI Flota, que todos los gobiernos van a aceptar, no solamente las bases militares que ya existen por todos lados, por estos gobiernos que son agentes directos y confesos. Van a montar la estructura formal institucional y a darle a la OEA la magnitud y autoridad que nunca tuvo, de manera que sea el organismo decisorio en todos los conflictos que puedan existir, porque para ellos la Unasur, la Celac y todos los frentes de resistencia económica y política tienen que desaparecer. Y EE.UU. cree que este es su mejor momento y el payaso viene para reafirmar eso.

La novedad será para nosotros qué representantes van a resistir. Ya sabemos que Evo Morales va a levantar la voz, porque así sabremos cual es el grado de dependencia, sumisión y entrega de los gobiernos que aún están en la línea floja, como Ecuador o Uruguay que tienen posiciones camino a una posición liberal confesa. Veremos cómo resuelven ese tránsito y si acompañan a uno u otro. Cuba por supuesto, Venezuela también hará algún tipo de resistencia y denuncia al imperialismo y a sus agentes.

Yendo a la realidad peruana, ¿qué tipo de gobierno podemos prever con Martín Vizcarra?

Después de toda la experiencia que tenemos de América Latina no tenemos que dudar mucho.  Martín Vizcarra ha sido vicepresidente de PPK. Y estuvo involucrado en un episodio de corrupción en relación al aeropuerto de Cuzco y tuvo que renunciar a su condición de Primer ministro y refugiarse en Canadá antes de que lo defenestrara el Parlamento. Pero todos dicen que es un gobierno extremadamente débil en el análisis que han hecho del gabinete que ha nombrado. Excepto César Villanueva que ya era conocido porque fue cuatro meses ministro de Humala y su mujer lo echó, el resto son desconocidos.

Muchos creen que por no tener ligazón directa con el empresariado, es decir, con el capital orgánico, como sí lo tenía PPK que era delegado de la rama empresarial, va a ser un gobierno diferente.

Pero es un gobierno extremadamente débil, políticamente tiene al fujimorismo que tiene mayoría en el Parlamento y es un movimiento liberal conservador, agente de EE.UU. El grupo parlamentario de PPK no se sabe si lo va a apoyar, porque muchos de ellos creen que los ha traicionado, porque llevó a Villanueva como Primer ministro cuando fue quien junto al fujimorismo que orquestó la renuncia de PPK. Tiene 22 congresistas, o sea, menos incluso que la llamada izquierda y todo el mundo está señalando que la situación del PBI del país está en crisis porque está en bajada. La inversión pública y privada son bajas, hay una revisión de la inversión fiscal y una serie de demandas laborales embalsamadas. Tal es así que los maestros anunciaron una huelga por tiempo indefinido.

Se agravó la situación por esta crisis que duró dos o tres meses, y ahora la gente sabiendo que es un gobierno débil va a llevar sus pliegos de reclamos a la acción directa, que ya era una característica de los últimos días del gobierno de PPK. De tal manera que nada indica que pueda ser estable este gobierno. Todos los síntomas que ha dado a través de los nombramientos que ha hecho lo anuncian, porque ha nombrado como Ministro de Economía a un ultraliberal y ha puesto a dos generales como Ministros de Defensa y del Interior.

Además, está el problema de Venezuela que se va a dilucidar por lo bajo y no va a asumir una posición de defensa de Venezuela, aunque algunos dicen que podría maniobrar la situación de manera menos ortodoxa contra Maduro como sí lo hacía PPK. Pero si bien no se pueden hacer predicciones, podemos hacer análisis críticos a partir de la realidad y lo que conocemos de la historia y decir que este gobierno no tiene ninguna estabilidad.

Muchos analistas están diciendo que si no se apoya en el fujimorismo, el tipo no tiene posibilidades de sobrevivir. Más aún, va a quedar en medio de la presión de EE.UU., del fujimorismo y el accionar de las masas que todo indica que va a ser más ardiente que nunca.

Con todo eso me recuerda al gobierno de Siles Suazo en Bolivia en 1984 donde quedó en sándwich entre la presión del capital y de las masas y, sobre todo, de los mineros que llegaron a protestar a la capital; el tipo zafó llamando a elecciones y se fue.

Ese es el único auspicio o la única posibilidad que tenemos de reflexión porque después hay que ver los acontecimientos. Damos los datos de la realidad para ver cómo esa realidad los corrige o los afirma. Yo deseo que los de abajo, porque Perú es un país con gran experiencia de organización, que se ha enfrentado a los gobiernos casi todos reaccionarios, den combate y luchen; esa posibilidad es real y no indica una alternativa de poder inmediato pero sí una resistencia popular que complique la vida de estos gobiernos transitorios, agentes del capital.

*Fue reemplazado por el Vicepresidente Mike Pence.

**Maduro finalmente no asistió.

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La ola judicial desatada en las últimas semanas incluyo a sindicalistas, barrabravas y funcionarios del gobierno anterior. ¿Es afán de justicia o revanchismo político?

Apenas asumió como presidente en diciembre de 2015, Mauricio Macri tomó una serie abultada de medidas que iban desde la eliminación a las retenciones al agro, hasta la eliminación de las restricciones cambiarias, pasando por la nominación de jueces en la Corte Suprema, entre otras. En su momento, fue tan sustancioso el paquete de medidas que el periodista Luis Bruschtein habló de una Blitzkrieg macrista, para dar cuenta del tipo de ‘guerra relámpago’ que el gobierno desataba.

Hoy, a casi dos años de dicho torbellino inicial, el gobierno nuevamente aprovecha el respaldo que obtuvo en las elecciones para desatar una nueva ola de iniciativas: políticas, económicas y judiciales. Precisamente nos referimos a una actuación en el amplio sentido del término: no solamente porque acciona sino porque también busca representar y montar innegables ‘puestas en escenas’, para alimentar aquello para lo cual acaba de ser mandatado por las urnas. De todos los aspectos de esta Blitzkrieg, en esta columna vamos a enfocar en el judicial.

El escenario que organiza y promueve el gobierno, con repercusión inmediata en la agenda de los jueces, está construido sobre dos grandes tópicos: las mafias y la corrupción. En los últimos meses se dieron las detenciones de, entre otros, el ‘Rey’ de la Salada, el ‘Pata’ Medina y ‘Bebote’ Álvarez, por parte del tándem de los mafiosos, y de Roberto Baratta, Julio De Vido y Amado Boudou, por el equipo de los corruptos.

Ante estas detenciones, los posicionamientos cayeron en una encerrona propia de la polarización política: quien critica al gobierno parecería estar avalando la gestión de De Vido en Planificación o las maniobras de la UOCRA de La Plata; por el contrario, quien celebra estas detenciones sería un dictatorial fascista que no respeta el Estado de derecho. Pero antes que caer en la defensa o en la condena de personajes que en general tienen poco que ver con la vida de la mayorías, conviene poner en perspectiva los casos, analizar el contexto y sacar algunas conclusiones comparativas, para entender si estas detenciones forman parte de un saneamiento de la justicia, o si se trata en cambio de un revanchismo político hacia el gobierno anterior.

Los mafiosos

Primero vamos con los mafiosos. Si tomamos solo a modo de ejemplo los casos del ‘Pata’ Medina por la corporación sindical, y del ‘Bebote’ Álvarez por las barrabravas, veremos que ambos se encargaron de construir una trayectoria pública tan siniestra, que casi brindaron las pruebas para su procesamiento. Nada hace pensar que uno y otro estén exentos de delitos graves, como el de extorsión. El entramado corrupto de aprietes y coimas del sindicalista de La Plata es conocido por cualquiera con paso por la capital bonaerense. En tal caso, enhorabuena que dichos personajes enfrenten un procesamiento judicial. Ahora bien, ¿qué hace pensar que el gobierno (o la justicia) orientan este accionar a ‘limpiar’ el sindicalismo de mafiosos, y no simplemente a sacarse de encima un personaje no alineado con sus políticas? Si pensamos que el sindicalista preferido del gobierno fue el ‘Momo’ Venegas, todo indica que se trata más de lo segundo que de lo primero.

Gerónimo el ‘Momo’ Venegas fue el titular de la obra social de los trabajadores rurales (UATRE). Tras su fallecimiento este año, se desató una verdadera guerra entre sus herederos familiares y sus testaferros. Tanto así, que su hija hizo público que el padre tenía testaferros y denunció que éstos se negaban a entregarle la parte que le correspondía a ella como heredera. Es decir, se está vociferando públicamente la corrupción de Venegas. Si esto no alcanzara, se podría agregar la desidia o la complicidad con los patrones agrarios que Venegas tuvo, al hacer la vista gorda con los casos de trabajo esclavo en campos de grandes empresarios afines al gobierno, como el flamante Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere (quien además aún tiene una causa abierta por administración fraudulenta). Es decir que si el gobierno viene a barrer con las mafias sindicales, es injustificable que condene al Pata Medina mientras celebraba el accionar del ‘Momo’ Venegas.

Con el mundo de las barrabravas ocurre en modo similar. ¿Con qué parámetro el gobierno se ufana de atacar a las mafias futbolísticas, si precisamente uno de sus delfines judiciales es el ‘Tano’ Angelici, presidente de Boca Juniors? Angelici, además de ser denunciado por la propia Elisa Carrió como apretador, lobbista y traficante de influencias en el Poder Judicial, tiene un vínculo estrechísimo con la barrabrava de su club. Precisamente en un audio filtrado, el barrabrava de Boca Rafael Di Zeo confesaba sobre el ‘Tano’: “el pacto con ese hombre es a muerte”.

En definitiva, barrabravas y sindicalistas mafiosos los había afines al gobierno anterior como los hay hoy aliados al gobierno de Cambiemos.

Los corruptos

Respecto de los corruptos el panorama es semejante. El fresco impresionista de la corrupción que dejó la escena del convento de López no puede confundir a nadie: en doce años de gobiernos kirchneristas evidentemente hubo altos funcionarios implicados en casos graves de corrupción. Enhorabuena si tienen que enfrentar una justicia imparcial que pueda determinar en qué grado cometieron ilícitos y qué pena les corresponde por ello. Si esas acciones formaron parte de iniciativas individuales o de una red de complicidades políticas más generales, también queda aún por determinarse. Aún así, es imperioso distinguir cuando se trata de causas judiciales que indagan en actos de enriquecimiento fraudulento, como las causas Los Sauces y Hotesur que pesan sobre la ex presidenta, o si se trata de causas que apuntan a judicializar políticas públicas que simplemente no gozan de la simpatía política de otro sector, como la del Memorándum de entendimiento con Irán o la del Dólar futuro.

Pero aunque todas esas causas sean sopesadas, nada indica que el gobierno actual tenga un afán de transparencia como para enjuiciar al gobierno anterior desde un pedestal impoluto. En una excelente nota publicada por Ezequiel Adamovsky en Revista Anfibia días atrás, donde se propone debatir la corrupción a fondo, se brindan detalles de las innúmeras irregularidades, causas y hechos de corrupción que salpican al actual gobierno. Solo por mencionar una, al menos debería llamar la atención de algún juez que el presidente haya decidido por decreto que los familiares de los funcionarios puedan blanquear dinero, y que luego se haya conocido que su hermano Gianfranco blanqueó 35 mil millones de dólares.

Esto resulta más llamativo aún teniendo en cuenta que Gianfranco Macri siempre fue un socio menor en todas las sociedades familiares, y que el Mauricio declaró tener ‘apenas’ 82 millones de pesos. ¿Cómo es que esta supuestamente renovada justicia, que tendría como objetivo ahora sí atacar la corrupción, no está al menos sospechando que el hermano del presidente sea directamente su testaferro? ¿Cómo se explica sino, que un socio menor declare tener tantos millones más que el socio mayor de la familia? Que no se esté al menos investigando llama la atención.

¿Justicia legítima u oficialista?

Otro aspecto particular relacionado con el raid judicial lo constituye el método de la prisión preventiva: es decir tener preso a alguien sin condena. Este mecanismo se aplicó tanto a Julio De Vido como a Amado Boudou. La posibilidad de fuga y la capacidad de entorpecer el proceso judicial (destruyendo pruebas o amenazando a testigos, por ejemplo), son los motivos que justificarían aplicar la prisión preventiva.

Nadie niega que De Vido y Boudou hayan sido personajes poderosos, sin embargo su poder actual parece magro. Más aún, en la causa por la cual está preso De Vido no existe prueba testimonial: la única prueba es documental y, más aún, ésta fue presentada por el propio acusado, quien a su vez siempre se presentó a declarar cuando le fue requerido. Pero supongamos que esto no es así, y que De Vido y Boudou siguen teniendo la capacidad de fugarse o de obstaculizar el proceso: ¿qué quedaba entonces para la vice presidenta Gabriela Michetti, quien se mantuvo en su cargo durante todo el proceso en el cual fue investigada por la aparición irregular de bolsos con dinero en su domicilio?

¿Amado Boudou, quien hoy no tiene ningún cargo público, conserva entonces más poder que la actual vice presidenta? No parece creíble. Como señaló Pablo Stefanoni parafraseando al teorema de Baglini, pareciera ser que para los jueces argentinos la capacidad de obstruir investigaciones aumenta cuando alguien pierde el poder.

Tan asimétrica es la vara de los jueces para dictar la prisión preventiva a ex funcionarios kirchneristas, pero para negarla a los actuales funcionarios, que hasta periodistas insospechados de cualquier simpatía con el kirchnerismo -como Ernesto Tenembaum-, se mostraron escandalizados al respecto.

En suma, el análisis comparativo del accionar de la justicia, considerando casos y personajes del actual y del anterior gobierno, no muestra signos alentadores. Más bien refuerza cinco conclusiones preocupantes. Uno: que estas detenciones responden, sino a decisiones directas de la Casa Rosada, sin dudas sí a deseos explícitos del presidente. Dos: que sin perjuicio de las pruebas en contra de los detenidos, la temporalidad de sus detenciones responde a la vocación de los jueces de congraciarse con el gobierno. Tres: que lejos de mostrar independencia del poder judicial se sigue investigando menos a quien más cerca del gobierno está. Cuatro: que estos tres elementos anteriores lesionan gravemente la división de poderes. Y cinco: que el raid judicial analizado, antes que velar por la transparencia y la república, selecciona presuntos delincuentes según su filiación partidaria.

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La imagen de un ex funcionario kirchnerista tirando bolsas de dinero impactó a todo el arco político e hirió gravemente al PJ. El PRO festejó el tiempo y el oxígeno que le regaló López. Las contradicciones del modelo nacional y popular y el sistema capitalista, debates a profundizar para toda la militancia.

La noticia llegó rápido y los funcionarios del gabinete macrista estaban listos para disparar sus dardos. Desde Macri a Pato Bullrich, de Larreta a Vidal todos se mostraron consternados ante la escena de corrupción explícita del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López. No era para menos. Para el conjunto de la sociedad, la imagen de un ex funcionario tirando joyas, relojes y dinero de varios países cuando tenía como tarea garantizar mejoras con obras para todo el país, generó indignación y bronca.

Tal como dice el director de Noticias, Edi Zunino, la noticia de López no podría haber tenido mejor “timing”. No podía llegar en mejor momento para el PRO: el clima de malhumor social por el impacto del tarifazo y la brutal transferencia de ingresos pasó a un segundo plano y dejó espacio para las escenas sacadas de una ficción de Tarantino en un convento en plena madrugada y el tsunami que provocó en el PJ y en el kirchnerismo.

En un momento donde el dinero no alcanza, la imagen de millones de dólares que demoran hasta en ser contados impacta aun más. “Cada vez que algo así sucede, la imagen pública de Macri repunta. Es como si masivamente se recordara de golpe por qué fue colocado en ese sillón por el 51 por ciento de los votantes. De todos modos, el “circo” de la corrupción nunca llega a tapar del todo la realidad del día a día”, asegura Zunino.

El sacudón López pateó el tablero político y permitió que se avanzara rápida y masivamente con las leyes en el Congreso de blanqueo de capitales y elección de nuevos jueces.

El proceso de deskirchnerización de algunos y la desolación de otros

El efecto López se empezó a sentir rápidamente. Dentro del vasto universo kirchnerista, o del PJ, hay quienes buscan despegarse, otros que aíslan al antiguo funcionario y dicen que era la manzana podrida y quienes no pueden salir de su consternación. En el primer grupo se encuentran personajes como el ex gobernador Alperovich (que tuvo que dar explicaciones sobre la incorporación en las listas tucumanas de José López). Alperovich dio por acabado al kirchnerismo y fue rápido para despegarse de la ex presidenta Cristina Fernández. En la próxima semana se conocerá si hay nuevas escisiones dentro del bloque Frente Para la Victoria (FpV), con su bloque de senadores misioneros y no se descarta en otras provincias.

Entre quienes repudian a López pero lo ven como un caso aislado dentro del kirchnerismo se encuentran figuras como Sabatella o Hebe de Bonafini, que calificó a López de infiltrado, así como el ex ministro Julio De Vido, jefe de López durante los últimos tres gobiernos, quien apuntó a la Cámara de Comercio y desmintió que ésta le advirtiera de casos de corrupción. En esa misma línea fueron las palabras de CFK: “Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción”.

Las palabras de Cristina Fernández parecen insuficientes hasta para sus propios militantes cuando la sociedad discute si la ex presidenta sabía o no de la corrupción del ex secretario que formó parte de su círculo íntimo y de la gestión Kirchner desde la época de Santa Cruz.

Más grave aún es la expresión de Dolina, quien dijo que “es más fuerte el daño de una política de hambre que el de una de corrupciones” y Brienza que, ya hace unas semanas en una nota en Tiempo Argentino planteó que la corrupción “democratiza de forma espeluznante la política” dando a entender que “sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos” y que aquellos que no tienen recursos están “obligados” a la corrupción.

Una lógica política que embarra a todos

Mucho se ha debatido si López es un caso aislado o contaba con la venia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para Cambiemos, para la oposición peronista es fundamental lograr reunir la mayor cantidad de testimonios que permitan esa conclusión. Para los sectores kirchneristas sucede todo lo contrario. Más allá de la grieta, acaso hay preguntas más importantes. Por ejemplo, la que hace el investigador Martín Obregón, quien se preguntó si López expresaba “una lógica en donde el manejo discrecional de los fondos del Estado se convierte en una herramienta para construir poder”.

Retomando la reflexión de Brienza, “Quién no tiene recursos, no puede hacer política”. Esta concepción de hacer política, puede ponerse al servicio o ser justificada por el republicanismo, el modelo nacional o popular o cualquier otra variante sistémica pero tiene como hipótesis la imposibilidad de pensar cualquier tipo de transformación sin “dinero espurio” que lo habilite.

El dato no es novedoso en la política argentina. El “roban pero hacen”, la frase “hay que dejar de robar por dos años” del sindicalista aliado al PRO Luis Barrionuevo, los sobornos en el Congreso para aprobar la flexibilización laboral durante el gobierno radical de Fernando De La Rúa dan cuenta de un esquema del “hacer político” que se ha repetido a lo largo de los años.

Aunque el PRO se vista de seda y lleve a Carrió como garantía de honestidad, los negocios espurios de Macri con sus empresas, en la obra pública de la Ciudad durante sus dos mandatos y los arreglos con su amigo Caputo son parte de un mismo esquema de poder corrupto en donde justicia, empresarios, periodistas y la esfera pública se conjugan por la “necesidad y la urgencia”. La ley del blanqueo, los votos a cambio de obras o dinero de la coparticipación, dinero en obras sociales a cambio de frenar un paro nacional de las centrales obreras forman parte de lo mismo.

Ahora bien, si en la construcción del kirchnerismo la corrupción puede ser entendida como una lógica de “hacer política”, como aceptación de las cosas necesarias dentro del modelo, (al igual que había que “convivir” con los barones del conurbano, los gobernadores pejotistas y la relación con los empresarios que “se la llevaron en pala”), eso entra en contradicción con un sector de la militancia de ese espacio político que creyó que la participación política era para “mejorar las cosas”.

Un diputado decía esta semana que la gente no milita para que un corrupto afane la guita. Pero tolerar la corrupción en nombre del interés nacional, asumir que las mejoras se logran a la sombra de las dependencias estatales y que en ellas se conjuga la relación con privados, corporaciones y factores de poder que deben ser asimilados, se traduce en una forma de entender la política que no es sólo de arriba hacia abajo, sino también que debe aceptar el “financiamiento espurio” para hacer política, porque es la única forma de apropiación de recursos (al decir de Brienza).

El rechazo a esta concepción de “hacer política”, puede afectar a todos los sectores. La ex presidenta y algunos periodistas lo dijeron con claridad. La corrupción tiene que ver con una lógica sistémica y un entramado que incluye políticos, jueces, periodistas y empresarios. Avanzar a fondo en “los casos de corrupción” puede atacar intereses económicos que desea preservar el propio Macri, quien además es parte de la misma lógica.

También puede generar otros peligros. Si todos son chorros, podría haber una crisis de gobernabilidad. Al decir de Zunino, el kirchnerismo y el PRO emergieron luego de la crisis de representación del 2001, que tuvo eco en el “que se vayan todos”. Pero con la rebelión popular del 19 y 20 también se planteó que política podía dejar de ser mala palabra y significar algo distinto a enriquecimiento personal, negocios y corrupción. Según esto, el relato anti corrupción se les puede volver en contra a los mismos que lo esgrimen.

¿Se puede hacer política sin financiamiento espurio? Sí. Hay experiencias en nuestro país que entienden la política como una herramienta de transformación, como parte del quehacer colectivo de los comunes y no de la carrera profesional de algunos. Se expresa en la experiencia de un sinnúmero de organizaciones populares que se han mantenido independientes a lo largo de los años y que construyen día a día desde las bases, desde otra lógica de organización y de lucha.

La construcción de poder desde esta lógica política sólo admite una transformación radical de la sociedad, protagonizada por amplias mayorías. Porque el problema es el sistema. Y subvertirlo, desde ya, lleva mucho más tiempo.

*Militante del Frente Popular Darío Santillán

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El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En la Argentina, el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre– a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta fue la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien sea probablemente cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidense. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía –Delaware, Wyoming, Nevada–, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se vio afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron que, tras mentir públicamente tres veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, se dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por la Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionada por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Desde que inició su gobierno, las acciones de Cambiemos no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a siete funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años noventa, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– María Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, trascendió recientemente que el negocio en cuestión –la expansión del Pago Fácil en el país vecino– ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, es posible que el presidente haya mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no dio hasta ahora ninguna explicación, y no aportó pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

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Desde cuentas en Panamá de actuales mandatarios hasta citaciones judiciales por fuga de dólares para anteriores. La corrupción como problema político más que moral es la punta del ovillo para desentrañar una forma de actuar asociada con el Estado capitalista.

El consenso social es bastante amplio respecto de la corrupción: se trata de un flagelo que nos daña como sociedad. Resulta difícil encontrar a alguien que defienda abiertamente la corrupción, incluso cuando a todas luces la práctica resulta más extendida que lo que se reconoce. ¿Por qué se sostiene entonces esta práctica delictiva? El tratamiento mediático generalizado pretende afirmar que se trata de la falta de altura moral de algunos individuos, que toman provecho de su posición de poder en algún escalafón del Estado para sacar alguna ventaja particular. Y seguramente algo de esto puede haber, pero… ¿es esa toda la historia?

Trama de corrupción

Cuando se habla de corrupción se la asocia de manera más o menos automática con la culpabilidad al funcionario público involucrado, olvidando relativamente la contraparte privada. Sin embargo, para que el acto de corrupción ocurra, son casi siempre necesarias al menos dos partes: es extraño el caso de un funcionario que actúe sin socios. Es que la corrupción cumple una función específica dentro del sistema nacional de acumulación: suele ser el precio pagado para obtener negocios asociados a posiciones monopólicas o cuasi-monopólicas. Dicho de otra forma, en la pelea por obtener negocios protegidos, la corrupción es un mecanismo que “acelera las gestiones”.

Esto ocurre en todos los países del mundo, donde grandes capitales han sido acumulados y se expanden de la mano de la demanda o de la protección estatal. Dejemos claro algo: no todos los negocios con el Estado necesitan estar “sucios”; simplemente, ensuciarlos los facilita. Ocurre a toda escala: desde la compra de insumos básicos (papel o comida) pagada con sobreprecios o adjudicada sin licitar, hasta la venta de activos estatales (las privatizaciones de los noventa fueron una gigantesca estafa) o la colocación de deuda (¿no es extraño que la JP Morgan “le preste” a un ex empleado suyo en el gobierno?). Las posiciones protegidas por el Estado son un botín que merece disputarse, y en caso de escándalo, dejar caer el peso sobre la moral individual en lugar de la economía política.

Al enfocarse solo en los funcionarios corrompidos, hay un claro sesgo anti-político, que busca mancillar toda actividad estatal como moralmente dudosa, y al mismo tiempo desplazar el debate de la política a la ética: en lugar de discutir proyectos políticos, reducir el problema a la gestión “honorable” de lo existente. Este fue el eje de la propuesta de la Alianza, que ganó en 1999 prometiendo conservar la Convertibilidad como modelo, pero gestionarlo sin corrupción. Esa fantasía acabó en unos meses con el escándalo de la ley “Banelco” de reforma laboral y, finalmente, con la crisis de 2001. Antes que eso, y mostrando la asociación de este discurso con el proyecto neoliberal, la corrupción había sido utilizada como excusa para justificar el proceso de privatizaciones: quitar de lo público las empresas las eximiría de desfalco. Sabemos con certeza que acabaron por convertirse en un nicho de ganancias privilegiadas e incumplimientos sistemáticos.

El problema es político

Justamente, uno de los pocos puntos consistentes del discurso de campaña de Cambiemos (y del Frente Renovador) fue el combate a la corrupción, aunque esta vez sin preservar “el modelo”. ¿Por qué? Porque se caracterizaba al “modelo” sólo por su asociación con la corrupción: el kirchnerismo se veía reducido a una horda de saqueadores de los fondos públicos. Como ya hemos insistido, esta lectura es una expansión en clave liberal del planteo agrario de 2008, que logró presentar un malestar corporativo como un problema social, que afecta a la mayoría. La intervención del Estado es presentada como fuente de ineficiencia, malgasto, debido a la dudosa moral de malos “administradores”. Reemplazándolos por buenos “equipos” dirigidos por gerentes exitosos, la acción del Estado podría corregirse. Por eso, el Estado reclamado por el empresariado concentrado y el defendido por Macri no es un Estado “chico”, sino uno más eficaz en sus objetivos. El problema es político: cuáles son sus objetivos. Al enfocarse sobre esta forma de comprender la corrupción, Cambiemos evita de manera enfática pronunciarse sobre desfalcos privados.

Las cifras de la corrupción son, lamentablemente, malas. Tomemos la estimación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que los diarios Clarín y La Nación consideran la mejor disponible, lo que quita sospechas de favorecer al gobierno previo. Según esta ONG, entre 1982 y 2007 se registraron 750 causas por corrupción, de las cuales sólo el 3% llegó a condena, y la mayoría prescribió –con muestras de la impresionante y aborrecible impunidad–. Siempre según este informe, estas causas involucran un total de 13.000 millones de dólares, lo que constituye un verdadero agravio a la función pública, y la pérdida de valiosos recursos que podrían ser usados para inversión en educación, infraestructura, vivienda o salud, por ejemplo. Estos robos son reprobables, y no deben quedar impunes (incluyendo los que involucran al presidente y sus funcionarios, muchos con causas pendientes).

Ahora bien, esta cifra palidece ante los montos de la fuga de capitales. Usando los datos del especialista Jorge Gaggero, en el mismo período, se fugaron del país entre 171.000 y 342.000 millones de dólares. Esta fuga no ha ido toda a paraísos fiscales y sólo en parte está ligada a actividades ilegales. Pero sin dudas es dinero quitado de nuestra economía, que dejó de producir y dejó de aportar en impuestos, utilizando prácticas reprobables como subdeclaración de exportaciones o sobredeclaración de importaciones. En sus estimaciones más cautas, Gaggero indica que esta fuga significó una merma de recursos fiscales de alrededor de 1.250 millones de dólares por año. Serían unos 18.000 millones de pesos de abril de 2016, lo que equivale al 75% del monto anual presupuestado para Ciencia y Técnica o para Promoción y Asistencia Social. La fuga de capitales es un problema económico y fiscal, y a Cambiemos esto no parece importarle.

Dejémoslo claro: la corrupción es un flagelo y debe condenarse. No sólo en las causas previas, sino en las que involucran al actual gabinete. Pero al utilizarlo como eje privilegiado de intervención, se pretende evitar la discusión estrictamente política sobre los objetivos que se persiguen y los sectores sociales que se benefician. La asociación del déficit fiscal como problema y la corrupción como su origen tiene la intención de mancillar la actividad política, y darle solución mediante mayor presencia del mercado. Por eso, el sesgo elegido de las políticas de Cambiemos es darles rienda suelta a los actores empresariales poderosos. Las quitas de controles y regulaciones al comercio exterior y al movimiento de capitales aplicadas por Cambiemos facilitan esta fuente de elusión y evasión fiscal. Se trata apenas de otra de las pruebas de que Cambiemos sólo gobierna para empresarios.

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El ex comediante Jimmy Morales asumió la presidencia de Guatemala luego de un año marcado por la crisis de legitimidad de la clase política tras los escándalos de corrupción. Sin embargo, su perfil conservador y sus vínculos con las fuerzas militares no auguran buenas nuevas para el castigado pueblo del país centroamericano.

Comparte con Miguel del Sel al menos tres características: trabajó toda su vida de actor cómico, tiene poco rodaje en la política y es de derecha. Pero en 2015, el guatemalteco Jimmy Morales tuvo mejor suerte que el ex Midachi y en octubre pasado –tras un vertiginoso ascenso- ganó la batalla por el sillón presidencial. Este jueves asumió como nuevo mandatario de uno de los países latinoamericanos con mayores niveles de pobreza y desigualdad.

Paradójicamente su principal arma fue la falta de experiencia en la política tradicional. Ser un “outsider”, aparecer desmarcado de la clase dirigente, le permitió ganar sorpresivamente las elecciones. El país atravesaba una coyuntura signada por el megaescándalo de corrupción que provocó masivas protestas ciudadanas durante unos seis meses y que derivó en la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una banda de defraudación aduanera, hoy ambos detenidos a la espera del juicio.

Fue entonces esta aguda crisis institucional lo que permitió la victoria de este actor cómico y empresario, cuya única incursión política había sido una candidatura a alcalde en 2011.

Un perfil poco gracioso

Al margen de su trayectoria como humorista de televisión, su impronta política deja poco margen para la ilusión. De pensamiento conservador, evangélico practicante y con formación académica en administración de empresas, Morales se lanzó a la aventura con el apoyo del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), creado en 2008 por un grupo de exmilitares de extrema derecha. Sin ir más lejos, la semana pasada el Ministerio Público solicitó un antejuicio contra el ex coronel Edgar Ovalle, el hombre fuerte de Morales en el Congreso, por su presunta participación en desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad en la lucha contrainsurgente de los ´80 que dejó cerca de 200 mil campesinos e indígenas asesinados.

Morales se declara como “nacionalista cristiano”, está a favor de la pena de muerte y en contra del aborto, el matrimonio igualitario y la despenalización de la marihuana. Basó su campaña en mensajes bíblicos, algunos destellos humorísticos y la escueta consigna “ni corrupto ni ladrón”.

Sus últimos gestos previos a la toma de posesión también reflejan lo que será su orientación en política exterior. Al primero de los invitados que recibió fue el rey de España Juan Carlos de Borbón. Posteriormente, se reunió con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, lo que aportó una fuerte connotación especial: fue la primera vez en 30 años de gobiernos civiles que Estados Unidos envió a un representante de ese nivel a un cambio de mando.

Sin carta blanca

El margen de maniobra del flamante presidente estará marcado por la capacidad de resistencia que muestren los sectores que se movilizaron con fuerza en 2015, principalmente la juventud urbana, junto a la madurez política que demuestren las organizaciones populares del país más potentes, que tienen fuerte arraigo en las comunidades campesinas e indígenas como el Comité de Unidad Campesina (CUC).

Sin ir más lejos, ayer también se realizaron varias concentraciones para marcarle la cancha. Una se llevó a cabo bajo la consigna “No más militares al poder”. Morales, además, estará jaqueado por las demás fuerzas conservadoras, principalmente en el Congreso donde su partido tiene una bancada de tan solo 11 diputados. Se abre así una nueva etapa en Guatemala, con pocas expectativas de cambios desde arriba, y con grandes desafíos para las fuerzas populares y de izquierda de transformar la indignación en una alternativa transformadora.

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Un escándalo de corrupción en el Seguro Social despertó la indignación de la población hondureña y generó un inédito proceso de movilización. Las “marchas de las antorchas”, autoconvocadas y protagonizadas por jóvenes, pusieron contra las cuerdas al presidente conservador Juan Orlando Hernández.

La conciencia de los hondureños y las hondureñas ha sido sacudida por un enorme acto de corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS). Este robo de siete mil millones de lempiras (unos 335 millones de dolares), el más grande en la historia del país, dejó como consecuencia la muerte de unas tres mil personas que no recibieron la atención debida a raíz del saqueo de esta institución.

El escándalo roza lo dramático: personas que buscaban atención médica y recibieron óvulos de harina, medicamentos vencidos, supositorios de tiza y hospitales públicos en una situación de desatención alarmante.

Parte del dinero robado sirvió para financiar la campaña del Partido Nacional -que gobierna el país desde las cuestionadas elecciones en 2009 luego del golpe de Estado- y la otra parte para satisfacer los lujos de la burocracia hondureña. El caso evidenció la podredumbre institucionalizada que se mezcla con el cinismo, al punto que personalidades vinculadas a la oligarquía reconocen públicamente su conocimiento del saqueo al IHSS y que callaron para no afectar la campaña del Partido Nacional.

Este nuevo robo, que sacó a luz pública a comienzos de mayo el periodista David Romero Ellner de la emisora y televisora Globo, se convirtió en la gota que derramó el vaso, generando una movilización popular de enorme magnitud.

Se enciende la mecha

Las manifestaciones, que tomaron forma de “marchas de las antorchas”, comenzaron el 29 de mayo como expresión de la indignación de la población. Son movilizaciones pacíficas y autoconvocadas, es decir, no están lideradas por ningún partido ni organización. Se va construyendo así un movimiento que no depende de liderazgos caudales, con pluralidad y un claro protagonismo de la juventud, y que se ha extendido por todo el territorio nacional con una considerable masividad. Movilizaciones que han levantado la esperanza de un pueblo que parecía estar dominado por indiferencia.

Con el estallido del escándalo por la corrupción y la respuesta popular, la crisis gubernamental se profundiza concretándose la fracturación del bloque de poder. El presidente Juan Orlando Hernández, quien venía intentando lanzarse a la aventura reeleccionista, cosecha una popularidad en caída libre. En la medida en que se encienden más antorchas, se dan a conocer más actos de corrupción, provocando la detención de algunos dirigentes como el magnate todopoderoso Shukri Kafie Larach.

Pero aun así no se logra calmar la indignación del pueblo. Si bien es clara la participación de este magnate en la estafa al IHSS, la defensa manifiesta que el contrato de las compras de equipos médicos fue aprobado por el Congreso que presidió el ahora presidente hondureño.

La crisis institucional ha llegado a tocar fondo y asaltan a la población interrogantes para dar solución a la crisis: ¿Cómo se puede salvar una institucionalidad tan corrompida? ¿Quiénes podrían salvarla si la partidocracia, con raras excepciones, ha quedado embadurnada? ¿Cómo salvarla si representaciones gremiales están involucradas ya que la junta directiva del IHSS estaba integrada por representantes de las centrales obreras, de la empresa privada y otros? O, tal vez, ¿eran directivos sin función que no se dieron cuenta del festín de la mafia?

El movimiento ciudadano de las antorchas deberá tener la vitalidad para sostener el reclamo hasta que se haga una depuración significativa. Entre las alternativas planteadas desde los movimientos sociales se destaca la integración de un gobierno provisional y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria que tenga la fuerza de castigar a los corruptos y generar un pacto político y social que termine con la corrupción de tajo y configure una institucionalidad distinta en la que el soberano ejerza la auditoría de manera permanente.

Mientras tanto, seguirán encendidas las antorchas contra la corrupción que iluminan los cielos hondureños.

* Hondureña, Licenciada en Humanidades y militante del Colectivo Latino-Africano

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