Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini | Fotos de Correpi

Este viernes se realizó el acto de presentación en Plaza de Mayo del Archivo Antirrepresivo 2021 que todos los años elabora la Correpi y que, con excepción del 2020 por la pandemia, tiene cita junto a familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas.

Principales conclusiones

El informe tiene datos contundentes. En primer lugar, se destaca que la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2021 asciende a 8172, cifra que lamentablemente se incrementa casi a diario, especialmente si contemplamos los casos que vienen ocurriendo en las últimas semanas.

Durante la actual gestión fueron 209 los casos de gatillo fácil, con algunos muy resonantes y recientes, como el asesinato de Lucas González, el jugador de Barracas Central que fue baleado en la cabeza por efectivos de la Policía de la Ciudad que se movilizaban en un auto particular sin identificación; Luciano Olivera, que fue asesinado de un tiro “accidental” en el pecho por el policía de la Bonaerense, Maximiliano González; o Elías Garay, el joven mapuche que fue ejecutado por sicarios vinculados a la empresa forestal que pretende las tierras donde habita la comunidad originaria, con el aval de la policía que liberó la zona.

En la gestión de Alberto Fernández son 981 los casos, donde sobresalen los 671 curridos en cárceles, comisarías o en lugares de detención, una de las modalidades que tuvo un rol protagónico desde el inicio de la pandemia y que representan 7 de cada 10 casos de asesinatos en manos de las fuerzas represivas, lo cual resulta llamativo si se tiene en cuenta la baja circulación de personas en la calle durante los últimos dos años.

Según explicó a Marcha María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Correpi, “hubo una triplicación de las muertes en lugares de detención, producto directo de las políticas que se llevaron adelante, desoyendo los reclamos y las advertencias que se hicieron incluso antes de que se declarara la pandemia de covid el 20 de marzo. Ya desde mediados de febrero se venían advirtiendo las circunstancias que había en cárceles y en comisarías provinciales, con personas detenidas diciendo ‘bueno, si acá entra el virus es una masacre’. Y ocurrió”.

Pero a la falta de protocolo para cuidar a las personas privadas de su libertad ante el azote de la pandemia que reconfiguró la cotidianeidad, se suman la negligencia y la violencia estatal. “El año pasado cuatro personas murieron fusiladas en una cárcel en Corrientes y en Florencio Varela, más dos en Jujuy en la represión a una protesta cuya consigna era ‘Estamos condenados a prisión, no a muerte’”, desarrolló Verdú y agregó que “a pesar de la baja de circulación de personas, que tendría que haber disminuido por falta de blancos el gatillo fácil, el incremento de la presencia policial en las calles y las mayores facultades y recursos que se les dieron con el argumento de garantizar las medidas sanitarias hicieron que el gatillo fácil siga en el mismo nivel. Medidas sanitarias que no discutimos ni cuestionamos, pero que había que lograr que se pudieran llevar a cabo con medidas asistenciales y no a punta de pistola”.

La muerte en lugares de encierro es una problemática histórica que la Correpi viene denunciando desde hace muchos años y que se vió empeorada por la situación sanitaria relacionada a la expansión en el mundo del coronavirus, pero no es la única explicación. Según la abogada, “esto va a empeorar porque no es solamente por el covid, son enfermedades que no matarían a nadie si no estuviesen en una cárcel; son los supuestos incendios donde te encontras con una reja con el candado puesto; son los supuestos suicidios, sobre todo en comisarías que, como el caso de Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, termina siendo tortura seguida de muerte”.

Respecto a otras conclusiones a las que arriba el Informe Antirrepresivo, del total de casos las fuerzas del servicio penitenciario tienen una incidencia del 58.1%, la policía bonaerense el 28.64% y la Policía de la Ciudad 5.20%.

Algo que se consolida año tras año es el sector poblacional que sufre esta violencia estatal. En estos 28 años, el rango etario que más víctimas aportó fue el que va de 15 a 25 años, siendo el 38% de los casos. Sin embargo, en la gestión actual ese rango está representado por el 21.1% mientras que 35.2% de los casos no tienen datos de edad, lo cual se explica por los asesinatos en prisiones o comisarías, dependencias que no aportan esa información.

Por otro lado, desde 1992 hasta hoy se registran 423 femicidios, donde se destacan los casos de intrafuerza/intrafamiliar (373) y gatillo fácil (28). También hay 11 casos de transfemicidios y travesticidios.

Otro de los datos contundentes es que la gestión que más asesinatos a manos del Estado tuvo es la de Cristina Fernández de Kirchner, que representa un 33% del total, seguida por el 24% de Mauricio Macri, aunque hay que tener en cuenta que tal violencia desplegó el macrismo que alcanzó esta incidencia habiendo gobernado un tercio del tiempo que la expresidenta.

Por último, a 20 años de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Fernando De la Rúa sigue encabezando la lista de víctimas en protestas sociales: son 45 casos en tan solo dos años de gestión.

La coyuntura como dinamizadora de la represión

La Correpi viene presentando sus informes desde hace 25 años. El inicio del gobierno de Alberto Fernandez tuvo algunos gestos alentadores en torno a esta problemática. La asunción de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, una académica que se instruyó en el estudio contra este tipo de violencias, tuvo su comodato cuando a pocas semanas del inicio de su gestión recibió a la Correpi y a otros organismos de Derechos Humanos. En esa reunión se planteó la agenda urgente que había que abordar, luego de 4 años de un gobierno macrista que hizo bandera de la violencia estatal. Las respuestas no se hicieron esperar: la derogación de las leyes represivas promovidas por Patricia Bullrich y el gobierno de Macri se concretaron.

Sin embargo, ese gesto inicial se vio trastocado por el inicio de la pandemia, el consecuente aislamiento y el incremento de las víctimas en cárceles, comisarías y demás situaciones de encierro, como lo indicamos anteriormente.

Luego de las PASO en septiembre, el retroceso se consolidó de cara a la asunción de Anibal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y promotor de la teoría de que, en aquellos años, “los piqueteros se mataron entre ellos”. Las medidas de esta nueva gestión ministerial se centraron en reforzar de tropas en distintos puntos del país, como supuesta “solución” al gravísimo problema del narcotráfico.

El FMI y el futuro próximo

Es fundamental el rol que juega el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la concreción de políticas públicas y la soberanía de la Argentina. Desde el 10 de diciembre de 2019, el gobierno tuvo la tarea de resolver la escandalosa deuda tomada por Mauricio Macri, la más grande en la historia de la entidad financiera. El covid cambió drásticamente los planes del gobierno, como sucedió en todo el mundo, pero el pago de la deuda ilegítima parece que nunca se puso en duda.

Mucho se ha escrito sobre las exigencias que este escenario implicaría, en términos de recortes en salud, educación, programas sociales y subsidios. Pero hay que agregar, además, las consecuencias en materia represiva que podría tener el ajuste que pretende el Fondo. Para Verdú, “que no se reconozca que la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional va a profundizar la situación de crisis y eso va a tener como respuesta, necesariamente, más represión. Lo estamos viendo en este mismo momento en Chubut y en un montón de lugares del país donde se están generando protestas y reclamos y donde la respuesta es la represión. No nos olvidemos de Guernica”.

Pero la Correpi no se queda solo en la denuncia y, como lo hiciera en su momento con Frederic, sigue pugnando para que se concrete la agenda antirrepresiva urgente. Como explicó la referente de la organización, “son medidas que no van a cambiar el sistema pero que podría tomar cualquier gobierno, éste o cualquier otro, si tuviera la decisión política de tratar de disminuir un poco la letalidad de las fuerzas en la calle. Por ejemplo, si la policía de civil estuviera sin el arma reglamentaria, bajaría al 50% el gatillo fácil. O si el policía en funciones no tuviera el arma en condición de disparo inmediato, también disminuirían sensiblemente los casos en que intervienen de uniforme, como el de Luciano Olivera en Miramar. Y si cumpliese algún gobierno la sentencia que desde hace 18 años espera la Corte Interamericana que se acate, que prohibió todo el sistema de detenciones arbitrarias, detenciones contravencionales, averiguación de antecedentes, razzias, etcétera, no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé, no hubiera muerto Alejandro Martínez en San Clemente, no hubiera muerto Eric Valdéz en Concordia la semana pasada”.

Source

El 19 de abril de 1991 Walter Bulacio se convirtió en un emblema de la lucha contra el abuso policial. Sólo era un ricotero que iba a ver a su banda. Solo era un pibe, como muchos otros. Las razzias de los noventa se ensañaron, al igual que las balas policiales, con esos pibes. A 29 años de su asesinato en manos de la policía, traemos algunas palabras de la abogada de su causa.

Por María del Carmen Verdú*

Otoño de 1991. Semana Santa ya había pasado, con días templados. Abril empezó igual, con sol y buen tiempo. El primer frío vino la noche del viernes 19, algo que siempre angustió  a María Armas de Bulacio. “Habrá tenido frío en el calabozo”, decía cuando pensaba en las últimas horas de conciencia de su nieto, ese pibe de 17 años que la iba a parir como una luchadora contra la represión estatal por más de 20 años.

En estos 29 años hubo varios intentos de reconstruir, por escrito, para la pantalla o el escenario, el Caso Bulacio. Muchos proyectos quedaron en el camino o resultaron insulsos y deformados folletines. Sólo uno pocos –como la reciente puesta teatral “Muerte Accidental de un Ricotero”- lograron sintetizar la complejidad de las alternativas procesales, el infierno de “chicanas”, la aridez de las decisiones -o indecisiones- judiciales y el fragor de la movilización popular que convirtió al pibe rockero de Aldo Bonzi en ícono de la lucha antirrepresiva.

La historia de la detención, tortura y muerte de Walter David Bulacio empezó con el operativo policial en el estadio Obras la noche del 19 de abril de 1991 y terminó el 26, con su muerte en el sanatorio Mitre. Pero en el curso de esa semana, el nombre y la cara de Walter ganaron las calles. La primera marcha, cuando el pibe todavía estaba en coma, fue convocada por la comunidad educativa de su colegio, el Nacional Rivadavia, en la Avenida San Juan.

En la segunda marcha, contrariando a quienes propugnaban caminar en silencio, un grito se hizo unánime, y se quedaría para siempre: YO SABÍA, YO SABÍA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA. Han pasado 29 años, pero en las canchas de fútbol, en los recitales, en las marchas contra el gatillo fácil o en los escraches a comisarías, más temprano que tarde, se escucha esa consigna, a veces cambiando el nombre de Walter por otro, a veces generalizando “a los pibes los mató la policía”. Hoy gritan Yo sabía… chicos que no habían nacido cuando mataron a Walter, pero que saben, saben porque no necesitan que nadie les explique cuál es el rol de la policía, porque lo viven en su propio cuero cada día de su vida.

La historia de Walter es también la nuestra como organización. Martha Ferro, trabajadora de prensa, luchadora socialista y feminista, conocía el pequeño y desordenado grupo de militantes que éramos entonces, y presentía la potencialidad que podía tener una organización en la que tratábamos de fundir el activismo con las familias de las víctimas, encarando todos los posibles escenarios de intervención antirrepresiva. De su mano, Víctor Bulacio y su mamá, Mary, se sumaron a CORREPI, decididxs a encarar colectivamente la lucha en tribunales y en las calles. Fue la puntada final en el principio de nuestra propia historia, que había comenzado unos años antes junto a lxs familiares del Negro, Willy y Oscar de Ingeniero Budge, de Francisca, la mamá de Agustín Ramírez y de Estela, la mamá del “Peca” Rivero.

Desde el primer momento estuvo claro cuál era el eje de la movilización popular por Walter. Las consignas contra las detenciones arbitrarias de los edictos policiales y la averiguación de antecedentes, el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención surgieron y se extendieron masivamente. Era algo que siempre había estado ahí, invisibilizado y naturalizado, que estallaba con una dinámica sin precedentes.    

Sofía Tiscornia, en su tesis doctoral sobre el Caso Bulacio, comparó la acción que desarrollamos con el niño del cuento de Andersen, ese que, “en el momento culminante de la ceremonia en que el Emperador exhibe su investidura a los súbditos, ‘descubre’ enunciándolo, que el rey está desnudo”, y nombra eso que existía, “lo que todos sabían pero, por muy diversas razones e intereses, no estaban dispuestos o capacitados para enunciar”, para que no se advirtiera que “tras las ropas imperiales solo hay puro poder de violencia fundadora de derecho”.

Aquí no se trataba de reyes, pero sí de ropajes imaginarios que encubren los mecanismos de control social y disciplinamiento que garantizan, desde el poder, la gobernabilidad de un sistema fundado sobre la explotación y la opresión de las mayorías sojuzgadas.

Veintinueve años después, creemos que no es el momento de repasar los hechos de esa semana de abril, ni de volver sobre las increíbles vicisitudes de una causa penal que, después de más de dos décadas, y sentencia de la Corte IDH mediante, llegó tarde y mal a un juicio oral que sólo debatió la detención ilegal en cabeza del comisario Miguel Ángel Espósito, apenas si uno de los engranajes del sistema, que recibió una condena menos que simbólica. Todo lo que se quiera saber sobre los hechos y la causa ya lo hemos dicho, escrito y publicado.

Hoy, el aniversario de la detención, tortura y muerte de Walter, nos encuentra en medio de una situación de excepción, tratando de revelar el alcance y gravedad de las consecuencias represivas de la batería de medidas implementadas frente a la emergencia sanitaria. En este abril inusual, no podemos estar en la calle para gritar que lo mató la policía y que el estado es responsable, ni para levantar, junto al de Walter, los nombres y rostros de las miles de víctimas de la represión de todos los días. En este abril, sin embargo, es la misma lucha.

Como el 24 de marzo, como el próximo 30 de abril, cuando se cumplan 43 años de la primera ronda de las Madres, este abril no salimos por Walter, pero nos movilizamos y actuamos, con todos los medios disponibles, porque los motivos de lucha se multiplican.

Por Walter y por todxs, contra la represión, ¡Organización y lucha!

*Publicada originalmente en CORREPI el 19 de abril

Source

Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad de la Nación, marzo de 2018

Si bien en cuatro años el macrismo rompió récords en materia de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, los casos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención son crímenes históricos que han empeorado desde 1983 a la fecha.

Por Ignacio Marchini | Fotos: Colaboración

Desde el retorno de la democracia, 7093 personas han muerto en manos del aparato represivo estatal, en su mayoría mientras estaban detenidas o fusiladas en supuestos enfrentamientos. De este total, 1833 corresponden al gobierno de Cambiemos, es decir, un 26% de los casos en sólo 4 años, el peor promedio de 1983 a la fecha. Siempre y cuando se considere que la “limpieza social” es un problema que el Estado debe erradicar y no profundizar.

Estos datos se desprenden del último Informe Anual de la Situación Represiva Nacional de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), presentado el viernes pasado en Plaza de Mayo. El espacio público más icónico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo atravesado durante horas de familiares, amigos, amigas y militantes que mediante remeras y carteles recordaban a las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Pero, sobre todo, exigían Justicia al Estado que desde hace muchos años o no juzga a los ejecutores de sus hijos o, cuando lo hace, les aplica penas ridículamente leves, mediante la manipulación de las figuras penales para obtener condenas más benevolentes. Desde la Coordinadora estiman que solo 1 de cada 10 casos de gatillo fácil llegan a juicio.

Acompañando a los familiares y militantes se encontraban lxs históricxs referentes y abogadxs de la CORREPI María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, Gabriel Solano y Néstor Pitrola del oficialismo del Partido Obrero (PO), Norita Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Sergio Maldonado, entre otrxs representantes de la política y la lucha por los Derechos Humanos. Ante largas filas de familiares, militantes y amigxs se proyectaron las cifras del Informe 2019. Las estadísticas no fueron sorprendentes, si se tiene en cuenta lo que fueron las políticas de seguridad y de Derechos Humanos en estos 4 años de macrismo, que desarrollamos en otra nota anterior.

De 1 muerto cada 30 horas en promedio durante los 12 años de kirchnerismo (el más alto hasta 2016), el macrismo finalizó hace una semana 1435 días de gobierno con un promedio de un muerto cada 19 horas, la primera vez en los últimos 36 años de democracia que se supera la barrera de un muerto por día. El distrito más violento es por mucha diferencia la provincia de Buenos Aires, donde se concentran más de la mitad del total de los casos, seguida muy lejos por Santa Fe con un 9,39%.

Los abultados resultados de la política represiva del macrismo impresionan. El informe, sin embargo, indica algo mucho más trágico: el problema solo empeora desde 1983 a la fecha. De un muerto cada 311 horas en promedio al cierre del gobierno de Alfonsín (julio del ‘89) llegamos a la salida del gobierno de Cambiemos con un muerto cada 18.8 horas. En todas las gestiones entre esos años, el crecimiento fue sostenido: 1 muerto cada 131 horas fue el promedio de Carlos Saúl Menem, seguido de un pico de un muerto cada 36 horas durante el gobierno de De la Rúa y “Chacho” Álvarez, con el récord absoluto de 39 muertes en dos días en el marco de la brutal represión para contener la crisis política, económica y social de diciembre de 2001. En los sucesivos fugaces mandatos de Puerta, Rodríguez Sáa y Duhalde, entre los 3 promedian un muerto cada 46 horas y el cierre de 12 años de kirchnerismo fue de un muerto cada 30,05 horas, correspondiéndole a la suma de los gobiernos de Néstor y Cristina más de la mitad de los casos desde 1983.

Vale decir que el archivo de casos de la CORREPI no es un trabajo exento de errores y omisiones, debido en gran parte a la enorme invisibilización de los casos de violencia policial e institucional, sobre todo contra los sectores más vulnerables, y por la falta de estadísticas oficiales confiables.

Los sospechosos de siempre

Las características de las víctimas son bastante homogéneas: la mayoría son varones jóvenes de barrios populares. El sexo, la edad y la condición socioeconómica son factores claves para que la policía y los jueces determinen el grado de peligrosidad de un individuo. Quienes se llevan la peor parte son los jóvenes de bajos recursos. Del total de casos de gatillo fácil, el 43% tenía 25 años o menos. Y usamos el masculino porque son mayoritarios los casos de varones asesinados por el aparato estatal (9 de cada 10), además de conformar más del 90% de la población carcelaria en todo el país.

Si bien es una problemática con una fuerte impronta masculina, el informe evolucionó y se complejizó a lo largo de los años en base a las exigencias políticas de los movimientos y partidos en cada momento histórico, como es el enfoque desde una perspectiva feminista, que generó que se empezaran a registrar en un apartado los casos de violencia estatal imbricada con la violencia machista y patriarcal. Desde 1992 a la fecha, se registran 647 casos de mujeres, travestis y mujeres trans asesinadas por el aparato represivo estatal, de los cuales 381 fueron, además, femicidios, travesticidios o transfemicidios, respectivamente. De esos 381 casos, el 87% fueron cometidos intrafuerza de seguridad o por alguien del entorno familiar.

El encierro es una doble condena

A las condiciones de vida inhumanas que hay en las cárceles, comisarías y lugares de detención, enormemente empeoradas por lo sobrepasado que se encuentra el servicio penitenciario (según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%), hay que sumar la enorme cantidad de muertes bajo custodia, que representan la mitad del total de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde 1983 a la fecha.

En las cárceles federales, con capacidad para 12 mil personas, hay más de 14 mil presxs, mientras que en las cárceles bonaerenses hay más de 50 mil, cuando la capacidad instalada apenas supera los 30 mil lugares. Estos datos se desprenden del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Santiago Maldonado

Uno de los concurrentes a la presentación del informe fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el joven artesano anarquista desaparecido durante más de dos meses en el marco de una represión de la Gendarmería a integrantes de una comunidad mapuche en la Patagonia, que apareció muerto en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017. La causa que investiga los hechos que llevaron a la muerte de Santiago estuvo plagada de obstrucciones tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad intervinientes, así como del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Poder Ejecutivo. Aún hoy hay muchas preguntas sin responder y la familia de Santiago sigue luchando por esclarecer cómo murió.

En diálogo con Marcha, Sergio explicó por qué decidió acompañar la presentación del Informe: “También estuve participando el año pasado, porque no es que haya que dejar de venir porque cambió el gobierno, todo lo contrario. Acá debería haber gente que está en el nuevo gobierno y que estuvo acompañando en años anteriores”. En relación a las estadísticas que se desprenden del archivo, Sergio valoró que “no puede ser que maten un pibe cada 19 horas, hay que exigirle al nuevo gobierno que esto pare. Quisiera ser optimista y decir que no haya ninguno más, pero la realidad es que va a seguir habiendo por ahora pero por lo menos que vayan bajando”.

Sergio valoró que en el discurso de asunción de Alberto Fernández se mencionara tantas veces la frase Nunca Más, aunque considera que hay que seguir presionando gobierne quien gobierne. “A la tarde la nueva Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, repitiendo la misma frase que Patricia Bullrich, así que la verdad que hasta ahora no veo ningún cambio. Van muy pocos días de gobierno, lo sé, pero ya hay que empezar a marcar esas similitudes porque no quiero que pase lo mismo que pasó en estos cuatro años de macrismo”.

Source

Por Ana Paula Marangoni e Ignacio Marchini | Foto: Adrián Escandar

El gobierno de Cambiemos pasará a la historia como uno de los más regresivos en materia de derechos humanos y como uno de los más violentos y sádicos en materia de represión de las fuerzas de seguridad. Con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, una de las pocas del “mejor equipo de los últimos 50 años” que llegó a terminar su mandato, las fuerzas represivas alcanzaron niveles inéditos de violencia desde el retorno de la democracia.

No es una casualidad que el enorme ajuste económico llevado a cabo por el macrismo se haya visto acompañado por un crecimiento sin precedentes de casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, torturas por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, causas armadas y criminalización de la protesta social. Como señalan desde hace muchos años en la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), el uso de la represión estatal para garantizar las políticas de todos los gobiernos es constitutivo de cualquier sociedad dividida en clases. Para la Coordinadora, el nivel de violencia policial de cada momento histórico se explica por dos grandes motivos: la situación económico-social y las características del gobierno de turno.

En el caso de Cambiemos, el ajuste económico en todas las áreas de políticas públicas y sociales, con su consecuente empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población, llevó indefectiblemente a un aumento en el descontento y la conflictividad social. Nada más violento que la desigualdad. En relación a las características específicas del gobierno saliente, el uso demagógico del “voto bala” y el “voto cárcel”, junto a una defensa a ultranza del accionar de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios jerárquicos del gobierno, llevaron a un crecimiento desembozado de los casos de gatillo fácil y muerte en los lugares de detención.

Algunos datos para tomar noción de qué nos deja el macrismo a nivel nacional: del promedio de un muerto cada 30 horas en mano de las fuerzas de seguridad durante los 12 años de kirchnerismo, se pasó a un muerto cada 21 horas, contando hasta el 12 de febrero de 2019, según datos del archivo de casos de la CORREPI 2018. El archivo con los casos de 2019 será presentado el viernes 13 de diciembre y, según anticiparon desde la Coordinadora, la situación empeoró. Sin contar este último año, de los 6536 casos de gatillo fácil de 1983 a la fecha, 1303 le corresponden a Cambiemos. Es decir, 1 de cada 5 muertos desde el retorno de la democracia en sólo 3 años. 

La doctrina de las “nuevas amenazas”

La adscripción del macrismo a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo del Estado bélico de Israel, es fundamental para entender el vuelco en materia de “seguridad interna” en estos cuatro años. Relaciones que exceden ampliamente lo teórico y se tradujeron, por ejemplo, en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a EE.UU. y software de espionaje al Estado sionista. Todo en aras de “la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, como expresara incansablemente Patricia Bullrich a lo largo su gestión. Lucha que, además, fracasó estrepitosamente, si tenemos en cuenta que “en los últimos años hubo efectivamente más incautaciones, más detenidos, más condenados y, sin embargo, hay un aumento de la circulación de sustancias en el territorio”, como explicara al portal Chequeado Mariana Souto Zabaleta, especialista en políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Más allá del error de por sí que representa encarar el problema de las adicciones y el narcotráfico desde una perspectiva punitivista, “se habría incrementado la oferta de pasta base-paco en casi un 50% y la de éxtasis en más del 100%”, agregó la especialista.

La doctrina digitada por Estados Unidos coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona, usando la lucha contra “el terrorismo y las amenazas internas” como excusa. De este manera, el terrorista es una amenaza que nunca es discernible del todo, y puede ir desde un comando mapuche entrenado por Irán y Venezuela hasta un jubilado que reclama porque le aumenten la mínima, según el enemigo de turno que se necesite construir mediáticamente.

Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas y de espionaje a organizaciones civiles, políticas y sociales. Una doctrina que ha tenido efectos desastrosos en América Latina, como evidencian los casos de los Estados militares de Colombia o México, por nombrar algunos, con un incremento enorme de la violencia hacia las poblaciones civiles. Si a eso sumamos la profundización de la militarización de todas la fuerzas, incluidas las policiales, y el aumento de efectivos, el Estado policial se erige como regulador de la vida, dejando de lado sus funciones sociales.

Un ejemplar despliegue de la capacidad represiva del Estado argentino se dio durante la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado, con tanques, camiones blindados y armamento militar para intimidar a la población. Fueron significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales.

Milagro, Santiago, Rafael y Juan Pablo

Hay cuatro casos testigos que ejemplifican con claridad la política de seguridad y persecución del macrismo.

El 1 de agosto de 2017, otro crimen por parte de las fuerzas de (in)seguridad conmocionó a la sociedad. En medio de una feroz represión por parte de Gendarmería en la Lof Cushamen, de Chubut, Santiago Maldonado, que se encontraba acompañando a lxs mapuches en resistencia, desapareció, para aparecer muerto 78 días después, luego de idas y vueltas mediáticas, del encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad, de las autoridades de la justicia y de los funcionarios responsables, hasta llegar a Patricia Bullrich.

Mientras falsos testigos arrojaban la hipótesis de que Santiago estaba vivo en distintas localidades, la Gendarmería se ocupaba de ocultar evidencias a la vez que negaba tener conocimiento alguno de Santiago. Ocultaron las fotos de la represión donde se lo podía identificar (y, por lo tanto, descartar la hipótesis de que no hubiera desaparecido en el contexto de la represión), lavaron la camioneta que se utilizó en el operativo (la que negaron haber usado pero que aparece en videos y fotos del operativo), violaron los precintos y obstaculizaron desde el comienzo la investigación, con el aval del primer juez a cargo de la cusa, Guido Otranto, que en ningún momento ordenó apartar de la investigación a la misma fuerza sospechada de matar y ocultar el cuerpo de Santiago. 

La causa tuvo enormes cabos sueltos desde el comienzo. Uno de los más llamativos fue que, al día siguiente de su desaparición, Ariel Garci, amigo de Santiago, lo llamó a su teléfono, que estaba activo e incluso fue atendido durante 22 segundos sin emisión de voz alguna. Esto es inexplicable, incluso abonando la hipótesis oficial de que Santiago se haya ahogado y hubiera estado todo ese tiempo bajo el río. Incluso, luego de que declarara, su identidad fue dada a conocer, exponiendo su vida y negándole el derecho a protección como testigo.

A los 78 días de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo apareció en el mismo río donde fue tantas veces buscado, absolutamente intacto. A pesar del fallo del juez Lleral, en el que se aseguraba que Santiago había muerto naturalmente, intentando cruzar el río, la querella pidió reabrir la causa, debido a la cantidad de  inconsistencias encontradas en la autopsia realizada. Las objeciones se basan en distintas evidencias que impiden sostener que Santiago permaneció los 78 días en el río, y que apuntan a la hipótesis de que fue secuestrado por Gendarmería, y que ya sin vida su cuerpo fue escondido conservado a bajas temperaturas y luego “plantado” en el lugar de la represión. Algunas de estas evidencias son la presencia de polen (incompatibles con la cantidad de días sumergido), y el estado de conservación del cuerpo y del DNI, en relación con la temperatura del río y la exposición al agua en el tiempo.

La ministra de (in)seguridad Bullrich aseguró el pacto de impunidad con las fuerzas, a través de una frase que quedaría entre las más lamentables de nuestra historia: “no voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”. Así dejaba en claro su decisión política de proteger a las fuerzas incluso aunque cometieran los crímenes más aberrantes. Gendarmería despidió de sus funciones a la ministra, obsequiándole un sable con esta frase, que es hoy el macabro recordatorio del crimen de Santiago y una muestra de lealtad preocupante. Hoy en día no hay un solo preso por la represión, la muerte y la desaparición forzada de Santiago durante 78 días. Y todas las inconsistencias de la investigación continúan sin explicación.

Al caso de Santiago, que tomó repercusión nacional e internacional, debemos agregar el asesinato por la espalda del mapuche Rafael Nahuel a manos del prefecto Javier Pintos, actualmente en libertad, durante una toma de tierras. Incluso la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se encargó de avalar el accionar de la Prefectura Nacional diciendo que lxs mapuches se encontraban armados, algo que fue completamente desmentido por las pericias que además demostraron que se le disparó por la espalda, en plena huída.

Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda y huyendo. La respuesta del gobierno fue felicitarlo en persona por el Presidente Mauricio Macri, algo absolutamente inédito en democracia, y que pinta de cuerpo completo lo que fueron estos 4 años en materia represiva. Es por eso que la actuación de la policía se dijo estar regida por la “doctrina Chocobar”.

Mientras tanto, el Poder Judicial avaló sistemáticamente la persecución de quienes se enfrentaron al proyecto neoliberal de Cambiemos, a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace ya casi cuatro años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal, que ha llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

La política de hacer olvidar

Cuesta reconocerle al presidente saliente alguna de sus promesas cumplidas. Pero hay una que lastimosamente cumplió. Si algo caracterizó los dichos de Mauricio Macri fue la tajante división entre los discursos armados (torpes, vacíos y plagados de balbuceos y tartamudeos) diferenciados de aquellas afirmaciones fuera de guión (por lo general, rotundas y vergonzosas), políticamente incorrectas y dotadas de una honestidad brutal. 

Las primeras afirmaciones permitían conocer la estrategia comunicativa de Cambiemos y el esfuerzo de un mandatario que nunca lograba darle el tono de actuación justo a las palabras previstas. Las segundas ponían en evidencia los hiatos elegidos, develando pensamientos en alta voz, que debían ser reducidos a medida que Macri pasaba de ser un jefe de gobierno al Presidente de la Nación.

Por eso, en 2014, cuando a Mauricio Macri le faltaba un año para asumir como presidente, era más fácil toparse con exabruptos públicos. Allí prometió, en diálogo con La Nación, acabar con el “curro de los derechos humanos”, sincero, sin mediación de couchers ni focus groups.

Y efectivamente, desde que asumió, se ocupó de ejercer la fuerza contraria al trabajo histórico que realizaron los distintos organismos de Derechos Humanos desde el retorno de la democracia. Cambiemos trabajó arduamente en la política de hacer olvidar. La política de la desmemoria, similar a la decisión de cambiar en los billetes las imágenes de próceres por animales, involucró medidas judiciales, beneficios para genocidas, dilación de los procesos judiciales por Crímenes de Lesa Humanidad, recortes presupuestarios sostenidos en DDHH y el histórico fallo de la Corte Suprema durante 2017 de aplicar la reducción de penas (conocida como 2×1) a genocidas, que debió retroceder y fue revocado en 2018, frente a los masivos repudios y movilizaciones. 

Solo por aportar algunos indicadores, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en 2018 se registraron sólo 17 fallos a represores, el menor número desde 2010. Esto se vio acompañado con el sostenido aumento de sentencias a prisión domiciliaria para condenas por crímenes de lesa humanidad.

El fantasma de la teoría de los dos demonios volvió a cobrar vida. Previamente al lamentable fallo, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, expresó categóricamente en 2016 que en Argentina no hubo 30 mil desaparecidxs. Mauricio Macri, lejos de repudiar los dichos del funcionario, optó por sostener el libreto de la ambigüedad, afirmando que él no tenía idea si habían sido 9 mil o 30 mil, desligándose de la obligación de tener una postura clara en relación al pasado reciente y opinando como si fuera un ciudadano común, al margen de su investidura presidencial, estrategia reiterada en muchas oportunidades.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continuaron durante estos cuatro años realizando sus rondas, a pesar de las afrentas a su lucha por la justicia, y a la necesidad de que la memoria sea una política de Estado contra sus crímenes del pasado, contra el horror y contra el olvido. El jueves 5 de diciembre se despidieron de este gobierno que permitió reavivar el dolor de lo vivido, realizando la N°39 Marcha de la Resistencia y ampliando el concepto de DDHH. Porque un gobierno que no respeta la vida, no sólo agita los peores infiernos del pasado, también lo instala en el presente, cuando es indiferente al hambre, a la pobreza, a la miseria, consecuencias inevitables de sus políticas, de lo que hicieron y lo que decidieron no hacer.

La agenda urgente

La coalición de derecha saliente deja un panorama desastroso en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Dentro del enorme trabajo que deberá encarar el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y que las movilizaciones de las organizaciones políticas y sociales deberá garantizar, hay un puñado de ellas que, desde la CORREPI, califican como urgentes. 

La primera y principal es la derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las fuerzas de seguridad en cualquier circunstancia. Es decir, la legalización de la Doctrina Chocobar. También exigen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Bulacio, que ordenó “la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante”. Es decir, el cese de las detenciones arbitrarias que se multiplicaron escandalosamente durante el macrismo.

El fin de los programas de reconocimiento facial, la derogación de la Resolución 845/2019 que “sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas ‘para identificar’ en las estaciones de trenes”, el hostigamiento a las personas que se sustentan con changas en la vida pública, son algunos otros de los puntos del entramado legal que deja el macrismo que es urgente desarmar, con la principal amenaza del proyecto de reforma del Código Penal, que “incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores” y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil “que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes”.

En cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri, por su política anti derechos y por su cinismo hacia el hambre y las necesidades básicas de la población, demostró ser un gobierno en contra de la vida. Con más de 40 % de pobreza, y con un endeudamiento millonario, se va, pero nos deja en un estado de emergencia que será difícil de revertir. Por eso, intentamos recuperar la memoria para decirle a los gobiernos neoliberales #NuncaMás.

Lee todas las notas del Especial #MacriChau

Source

Una reflexión urgente sobre los femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad

Por Luciana Mignoli, Laura Guarinoni, María Florencia Alcaraz, Sandra Míguez y Laura Salomé Canteros

Mientras miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans, e integrantes de los distintos colectivos de género nos movilizamos en reclamo de políticas públicas que den respuestas concretas a los problemas que venimos denunciando, las muertes se suceden, agravadas por la vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, que quedan huérfanas no solo de madre, sino de la protección del Estado, al igual que otras personas del entorno familiar que asumen el cuidado y la responsabilidad de resguardar esa vidas, sin la asistencia pública de políticas de género, como la Ley Brisa entre otros recursos que debieran estar disponibles en forma inmediata. Esa celeridad que se le reclama al Estado, también es la que se exige cuando se pide que de manera inmediata se aparte a hombres violentos cuando son integrantes de alguno de los poderes, entre ellos a miembros de las fuerzas de seguridad.

A fines de 2016, Miriam Romina Ibarra y Lidia Milessi fueron asesinadas en la ciudad de Paraná, por Orlando Aníbal Ojeda, un prefecto de 46 años sobre el cual se había asentado denuncias por violencia y se le había impuesto una orden de restricción perimetral. Ojeda, de 46 años, ex pareja de Miriam y Lidia, terminó con la vida de ambas mujeres con su arma reglamentaria calibre 9 mm de la Prefectura Naval Argentina, delegación Paraná, para lo cual atravesó toda la ciudad para dirigirse al domicilio de cada una de las mujeres. Lidia Milessi tenía 45 años, era profesora de inglés y madre de tres hijos, de quien Ojeda era el progenitor, falleció cuando era trasladada al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Miriam Romina Ibarra tenía 35 años, y era suboficial de la Policía de Entre Ríos. Madre de dos hijos, también era una de las ex parejas del prefecto. Fue asesinada de un tiro delante de uno de sus dos hijos y falleció en el acto. Tras asesinarla, Ojeda también le disparó por la espalda a un vecino de la víctima, Guillermo Suárez, de 27 años, que tuvo que ser internado de urgencia. Aun cuando Ojeda había sido denunciado por violencia de género, la Prefectura Naval no le había retirado el arma reglamentaria con que asesinó a ambas mujeres.

Según un informe de Chequeado.com, al menos 6% de los femicidios fueron cometidos por efectivos de seguridad y defensa. El sitio da cuenta del caso del policía bonaerense Danilo Acevedo, acusado de haber matado a su ex pareja, Laura Gutiérrez, para señalar que no se tratan de situaciones excepcionales. Y añade que de acuerdo a los datos estadísticos de la Corte Suprema en 2018 hubo 278 femicidios ese año, por los cuales hay 276 acusados, y al menos 18 de ellos pertenecían a una fuerza de seguridad o de defensa, es decir un 6,5%. No obstante, podría tratarse de un subregistro, y la cantidad de casos que involucran a representantes de las fuerzas de seguridad y defensa, pueden ser más, ya que en muchas ocasiones no se registra la ocupación que tienen los victimarios, lo que implicaría que el porcentaje de femicidas vinculados a una fuerza de seguridad es seguramente superior.

Julián Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), indicó a este medio, que una parte importante de los femicidios de este registro son cometidos con armas de fuego, y en este sentido los datos que brinda la Corte de Justicia, indica que de los 61 femicidios realizados con armas de fuego, en 11 casos estas eran reglamentarias, es decir de las fuerzas de seguridad. Esto indica entonces que un 18% de los casos de femicidios fueron cometidos con armas de fuego (el arma más utilizada es el arma blanca, en el 28% de los casos, seguidos por la fuerza física, el 27% de las veces y luego las armas de fuego, que representan el 23% de los casos). También existe un registro llevado adelante por la CORREPI, que indica que desde el advenimiento de la democracia, ha habido 349 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans a manos de las fuerzas estatales. El archivo de casos de la organización antirepresiva registra 312 casos de muertes “intrafuerza o intrafamilia”, entre ellos, el 95 por ciento se tratan de femicidios.

La situación ha motivado que la senadora Sigrid Kunath impulsara el proyecto de “desarme de agentes violentos”, que fue aprobada por unanimidad y cuenta con media sanción en esa Cámara. La norma dispone que los jueces deberán ordenar el retiro del arma reglamentaria cuando se trate de causas de violencia de género en los que estén denunciados efectivos de las fuerzas de seguridad federales, además de suspender el permiso de tenencia durante el proceso. Resta ahora que la Cámara de Diputados dé sanción definitiva a dicho proyecto para que sea Ley.

Nota relacionada:

Memoria feminista para Giuliana, Susana y Nicolás: cuando el femicidio desarma una familia

Source

Por Ignacio Marchini | Foto de Pi Chon

Desde que asumió Cambiemos, la cifra de asesinatos por parte de las fuerzas represivas pasó de un muerto cada 28 horas en 2015 a un muerto cada 21 horas a principios de 2019, récord en materia de violencia estatal. Las muertes abarcan varias modalidades, desde los más conocidos como casos de “gatillo fácil”, hasta las muertes en lugares de detención, que representan casi la mitad de la totalidad de los asesinatos de las fuerzas represivas, con torturas previas en varios casos. Estos números se desprenden del informe que prepara todos los años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Por si esta situación no fuera de por sí alarmante, las proyecciones del informe 2019 son aún peores: en el último año de mandato de Macri se superó el muerto cada 21 horas. Según María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI y abogada antirrepresiva, “estamos peor que el año pasado. Estuvimos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar a tener alguna cifra parcial para mitad de año y no llegamos. Es enorme la cantidad de casos. Nos están llegando dos o tres por día”.

El aumento exponencial de casos se debe a la profundización sin antecedentes de todas las modalidades de la represión estatal. Es notable que entre las primeras medidas oficiales del gobierno de Cambiemos, apenas asumió, se encuentran el Protocolo antipiquetes, la declaración de emergencia nacional en seguridad ciudadana y la militarización masiva de las barriadas populares. Si a esto se suman los proyectos de reforma de los códigos penal y procesal penal y la creación de la Policía de la Ciudad (que mató casi dos personas por mes), se completa el andamiaje legal y militar que busca sustentar el objetivo principal del macrismo: la reestructuración profunda y a largo plazo de la relación entre el Capital y el trabajo.

El aumento de uniformados en las calles, sumado al incremento cada vez mayor del poder de fuego, sólo podían desembocar en los resultados plasmados en el informe: el macrismo es el gobierno más represor desde el retorno de la democracia, teniendo en su haber 1 de cada 5 muertos en manos de las fuerzas de seguridad de 1983 a la fecha.

Para Verdú, esto no se debe a su política en materia de seguridad, sino más bien a la falta de ella: “no ha habido una política de seguridad ni de derechos humanos ni nada que se le parezca, sino una política represiva absolutamente desembozada. Por una parte, se asentó en lo que ya existía, todas las herramientas que el Estado argentino dispone desde siempre, e incrementadas paulatinamente de 1983 para acá, para reprimir la protesta social y para imponer el control sobre los barrios más vulnerables, sobre los más jóvenes, sobre las disidencias sexuales y de género, sobre trabajadores y trabajadoras migrantes”. El macrismo le deja al próximo gobierno nuevas herramientas, de la misma manera que las que implementó el kirchnerismo le fueron legadas al macrismo.

La falta de una política en materia de derechos humanos explica por qué se ha deteriorado tanto la concepción del derecho a la vida con la llegada de Cambiemos. La resolución 956 del año pasado, que autorizaba el uso de las armas de fuego de las fuerzas represivas contra personas desarmadas y en huida, cristalizó en el papel lo que sucedía en los hechos al amparo de la “doctrina Chocobar”, nombrada en honor al policía Luis Chocobar que asesinó a un ladrón por la espalda y fue felicitado por el Presidente en persona.

La situación en las cárceles también empeoró. Según informes oficiales a nivel federal de la Procuración Penitenciaria, y a nivel provincial de la Comisión Provincial por la Memoria, se duplicaron las muertes en lugares de detención en los últimos 3 años y medio.

Toda esta escalada en violencia estatal es posible gracias a la profundización de la impunidad a niveles también inauditos. Para la referente de la CORREPI, “a partir del explicito apoyo del gobierno a las fuerzas de seguridad, y las amenazas a jueces y fiscales que se atrevan a sacar los pies del plato, la andanada de causas cerradas, sin siquiera llegar a juicio, o de absoluciones en juicios, es impresionante. A esta altura del partido, celebramos cuando logramos llegar a juicio con una calificación mínima como homicidio en exceso del cumplimiento del deber”.

Los tres casos testigo: Santiago, Rafael y Juan Pablo

La CORREPI caracteriza al Estado, desde la asunción del macrismo, como un “Estado de excepción”. Esto quiere decir, según la definición del filósofo italiano Giorgio Agamben, que se encuentran suspendidos los derechos y garantías constitucionales, decisión que un gobierno toma ante una catástrofe o una invasión extranjera. Para María del Carmen Verdú, “el momento en que entramos en ese Estado de excepción fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ese hecho constituyó el quiebre en materia represiva porque es una desaparición forzada en el marco de la represión a un conflicto social, por el derecho a las tierras originarias”.

A partir de ese momento se disparó la escalada represiva, cerrando 2017 como el año con más asesinatos a manos de las fuerzas represivas, con 451 casos. Poco tiempo después de la desaparición de Santiago, el prefecto Pintos asesinaba por la espalda a Rafael Nahuel. Menos de un mes después, el policía Luis Chocobar hacía lo propio con Juan Pablo Kukoc.

Por qué mata la policía

Todos los gobiernos usan las fuerzas de seguridad para el control y el disciplinamiento social. La consigna fundacional de la CORREPI “no es un policía, es toda la institución” explicita que gobierne quien gobierne, mientras perdure una sociedad dividida en clases, la represión estatal va a ser necesaria para poder garantizar el cumplimiento de las políticas y programas de cualquier gobierno.

Según Verdú, la mayor o menor intensidad de la política represiva estatal se debe a dos factores fundamentales: “por un lado, tenés las propias características del gobierno. Un gobierno que hace campaña, como es el caso de Cambiemos, con el ‘voto bala’ y el ‘voto cárcel’, utiliza a la violencia estatal no sólo para implementar sus políticas sino como herramienta de propaganda”.

“El segundo elemento que determina la mayor o menor incidencia de la represión en un momento histórico determinado es la situación económica-social. Cuando todo el mundo está contento, no es mucho el riesgo que tenes de tener gente protestando y tener que salir a reprimir”.

Te pude interesar:

Cuando el Estado mata: el Gatillo Fácil como política nacional

Tercerizar la violencia

El gobierno de Cambiemos, a diferencia de sus antecesores, abandonó toda pretensión de salvaguardar la imagen de las fuerzas represivas, apelando a una reivindicación explicita y una defensa a ultranza del accionar policial. Esta diferencia es sustancial con el kirchnerismo, que utilizó muchísimo más la tercerización de la represión que la represión de uniforme. “Cuando lo matan a Mariano Ferreyra”, explicó Verdú, “Cristina Fernández se pudo sentar a sacar una foto tomando el té con la mamá de Mariano, mientras decía ‘qué barbaridad lo que hizo Pedraza’ justamente por esto”.

El caso de Mariano Ferreyra es uno de los mejores exponentes del uso de la “tercerización de la violencia” por parte de los gobiernos. El Tribunal Oral de la Nación Nº21 condenó como participes necesarios a dos comisarios de la Policía Federal. Como explicó la referente de la CORREPI, “en los videos se ve que la patota llega sobre el terraplén junto con la Policía Federal. La policía les dice cuándo bajar. Hacen el ataque y, cuando los corren los militantes del Partido Obrero, ahí se les cruzan los patrulleros en el medio, que estaban esperando abajo, y la patota se escabulle por entre las filas de la Federal. Por eso no se pudo secuestrar ningún arma. Se pudo probar que se usaron cuatro armas distintas porque los compañeros fueron heridos con balas de cuatro armas diferentes”.

Este es sólo uno de varios otros casos. Durante el conflicto en Gualeguaychú y Fray Bentos (Uruguay) por la instalación de las plantas de celulosa que eran contaminantes, los desalojos estuvieron a cargo de Camioneros, gremio dirigido por Hugo Moyano, que seguía en buenos términos con Cristina Fernández en ese momento. “A los docentes de Santa Cruz los cagaron a palos patotas del PJ. A los pibitos de la FUBA, cuando quisieron designar al rector vinculado a la dictadura, fue la patota de APUBA (Asociación del Personal No docente de la Universidad de Buenos Aires) quien los atacó, sindicato que dirige Jorge Anró. Fue sistemático el uso de grupos de choque para que no se enchastre la policía las manos. No es nada nuevo, la Liga Patriótica lo hacía para el conservadurismo en 1919”, graficó la abogada.

¿Empate?

El proyecto neoliberal de la coalición de Cambiemos no logró del todo su cometido. Si bien hubo varios retrocesos importantes en materia de derechos adquiridos, como fue la reforma previsional en diciembre de 2017, todavía no pudieron avanzar a fondo con la reforma laboral, más allá de algunas reformas parciales. Que las primeras medidas del gobierno en enero de 2016 estuvieran vinculadas a profundizar la represión estatal evidencia que estaban dispuestos a pagar el costo de sangre, sea cual sea, con el fin de someter, de una vez por todas, a la clase trabajadora. Los resultados, mientras se aproxima el fin del gobierno macrista, son desastrosos.

Notas relacionadas:

Cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil: colectivizar el dolor

El gatillo fácil es ley

Source

Por Tomás Astelarra

El pasado jueves comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación el debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años. Bajo el nombre de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el proyecto fue apoyado por el Presidente cuando inauguró el 137 período de sesiones ordinarias del Congreso. A partir de la semana que viene comenzarán las audiencias. Desde Córdoba, siguiendo el ejemplo de la movilización popular que en Uruguay impidió una reforma similar, diferentes organizaciones y medios comunitarios lanzaron la campaña Córdoba No Baja.

“Córdoba no baja intenta un freno a una política que se está impulsando desde el gobierno nacional de seguir construyendo un chivo expiatorio para una problemática que bastante preocupa a los vecinos y vecinas que es la inseguridad. Creemos que es importante que exista una voz lo más colectiva y diversa posible. La intención no tiene que ver con una bandera política especifica. Es una propuesta bien abierta que cada uno pueda utilizar a su antojo. Estamos intentando sumar adhesiones, que algunas instituciones, sindicatos, dependencia la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se pronuncien. Se está difundiendo en los medios de comunicación alternativos y se está elaborando una cartilla para realizar talleres, que también podamos hacer un proceso reflexivo en las instituciones educativa y de salud barriales, para que se puede tener una mirada crítica. Tenemos niñas obligadas a parir y ahora esta ley que intenta poner falsamente el ojo en la delincuencia juvenil cuando las cifras en realidad dicen que los crímenes cometidos por ese sector de la población son bajísimos, apenas el 3%. Entonces es evidente que se está construyendo un chivo expiatorio. Creemos que la perversidad es la no garantía de un plato de comida, una vivienda digna, escuelas en condiciones, o un sistema de salud que realmente cuide a las pibas y pibes”, le contó a Radio El Grito de Traslasierra, Anabella Antonelli, del Encuentro de Organizaciones (EO).

Según un informe del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de las causas penales iniciadas sólo el 3,6 por ciento de los hechos son atribuidos a personas menores de edad. Dentro de ese 3,6 por ciento sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos. Del otro lado, según Correpi, de los asesinatos en manos de fuerzas del Estado el 49 por ciento son jóvenes de entre 15 y 25 años. También según un informe del año pasado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la tasa de desocupación en jóvenes de entre 14 y 29 años fue de 19,3, 10 puntos porcentuales por encima de la medición general. Según el Indec, los niños de hasta 14 años de edad son el 39,7 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza, y los jóvenes de entre 15 y 29 años son el 31,3 por ciento. Es decir, los menores de 30 años configuran el 71 por ciento de las personas en situación de pobreza en el país.

Si bien el texto del proyecto advierte que “la sustanciación de los procesos penales y el control de las medidas y ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño”, Antonelli aclara: “Se dice que se prevee una contención cuando sabemos como funciona el sistema de minoridad, sabemos como funciona el Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y hay sobradas denuncias con respecto a los malos tratos y que estas instituciones generan un mismo circuito de maltrato. Es perverso por todos lados. Es de un cinismo muy grande. El argumento es que se cuida los niños y niñas, y eso es falaz”.

“El contexto es perturbador por todos lados. El informe de Correpi que se presentó hace días habla de una persona asesinado por el Estado cada 21 horas. El macrismo está batiendo todos los récords desde la vuelta a la democracia en un contexto de represión a las organizaciones sociales que garantiza el plan de ajuste. Nosotres estamos preocupados por nuestra pibas y pibes, porque la represión de Estado no empezó ayer, y los pibes y pibas están siendo objeto de criminalización, persecución y fusilamiento desde hace muchos años, desde el comienzo de la democracia. Eso es parte de la dictadura que nos queda”, explica Antonelli. Y agrega: “Hasta ahora ninguna fuerza política partidaria se ha pronunciado. Vamos a seguir insistiendo, entendemos que la campaña empezó hace poquito, pero entendemos que es importante. Evidentemente para los sectores más conservadores en un panorama electoral hoy esto genera votos. No es casual que este proyecto entre en la cámara ahora. Pero en Uruguay hubo una avanzada en el mismo sentido y muchísimas organizaciones bancaron la parada y eso no se pudo realizar, no se aprobó esa ley y partir de esa experiencia es que empezamos a pensar esta campaña, también en base a toda la experiencia que hay en Córdoba a través de la Marcha de la Gorra, la La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y muchas otras organizaciones. Hay muchos sectores que se vienen organizando hace mucho tiempo”.

Source

Durante las últimas horas han surgido distintas declaraciones de referentes de la izquierda planteando la necesidad de alcanzar una unidad mayor de cara a las próximas elecciones. Dirigentes del PTS en el FIT llamaron explícitamente a Luis Zamora (AyL) y “otras fuerzas” a conformar lista única en la Ciudad de Buenos Aires, frente a lo cual tanto referentes del MAS como el MST se pronunciaron a favor de sumar esfuerzos por concretar dicha unidad.

El planteo de una lista unitaria de la izquierda es por demás acorde a la situación política que atraviesa un país en crisis, con una inflación acumulada del 47%, el aumento de la pobreza al 33% y la desocupación de más de 2 millones de personas, mientras continúan los tarifazos y despidos. Frente al fracaso económico de Cambiemos que responde al programa del FMI, se apuntala la campaña electoral a tiro limpio, a punta de pistolas Taser y medidas como la baja en la edad de imputabilidad. El gobierno que batió todos los récords de los últimos 35 años en materia represiva prepara así su camino a las urnas… Si a esto sumamos la enorme polarización que se sucederá con el Kirchnerismo/Peronismo de cara a octubre, todo indica que el planteo de la izquierda anticapitalista se verá obligada no sólo redoblar esfuerzos para defender su caudal de votos ganados, sino que deberá sumar diferentes expresiones de lucha que defiendan un programa que enfrente las políticas de hambre y saqueo de Cambiemos y el FMI. En este sentido, la referencia ganada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) es un piso desde el cual poder trabajar, ya sea por su ampliación o alianza con de otras fuerzas que defiendan su propuesta política que se estructura fundamentalmente alrededor del “no pago de la deuda externa, tirando abajo el acuerdo con el FMI y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.

En nuestro caso desde la Corriente de Izquierda Poder Popular, integramos las listas del FIT en las elecciones legislativas del año 2017, un antecedente favorable en el marco de la fragmentación general de la izquierda, pero que de seguro en la próxima contienda electoral merece ser superado con una mayor integración e incorporación de otras organizaciones, oponiéndonos con un solo puño al macrismo y los gobernadores.

Una campaña unitaria de la izquierda nos permite pensar no sólo defender lo conquistado, sino dar un verdadero salto cualitativo en poner en pie una alternativa de lxs trabajadorxs basada en los reclamos de los sectores más postergados, de las mujeres y disidencias y de la juventud, postulando salidas de fondo que alcancen a millones de trabajadorxs.

El desafío está planteado, y exige los mayores esfuerzos de quienes hace varios años, pero fundamentalmente desde que Macri asumió el gobierno, hemos dado respuesta a cada ataque al pueblo trabajador, sin dejar de plantear la necesidad de alcanzar un gobierno de los y las trabajadoras.
 

* Referente de la Corriente de Izquierda Poder Popular y CORREPI.

Source

A tres años de la gestión Cambiemos un nuevo impulso para leyes punitivistas que estigmatizan a las infancias más vulnerables.

En diciembre pasado se cumplieron 3 años del gobierno de Cambiemos, cuyas políticas han tenido impactos negativos en diferentes esferas de la vida cotidiana de la sociedad.

El ajuste social, educativo, científico son moneda corriente de este gobierno, generando mayores niveles de pobreza y marginalidad. Estas medidas encontraron respuestas en las calles, con una fuerte movilización social, que hoy el gobierno pretende utilizar con su discurso punitivista, contra protesta y contra quien considere peligroso. En los hechos, este discurso se plasmó con muertes como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, y otras y otros menos conocidos, a cargo de fuerzas de seguridad, y cientos de detenidos y detenidas en las marchas, en una verdadera cacería a mansalva.

Cotidianamente, la alianza de gobierno y sus adictos medios de comunicación adoctrinan con la exacerbación de la política represiva, cristalizada en la doctrina Chocobar. Las imágenes son elocuentes al presentar a la ministra Bullrich rodeada de policías con causas abiertas, las compras de nuevo armamento para reprimir, como las Taser, y el aumento de los agentes policiales en las calles de todos nuestros barrios, que inversamente a lo que proponen muestra un aumento de los casos de delincuencia.

Al mismo tiempo se produce el incremento de los casos de gatillo fácil, que siempre dispara contra las y los mismos. En los tres años del gobierno de Cambiemos, tal como lo relevó CORREPI, 1000 personas fueron asesinadas por el gatillo fácil; la mayoría niñas, niños y jóvenes de clases populares, como el caso de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado en Tucumán por el agente policial Mauro Díaz Cáceres, que por supuesto no recibió por ello condena alguna.

En suma, el gobierno pone en marcha un discurso que señala como mayor problema nacional a la inseguridad y propone como única forma de combatirla la mano dura, otorgándoles libre albedrío a las fuerzas represivas del Estado. Una política que también busca plasmarse en el ámbito jurídico, con el argumento de mejorar el sistema jurídico para que responda al punitivismo de Cambiemos. El mismo gobierno que empuja a miles de niño, niñas y jóvenes a la pobreza, vulnerando sus derechos más básicos, es quien los y las condena, persigue y asesina por su situación de vulnerabilidad.

Estigmatizar las infancias

Específicamente, desde el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en dos aristas que profundizan esta línea de acción y nos ponen en estado de alerta a quienes trabajamos cotidianamente con las y los niños y sus familias. Mientras en la provincia se avecina el cambio en el Código Contravencional, a nivel nacional se reavivan los debates sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. Ambos proyectos cuentan con elementos en común, como son la culpabilización de la pobreza, la estigmatización de las infancias populares y la idea de que la delincuencia es parte de la naturaleza del individuo, pobre, y no una construcción social.

Nuevo Código Contravencional bonaerense

En la Provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal presentó en el Senado provincial una modificación al Código Contravencional, que entre otras cosas, busca “responsabilizar” a madres y/o padres por las “faltas” que cometan sus hijas e hijos hasta 16 años de edad. Así se expresa en el artículo 14 (página 18): “será el Juez, mediante auto fundado, determinará si la conducta del menor fue consecuencia de una falta o negligencia en sus deberes por parte de los padres o tutores, que en tal caso serán sancionados”. La propuesta se presenta como una respuesta “moderna y eficiente” a la problemática de “delincuencia” de las y los “menores” porque permitirá identificar “conductas pre-delictuales”.

Proyecto Código Contravencional Provincia de Buenos Aires 

Estos cambios que ha impulsado la gobernadora, a cargo del ejecutivo provincial, esconden una ideología que estigmatiza a las infancias pobres y a sus familias, mientras busca perpetuar el escenario de desigualdad y pobreza que hoy vive la provincia.

Es un retroceso considerar a niños, niñas y jóvenes simplemente como menores tutelados y no como sujetos que se construyen social y políticamente día a día. Incluso en las concepciones más liberales sobre la infancia se ha abandonado la idea de que las y los niños deben obedecer sin límites a adultos, que (supuestamente) les cuidan para darle lugar a la noción de sujeto de derechos, que la gobernadora parece desconocer por completo en su propuesta. Por otra parte, transforma a las y los madres y/o padres en culpables de la situación que les toca atravesar junto a los y las niñas, deslindando de cualquier responsabilidad al Estado, que desde los inicios de la gestión de Cambiemos (tanto a nivel nacional como provincial) ha desfinanciado diversos programas e instancias de contención para niños, niñas y adolescentes.

Esta supuesta respuesta moderna y eficiente carece de sustento empírico. La existencia de “conductas pre-delictuales”, en otras palabras, considerar que un niño, niña y adolescente tiene una capacidad innata a cometer delitos, se asemeja a pensar que nuestras capacidades derivan de nuestra naturaleza, como por ejemplo ser inteligente o ser curioso o curiosa, y no por un proceso de aprendizaje y construcción de la subjetividad que vincula nuestras condiciones estructurales con nuestro modo de socializarnos.

Baja a la edad de imputabilidad

En los últimos días, el gobierno nacional ha vuelto a poner sobre el tapete la reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca impulsar la baja en la edad de imputabilidad a 15 años. El mismo será enviado a su tratamiento en las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso Nacional.

Debe recordarse que en Argentina distintas leyes reglamentan el lugar que se le da a niñas, niños y adolescentes en distintos ámbitos, como el trabajo, la participación electoral, la edad para contraer matrimonio o formar una sociedad comercial. Por ejemplo, la Ley 26.390 que regula el trabajo lo hace desde los 16 años de edad, y solo es posible desde los 15 años en el marco familiar. Entonces nos preguntamos ¿por qué un deberían ser responsables frente a la justicia desde los 15 años pero no cuentan con iguales derechos que las y los adultos en los otros ámbitos?

Una contradicción que parece naturalizar la idea que “delincuente se nace” tal como propone el Código Contravencional de la provincia y por tanto es necesario bajar la edad en la que se las y los puede someter a la justicia de los mayores.

En los discursos se fundamenta esta necesidad mirando la experiencia de otros países, donde la edad de imputabilidad es mucho menor, sin tener en cuenta, o callar, el hecho que no ha obtenido resultados en cuanto a la reducción de delitos. Al mismo tiempo los organismos internacionales de derechos humanos elevan fuertes críticas al punitivismo de menores por violatorio de los mismos. Los análisis de estas experiencias muestran que además de no haber correlación entre punibilidad y disminución del delito porque son de distinta naturaleza que las que estos proyectos buscan disuadir.

Las estadísticas oficiales y de organizaciones como CORREPI y el CELS demuestran que los delitos cometidos por menores de edad son una mínima porción del total y se concentran, casi exclusivamente, en delitos contra la propiedad y no en aquellos que atentan contra la vida, que es hacia donde apunta la reforma propuesta por Cambiemos. La punibilidad del proyecto oficial es sobre actos delictivos que no comenten, y que son una consecuencia de las políticas de ajuste que produce pobreza y falta de oportunidades.

Propuestas desde el más acá

El discurso punitivista, en particular sobre el segmento de las niñeces y juventudes, solo genera desinformación y confusión, y está lejos de producir una respuesta eficaz a la problemática de la (in)seguridad y la (in)justicia.

Quienes trabajamos directamente con las infancias más vulnerables, así como otros profesionales involucrados en la temática,  nos openemos a esta política. Creemos que un verdadero tratamiento del problema debe centrar su intervención en mejorar las posibilidades de las familias e infancias más vulnerables con políticas redistributivas, ampliación de derechos económicos, sociales y culturales y generación de empleo digno. Como decía Carlos Cajade, “detrás de cada pibe de la calle hay un padre o madre desocupada”. Nosotras y nostros gritamos en las calles, junto a las y los pibes: No Somos Peligrosos, Estamos En Peligro. Las y los pibes en la escuela y no en la cárcel.

AulaVereda Almagro  IG @aulavereda

[i] Educadoras de AulaVereda
Notas relacionadas

La Niñez no se ajusta: “Un país que hipoteca su niñez, hipoteca su presente e hipoteca su futuro”

La Niñez no se ajusta: “Proponemos la ternura como acción política, aunque suene ingenuo”

Nacer pobre, Crecer preso: reflexiones contra la criminalización de la niñez

Source

Días antes de la Cumbre del G20, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dictó una resolución que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas represivas federales. Ante esto, el vocero oficial del ministerio aclaró que era una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros; sin embargo, la Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución fue fuertemente repudiada por organismos de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, problemática que se llevó la vida de una persona cada 23 horas en el año 2017, y este año se estima que será superior. Todas pobres y sin acceso a la mal llamada justicia. “El gatillo fácil es ley”, tituló CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a la declaración que publicó apenas se conoció la reforma. “La norma hoy publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”, afirman. “Esos intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy, Cambiemos mediante, son ley en Argentina”, agrega el comunicado.

Solamente la semana pasada, antes de la Cumbre del G20 y con 24 hs. de diferencia, hubo dos asesinatos a manos de las fuerzas represivas. Uno en La Matanza y otro en Córdoba. Las víctimas pertenecían a los sectores más vulnerables. A las pocas horas de firmarse ya se conocía otro nuevo caso.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad, dado su carácter de funcionaria pública, ya que la decisión política de ampliar el uso de las armas vulnera principios constitucionales y tratados internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Además, la Resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos por lo que los integrantes de las fuerzas represivas que pretendan amparar su accionar bajo esta resolución no podrán invocarla en el proceso penal. Este sistema de jerarquías no se deroga por una Resolución siendo también una provocación más de parte del gobierno de Mauricio Macri y de la funcionaria. La Resolución nos vuelve a todas y todos sospechosos de haber cometido un delito. “La presunción de inocencia, principio rector que confiere el Código Penal pretende ser derogado y las fuerzas de seguridad parecen tener el derecho juzgar por lo que interpretan de lo que ven”, expresó Maria del Carmen Verdu.

En las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires. Será importante como sigue en las diferentes instancias judiciales así como también si se continúa la misma vía para el conjunto del país.

Cronología de la represión

Desde que se inauguró la etapa democrática los casos de gatillo fácil se vienen incrementando año a año. Ningún gobierno fue la excepción y tampoco fue capaz de contener a las fuerzas de seguridad.

El gobierno actual lleva el triste ranking de estar en primer lugar en el amparo del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. La construcción de un enemigo interno peligroso que necesita ser reprimido es la hipótesis necesaria para reprimir cualquier intento de resistir a una política que castiga a quienes menos tienen. Fue la misma lógica reglamentarista que se usó durante la última dictadura cívico-militar-clerical para perseguir, torturar, desaparecer y matar a luchadores y luchadoras populares y es la cristalización de la Doctrina Chocobar, la persecusión seguida de muerte de Santiago Maldonado o el fusilamiento de Rafael Nahuel.

La madre de Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar, expresó frente a esta Resolución que “Van a matar a los pibes pobres como perros, habilitaron la pena de muerte en Argentina”. Recordemos que Chocobar fue felicitado por el presidente Mauricio Macri por el asesinato y luego la justicia confirmó la autoría del hecho delictivo.

En una entrevista a María del Carmen Verdú (AM 830), referente de Correpi y reconocida por su intervención en defensa de los excesos de la fuerza de seguridad, fue consultada respecto de la Resolución. Allí expresó que “La única mirada que se puede tener como una persona de bien, es que esta Resolución habilita a dispararle a una persona desarmada, habilita a tirarle por la espalda, habilita a tirar en una serie de circunstancias. Como explica la Resolución, pueden ser otras las circunstancias, porque no se trata de una enumeración taxativa y lo que deja en la esfera de las propias fuerzas es determinar qué es una situación de peligro inminente o qué es el indicio o gesto inequívoco de peligro. Esa enumeración de distintas circunstancias es una especie de resúmen del menú de excusas habituales de policías, gendarmes, prefectos, etc. en los juicios: eso de pensó que tenía un arma. En el juicio del policía Otero, condenado hace un mes y pico a prisión perpetua, el policía dijo: ‘yo estaba seguro que estaban armados, porque le ví algo en la mano y era un celular con el que estaba jugando el más chico de los tres que estaba sentado en el asiento de atrás mientras los perseguía’”. Además, Verdú aseveró que “Carla Céspedes la policía exculpada escandalosamente después de fusilar a Ariel Santos cuando intentaba escapar en la moto, después de haber intentado robar un supermercado dijo que sintió que había una silueta a su lado -que en el video se ve claramente que no estaba- y que el muchacho hizo un movimiento con el brazo que le dio la impresión que iba a sacar un arma. Cuando lo fueron a ver, después que lo había acribillado no tenía nada en el bolsillo. No hay tal indefensión de los policías que argumenta Patricia Bullrich porque tenemos más de un muerto por día por gatillo fácil, hasta noviembre de 2017. Si voy a cuidar la sociedad pegando un tiro por la espalda al primero que se me cruza y me resulta sospechoso entonces definamos que es sociedad, porque por lo menos al segmento que sufre esta represión no se lo está cuidando. Facundo Ferreyra tenía 12 años, iba en una moto que no paró en un control policial, eso técnicamente es fuga, tiro por la nuca, aplauso medalla y beso a partir de esta resolución”.

Consultada respecto de la legalización de la doctrina Chocobar, expresó que “esta Resolución es convertir el gatillo fácil en ley, porque lo que Bullrich llamaba nuestra nueva doctrina (en relación al caso Chocobar) confrontaba en la caracterización con la justicia, pero esta Resolución lo que habilita es a sacar un arma. La gravedad de esta Resolución es que deroga toda resolución contraria y de pactos internacionales que le ponían un límite al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta Resolución no es constitucional, pero nuestra doctrina permite invocarlo con el caso concreto y no antes, por eso estamos convocando a defendernos de esta verdadera legitimación del gatillo fácil en la calle con movilización con lucha organizada. Pasado mañana (por el jueves) vamos a estar en la calle con las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora con dos exigencias: el repudio y exigencia de anulación de esta Resolución y el repudio y exigencia de reapertura de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado”.

El contexto

Más allá de la Resolución en sí y todo lo que se viene exponiendo hasta el momento, es importante destacar la coyuntura en que se da.

La gestión macrista está claramente atravesada por el ajuste, los tarifazos, desempleo, inflación, entre algunos de los problemas que aquejan al pueblo trabajador. Esto es producto de un plan específico en términos políticos y económicos que tienen una gran impronta en relación a la sumisión del gobierno frente al capital extranjero. Por esta razón y teniendo en cuenta que la receta cierra con represión, es que la gestión de que encabeza Mauricio Macri pone de relieve la criminalización de la pobreza y la protesta social, como si de allí surgieran los responsables de la crisis por la que atraviesa el país.

Esta resolución se enmarca, además, en un presupuesto 2019 que se ajusta en las necesidades populares pero aumenta la inversión en fuerzas represivas y tecnología para Seguridad. El terreno se termina de allanar con una justicia cómplice que se hace la distraída como en el caso de Santiago Maldonado o demora en las investigaciones de los militantes de la CTEP asesinados días antes de la Cumbre del G20. Cuando le preguntamos a María del Carmen Verdú a qué se debe este plan, sentenció: “Todo esto se da en un contexto y objetivo claro: el plan de ajuste y represión del gobierno que se puede realizar con la orden a las fuerzas de seguridad de que vayan a fondo y garantizando impunidad”.

Source