Se realizó la tercera jornada en el juicio en el que el poder judicial define si está del lado de la verdad o del lado de la impunidad en el proceso en que se juzga si Lucas Bustos es responsable por los delitos de abuso sexual y femicidio de Cecilia Basaldúa en abril de 2020 en Capilla del Monte. Fue la última por la tarde ya que desde el jueves 5 de mayo las audiencias serán a doble turno para escuchar los más de 50 testimonios que restan.

Esta vez se escuchó a seis testigxs, entre quienes se encontraban los efectivos policiales Hernán Vivas y Carlos Albariños; Walter Luna, arrendatario del campo donde apareció sin vida Cecilia; Victor Jaime, vecino de Walter Cruz; Federico Manzano Torres y De La Puerta, contacto previo de Cecilia; y Adrián Aldecoa, primo de Cecilia que vive en Villa Carlos Paz.

Algunos de los momentos cruciales de jornada, además de las contradicciones en los relatos de los efectivos policiales, fue cuando la inoperancia policial quedó en evidencia, una constante que se repitió en la segunda audiencia, tuvieron lugar cuando Luna afirmó que no había posibilidades de que el cuerpo de Cecilia hubiera permanecido varios días a la intemperie en ese lugar y cuando Manzano denunció que la búsqueda la hicieron asumiendo que Cecilia “se había perdido porque estaba drogada”.

La jornada prosiguió con el testimonio de Hernán Vivas, efectivo policial que trabajaba en el cuartel de Bomberos de Calamuchita. El policía declaró no conocer al imputado Lucas Bustos e hizo mención de que en varias oportunidades participó del operativo de búsqueda de Cecilia. Dijo que instruía a los efectivos encargados de la búsqueda para que hicieran “un trabajo de conciencia, aplicando técnicas para que los lugares queden bien rastrillados”. Vivas estuvo a cargo del equipo que tuvo la primera aproximación a Cecilia. Comentó que entre las 3 o 4 de la tarde fueron hacia la zona del campo de Walter Luna y que allí encontraron a un joven de 15 años aproximadamente, aterrado, porque “aparentemente había un cuerpo”. Walter Luna y su hijastro los guiaron hasta el lugar del hallazgo del cuerpo por un camino optativo debido a que se aproximaba la noche. Era un lugar de difícil acceso y atravesaron el monte como podían con sus herramientas (machete) hasta llegar al río, donde no había señal de teléfono móvil.

El policía declaró que cuando llegaron al lugar donde se encontraba el cuerpo se guardó la mayor distancia posible hasta que se pudiera reconocer. Se precintó el lugar y, en vano, procedió a buscar señal de celular. Vivas manifestó que no vió el cuerpo con exactitud, solo una silueta; estima haber estado a unos 60 metros. “Recibimos directivas de no aproximarnos hasta que llegue personal judicial”. Se armó un operativo y fueron la fiscal Jorgelina Gómez y policía judicial. Vivas aseguró que no habían buscado por esa zona con anterioridad, que se había buscado en zonas aledañas al cerro Uritorco y el Hotel Principado. Dos efectivos policiales permanecieron trabajando con oficiales de la policía judicial durante dos horas. Vivas agregó que al día siguiente, con el objetivo de ver si se encontraba alguna pertenencia, se hizo un recorrido desde el Hotel Principado -según un testimonio, ese fue el último lugar dónde se vió a Cecilia con vida- hasta el lugar dónde se halló el cuerpo.

El discurso del efectivo Hernán Vivas fue contradictorio en relación a su declaración en la fiscalía del día 3 de diciembre del 2020. En el actual testimonio dijo que los primeros en llegar al lugar donde se hallaba ubicado el cuerpo de Cecilia fueron los efectivos de la departamental de Investigaciones de Punilla; mientras que en la audiencia anterior declaró que fueron ellos mismos. Ante esto, el testigo expresó que “no recuerda”. Y la segunda contradicción fue que hizo mención de que tardaron dos horas aproximadamente en llegar a la zona del cuerpo, cuando en la declaración de la fiscalía anterior dió cuenta de que el recorrido llevó entre veinte y treinta minutos.

“Estoy 100% seguro de que esa semana (la anterior al 25) no había nada”

El segundo testimonio fue el de Walter Luna, comerciante y trabajador rural. Declaró conocer hace años a la familia Bustos. De acuerdo a su declaración, el sábado 25 de abril alrededor de las tres menos cuarto de la tarde, envió a su hijastro a buscar a una yegua y a su cría. Al llegar a la casa del campo lo ven como tildado. “Le pregunto si encontró la yegua y al ratito me respondió: ‘no, encontré un cuerpo. Me parece que es el de la chica que están buscando”.

Luna recuerda que dio aviso y llegaron policías, bomberos e infantería. “Yo les dije que cortemos por el campo de Jaime, 1000 metros hay más o menos a la cueva de los perros. Habremos ido 10 personas. No conocía a ninguno. Vinieron todos de fuera”. Algo clave en el testimonio de Luna es que cuatro días antes habían estado en el mismo lugar buscando a la yegua y asegura no haber visto el cuerpo: “Estoy 100% seguro de que esa semana no había nada”.

Su campo, de 49 hectáreas, colinda con el basural y con el campo de Víctor Jaime. Hace diez años que Luna está en el campo. Como no vive ahí, en esa época iba todos los días de 13:20 a 18hs. y luego se iba a su casa de Charbonier. En su testimonio aseguró que no vio pasar a nadie durante esos días y que nunca vio a Bustos en su campo. El 25 de abril, antes de hablar con su hijastro, le sorprendió ver muchas camionetas que iban y venían cerca del basural. Aún, supuestamente, nadie sabía que el cuerpo de Cecilia había sido encontrado.

A continuación compareció Víctor Eduardo Jaime, empleado rural y mecánico y dueño del camping “El Ranchito” en Capilla del Monte y del campo Puesto Viejo, colindante al campo donde fue hallado el cuerpo de Cecilia. Señaló que conoce a Lucas Bustos por ser vecinos y que no conoce el lugar donde apareció. Aunque en la audiencia dijo que nunca había tenido problemas con los Bustos, se le leyó la declaración realizada en Fiscalía en el año 2020, donde da cuenta de haber hecho una exposición policial contra la familia Bustos por el tema de los animales. Jaime reconoció haber escuchado por la radio “Jota”, una radio local de Capilla del Monte, que había aparecido un cuerpo en el basural cuatro días antes de que se diera la noticia. Posteriormente, refiere, esta información se retiró del medio de comunicación y el intendente, Fabricio Díaz, la negó.

“Se hicieron mal las cosas. No la buscaron bien”

Luego de un cuarto intermedio declaró Federico Manzano Torres y de la Puerta, quien conoció a Cecilia cuando tenía alrededor de diez años -ahora tiene 25- en un viaje a Bolivia junto con su mamá y sus hermanas. “Ella vino una vez a Capilla del Monte. Siempre tuvimos contacto”. El testigo relató que en marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, Cecilia se comunicó con su madre. Manzano dijo que ella estaba bien, que él la quería ver pero nunca se encontraron, sólo se comunicaron por medio de mensajes de WhatsApp.

En relación a la búsqueda, Manzano manifestó su hartazgo por el accionar de la policía: “Desde mi punto de vista se hicieron mal las cosas. No la estaban buscando bien, primero la policía la corrió del camping. Yo la conozco, una sola persona no hizo esto. (Cecilia) era una persona que te daba vuelta, sabía artes marciales”. Afirmó que lo pusieron en una situación muy incómoda: “me allanaron la casa, me llevaron con la camioneta del DUAR [Departamento Unidades de Alto Riesgo], me hicieron buscar. Se comunicaban conmigo a cada rato. Iban todos los días a mi casa. En un momento me llamó un jefe de policía y me dijo: ¿usted Manzano qué opina, que está muerta, que está viva?” Remarcó varias veces lo que él considera errores en la búsqueda: «durante mucho tiempo la policía asumió que ella se había perdido porque se había drogado». El joven también nombró la publicación de Radio Jota sobre el hallazgo del cuerpo referida por Eduardo Jaime.

“Primo, vienen por mí”

El quinto testigo fue Adrián Alberto Aldecoa, primo de Cecilia. Él declaró que la última vez que vio a Cecilia fue durante el año 2012 o 2013. También comentó que se comunicaron durante su estadía en Capilla del Monte. El día 5 de abril ella envió un mensaje diciendo: “Primo, vienen por mí”. Aldecoa le contestó a las horas y ya no recibía los mensajes, “solo tenía una tilde”. El mensaje del primo de Cecilia se marcó leído el día 8 de abril.

El último testigo fue Carlos Alejandro Alvariño, policía de la Jefatura de Protección de personas. En 2020 trabajaba en la División de Paraderos. El oficial declaró que intervinieron, por pedido de la fiscal Paula Kelm, aproximadamente 14 o 15 días después de la desaparición de Cecilia. La fiscal Kelm realizó una reunión por videollamada con los equipos de búsqueda y allí se encontraban: Diego Concha, el jefe de bomberos de Carlos Paz, el MPF e integrantes del poder judicial.

Alvariño testificó que hubo una investigación en la casa de Mario Mainardi, que se comunicaron con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y que revisaron los movimientos bancarios. También hizo mención de que habló con las últimas personas que vieron a Cecilia, como Mario Mainardi y Viviana Juárez, y que le comentaron que el sábado se habían juntado con unos amigos. Los oficiales procedieron a hablar con los vecinos y confirmaron que efectivamente habían visto la carpa armada de Cecilia en el patio de Mainardi.

Alvariño declaró que el día que apareció Cecilia él no se encontraba en Capilla del Monte y que Mainardi le dijo que a Cecilia le había dado un brote sicótico: “Me dijo que estaba re loca. Y que si no hubiera llamado a la familia ni se habrían enterado de que estaba desaparecida”. También manifestó que estuvo en el momento en el que trajeron a los hermanos Bustos a la Comisaría. “Me pidieron la camioneta y fueron y buscaron a dos chicos. Vi cuando llegaron. Los dividieron a los hermanos. No escuché nada. A los 30 minutos salió un personal policial y nos dijo «parece que fueron ellos”. Le recordaron que en su declaración anterior en Fiscalía, había dicho que había sido el comisario Bracamonte quien trajo a los hermanos Bustos. Y no Pagano.

El jueves 5 de mayo se escucharán los testimonios de Wenceslao Falcon ”negro nigga”, propietario de Casa de Piedra; y Viviana “la rasta” Juárez. Aún sigue pendiente el testimonio de León Cruz, hijastro de Walter Luna, quien encontró el cuerpo sin vida de Cecilia porque el joven está estudiando en la localidad de Balcarce.

*conformada por varias organizaciones territoriales, llevan un diario del juicio en: https://justiciaporcecilia.wordpress.com/

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Por Laura Salomé Canteros desde Cruz del Eje, Córdoba / Foto: Enfantt Terrible para Prensa Comunitaria Córdoba

Segunda audiencia judicial y aún no aparecen las pruebas de que Lucas Bustos fue el autor del abuso sexual y el femicidio de Cecilia Basaldúa. Hoy fue el momento de la declaración de las peritos médicas y el comienzo de la rueda de testigos alrededor de la cuanto menos, falta de responsabilidad policial, y cuanto más encubrimiento, para activar la búsqueda de la joven entre el 5 y el 25 de abril de 2020.

Si la primera jornada de este juicio estuvo dominada por las preguntas de la fiscalía y las querellas (tanto la de la familia Basaldúa como la de la Secretaría de DDHH de la Nación) sobre la víctima, hoy aparecieron algunos nombres del largo camino hacia la verdad. Específicamente se espera con especial atención las declaraciones del dueño del campo donde fue encontrada Cecilia y su hijastro (Walter Luna y León González Cruz) y la de Mario Mainardi, que según la cronología es quién la vio por última vez hasta constatarse su desaparición en la Comisaría de Capilla del Monte.

Las querellas están representadas por Daniela Pavón y Giselle Videla, abogadas de las familia Basaldúa; y por el abogado Guillermo Battistón, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y la defensa del imputado, a cargo de María Claudia Brandt. Durante la primera audiencia, el fiscal acusador, Sergio Cuello, afirmó que no hay pruebas directas contra el acusado, Lucas Bustos, sino indicios que pueden ser reconstruidos. Las audiencias seguirán hasta el viernes y continuarán el jueves y viernes de la semana próxima. Cerca de 50 testigxs son presentados por la Fiscalía; unas y otros 30 por ambas querellas y 10 más la defensora Brandt.

Cabe recordar que Lucas Bustos es el único acusado por el abuso sexual y el femicidio de Cecilia Basaldúa en abril de 2020 y será juzgado por un jurado popular; mientras que el Tribunal de la Cámara del Crimen de Villa Dolores con sede por esta vez en Cruz del Eje, está a cargo de los jueces Carlos Escudero, Santiago Camogli Roque y Raúl Alejandro Castro.

***

La jornada comenzó con la repetición de los hostigamientos policiales a familiares y a la prensa como parte del destrato y la desinformación del poder judicial. “Me gustaría ver cómo reaccionarías vos si te mataran a una hija”, increpó Daniel Basaldúa a un efectivo que le negó el paso y que le pidió “paciencia” cuando ya habían pasado varios minutos de la hora de comienzo de la audiencia y ni a él ni a Susana Reyes ni a sus abogadas les permitían ingresar.

Por parte del acusado, igual que en la primera audiencia, no les permitieron el ingreso a la sala principal. Por el contrario, Lucas Bustos nunca se enteró que ayer su familia llenó la mitad de la sala accesoria destinada a las organizaciones feministas y de DDHH y prensa. “¿A esto le llaman juicio abierto?”, se preguntó la hermana del imputado. Minutos después, la secretaria del juzgado le informó a ella y a su madre que no tenían permitido el ingreso “porque no eran partes” en el proceso pero que podían ir a saludarlo. “Él sabe que voy a estar acá hasta el último día”, dijo su madre que lo es también de otrxs nueve hijxs. Y se quedó estoica en la sala.

Luego declararon dos peritos médicas policiales, Elina Moretta y Victoria Kabadin Yonson, quiénes detallaron las lesiones compatibles con el delito de abuso sexual en el cuerpo de Cecilia Basaldúa y afirmaron que si bien “no hay elementos de la medicina que nos diga fecha de la muerte”, podría haber sido entre 5 y 15 días antes de su hallazgo el 25 de abril. “El ambiente dónde se encontró era de monte y no un basural”, afirmó una de las médicas. Otro dato aportado por las peritos fue la inferencia de que Cecilia podría haber recibido un golpe entre la nuca y el omóplato con un objeto sin filo.

A su turno, Patricio Gigena, cabo primero de la Comisaría de Capilla del Monte, declaró que el 25 de abril recibieron un llamado que afirmaba que “unos baqueanos habían visto un cuerpo” y que cuando llegaron, junto a personal policial, de infantería y de investigaciones, alrededor de las 15.30 entrevistaron a Walter Luna.

“A unos 15 o 20 metros del cuerpo, el comisario (Lencina) me dijo ‘vos quedate acá, nosotros seguimos'”. Y afirmó que regresó tras 20 minutos junto al comisario, afirmación que fue tomada como contradictoria de acuerdo a la anterior en la que afirmó que “regresé solo a la comisaría”. Pero no fue la única ya que en los documentos que firmó en 2020 constaba un croquis dónde había una construcción cercana al terreno donde fue encontrada Cecilia. Esta vez, ante la pregunta de la abogada Pavón, Gigena dijo que no la había.

Pablo García, bombero parte del operativo de búsqueda de Cecilia que se ordenó durante dos días antes y dos días después de encontrarla, declaró la cercanía de una construcción y que el 26 y 27 de abril se rastrilló un sendero en un solo sentido, hacia el camping Los Mogotes, buscando “elementos relacionados con el hecho” pero que no encontró nada. García no estuvo el día en que hallaron a Cecilia pero demostró la inoperancia en la búsqueda: fueron 80 los efectivos encargados del operativo y aún así no la vieron.

Juan Manuel Casado, también policía en ese momento de la Comisaría de Capilla del Monte, contó aunque sin decir de dónde surgió la información: “me comisionaron para que me presente a la calle Buenos Aires”. Se refería al domicilio de Mario Mainardi, a quién dijo haber entrevistado alrededor de la medianoche del martes 7 de abril por al menos 20 minutos. “Me manifestó que Cecilia no tenía dónde estar, que `había llegado a él` (sic), que había tenido un brote sicótico y se había retirado”, declaró Casado sobre lo que Mainardi le había dicho. Seguido afirmó que lo invitó a radicar la denuncia y volvió a la comisaría donde confeccionó la declaración, un croquis y la inspección ocular. “Mainardi me dijo que (Cecilia) había dejado pertenencias”, pero ante la pregunta no recordó cuáles. Sin embargo, en una declaración anterior afirmó que Mainardi “hace entrega de los elementos en la comisaría”. Se refería a la computadora personal de Cecilia que aún no está con su familia.

Mario Mainardi, quien tuvo diez meses para preparar qué decir, declaró en febrero de 2021 como testigo en la causa en la Fiscalía de Cosquín y fue quien, el 7 de abril de 2020, radicó la denuncia por la desaparición de Cecilia, quien acampaba en su terreno. A contramano del gesto que tuvo el poder judicial con Mainardi, la fiscalía nunca recibió a la familia Basaldúa; es más, hubo ocasiones en que fueron llamadxs, viajaron desde Buenos Aires hasta Córdoba pero no fueron recibidxs. En declaraciones a la prensa, Daniel Basaldúa dijo que la fiscal Paula Kelm, a cargo de la investigación judicial y quien elevó a juicio la causa y acusó a Lucas Bustos por delitos de condena perpetua, apenas aparecida Ceciliam le dijo que “había sido atacada por dos o tres personas”. Sin embargo, el único imputado es una persona que difìcilmente podría doblegar a Cecilia, cinturón negro en taekwondo.

El último testimonio fue el de Emanuel Caleb Alba, sargento de la Brigada de Investigaciones de la policía de Capilla del Monte, a quien se le comisiona el 8 de abril a realizar un patrullaje por la zona cercana a la casa de Mainardi, luego de la entrevista de este último tuvo con Casado. El 9 se realizaron dos allanamientos en la casa de Mainardi, uno por la mañana y otro por la noche, por indicación del subcomisario Ariel Zárate. El operativo de la mañana lo realizó el comisario Claudio Ponce, y allí se secuestraron una mochila con libros y cuadernos, ropa y herramientas de artesanía que se hallaban sobre un colchón ubicado en el comedor de la casa. Todo lo hallado quedó en la comisaría.

Alba dio detalles sobre el cotejo de llamadas en los celulares de Cecilia y Mainardi y que se encontraron comunicaciones del 28 y 30 de marzo; y el 8 de abril una llamada a Buenos Aires al número de Guillermo Basaldúa. Preguntado por algunos aspectos concretos de la investigación vinculados a Mainardi, no pudo dar precisiones. Llamó particularmente la atención que cuando el fiscal le consultó acerca de si habían relevado las cámaras de seguridad para buscar registros de Cecilia, en primera instancia manifestó que no había cámaras en la cuadra de la casa de Mainardi ni en la plaza principal del pueblo que queda a unos metros. Sin embargo, ante el requerimiento de uno de los vocales, terminó reconociendo que efectivamente hay cámaras en el banco y en los cajeros automáticos de la zona. En la audiencia de hoy quedó expuesto que durante la instrucción nunca se investigó seriamente a Mario Mainardi. El policía continuará con su testimonio el día jueves.

El tribunal informó que los jueves 5 y viernes 6 de mayo, las audiencias comenzarán desde las 9. Para el miércoles 4 se espera la declaración de Wenceslao Falcón y Viviana Juárez, a quienes Cecilia contactó buscando hospedaje en cercanías a la Plaza San Martín de Capilla del Monte.

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Por La Nueva Mañana de Córdoba y Marcha para Prensa Comunitaria Córdoba | Fotos: Enfantt Terrible y La Garganta Poderosa para Prensa Comunitaria Córdoba

Frente a los Tribunales de Cruz del Eje, a las 14:50 hs, inició al juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa con un único imputado: Lucas Bustos. Un joven de 25 años que trabajaba, desde los 14 años, de peón de albañil y vivía en una zona rural. Los jueces designados para el proceso son Carlos Escudero como presidente, Santiago Camogli Roque y Raul Alejandro Castro como vocales. La acusación está a cargo del fiscal, Sergio Cuello.

“No quiero que le queden dudas, yo le voy a explicar que está pasando en el juicio, usted no puede levantarse sin saber que va pasando acá”, inició el juicio el juez Escudero dirigiéndose directamente a Bustos. La acusación que recae sobre él implica un supuesto encuentro “a las 23:00 horas entre el 5 y el 15 de abril, sin un lugar determinado, pero en cercanías de un campo y a metros del Rio Calabalumba”, donde se habría encontrado con Cecilia.

Bustos está imputado como autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal por homicidio doblemente calificado por violencia de género. No hay pruebas contundentes que lo vinculen a Cecilia Basaldúa ni al femicidio. Solo una declaración que, según las querellas, fue dada bajo apremio.

La única certeza: no hay pruebas contra Bustos

Las querellas, conformadas por la familia de Cecilia Basaldúa y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseguran que no hay pruebas para culpar a Bustos y piden su absolución. La abogada de la familia, Daniela Pavón, expresó que “lo único que podemos hacer es dejar expuesta todas las irregularidades que venimos denunciando, confiamos en que vamos a ser escuchados, la familia va a ser escuchada, que va a haber justicia por Cecilia”.

Desde la Secretaría, el abogado Guillermo Battiston, dijo: “Queremos tratar de evitar que haya otra víctima más de este hecho. Cecilia Basaldúa es víctima de un crimen aberrante. El peor resultado que podemos tener es una condena de Lucas Bustos porque nunca vamos a saber quién fue realmente el asesino”. “Vamos a ver cuál es la prueba que trae el Ministerio Público y si es la misma que trajo hasta ahora, vamos por la absolución. Si aparece una prueba que sea concluyente y que confirme la autoría de Lucas Bustos, lo vamos a acusar. No queremos impunidad, pero tampoco que se condene a un inocente”, agregó.

Durante la primera audiencia del juicio, Pavón pidió que se juzgue con perspectiva de género y Battiston dijo frente a los jueces: “las pruebas no nos convencen hoy para condenar a Bustos”.

La Fiscalía busca reconstruir los hechos

La audiencia continuó con las palabras del fiscal, Sergio Cuello, que expresó que “Cecilia era una persona muy joven con una búsqueda espiritual” y por eso había llegado a Capilla del Monte. En varias ocasiones, el fiscal se refirió a que Cecilia era mujer y eso implicaba “una condición muy particular” a la vez que era “una víctima especial”.

Cuello alegó que la fiscalía busca “reconstruir los hechos con pruebas” que van a mostrarse en las diferentes audiencias. “No basta la probabilidad, hay que tener certezas, no vamos a condenar a una persona si no estamos seguros”, dijo y mencionó la necesidad de “credibilidad en la sentencia”. Además, se refirió a las críticas que pesan sobre el proceso de investigación luego del femicidio: “en este proceso se ha cuestionado la investigación por eso el Ministerio Publico Fiscal tiene compromiso especial con este caso”.

María Claudia Brandt, abogada defensora de Bustos, dijo durante la audiencia que es inocente. “Yo no lo voy a llamar perejil porque es despectivo para su persona y banal para Cecilia Basaldúa”, expresó y aseguró que tiene “puntos en común” con la posición de ambas querellas. Luego, el juicio continuó con palabras del imputado, Lucas Bustos, que respondió algunas preguntas formuladas por el juez. Entre otras preguntas, Escudero indagó si consumía drogas, alcohol o cobraba subsidios del estado.

Bustos se negó a declarar durante la audiencia e incorporaron a la causa una declaración dada en abril de 2020 dónde aseguró que no fue autor de los hechos.

Declararon el padre y la madre de Cecilia Basaldúa

Hacia el final de la primera jornada del juicio, declararon el padre y la madre de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes. Ambos respondieron a las preguntas del fiscal Cuello, de la abogada defensora de Lucas Bustos y de su abogada, Daniela Pavón. De esta forma, quedó asentada la cronología que va desde la última comunicación que tuvieron con su hija hasta la desaparición.

“Su mochila era su casa”, dijo Daniel emocionado mientras contaba la alegría con que Cecilia viajaba. “Ella nunca se hubiera ido dejando el celular y la computadora”, reflexionó para introducir en el proceso la oposición a la hipótesis de que podría haberse ido de la casa donde estaba alojada por su propia voluntad. Luego relató cómo llegó, sin ayuda de la fiscalía, al lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija. Relató que enseguida se preguntó “¿Quién armó esto?”. “Me dijeron que Cecilia se había caído, que era un lugar inaccesible pero pedimos ir al lugar y prontamente nos llevaron”.

“La comunicación de Cecilia era permanente”, arremetió Susana con intensa tranquilidad. “El sábado 4 de abril a las 12.45 del mediodía me escribió y me dijo ‘estoy en una casita alta en una colina’. Yo deduzco que era la casa de (Mario) Mainardi”. La madre de Cecilia contó cómo recuerda se sentía su hija y que confiaba en ella, en que estaba bien. Sin embargo relató que tras perder conexión y enterarse que estaba siendo buscada, viajó uno de sus hijos y percibió que “le presentaron todo un armado”.

Fue finalmente cuando deciden viajar desde Buenos Aires. “Llegamos a Capilla del Monte el 24 de abril y al día siguiente apareció el cuerpo de Cecilia. Primero nos dijeron que no nos preocupáramos y luego nos llamaron para decirnos que estaba muerta. Mi enojo inmediato fue con la policía”. Y afirmó: “A ella ma atacaron varias personas. Lo que pasó es inoperancia, ocultamiento. Queremos la verdad y voy a llegar a la verdad, voy a ver presos a todos los culpables”. Y concluyó: “Tengo sospechas de otras personas”. “Cuando fuimos a hablar con la novia de Mainardi, nos dijo que una noche había aparecido con una mochila. Que sacó un elemento musical y se lo regaló a ella”. Susana se refería a un instrumento que fue reconocido de Cecilia por uno de sus hermanos.

Al final, la abogada de la familia de Cecilia declaró que las expectativas están puestas en sacar a relucir las irregularidades que vienen denunciando. “Queremos un juicio verdadero”, dijo Daniela Pavón señalando lo que llamó “connivencia policial”. Por su parte, Daniel Basaldúa fue el último en hablar con la prensa y confirmó lo que dijo adentro de los Tribunales ante los poderes patriarcales: “A Cecilia la asesinaron vilmente. Que investiguen a quien tienen que investigar”.

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Inicia en Córdoba el juicio contra Lucas Bustos, acusado de ser el autor del abuso sexual y el femicidio de Cecilia Basaldúa en abril de 2020. La familia y las organizaciones feministas exigen la anulación del proceso y denuncian una investigación arbitraria, sin perspectiva de género y que no incorporó elementos testimoniales y probatorios elementales.

Por Laura Salomé Canteros desde Cruz del Eje, Córdoba | Foto: La Tinta

Cecilia era (es) una de nosotras. Habitante de la furiosa ciudad de Buenos Aires, tras formar parte de la selección de hockey sobre hielo que participó de los Juegos Panamericanos 2015 en México, recorrió varios destinos de nuestra Abya Yala. En 2019 regresó a los barrios porteños, pasó las fiestas y vacaciones con su familia y en marzo de 2020 viajó a Córdoba, dónde tenía la intención de transformar en palabras eternas las aventuras y experiencias de sus viajes.

Fue en Capilla del Monte, localidad turística a 100 kilómetros de la capital y al pie del cerro Uritorco, donde la pandemia, el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la crueldad patriarcal la sorprendieron. Allí fue vista por última vez, el 5 de abril de 2020, y tras estar desaparecida fue encontrada asesinada el 25 en una zona rural cerca de la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del río Calabalumba.

Hoy, tras dos años, inicia el juicio contra el único acusado de ser el autor del abuso sexual y el femicidio de Cecilia Basaldúa. Será desde las 14 horas en Cruz del Eje, con un jurado popular y el Tribunal de la Cámara del Crimen de Villa Dolores, a cargo de los jueces Carlos Escudero, Santiago Camogli Roque y Raúl Alejandro Castro. La acusación será del fiscal Sergio Cuello secundado por la fiscal Paula Kelm.

Será otro capítulo de los feminismos populares organizados contra la impunidad de los poderes patriarcales. Para la primera audiencia fue convocada una concentración, hecho político en que la familia y las organizaciones exigen la anulación del proceso y denuncian una investigación arbitraria, sin perspectiva de género y que no incorporó elementos testimoniales y probatorios elementales.

“No estamos de acuerdo con la investigación”

La fiscal Paula Kelm, quien estuvo a cargo de la investigación, el año pasado elevó la causa a juicio con la hipótesis de que Lucas Bustos es el autor material de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa”, los cuales prevén la prisión perpetua.

Al respecto, y en declaraciones a la agencia de noticias estatal, Télam, Daniela Pavón, abogada representante de Susana Reyes y Daniel Basaldúa, madre y padre de Cecilia, afirmó que “no estamos de acuerdo con la investigación y tampoco con la imputación a Lucas Bustos”.

“Todo el proceso de investigación fue irregular”, agregó Pavón, “a la fiscal Kelm hemos presentado múltiples elementos que debían ser investigados, sin embargo fueron desestimados sin siquiera considerarlos”. “El proceso de investigación está plagado de irregularidades por la actuación policial que, probablemente, sea para encubrir a los verdaderos autores (del femicidio)”, apuntó. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será querellante en el proceso y representada con el abogado Gerardo Battistón adelantó que tampoco va a acompañar la acusación de Lucas Bustos.

La familia Basaldúa no cree que Bustos sea el responsable de los delitos y plantean que la fiscal busca encubrir a alguien más porque la única prueba que se usó en su contra es una confesión realizada mediante “apremios ilegales” y torturas por parte de la policía.

Por su parte, desde la Mesa de Trabajo por verdad y justicia para Cecilia Basaldúa integrada por organizaciones de DDHH, populares y feministas que acompañan a su familia, se interpeló al poder judicial desde que se conoció la elevación a juicio del único imputado.

“¿Por qué no se realizó inspección ocular y reconstrucción del femicidio como solicitó la querella? ¿Por qué no se analizaron las pruebas de luminol encontradas en la casa donde estuvo Cecilia antes de su desaparición? ¿Por qué se elevó a juicio faltando receptar la declaración de una importante cantidad de testigos?”.

La pandemia del encubrimiento

El pasado 25 de abril, a dos años de la aparición sin vida de Cecilia, los feminismos organizados convocaron a marchas y concentraciones en Capilla del Monte, Córdoba capital y CABA. Esta última con la presencia de la madre y el padre de la joven, quienes intentaron entregar en la Casa de la Provincia un petitorio exigiendo verdad.

“Cecilia desapareció el día 5 de abril del año 2020. Su familia realizó la denuncia a los tres días. Entonces no se activó el protocolo de búsqueda inmediata como establece la ley provincial. El caso fue caratulado desde el principio como averiguación de paradero, tomando como premisa que Cecilia se ausentó por voluntad propia”, afirmó la declaración de la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba, leída ante una gran convocatoria. “Creemos que ese fue el primer signo de una larga cadena de encubrimientos que veríamos en el proceso de investigación y no podemos dejar de mencionar que quien estuvo a cargo de la búsqueda territorial de Cecilia fue el denunciado por abuso sexual y hoy detenido”, agregaron.

A los dos días de la aparición del cuerpo de Cecilia, la fiscal Paula Kelm, a cargo del proceso de investigación detuvo a Lucas Bustos, un peón de campo que es el único imputado y que según la Asamblea NUM, no existe prueba concreta que lo incrimine excepto el testimonio de algunos policías que fueron denunciados por apremios ilegales. Al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, co querellante en la causa, denunció que Bustos es un “perejil”. Un contexto de investigación asociado al silencio. Es más, fueron las y les integrantes del Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte quienes salieron a buscar a Cecilia a pesar de las restricciones de movilidad por el inicio de la pandemia y la inacción policial. Y es ahora su familia y las organizaciones quienes luchan por el esclarecimiento de su femicidio ante lo que denuncian fue una investigación sin perspectiva de género y realizada bajo prácticas abusivas por parte de la fiscal y un alto mando de la policía de Capilla del Monte, como por ejemplo no permitir a otras instituciones acceso al expediente judicial ni al sitio donde fue encontrada Cecilia.

“Este juicio está armado y debería ser anulado. No es posible que exista justicia sin un debido proceso de investigación”, afirmaron desde la Asamblea. El juicio tendrá varias jornadas desde hoy: irá hasta el viernes 6 y retomará las audiencias el 12 y 13. ¿Qué exige la familia y los feminismos ante la desaparición y el femicidio de Cecilia Basaldúa? Verdad. Que este juicio sirva para romper la cadena de silencios e impunidad y se esclarezcan los hechos entre el 5 y el 25 de abril de 2020, días en que Cecilia desapareció y apareció sin vida. Justicia. Que se continúe con la investigación. Que la fiscal incorpore elementos probatorios que la familia considera fundamentales para explicar los delitos de abuso sexual y femicidio. Y memoria feminista. Que Cecilia sea recordada por sus sueños y proyectos que nos identifican y por los que militaremos hasta que todes seamos libres.

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Por Laura Salomé Canteros y Ana Paula Marangoni | Arte: Iván Barrera

“Somos Socorro Rosa Córdoba, una colectiva feminista y autogestiva que brinda información acerca de cómo realizarse un aborto seguro con pastillas y acompaña a las personas que desean interrumpir su embarazo”. Así, les integrantes de esta colectiva de acompañamiento se presentan, y responden nuestras preguntas que abordan la problemática del acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos durante la pandemia de COVID- 19 y de forma histórica.

Sobre el marco de clandestinidad, el peso de dobles y triples jornadas sobre quienes acompañan, sobre quiénes abortan y la necesidad de construir mundos vivibles, voces colectivas para el ejercicio de soberanías desobedientes. Desde los territorios y para el especial “¿Quién defiende a lxs Defensores?”.

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¿Cómo es abortar en Córdoba?

Tan diverso como los modos en que se pueden entramar variables como la ubicación geográfica, la capacidad económica, la edad, entre otras. No es el mismo acceso en zona rural que en la ciudad, en un barrio céntrico periférico, si se cuenta con dinero o no, si se está acompañada, o si se aborta sola y a escondidas. Se viene tejiendo una red de espacios, tanto públicos como privados, que buscan garantizar el acceso al aborto seguro. Sin embargo, esos contactos son escasos y aún hay personas sometidas a maltratos, desinformación, criminalización y prácticas inseguras.

El Protocolo de ILE en la provincia de Córdoba estuvo suspendido desde 2012 hasta fines de 2019 por un amparo presentado por la Asociación Civil católica ortodoxa “Portal de Belén”. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se tomó siete años para considerar la cautelar presentada por la ONG como inadmisible. Y que fue gracias a la lucha territorial de los movimientos feministas que empujaron durante esos años para su aplicación. Rige en la actualidad en nuestra provincia, el Protocolo elaborado por la misma en 2012, no habiéndose adherido aun al Protocolo actualizado a nivel nacional. Aun así, estos sectores antiderechos tienen lugar en la justicia, tal es el caso en que la jueza federal, Cecilia Madariaga Guilardi de Negre, dio lugar a un amparo presentado por esta misma ONG y ordenó la suspensión de la venta de misop200 bajo receta en farmacias.

¿Cuándo y cómo surgió la colectiva y por qué?

Socorro Rosa Córdoba surge en 2012, cuando un grupo de militantes feministas, a partir de la cantidad de consultas que recibían personalmente sobre cómo y dónde abortar, decidieron formarse y organizarse para empezar a compartir información sobre cómo interrumpir un embarazo de manera segura con pastillas; y además de compartir información, empezó a acompañar esos procesos de las personas que llegaban en busca de ayuda.

Entonces surge “Socorro Rosa Córdoba”, con su nombre inspirado en nombres de feministas italianas que entre las décadas 60 y 70 se organizaban para resolver situaciones similares.

¿Cuáles son los principales obstáculos para la tarea de acompañar?

En el contexto actual, hay un obstáculo muy evidente, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la imposibilidad de circular y encontrarse en espacios públicos para tener talleres, que es el momento en el que brindamos la información, cara a cara, de manera presencial. Previo a este contexto, uno de los mayores obstáculos es el marco de clandestinidad que rodea al aborto y que dificulta las dinámicas sociales vinculadas al acontecimiento.

Además, la persecución y el hostigamiento de grupos antiderechos nos lleva a pensar de manera permanente, estrategias de cuidado para prevenir y protegernos, a nosotres y a quienes acompañamos, de sus acusaciones y maltratos. Otro obstáculo es la precarización y sobrecarga a la que estamos sometidas; en rutinas cotidianas signadas por la precarización laboral y las tareas domésticas, hacernos de tiempo para organizarnos y acompañar, es un verdadero desafío.

¿Cuál es la principal demanda, relacionada con la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que le harías a las y los responsables políticos de tu provincia?

La principal demanda es que dejen de violentarnos y de impedirnos el acceso a derechos que nos garantizan una vida digna; que dejen de obstaculizar la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y maneras de ser y vivir; que podamos parir como queremos; abortar como queremos; cuidarnos con el método anticonceptivo que queremos y que se garanticen los recursos y leyes para poder efectivizarlo. En nuestra provincia, exigimos que se brinde la información necesaria, los recursos e insumos para acceder al aborto seguro y a los métodos anticonceptivos como política pública universal, independiente de la voluntad del equipo de profesionales.

¿Es la ESI de cumplimiento efectivo en las escuelas de tu provincia?

Son pocas las instituciones que garantizan la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra provincia. Muchas impiden su aplicación y se manifiestan en contra, aglutinadas en el eslogan “Con mis hijos no te metas”; y otras utilizan el marco de la ESI para bajar contenidos que son contrarios al espíritu de la Ley, como en escuelas que celebren el “día del niño por nacer” y que se oponen a la Ley de Indentidad de Género, reniegan del Matrimonio Igualitario y prohíben el uso de lenguaje inclusivo. En los colegios en los que se busca respetar la Ley, es difícil encontrar iniciativas comprometidas y transversales. A veces las instituciones obstaculizan su implementación o las plantas docentes manifiestan no estar preparadas para ejecutarlas. Así, la aplicación de la ESI queda en la voluntad, posibilidad y creatividad de cada docente en particular.

Si pudieras identificar las tres principales causas por las que las personas gestantes abortan, ¿cuáles serían?

Las personas que deciden abortar, se encuentran motivadas por situaciones muy diversas, difíciles de encasillar. La situación económica; la falta de trabajo o vivienda; salario por debajo del mínimo necesario para vivir; el proyecto de vida, estudiar, viajar; encontrar un trabajo deseable; de tener otres hijes y no querer volver a maternar; la ausencia de compañía a la hora de compartir la responsabilidad de la crianza (quién aporta el esperma se borra), suelen ser algunas de la principales causas que motivan la decisión de interrumpir un embarazo en quienes acompañamos.

¿Por qué eligen acompañar y porqué piensan que es una práctica feminista?

Acompañamos a personas que deciden abortar porque creemos que es un acto políticamente potente en contra de la clandestinidad del aborto y a favor de la libertad y la autonomía corporal. Compartir la información que existe, socializar la experiencia acumulada y hacerla pública, es una forma de lucha contra la imposición de silencios y tabúes. Creemos que esta práctica es feminista porque opone al poder unilateral del modelo médico- hegemónico patriarcal que gobierna y legisla sobre nuestros cuerpos de manera autoritaria, otras lógicas basadas en los cuidados, la contención, las redes de solidaridad, la independencia.

Creemos que las vivencias de sufrimiento que rodean a los abortos se vinculan a condiciones de criminalización y condena social; y que por eso, habilitar mecanismos de escucha y de sostén colectivo, puede hacer de las interrupciones, experiencias que empoderan y brindan autonomía sin hostilidades ni prejuicios. Nos proponemos desdramatizar el aborto sin banalizar la carga que socialmente se le asigna, lo pensamos como experiencia que puede relacionarse al deseo, a la elección, a la sensación de alivio, libertad y al ejercicio de la autodeterminación.

Con resguardo de la identidad, ¿cuál fue la historia donde más les alegró ser acompañantes de las decisiones soberanas de otras y otres?

Una de la que más nos alegró fue la de una enfermera, que tenía miedo de poner su vida en riesgo al abortar de manera clandestina tras ver cómo se moría una joven en la guardia ginecológica por un aborto mal practicado. Nos alegró también acompañar a una adolescente que se encontraba en una relación de noviazgo violenta; a una señora, madre de tres hijes, cuyo embarazo ponía en riesgo su salud e interrumpirlo le garantizaba poder seguir compartiendo la vida junto a quienes quería. Nos alegró acompañar a personas migrantes; y cuando nos tocó acompañar a ex estudiantes de las escuelas en las que algunas de nosotras ejercemos la docencia.

¿Reconocen alguna historia en su provincia que sea representativa de los obstáculos, dificultades y/o actores y poderes que impiden el derecho al aborto? ¿Podrían contarla? ¿Por qué es para ustedes una historia o situación emblemática?

Existen varias historias emblemáticas en las que se interpusieron poderes eclesiásticos gubernamentales para impedir el acceso al aborto. Sin embargo, a nosotres nos interesa destacar todas aquellas vivencias cotidianas e imperceptibles que sufren las consecuencias de la clandestinidad, atravesando padecimientos innecesarios, junto al miedo y el dolor; en donde los poderes que se interponen son múltiples y a escalas micro, como puede ser la pareja, la escuela, el hospital, que al final encarnan de manera local, los planteos morales de grandes instituciones como la iglesia. Por eso, colaboramos en que sean menos traumáticos y dificultosos.

¿Por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito?

Es necesario que el acceso al aborto sea legal, permitido y garantizado por el Estado; gratuito, accesible para todas las personas más allá de su posición de clase; seguro, ultilizando métodos probados y eficaces; y libre, sin trabas ni restricciones o juicios estigmatizantes.

Esto ayudaría a terminar con las muertes evitables, daños físicos y malestares psicológicos vinculados a la criminalización de la práctica, formalizaría el derecho de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo sin coerciones ni tratos hostiles, habilitaría la maternidad como elección, surgida del deseo y no como destino impuesto cuya evsaión debe ser castigada; y permitiría la construcción de nuevas subjetividades respecto del aborto alternativas a la culpabilización y la victimización.

Todos estos cambios, sin embargo, no se producurían de manera automática ya que así como toda Ley es resultado de largos procesos históricos de lucha, su implementación debe ir acompañada de condiciones materiales que garanticen su funcionamiento como partidas presupuestarias, iniciativas para la formación profesional, aprobación de los medicamentos recomendados para prácticas seguras, campañas de concientización, etc.

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Por: Luz Ailin Baez y Vivian Palmbaum Foto: Ariel Luna

Córdoba vuelve a ser noticia por los incendios que no cesan. Más de 12.000 hectáreas quemadas en más de 10 días de intenso fuego en el norte cordobés. Las noticias recién comienzan a dimensionarse, más allá del contexto local. Las radios y  medios comunitarios siguen siendo quienes cuentan lo que los medios masivos silencian. Así lo contaban desde el Informativo Farco: el domingo 23 la jornada fue crítica con vientos intensos, evacuaciones y quema de casas, con rafagas de 50 km por hora”. Uno de los frentes que se abrió fue hacia la localidad de Charbonier, donde se realizó la evacuación preventiva en la localidad. 

Por otra parte, Roxana Montenegro, jefa comunal expresó a Radio Garabato, “es impresionante estar en la localidad de Charbonier, el humo, el viento está rotando permanentemente, el viento cruzaba la ruta 17 hacia Capilla del Monte, pasado media hora volvía a rotar, y el viento que vuelve a Charbonier”, donde   las y los habitantes hacían guardias para que no cruce la ruta 38. Montenegro reportaba “en Escobas hay otro foco también activo, con temor que cruce la ruta 38. El domingo 16 de agosto se contabilizaban unos 130 evacuados, la mayoría de Capilla del Monte, y siete casas quemadas”. “Se quemó mucho monte nativo, es muy triste lo que estamos viviendo.”, lamentó Montenegro.

“Es necesario modificar la legislaciones permisivas vigentes, modificar las leyes de uso del suelo y que haya un nuevo ordenamiento y una nueva visión estratégica para planificar nuestros territorios en un contexto climático y en una profunda crisis de la industria del turismo”, expresaban desde la radio Muchas Voces de Capilla del Monte. 

En declaraciones para Marcha, un periodista de Capilla del Monte, explicó que desde el barrio Faldas del Uritorco, situado justo abajo del Uritorco (el cerro más grande de Valle de Punilla),  “en este momento se realiza un plan de evacuación en el barrio, si bien el fuego todavía está más al norte, el viento norte lo está trayendo para este lado y está a seis kilómetros. Tanto el pronóstico como la situación actual son de vientos con rafagas fuertes de norte a sur, por lo que se está implementando este plan de evacuación”. 

Sobre el origen de los incendios, trascendió que una persona habría reconocido ser el autor: según el medio digital Mirá el Norte, de Dean Funes, se trataría de Raúl Norberto Castro (39), un peón de Villa  Albertina, localidad situada a 40 km de Capilla del Monte. El hombre fue detenido el sábado 15 de agosto a la madrugada muy cerca del origen del fuego y unas horas más tarde recuperó su libertad. Ante la Justicia reconoció que inició la catástrofe por una encargue de otra persona. “La disminución del viento permite el trabajo con los aviones hidrantes. Las pérdidas de monte nativo son incalculables, el 100% en zona roja de máxima protección”. Resulta curioso que hayan detenido a un peón rural enviado a quemar pastizales mientras su patrón que está en libertad. 

Desde ese momento el fuego no se detuvo: en algunos momentos parecía más controlado pero siguió prendido. La  jornada del 24 de agosto fue muy complicada por el viento norte girando constantemente haciendo muy dificil el trabajo de bomberos y sobre todo la planificación y la posibilidad de apagar el incendio.

“Una de las cuestiones que se han visto como pasa siempre con los incendios en Córdoba, es la poca infraestructura para combatir incendios. Los aviones hidrantes son pocos (apenas cuarenta) para la magnitud que toman los incendios en el monte nativo con la cantidad de material que tenemos”, expresaron para el mismo medio.

Para Capilla del Monte Noticias, desde Defensa Civil explicaron que hay 140 bomberos trabajando en la zona, 50 bomberos en Copacabana, 40 en Casa Grande y 60 en La Calera. Asimismo  informaron que han podido retornar a sus casas unas 184 personas. 

Desde las zonas como Copacabana denunciaban el abandono del gobierno provincial que hasta el momento no había enviado ni bomberos de otras jurisdicciones, ni aviones hidrantes al tiempo que en los medios se proclamaba lo contrario. Las y los pobladores afirmaban que las respuestas de Defensa Civil ante el pedido de ayuda fueron irrisorias, como mover los camiones hidrantes costaba mucho dinero y el gobierno no tenía mucho presupuesto. Solo el día 22 de agosto una camioneta de Dean Funes se aproximó a la zona en tareas de reconocimiento, luego que ardieran miles de hectáreas con animales. 

La superficie de monte nativo que ardió -declarado zona roja- es enorme junto a los animales que quedaron atrapados en el fuego. Entre las especies perdidas están las palmas nativas o “caranday” que además es parte del sustento de las familias que viven del tejido de la hoja de palma. 

Las y los pobladores de Copacabana denuncian que el gobierno provincial recién comenzó a ocuparse de la grave situación el domingo cuando las ráfagas de viento hicieron inocultable los incendios.  El mismo gobierno provincial cuyo Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó hace apenas 4 años un proyecto de ordenanza que obligaba a los edificios a contar con techos cubiertos con vegetación, conocidos como “techos verdes” con el objetivo de paliar la situación de contaminación en el centro de la provincia. Maquillaje político y saqueo a mansalva del monte autóctono.

Desde la Brigada Vecinal de Villa Giardino denunciaron: “Como pobladorxs que vivimos, cuidamos y precisamos de nuestro monte, exigimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba: veracidad en la información proporcionada a la población,  recursos disponibles y constantes para la prevención y manejo del fuego, recursos para reparar los daños materiales de los y las pobladores y resguardar la calidad y protección legal de esas tierras”. En tanto que la Universidad de Córdoba expresó en un comunicado que los ejemplos del “desmanejo” y la falta de ordenamiento territorial significan pérdidas irreparables en muchos casos:

“Sobran los ejemplos en las últimas semanas, Cerro Negro, Copacabana y Villa Albertina 15.000 ha en un solo evento, sumándose a los siniestros de la Quintana, Tanti, Calera, Tulumba y Alpa Corral, la destrucción del monte nativo de las denominadas zonas rojas, comunidades encerradas por mineras como Casa Bamba, más de 200 productores y productoras que perdieron todo. Esta situación se suma a las comunidades sin asistencia y en situación de aislamiento por parte del Estado, sin ningún equipamiento de salud o de asistencia social, deterioro de los caminos rurales, deterioro ambiental por el avance de desmontes en plena pandemia y falta de equipamientos para afrontar la temporada de incendios. Desconocimiento por parte de los estados de las poblaciones que exigen la protección y promoción como áreas campesinas para la soberanía alimentaria”, se pronunció la institución.

¿Es casual que los incendios se repitan cada año en la provincia de Córdoba? ¿ Es casual que los incendios en Córdoba se estén produciendo justo mientras se suceden las quemas en el Delta del Paraná? ¿Cuándo será titular el nombre de quien mandó al peón a iniciar el incendio? Ciertamente cuando los negocios inmobiliarios y agrarios dejen de ser la prioridad.

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Por Rosa Lobo y Fernando Vanoli* / Foto portada La Tinta

Somos compañeras del Frente Popular Darío Santillán organizadas en la zona este de la ciudad de Córdoba. En estos días estamos transitando una crisis general que agrava, aún más, las condiciones precarias de nuestros barrios populares.

Desde que comenzó la cuarentena se incrementó el control y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad que siempre existió en nuestros territorios. No solo la presencia policial sino también la persecución. La sensación en el barrio, como en tanto otros, es como si estuvieran “liberados” y hasta con más poder sobre nosotres como vecines, llevándose la peor parte la juventud de nuestros barrios.

También, desde siempre, padecemos la falta de atención médica. Algunos barrios no tienen dispensarios cerca; la falta de personal o también de medicamentos hasta de los métodos anticonceptivos es una falencia que en cuarentena se percibe más. Somos conscientes que es una responsabilidad del gobierno municipal y provincial que accedamos a la salud pública. Además, se abandonaron por completo los cuidados por el dengue, nuestros barrios están rodeados por basurales y tenemos compañeres infectades, es un problema sanitario que se agrava y nos preocupa.

Desde que comenzó la cuarentena no hubo ninguna campaña en el barrio sobre el COVID-19, sobre los cuidados a tener, los síntomas, que hacer, ni siquiera carteles. El dispensario de salud dejó de atender, tampoco brindaron insumos como alcohol en gel o barbijos, agravando las situaciones ya existentes. Sin duda la situación es muy crítica.

La cuestión alimentaria para nuestras familias se complicó bastante, ya que se decidió suspender el funcionamiento del P.A.I.Cor (Programa de Asistencia Integral de Córdoba que se encarga de asegurar una ración de comida diaria en los comedores de las escuelas), que fue reemplazada con una caja que contiene 6 alimentos con los cuales pretenden cubrir estos 15 días de aislamiento. Teniendo en cuenta nuestra composición familiar y ante el aislamiento obligatorio, es imposible garantizar todas las comidas diarias. Muches hijes sostenían su comida con este programa.

Ahora se está viendo el incremento de compañeres que se acercan a los comedores del barrio a buscar comida, la mayoría son trabajadores que se ganan la plata con el día a día y hoy, la policía, no les dejan salir. Además el dispensario también dejó de entregar las tandas de leche que normalmente otorgaban.

Preocupa mucho la situación que se viene los próximos días, sabiendo que nos estamos quedando sin plata y sin las asistencias básicas. La medida de la cuarentena profundizó las desigualdades. Queda visible que les de arriba tienen los recursos para afrontarla y les de abajo quedamos en una situación de mayor marginalidad que la ya teníamos.

Por eso, desde el Frente Popular Darío Santillán llevamos adelante la campaña Cuarentena Digna porque el abandono histórico de nuestras barriadas populares se encrudece frente a las medidas de encierro.

A partir de esta crisis unificamos dos merenderos que funcionan en la misma zona, tomando todas las medidas de precaución y de cuidados con respecto al virus. Comenzamos un lunes con 30 niñes y a los dos días siguientes ya eran 100 madres o padres que venían a buscar una ración para llevar a sus casas. Día a día sigue incrementándose la cantidad. Con nuestras compañeras trabajamos algunas cuestiones de cuidados para compartir e hicimos barbijos para repartir y racionamos alcohol en gel.

El día sábado, con las madres que se acercaban decidimos organizar una olla popular porque la necesidad alimentaria es la más urgente. La situación nos indigna y entristece, sobre todo por no poder hacer más.

Sabemos que quienes estamos organizades somos quienes estamos pudiendo resolver un poco esta crisis, nos estamos ayudando a conseguir alimentos, cocinar, coser, repartir, etc. Sabemos que por precaución no podemos ser muches, así que nos rotamos.

Está siendo muy duro, sobre todo emocionalmente, pensamos que no íbamos a poder, pero sabemos que colectivamente se puede. En plena crisis general, la solidaridad y el compromiso de nuestres compañeres es un ejemplo que avanza para reconstruir nuestro proyecto de poder popular.

Asimismo, creemos que el Estado nacional accionó a tiempo con la cuarentena en relación a lo que se pudo en otros países, pero las asistencias que está otorgando son insuficientes y por única vez. Como decíamos, la mayoría vive del día a día y nada de esto alcanza, además son cuestiones que deberían estar garantizadas desde siempre. Las deficiencias del sistema de salud público, la precarización de les trabajadores de la salud, entre otras cosas, son condiciones que se encontraban previas a la pandemia y esperamos que cuando esto termine, el coronavirus no se transforme en una excusa para justificar las deficiencias estructurales.

*Militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS)

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La pandemia desde el pie

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Por Laura Salomé Canteros, Lucía Cholakian Herrera, Florencia Gordillo, Agustina Grasso y Solana Camaño

Madre y único sostén de cinco niños, Flavia Saganias fue condenada a 23 años de prisión el pasado 27 de noviembre, dos días después del 25, día global de lucha contra las violencias patriarcales. Así lo decidió un jurado popular integrado por 12 personas, en consonancia con el voto de los tres jueces técnicos que integran la Cámara del Crimen de Cruz del Eje en Córdoba. La sentencia da cuenta de la desprotección de las víctimas y la condena penal para la resolución de problemáticas sociales complejas y la ausencia de capacitación y de una mirada integral del poder poder judicial para contemplar las múltiples violencias que se ejercieron sobre Flavia y su hija, en vez de investigar hechos aislados.

Flavia fue encontrada culpable de ser la instigadora de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real“. Para la Justicia, Flavia instigó a la violencia contra Gabriel Fernández -ex pareja y denunciado penalmente por abuso sexual en contra de su hija- a partir de un posteo en las redes sociales que realizó entre el 8 y el 13 de agosto de 2017. Según se desprende de la causa, los comentarios que se hicieron en la publicación habrían sido el puntapié inicial para que ella ideara un plan contra su ex pareja que finalmente cometieron su madre y su hermano, también condenados a 23 años de prisión por los mismos delitos que Flavia pero en calidad de autores.

De la elevación a juicio surge que no hay precisión sobre el momento en que Flavia publica en las redes sociales ni que se comunica con los familiares para manifestar la angustia y la preocupación que le produjo realizar una denuncia contra su ex pareja y no recibir respuesta favorable: esperaba que la Justicia garantice la protección de su niña y otrxs hijxs. Los mecanismos judiciales no detectaron huellas de abuso sexual, aunque Flavia observaba a diario los episodios que atravesaba su hija.

Una historia de violencias y desprotección

A mediados de 2017, la niña tenía pesadillas y mientras dormía pedía que la soltaran. Tal como explica la trabajadora social e integrante de A.S.I. (Abuso Sexual Infantil) NO Capilla del Monte, la niña estaba muy enojada, no hablaba y en la escuela le recomendaron que se expresara con dibujos, en los que se reflejaba que algo sucedía a nivel sexual. Entonces, Flavia denunció a su ex pareja por supuesto abuso sexual contra la hija de seis años que ella había tenido con otra pareja. La causa ingresó en la Fiscalía de Cosquín, en su momento a cargo de Martín Bertone, pero fue archivada por falta de pruebas.

El 11 de agosto Flavia estaba desesperada. Ante la frustración de la respuesta judicial hizo un posteo en la red social Facebook para advertir a la comunidad de Capilla del Monte lo que estaba sucediendo: “Un pedófilo más en Capilla del Monte, se llama Gabriel Fernández y vive en… Por favor, cuidemos a nuestros hijos porque la Justicia no hace nada”. Una publicación que duró pocas horas porque fue denunciada y se bajó.

Pero antes de que el posteo desapareciera lo vieron Emiliano Saganías y Graciela Bonifacio, hermano y madre de Flavia. Impulsivamente decidieron viajar de Isidro Casanova en Buenos Aires a Capilla ese 12 de agosto. Fueron al domicilio de Fernández y lo atacaron físicamente, lo dejaron atado y luego prendieron fuego su casa. A partir de ese momento quedaron detenidos por homicidio en grado de tentativa doblemente calificado, abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad e incendio.

Lo que aparece después en la causa son chats con compañeras en los que dice que se dio cuenta que su pareja abusaba de la niña y decidió hacer una denuncia. “La denuncia está hecha… la verdad que en ese momento me desequilibré, perdí la calma, me invadió la ira… impotencia… ya que él sigue como si nada”, le contaba a una amiga. Del material jurídico se desprende también que Flavia era ya víctima de otro tipo de violencias por parte de Fernández: psicológica y económica. El padre de los mellizos no le pasaba el dinero correspondiente para su manutención.

Las conversaciones de Whatsapp evidencian también algo que el jurado parece haber pasado por alto en su análisis: en los días posteriores a los ataques contra Fernández por parte de la madre y hermano de Flavia, ellos intentaron establecer contacto con ella y uno de sus hijos respondió: “Ella no quiere [ir a vivir con ustedes]. Empeoraron todo”, refiriéndose al ataque contra el acusado de abuso que Mónica Bonifacio y Enrique Saganías ejecutaron el 12 de agosto.

Más que probarse su culpabilidad, en el proceso jurídico no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que Flavia dirigió un “plan premeditado de ajusticiamiento por mano propia contra el abusador de su hija”. Sin embargo, fue condenada a pasar los próximos 23 años de su vida en prisión. Los jueces, aún sabiendo que es madre de 5 niñxs, ordenaron su inmediata detención. Salió esposada de la sala, mientras gritaba: “¿Con quién quedan mis hijos? ¿Con quién quedan mis hijos? ¡Por favor que nadie se lleve a mis hijos!”. Lloraba produciendo estupor en la sala de audiencia.

Los prejuicios sociales y del jurado no se agotan solamente en la condena a Flavia sino en la victimización de su ex-pareja, ya que se refieren a él como “inocente”, “víctima”, “hay que ayudar a que reconstruya su vida”. Tanto la Justicia como gran parte de la cobertura de los medios de comunicación contribuyen a la desprotección de la niña y dan un mensaje de impunidad para quienes son denunciados por abusos sistemáticos contra las infancias que difícilmente son llevados a juicio y más difícilmente son condenados. La criminalidad de las mujeres se construye con más facilidad y pocas veces se empatiza cuando son victimarias o acusadas de un delito. Mujeres como Flavia que hasta el último minuto antes de ingresar a las cárcel de Cruz del Eje se preocupó por el cuidado y la integridad de sus hijxs.

Justicia feminista para Flavia

La justicia con perspectiva de género es uno de los pendientes más importantes a la hora de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo y modalidad de violencias. ¿Aplicar todo el peso de la ley sobre una mujer acusada de cometer un delito sin contemplar que es madre de cinco hijxs y que previamente hizo una denuncia por violencia sexual en perjuicio de una de sus niñas es juzgar con perspectiva de género? La desigualdad estructural que ubica a las mujeres en una situación desprivilegiada y el rol de cuidadoras que asumen para la Justicia son detalles que no importan a la hora de dictar sentencia. En ese sentido, la defensa presentó al día siguiente el pedido de prisión domiciliaria para que Flavia pueda cuidar a sus cinco hijxs. En el comunicado que elaboraron cuentan que solicitaron a “la Cámara del Crimen que condenó a Flavia a 23 años de prisión, que el cumplimiento de esa medida de coerción sea en su domicilio, en contacto con sus niñes, hasta que la sentencia sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba”.

“Entendemos a este caso como paradigmático, un caso explícito de justicia patriarcal, volviendo a la víctima en victimaria”, expresó la colectiva de madres protectoras A.S.I. (Abuso Sexual Infantil) NO Capilla del Monte, de Córdoba. Además, convocaron a marchar en pedido de absolución para Flavia este viernes 29 de noviembre a las 18 en la Plaza San Martín de esa localidad serrana.

La convocatoria de repudio al accionar judicial se replicará en varias ciudades del país y ya tiene fechas en Córdoba capital, Villa Carlos Paz, Cosquín, Junín y ciudad de Buenos Aires. Desde la colectiva hacen referencia a una problemática no menor: “La condena de Flavia deja a sus hijxs menores sin su único sostén, su madre”. Para el espacio A.S.I. NO Capilla del Monte, “Flavia representa a todas aquellas personas que ante un sistema judicial ineficiente, buscan advertir a la sociedad, buscando contención mediante las redes sociales”; agregando que el sistema judicial “revictimiza a lxs sobrevivientes y pone en duda su palabra, dejando en libertad a violentos, abusadores y pedófilos”. Por eso dicen: “Ya no nos callamos más. Lxs niñxs no mienten. Justicia para Flavia”.

Por su parte, para AboFem (Abogadas Feministas) Argentina, la sentencia condenatoria contra Flavia, vulnera derechos. “La justicia abusó por enésima vez de la víctima condenando a su madre por creerle, por defenderla y archivando la causa por el delito contra la integridad sexual por falta de pruebas por un sistema de contención deficiente”. Afirman que la sentencia es “violatoria de todas las garantías previstas en la Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos del Niño y en Tratados sobre la eliminación de discriminación y violencia contra las mujeres”. Agregan además que “es ejemplificadora como bozal legal para las víctimas de abusos” y “un mensaje de represión patriarcal”.

Mientras tanto, Flavia cumple una prisión preventiva por decisión del jurado y los jueces.

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Por Redacción La Tinta / Foto: Archivo Marcha 

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó, por inadmisible, el recurso extraordinario que había planteado la asociación civil Portal de Belén con el fin de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la sentencia dictada por el Alto Cuerpo el 18 de diciembre del año pasado.

Por mayoría, lxs vocales Aída Tarditti, Domingo Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Silvana Chiapero esgrimieron que Portal de Belén no ha cumplido con los requisitos formales que regulan la admisibilidad de un recurso de tal trascendencia.

De acuerdo con el voto de la mayoría, Portal de Belén no se preocupó en desmontar los argumentos por los que, en la sentencia de diciembre, se había concluido que no había un caso judicial en propiedad, sino la mera discrepancia de la asociación con las hipótesis de no punibilidad del aborto que prevé el Código Penal, razón por la que no se le podía reconocer legitimación a dicha institución para una acción de amparo como la que había intentado. “La asociación insistió en reiterar sus propios puntos de vista en función de la cosmovisión y del esquema formal de valores que defiende, en virtud de la cual el aborto no es admisible en ninguna hipótesis, pese a lo establecido por el artículo 86 (incisos 1 y 2) del Código Penal”, subrayaron las magistradas en el fallo.

“Reconocerle legitimación a Portal de Belén, que sostiene que el aborto es punible en todos los casos, sería como admitir que la persona gestante podría ser forzada indirectamente a actuar en contra de la posibilidad de valorar o de resignificar el sentido de su propia vida, algo que le reconoce el Código Penal”, remarcaron.

En la misma dirección, recalcaron: “Si en los términos del artículo 86 del Código penal (incisos 1 y 2) se parte de que la mujer no desea estar en grave estado de salud ni ser violada y si se tiene en cuenta que las obligaciones son racionales si están al alcance de lo que se puede hacer, puede concluirse que Portal de Belén, al insistir en que la ‘mujer violada deberá continuar con el embarazo’ y que esta es la lectura correcta de las disposiciones de nuestro bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, está reclamando algo que ni la moral demanda a sus agentes, con mayor razón cuando se trata de situaciones no buscadas ni deseadas por las propias afectadas”.

Larga espera

Tras más de siete años de espera, el protocolo provincial sobre los abortos legales en la provincia (Resolución n.º 93/12 del Ministerio de Salud Provincial) ya no tiene trabas para regir en todo el territorio cordobés. 

En diciembre el TSJ revocó íntegramente las dos sentencias que sostenían el amparo promovido por la organización religiosa Portal de Belén. Ahora, el organismo denegó también el recurso extraordinario que buscaba llevar la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los antiderechos aún pueden apelar a la Corte por su cuenta, pero el recurso no tiene efectos suspensivos.

Historia

En Argentina, según lo estipulado en el Artículo 86 del Código Penal, existen dos situaciones en las que el aborto es legal. Cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la persona gestante o su vida y en caso de haber vivido una situación de violencia sexual y resulte embarazada de ello. En esta última instancia, quedaban dudas de interpretación en cuanto a si era para todas las personas que hubieran pasado por esta situación o sólo para “idiotas o dementes”, como dice el Código, y si era necesario realizar o no una denuncia policial.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia, a partir del Fallo FAL, sentó jurisprudencia y aclaró que no es necesaria la denuncia judicial, sino que es suficiente con la firma de una declaración jurada y que todas las personas gestantes pueden acceder a este derecho. También instó a las provincias a realizar sus protocolos para que se aplique esta normativa.

La provincia publicó, en marzo de 2012, la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Abortos no Punibles que era sumamente restrictiva respecto del Protocolo nacional elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. A los pocos días, Portal de Belén hizo la presentación judicial que, hasta el día de hoy, suspendía la aplicación del protocolo para los casos de violación. Esta maniobra genera confusión en lxs profesionales de la salud y la sociedad en general respecto de la garantía de derechos.

Desde 2012, se aguardanba la interpretación del TSJ sobre el amparo de la organización antiderecho Portal de Belén. La demandante busca que ninguna persona gestante en ningún caso -incluso cuando la continuación de su embarazo resulte en su muerte- pueda acceder a una práctica de manera segura, a pesar de estar autorizada por ley. El fallo de hoy, es un retroceso para las ambiciones de los sectores antiderechos en Córdoba y Argentina.

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Por Lautaro Manuel* / Foto por La Tinta

En agosto del 2017, vecinos y vecinas de los barrios aledaños a la fábrica, presentaron un Amparo Ambiental en contra de la contaminación e instalación ilegal de la misma, marcando un precedente histórico que al día de hoy mantiene expectante a gran parte de la comunidad cordobesa. La denuncia recae principalmente en el Ministro de Energía y Minería de la Nación, organismo estatal encargado de la regulación adecuada de la empresa, la cual presenta el carácter de codemandada.

Porta Hnos. produce 300.000 litros diarios de bioetanol y no presenta EIA (Estudio de Impacto Ambiental). Tampoco convocó a una audiencia pública para su instalación. Debido a reiteradas denuncias por parte de las y los vecinos, en 2014 la justicia provincial ordenó una pericia química ambiental de la que participaron representantes de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS). Esta pericia confirmó que los fermentadores de la planta liberan contaminantes químicos como formaldehído, tolueno, xileno, hexano, ácido acético, etanol y otros, los que también fueron detectados en muestras de aire recogidas en las calles de Bº San Antonio. En el ‘’Informe Estudio de Salud Ambiental de Barrio San Antonio y Residencial San Antonio’’, realizado en el año 2016 por la misma Red, se comprobó la presencia de abortos espontáneos, distintas enfermedades como cáncer, enfermedades respiratorias, oculares y dérmicas, cefaleas y un gran etcétera, que se reúne en lo que se le llama ‘’Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple’’.

En cuanto al impacto psicológico que tiene la problemática sobre la población, el escrito “Significaciones sobre las condiciones de vida en B° San Antonio por parte de sus pobladores/as en impactos en en las subjetividades’’ realizado por Julio Muro, docente de la Facultad de Psicología de la cátedra de Psicología Comunitaria, da cuenta de las “condiciones de padecimiento, que producen sufrimiento psíquico, malestar, impotencia, sensación de inminencia de enfermedad y muerte por convivencia y relación con quienes ya manifiestan orgánicamente distintas enfermedades y/o han fallecido por causas relacionadas a la presencia de tóxicos en el aire’’.

A lo largo del mes de agosto de este año, se llevaron a cabo acciones pacíficas en las veredas de Tribunales Federales N° 3, en las que las vecinas con su reiterada presencia dejaron un mensaje claro: “Para nuestros cuerpos no hay más tiempo’’. Sin embargo, a pesar de hacer llegar esta consigna a Vaca Narvaja, la sentencia todavía no llega, pero la espera no sigue sin ser paciente.

Retomando la consigna que hace 6 años unificó a distintos sectores de la comunidad cordobesa, logrando el cese de la instalación de la fábrica de la multinacional Monsanto-Bayer en la localidad Malvinas Argentinas, el festival por una Primavera sin Porta, nuevamente buscará ser una mensaje para visibilizar el repudio ante la indiferencia estatal (municipal, provincial y nacional). Haciendo hincapié en el derecho humano a vivir en un ambiente sano, según lo dicta el artículo 41 de la Constitución Nacional, se espera que esta acción sea la última en el marco de un fallo que determinará la vida de muchas familias.

* Publicada en Enfant Terrible

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