Por Redacción Marcha * | Ilustración: Ximena Astudillo 

Berta, junto con la comunidad del Río Gualcarque, se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa DESA en su territorio, y por eso fue asesinada por un grupo de sicarios contratados por esta misma empresa, en complicidad con el Estado hondureño.

– Foto tomada de Colombia informa

Desde aquel asesinato en 2016 a la actualidad, los pueblos de Abya Yala pusieron en evidencia diferentes formas de amenazas y ataques vinculados con el avance sobre los territorios de los proyectos extractivistas que traen consecuencias a las que se suman las de la crisis sistémica que expuso la pandemia de covid-19 y la crisis climática.

En 2015, Berta recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. En la ceremonia de premiación, la defensora de los ríos anticipó el actual contexto de crisis social y ambiental: “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”.

En su último viaje a la Argentina, durante 2014, dialogamos con Berta. Ella expuso, en clave de género, la situación del pueblo hondureño ante el avance de la privatización y los saqueos de sus territorios y bienes comunes en complicidad con el Estado hondureño y su brazo paramilitar. Hablamos, también, del lugar de las feministas en la lucha de los movimientos populares, indígenas y campesinos.

Hablamos con Berta en una pizzería, en uno de esos restaurantes emblemáticos que se ubican en la calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires a la salida de los principales teatros. Pero no habíamos ido al teatro, tampoco habíamos salido a caminar sin destino alguno por las librerías y disquerías de la avenida. No recuerdo con exactitud, pero seguramente veníamos de alguna marcha o quizás de la entrega de alguna declaración colectiva en la Embajada de Honduras o en la Cancillería Argentina, donde denunciábamos la situación que atravesaba su país. 

 

Cuando viajaba a la Argentina, el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía coordinaba milimétricamente cada momento de su visita, cada charla necesaria. Quienes frecuentábamos el espacio queríamos escucharla, conocer más de ese país tan lejano del que tan poco nos habían hablado en la escuela. Las místicas del espacio de Pompeya, la ronda con las Madres de Plaza de Mayo, las mesas de Feministas en Resistencia en los Encuentros Plurinacionales, el Juicio Ético-popular a las Transnacionales junto a defensoras de diversos territorios siempre hacían parte de la agenda. En cualquiera de estos lugares, cuando hablaba ella, el silencio imperaba. Pocas personas, como Berta, lograban enunciar la crueldad sin perder la amorosidad.

 

– Foto tomada de Nodal

 

“Honduras funciona como enclave, como laboratorio”, concluía cada tanto en sus reflexiones; un país laboratorio donde se experimentaba con la vida de los pueblos y se diseñaban las mejores políticas de invasión yanqui. Ella sabía que pocas personas podríamos marcar con certeza en un mapa las líneas que delimitaban a Honduras en Centroamérica. Ciertamente, las fronteras y los límites no le preocupaban, pero sabía de su existencia y de la necesidad de romperlos.

 

Esta entrevista, como decía, se hizo en una pizzería con sus ruidos y olores cotidianos. Era el último día de su visita y Berta había hablado toda la jornada en diferentes espacios. Sólo quedaba cenar para distender, tomarnos una cerveza y chusmear un poco; al otro día saldría muy temprano para el aeropuerto. El descanso era necesario pero, también, sus denuncias se multiplicaban año a año y teníamos la urgencia de comunicar tanta hostilidad. 

 

Nos acercamos con una compañera para preguntarle si podíamos realizar esa entrevista tan deseada. Inmediatamente Berta nos dijo que sí. Pensamos que nos quedaríamos paradas en el medio del pasillo de la pizzería y que sólo podríamos realizar una o dos preguntas. Pero no, nos propuso que nos sentáramos en otra mesa para escucharnos mejor y se tomó el tiempo para responder cada pregunta en profundidad. 

 

Sabíamos, por las charlas e intercambios de confianza que habíamos tenido, que su situación en el territorio era cada día más compleja. Las violencias se habían vuelto un cotidiano y la comunidad estaba ejerciendo su derecho a la autonomía a través del control territorial. Lo que no sabíamos es que esa era nuestra última noche con ella.

 

Un año y unos meses después asesinaron a nuestra compañera, a nuestra hermana. Berta la de las palabras claras, la de la sonrisa cómplice. Berta, la defensora de los pueblos y de los ríos. Hoy Berta somos todas, y no se trata de una consigna: sus reflexiones y luchas recorren cada territorio y alientan a su defensa. Su esperanza nos sigue despertando cada mañana porque más temprano que tarde “lo vamos a lograr”, como alguna vez el río le dijo a ella.

 

Camila Parodi, 2022

–A pesar del “cambio de gobierno” vemos una continuidad del golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009, una suerte de golpe enmascarado. ¿Cuál es el contexto actual en el que se encuentra el pueblo en Honduras ante este escenario?

–Lamentablemente habíamos dicho eso, y hoy caminamos a la introyección de un proyecto de dominación en Honduras después del golpe de Estado que, no sólo se ha expandido sino que se ha consolidado. Y esa consolidación es a través de la implantación de un nivel de entrega de la soberanía, territorio y bienes de la naturaleza a empresas trasnacionales, mineras, al sector energético, a la gran cantidad de empresas turísticas, a la explotación forestal, la explotación de mano de obra barata.

Estamos en un país donde la injusticia social es terrible y las desigualdades son abismales. Se trata de uno de los países más violentos del mundo, con la tasa de homicidio más alta de la región y de una intensa militarización que acompaña todo ese proyecto de dominación, que en particular afecta muchísimo a las mujeres, porque al reforzarse toda la militarización significa mayor agresión para las mujeres en todos los niveles y aspectos que podamos imaginar.

– Foto tomada de Radio Kermese

–¿Cuáles son estos aspectos y mecanismos de control?

–Vivimos en un país de enclaves coloniales donde nos han repartido bajo una aberración, como nunca hemos visto en quinientos años: la brutal entrega de Honduras en lo que se le llama, en el Estado, como la zona de empleos y desarrollo económico, conocida popularmente como “ciudades modelo”. Esto implica la conformación de enclaves coloniales, que van a tener sus propios gobiernos, legislación, medidas migratorias, ejército y tribunales, como así también su mecanismo propio para generar tratados de libre comercio sin que esto pase por el Congreso Nacional. Es una tercerización de la justicia. Sus gobernantes pueden ser extranjeros; de hecho se han escogido ya algunos y esto va a implicar lo que se llama resquebrajamiento del Estado de Honduras, ya que lo convierte en “republiquetas”.

Desde el golpe de Estado se viene preparando toda una maquinaria legislativa para hacer “seguridad jurídica” a todas esas grandes inversiones a través de la privatización y militarización. Así se han aprobado medidas e incentivos de inversión minera, forestal, turística, energética y sumado a eso, la criminalización de los movimientos sociales a través de leyes como la de inteligencia y la de intervención de la comunicación tanto pública como privada, todas copias de Colombia. También las figuras jurídicas con las que se nos acusa han cambiado de tal manera que garantizan que los luchadores y las luchadoras sociales se vean enfrentadas a estas situaciones donde el Estado es como una institución que no funciona para el pueblo con sus niveles de impunidad, indefensión total y de violación de Derechos Humanos.

En este contexto, se ha aprobado desde eso hasta leyes como, por ejemplo, la ley de pesca que concesiona plataformas marítimas, algo impresionante que nunca se había dado Y que  se le van a entregar a petroleras, como ya se ha realizado. Y en el caso de esta ley también se le va a entregar a la gran industria camaronera, atacando contra el trabajo de los pescadores artesanales. 

Las ciudades modelos están diseñadas igual que hace quinientos años: así como nos repartieron a algunos para sacar oro, otros para plata, añil y nos fueron repartiendo en enclaves fruteros, bananeros. Lo mismo pasa ahora y más en el caso de los pueblos indígenas Lenca, quienes reciben la  mayor agresión porque precisamente es donde hay mayor riqueza.

En una situación económica dramática donde más del ochenta por ciento de la población vive en niveles de pobreza e indigencia, según datos del mismo Banco Mundial y de la ONU, con una brutalidad de una violencia no antes vista: 89 muertos por cada 100 mil. Y en ciudades como San Pedro Sula, que no llega ni al millón de habitantes, la tasa de mortalidad por situaciones de asesinatos es de más de ciento ochenta. En Honduras vivimos una carnicería humana y eso no es aislado, eso es planificado, y es producto de la enorme injusticia social, política, económica.

–¿Cómo afecta esto a los y las luchadoras y, en particular, a la juventud?

–Los mayores afectados e impactados de esa carnicería son jóvenes. Un informe de organizaciones en defensa de la niñez ha demostrado que en Honduras se han asesinado casi 400 niños y niñas menores de 18 años en lo que va del 2014. Los niveles de femicidio, de asesinato político y a la diversidad sexual son brutales. Entonces, vivimos en un país donde ser luchadora es muy difícil, o simplemente sobrevivir ya de por sí es un milagro.

–En ese marco, en el que los movimientos visualizan una triple dominación capitalista, patriarcal y racista, ¿qué estrategias y alternativas se están construyendo desde el campo popular?

–En este momento, el desafío que tiene el movimiento popular es enorme, porque venimos de un nivel de desmoralización bastante fuerte, venimos de un golpe de Estado que no se pudo revertir y de la pérdida de un partido en el que la gente de alguna manera había puesto sus esperanzas de tener algo distinto. Pero que con el fraude, las presiones y la manipulación de Estados Unidos y de la derecha, como así también de los desaciertos de la misma izquierda, pues pierde esas elecciones. Y gana el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández (JOH), quien está entregando todo el país. Creo inclusive que es peor que Porfirio López, porque él prácticamente fue el que mandó y tuvo el poder en las administraciones pasadas y ahora sólo le queda ejecutar porque aprobó todo desde el Congreso. Por eso es un gran desafío, porque venimos de esta combinación de desmoralización dramática del pueblo.

– Foto tomada de Sierra Club

En este periodo nos encontramos en la lucha por sobrevivir, de luchar para mantenernos como organizaciones ante los ataques que se generan desde el poder, que es pura contrainsurgencia como en años anteriores. Es mentira que en Centroamérica se desmontaron estas estrategias contrainsurgentes contra los movimientos sociales. Siguen vivos, sostenidos y financiados –si bien han cambiado de modalidad por una más peligrosa–, por lo que existir como organizaciones es un logro de por sí. Estamos teniendo resistencias comunitarias desde la base, resistencias territoriales de levantamiento, de ejercicio directo de autonomía y control territorial. Y eso implica que las comunidades hacen un esfuerzo extraordinario para reafirmar, reconocer y recuperar sus territorios.

–Como es el caso del Río Blanco, ¿no?

–Claro, en el sector norte de Intibucá. En la zona fronteriza, los pueblos indígenas están en una lucha tenaz y frontal contra las trasnacionales y empresas de la oligarquía hondureña. Entonces, eso implica también que se elevan los riesgos y el nivel de indefensión ante los ataques a las comunidades, pueblos indígenas y a los mismos movimientos como el COPINH con la criminalización instaurada.

-¿Y en particular el COPINH en qué situación se encuentra?

Estamos en un proceso de autorreflexión crítica de los desaciertos que hemos tenido, de sólo haber encausado al movimiento social que en su mayoría terminó en un proceso electoral. Y se debe profundizar, falta todavía madurar eso, pero estamos ahora en una situación de luchas territoriales distintas, hay muchas luchas comunitarias y por ende mucha represión y asesinatos. Y ahí el gran desafío que tenemos es volvernos a articular ya no sólo desde el Frente Nacional Resistencia Popular sino a través de otro espacio igualmente legítimo que estamos desarrollando. Creo que el refrescamiento y encauzar la esperanza, la convicción de que tenemos razones para seguir luchando por una Honduras distinta y refundada va a seguir intensificando la movilización popular y la resistencia de manera articulada.

-¿Y abandonando la apuesta por lo electoral?

En el COPINH tuvimos una posición crítica ante eso, como organización no nos vinculamos ni nos quisimos adherir a ningún partido político. Ni siquiera a LIBRES (“Libertad y Refundación”, partido político de izquierdas en Honduras), que es producto de la resistencia al golpe, pudo; elegimos mantenernos como movimiento autónomo e independiente apostándole a la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. Pero tampoco es que consideremos que sea un error haber creado un partido, es necesario dar esa batalla. Sólo que es importante no plegar o no convertir en apéndice de los partidos políticos al movimiento social. Así como no abandonar la lucha social que tiene propuestas políticas emancipatorias.

Entonces, si logramos engarzar los objetivos de una apuesta partidaria electoral claramente definida por la refundación, no por reformas y que tengan posturas como los mandatos de las asambleas populares de Frente de Resistencias Populares. Si podemos concretar eso y realmente generalizar una voluntad política para avanzar en esa propuesta de vida, entonces, sí podremos coincidir. Pero no quiere decir que nos tengamos que casar, sino mantenernos de manera autónoma coordinando de manera estratégica, pero entendiendo que somos distintos podemos coincidir si tenemos un proyecto emancipador.

En LIBRES está habiendo un debate, un grupo de compañeros y compañeras que están repensando, pero claramente hay muchos desafíos. Desapegar la dirigencia de las prácticas políticas partidarias que cuestionamos siempre es muy difícil, implica una revolución dentro de todo este proceso y de la conformación de una fuerza social fresca, revitalizada y con un planteamiento real para el pueblo hondureño toque toda esa injusticia mencionada y con nuevas prácticas políticas éticas que emprendan la complejidad y diversidad que somos, y ahí está la clave para avanzar. Que la diversidad sea la riqueza pero con un horizonte de convergencia política claro de desmontar la triple dominación que hoy vivimos.

– Foto tomada del Diario La Tribuna

–En el momento del golpe de Estado, el lugar de las feministas en las calles fue muy importante y aportó mucho al debate interno de los movimientos populares para asumir la lucha contra el golpe y contra la violencia patriarcal. A su vez, en este devenir se intensificó la problematización interna sobre la violencia machista en los mismos movimientos ¿Cómo se mantiene y cuál es el rol de las feministas que fue tan importante en la resistencia hondureña?

–Ante la múltiple forma de dominación, las luchas de las organizaciones y de las mujeres feministas hemos pasado a un momento distinto, pero que no deja de tener el hilo de lo que construimos después de la resistencia al golpe. En ese marco, las organizaciones tanto de mujeres como mixtas, rurales y urbanas están haciendo el esfuerzo de seguir dando esa lucha en contra del patriarcado, primero dentro de las mismas organizaciones del movimiento popular que de alguna manera lo hemos implementado. Pero claro, ha sido muy duro, y yo creo que tenemos un largo camino por recorrer todavía.

Como mujeres estamos ahora en la lucha de los Derechos Humanos, porque pesa cómo ha crecido la violencia hacia las mujeres y ahora con más asesinatos de mujeres por ser luchadoras sociales de una forma muy cínica. Por eso ahora nos encontramos cerrando filas por defender nuestras vidas, por estar tratando de acompañar en todo proceso de criminalización, de asedio y hostigamiento, de amenaza constante. Estas son coincidencias que nos encuentran a los movimientos indígenas, negros, feministas y campesinos; por eso el año que viene estaremos retomando la propuesta de refundación estatal desde la perspectiva antipatriarcal que nos une.

Desde el encuentro y el intercambio vamos avanzando, generando algo que quizás en otro contexto de otros países no sea necesario pero en el nuestro sí, que es alimentarnos de esperanza nuevamente de contrarrestar un poco esa desmoralización que ha habido, tratar de refrescar nuestra lucha y la convicción de lo que hacemos para tratar de reimpulsar otra vez una mirada ya más actualizada de acuerdo a la lectura de lo que hemos vivido y de los desaciertos para hacer el planteamiento nuevamente retomando el proyecto de vida.

La resistencia no comenzó con el golpe de Estado, tenemos un siglo de resistencia las mujeres, indígenas y negras. Seguimos encontrándonos; como feministas y pueblos indígenas tuvimos una coincidencia política en el debate dentro del Frente de Resistencia y, como pudimos coincidir en la lucha anti patriarcal, se sigue sosteniendo esta articulación.

–Ante la fuerte presencia feminista en la resistencia y la tensión a otros sectores del campo popular desde el golpe, luego de estos años que pasaron, ¿se mantiene este avance del feminismo dentro del campo popular o hubo un repliegue?

–Ha habido un poco de desaliento en los movimientos feministas. Desde nuestro entender, es que hay miedo también. Esa desesperanza también golpeó al movimiento feminista, que tuvo diferencias también de posiciones en cuanto al tema electoral. A su vez, creo que hay algún sector que ahora está volviendo a ingresar un poco a la vía institucional. Si bien puede ser que algunas sean interesantes, se corre el riesgo también de ser absorbidas por el gobierno, desde la institucionalidad oficial, como es el caso de la ley de defensores la cual decide quiénes son defensoras y quiénes no. Es muy peligroso. Entonces hay un debate, algunas discusiones y diferencias porque ya antes del golpe de Estado estaba este acercamiento, y yo digo que no es malo en algún contexto, pero en el contexto hondureño es muy difícil.

– Foto tomada de DW

Pero entendemos también que hay una desesperación por la situación de violencia. Aun así, esta dinámica institucionalizada sólo hace acrecentar la brecha de criminalización y estigmatización ya que quienes se asumen como luchadores y luchadoras sociales e indígenas en vez de defensores terminamos siendo terroristas. Hay muchas cosas para trabajar y seguir luchando. Pero aun así en el fondo, con la experiencia vivida en la lucha contra el golpe y la resistencia, teniendo las posiciones claras políticas de la múltiple dominación, creo que vamos a coincidir, ya que tenemos más cosas en las que coincidir que en las diferencias. 

– Foto tomada de Vida Nueva

Esta entrevista hace parte de la serie “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

 Elegimos a Berta para dar el puntapié inicial porque su lucha marcó un cambio de época en las resistencias y la defensa de los territorios que continuaron durante los últimos años.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi y Ana Castillo en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2014.

Edición: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Maru Waldhuter y Camila Parodi

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sostienen que “el juicio contra Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen”  sino que también “debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala”.

El proceso judicial lleva más de 38 días de audiencias, este martes 15 de junio se presentaron pruebas aportadas por acusaciones privadas y fue el turno de Bertha Zúniga, actual Coordinadora General de COPINH. La hija de Berta Cáceres dio su testimonio en el marco de la audiencia en el que quedó reflejada la condición de lideresa social de su madre y  se demostraron los ataques y hostigamientos que tuvo que enfrentar por su lucha contra el Proyecto Agua Zarca, dirigido por David Castillo. “Mi madre fue una luchadora social durante muchos años de su vida” sostuvo la joven durante su declaración. “Durante los años del 2013 hasta el 2016, ella dedicó gran parte de su esfuerzo a reivindicar los derechos de las comunidades Lenca y defensa del Río Gualcarque” afirmó. Berthita fue acompañada por las comunidades del pueblo Lenca que lucharon junto a su madre contra el avance de la empresa.

“Ella decía que le tenía más temor a las acciones sutiles de inteligencia de David Castillo que a las amenazas del sicario Douglas Bustillo”, afirmó Bertha Zúniga en su declaración. En el desarrollo de la audiencia se demostró científicamente la utilización de informantes utilizados por Castillo y la empresa DESA para controlar los movimientos de COPINH y Berta. “El COPINH siempre tuvo luchas difíciles, pero nunca tuvo un nivel de persecución, hostigamiento y violencia como con el proyecto Agua Zarca del señor David Castillo”, sostuvo la coordinadora del COPINH. A su vez, el peritaje pudo probar el incremento de las comunicaciones entre los informantes y la empresa en los meses previos al asesinato de Berta Cáceres. Tal como lo destaca COPINH el peritaje demuestra que el crimen se cometió en el marco de la defensa del Río Gualcarque encabezada por la comunidad de Río Blanco y Berta Cáceres. La empresa DESA tenía como finalidad apropiarse de las aguas para la construcción del Proyecto Agua Zarca. 

Durante todo el proceso judicial la Defensa intentó dar cuenta de la existencia de un vínculo previo entre David Castillo y Berta Cáceres para descartar las acusaciones existentes. Sin embargo, el testimonio de Bertha Zúniga derrumbó esta tesis y dio cuenta del hostigamiento, vigilancia y múltiples ataques dirigidos por Castillo a Berta. Finalmente concluyó: “Cuando mi madre fue asesinada recibimos las condolencias de muchas personas alrededor del mundo, pero del señor Castillo que dicen que era su amigo nunca tuvimos ni un mensaje”.

Cabe aclarar, así como sostiene el COPINH, que la imposición de la represa Agua Zarca en el territorio de la comunidad de Río Blanco fue ilegal. No se cumplió con la debida consulta previa libre e informada que hace parte del convenio 107 de la OIT que insta a las empresas a implementar a dialogar con las comunidades,de forma que se demuestra que el único objetivo de este accionar se centraba en beneficiar a DESA. Así como sostuvo la coordinadora del COPINH en su declaración “la empresa representaba la violación al derecho a la consulta de las comunidades indígenas, la afectación de las montañas y el bosque, además del impacto social con el tema de la violencia, persecución y amenazas y principalmente afectaba el rio que es sagrado para la comunidad” y el femicidio político de Berta Cáceres se enmarca en este proyecto de usurpación y saqueos de las vidas y los territorios indígenas.

Así como lo sostiene COPINH a lo largo de la difusión del juicio, se evidencia una serie de irregularidades que confirman su lectura sobre lo ocurrido. Entre ellas, manifiestan que el testigo Ramón Rosa mintió sobre el proceso de consulta en las comunidades durante su declaración. Según él, en los procesos de “consulta” las personas firmaban estar de acuerdo con el proyecto; sin embargo, existen pruebas de la falsificación de firmas por parte de DESA para beneficiar su proyecto. Según el Art. 519 del nuevo Código Penal de Honduras, el testigo que en causa judicial falta a la verdad en su testimonio, debe ser castigado con la pena de prisión de 5 a 7 años y la impunidad con la que el testigo desafía esta ley. Este accionar da cuenta de un posible proceso de complicidad político, judicial y empresarial, y obliga a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos a difundir y dar seguimiento a este hecho.

En su declaración, Berthita confirmó que el compromiso de su madre con la defensa de las comunidades y sus territorios en ese entonces no tenía vuelta atrás: “Ella me dijo que ella iba a llegar hasta donde las comunidades quisieran y las comunidades ya habían dicho que estaban dispuestas a morir en defensa del río Gualcarque”. Y a continuación manifestó: “En la lucha de Río Blanco, Berta Cáceres puso todo el conocimiento y experiencia que había obtenido en su vida de lucha”.

“Cuando me despedí de mi madre, ella nos dijo que no tuviéramos miedo, que en este país podía pasar cualquier cosa, pero que no tuviéramos miedo” afirmó Bertha Zúniga Caceres frente a un tribunal que representa tantos años de injusticia para Berta, su familia y su comunidad. Sin embargo, el coraje y la entereza con la que la referente asumió una nueva instancia de exposición dejó a la audiencia conmovida. A pesar de las interrupciones, suspensiones e intentos de desgaste implementados desde el sistema judicial, la justicia para Berta es un hecho y se confirma día a día en las audiencias del juicio contra David Castillo. La fortaleza de su familia y de su comunidad no permitirá que atenten contra su dignidad ni contra la historia de lucha de su lideresa.

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Por Zoe Pc

A 56 meses del asesinato de la luchadora indígena Berta Cáceres, su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sigue exigiendo verdad y justicia contra la impunidad en el país centroamericano.

A pesar de la importante visibilidad a nivel internacional que tuvo el asesinato de lideresa del pueblo Lenca, la lucha para lograr una justicia verdadera continúa siendo ardua y trabada por muchas irregularidades, campañas de difamación y encubrimiento. En ese marco, desde el COPINH aseguran que los obstáculos para lograr una justicia real sólo han aumentado debido al contexto de la pandemia, ya que este escenario ha permitido un ambiente de menos transparencia y mayor dilatación.

En noviembre de 2018, fueron condenadas siete personas, consideradas “autores materiales”, se trata de los sicarios contratados y pagados para llevar a cabo el crimen que arrebató la vida de Cáceres y atentó contra la vida del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Sin embargo, como los miembros de la familia de Cáceres y COPINH aseguraron en este momento “las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos” (énfasis añadido).

Esto se debe a que el asesinato llevado a cabo el pasado 2 de marzo del año 2016 contra la vida de Berta Cáceres no fue aleatorio, ni un crimen “pasional” como intentaron disfrazar desde los medios de comunicación en el momento. Sino que refleja el punto más violento de una campaña de vigilancia, hostigamiento, amenazas, intimidación y criminalización que enfrentaba Berta y sus compañeras y compañeros del COPINH como la comunidad toda de Río Blanco que se dedicaban a resistir la imposición ilegal del proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’. Esta campaña violenta hace parte de un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que impulsaba el proyecto Agua Zarca, y por personas privadas contratadas (sicarios, paramilitares).

En ese marco, para el COPINH la justicia no se limita a la condena de quienes solamente dispararon, sino juzgar y castigar los responsables “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”. En este sentido, en los últimos meses, el COPINH ha entrado a una etapa clave en esa búsqueda que tiene que ver con dos casos de los 13 que son parte de la Causa Berta Cáceres: el caso contra David Castillo, presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, y el caso ‘Fraude sobre el Gualcarque’.

David Castillo: primera pieza del entramado de los autores intelectuales

El presidente de la empresa DESA, Castillo, fue capturado el pasado 2 de marzo del año 2018 mientras intentaba huir del país. A él se lo acusa de participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, que implica desde la vigilancia de Berta en el territorio, la planificación del asesinato y la coordinación entre las accionistas más importantes de la empresa y el grupo de sicarios que ejercutaron el crimen. Castillo es militar y egresado de la escuela militar estadounidense “West Point” y se desempeñó como subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras.

La detención de Castillo es de mucha importancia no solamente por su participación en el vil crimen del asesinato de Berta Cáceres, pero también por su papel en la imposición ilegal del proyecto ‘Agua Zarca’ que es el base del caso que se discutirá más adelante ‘Fraude sobre el Gualcarque’. 

La coordinadora general del COPINH e hija de Cáceres, Bertha Zúniga, explica que Castillo “es la persona con el perfil más alto hasta el momento capturado y que tiene unos vínculos muy importantes con los accionistas mayoritarios de la empresa que son de la familia Atala Zablah, una familia que forma parte de la oligarquía y pues sigue en la total impunidad.” Para Zúniga y el COPINH, “la condena de Castillo debe derivar en investigaciones hacia estas otras personas que a más de 4 años ya cerca de 5, pues se mantienen en impunidad.”

Aunque el equipo legal del COPINH asegura que hay muchas pruebas en su contra, el proceso judicial contra Castillo por el asesinato de Berta Cáceres está en peligro por el vencimiento de la prisión preventiva. La coordinadora general del COPINH explica que “se ha convertido en una reiterada actuación de la defensa de Castillo de imposibilitar el desarrollo de este proceso con una serie de recursos legales para obstaculizar el desarrollo del mismo.”

Tanto Zúñiga como el COPINH, entienden este accionar en dos sentidos, “uno de someter al límite el vencimiento de la prisión preventiva y buscar un excarcelación del señor Castillo. Pero también lo entendemos como una actuación maliciosa que intenta obstaculizar el proceso de búsqueda de justicia, de seguir encubriendo las actuaciones que lo vinculan como parte de este crimen y por ende encubrir los vínculos con los máximos responsables.”

El COPINH anunció en un comunicado público que el 22 de octubre, después de 7 suspensiones, se realizó una de las audiencias preparatorias del juicio de David Castillo. Sin embargo, como en otras ocasiones, la defensa del gerente de la empresa hidroeléctrica presentó más recursos, según COPINH “con el fin de dilatar el proceso en busca de la impunidad.” Adicionalmente la organización indígena denunció que siguen siendo excluidos del proceso y el poder judicial se negó a transmitir la audiencia públicamente. En el caso contra Castillo, quedan grandes retos, y solo un poco más de seis meses para realizar el juicio contra él ya que la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró que su prisión preventiva vence el día 25 de mayo de 2021. El COPINH seguirá insistiendo que se haga justicia.

Fraude sobre el Gualcarque

El caso “Fraude sobre el Gualcarque” surgió el 4 de marzo de 2019 cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad “presentaron requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, hechos cometidos con el objetivo de favorecer a la familia Atala Zablah a través de contratos del Estado de Honduras con la empresa DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque,” según explicaron desde el COPINH.

El proyecto Gualcarque es uno de los 51 proyectos concesionados por el estado de Honduras en territorio Lenca que Cáceres y COPINH habían denunciado. Según la organización, muchas de estas concesiones denunciadas fueron dadas tras el golpe de estado de 2009 y “conllevaron delitos de corrupción relacionados al otorgamiento de licencias para operar proyectos extractivos.” En este caso del proyecto Agua Zarca, “fue aprobado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Lencas afectadas por el mismo.”

En este caso está fuertemente implicado el mismo David Castillo y la familia Atala Zablah. Según la investigación en el caso, la empresa DESA que impulsa el proyecto Agua Zarca fue creada de manera ilegal por dos “testaferros” que eran empleados de otra empresa de Castillo. Él había asistido a reuniones en 2009 donde se hizo la “aprobación de contratos para la producción de energía eléctrica otorgados a DESA” y posterior a la aprobación de los contratos a DESA, Castillo pasó a ser parte oficialmente de la junta directiva de la empresa junto a la familia Atala Zablah.

La investigación en el caso revela que Castillo y la familia Atala Zablah habrían construido “una estructura criminal con el fin de imponer el proyecto hidroeléctrico y así beneficiarse económicamente” y en este contexto se cometió “una serie de crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la comunidad de Río Blanco debido a su oposición al proyecto, desde el fraude y corrupción para producción de supuesta “energía limpia” en venta al Estado de Honduras, como el asesinato de al menos 6 personas de la comunidad de Río Blanco en defensa del agua y la vida, en las que se incluye Berta Cáceres.”

El COPINH había participado en la etapa inicial del proceso como víctima pero fue excluido en agosto de 2019 tras un recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios, parecido a lo que sucedió durante el juicio contra los autores materiales en que el equipo legal de COPINH también fue excluido. Después de esta decisión el equipo legal de COPINH ha intentado interponer diversos recursos jurídicos para garantizar la participación de las víctimas, la comunidad afectada de Río Blanco y la organización que integra, sin embargo el caso avanza sin su participación.

Sobre esto, la coordinadora Zúniga comentó que, “la exclusión del COPINH y de la comunidad del Río Blanco del proceso ‘Fraude sobre el Gualcarque’ habla de que el sistema de justicia no ha sido construido en Honduras para responder enmendar o subsanar el daño proporcionado hacia las víctimas, sino es una justicia instrumental que trata de maquillar los resultados con la causa para la justicia para Berta Cáceres.” En ese sentido, analizó que “a pesar de todo el sufrimiento causado por esta represa, los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidas como victimas directas y eso también responde a la intermediación de muchos intereses poderosos que tratan de obstaculizar la presencia del COPINH por lo que pueda aportar por la información que tienen porque es una organización que ha disputado con la justicia la verdad sobre este crimen, que no es solamente el asesinato sino que es la instalación ilegal de los proyectos que han afectado los derechos territoriales, la dignidad del pueblo lenca que han desencadenado opciones de violencia hasta llegar al asesinato.”

La justicia ya fijó una fecha para el juicio oral y público que es el 18 de enero de 2021, COPINH denuncia que si el caso avanza sin la participación directa de las víctimas, es “una flagrante violación al derecho de acceso a la justicia.”

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“El Copinh denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el Ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país”, denunció el COPINH en su comunicado.

En el comunicado dan cuenta de las gestiones llevadas a cabo por los abogados de los trabajadores de la familia Atala Zablah, quienes fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta para que sean libertados por supuestas razones médicas en medio de la emergencia sanitaria.

“Para nosotros es lamentable esta noticia pero ciertamente no es algo que nos extraña -explica Bertita- se trata de un patrón que ha venido teniendo el Estado de Honduras y es el patrón de actuación de casi todos sus funcionarios”. Bertita, la hija lideresa Berta Cáceres, asumió la coordinación del COPINH tras el asesinato de su madre. Y hoy, junto a sus hermanas y hermano, no descansa en el pedido de Justicia por su mami. Por eso no duda al leer el momento “es la corrupción y que claro, se aprovecha esta crisis. Están aprovechando este contexto en todo sentido para que las personas que están vinculadas a grupos de poder y a grupos económicos resulten beneficiadas cuando no debería ser así”.

Si bien el hacinamiento que tienen las cárceles de Honduras hoy en día lleva a la necesidad de repensar el encierro en este marco de crisis, como sucede la Argentina y en la mayoría de los países pobres, no puede ser la excusa de privilegio. “Existen criterios, pautas” explica Bertita “pero aqui se aprovecha esa corrupción que hay también en los centros penitenciarios y que ahora están jugando un papel más protagónico en esta decisión a partir de lo que la corte ha emitido”. Siendo son las personas que han participado de un crimen que se lo denominó de alto impacto y que tiene una pena de 30 años de prisión.

“Sabemos que siempre han sido protegidos por personas que la empresa de DESA, respaldado con sus abogados y sus campañas para que puedan salir siendo pues asesinos” manifiesta la coordinadora del COPINH. “Pero lo que a nosotras nos preocupa es la lucha que se ha hecho tan fuerte por encaminar y encauzar la justicia para Berta que todavía siguen y que ahora quieran aprovechar esta situación”.

Como en toda su lucha sostiene “nosotras responsabilizamos al Estado de Honduras. Esta situación es para nosotras muy dolorosa, es un insulto a la memoria. Sabemos que hay dificultades extraordinarias por la emergencia sanitaria y que por eso ni las instituciones judiciales están funcionando como deberían entonces hay muchas dificultades para encontrar información”.

Pero el problema no acaba acá, Bertita recuerda que continúan expulsados en el juicio al finalizar el proceso el año pasado y por supuesto, no pueden participar. “Si esto sigue con la normalidad del proceso y se realizara una audiencia donde seria importante que se opongan los argumentos para explicar las razones por las cuales estas personas no deberían de salir beneficiadas no podríamos participar. Porque hay criterios para ello y en este caso no se cumplen, estás son las dificultades de no estar representadas como víctimas”.

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Por People Dispatch

Berta Cáceres fue asesinada en 2016, así que este 2 de marzo sería cuatro años desde su asesinato. ¿Como COPINH está procesando y sintiendo sobre su siembra – ahora a cuatro años?

Yo creo que primero sentimos que han sido cuatro años muy desafiantes para nosotras, porque hemos trabajado muy arduamente para que este proceso no quede silenciado, no solamente en términos del sistema de justicia sino que sea un aporte para las comunidades en resistencia que defienden sus territorios.

Sin embargo creemos que Honduras actualmente tiene un contexto muy difícil, de impunidad, de corrupción, en el que a veces nos vemos entrampados en ese sistema de justicia y bueno en ese sentido eso suele ser muy frustrante igual que hemos hecho un camino muy grande también porque hemos tratado de abordar muchos procesos judiciales a la par de llevar todo el proceso organizativo de COPINH y bueno también nos sentimos a cuatro años bastante desafiados porque lograr una pequeña victoria en cuanto a la autoridad material pero vemos que las puertas empiezan a cerrarse cuando se habla de los máximos responsables y de los autores intelectuales. Entonces medio susurre todo como no solamente de los dueños y accionistas de la empresa DESA sino de los bancos financiadores y toda la cortina de impunidad que les envuelve.

¿Qué es el estado actual de la investigación? Fueron condenadas y sentenciadas 7 personas con vínculos a DESA y el ejército hondureño. Lo último que escuchamos es que suspendieron la audiencia contra David Castillo, puede clarificar o explicar que más ha pasado?

Actualmente logramos cerrar ese proceso de los autores materiales en que bueno para nosotros el aporte no es tanto los años de prisión que se les dieron a esas personas que igual son muchos pero son condenas mínimas para lo que un delito de asesinato con sus agravantes y de tentativo asesinato en el caso de Gustavo pues, pueden obtenerse pero lo importante para nosotros es que hay expresa en esa sentencia que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha en defensa del Río Gualcarque y también que pues fue un crimen que fue ordenado por ejecutivos de la empresa DESA. Eso es para nosotros el aporte de este proceso.

Actualmente estamos esperando la audiencia de David Castillo que ha sido retrasado en varias oportunidades por parte de sus abogados. Su prisión preventiva está cercana a vencerse porque se vence el 2 de marzo, creemos que pues las fiscales van a pedir una prórroga única que puede pedirse por 6 meses más y esperamos que dentro este tiempo seamos llamados al juicio aunque no tiene fecha. Y estamos un poco al incertidumbre porque tampoco el sistema de justicia en Honduras se ha preocupado por eso

Circuló un rumor que Berta estaba en la lista negra del ejército hondureño. Esa alegación causó ruido por varias razones – primero que en 2016 el ejército hondureño sigue manteniendo una lista negra, una práctica que tenía en la década 1980 durante la Guerra Sucia, y segundo que es posible que fue asesinado por el ejército y no por DESA. ¿Qué es la respuesta de COPINH frente a ese rumor y lo que dicen de la lista negra?

Hace muchos años se sabe de que existe esta lista de objetivos a ser eliminados, incluso mi mami ya lo sabía. Bueno nosotros creemos que siempre las empresas actúan en contubernio. Hemos sabido la investigación que estas personas de la empresa se reunían en la casa presidencial, así lo expresan en sus comunicaciones y que además los militares bueno por lo menos Mariano Diaz Chavez que es el militar que fue condenado, es un militar de alto rango que formaba parte del estado mayor, al igual a David Castillo cuando durante fue militar. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no vemos de manera separada la actuación de DESA sino vemos un contubernio entre entidades del estado y la empresa, que por ejemplo al momento de que se asesina Berta Cáceres, el actual Ministro de Seguridad de Honduras, el les prometió que solo se trataba de un “lío de faldas” a pues las personas de máximo poder y que nosotros denominamos como los autores intelectuales.

Entonces creemos que el ejército no actuaba solo pero tampoco la empresa actuaba sola y que esa es como la expresión de esa articulación entre el poder económico y el poder militar. Y bueno la expresión también de la dictadura que está todo el proceso dictatorial que vivimos en Honduras.

Después del asesinato, circuló en las noticias que DESA perdió bastante fondos internacionales para la represa hidroeléctrica Agua Zarca. ¿Qué es el estado actual de la represa?

Bueno dos de los 3 bancos financiadores se retiraron del proyecto más de un año después del asesinato por el escándalo internacional en el que se habían visto envueltos al igual que la empresa alemana proveedora de turbinas y de asesoramiento en materia eléctrica por parte de la empresa que se llama Voith Hydro.

Y buenos digamos que el proyecto fue desmantelado también por parte de la empresa porque DESA no existe más como empresa. Sin embargo, esa concesión ha sido dado por 50 años y el estado de Honduras lastimosamente y en complicidad con estas políticas económicas no ha hecho ninguna acción para cancelar la concesión a pesar de los recursos interpuestos por COPINH obviamente en la cual la comunidad de Río Blanco participa.

Hemos sabido que el Banco Centroamericano de Integración Económica quiere reclamar la garantía al préstamo que este proyecto y por supuesto las situaciones sociales de violencia que dejó la empresa que han quedado instaladas en una comunidad que tampoco el estado ha hecho ningún trabajo para reparar toda la violencia que se ha vivido y que se mantiene al día de hoy las amenazas a las mujeres sobre todo que están recuperando las tierras ilegalmente vendidas a la empresa.

En la tradición de Berta, ¿cuales son algunas de las otras campañas que está llevando el COPINH ahora que debemos destacar?

Bueno COPINH está luchando porque en sus comunidades organizadas que son muchas, logren avanzar en la construcción de la autonomía comunitaria, y obviamente afrontar todo esta oleada extractivista y generación de energía que se está materializando en las comunidades a más de 10 años del golpe de estado y varios años del inicio de esa concesionamiento masivo.

Sin embargo hay muchos intereses de parte del Estado de Honduras de mostrarse frente al modelo económico como un país para hacer inversiones y por tanto ha hecho muchos leyes que vulnerabilizan a las comunidades como la ley de secretos para licencias ambientales en la Secretaría de Recursos naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE) y también en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMIN) que son los encargados de las licencias para proyectos mineros.

También en Honduras quiere hacer una ley de consulta previa que reglamenta el derecho de consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades en el cual a las comunidades lo que se les pregunta a las comunidades no tenga una validez y bueno otras leyes que facilitan la explotación.

Nuestra tarea ahora mismo es defender esos derechos que han sido conquistas históricas del COPINH en estos casi 27 años de lucha y pues honrar la memoria de Berta Cáceres también creando movimientos fuertes de lucha territorial que hagan respetar esos derechos como pueblos indígenas como comunidades campesinas, pero también un proceso más amplio en materia de realizar ese proceso refundacional de Honduras, un país que tiene pues desafíos tan grandes frente a la corrupción, todo el proceso de la militarización, todo el ataque a los territorios, todos los femicidios politicos y femicidios en general que se están viviendo y bueno materializar esa lucha de Berta Cáceres.

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Por Camila Parodi

Este 2 de marzo de 2020, se cumplen 4 años del asesinato a la defensora de los ríos y territorios, Berta Cáceres. Desde ese entonces, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del cual era coordinadora, ha reivindicado esta fecha como el día de su siembra, se trata de un homenaje a su lucha como así también una instancia de compromiso con sus ideales sabiendo que, de esta manera, Berta se multiplica.

Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández avanza con la privatización de los bienes comunes, en este 4to. aniversario, el COPINH elige vincular su memoria con la lucha en “la defensa del agua como bien público y como bien común” y, por ende, de la naturaleza que actualmente se encuentra disputada por empresas trasnacionales: represas, proyectos de privatización de agua, control de fuentes de agua de parte de ONG’s internacionales.

“Lo vamos a lograr, me lo dijo el río”

Berta logró paralizar la construcción del proyecto hidroeléctrico de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A (DESA) sobre el Río Gualcarque de la comunidad lenca. Proyecto que había sido apoyado tras el gobierno “de restauración” que continuó luego del golpe de estado en el año 2009 a Mel Zelaya elegido por las mayorías. Se trata del primer golpe realizado en esta nueva “oleada” de atentados contras las democracias y los gobiernos progresistas que mucho tienen que ver con la instalación de proyectos privados de extracción de bienes comunes. “Honduras funciona como enclave extractivo” advertía Berta en el año 2014 a meses de ser asesinada.

Durante la jornada de homenaje y siembra de Berta Cáceres llevada a cabo en su pueblo La Esperanza, Intibucá, Catalina Hernández integrante del COPINH dialogó con Marcha. “Para nosotros es una fecha muy especial por eso estamos reunidos. La lucha de Berta ha sido muy importante, ¡más de 27 años!, luchando por nuestros derechos como poblaciones indígenas ya que como bien sabemos nosotros antes ni éramos reconocidos como pueblos como así también la defensa de nuestros territorios” explicó la dirigente. “Esto no ha sido fácil. La defensa de la tierra es para la defensa de la vida, sin agua ni tierra no sobrevivimos como pueblos indígenas” manifestó al recordar a su compañera Berta Cáceres y  sostuvo “dicen por ahí que “la próxima guerra será por el agua” y nosotros como pueblos indígenas lo sabemos bien, vienen las empresas de otros lugares a secarnos los ríos, dejarnos sin agua y despojarnos para hacer su negocio con el gobierno”.

“En la Honduras de la economía extractivista, cada vez más las empresas y el gobierno van avanzando en el control del agua, ya sea por proyectos hidroeléctricos para la generación de energía, por proyectos de agua financiados por grandes instituciones internacionales, para la riega extensiva de monocultivos y para el control de la pesca” explicó el COPINH en el marco del 4to aniversario del asesinato de su coordinadora. Actualmente, en Honduras, se han aprobado un importante número de leyes y decretos que facultan el control del agua por empresas. “Es evidente la escasez de agua producida por la explotación ambiental y el descontrol en el manejo de los bienes comunes” advirtieron desde el COPINH y recordaron “quien controla el agua controla los pueblos (…) en memoria de la compañera Berta Cáceres nos convocamos a defender los ríos, los mares y bosques del interés gobierno-empresarial de privatizar y limitar el uso del agua para el bienestar social”.

La lucha por justicia llevada a cabo por familiares, organizaciones sociales y de Derechos Humanos a partir del caso de Berta Cáceres generó cierta repercusión mediática y, por ende, instancias de justicia real en contraposición a todas las muertes invisibilizadas de defensores y defensoras de los territorios. En ese marco, el ingeniero eléctrico Roberto David Castillo, quien había logrado la concesión durante 20 años del Río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca, y que presidía el ejecutivo de la empresa hondureña al desarrollar el proyecto “Agua Zarca” fue detenido en marzo del 2018 acusado de ser el autor intelectual de la lidereza. Sin embargo, la justicia aun no es plena y para ello mínimamente se exige la detención de los hermanos Atala Zablah que tenían cargos en la junta directiva de la empresa y de quienes se ha evidenciado la complicidad en el asesinato de Berta. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras de forma que tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras. En ese sentido, se ha confirmado que la realización de este crimen sólo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que “participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización” tal como lo afirmó el COPINH.

El femicidio político de la defensora de los ríos da cuenta del plan sistemático que ella misma denunciaba. Sicariato, criminalización y control de las poblaciones que defienden los territorios para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras. Sin embargo, advierten desde el COPINH, “su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño”. A su vez, sostuvieron en el comunicado del nuevo aniversario de su siembra “es un imperativo del COPINH y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos”.

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Por Camila Parodi y Zoe PC Foto Copinh

En el día de hoy se conocerá la sentencia que señalará la culpabilidad de siete de las personas que estuvieron implicadas en el asesinato de la defensora de los ríos Berta Cáceres. Entre ellos se encuentra un empleado y ex empleado de la empresa hidroeléctrica DESA, como así también miembros de las Fueras Armadas de Honduras activos hace un año. Por su parte el Tribunal ya declaró que los ejecutivos de DESA conocían y dieron su consentimiento para asesinar Berta e hicieron referencia a otras personas participantes en el crimen. En ese sentido, desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización lenca a la que pertenecía Berta Cáceres y desde la que se sostiene el proceso de búsqueda de justicia integral, se espera que la sentencia escrita contenga lo dicho en este fallo. Se entiende que el Tribunal tiene la responsabilidad ahora de ordenar más investigaciones y diligencias para capturar los autores intelectuales.

Durante la sentencia, el Tribunal deberá individualizar la responsabilidad de cada una de las personas condenadas, como así también ordenar nuevas investigaciones sobre el hecho que se esclareció en el debate oral y público. De forma tal que esto incluye otros actores que ordenaron y pagaron por su asesinato. Si bien desde el Ministerio Público se ha anunciado públicamente en repetidas ocasiones que siguen investigando el caso, hasta la fecha, no se han realizado más órdenes de captura por la autoría intelectual, aparte de David Castillo, quien lleva más de un años y medio en prisión preventiva, sin que avance su caso a la etapa de juicio.

En diálogo con Peoples Dispatch y Marcha, Bertha Zúniga, la actual coordinadora del Copinh, e hija de Berta Cáceres, reflexiona sobre esta nueva jornada de juicio y sus posibles desenlaces.

¿Porque es importante esta sentencia para el Copinh?

La importancia de esta sentencia es que dentro de la misma y sobre todo no solo se señala la culpabilidad de personas que estuvieron vinculadas con el hecho del asesinato, o sea los ejecutores materiales. Expresa que ese hecho tenía que ver con los intereses de la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y que hubo una orden desde ese lugar hacia esas personas que simplemente fueron peones o personas contratadas y que además Berta Cáceres fue asesinada por su lucha. Entonces eso es la importancia de esta sentencia, que no solamente juzga a esas siete personas sino que también abre la puerta hacia otras responsabilidades dentro de la empresa. Y que entonces el Estado tiene que comprometerse a seguir en esta línea y no cerrar el caso solo por dar algún tipo de resultado después de casi cuatro años de estas exigiendo que alguien se reduzca responsabilidad o a algunas personas o a algún estructura criminal se le reduzca responsabilidad por este hecho tan trágico.

¿Por qué consideran que demoró tanto en salir la sentencia?

Demoró porque supuestamente se escudaron en algunos amparos, pero realmente porque en todo ese proceso ha habido una serie de irregularidades e irrespeto incluso a los plazos que están establecidos en la ley hondureña,  que simplemente están yendo en contra del camino de la justicia y a favor de la impunidad. Nosotros recordamos que este camino no ha terminado aquí sino que hay una deuda inmensa con la justicia verdadera y que retrasar el proceso y dilatarlo ha sido la estrategia del Estado para quitarle presión por la causa a la justicia. Entonces esas son parte de las irregularidades del proceso, de no aceptación de prueba, de no inclusión de algunos peritajes, que van más allá de los autores materiales, y que amarran este hecho de los autores materiales con esa voluntad política de esta estructura criminal de asesinar a Berta Cáceres y asesinar su lucha.

¿Cómo continúa la causa ahora respecto a la captura de los autores intelectuales?

Solo hay un caso abierto,  que también ha sido bastante retrasado, el de David Castillo, el presidente de la empresa. Sin embargo, siempre decimos que David Castillo es el lado más débil dentro de los intereses que tomaron la decisión y apoyaron económicamente para que este hecho se materializara,  por eso es una de nuestras peticiones y exigencias es la captura de los máximos responsables, de los que ya se ven algunas pruebas y de los que se ha podido determinar algún tipo de participación, con nombres y que papel jugaban dentro de la estructura criminal.

El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras anunció que dará lectura a la sentencia hoy a la 1:30, hora de Honduras. El Copinh llama a una concentración en las afueras del Tribunal para exigir una vez más justicia verdadera para Berta.

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El próximo miércoles 25 de septiembre se reanudará el proceso legal contra David Castillo, detenido el 2 de marzo de 2018 como “autor intelectual” en el asesinato de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Berta Cáceres. Cáceres y su organización Copinh, que lucha por los derechos de la comunidad Lenca y contra el capitalismo, racismo y patriarcado, estaba al frente de una batalla feroz contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre un río sagrado para la comunidad Lenca.

El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) que ha contado con financiamiento de diversos bancos e instituciones internacionales como El Banco Centroamericano de Integración Económica, El Banco de Desarrollo Holandés (FMO), FinnFund, SinoHydro (China), Banco Financiera Centroamericano S.A., el Banco Mundial, y USAID entre otros. Así que la resistencia de la comunidad de Río Blanco, aldeana al Río Gualcarque donde querían construir el proyecto, apoyada por el Copinh con el liderazgo de Berta Cáceres tuvo una respuesta muy fuerte por parte de la empresa y el estado hondureño que también tenía interés en el proyecto.

Tanto los miembros de la comunidad como los miembros del Copinh, en especial Berta, se enfrentaban con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia, y criminalización por las fuerzas de seguridad del estado, la seguridad privada de la empresa y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales en varias ocasiones pero nunca se tomaron las medidas necesarias para frenarla ya que era ‘necesaria’ para seguir adelante con el proyecto. Contexto en el cual es asesinada Berta Cáceres el 2 de marzo en su casa en la ciudad La Esperanza, Intibucá en el noreste de Honduras.

Desde el momento de su asesinato, la causa de Berta Cáceres -que ahora implica por lo menos 13 casos jurídicos- ha sido marcado por irregularidades, violaciones al debido proceso, hostigamiento a la defensa, a su organización y familiares, y en general una falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado para llegar a la justicia verdadera.

En noviembre del año pasado fueron condenados 7 personas, acusadas de participar en el asesinato de Berta como autores materiales. Aunque el Copinh y las demás organizaciones celebraron esas condenas como fruto de su lucha por justicia, también denunciaron que el Estado intentó terminar con la causa Berta Cáceres y dejar por fuera la estructura poderosa que planificó y financió el crimen.

En el transcurso de ese juicio, se negó casi sistemáticamente cada prueba, evidencia, testigo o informe de perito que buscaba vincular los autores intelectuales, como los miembros de la familia Atala Zablah, al asesinato y contextualizar el asesinato como parte de una estrategia de represión de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).A su vez, los jueces del caso excluyeron la defensa legal de las víctimas del juicio y negaron el reconocimiento de Copinh como víctima en el caso. Y aún, casi diez meses después, no sentenciaron los siete condenados. Por es, es en ese marco, que el juicio contra David Castillo es sumamente importante.

Perfil: ¿Quién es David Castillo?

Castillo, un militar graduado de la escuela militar de EEUU “West Point” y subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras, también es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA desde 2011. Se lo acusa al David Castillo de participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, o sea de haber participado en la vigilancia a Berta en terreno, la planificación del asesinato, y la coordinación entre los altos mandos de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Castillo es la pieza fundamental que vincula los que dispararon y los que los pagaron para disparar.

En esta oportunidad, se realizará el próximo miércoles, 25 de septiembre en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, una audiencia preliminar en contra Castillo.

“Esperamos que a partir de la audiencia se de paso al Juicio oral y público y también que a partir de esto se logre hacer una investigación a todos los autores intelectuales del asesinato como son la familia Atala Zablah que sabemos bien desde las organizaciones que son ellos quienes pagaron y ordenaron este crimen” explicó Suli Madariaga a la coordinación de medios populares, comunitarios y autogestivos en solidaridad con el COPINH.

En el informe “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía” hecho por organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation, International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights, y Guatemala Human Rights Commission, se señala que Castillo no está meramente vinculado en la planificación y la coordinación del asesinato de Berta, sino que está involucrado en una serie de actividades delictivas incluyendo corrupción y fraude mientras era servidor público y graves violaciones de los derechos humanos.

Tras una cuidadosa investigación, el informe se afirma que las actividades criminales atribuidas a Castillo fueron presumiblemente emprendidas para promover los intereses de las empresas con las que estaba asociado. Esto incluye denuncias de actos que constituyen corrupción y violaciones de los Derechos Humanos. Aparentemente, sostienen, varias empresas se han beneficiado de la comisión de presuntos delitos; los que habrían beneficiado a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) y compañías relacionadas a esta son particularmente graves. Por su parte, las dificultades para obtener acceso a la información de varias empresas, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad de las empresas registradas en Panamá, hacen que sea extremadamente difícil determinar la identidad de diversas empresas que se habrían beneficiado de los presuntos delitos.

Castillo era director, accionista o ejecutivo, de al menos ocho empresas. De las cuales, por lo menos seis empresas estaban constituidas en Honduras. Y al menos dos empresas de ellas asociadas con Castillo estaban registradas en Panamá; Mithril Capital y Potencia y Energía de Mesoamérica SA PEMSA (Panamá), donde se protege el anonimato de sus accionistas.

La evidencia presentada a los Tribunales hondureños por los fiscales sugiere que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y presumiblemente proporcionando fondos a los autores materiales con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso permanece en la fase preliminar de enjuiciamiento; ningún otro autor intelectual del crimen ha sido arrestado. Este crimen, fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso, violencia e impunidad orquestada por Castillo y otras personas en la empresa DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.
Durante el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres en el año 2018 la evidencia sugirió que Castillo y sus asociados, junto a empleados de DESA, obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando sus influencias en el Ministerio de Seguridad, la policía y el ejército así como influencias inapropiadas en el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y la oposición de COPINH al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. DESA, y los representantes que emplea, continúan en la actualidad promoviendo la estigmatización de Berta Cáceres, COPINH y los miembros de la comunidad indígena Lenca en Río Blanco después del asesinato de Cáceres.

Un dato importante que han señalado Copinh y la familia de Cáceres es que ocho meses después del asesinato de Berta, Castillo compró una casa de lujo que vale 1.4 millones de dólares en Houston, Texas. Hace poco, las hijas y el hijo de Cáceres presentaron una citación ante una corte federal en EEUU para acceder a los registros financieros de Castillo del banco que le dio la hipoteca a Castillo y creen que esos registros tendrían alguna información sobre los motivos financieros al crimen y información sobre quien está vinculado.

A pesar de las pruebas contundentes que vinculan Castillo al crimen, su defensa con el apoyo de los medios corporativos de Honduras “han instalado una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante”, denunció el Copinh.

Con eso buscan garantizar la impunidad de David Castillo y obstruir la búsqueda de la justicia verdadera en donde “todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más” serían juzgadas y sancionadas.
“Esperamos el acuerpamiento de todas las organizaciones que han sido parte y que quieren ser parte de este proceso por la búsqueda de justicia de nuestra hermana Berta Cáceres que es compañera de todos y todas” sostuvo Suli Madariaga. Y afirmó “si bien sabemos que la Justicia no está en realidad en estos Tribunales queremos romper con esta cadena de impunidad que se vive en Honduras”. Para Madariaga, este proceso de lucha y justicia por Berta Cáceres en Honduras puede funcionar como bisagra para la situación de criminalización y represión existente, “en un país en el que nunca pasa nada, donde siempre las personas que defienden los territorios y luchan por la vida son las criminalizadas y cuando se produce un crimen contra ellas no se investiga y queda en la impunidad es muy importante que se esté llevando a cabo un proceso con estas características”.

Hacer justicia para Berta, pueda hacer, justicia para todos los pueblos

Carolina Hernández también hace parte del COPINH, por su parte, solicitó mediante la Coordinadora de medios alternativos, populares y comunitarios en solidaridad con el COPINH que todas aquellas personas y organizaciones que se sientan interpeladas por el crimen contra Berta Cáceres se puedan solidarizar. “Les pedimos que nos acompañen, acuerpen y estén presentes en los diferentes momentos que estamos viviendo con esta causa y principalmente en búsqueda de esa justicia verdadera e integral por la cual los pueblos seguimos resistiendo y luchando” afirmó. De igual manera solicitaron que se realicen diversas acciones de visibilización en los diferentes medios, embajadas, redes sociales presionando a los diferentes órganos del Estado de Honduras.

Para Hernández, “este proceso también viene a garantizar los derechos y romper las cadenas de impunidad que se mantienen en Honduras contra los diferentes ataques, asesinatos y femicidios de compañeras y compañeros” por eso sostuvo “hacer justicia para Berta pueda hacer justicia para todos los pueblos”. Para finalizar, Madariaga reforzó “como COPINH nos juntamos y abrazamos la esperanza para la búsqueda por Justicia para Berta Cáceres”. “Porque Justicia para Berta también significa justicia para Honduras -recordó- un país tan golpeado por la impunidad, la corrupción y la violencia, esperamos que desde aquí se comience un cambio en este sistema”.

(*) ALBA TV – Venezuela, Colombia Informa – Colombia, Marcha Noticias – Argentina, Notas Periodismo Popular – Argentina, Noticiero Barrio Adentro – Colombia, Peoples Dispatch, Resumen Latinoamericano – Argentina – América Latina

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 Por Raúl Palencia y César Saravia Foto Contra Corriente

Crisis política y resistencia popular a 10 años del Golpe

En las últimas semanas, un nuevo episodio de movilizaciones populares y represión estatal se ha vivido en las calles de Honduras. La gota que derrama el vaso de un pueblo golpeado y convencido del fraude electoral, fue la aprobación en la cámara Legislativa del primer debate de la ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación. Esto es posible una vez que el gobierno de Juan Orlando Hernández declara al Sistema Nacional de Salud en estado de emergencia y justifica su decreto en la necesidad de la mejora del servicio. Las palabras suenan a despidos, privatización y concesiones para quienes desde las organizaciones sociales y movimientos populares llevan más de una década de lucha organizada en las calles y en las instituciones del Estado.

Desde finales abril, las protestas en las calles son multitudinarias y las componen estudiantes, trabajadores y sindicatos del sistema de salud que exigen que se anule los decretos aprobados por el Congreso. Para el 30 de mayo se llamó a un paro general al que se sumaron las ciudades de Copán, El Progreso, La Paz, Comayagua, Atlántida, San Pedro Sula, Olancho, Valle y Choluteca llegando a la cantidad en diez mil personas movilizadas en contra de los dos decretos que buscan privatizar la salud y la educación.

La movilización popular de amplios sectores es el resultado de un Honduras en plena crisis social, por consecuencia de una serie de medidas neoliberales presionadas por el Fondo Monetario Internacional que busca profundizar el modelo extractivista, promoviendo la inseguridad en los territorios, la migración, la impunidad, la falta de justicia, la privatización, las concesiones transnacionales, el crimen organizado, los femicidios y el narcotráfico vinculado al gobierno. Todo esto estrangula a un pueblo que hoy sale a las calles gritando y condensando su bronca en el “Fuera JOH, convencido de que la lucha popular y la dignidad son todo lo que les queda para alcanzar ese objetivo estratégico de refundar Honduras. Pese a todos estos golpes, hoy siguen más vivas que nunca las palabras que el río susurrara a Berta y que todo Honduras grita a una sola voz: ¡Vamos a vencer!

Golpe contra el pueblo

La madrugada del 28 de junio del 2009, el ejército hondureño, amparado por la oligarquía y la intervención de Estados Unidos, entró a la casa presidencial, a punta de fusil, para capturar al entonces presidente Manuel Zelaya, electo vía voto popular, y enviarlo en un avión vestido todavía con su pijama, hacia Costa Rica. Esta acción autoritaria fue la respuesta de la derecha y del imperialismo al intento de Zelaya de llevar a cabo un proceso de consulta popular, que se presentaba a los ojos del movimiento popular como una herramienta legítima para avanzar en el objetivo de alcanzar, en palabras de Berta Cáceres, “la refundación de Honduras”.

Durante su gobierno el presidente Zelaya había mostrado una tendencia progresiva a alinearse a las organizaciones sociales y a los gobiernos populares aglutinados en el  ALBA, del cual Honduras se había hecho parte. Este acercamiento con los movimientos generó una radicalización de la política pública empujada desde abajo, cabe recordar que Zelaya llegó a la presidencia a través de uno de los partidos tradicionales como lo es el partido liberal, de corte derechista. Al momento del golpe, la región vivía un auge de gobiernos progresistas y/o populares, que alcanzaba a diez países en ese momento. Estas y otras medidas llevaron a Estados Unidos a actuar contra uno de los países que fue históricamente uno de sus bastiones, por su ubicación geográfica, tanto para acciones militares como para experimentos políticos y económicos.

Las respuestas internacionales fueron que la OEA desconociera a Honduras y la ruptura de relaciones por parte de varios países de la región. Sin embargo, esta presión duró poco y rápidamente se dio paso a la “normalización” de la situación en Honduras, mediante los acuerdos de Cartagena, que habilitaban la vuelta de Zelaya a Honduras pero reconocían al régimen golpista.

De alguna forma, lo ocurrido en Honduras fue visto con relativo desdén por buena parte del progresismo latinoamericano, como antes había ocurrido en Haití. Esta falta de interés representaría años más tarde una debilidad a la hora de dar respuesta a la avanzada conservadora en la región y dejaría abierto en Honduras el camino hacia un régimen autoritario y asesino.

Durante estos 10 años posteriores al golpe, la resistencia en las calles y en los territorios ha sido constante. La movilización popular durante el Golpe fue amplia, pero no logró revertir la imposición del presidente y la instauración de un modelo extractivista – militar. Se estima que cerca del 35% del territorio hondureño ha sido concesionado a transnacionales. Entre las primeras medidas que el régimen golpista adoptó fue la aprobación de una Ley de Agua, que privatizó el servicio,  y la prohibición de la comercialización de la pastilla del día después, que se suma a la prohibición total del aborto en Honduras. De esta manera, estos 10 años han estado marcados por el avance del Capital sobre los territorios de las comunidades y  por un aumento del control sobre los territorios- cuerpos de las mujeres.

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Este proyecto que, como lo ha denominado el COPINH, es un proyecto de continuidad y de permanente Golpe de Estado, que se expresa en la persecución, criminalización y asesinato de líderes sociales. De 2010 a la fecha más de 150 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas y asesinados, entre ellas, Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. El crimen contra Berta levantó la voz para exigir justicia a nivel mundial, a pesar de lo cual hasta hoy continúa la lucha contra la impunidad, a la espera de que se juzguen a los autores intelectuales, entre los altos puestos de la empresa DESA, encargada del proyecto de la represa Agua Zarca, y algunas de las familias más ricas del país.

Fue la propia Berta quien denunció esta política represiva: “la criminalización del movimiento indígena y negro es una política del régimen sucesor del golpe de estado, en particular contra todo el que está en resistencias y en construcción del proceso constituyente originario, refundacional, democrático, multicultural, multilingüe e incluyente”. 

Este proyecto de golpe permanente, tiene como su contracara lo que podemos denominar como resistencia popular permanente. La resistencia del pueblo Lenca y el COPINH, contra la represa Agua Zarca, del pueblo Tolupán, de la OFRANEH, de los movimientos estudiantiles y el movimiento feminista han sido claves para que a 10 años el régimen golpista no haya sido capaz de estabilizarse. Esto explica que pese al cerco mediático que rodea al país, de manera muy frecuente se desaten crisis políticas en Honduras que trascienden las fronteras. El pueblo hondureño ha estado constantemente en la calle durante estos años, frente al agotamiento de la soberanía popular y el deterioro de los marcos de participación y de respeto de los derechos humanos, que se agravaron con el fraude electoral del 2017, donde se impuso a Juan Orlando Hernández como presidente por segundo periodo consecutivo.

Luego del fraude de 2017, el despojo de los bienes comunes, el deterioro de los servicios públicos y la precarización general de la vida de la población, con cifras de pobreza que alcanzan el 60%, ha convertido en Honduras en un país expulsivo. Si bien es cierto la migración hondureña hacia Estados Unidos es antigua, en 2018, la misma se expresó en su forma más clara con el surgimiento de las caravanas migrantes, donde más de 5 mil hondureños y hondureñas, junto a migrantes de otros países, principalmente de Centroamérica, caminaron kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos, en algunos casos con el objetivo de permanecer en México. Las caravanas mostraron en todo su esplendor la situación de deterioro social que vive Honduras, en la que en muchos casos la lógica ya no solo es migrar para buscar una mejor calidad de vida, sino donde está en juego la existencia misma.

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Se realizó “El abrazo”, la misión de solidaridad feminista sin fronteras con las Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. En este relato, una recorrida por el Copinh donde aún resuenan las palabras de Berta Cáceres: “la lucha indígena avanza de la mano de un proceso antipatriarcal y descolonizador”.

La misión “El abrazo”, coordinada por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, reunió entre el 22 y 26 de enero a 52 activistas, entre ellas periodistas, sanadoras y defensoras de los derechos humanos. El viaje con objetivos humanitarios mezcló, como un nutritivo y curativo estofado, representantes de por lo menos 28 organizaciones sociales, feministas, campesinas, indígenas y negras y de la comunidad LGTBI+ de 13 países que recorrieron los territorios que muestran focos de resistencia, desobediencia civil y defensa de la vida en este país de 9 millones de habitantes.

Organizado en dos rutas con diferentes recorridos (Ruta 1: San Pedro Sula – Santa Bárbara – Copán – La Esperanza. Ruta 2: El Progreso – El Triunfo – Tocoa) que abarcaron los territorios en los que las comunidades viven mayor represión, el objetivo que guió el viaje se fue desdoblando y se plasmó en diferentes experiencias. Por un lado, las participantes atestiguaron la continuidad de las violencias en este país centroamericano, por un lado. Por otro lado, el intercambio de palabras, oídos, afectos y emociones con las personas que acuerpan la invasión de empresas de extractivistas fue fundamental.

El viaje de las activistas tuvo como vela orientadora la noción de cuidado, conexión espiritual y afianzamiento del compromiso político regional ante el claro avance de la derecha neoconsevadora, los históricos grupos terratenientes y la imposición de la mano dura por parte de las fuerzas militares representantes de la reelección del gobierno de origen fraudulento de Juan Orlando Hernández en 2017.

Honduras es un país que desde 2009 sufre la imposición de una dictadura que depuso mediante un golpe de Estado a José Manuel “Mel” Zelaya. Dicho asalto al poder empujado por la derecha política conservadora y el establishment empresario del país junto con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos tensa todo pasaje por estos territorios. La omnipresente presencia de militares con armas largas en las carreteras, es un escenario intimidante que se contrasta a cada paso con la calidez de las defensoras de los territorios.

Según la organización Front Line Defenders Honduras es uno de los países más peligrosos de América para los/as defensoras de Derechos Humanos, especialmente para las personas que defienden el derecho a la tierra y el territorio o la protección del medio ambiente, ya que consideran que están en contra del desarrollo y que suponen un obstáculo para la explotación de los recursos económicos del país. En lo que va del año unas 30 mujeres fueron asesinadas en Honduras durante enero, y más del 90 por ciento de esos casos están impune, informaron este sábado fuentes oficiales y activistas. Y a poco más de un año del fraude electoral, lo que el gobierno señala con el eufemismo de “conflictividad” son territorios en resistencia.

En esta tercera entrega de relatos sobre la misión “El abrazo”, compartiremos algunos de los fragmentos mas destacados del encuentro entre las activistas latinoamericanas y europeas con las defensoras hondureñas en los territorios más altos y con los climas más fríos del país. Con la intención de ir desgranando con detalle los principales desafíos que enfrentan en los múltiples procesos de denuncia contra un sistema capitalista, neocolonialista y patriarcal, avanzaremos en el recorrido de la misión por Honduras.

Organizar la resistencia tras la muerte: visita al COPINH

Llegar a la sede del COPINH (Coordinadora General del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) en Utopía implica atravesar un camino que despliega tapices verdes a los lados, cadenas montañosas y montes frondosos como sueños. El cartel amarillo que nos da la bienvenida dice “BienvenidAs al Copinh”, reforzando la generosidad de las anfitrionas y colocando el acento en el género de quienes estamos defendiendo los derechos humanos.

La organización liderada por Berta Cáceres, asesinada en 2016, fue creada en 1993, y desde sus orígenes se opone a las políticas neoliberales extractivistas de las empresas extranjeras que marcan a fuego el destino de Honduras. Hoy la política de apropiación continúa con quienes quieren adueñarse del agua y de otros recursos naturales bajo la connivencia y complicidad de la presencia territorial de Estados Unidos en Mesoamérica.

Para quien escribe fue revelador escuchar hace algunos años en boca de la propia Berta, un puñado de palabras precisas: “la lucha indígena avanza de la mano de un proceso antipatriarcal y descolonizador”, a un grupo de periodistas que la entrevistaba bajo altas medidas de seguridad en 2014. El espacio que ocupa el Copinh recuerda a una escuela, no una institución gris en donde la disciplina y la mano dura se imparten para homogeneizar personas. Por el contrario, en este espacio las paredes de las aulas cuentan historias en coloridos y poéticos murales. En el comedor se comparte el almuerzo preparado por la comunidad, el sol entra por las ventanas regalando la luz natural.

Así la misión “El abrazo” llegó a la casa del pueblo lenca, la casa donde vivió Berta por muchos años y en donde “las energías que dejó son para todas y en donde las energías que las recién llegadas traen se reparte” nos augura la abuelita que enciende las velas y ofrendas reunidas en torno a una foto de Berta. Cáceres en la imagen con la mitad sus piernas danzando en el agua del río Blanco. Disfrutándolo, cuidándolo.

Son horas de compartir historias, de escuchar las violaciones que las mujeres defensoras resisten, la forma en que le dan la vuelta al ataque y, pese a las balas e intimidaciones, se mantienen firmes y vivas en las luchas. Marleny Lemus Parada, una integrante activa de la organización cuenta cómo han sido los días que siguieron al asesinato de Cáceres y el intento de desarticulación del Copinh: “No ha sido fácil pero sin embargo ahí estamos en la lucha en defensa del bosque, de los ríos y la tierra, y de tantas cosas por las que tenemos que luchar aquí para que no nos invadan, por todo eso fue el pleito para que ellos nos mataran a Berta. Ellos creyeron que matando a Berta, mataban a la organización y creyeron que ya no íbamos a hacer nada nosotras”.

La muerte y el amedrentamiento “han matado un montón de compañeros”, sin embargo, fortalecieron a la organización. Pensaron que si la eliminaban a Berta, mataban a la organización dicen las integrantes del Copinh. Pero a pesar de todas las dificultades ahí estamos siempre vivos, estamos siempre en lucha y en defensa y siempre seguimos recibiendo amenazas, donde quiera que vayamos nos paran, nos revisan” describe Marleny. La lucha sigue en la recuperación de tierras, en el respeto de los títulos de propiedad ancestrales, así como en el resguardo de la diversidad de recursos naturales, así como de los cuerpos de las mujeres.

Laura Zuniga Cáceres también relata la alegría de recibir a la misión “El abrazo” como un espacio de encuentro, una pausa en la lucha diaria, un sacudón que refresca la lucha por la que le arrancaron a su madre. “Me da alegría estar aquí por encontrarme con esas mujeres con las que nos encontramos en las calles, con las niñas con la que nos vemos siempre, con estas mujeres con las que estuvimos hace dos días peleando con los militares y peleando con los militares para recuperar a un compañero que lo querían meter preso. Hemos comprendido juntas la potencia de nuestro grito, y ese es el espíritu que creo que se tienen que llevar de este lugar. Es que frente a la violencia, frente a la muerte, frente a las dictaduras, nuestra propuesta sigue siendo estar juntas, de unir nuestros gritos y de acuerparnos desde ese lugar”.

El Copinh se concibe, además de un lugar de resistencia y respuestas pacíficas a las violencias, como un refugio de acuerpamiento desde la espiritualidad, donde las voces propias en una asamblea o desde la propia transmisión radial siguen compartiendo la energía de la defensa de la vida. “Les queremos compartir esa energía, la energía de las flores de la naturaleza, del sembrar que hoy no pudieron ver pero mañana podrán ver la parte de cultivos orgánicos. Esa cosa de construir nos queda a medias porque el tiempo nos va llevando a las urgencias, estar en este Honduras nos obliga a responder. La creación de nuestros espacios de sanación y de nuestros espacios personales son importantes y también los vamos a construir”, cierra Laura Cáceres convidando a las visitantes a conocer el proyecto agroecológico que desarrolla el Copinh en Utopía.

Sembrando semillas desde la educación y la cultura

Las mujeres que conocemos en el camino nos sorprenden. Su fuerza, valentía y claridad de pensamiento, de accionar. Ellas defienden el valor de la palabra y el derecho a pronunciarla. Conocer a María Felicita López, mujer indígena lenca habitante de una comunidad del departamento de La Paz, en las montañas de Honduras y coordinadora de Género del Movimiento Indígena Independiente Milpah es una experiencia que revigoriza a quien se desmoralice en la lucha.

Esta joven que forma parte de la Red Departamental de La Paz Contra la Violencia Familiar comienza por señalar: “Para la mujer indígena no es fácil por que no enfrentamos a un sistema machista neoliberal. También fui víctima de violencia por hacer respetar los derechos de las mujeres. Fui víctima de violencia tanto del Estado como de mi familia. La lucha no la he dejado, he seguido en pie. Hoy tengo muchas compañeras que han sido alumnas mías”. Respecto del origen y del nombre de su organización Milpah , la milpa es un componente central de la cultura mesoamericana y también se conoce con los siguientes nombres: milpa tradicional, milpa mesoamericana o las tres hermanas, ésta última por tratarse principalmente del cultivo de maíz, frijol y calabaza, a María le gusta decir que significa la representación de todas las semillas “una milpa que tenga de todo”.

Su denuncia es clara: “Mientras que el gobierno esta invirtiendo plata en armas para re intimidar la voz de los pueblos, la voz de las mujeres. Por eso ustedes pueden ver que en Honduras cada 23 horas muere una mujer” por eso trabaja sin cesar formando redes de mujeres de su comunidad y de zonas aledañas, centrándose en los derechos a una vida sin violencia. Y si alguien le pregunta ¿usted tiene miedo? “yo les contesto ¿cómo voy a tener miedo si por denunciar las injusticias me quitan la vida? ¡Bienvenida! Ofrendas tu vida con amor por que quieres tus territorios, quieres a las mujeres las niñas y los niños”.

En una jornada de múltiples voces y reclamos de tonalidades diferentes Marleny Lemus Parada se detiene a destacar el trabajo desde la formación y la cultura como ejes que el Copinh, pese a los golpes y las amenazas, no abandona.“Nosotras sabemos que las prácticas de nuestro territorio se van perdiendo. Prácticas que vienen de nuestros ancestros como pueblo lenca. Por ejemplo el referirse a nuestros cultivos: al maíz, el frijol, porque lo que el Estado quiere es meternos la semilla transgénica que viene a arruinar lo que nosotras tenemos que es la semilla tradicional. Tratamos de fortalecer eso para que la gente no la pierda, así como las costumbres que tenemos y que tratamos de que se mantengan en nuestra comunidad”.

En la agenda política del Copinh la recuperación de tierras es el eje central de la repolitización de la vida cotidiana. La lucha contra el castigo global de la falta de un pedazo de tierra donde construir viviendas. Describe Marleny: “Nosotras para lograr lo que hemos obtenido en estas luchas todo el tiempo ha sido a la fuerza, jamas hemos logrado algo con voluntad del gobierno que diga ‘voy a ayudar a estos indios’ porque así nos tratan. Nunca el gobierno se preocupa por nosotras. Solo es la presión la que nos ayuda a lograr lo que queremos; aquí solo de ladrones nos tratan. Somos la espina en el zapato tanto a nivel nacional como a nivel local”.

Nos despedimos del Copinh y de Honduras agradecidas de que sigan siendo piedra en el zapato, espina protectora y garganta vigorosa que se opone a la continua tortura de cuerpos humanos y no humanos. Nuestro compromiso es denunciar con fuerza que los ataques del gobierno y las empresas fragilizan las luchas, así como la indiferencia de la comunidad internacional desgarra la solidaridad entre los pueblos.

A modo de cierre de esta serie de relatos, resaltamos como movimientos feministas que honramos la memoria de las mujeres cuyas vidas han sido apagadas. En Honduras los aportes de las luchas de campesinas, lencas, garífunas, mayas Ch’orti’ nos enseñan sobre el enfrentamiento directo al despojo y la política del terror. Abrazamos a las compañeras hondureñas que están en la defensa de los derechos y estaremos atentas, vigilantes y en alerta permanente frente a la represión, criminalización, persecución y violencia que enfrentan.

Leé las notas anteriores: 

La defensa de la vida en Honduras: misión “el abrazo”

Copán: la defensa del territorio, los cuerpos y los espacios políticos antipatriarcales

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