Por Vivian Palmbaum

La imagen de la vida en el campo aparece como el ideal de descanso, tranquilidad y vida sana para las y los habitantes de las ciudades. Sin embargo, hoy se parece a un escenario donde se teje una guerra silenciosa contra la población que está más amenazada por la contaminación que si viviera en la ciudad.

En cada región del país la organización de las luchas contra las fumigaciones y a favor de la vida toman distintas formas y modalidades. Entre Ríos es quizás la provincia con mayor organización  y coordinación local de la resistencia contra este modelo de envenenamiento. Se presentó una nueva acción de amparo ambiental desde las organizaciones contra el nuevo decreto del gobernador Bordet que limita las distancias para las fumigaciones.

Los habitantes de la provincia entrerriana se han organizando en distintos municipios, al tiempo que confluyen en una Coordinadora provincial de las luchas contra las fumigaciones, junto al Foro Ambientalista y la Asociación del Magisterio (AGMER).

Las asambleas se fueron gestando en pueblos y en ciudades donde las y los habitantes se opusieron al modelo agro-contaminante. Con las marchas de los días martes en la capital de la provincia, Paraná, visibilizaron los estragos causados por las fumigaciones y la profundización del modelo productivo.

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos contábamos en abril, cuando el Poder Judicial hacía lugar al recurso de amparo que dejaba sin efecto el decreto del gobernador Bordet que eliminaba las distancias para las fumigaciones sobre las 1023 escuelas rurales en horario escolar. Fue en esa provincia donde el presidente Macri se animó a calificar de “irresponsable” al fallo judicial a favor de la salud, que el gobernador Bordet nuevamente volvió a embestir derogando lo que por la vía judicial se había establecido.

Sin embargo, las y los habitantes de la provincia con uno de los mayores índices de contaminación por envenenamiento por fumigación con agrotóxicos nuevamente se organizaron para presentar una acción de amparo colectivo ambiental, solicitando que se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad y revocación del Decreto N° 2239, publicado en el Boletín Oficial el día 5 de agosto de 2019. Hace pocas horas, luego que venciera el plazo, la justicia entrerriana rechazó la medida cautelar interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y Agmer.

Tal como consignan distintos medios locales,  el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo que “el rechazo de la medida cautelar implica que el decreto 2239 resulta plenamente aplicable, es decir que, a la comunidad de productores, ingenieros agrónomos y aplicadores de productos fitosanitarios, se les debe comunicar que la mencionada norma continúa en vigencia. No hay ninguna medida judicial que lo suspenda en su aplicación”. AGMER y el Foro Ecologista también interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno provincial promoviendo la inconstitucionalidad del Decreto, lo que seguramente se resolverá a la brevedad.

La demanda presentada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Rios (AGMER) junto al Foro Ecologista de Paraná denunciaba que la medida afectaría a todos los niños, niñas, adolescentes, maestras, maestros y personal no docente que concurre a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y cuya pretensión es la defensa del ambiente, tal como se expresa en la presentación que se realizó el viernes 16 de agosto.

Un sistema productivo que excluye la vida

En mayo, las entidades agropecuarias estimaron que por las restricciones en las áreas de fumigación, que establece límites en las zonas que rodean las escuelas rurales, quedarían fuera unas 300 mil hectáreas del sistema productivo. Además, afirmaron que esto provocaría un daño irreversible al sistema productivo entrerriano. Tengamos en cuenta que tal como indica el último Censo Nacional Agropecuario, publicado por el INDEC, el área productiva comprende alrededor de 6 millones de hectáreas para la provincia de Entre Ríos.

Mientras tanto, se multiplican los casos de cáncer, nacimientos con malformaciones y todo tipo de padecimientos de piel, alergias y otras patologías asociadas. Las abejas mueren en masa y se altera el ecosistema. Hoy es más peligroso vivir en el campo que en las ciudades. Sin tener en cuenta que las derivas de las fumigaciones esparcen la contaminación hacia confines impensados.

La Sociedad Argentina de Apicultores, con el acompañamiento de la organización Naturaleza de Derechos, demandaron judicialmente al SENASA (Servicio de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimentaria) para que se prohíba el uso a cielo abierto de cuatro agrotóxicos e insecticidas. Clothianidin, Imidacloprid, Tiamethoxam y Fipronil son las principales sustancias químicas relacionadas con la disminución drástica de la población mundial de abejas.

Un grave contraste entre los bienes que se quieren defender y las vidas que se ven afectadas y desprotegidas. En esa provincia es inolvidable el emblemático caso de Fabián Tomasi, símbolo de la contaminación y la lucha contra los agrotóxicos.

Basta es basta

Desde la Coordinadora Basta es Basta emitieron un comunicado, “Repetir los argumentos no frena los daños“,  en donde responden al decreto del gobernador Bordet donde fundamentaban el amparo colectivo frente a la arbitrariedad del ejecutivo provincial que además ha motivado que el Poder Legislativo impulse la revisión de la legislación que regula los amparos.

Entre otras cosas, en el comunicado recuerdan que las distintas sentencias judiciales se expidieron sobre la necesidad de que el gobierno “pruebe” la inocuidad de las aplicaciones realizadas en distancias menores. Esta exigencia nunca se cumplió. Fundamentaban que con esta nueva acción de amparo intentaban “visibilizar nuestro deficiente e incompleto sistema de ‘registro’ de agrotóxicos que omite exigir a las empresas estudios científicos, sin conflictos de interés a mediano y largo plazo, que son los periodos en los que se presentan daños crónicos y acumulativos a la salud como es el daño genético, que luego desencadena patologías graves tales como cáncer, infertilidad, Alzheimer, deterioros neurológicos”, entre otros. Este sistema permite que en Argentina estén autorizados 108 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo.

En medio de un proceso electoral que se avecina a nivel nacional, y que en la provincia ya ha dado como resultado la reelección del gobernador Bordet, desde la Coordinadora destacan que “la arbitrariedad en favor del lobby del agronegocio conspira contra nuestra democracia, contra la división y el equilibrio de poderes. El único camino que nos dejan consiste en insistir con acciones judiciales en aras de proteger a toda la comunidad entrerriana de daños genéticos que comprometen la salud no sólo actual sino de segundas y terceras generaciones”.

“Queremos que nuestra gurisada (NdR: nuestras niñes) pueda saltar en patas en los charcos que deja la lluvia sin envenenarse por los agrotóxicos, que llueven en nuestra provincia; que puedan correr hasta cansarse sin temor a que el aire los ahogue por los agrotóxicos que flotan en la deriva negada por quienes debieran protegerlos”.

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Por Vivian Palmbaum / Foto: Coordinadora Basta es Basta

“Gurisito mío, lugar de madreselvas te daré. 
Y aunque nazcas pobre, te traigo también:
se precisan niños para amanecer” Daniel Viglietti

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos. Una clara representación del cotidiano de quienes integran las comunidades educativas rurales, expuestos/as regularmente a las fumigaciones y sus derivas. Las escuelas rurales se hallan en su totalidad dentro de las zonas productivas en Entre Ríos, por lo que alumnas, alumnos, docentes y no docentes se ven sometidos al envenenamiento como práctica regular.

El gobernador de la provincia así lo dispuso cuando derogó por decreto las distancias mínimas para la fumigación en las áreas donde se hallan los establecimientos escolares, aún contra las evidencias que acreditan los peligros del veneno. Ni siquiera alguna duda respecto a la salud de la población escolar hicieron retroceder una medida que pone en riesgo su vida e integridad. Poderosos intereses parecen ser de un orden superior a las vidas de quienes dicen representar.

Entre Ríos parece encabezar el triste ranking de envenenamiento por fumigaciones en el país. Localidades como Uribelarrea encabezan el récord de litros de veneno vertidos en el territorio. Por prácticas como esas Argentina se ha convertido en el primer país consumidor de agrotóxicos a nivel global, una experiencia sin igual en otras partes del mundo.

Por su parte, las y los habitantes de Entre Ríos no se han sometido a estas políticas de negocios y se organizaron en una Coordinadora que nuclea las distintas iniciativas que, en cada pueblo y en cada ciudad, llevan adelante para impulsar las medidas contra las políticas de envenenamiento y a favor de un nuevo modelo productivo, la agroecología. En las rondas de los martes, frente a la gobernación en Paraná hacen visibles con marchas su derecho a defender la vida.

“No hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”

Aldana Sacia es abogada e integra la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta de Entre Ríos. En diálogo con Marcha Sacia se refirió a la medida que acaba de conceder la justicia provincial como histórica. Hacia fines del mes de agosto, el día 27, la Coordinadora Basta es Basta representada por la ONG Foro Ecologista de Paraná, junto a la Asociación Gremial AGMER (en nombre de la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas),  se presentaban ante el CAMARA II en lo Civil y Comercial, SALA II, para requerir medidas urgentes de protección, para niños, niñas, adolescentes, maestras/os y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud.

Se pedían medidas concretas como la fijación de una franja de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales libre del uso de agrotóxicos, con una zona de resguardo, barrera vegetal, para impedir o disminuir el egreso descontrolado de los agrotóxicos. Además solicitaban se prohíba la fumigación aérea en un radio menor a 3000 mts., tal como ordena el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas, para el radio de zonas urbanas. Además se solicitaban medidas de control epidemiológico sobre la población de las comunidades educativas, que por su edad son más vulnerables, entre otras como análisis del agua de lluvia y agua utilizada en las escuelas.

“Se denomina técnicamente DERIVA, al fenómeno de desplazamiento inevitable de agrotóxicos fuera del área fumigada. Es decir, que no hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”.

Con una sentencia favorable el  1º  de octubre de 2018 se admitió parcialmente la acción prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 mts. Alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y la fumigación aérea en un radio de 3000 mts. alrededor de dichos establecimientos. Además se exhortaba al Estado provincial lleve adelante estudios de impacto que permitan organizar políticas de prevención e implantar las barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales. El 29 octubre de 2018, se dictaba la sentencia de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del  Tribunal Superior de Justicia confirmando el fallo.

Tal como relata la abogada Sacia, a pesar de la medida judicial confirmada en segunda instancia,  el Gobierno Provincial encabezado por Gustavo Bordet decidió desoír a la justicia y con un decreto reduce las áreas de fumigación alrededor de las escuelas rurales. “Con la Publicación del Decreto Nº 4.407/2018 se reducen las distancias de las aplicaciones,  en cercanías a escuelas rurales  establecidas en la sentencia,  a 100 mts en relación a las aplicaciones terrestres y a 500 mts la restricción de distancia en aplicaciones áreas”.  Una situación que también sucede en la provincia de Buenos Aires, donde en Enero pasado la gobernadora Vidal puso en vigencia un decreto eliminando las restricciones en las distancias de fumigación para las escuelas rurales. “Ante semejante panorama de retroceso en materia de protección de derechos humanos fundamentales, como la salud, la vida, el ambiente y la integridad física de los niños, niñas y personal que acuden a las 1023 escuelas rurales de la Provincia, se presentó el día 25 de febrero de 2019 una nueva acción de amparo ambiental,  solicitando se declare la nulidad y se revoque el Decreto Nº 4.407/2018” señala la especialista.

Basta es basta

“En este Proceso de Judicialización desde el primer amparo  se oyeron  distintas voces, expresiones, debates, charlas, que demostraron el grado de reacción de un sector y de sensibilización por el otro. Se llegó así a instancias de repercusión inimaginables donde paralelamente a la instancia de conflicto desde la Coordinadora proponíamos la adopción de la Agroecología como matriz productiva de la provincia desde todos los ámbitos posibles”, explican desde el espacio.

Tanto es así que incluso en medio de este proceso de judicialización el Estado provincial, a pedido de las organizaciones sociales y ambientales, convocó un Foro Provincial de Agroecología. La finalidad del mismo fue gestionar la transición hacia el cambio de la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Cambio que se declaró política de Estado emitiéndose la resolución oficial pertinente y del cual se van realizando dos encuentros con amplia repercusión y asistencia y donde se van generando propuestas concretas que den forma y espacio a la mentada transición.

El día jueves 28 de Marzo la acción de amparo fue resuelta, el amparo fue concedido dejándose sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias quedando efectivos los demás, por lo que persiste la prohibición de aplicaciones en horario escolar. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.

A continuación el docente Elio Kohan, activo ecologista y militante contra las fumigaciones, fue increpado a golpes por un ciudadano de Avigdor, mientras profería dichos acerca de su trabajo en defensa del ambiente, a menos de 24 hs. de conocido el fallo. No obstante los rotundos argumentos planteados y el desenmascaramiento de las justificaciones que “respaldan” el decreto, el dia 29 de marzo el gobierno apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia.

Gobernar para las cámaras empresarias

Con posterioridad a la contestación de la demanda, el Gobierno Provincial organizó una reunión en la Bolsa de Cereales en la que participaron el Secretario de Producción, el Fiscal de Estado, el Fiscal de Estado Adjunto, representantes de INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias-UNER, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos ER y todas las entidades del sector agropecuario. Allí la Fiscalía de Estado asesoró a las cámaras empresarias a presentarse ante la Cámara Civil y Comercial de Paraná, en un proceso colectivo como afectados ante la decisión que pueda tomar la justicia.

“Las actoras denunciamos la extemporaneidad de las presentaciones como asimismo la actitud del estado que ostensiblemente estaría representando y defendiendo a un sector claramente basado en intereses económicos lejanos al interés por la salud de la comunidad educativa de las escuelas rurales” precisó la abogada de la Coordinadora.

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