Por Zoe Pc

A 56 meses del asesinato de la luchadora indígena Berta Cáceres, su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sigue exigiendo verdad y justicia contra la impunidad en el país centroamericano.

A pesar de la importante visibilidad a nivel internacional que tuvo el asesinato de lideresa del pueblo Lenca, la lucha para lograr una justicia verdadera continúa siendo ardua y trabada por muchas irregularidades, campañas de difamación y encubrimiento. En ese marco, desde el COPINH aseguran que los obstáculos para lograr una justicia real sólo han aumentado debido al contexto de la pandemia, ya que este escenario ha permitido un ambiente de menos transparencia y mayor dilatación.

En noviembre de 2018, fueron condenadas siete personas, consideradas “autores materiales”, se trata de los sicarios contratados y pagados para llevar a cabo el crimen que arrebató la vida de Cáceres y atentó contra la vida del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Sin embargo, como los miembros de la familia de Cáceres y COPINH aseguraron en este momento “las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos” (énfasis añadido).

Esto se debe a que el asesinato llevado a cabo el pasado 2 de marzo del año 2016 contra la vida de Berta Cáceres no fue aleatorio, ni un crimen “pasional” como intentaron disfrazar desde los medios de comunicación en el momento. Sino que refleja el punto más violento de una campaña de vigilancia, hostigamiento, amenazas, intimidación y criminalización que enfrentaba Berta y sus compañeras y compañeros del COPINH como la comunidad toda de Río Blanco que se dedicaban a resistir la imposición ilegal del proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’. Esta campaña violenta hace parte de un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que impulsaba el proyecto Agua Zarca, y por personas privadas contratadas (sicarios, paramilitares).

En ese marco, para el COPINH la justicia no se limita a la condena de quienes solamente dispararon, sino juzgar y castigar los responsables “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”. En este sentido, en los últimos meses, el COPINH ha entrado a una etapa clave en esa búsqueda que tiene que ver con dos casos de los 13 que son parte de la Causa Berta Cáceres: el caso contra David Castillo, presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, y el caso ‘Fraude sobre el Gualcarque’.

David Castillo: primera pieza del entramado de los autores intelectuales

El presidente de la empresa DESA, Castillo, fue capturado el pasado 2 de marzo del año 2018 mientras intentaba huir del país. A él se lo acusa de participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, que implica desde la vigilancia de Berta en el territorio, la planificación del asesinato y la coordinación entre las accionistas más importantes de la empresa y el grupo de sicarios que ejercutaron el crimen. Castillo es militar y egresado de la escuela militar estadounidense “West Point” y se desempeñó como subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras.

La detención de Castillo es de mucha importancia no solamente por su participación en el vil crimen del asesinato de Berta Cáceres, pero también por su papel en la imposición ilegal del proyecto ‘Agua Zarca’ que es el base del caso que se discutirá más adelante ‘Fraude sobre el Gualcarque’. 

La coordinadora general del COPINH e hija de Cáceres, Bertha Zúniga, explica que Castillo “es la persona con el perfil más alto hasta el momento capturado y que tiene unos vínculos muy importantes con los accionistas mayoritarios de la empresa que son de la familia Atala Zablah, una familia que forma parte de la oligarquía y pues sigue en la total impunidad.” Para Zúniga y el COPINH, “la condena de Castillo debe derivar en investigaciones hacia estas otras personas que a más de 4 años ya cerca de 5, pues se mantienen en impunidad.”

Aunque el equipo legal del COPINH asegura que hay muchas pruebas en su contra, el proceso judicial contra Castillo por el asesinato de Berta Cáceres está en peligro por el vencimiento de la prisión preventiva. La coordinadora general del COPINH explica que “se ha convertido en una reiterada actuación de la defensa de Castillo de imposibilitar el desarrollo de este proceso con una serie de recursos legales para obstaculizar el desarrollo del mismo.”

Tanto Zúñiga como el COPINH, entienden este accionar en dos sentidos, “uno de someter al límite el vencimiento de la prisión preventiva y buscar un excarcelación del señor Castillo. Pero también lo entendemos como una actuación maliciosa que intenta obstaculizar el proceso de búsqueda de justicia, de seguir encubriendo las actuaciones que lo vinculan como parte de este crimen y por ende encubrir los vínculos con los máximos responsables.”

El COPINH anunció en un comunicado público que el 22 de octubre, después de 7 suspensiones, se realizó una de las audiencias preparatorias del juicio de David Castillo. Sin embargo, como en otras ocasiones, la defensa del gerente de la empresa hidroeléctrica presentó más recursos, según COPINH “con el fin de dilatar el proceso en busca de la impunidad.” Adicionalmente la organización indígena denunció que siguen siendo excluidos del proceso y el poder judicial se negó a transmitir la audiencia públicamente. En el caso contra Castillo, quedan grandes retos, y solo un poco más de seis meses para realizar el juicio contra él ya que la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró que su prisión preventiva vence el día 25 de mayo de 2021. El COPINH seguirá insistiendo que se haga justicia.

Fraude sobre el Gualcarque

El caso “Fraude sobre el Gualcarque” surgió el 4 de marzo de 2019 cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad “presentaron requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, hechos cometidos con el objetivo de favorecer a la familia Atala Zablah a través de contratos del Estado de Honduras con la empresa DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque,” según explicaron desde el COPINH.

El proyecto Gualcarque es uno de los 51 proyectos concesionados por el estado de Honduras en territorio Lenca que Cáceres y COPINH habían denunciado. Según la organización, muchas de estas concesiones denunciadas fueron dadas tras el golpe de estado de 2009 y “conllevaron delitos de corrupción relacionados al otorgamiento de licencias para operar proyectos extractivos.” En este caso del proyecto Agua Zarca, “fue aprobado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Lencas afectadas por el mismo.”

En este caso está fuertemente implicado el mismo David Castillo y la familia Atala Zablah. Según la investigación en el caso, la empresa DESA que impulsa el proyecto Agua Zarca fue creada de manera ilegal por dos “testaferros” que eran empleados de otra empresa de Castillo. Él había asistido a reuniones en 2009 donde se hizo la “aprobación de contratos para la producción de energía eléctrica otorgados a DESA” y posterior a la aprobación de los contratos a DESA, Castillo pasó a ser parte oficialmente de la junta directiva de la empresa junto a la familia Atala Zablah.

La investigación en el caso revela que Castillo y la familia Atala Zablah habrían construido “una estructura criminal con el fin de imponer el proyecto hidroeléctrico y así beneficiarse económicamente” y en este contexto se cometió “una serie de crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la comunidad de Río Blanco debido a su oposición al proyecto, desde el fraude y corrupción para producción de supuesta “energía limpia” en venta al Estado de Honduras, como el asesinato de al menos 6 personas de la comunidad de Río Blanco en defensa del agua y la vida, en las que se incluye Berta Cáceres.”

El COPINH había participado en la etapa inicial del proceso como víctima pero fue excluido en agosto de 2019 tras un recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios, parecido a lo que sucedió durante el juicio contra los autores materiales en que el equipo legal de COPINH también fue excluido. Después de esta decisión el equipo legal de COPINH ha intentado interponer diversos recursos jurídicos para garantizar la participación de las víctimas, la comunidad afectada de Río Blanco y la organización que integra, sin embargo el caso avanza sin su participación.

Sobre esto, la coordinadora Zúniga comentó que, “la exclusión del COPINH y de la comunidad del Río Blanco del proceso ‘Fraude sobre el Gualcarque’ habla de que el sistema de justicia no ha sido construido en Honduras para responder enmendar o subsanar el daño proporcionado hacia las víctimas, sino es una justicia instrumental que trata de maquillar los resultados con la causa para la justicia para Berta Cáceres.” En ese sentido, analizó que “a pesar de todo el sufrimiento causado por esta represa, los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidas como victimas directas y eso también responde a la intermediación de muchos intereses poderosos que tratan de obstaculizar la presencia del COPINH por lo que pueda aportar por la información que tienen porque es una organización que ha disputado con la justicia la verdad sobre este crimen, que no es solamente el asesinato sino que es la instalación ilegal de los proyectos que han afectado los derechos territoriales, la dignidad del pueblo lenca que han desencadenado opciones de violencia hasta llegar al asesinato.”

La justicia ya fijó una fecha para el juicio oral y público que es el 18 de enero de 2021, COPINH denuncia que si el caso avanza sin la participación directa de las víctimas, es “una flagrante violación al derecho de acceso a la justicia.”

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Por Camila Parodi

Este 2 de marzo de 2020, se cumplen 4 años del asesinato a la defensora de los ríos y territorios, Berta Cáceres. Desde ese entonces, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del cual era coordinadora, ha reivindicado esta fecha como el día de su siembra, se trata de un homenaje a su lucha como así también una instancia de compromiso con sus ideales sabiendo que, de esta manera, Berta se multiplica.

Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández avanza con la privatización de los bienes comunes, en este 4to. aniversario, el COPINH elige vincular su memoria con la lucha en “la defensa del agua como bien público y como bien común” y, por ende, de la naturaleza que actualmente se encuentra disputada por empresas trasnacionales: represas, proyectos de privatización de agua, control de fuentes de agua de parte de ONG’s internacionales.

“Lo vamos a lograr, me lo dijo el río”

Berta logró paralizar la construcción del proyecto hidroeléctrico de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A (DESA) sobre el Río Gualcarque de la comunidad lenca. Proyecto que había sido apoyado tras el gobierno “de restauración” que continuó luego del golpe de estado en el año 2009 a Mel Zelaya elegido por las mayorías. Se trata del primer golpe realizado en esta nueva “oleada” de atentados contras las democracias y los gobiernos progresistas que mucho tienen que ver con la instalación de proyectos privados de extracción de bienes comunes. “Honduras funciona como enclave extractivo” advertía Berta en el año 2014 a meses de ser asesinada.

Durante la jornada de homenaje y siembra de Berta Cáceres llevada a cabo en su pueblo La Esperanza, Intibucá, Catalina Hernández integrante del COPINH dialogó con Marcha. “Para nosotros es una fecha muy especial por eso estamos reunidos. La lucha de Berta ha sido muy importante, ¡más de 27 años!, luchando por nuestros derechos como poblaciones indígenas ya que como bien sabemos nosotros antes ni éramos reconocidos como pueblos como así también la defensa de nuestros territorios” explicó la dirigente. “Esto no ha sido fácil. La defensa de la tierra es para la defensa de la vida, sin agua ni tierra no sobrevivimos como pueblos indígenas” manifestó al recordar a su compañera Berta Cáceres y  sostuvo “dicen por ahí que “la próxima guerra será por el agua” y nosotros como pueblos indígenas lo sabemos bien, vienen las empresas de otros lugares a secarnos los ríos, dejarnos sin agua y despojarnos para hacer su negocio con el gobierno”.

“En la Honduras de la economía extractivista, cada vez más las empresas y el gobierno van avanzando en el control del agua, ya sea por proyectos hidroeléctricos para la generación de energía, por proyectos de agua financiados por grandes instituciones internacionales, para la riega extensiva de monocultivos y para el control de la pesca” explicó el COPINH en el marco del 4to aniversario del asesinato de su coordinadora. Actualmente, en Honduras, se han aprobado un importante número de leyes y decretos que facultan el control del agua por empresas. “Es evidente la escasez de agua producida por la explotación ambiental y el descontrol en el manejo de los bienes comunes” advirtieron desde el COPINH y recordaron “quien controla el agua controla los pueblos (…) en memoria de la compañera Berta Cáceres nos convocamos a defender los ríos, los mares y bosques del interés gobierno-empresarial de privatizar y limitar el uso del agua para el bienestar social”.

La lucha por justicia llevada a cabo por familiares, organizaciones sociales y de Derechos Humanos a partir del caso de Berta Cáceres generó cierta repercusión mediática y, por ende, instancias de justicia real en contraposición a todas las muertes invisibilizadas de defensores y defensoras de los territorios. En ese marco, el ingeniero eléctrico Roberto David Castillo, quien había logrado la concesión durante 20 años del Río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca, y que presidía el ejecutivo de la empresa hondureña al desarrollar el proyecto “Agua Zarca” fue detenido en marzo del 2018 acusado de ser el autor intelectual de la lidereza. Sin embargo, la justicia aun no es plena y para ello mínimamente se exige la detención de los hermanos Atala Zablah que tenían cargos en la junta directiva de la empresa y de quienes se ha evidenciado la complicidad en el asesinato de Berta. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras de forma que tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras. En ese sentido, se ha confirmado que la realización de este crimen sólo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que “participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización” tal como lo afirmó el COPINH.

El femicidio político de la defensora de los ríos da cuenta del plan sistemático que ella misma denunciaba. Sicariato, criminalización y control de las poblaciones que defienden los territorios para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras. Sin embargo, advierten desde el COPINH, “su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño”. A su vez, sostuvieron en el comunicado del nuevo aniversario de su siembra “es un imperativo del COPINH y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos”.

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El próximo miércoles 25 de septiembre se reanudará el proceso legal contra David Castillo, detenido el 2 de marzo de 2018 como “autor intelectual” en el asesinato de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Berta Cáceres. Cáceres y su organización Copinh, que lucha por los derechos de la comunidad Lenca y contra el capitalismo, racismo y patriarcado, estaba al frente de una batalla feroz contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre un río sagrado para la comunidad Lenca.

El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) que ha contado con financiamiento de diversos bancos e instituciones internacionales como El Banco Centroamericano de Integración Económica, El Banco de Desarrollo Holandés (FMO), FinnFund, SinoHydro (China), Banco Financiera Centroamericano S.A., el Banco Mundial, y USAID entre otros. Así que la resistencia de la comunidad de Río Blanco, aldeana al Río Gualcarque donde querían construir el proyecto, apoyada por el Copinh con el liderazgo de Berta Cáceres tuvo una respuesta muy fuerte por parte de la empresa y el estado hondureño que también tenía interés en el proyecto.

Tanto los miembros de la comunidad como los miembros del Copinh, en especial Berta, se enfrentaban con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia, y criminalización por las fuerzas de seguridad del estado, la seguridad privada de la empresa y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales en varias ocasiones pero nunca se tomaron las medidas necesarias para frenarla ya que era ‘necesaria’ para seguir adelante con el proyecto. Contexto en el cual es asesinada Berta Cáceres el 2 de marzo en su casa en la ciudad La Esperanza, Intibucá en el noreste de Honduras.

Desde el momento de su asesinato, la causa de Berta Cáceres -que ahora implica por lo menos 13 casos jurídicos- ha sido marcado por irregularidades, violaciones al debido proceso, hostigamiento a la defensa, a su organización y familiares, y en general una falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado para llegar a la justicia verdadera.

En noviembre del año pasado fueron condenados 7 personas, acusadas de participar en el asesinato de Berta como autores materiales. Aunque el Copinh y las demás organizaciones celebraron esas condenas como fruto de su lucha por justicia, también denunciaron que el Estado intentó terminar con la causa Berta Cáceres y dejar por fuera la estructura poderosa que planificó y financió el crimen.

En el transcurso de ese juicio, se negó casi sistemáticamente cada prueba, evidencia, testigo o informe de perito que buscaba vincular los autores intelectuales, como los miembros de la familia Atala Zablah, al asesinato y contextualizar el asesinato como parte de una estrategia de represión de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).A su vez, los jueces del caso excluyeron la defensa legal de las víctimas del juicio y negaron el reconocimiento de Copinh como víctima en el caso. Y aún, casi diez meses después, no sentenciaron los siete condenados. Por es, es en ese marco, que el juicio contra David Castillo es sumamente importante.

Perfil: ¿Quién es David Castillo?

Castillo, un militar graduado de la escuela militar de EEUU “West Point” y subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras, también es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA desde 2011. Se lo acusa al David Castillo de participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, o sea de haber participado en la vigilancia a Berta en terreno, la planificación del asesinato, y la coordinación entre los altos mandos de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Castillo es la pieza fundamental que vincula los que dispararon y los que los pagaron para disparar.

En esta oportunidad, se realizará el próximo miércoles, 25 de septiembre en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, una audiencia preliminar en contra Castillo.

“Esperamos que a partir de la audiencia se de paso al Juicio oral y público y también que a partir de esto se logre hacer una investigación a todos los autores intelectuales del asesinato como son la familia Atala Zablah que sabemos bien desde las organizaciones que son ellos quienes pagaron y ordenaron este crimen” explicó Suli Madariaga a la coordinación de medios populares, comunitarios y autogestivos en solidaridad con el COPINH.

En el informe “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía” hecho por organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation, International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights, y Guatemala Human Rights Commission, se señala que Castillo no está meramente vinculado en la planificación y la coordinación del asesinato de Berta, sino que está involucrado en una serie de actividades delictivas incluyendo corrupción y fraude mientras era servidor público y graves violaciones de los derechos humanos.

Tras una cuidadosa investigación, el informe se afirma que las actividades criminales atribuidas a Castillo fueron presumiblemente emprendidas para promover los intereses de las empresas con las que estaba asociado. Esto incluye denuncias de actos que constituyen corrupción y violaciones de los Derechos Humanos. Aparentemente, sostienen, varias empresas se han beneficiado de la comisión de presuntos delitos; los que habrían beneficiado a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) y compañías relacionadas a esta son particularmente graves. Por su parte, las dificultades para obtener acceso a la información de varias empresas, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad de las empresas registradas en Panamá, hacen que sea extremadamente difícil determinar la identidad de diversas empresas que se habrían beneficiado de los presuntos delitos.

Castillo era director, accionista o ejecutivo, de al menos ocho empresas. De las cuales, por lo menos seis empresas estaban constituidas en Honduras. Y al menos dos empresas de ellas asociadas con Castillo estaban registradas en Panamá; Mithril Capital y Potencia y Energía de Mesoamérica SA PEMSA (Panamá), donde se protege el anonimato de sus accionistas.

La evidencia presentada a los Tribunales hondureños por los fiscales sugiere que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y presumiblemente proporcionando fondos a los autores materiales con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso permanece en la fase preliminar de enjuiciamiento; ningún otro autor intelectual del crimen ha sido arrestado. Este crimen, fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso, violencia e impunidad orquestada por Castillo y otras personas en la empresa DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.
Durante el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres en el año 2018 la evidencia sugirió que Castillo y sus asociados, junto a empleados de DESA, obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando sus influencias en el Ministerio de Seguridad, la policía y el ejército así como influencias inapropiadas en el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y la oposición de COPINH al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. DESA, y los representantes que emplea, continúan en la actualidad promoviendo la estigmatización de Berta Cáceres, COPINH y los miembros de la comunidad indígena Lenca en Río Blanco después del asesinato de Cáceres.

Un dato importante que han señalado Copinh y la familia de Cáceres es que ocho meses después del asesinato de Berta, Castillo compró una casa de lujo que vale 1.4 millones de dólares en Houston, Texas. Hace poco, las hijas y el hijo de Cáceres presentaron una citación ante una corte federal en EEUU para acceder a los registros financieros de Castillo del banco que le dio la hipoteca a Castillo y creen que esos registros tendrían alguna información sobre los motivos financieros al crimen y información sobre quien está vinculado.

A pesar de las pruebas contundentes que vinculan Castillo al crimen, su defensa con el apoyo de los medios corporativos de Honduras “han instalado una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante”, denunció el Copinh.

Con eso buscan garantizar la impunidad de David Castillo y obstruir la búsqueda de la justicia verdadera en donde “todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más” serían juzgadas y sancionadas.
“Esperamos el acuerpamiento de todas las organizaciones que han sido parte y que quieren ser parte de este proceso por la búsqueda de justicia de nuestra hermana Berta Cáceres que es compañera de todos y todas” sostuvo Suli Madariaga. Y afirmó “si bien sabemos que la Justicia no está en realidad en estos Tribunales queremos romper con esta cadena de impunidad que se vive en Honduras”. Para Madariaga, este proceso de lucha y justicia por Berta Cáceres en Honduras puede funcionar como bisagra para la situación de criminalización y represión existente, “en un país en el que nunca pasa nada, donde siempre las personas que defienden los territorios y luchan por la vida son las criminalizadas y cuando se produce un crimen contra ellas no se investiga y queda en la impunidad es muy importante que se esté llevando a cabo un proceso con estas características”.

Hacer justicia para Berta, pueda hacer, justicia para todos los pueblos

Carolina Hernández también hace parte del COPINH, por su parte, solicitó mediante la Coordinadora de medios alternativos, populares y comunitarios en solidaridad con el COPINH que todas aquellas personas y organizaciones que se sientan interpeladas por el crimen contra Berta Cáceres se puedan solidarizar. “Les pedimos que nos acompañen, acuerpen y estén presentes en los diferentes momentos que estamos viviendo con esta causa y principalmente en búsqueda de esa justicia verdadera e integral por la cual los pueblos seguimos resistiendo y luchando” afirmó. De igual manera solicitaron que se realicen diversas acciones de visibilización en los diferentes medios, embajadas, redes sociales presionando a los diferentes órganos del Estado de Honduras.

Para Hernández, “este proceso también viene a garantizar los derechos y romper las cadenas de impunidad que se mantienen en Honduras contra los diferentes ataques, asesinatos y femicidios de compañeras y compañeros” por eso sostuvo “hacer justicia para Berta pueda hacer justicia para todos los pueblos”. Para finalizar, Madariaga reforzó “como COPINH nos juntamos y abrazamos la esperanza para la búsqueda por Justicia para Berta Cáceres”. “Porque Justicia para Berta también significa justicia para Honduras -recordó- un país tan golpeado por la impunidad, la corrupción y la violencia, esperamos que desde aquí se comience un cambio en este sistema”.

(*) ALBA TV – Venezuela, Colombia Informa – Colombia, Marcha Noticias – Argentina, Notas Periodismo Popular – Argentina, Noticiero Barrio Adentro – Colombia, Peoples Dispatch, Resumen Latinoamericano – Argentina – América Latina

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