Por Camila Parodi* | Foto: Susi Maresca

En el paraje El Totoral, departamento de Ancasti (Catamarca), seis familias rurales  presentaron un recurso de amparo por el accionar de un feedlot, al que acusan de  contaminar el suelo, el agua y el aire de la región. Tras años de reclamos desatendidos, las y los vecinos recurrieron a la Corte de Justicia (máximo organismo provincial) y solicitan la suspensión del emprendimiento ganadero de la familia Tauil.

El feedlot es un sistema intensivo de engorde de ganado en el que se producen entre 500 y 2000 cabezas de ganado (dependiendo de la temporada). Se instaló en 2014, a solo siete kilómetros de la Villa de Anquincila (Ancasti), y desde entonces ha generado graves impactos ambientales. Leonardo Embon, integrante de la asamblea Ancasti por la Vida, explica: “Hace años que venimos reclamando soluciones y nunca se nos ha dado una respuesta adecuada. El feedlot está generando un consumo excesivo de agua y una contaminación que afecta nuestra calidad de vida”.

Aunque el fallo aún está pendiente, este proceso marca un avance significativo para la comunidad, que busca frenar las actividades que deterioran su entorno y proteger su única fuente de agua. El caso subraya cómo la organización comunitaria puede enfrentar proyectos extractivistas y defender los derechos ambientales.

La vía judicial: el recurso de amparo

En septiembre de 2024, tras múltiples reclamos infructuosos ante la Municipalidad de Ancasti y la Secretaría de Ambiente de la provincia, las familias de El Totoral acudieron al Poder Judicial con el apoyo de la abogada Cecilia Juárez Aliaga. El amparo presentado ante la Corte de Justicia de Catamarca busca detener las actividades del feedlot mientras se evalúan los daños ambientales y se revisa su legalidad. 

La comunidad se amparó en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y Provincial, que garantizan el derecho a un ambiente sano y la posibilidad de tomar medidas cautelares.

“Nos organizamos como comunidad y decidimos llevar adelante este proceso judicial. Fue nuestra única alternativa después de que nuestros reclamos fueran ignorados durante años”, comenta Embon. El proceso ya ha logrado visibilizar la problemática y generar un debate sobre la sostenibilidad de estos emprendimientos ganaderos en zonas rurales.

Impacto ambiental: agua contaminada y suelos degradados

Uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad de El Totoral es la contaminación del arroyo homónimo, su principal fuente de agua. “Han secado nuestro arroyo por completo con el uso desmedido de agua para el feedlot. Ahora solo corre agua unos días después de las lluvias, pero la mayor parte del año está seco”, relata Embon.

El uso excesivo de agua no sólo agotó el arroyo, sino que obligó a los dueños del feedlot a abastecerse mediante camiones cisterna que extraen agua de los ríos Anquincila, Tacana y Los Molinos, perjudicando a un mayor número de vecinos y vecinas. La situación empeoró este año, cuando una fuerte lluvia rebalsó los contenedores de desechos ganaderos y provocó un derrumbe y derrame que contaminó el cauce del arroyo. “Fue como un río de bosta que llegó al arroyo. Esa agua, que siempre fue nuestra fuente de vida, ahora está completamente contaminada y no podemos usarla”, señala Embon. 

Las y los vecinos también denuncian la falta de tratamiento adecuado de los residuos ganaderos, que se almacenan sin medidas de seguridad. “Lo más preocupante es que no hay ningún tipo de tratamiento de los residuos. Todo se acumula en contenedores de tierra y, cuando llueve, esos desechos llegan al arroyo, contaminándolo más”, advierte Embon.

La organización comunitaria: una respuesta frente al extractivismo

Las familias de El Totoral entendieron que solo la organización les permitiría enfrentar esta problemática. Desde hace años, han presentado denuncias ante la Municipalidad de Ancasti, al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria) y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, pero las respuestas han sido evasivas o nulas. 

Durante años, desde la comunidad se presentaron pedidos de informes de impacto ambiental así como también solicitaron información en torno a la cantidad de pozos y la forma de extracción de agua que utilizan en el emprendimiento. La única respuesta que obtuvieron por parte del Municipio fue tras el derrumbe de marzo pasado: el intendente  Rodolfo Santillán envió una retroexcavadora para levantar una pared de tierra “en caso de que sucediera un nuevo derrame”, señala Embon.

Ante la falta de acciones concretas la comunidad decidió avanzar a través de la estrategia legal: “Siempre desviaban la pelota a otras jurisdicciones y organismos. Por eso decidimos organizarnos y llevar adelante este proceso judicial”, explica. 

Con el respaldo de la Asamblea Ancasti por la Vida, creada en 2017, la comunidad se unió en defensa de su territorio y su calidad de vida. Embon subraya la importancia de visibilizar la lucha de su comunidad: “Es fundamental que hagamos frente a estas situaciones y no permitamos que nos pasen por arriba. Tenemos que unirnos y solidarizarnos con otras comunidades que enfrentan problemas similares”.

Ancasti por la Vida

La Asamblea Ancasti por la Vida ha jugado un rol central en la lucha contra distintos proyectos extractivistas que han intentado instalarse en la región. Su principal objetivo es informar a la comunidad sobre los impactos de estas actividades en el ambiente y los territorios. A lo largo de los años, la Asamblea ha resistido no solo contra el feedlot, sino también contra la megaminería, en especial la minería de litio en roca. Un proceso que implica la explotación a cielo abierto y genera un fuerte impacto ambiental. 

Tras la presentación del amparo contra el emprendimiento ganadero, la Asamblea Ancasti por la Vida advirtió que la única fuente de agua que tienen las familias de El Totoral está al borde del colapso: “El corral de engorde está asfixiando el ambiente”, manifestaron en su comunicado. Denunciaron además que “aquellas aguas cristalinas están contaminadas por bacterias y desechos tóxicos”. 

La Asamblea de Ancasti señala que, en El Totoral y alrededores, el aire se ha vuelto irrespirable, y el suelo, que antes sostenía la vida tranquila de las y los pobladores, ha sido degradado. “Ni siquiera los más pequeños pueden disfrutar del agua, porque el riesgo de enfermarse es real”, alerta. Ante esta situación crítica, exigen que se detenga de inmediato la actividad del corral de engorde, cuya expansión amenaza con destruir el arroyo y la vida en la zona.

*Nota colaborativa para Marcha, Cítrica, Agencia Tierra Viva y Sala de Prensa Ambiental.

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Por Álvaro Meneses (*)

La tragedia después de la indiferencia. La Municipalidad Provincial del Callao, a cargo del alcalde Pedro López Barrios, tenía información que advertía que Ventanilla, el distrito donde se desató el derrame de 6 mil barriles de petróleo crudo de La Pampilla del grupo Repsol, era uno de los lugares de la región con mayor potencial de peligro químico por presencia del sector hidrocarburos. Y no se hizo nada para prevenir.  

Hace más de seis meses que el Concejo Provincial del Callao no agenda para debatir y aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040 (PDM), un documento técnico elaborado junto al Ministerio de Vivienda que analiza la situación urbana, industrial y ecológica de la región, y que además advierte sobre el riesgo en el que se encontraba el distrito de Ventanilla de sufrir desastres como el reciente derrame de petróleo. 

El PDM, al que Wayka tuvo acceso, muestra un diagnóstico de los riesgos ambientales del Callao y plantea una serie de propuestas para reforzar la prevención y mitigación frente a situaciones de contaminación. Para las autoridades, sin embargo, no fue una prioridad aprobar el plan. Las consecuencias del desinterés se sufren ahora en el litoral peruano. 

ALERTA AMBIENTAL

El Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040, que desde julio de 2021 espera ser agendado y aprobado en el Concejo Provincial, identifica en su diagnóstico al derrame de hidrocarburos como uno de los contaminantes más críticos para el medio ambiente de la provincia, junto a la venta de combustibles y el transporte de sustancias químicas.

Del 2003 al 2020, según el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), en la provincia se reportaron 7 derrames de sustancias nocivas: 4 en el distrito del Callao y 3 en Ventanilla. En ese mismo periodo de tiempo también se registraron 716 incendios urbanos, 14 incendios industriales, una explosión y una fuga de gas. 

“Considerando la ocurrencia de incendios, explosiones, fugas y derrame de sustancias químicas durante el traslado, y el análisis de la probabilidad de materializarse estos eventos y la severidad que ocasionaría en el ambiente y en la zona de influencia directa, se tiene como resultado el potencial de peligro químico muy alto para las actividades de hidrocarburos y química”, dice el PDM. 

Es decir, las actividades del sector hidrocarburos, como a las que se dedicaba la Refinería La Pampilla del grupo Repsol, estaban calificadas con un alto potencial de peligro químico y de mayor probabilidad. Detrás, y con bajo nivel de peligro, se encuentran las actividades vinculadas al sector agropecuario, alimentos, pesquería, venta mayorista y de combustibles. El transporte de sustancias peligrosas tenía la categoría de tolerable.

Así, los distritos de la provincia con mayor concentración de actividades con alto potencial de peligro químico son el Callao (64%), Ventanilla (12%), Bellavista (8%), La Perla (7%), Carmen de la Legua (6%) y La Punta (3%). 

Frente al peligro detectado, el PDM recomienda implementar medidas de prevención de accidentes químicos como estudios de riesgo industrial que simulan tragedias, así como la incorporación de una fiscalización ambiental y gestión de riesgos de desastres con propuestas prospectivas, correctivas y reactivas. Esto, con el fin de conocer las causas de un desastre, subsanar deficiencias administrativas y crear mecanismos de respuestas.

Para Bryan Castillo, arquitecto urbanista y miembro del colectivo “Soñadores Urbanos”, desastres ambientales como el reciente derrame de 6 mil barriles de petróleo crudo ya se advertían en el PDM. “Para el Callao, las actividades en la zona industrial significan un problema latente frente a las costas y sus ecosistemas naturales. Tienen muchos contaminantes. Ya se alertaba que este tipo de cosas, como el derrame, iban a pasar”, dice. 

El Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) también se pronunció en el mismo sentido. “El daño causado por el vertimiento de petróleo está relacionado a la demora en implementar decisiones ya tomadas en el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040 en proceso de aprobación”, dice el CIAC. 

El reciente derrame de petróleo en Ventanilla, entonces, pudo evitarse o contenerse con mayor efectividad si la Municipalidad Provincial del Callao hubiera aprobado e implementado el PDM a tiempo. 

PLAN ESTANCADO

Desde julio de 2021, sin embargo, el PDM ha estado a la espera de que el Concejo Provincial lo incluya en su agenda. La regidora del Callao, Norma Juárez, ha sido una de las pocas voces de la provincia que ha pedido que se priorice su aprobación. “Hicimos un pedido para que nos expliquen por qué está estancado, pero el alcalde no tiene una política de planificación. El PDM va a dormir el sueño de los justos”, se lamenta la regidora. 

El 18 de agosto del 2021, un oficio en minoría enviado por los regidores Norma Juárez y Reynaldo Encalada solicitó que se agende el PDM en la sesión del Concejo Provincial. El pedido, sin embargo, fue ignorado por el alcalde del Callao, Pedro López Barrios, quien se refugia en el silencio ante las solicitudes de entrevista de Wayka.

Al parecer, para el alcalde López no ha sido una prioridad la implementación del Plan de Desarrollo Metropolitano ni el cuidado del medioambiente. Al contrario, su gestión ha ido en contra de opiniones técnicas en materia ambiental respecto a cambios de zonificación que podrían atentar contra el área de conservación regional de los humedales de Ventanilla.

El 1 de enero del 2021, de acuerdo a una investigación de Wayka, López Barrios aprobó por ordenanza municipal un cambio de zonificación para uso industrial de un lote de 18 hectáreas ubicado en el área de amortiguamiento de los humedales de Ventanilla. López ignoró las opiniones técnicas en contra de la oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao, el PDM, la Contraloría y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

En la agenda de la Municipalidad Provincial del Callao, además, hay otras dos solicitudes de cambios de zonificación en predios cercanos a áreas protegidas. La ciudad portuaria, y sobre todo Ventanilla, está condenada a seguir sufriendo los impactos de las actividades industriales.

(*) Publicada originalmente en Wayka

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Por Lautaro Manuel* / Foto por La Tinta

En agosto del 2017, vecinos y vecinas de los barrios aledaños a la fábrica, presentaron un Amparo Ambiental en contra de la contaminación e instalación ilegal de la misma, marcando un precedente histórico que al día de hoy mantiene expectante a gran parte de la comunidad cordobesa. La denuncia recae principalmente en el Ministro de Energía y Minería de la Nación, organismo estatal encargado de la regulación adecuada de la empresa, la cual presenta el carácter de codemandada.

Porta Hnos. produce 300.000 litros diarios de bioetanol y no presenta EIA (Estudio de Impacto Ambiental). Tampoco convocó a una audiencia pública para su instalación. Debido a reiteradas denuncias por parte de las y los vecinos, en 2014 la justicia provincial ordenó una pericia química ambiental de la que participaron representantes de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS). Esta pericia confirmó que los fermentadores de la planta liberan contaminantes químicos como formaldehído, tolueno, xileno, hexano, ácido acético, etanol y otros, los que también fueron detectados en muestras de aire recogidas en las calles de Bº San Antonio. En el ‘’Informe Estudio de Salud Ambiental de Barrio San Antonio y Residencial San Antonio’’, realizado en el año 2016 por la misma Red, se comprobó la presencia de abortos espontáneos, distintas enfermedades como cáncer, enfermedades respiratorias, oculares y dérmicas, cefaleas y un gran etcétera, que se reúne en lo que se le llama ‘’Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple’’.

En cuanto al impacto psicológico que tiene la problemática sobre la población, el escrito “Significaciones sobre las condiciones de vida en B° San Antonio por parte de sus pobladores/as en impactos en en las subjetividades’’ realizado por Julio Muro, docente de la Facultad de Psicología de la cátedra de Psicología Comunitaria, da cuenta de las “condiciones de padecimiento, que producen sufrimiento psíquico, malestar, impotencia, sensación de inminencia de enfermedad y muerte por convivencia y relación con quienes ya manifiestan orgánicamente distintas enfermedades y/o han fallecido por causas relacionadas a la presencia de tóxicos en el aire’’.

A lo largo del mes de agosto de este año, se llevaron a cabo acciones pacíficas en las veredas de Tribunales Federales N° 3, en las que las vecinas con su reiterada presencia dejaron un mensaje claro: “Para nuestros cuerpos no hay más tiempo’’. Sin embargo, a pesar de hacer llegar esta consigna a Vaca Narvaja, la sentencia todavía no llega, pero la espera no sigue sin ser paciente.

Retomando la consigna que hace 6 años unificó a distintos sectores de la comunidad cordobesa, logrando el cese de la instalación de la fábrica de la multinacional Monsanto-Bayer en la localidad Malvinas Argentinas, el festival por una Primavera sin Porta, nuevamente buscará ser una mensaje para visibilizar el repudio ante la indiferencia estatal (municipal, provincial y nacional). Haciendo hincapié en el derecho humano a vivir en un ambiente sano, según lo dicta el artículo 41 de la Constitución Nacional, se espera que esta acción sea la última en el marco de un fallo que determinará la vida de muchas familias.

* Publicada en Enfant Terrible

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El pueblo de Nonogasta, ubicado en la provincia de La Rioja, es conocido como “la ciudad más contaminada de Argentina”, mientras la desidia y la complicidad del estado favorecen a las empresas, las y los habitantes se movilizan.

Nonogasta guarda un secreto en su paisaje. En medio de montañas de distintos colores y tamaños, entrelazadas por un cielo celeste, profundo e inmenso, nos encontramos con un pueblo de casas bajas donde todo parece tranquilo, pero expectante. ¿Qué tienen el aire que estamos respirando, el suelo por donde caminamos y el agua que tomamos?

Vecino peligroso

La respuesta está más cerca de lo imaginado: a menos de 500 metros de la Plaza Principal, funciona desde 1987 “La Curtiembre”, ocupando un predio de aproximadamente 1 km2, que es foco de sospechas desde su instalación. Fue propiedad del grupo Yoma, una familia ligada al poder,  en 2008 fue adquirida por el grupo de capitales brasileros Bom Retiro, y comenzó a llamarse CURTUME S.A. Este traspaso no estuvo libre de escándalos y sospechas: tras la falta de pago de una deuda de 140 millones de dólares a los bancos Nación, Provincia y Ciudad, y luego de una denuncia por evasión impositiva por parte de la AFIP, la empresa se declaró en quiebra y fue vendida por 6 millones de dólares, cuando su valor real se estimaba en 48 millones, a cambio de una promesa de inversión a largo plazo por parte de la mencionada organización. Entre los beneficios adicionales otorgados por el Estado en aquel momento, para concretar la venta, se pueden mencionar: la inclusión por decreto en el programa de promoción industrial, la liberación del 21% del impuesto a la exportación y la asunción del compromiso de construcción de una planta de efluentes entre la Nación y la Provincia, acuerdo que nunca se cumplió.

Nonogasta es conocida como “la ciudad más contaminada de Argentina” sin embargo solo el aspecto económico, con sus maniobras financieras,  es el más célebre de esta historia, mientras que el aspecto socio-ambiental, es decir de la vida,  continúa siendo invisibilizado por medios de comunicación, tanto masivos como  locales.

Territorio sacrificable

El problema es complejo,  lleva más de 30 años de antigüedad,   y está marcado por la desidia estatal, la impunidad empresarial y el miedo de una comunidad a perder alguno de los 700 puestos de trabajo que emplea la empresa, aunque sólo 200 trabajadores y trabajadoras vivan en Nonogasta.

La actual CURTUME CBR S.A. posee un área de casi 4 km colmada con 200 piletones a cielo abierto, donde se vierten diariamente entre 5 y 8 millones de litros de agua con altas concentraciones de cromo y arsénico, sin otorgarle tratamiento previo ni posterior, y contaminando así las napas de agua, el aire y el suelo. Las y los vecinos han denunciado reiteradamente que la empresa suele tapar con tierra los lugares donde se producen estos derrames.

Tal como revela el conocimiento científico actual, los elementos químicos descartados durante este proceso industrial pueden producir cáncer, malformaciones genéticas, afecciones pulmonares y en la piel, entre otros impactos a la salud. Esto no parece ser suficiente motivo para que sus responsables accionen en la prevención, mitigación y remediación del daño al pueblo nonogasteño.

Luego de años de denuncias se lograron  algunas acciones formales, como el allanamiento a la curtiembre por contaminación en el año 2004, y la sanción de la Ordenanza Municipal Nº2695/06 en Chilecito, que declaró al municipio “no tóxico y ambientalmente sustentable”, sin embargo en la práctica poco cambió y la problemática real siguió avanzando.

En el año 2012, más de 150 niños habían sido diagnosticados con malformaciones y en ese momento el médico especialista en malformaciones congénitas, Anibal Ojeda,  denunciaba al diario Chilecito, “bebés con columna vertebral abierta, intestinos fuera del abdomen, con el cerebro afuera, con dos cabezas o con la falta de algún miembro”, que se sumaban a los elevados diagnósticos de cáncer de pulmón, intestino, piel y  leucemia que debía tratar.

En paralelo, el temor de la población fue creciendo, tal como señala María Flores, docente e integrante de la Asamblea El Retamo, al darse cuenta que sus vecinos padecían enfermedades poco comunes, y que los niños nacían con más dedos que lo normal, o sin alguna de sus extremidades.  Como respuesta el mutismo del gobierno fue total, incluso cuando las sospechas fueron confirmadas por un estudio del CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba), que reveló en 2013 la presencia de altos niveles de cromo, superando más de 164 veces el límite establecido con concentraciones de sulfuros que arrojaban una cifra 50 veces superior a lo permitido.

El silencio cómplice, mata

Frente a diversas movilizaciones y cortes de ruta de la comunidad organizada,  con distintas jurisprudencias intentaron deslindarse del conflicto, negando su existencia, menospreciándolo o prometiendo soluciones sin fecha de entrega.

En 2014  el entonces jefe de gabinete,  Jorge Capitanich,  prometía enviar 7 millones de dólares para terminar la planta de tratamiento de líquidos industriales, y construir otra que permitiese recuperar el cromo liberado.

Al año siguiente la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente comprobó la violación de la ley 24.051 de residuos peligrosos,  en las muestras de suelo, agua y barro obtenidas. Sin embargo al año siguiente, 2016, el Secretario de Ambiente de La Rioja,   Santiago Azulay, anunció la adquisición de filtros para el cromo, mientras afirmaba frente a la comunidad “no tenemos certeza de que los casos de cáncer que hay sean producto de la curtiembre. También tenemos un polo importantísimo de contaminación que es toda la parte agrícola, los agroquímicos. Esto también hay que trabajarlo y son deudas pendientes a futuro”.

Los filtros llegaron recién en 2017, y en ese momento el mismo Secretario sostuvo que “De este modo, se le pone fecha de vencimiento al reclamo de diferentes sectores políticos que, escudados en banderas ambientalistas, se aprovechan de la necesidad y la angustia de la gente que allí reside”.  Como consecuencia de ello ese año se separaron 20 toneladas de barro sedimentado, trasladándolos por única vez a Campana, donde se encuentra una planta de tratamientos especializada.

Finalmente, el 12 de Julio de este año la Justicia Federal comprobó que la empresa continuaba enterrando sin tratar sus residuos, violando la ley, y la intimó a que en 30 días retirara los caños que desembocaban en los piletones, y empezara a trasladar sus residuos peligrosos a una planta de tratamiento habilitada. Adicionalmente, le otorgó un plazo de 60 días para presentar un plan de remediación, caso contrario, se procedería a su clausura. Por otro lado, se acordó implantar “un pulmón verde” para que amortiguara la contaminación. Los árboles allí no crecen, y los malos olores persisten. El miedo también. Mientras tanto las y los habitantes deben seguir reclamando.

Sólo el pueblo salvará a Nonogasta…

Aunque acceder al predio de la empresa ya no está permitido, el 11 de agosto se hizo una excepción: un puñado de vecinos pudo asistir, junto con la autoridad policial, al momento del levantamiento de los caños. Hombres y mujeres,  con ojos cansados por tanta indiferencia y dolor, pero firmes en su espíritu y valentía, presenciaron con inmensa emoción que después de tantas décadas de lucha por fin “pasaba algo”.

El plazo establecido para entregar el plan de acción venció el pasado 12 de septiembre, sin embargo la empresa no fue clausurada, pero los vecinos y vecinas organizados no se resignan: guiados por la fuerza de otros tantos que se fueron de este pueblo,  de forma cruel y prematura, o que son condenados a malvivir sólo para mantener un negocio de pocos, no quieren seguir aumentando una estadística oculta, víctimas de la desidia y la corrupción, mientras persiguen algo parecido a la “justicia”, reclamando nada más y nada menos que el derecho a la vida.

¿No será hora de escucharlos?

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Un estudio realizado por el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur determinó que hay contaminación en las formaciones Nagoya 300 de la Línea C, en las formaciones Mitshubishi de la B y también en la E.

El trabajo se dio a conocer luego de la represión a los trabajadores del subte en la última semana del mes pasado, mientras llevaban adelante una huelga. Además, esa semana, un trabajador murió de cáncer, posiblemente relacionado con la exposición de asbesto y se han reportado otros cinco casos de esa enfermedad.

El asbesto, también llamado amianto, está conformado por un grupo de minerales metamórficos fibrosos, que debido a su bajo costo es utilizado en materiales de construcción y aplicaciones industriales por sus propiedades aislantes y de resistencia al calor. Es un material termo-eléctrico resistente que ante exposición prolongada puede provocar cáncer con una alta tasa de mortalidad. En la Argentina, está prohibido desde el año 2000, a través de las Resoluciones N° 845 y N° 823, del 2001.

El análisis, a cargo de la doctora Leticia Lescano, docente e investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, quien realizó su doctorado sobre contaminación ambiental con asbestos, contó con más de 50 muestras en diferentes flotas.

El 28 de mayo, la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) llevó a cabo una conferencia de prensa en donde se relató la situación de conflicto que lleva con la empresa Metrovías y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la paritaria del 13% en tres tramos que cerró con la UTA, gremio minoritario en el subte, y allí se reveló la presencia de asbesto en las formaciones.

El sindicato denunció que Subterraneos de Buenos Aires (SBASE), Metrovías y el Gobierno de la CABA estuvieron entorpeciendo la investigación por la compra de los trenes CAF 5000 y 6000 al Metro de Madrid. Se sospecha que tienen asbesto y se reportó que dos trabajadores del subte madrileño fallecieron por asbestosis, un tipo de cáncer causado por la exposición a las fibras de ese mineral.

“Pero nosotros, frente a la sospecha y a la certeza de que habían trenes con asbesto, fuimos por nuestra cuenta a investigar sobre los otros trenes que están funcionando en Buenos Aires. Hemos enviado a la Universidad del Sur a hacer una investigación sobre distintos componentes que tienen estos trenes”, detalló Roberto Pianelli, Secretario General de la AGTSyP. El resultado de ese estudio fue la presencia de asbesto en trenes Mitsubishi de la Línea B, Nagoya 300 de la C, General Electric Española de la E y en el techo del vestuario del Premetro.

“En vez de tratar de demonizarnos por televisión, sería más productivo que intenten sacar este material cancerígeno de nuestro subterráneo para que nosotros, nuestros compañeros y nuestros compañeros jubilados no se mueran apenas tengan la jubilación. Estamos muy indignados por la actitud que están teniendo las autoridades”, denunció Pianelli. “Tenemos dignidad y la vamos a defender hasta el último momento”, enfatizó.

Esta denuncia se suma a la que ya habían realizado los metrodelegados en febrero pasado cuando se enteraron que los trenes CAF 5000 estaban contaminados con este material cancerígeno. Esos coches habían sido adquiridos en 2011 por la administración del entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y comprados de “segunda mano” por la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) al Metro de Madrid. Esos trenes comenzaron a circular en la línea B a mediados de 2013, y en febrero de este año, luego de conocida esta noticia,  gracias a la pelea de los trabajadores fueron sacados de circulación.

Amianto en el Metro de Madrid, sus consecuencias

El Metro de Madrid está condenado a perder todas las sentencias por las demandas de los trabajadores y trabajadoras afectadas de alguna manera por la exposición al amianto. En el futuro habrá bastantes más afectadas y afectados, de enfermedades leves y graves, por la exposición al amianto a la que han sido expuestos en su trabajo, sin ninguna o pocas medidas de seguridad, en los últimos 50 años y hasta nuestros días. No en vano, la Inspección de Trabajo ya ha condenado a la empresa a pagar una multa cuantiosa (191.000 euros), al entender que no adoptaron medidas suficientes en materia de seguridad ante la presencia de amianto.

En el caso de las y los trabajadores, según los protocolos médicos diseñados, si se van sometiendo a revisiones preventivas periódicas les queda aún exigir coeficientes de reducción del trabajo; hacer que las enfermedades se vayan reconociendo como profesionales (si se trata de asbestosis, cáncer de pulmón, de laringe o mesotelioma); solicitar el recargo de prestaciones y pedir en los juzgados indemnizaciones apropiadas.

Las demandas penales contra los responsables, serían también recomendables, sostuvo el experto Paco Puche ante el Grupo Parlamentario de Podemos. Mientras “Los responsables del Metro aseguran que no existe ningún riesgo de exposición a este material para los viajeros”

Una epidemia silenciosa y silenciada

Como han estado expuestos tantos trabajadores y durante tanto tiempo, muchos habrán muerto (o enfermado) sin saber que ha sido por el amianto y sin percibir compensación alguna. Son las muertes ignoradas del amianto que permanecen en el olvido. Amén de las contaminaciones familiares, sobre todo en mujeres e hijos, que manejaban las ropas de sus maridos.

El amianto lleva instalado en el Metro subterráneo de Madrid más de 50 años. Los materiales que contienen amianto friable (desmenuzable), han sido una fuente permanente de desprendimiento de fibras o fibrillas invisibles, que requieren para ser vistas observarlas por microscopía electrónica de barrido, un tipo de instrumento que puede aumentar la imagen de un objeto hasta un millón de veces. Se trasladan al aire del ambiente que respiran los viajeros.

En la actualidad, los usos del Metro de Madrid son de 50 millones de visitas al mes. En un año suman 600 millones de actos de exposición a diferentes viajeros. Algunas de esas dosis mínimas terminarán haciendo su fatal efecto.

¿Y en el subte porteño

Sobre la comercialización de vagones contaminados a Argentina

Con la venta de vagones contaminados se han vulnerado dos mandatos legales. Uno la Orden de prohibición del 7 de diciembre de 2001. En ella se dice que “Se prohíbe la comercialización y la utilización de estas fibras (seis minerales) y de los productos que las contengan”.

Asimismo, se ha vulnerado el Convenio de Basilea (1989) sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, ratificado por España el 2 de septiembre de 1994 (BOE 227).

Dicho Convenio ordena que “los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en que se hayan generado.” (Preámbulo); entendiendo por “desechos” aquellas sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional (art. 2°), e incluyendo entre los tales aquellos “que tengan como constituyentes asbesto en forma de polvo o fibras” (Anexo I, Y36).

Por lo tanto, corresponde al GCBA iniciar una querella criminal apoyada por diversos colectivos de afectados (sindicatos, usuarios, ecologistas) contra los responsables españoles de haber vendido material contaminado con amianto.

De la misma manera, ante la comprobación de la presencia de amianto en el subte de acuerdo al estudio de la UNS, implementar planes de descontaminación, que incluyan la limpieza por aspiración potente de todas las instalaciones, para la eliminación de este mineral en toda la red, tanto en el material móvil como en estaciones y otras instalaciones, aprovechando la inactividad nocturna y/o el cierre escalonado de estaciones.

El amianto en el Metro de Madrid y en los subterráneos de Buenos Aires son un par de casos más, de la grave epidemia que provoca este mineral, que ha estado ocultada, minimizada y, en muchos casos, ha quedada impune.

El descubrimiento de la gravedad de lo ocurrido nos hace pensar que es un momento oportuno para darle difusión a este grave problema, y emprender un recorrido posible de desamiantado y limpieza del subte de Buenos Aires y del resto del amianto esparcido en nuestras vidas.

Como propone el CESE (Comité Económico y Social Europeo), que trata de erradicar el amianto en toda la UE (a la que tanto se quiere parecer el gobierno de Cambiemos), con carácter prioritario, en un plazo que no vaya más allá de 2032. Imitémoslo.

Mientras el Gobierno, Sbase y Metrovías demonizan a las y los trabajadores, a las y los metrodelegados y a la organización gremial mayoritaria en el subte (AGTSyP) con mentiras, represión y criminalización, esta denuncia (basada en estudios realizados por iniciativa del sindicato ante la negativa de la empresa a investigar) pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, que a los empresarios y al Gobierno les importa prácticamente nada la vida de quienes día a día trabajan y viajan en el subte. Por otro, que los verdaderos interesados en un servicio de calidad, con condiciones de salubridad y seguridad son las y los propios trabajadores. Por eso a ellas y ellos son a quienes hay que apoyar y rodear de solidaridad. Si ganan, gana toda la población trabajadora.

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