Por Hernán Vargas Pérez *

De la noche neoliberal a los procesos constituyentes

La segunda mitad del siglo XX fue, en América Latina y el Caribe, una etapa profundamente dinámica. Dictaduras militares, retornos democráticos, agendas de ajuste neoliberal y consecuentes campañas de movilización fueron los principales signos de aquellas décadas. Como cierre de siglo, Estados Unidos convocó en 1994 una Cumbre de las Américas, para lanzar una propuesta que significaría la consolidación de su hegemonía regional: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Mientras tanto, los pueblos de nuestro continente desarrollaron un ciclo de movilización en las calles y en las urnas que significó la caída de varios gobiernos neoliberales y el arribo de varios otros de corte progresista o de izquierda.

El segundo milenio gregoriano comenzó así con fuertes movilizaciones antineoliberales en Bolivia, Argentina y Ecuador; con gobiernos antineoliberales y populares como los de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, pilares de la derrota del ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005. El rechazo al ALCA fue un punto de encuentro entre distintos proyectos políticos: entre el de Chávez, que proclamaba el socialismo y los de Lula y Kirchner, cuyos proyectos eran más bien neodesarrollistas (Katz: 2016). Este momento de nuestra historia fue útil para representar un punto de encuentro entre rumbos distintos y resaltar algunos caminos comunes entre aquellos bloques; en este sentido, fueron fundamentales los procesos constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007-2008), en tanto estrategias que consumaron un giro radical en sus respectivos países.

Transcurridas un par de décadas, creemos que entre las tareas pendientes de las izquierdas del Sur Global está el balance de esos procesos constituyentes: sistematizar sus aprendizajes, sus avances, sus límites y los desafíos por venir. En los últimos años aparece también el ejemplo de Chile y su Convención Constitucional y en menor medida el caso de Perú, con la sonada demanda de una Asamblea Constituyente, promesa principal del propio Pedro Castillo en su campaña. Además, en los momentos previos a los golpes de Estado en Honduras (2009) y Paraguay (2012) se planteó la necesidad de una nueva Constitución, así como en Brasil Dilma intentó impulsar un referéndum para convocar una constituyente en 2013.

Aportes a un balance político de los procesos constituyentes

El balance requiere profundidad, sistematicidad y amplitud de miras. En lo que sigue ofrecemos un análisis en tres dimensiones: el mejoramiento de las condiciones materiales de las mayorías, la inclusión de sujetos políticos invisibilizados y oprimidos, y la construcción de un proyecto alternativo al orden hegemónico.

Constituyente y condiciones materiales de vida

A partir de los procesos constituyentes se redujo la pobreza y la desigualdad en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y se recuperaron las capacidades de consumo de las mayorías. Antes de las asambleas constituyentes, lo que hoy se asumen como derechos eran meras mercancías educación, salud, agua, electricidad, gas, vialidad, equipamientos, vivienda. Las constituciones de estos tres países habilitaron un giro en la redistribución del presupuesto que significó un aumento significativo de la inversión social: por ejemplo, en el caso venezolano el 70% del presupuesto nacional se orientó al gasto social.

Este incremento se cubrió con la recuperación del control estatal de industrias básicas de materias primas. Por lo tanto, los presupuestos nacionales dependían y dependen en buena medida de los precios de las materias primas, así como de la ampliación de las zonas de operación de dichas industrias. Todo eso se complementa con la capacidad de endeudamiento y crédito frente al sistema financiero internacional, capacidades claves para el comercio internacional.

Constituyente y sujeto político

En los tres países la constituyente significó el reconocimiento de los pueblos indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes y en general de las mayorías trabajadoras, despojadas e invisibles para la política tradicional. Estos sectores irrumpieron simbólicamente y se articularon en torno a las nuevas constituciones, emergiendo como representantes políticos y como sujetos de derechos antes no reconocidos, ejerciendo su soberanía de forma directa, a través de la participación colectiva o individual.

Este conjunto de avances significó, al mismo tiempo, una confrontación con las lógicas coloniales de la política al interior de los mismos sectores constituyentes (Bautista: 2014). Había quienes promovían la inclusión delegada de los sujetos políticos, erigiéndose como representantes asistencialistas y clientelares, que ofrecían derechos a cambio de apoyo, reelecciones y otras contraprestaciones. Entre el nuevo paradigma protagónico y las prácticas políticas tradicionales se dio una tremenda contradicción, azuzada por la presión de las derechas.

Constituyente y modelo alternativo

Los procesos constituyentes tuvieron como idea fundante a la soberanía. Se recuperó el control de fronteras y territorios, pero también de la economía, al nacionalizar y regular la acción de las transnacionales; la política se reasentó así en las masas y en la disputa por el futuro del país. También se le puso coto a las bases militares y a la participación conjunta con fuerzas militares estadounidenses. El Estado, que producto de los ajustes neoliberales estaba en vía de achicamiento, se reposicionó, estableciendo regulaciones sobre la banca, el comercio, las industrias y los sectores inmobiliarios. Quizás algunos de los elementos más sustantivos fueron el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en el caso de Ecuador y Bolivia los derechos de la Madre Tierra. En el caso venezolano, el giro hacia una democracia participativa y protagónica significó el inicio de la construcción del poder popular como eje estratégico

Por supuesto que todas estas perspectivas de avance contaron con una reacción que implicó una nueva etapa en la lucha de clases de nuestra región: represión y criminalización de las luchas populares, persecución y sicariato de líderes, ampliación de formas extractivas (hidrocarburos, finanzas, comercio e intermediación, especulación inmobiliaria, etcétera). Se desplegaron sucesivas confrontaciones con sectores transnacionales, con la oligarquía nacional, y con los intereses de la burguesía. Al mismo tiempo, los Estados y los partidos se hicieron mediadores o intermediarios en la lucha de clases, presuponiendo que su rol era el de dirigir a las fuerzas populares, cuando no contenerlas o instrumentalizarlas. Cuando estas rehusaron alinearse, se indujo su desmovilización y su sustitución por estructuras más maleables.

Algunos desafíos para un nuevo ciclo constituyente

Constituyente económica

A pesar de haber sido formalmente procesos de creación de nuevas constituciones, las constituyentes nos retrotraen indefectiblemente a la idea de que la política es al mismo tiempo materialidad, legitimidad y factibilidad (Dussel: 2004). Es decir, no hay política sin una base material que la sostenga.

En ese sentido, los procesos constituyentes existentes y potenciales tienen como reto:

I) Superar la dependencia de la extracción de valor, que ha sido en nuestra región la forma principal de reproducción del capital. Y superar a la vez nuestro rol en la distribución internacional y colonial del trabajo. Reconocer esto pasa no solo por cuestionar el extractivismo, sino también por visibilizar las múltiples formas de extracción de valor que el capital no promueve pero sí se apropia (Gago, Mezzadra: 2016), como la financiarización y el endeudamiento, las operaciones logísticas de las cadenas de valor global y las economías del cuidado, entre otras.

II) Limitar o eliminar la dependencia del comercio internacional, lo que va de la mano de la superación de la extracción de valor. Si la economía de un país descansa sobre la posibilidad de vender mercancías en el mercado global, y opera para ello con créditos, deudas y múltiples operaciones financieras, su estabilidad interna estará inseparablemente ligada a los precios internacionales de las mercancías que compra o venda, a las calificaciones de riesgo para la inversión y a las consecuentes condiciones para obtener crédito.

III) Ampliar la mirada sobre la mixtura económica, puesto que las crisis de los últimos tiempos han llevado a posicionar la idea de que la economía nacional se fortalece con una economía mixta, de alianza entre el Estado y las empresas privadas. Es precisamente allí donde resulta crucial rescatar las claves del proceso constituyente que ha diversificado la mirada sobre lo privado, diferenciando entre transnacionales, grandes empresas nacionales, medianas y pequeñas empresas, así como emprendedores de diversa escala. Pero, sobre todo, poniendo la mirada sobre un mundo de asociaciones económicas comunitarias, colectivas, cooperativas y populares.

IV) Retomar la centralidad de la economía para la producción de bienes y servicios por encima de los circuitos improductivos que cada vez ganan más terreno, como es el caso de la especulación inmobiliaria, financiera y comercial. Estos importantes circuitos de concentración de capital suelen adjudicarse el crecimiento de un país, cuando solo generan rutas de redistribución y circulación de rentas para la acumulación del capital en elites regionales y globales. Y cuando, además, se sostienen sobre el trabajo de las grandes mayorías.

V) Por último, retomamos la idea de que la producción debe estar centrada en garantizar las condiciones materiales para reproducir la vida de la población. No se trata de la producción masiva de bienes para el mercado internacional. Esto sólo implica volver sobre los males de la dependencia colonial, poniendo en riesgo además la soberanía nacional. Un país que no garantiza las condiciones de vida de su pueblo dependerá de las redes globales que controla Occidente a través de sus Estados y sus conglomerados transnacionales.

Constituyente del poder

Si bien reivindicamos que los procesos constituyentes le han dado una centralidad política a las y los nadies, a mujeres, indígenas, campesinxs, obrerxs, trabajadorxs informales, comunidades afro, entre otras, no se trata solo de colorear los Estados con exóticos estilos diversos, sino más bien de dar, transferir, restituir y fortalecer el poder de las y los históricamente invisibilizadxs y oprimidxs. Parafraseando a Hugo Chávez (2005) y complementándolo con Frantz Fanon (1961), diríamos que no hay manera de superar el capitalismo sin darle poder a lxs condenadxs de la tierra.

En esa dirección resaltamos al menos cuatro retos seminales:

I) Apuntalar y promover zonas especiales bajo regímenes de gobierno comunitario, tanto en territorios rurales como urbanos. No se trata de imponerlos compulsivamente sino más bien de reconocer e incentivar aquellos donde estas formas acumulan fuerzas, que no solo cuentan con tejidos organizados sino además con la legitimidad de haber sido delegados por sus comunidades.

II) Reconocer y fortalecer distintos modos de gestión de las condiciones comunes de vida, reconociendo los modos de gestión entre el Estado y los privados pero habilitando también modos compartidos y cogestionarios entre el Estado, las comunidades y los movimientos sociales. Y, al mismo tiempo, fortalecer los procesos que dependen exclusivamente de la gestión comunitaria o de la autogestión colectiva.

III) Lanzar o reactivar, en todos los territorios y sectores, instancias de cogobierno entre los propios organismos del poder popular, para favorecer la elaboración consensuada de planes y políticas públicas, incentivar los espacios de diálogo, las asambleas populares y los consejos populares de gobierno.

IV) Desarrollar vías de información permanente y mecanismos de consulta a la población, puesto que la fuerza con la que los procesos constituyentes han avanzado depende del apoyo popular masivo. Para sostener ese ímpetu parejo -que no es otra cosa que la confrontación con las élites- es indispensable robustecer la conciencia masiva y la voluntad de movilización y lucha.

Constituyente para la liberación

Hasta ahora los procesos constituyentes del siglo XXI han tenido como horizonte la refundación de las repúblicas, la descolonización del Estado (García Linera: 2014), la construcción de Estados Plurinacionales (Ecuador y Bolivia) o incluso la edificación de un Estado Comunal (Venezuela). Todas estas, propuestas de ruptura con el modelo hegemónicamente impuesto en nuestras tierras por los países occidentales. Estos planteamientos no se derivan de ciertos arrebatos vanguardistas sino que, por el contrario, han sido consecuencia de las demandas, luchas y movilizaciones de un continente frente a un modelo de sociedad que entró en crisis. Por lo tanto, los horizontes constituyentes han sido en buena medida síntesis de las agendas perfiladas por los pueblos y las fuerzas alternativas.

En este contexto de disputa de proyectos y de crisis civilizatoria, queremos enfatizar algunos de los principales retos que supone la construcción de un proyecto para la liberación:

I) Delinear las bases de un modelo de desarrollo distinto al crecimiento capitalista y al “progreso” que ofrece la Modernidad, por un lado porque nuestros pueblos originarios parten de propuestas civilizatorias distintas a la civilización occidental capitalista, patriarcal, colonial y depredadora de la naturaleza. Pero, además, porque en las últimas décadas, a partir de los procesos constituyentes, se han desarrollado propuestas alternativas que centran el desarrollo en la vida y plantean al pueblo como sujeto fundamental de la transformación. Sin embargo, , proponiendo nuevos objetivos y estableciendo un sistema propio para mensurar los niveles de avance en esa dirección.

II) Denunciar el modo de vida que nos vende/impone Occidente, el llamado american way of life, un modo de vida para pocos que ha puesto en jaque al planeta. Por eso es primordial que los procesos constituyentes denuncien frontalmente ese modo de vida y consumo infinito, irracionalmente derrochador de energía, agua, proteínas y otros elementos. Un modelo que cuenta también con patrones generalizados de violencia, discriminación y sometimiento.

III) Establecer como horizonte un modo de vida alternativo centrado en la vida, partiendo desde otros paradigmas: el sistema de vida comunitario de los pueblos indígenas, el buen vivir/vivir bien. Teniendo como perspectiva la reproducción de la vida y la abolición de toda relación de opresión.

IV) Finalmente, impulsar la integración de los pueblos de la región y el mundo, con particular énfasis en América Latina y el Caribe y los países del Sur Global.

Este artículo hace parte de la edición 555 de la revista de ALAI, que puede descargarse de forma íntegra aquí. 

Referencias

Bautista, R. Descolonización de la política: introducción a una política comunitaria. Editorial AGRUCO, La Paz (2014).

Chávez, H. El poder popular: extractos de discursos. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Caracas (2008).

Dussel, E. Tesis de política. Siglo XXI Editores, México (2006).

Fanon, F. Los condenados de la Tierra. Editorial Txalaparta, México (1961).

Gago, V; Mezzadra, S. Para una crítica de las operaciones extractivas del capital: Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. Revista Nueva Sociedad, Buenos Aires (2015).

García, A., Mignolo, W., Walsh, C. Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento.  Editorial del Signo, Buenos Aires (2014).

Katz, C. Neoliberalismo, Neodesarrollismo, Socialismo. Editorial Batalla de Ideas, Buenos Aires (2014).

* Publicada originalmente en ALAI

Source

Anahí Durand Guevara * Foto Telesur

En poco más de una semana, la vorágine de acontecimientos en Perú configuró un escenario convulso y complejo. A la destitución de Martín Vizcarra como presidente de la república (acusado de «incapacidad moral permanente» por el Congreso), le siguió la imposición de Manuel Merino, quien pretendió gobernar en coalición con la más rancia derecha nacional.

Las maniobras de la clase política y la usurpación del gobierno en medio de una grave crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia hicieron estallar la indignación popular, generando una ola de protestas que fueron reprimidas con brutalidad. La fuerza de la movilización desarrollada en todo el país obligó a Merino a renunciar a cinco días de haberse proclamado presidente, produciéndose un vacío de poder.

Tras una larga jornada de negociaciones, el Congreso proclamó presidente a Francisco Sagasti, diputado por Lima del centrista Partido Morado, quien deberá ejercer una presidencia transitoria hasta el 28 de julio del 2021, cuando entregue el mando a quien sea elegido presidente las elecciones de abril.

Lo acontecido esta semana, en términos de la profundidad de la crisis, masividad de las movilizaciones y confluencia de agendas desplegadas, requiere una explicación y un análisis que atienda a la coyuntura pero también a cuestiones estructurales, brindando algunas pautas para trabajar escenarios futuros.

En particular, existen dos ejes centrales para pensar el actual momento político. De un lado, los contornos de una crisis signada por el agotamiento del régimen neoliberal como forma de gobernabilidad y ordenamiento social. De otro, los escenarios que se perfilan a futuro, incluyendo el espacio para salidas transformadoras que contemplan el cambio Constitucional.

En el ejercicio de pensar ambos ejes de conjunto radica la posibilidad de arriesgar alguna hipótesis sobre lo que vendrá: la apertura de un proceso electoral como punto clave de un momento que termina… y de otro que puede empezar.

Un tiempo que termina: honduras y contornos de la crisis de régimen

A inicios de los 90, en una sociedad golpeada por el conflicto armado y la hiper inflación, los grupos de poder económico definieron una salida autoritaria a la crisis, colocando a Alberto Fujimori como punta de lanza de una coalición cívico militar destinada a aplicar las reformas neoliberales. El autogolpe de 1992, primero, y la promulgación de la Constitución de 1993, después, sepultaron un régimen estatalista y democratizador cuyo hito principal fue la Asamblea Constituyente de 1978.

El neoliberalismo «a la peruana» se instaló en lo ideológico, lo programático y lo societal, imponiendo una visión del Estado como mero promotor de la inversión privada, desarrollando una legislación y una institucionalidad favorables al libre mercado y expandiendo una racionalidad individualista que, en nombre del emprendedurismo popular, alentaba la informalidad y justificaba la desprotección social.

Con algún aggiornamento democrático, este régimen sobrevivió a la caída del fujimorismo y los grupos de poder económico continuaron gobernando. En esta nueva etapa, las élites aprovecharon los altos precios de los comodities en el mercado internacional para iniciar una carrera extractivista que avanzó en los andes y la Amazonía, trayendo buenas cifras macroeconómicas al tiempo que despojaba a pueblos indígenas y comunidades campesinas de sus territorios.

El nuevo período de «prosperidad falaz» ilusionaba a las clases medias y prometía inclusión vía consumo a los sectores urbanos populares. Mientras tanto, los grupos gobernantes abandonaron los burdos mecanismos de corrupción del fujimorismo para aceitar una sofisticada maquinaria de enriquecimiento ilícito que se valía de esquemas de contratación para robar al Estado. Las cosas le funcionaban bastante bien a las cámaras empresariales y demás grupos de poder, pero las denuncias de corrupción vinculadas al caso Lava Jato alteraron completamente el escenario.

El modelo neoliberal, ya desgastado por el declive del boom extractivo, sufrió un terremoto: todos los exgobernantes, que se turnaron el poder desde 1992, resultaron involucrados en sendos delitos de corrupción; todos los poderes del Estado se revelaron comprometidos con mafias, sobornos y componendas. Se abrió así una profunda crisis, que la renuncia de Kucinscky y el ascenso apurado de Vizcarra lejos de solucionar, apenas sirvió para salvar temporalmente una gobernabilidad que se caía a pedazos.

En medio de una sociedad hastiada de la clase política, Vizcarra hizo lo que pudo para salvar el régimen, gobernando para la CONFIEP al tiempo que confrontaba al fujimorismo cerrando el Parlamento y convocando uno nuevo con carácter transitorio. Pero el pésimo manejo de la pandemia y su propia incompetencia –signada por un entorno mediocre y sus propias denuncias de corrupción— terminaron por arrinconarlo. Vizcarra se vio cercado por grupos de interés, mafias y viejos políticos tradicionales que, desde el Congreso, no pararon hasta vacarlo y avanzar en copar el Estado.

Al aceptar la vacancia, Vizcarra cerró la puerta al último atisbo de legitimidad del modelo instalado en los 90. Lo que queda es la decadencia de un régimen que agoniza, desnudo, arrastrando en sus estertores a la moribunda institucionalidad democrática.

El autoproclamado presidente Manuel Merino se hizo de la primera magistratura aupado por una coalición de derechas emergentes y tradicionales que no midieron el contundente rechazo popular. O, que si lo hicieron, optaron por apuntar a consolidarse a sangre y fuego.

Las movilizaciones masivas, protagonizadas especialmente por jóvenes y estudiantes, fueron respondidas con fuerte represión policial. Pero la indignación ciudadana continuó, y resultó decisiva para la caída del efímero gobierno.

Así, luego de una accidentada negociación en un Parlamento tomado por mafias y grupos de interés, se designó como presidente transitorio a Francisco Sagasti: un diputado de centro derecha que ha asumido un discurso conciliador. No obstante, el momento político parece ser propicio para salidas transformadoras y por izquierda, que incluyen entre sus principales demandas un proceso constituyente que culmine en una Nueva Constitución.

Lo que puede empezar: escenarios de la movilización popular

Tras meses de parálisis y estupor por los efectos de la pandemia (que ubicó al Perú entre los tres países con mayor letalidad del mundo), la población se volcó masivamente a las calles. Durante esta semana de movilizaciones, la gente no exigía el regreso de Martín Vizcarra ni la instalación de un nuevo gabinete: demandaban la renuncia del golpista Manuel Merino y rechazaban a toda la clase política corrupta e indolente.

En una sociedad con partidos políticos prácticamente inexistentes y organizaciones sociales muy débiles, la amplitud y fuerza desplegada por la movilización ciudadana evidenció un potencial impugnador no visto desde hace décadas. En distintos lugares de Lima y las principales ciudades del país se organizaron cacerolazos, piquetes informativos y concentraciones a manera de marchas descentralizadas que recogían la indignación de los vecinos. Ni el terruqueo ni la brutal represión pudieron detener a las movilizaciones que, hasta el pasado lunes –día en que se nombró presidente a Sagasti— no daban muestras de aplacarse.

Con Vizcarra y Merino fuera de la presidencia y con un gobierno transitorio obligado a durar mínimamente hasta las elecciones de abril, puede vislumbrarse el inicio de un nuevo ciclo político y proponer algunos escenarios.

Una posibilidad –siempre abierta en Perú— es la estabilización continuista, que prepararía el terreno para una restauración del modelo con aires renovados otorgados por figuras que aparecen como nuevas en la política peruana, tales como Julio Guzmán o George Forsaith. Esa es la opción de los liberales peruanos, con el flamante presidente Sagasti a la cabeza, quien ya adelantó no impulsará el cambio de Constitución.

Al igual que en la transición de los 90, cuando colapsó el fujimorismo, las élites gobernantes apuestan por las «cuerdas separadas»: cambios en política institucional sin tocar el modelo económico. No obstante, a diferencia de aquella transición, ahora vivimos una crisis económica y social profunda, con un modelo desgastado que ha agudizado las desigualdades y una clase política de espaldas a la gente.

En este marco parece tomar fuerza un segundo escenario, signado por el cuestionamiento hacia el régimen del 92, la corrupción generalizada y la angurria de jueces, funcionarios y congresistas. Esta crítica frontal, si bien puede presentar tintes antipolíticos, tendientes a cuestionar la totalidad de los partidos, posee también un componente crítico que responsabiliza directamente a los grupos de poder (como la CONFIEP, o a los dueños universidades y farmacias que lucran con las necesidades del pueblo).

A diferencia de oportunidades anteriores, hoy está más presente la demanda de una nueva Constitución que reemplace a la impuesta por Fujimori y presente salidas de fondo a la crisis, marcando un nuevo pacto social con un Estado garante de derechos y no uno promotor de la inversión privada (como lo establece la Carta de 1993). En esta línea, resulta clave lo que puedan impulsar y organizar los sectores más politizados, las organizaciones sociales y los partidos de izquierda, ejerciendo una labor pedagógica y militante capaz de vincular la critica concreta a la clase política y las condiciones de vida con la demanda de un horizonte de cambio constitucional.

Perú y Chile fueron los dos países donde las élites golpistas gobernantes optaron por «constitucionalizar» el modelo neoliberal, colocando candados que hicieran muy difícil introducir cambios y reformas. En Chile, luego de treinta años y en medio de una revuelta generalizada, los candados saltaron y el pueblo en un referéndum optó por instalar una Asamblea constituyente.

En Perú, aunque el acumulado militante y organizativo no presente la densidad chilena, existe también un ánimo impugnador y destituyente que puede cerrar el ciclo neoliberal y acabar de abrir uno nuevo. La presencia de una nueva generación de jóvenes, que ha tomado las calles y no parece estar dispuesta a conformarse con arreglos superficiales, es decisiva. Pero será crucial, también, el modo en que se desenvuelva la campaña presidencial del verano 2021 y las narrativas y propuestas que puedan presentar las opciones progresistas.

Epílogo temporal: elecciones y salida por la izquierda

Con un gobierno de transición apenas instalado, un Parlamento que continúa tomado por mafias y una sociedad que apenas entierra los muertos de las protestas, el calendario electoral, que sigue corriendo, será decisivo para dirimir salidas a la crisis y catalizar la indignación popular en alternativas de gobierno.

Nunca antes la derecha, en sus distintas vertientes, había tenido tantos candidatos defendiendo la continuidad del modelo: están los neoliberales orgánicos al empresariado, como Hernando de Soto o Fernando Cilloniz, la versión más ligth, como George Forsait y Julio Guzmán, o los autoritarios populistas, como Daniel Urresti. Las opciones que tengan más posibilidades serán las que logren desmarcarse de la clase política y los precedentes gobiernos de derecha.

Así lo ha entendido Forsaith, un exarquero de Alianza Lima con la ambición suficiente para abandonar el municipio distrital que dirigía y lanzarse a candidato presidencial, jugando a ser el Nayib Bukele peruano. La otra opción de este espectro que cuenta con posibilidades es el Partido Morado, que tuvo un buen desempeño en la reciente crisis. Aunque su líder y candidato presidencial, Julio Guzmán, aparece desgastado, y el partido, en buena medida, deberá correr con los pasivos del gobierno de transición.

Desde el campo de izquierda, la dispersión no es nueva. Existen cuatro agrupaciones en carrera, la mayoría sin posibilidades, atrincheradas en discursos testimoniales, como Perú Libre, o subsumidas por egos caudillistas, como el Frente Amplio del excura Marco Arana.

La opción con mayores posibilidades es la coalición Juntos por el Perú, que presenta como candidata presidencial a Verónika Mendoza, a quien las encuestas –ya antes de la crisis— ubicaban segunda. Sin duda, la movilización y el malestar ciudadano frente a la clase política amplían las oportunidades de una izquierda que se ha mostrado conectada con la protesta popular proponiendo cambios de fondo, incluyendo una nueva Constitución.

El desafío pasará por consolidar una base de apoyo político y social que exprese la indignación y se articule a las demandas de los sectores golpeados por la crisis y movilizados por el momento político. Pero no será fácil: sobre esta opción arremete el establishment, que cuestiona permanentemente sus ejes programáticos. También militan en su contra los grandes medios de comunicación distorsionando la información, y una multiplicidad de sectores cavernarios, que apelan a las tácticas más sucias para mantener a la izquierda fuera del poder.

El verano electoral 2021 se anuncia intenso y podría ser el marco para iniciar un ciclo transformador que inaugure una convivencia de mayor justicia social y democracia. Hay vientos favorables en la región, como lo muestran la contundente aprobación de la Asamblea Constituyente en Chile y el triunfo de Luis Arce en Bolivia. Hay, también, una generación que ha tomado la palabra, salido a las calles y que no esta dispuesta a guardarse otra vez asestando los golpes definitorios al agonizante régimen del 92.

Próximos a conmemorar el bicentenario, quizás sea este el inicio de una segunda y verdadera independencia para Perú. Una independencia que pueda plasmar un nuevo pacto social en una nueva Constitución. Hay espacio para la esperanza.

Publicado originalmente Jacobin Latinoamérica

Source