Por Nacho Saffarano

La tesis fundamental que sostienen es que el actuar de las fuerzas de seguridad durante la pandemia “se asemejan más a las tareas de cuidado que a las de una persecución y represión penal”. Una afirmación que se cae por su propio peso, ya que se denuncian por docenas cada día, las prácticas abusivas de policías y gendarmes. Amerita, entonces, debatir cuál es el rol de quienes investigan en este momento tan crucial que estamos atravesando, qué discursos se buscan legitimar desde la academia y cuál debería ser la posición a adoptar en un momento de suma de poderes para las fuerza represivas.

1– Va de suyo que la ciencia nunca es neutral, que las investigaciones muchas veces se direccionan en función de los intereses de la clase dominante. Pero también es una verdad de Perogrullo, la autonomía con la que cuentan muchísimos investigadores pagos por el Estado, para sostener sus tesis aun cuando éstas van a contramano del espíritu general del gobierno de turno. Cuatro años de macrismo y una gran cantidad de trabajos del CONICET, antagónicos a la ideología cambiemita, dan la razón.

2– Este artículo parece hecho por encargo. Recurrir a “los que saben”, para darle de comer al público promedio de P 12, un menú de reflexiones progresistas de por qué ahora la policía (y Gendarmería y el Ejército) nos cuida de verdad; no como hasta hace dos semanas, donde simplemente eran actores fundamentales en el delito organizado. Y apelar a investigadores del CONICET no es casualidad. Para el lector promedio de P12, el discurso bélico de Berni frente a la Bonaerense seguro le debe haber parecido un exceso. Qué mejor, entonces, que agarrar a docentes universitarios-investigadores para decir lo mismo que el militar Ministro de Seguridad bonaerense pero con fraseología progre. Es un win-win.

3– Desde que el COVID-19 adquirió relevancia a nivel mundial, se desataron una serie de debates filosóficos sobre si las medidas de emergencia tomadas por los diferentes gobiernos implicaban la instalación de un estado de excepción con políticas autoritarias; o si bien este es el momento para proponer una “biopolítica democrática” al servicio de la salud de las mayorías populares, tal como le contrapropone Pangiotis Sotiris a Agamben. En nuestro país, el estado de excepción se puede ver justamente en este sector social, y en sus intelectuales como máxima representación. Quienes durante años vieron al accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad como uno de los problemas más graves de la democracia, ahora no dudan en endilgarles a ellas el cuidado y control para evitar la propagación del virus. Ni siquiera se lo cuestionan, y eso es lo más grave. No sólo la posición infantil de creer que quienes nos reprimen ahora son garantes de nuestras vidas, sino que además bloquean cualquier posibilidad de duda.

4– La operación lógica debería ser justamente la contraria: si se le están dando amplias facultades a las fuerzas de seguridad, el control sobre las mismas debe ser aún mayor que en épocas de normalidad. La ampliación del poder policial, el mecanismo de vecinos denunciantes compulsivos, son la base para legitimar cualquier giro autoritario. Y este puede ser uno de los principales males que heredemos, y que más nos va a costar revertir, cuando salgamos de éste escenario.

5– Por último, nada más miserable que la apelación a las políticas de cuidado para definir el actual accionar policial. Años de feministas desarrollando teoría y políticas públicas alrededor de este concepto (en especial en su relación con la crisis de la reproducción social), para que se bastardeé su uso, en un elogio a la policía. Sobre todo en un país donde uno de cada cinco femicidios fueron llevados a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad, utilizando el arma reglamentaria.

6– Ante la propagación del discurso que busca relegitimar el accionar de las fuerzas de seguridad sin más, es preciso volver a apelar a las lógicas de cuidado comunitario y de organización popular, evitando las vías de escape facilistas de la militarización de la sociedad. En este sentido, poniendo a la salud como principal instancia a atender, exigir que se incrementen las partidas presupuestarias para insumos, equipamientos y salarios de lxs trabajadorxs de salud, por encima de lo que se destina para la represión, es una demanda de primer orden.

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Por Cecilia Sánchez* | Foto de Leandro Teysseire

En una entrevista reciente publicada en el diario Clarín, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao sostuvo, con la despreocupación y el cinismo que lo caracterizan, que por más que hoy en día se defienda el derecho a contar con financiamiento para investigar en ciencia y técnica, esto no siempre fue así. El exministro también se aventuró a sugerir que los investigadores e investigadoras argentinas deberíamos salir a formarnos en el exterior y dejar de aspirar a incorporarnos al CONICET como si se tratara de la única vía para continuar con nuestras carreras científicas. Un doctor, afirmó Barañao, puede ingresar “a la universidad, al INTA, donde sea”.

Estas polémicas declaraciones suscitaron de inmediato el unánime repudio de la comunidad de ciencia y técnica porque quienes nos desempeñamos como trabajadores y trabajadoras del CONICET sabemos que la dura crisis que atraviesa el sector se expresa en una realidad bien distinta de la que plasman los dichos del secretario.

Política de desmantelamiento

A comienzos de abril, unos pocos días antes de que fuera publicada la nota a Barañao, se dieron a conocer los resultados de la última convocatoria a la Carrera del Investigador (CIC) de CONICET. Los números fueron verdaderamente escandalosos: sobre un total de 2595 postulantes, el directorio del organismo resolvió aprobar el ingreso de sólo 450: apenas un 17,3%. Esto implica que 2145 investigadores e investigadoras que fueron formadas por el Estado argentino, a través de becas de doctorado y posdoctorado a lo largo de entre cinco y ocho años, hoy se quedan sin posibilidades de seguir trabajando para el CONICET y de continuar sus líneas de investigación.

Se trata, de esta manera, del despido encubierto de cientos de profesionales altamente calificados que vienen trabajando en el CONICET de manera precaria y que ahora quedan en la calle, expulsados y expulsadas del sistema científico por causa de las feroces políticas de ajuste del gobierno macrista y, particularmente, por el brutal recorte sobre la investigación y la educación pública.

Si bien una de las promesas de campaña de Cambiemos había sido llevar la inversión del país en ciencia a un 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), el financiamiento que recibió el sector en 2018 se correspondió con apenas un 0,26%. Uno de los aspectos más graves de una política de ajuste que se orienta hacia el desmantelamiento del CONICET y del sistema científico-tecnológico en su conjunto es que ésta impacta con mayor fuerza sobre las y los trabajadores más precarizados del sector: las y los becarios.

La precarización como modelo

El drástico recorte en los ingresos a CIC, que implican la incorporación a la planta permanente del CONICET, solo es posible porque desde hace ya largos años, previos a la asunción de Macri, el sistema científico se cimenta sobre la base de la precarización de cientos de investigadores e investigadoras que nos desempeñamos como becarios y becarias, ya sea de doctorado o de posdoctorado. Como tales, no somos reconocidas como trabajadoras por el CONICET y no contamos, por lo tanto, con derechos laborales básicos como aguinaldo, aportes jubilatorios, obra social extensible al grupo familiar y licencias por enfermedad.

Debemos dedicar un mínimo de cuarenta horas semanales al desarrollo de nuestras tareas de investigación y somos impedidos de tener otros trabajos porque las becas solo son compatibles con cargos docentes, bajo el argumento de que “somos estudiantes” o de que “nos estamos formando”. El CONICET se empeña en negar nuestra condición de trabajadores y trabajadoras. Aunque realizamos tareas análogas a las que le corresponden a cualquier investigador de planta (publicamos papers, participamos de congresos especializados, formamos parte de grupos de investigación), somos tratadas muchas veces como “privilegiadas y privilegiados” por poder acceder a una beca de investigación, cuando en realidad se trata de todo lo contrario: nuestro trabajo se desarrolla bajo condiciones sumamente precarias y esto implica que cotidianamente quedamos expuestos a numerosas situaciones de desigualdad, injusticia, maltrato o violencia.

El ajuste no solo se expresa en los cientos de despidos motivados por el recorte presupuestario, sino también en un preocupante retroceso sobre derechos adquiridos por el colectivo de becarios y becarias tras años de lucha. En los últimos meses, las autoridades del CONICET se excusan en la falta de presupuesto para negarse a responder solicitudes que hasta hace poco solían resolverse favorablemente. El directorio del CONICET viene rechazando numerosos pedidos de licencias por maternidad de becarias, escudándose en mecanismos discrecionales y recurriendo a argumentos totalmente arbitrarios, en una decisión política repudiable que no hace más que perpetuar las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad. El organismo también se ha negado a otorgar solicitudes de licencias por enfermedad y no ha intervenido frente a casos de abusos de poder sufridos por becarios y becarias. Estos casos no remiten a situaciones puntuales o excepcionales, sino que ilustran las condiciones de extrema precarización bajo las que nos desempeñamos como becarias y el modo en que las consecuencias del ajuste repercuten todavía con mayor fuerza sobre quienes no somos reconocidos plenamente como trabajadores.

Salarios de miseria y condiciones de trabajo deterioradas

Otra señal de la acuciante crisis presupuestaria que atraviesa el sector de ciencia y técnica, y el CONICET en particular, es el creciente deterioro del poder adquisitivo de nuestros salarios: los becarios y becarias cobramos cuatro mil pesos por debajo de la canasta básica, que hoy está en $28.750. También los trabajadores administrativos del CONICET perciben salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza. La devaluación, la inflación sin freno y los aumentos en las tarifas de los servicios no solo licúan el poder adquisitivo de los magros salarios de los y las trabajadoras de ciencia y técnica, sino que también impactan negativamente en el funcionamiento de los laboratorios e institutos de investigación. Al no recibir financiamiento suficiente, muchísimos lugares de trabajo se encuentran prácticamente al borde del cierre porque no cuentan con fondos para comprar insumos y materiales ni para pagar las cuentas de electricidad o de gas o bien los servicios de limpieza y seguridad. La situación es tan grave que en algunos institutos se solicita incluso a los y las becarias e investigadores que aporten dinero de sus salarios para afrontar los gastos de funcionamiento.

La organización frente al ajuste

¿Qué opciones quedan ante este preocupante panorama? Para algunos y algunas la alternativa es buscar trabajo en el extranjero. Para muchos otros, sin embargo, la denominada “fuga de cerebros” no es una opción viable: los y las investigadoras que tienen familias e hijos a cargo no pueden relocalizarse fácilmente en otro país, y en esos casos se ven forzados a buscar trabajos en otros sectores, principalmente la docencia, donde también probablemente vayan a ser contratados y contratadas bajo condiciones precarias.

Pero si algo queda claro frente a este brutal recorte en ciencia y técnica es que los y las trabajadoras siguen en pie demostrando su capacidad de organización y movilización. Fue ese camino el que condujo a alcanzar algunas importantes conquistas en materia de derechos laborales para becarios y becarias (por ejemplo, la obtención de obra social y el derecho a licencias por maternidad, todavía mejorables), y fue también gracias al masivo proceso de lucha desencadenado a partir de diciembre de 2016 que fue posible revertir los quinientos despidos de entonces a través de la incorporación de doctoras y doctores a las universidades y a otros organismos de ciencia y técnica.

En el último tiempo se han llevado adelante incontables medidas de lucha que demuestran la potencia colectiva para organizarnos por nuestras reivindicaciones y seguir peleando contra el ajuste y por la conquista de mejores condiciones de trabajo para hacer ciencia en y para nuestro país: asambleas abiertas y movilizaciones al Polo Científico, al Congreso y a Plaza de Mayo; ferias de ciencia y performances que lograron atraer la atención de los grandes medios de comunicación; petitorios, plenarios y encuestas nacionales para poner en común los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente en nuestro trabajo. Como ha quedado demostrado en experiencias anteriores, es solo a través de la profundización de la participación activa y la organización horizontal de los y las trabajadoras de ciencia y técnica que será posible poner un freno al ajuste y construir colectiva y democráticamente los lineamientos de una política científica que esté al servicio de las necesidades del conjunto de la sociedad.

 *Becaria doctoral del CONICET. Delegada de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

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Se lanzó el primero de los talleres sobre la emblemática figura de Rosa Luxemburgo, una de las marxistas revolucionarias más importantes del Siglo XX a 100 años de su asesinato, propiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo. La vigencia de su pensamiento, su compromiso férreo a la causa revolucionaria y la agudeza de su análisis se vuelven imprescindibles en tiempos de oscurantismo neoliberal en América Latina y el mundo.

El primero de los talleres se desarrolló en la sede que la Fundación Rosa Luxemburgo tiene en la Ciudad de Buenos Aires. La apertura estuvo a cargo de Elis Soldatelli, quien comentó que éste forma parte de una serie de talleres que la Fundación tiene planificado brindar en otras provincias de la Argentina y en los países vecinos de Chile y Uruguay. También recordó la presentación realizada una semana antes del libro Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política. Una lectura desde América Latina -escrito por Hernán Ouviña, uno de los expositores del taller-, producto de un trabajo conjunto de la Fundación, la editorial argentina El Colectivo y la editorial chilena Quimantú.

Su forma de ver el mundo

“Rosa Luxemburgo vivió un tiempo de guerras y revoluciones. Quizás las dos perspectivas que marcaron su forma de ver el mundo”, introdujo la periodista feminista y educadora popular Claudia Korol, quien junto a Hernán Ouviña, educador popular y politólogo, y Verónica Gago, investigadora del CONICET, estuvieron al frente del taller “Rosa en los debates socialistas y feministas”, el primero de varios encuentros que buscan recuperar y revalorizar su pensamiento, en vista a los desafíos actuales que plantea la avanzada conservadora en América Latina.

Para comprender su línea política, vale la pena recorrer algunos de los hitos de la vida de quien terminaría siendo una figura clave del marxismo alemán. Rosa Luxemburgo nació en Zamość, en la Polonia ocupada por el Imperio Ruso, el 5 de marzo de 1871, a días de la Comuna de París, ese breve experimento socialista. Un dato que siempre le llamó particularmente la atención a Claudia Korol, ya que “un día antes de ser asesinada, ella vuelve a pensar en la Comuna de París. Hay algo que siempre la llevó a reflexionar sobre las revoluciones y sobre la derrota”.

En ese texto Rosa reflexiona principalmente sobre la derrota de la Revolución Alemana, pero se refiere al movimiento insurreccional parisino: “¿Cómo no pensar aquí en la borrachera de victoria de la jauría que impuso el orden en París, en la bacanal de la burguesía sobre los cadáveres de los luchadores de la Comuna?”. Completamente actual, si pensamos en las ofensivas del fascismo de estos días: cobardes en la derrota, valientes en la violencia contra sus pueblos.

La actitud frente a la derrota es clave en el pensamiento de Rosa. Apenas vencidos, reflexiona sobre las causas que frustraron el proyecto revolucionario. ¿Un error de la dirigencia? ¿Mal timing político? Un ejercicio difícil para las izquierdas: poder leer y asumir la derrota, no para buscar las culpas, sino para reformular las estrategias y las tácticas y revivir la llama del impulso revolucionario.

Una mujer que tomaba partido

Rosa vivió y participó de procesos históricos de enorme relevancia política: la Primera Guerra Mundial, las dos Revoluciones Rusas (1905 y 1917), la Revolución Alemana. Una vivencia que lejos estuvo de lo testimonial, sino que participó activamente de todos esos procesos. Una “mujer de partidos” como definió Korol, lejos de esa idea de “teórica del espontaneísmo” que se le suele adjudicar, generalmente con connotaciones despectivas. Participó de la Social Democracia del Reino de Polonia y Lituania, del Partido Obrero Social Demócrata Ruso dirigido por Lenin, del Partido Social Demócrata Alemán, de la Liga Espartaquista y fundó el Partido Comunista Alemán con sus compañeros y compañeras de siempre.

Nació y creció en la Polonia ocupada por Rusia. No le dejaban hablar su idioma natal, a lo que ella se negaba. Ejercía su rebeldía a temprana edad desde su lenguaje, desde su identidad. Algo que viven cotidianamente los pueblos originarios de nuestro continente. No sólo fue perseguida por el zarismo por su nacionalidad, sino que como judía, mujer, incluso coja, las múltiples opresiones del Capitalismo brutal atravesaron todas sus vivencias. Conoció los pogromos en la cuadra misma donde vivía en Varsovia, las persecuciones a judíos y polacos. Haber experimentado en carne propia la xenofobia y la misoginia forma parte indisoluble de su postura contestataria contra las violencias del fascismo.

Para Claudia Korol, es clave también reflexionar sobre la organización de las mujeres al interior del partido. Hay un debate sobre si Rosa era feminista o no. ¿Por qué no había un espacio diferenciado de mujeres dentro del partido? “Rosa desconfiaba de sus compañeros del Partido Alemán. Temía que buscaran ponerla en un lugarcito del cual no pudiera salir. Pero, al mismo tiempo, colaboró siempre con Clara Zetkin en todas las actividades que ella le propuso en relación a la organización de las mujeres. En sus cartas se puede ver que son una pareja política, una lucha conjunta sobre las reivindicaciones de las mujeres”, ejemplificó la periodista. Algo que evidencia esta diferencia de la visión de las mujeres es su oposición férrea a la guerra y al creciente militarismo, a diferencia de los compañeros varones de la social democracia alemana.

Otro de los expositores fue Hernán Ouviña, politólogo y docente de la UBA, y autor del libro sobre Rosa Luxemburgo, quien dijo: “Me alegro de que podamos juntarnos a rememorar no su asesinato, sino la vida de Rosa, con la convicción de que estos espacios son fundamentales”.

El eje de la exposición de Ouviña estuvo centrado en desmontar los lugares comunes sobre la trayectoria política de Rosa. “Todavía se sigue diciendo que Rosa era espontaneísta, en clave de que no creía en ningún tipo de organización. Como ya dijo Claudia, nada más lejos de eso. Más que mujer de partido, era una mujer que tomaba partido. La dinámica pluriorganizativa no era incompatible para Rosa. Se podía militar en un sindicato y en un espacio de mujeres. Se podía abogar por el internacionalismo y a la vez generar un reagrupamiento desde abajo a partir de los consejos de obreros y los soviets en Rusia. No creía en formatos unívocos, sino que la propia experiencia gestaba las formas de organización”.

El luxemburguismo sigue siendo en varios espacios un epíteto peyorativo: anti organizativo, centrado únicamente en los y las obreras. Poco acorde al planteo de Rosa. Ella se abocaba a encontrar las dinámicas posibles que articulen el espontaneísmo de las masas y la gestación de espacios organizativos, ni sectarios ni pragmáticos. “La cuestión organizativa es clave en el pensamiento de Rosa. Retomar los formatos de organización alemana durante la revolución no como fracasos, sino como modelos derrotados o eclipsados”, puntualizó el politólogo.

La propuesta del formato organizativo de Rosa fue alternativo al formato marxista-leninista, esquematizado claramente en ¿Qué hacer?, uno de los tratados políticos más importantes de Lenin. La revolucionaria polaca, incomodando a las izquierdas, propuso salidas alternativas a la forma de articular los partidos, en escritos como Problemas organizativos de la socialdemocracia rusa. “Ese texto es clave para pensar lo que pasa en América Latina. Primero porque plantea que la organización no es anterior a las luchas populares, sino que es producto genuino de ellas”, desarrolló Ouviña.

El esquema organizativo de Rosa tiene varias aristas. Para empezar, pensarla como un proceso y no como algo esquemático  y rígido. Debe ser cambiante y en permanente movimiento, en intrínseca relación con la coyuntura y la correlación de fuerzas. Cada realidad específica genera formas específicas de organización. Otro punto importante es que el protagonismo es popular y el partido debe ser democrático y participativo. No debe ser el comité central quien elabora la estrategia y manda a ejecutar a las bases. “Prefiero equivocarme con las masas y con su espontaneidad que acertar con el comité central más infalible”, recordó el docente de la UBA como una frase ejemplificadora del pensamiento de Rosa.

La repartición de tareas y roles es otro aspecto importante de su esquema. “¿En qué medida replicamos la división del trabajo capitalista en nuestras organizaciones?”, trajo a colación Ouviña, una vieja pregunta de la teórica marxista. “Es la diferencia central entre concepción y ejecución, un formato clásico de la fábrica burguesa. Muchas veces hemos replicado ese formato en organizaciones de izquierda. Es una polémica fraterna, sí, pero ardua, que mantiene con Lenin y con la socialdemocracia alemana, donde el nivel de burocratización era mayúsculo”, desarrolló el intelectual.

La revolución en el horizonte

El cierre de la parte expositiva del taller estuvo a cargo de Verónica Gago, investigadora feminista del CONICET. Para ella, hay tres ejes del método de Rosa que es necesario resaltar: “En primer lugar, relacionado a su forma de exposición, es la educación popular sumada a la agitación. Es una perspectiva que es a la vez analítica e insubordinada. El segundo punto es su análisis internacionalista de todos los fenómenos mundiales. Pensando en el movimiento feminista moderno, este es un aspecto clave. ¿Qué quiere decir un feminismo internacionalista hoy en día? Por último, algo que ya rescataron Claudia y Hernán, es el papel de la autorreflexión sobre errores y derrotas. Una dinámica que tensa entre la praxis y los hallazgos teóricos”.

“Cada huelga contiene un pensamiento político”, fue la frase talismán de Rosa que sirvió como disparador para la investigadora para pensar la función de la huelga, tanto a nivel del movimiento obrero en general como de los feminismos en particular. “Ella diciendo eso explica que a cada quien en su época le toca desplegar el pensamiento político que tiene una huelga. Esto la aleja de un tecnicismo y a la vez denuncia el materialismo policial de los sindicatos, los encargados de decir quien tiene la prerrogativa de convocarla”. La huelga se vuelve así ni automática ni fija, sino a ser reinventada en cada momento histórico.

La huelga es un proceso político, no un acontecimiento de un día, un impasse para negociar las condiciones de retorno a la dinámica laboral. “La huelga siempre es un cuerpo vivo” decía Rosa, no una ecuación matemática. Son múltiples los factores a detectar y cómo se entrelazan: económicos, políticos, materiales, incluso psíquicos. Para Gago, “es necesario pensarla hoy en día en clave feminista. ¿Qué significa para nosotras parar en nuestros espacios laborales? No es lo mismo si trabajás freelance, si sos ama de casa, si estás desocupada. No es un mero tecnicismo”.

La crítica a la guerra fue central en la vida política de Rosa. Pensándolo en relación a los movimientos sociales y la guerra contra las mujeres y los cuerpos feminizados, la investigadora se planteó: “¿En relación a qué tipo de insubordinación y autonomía de esos cuerpos-territorios se plantea la ofensiva de la guerra? Eso nos permite poner otra lógica histórica a por qué la guerra se hace presente en ciertos momentos de la ofensiva del Capitalismo”.

Eso lleva a pensar la dimensión del Imperialismo, en vínculo con la guerra y, teniendo en cuenta el libro de Rosa La acumulación del Capital, cómo se territorializa la teoría del valor. “Ella explica que el Capital tiene que correr constantemente los límites y las fronteras, valorizando nuevos espacios de colonialización”, desarrolló Gago. “No puede haber teoría del valor en abstracto: qué cuerpos, qué recursos, qué territorios son necesarios para que el Capital efectivamente pueda desplazar los límites de la globalización”, puntualizó.

Lo último que destacó la investigadora feminista fue la “realpolitik revolucionaria”. Dos términos que suelen aparecer disociados: la lectura de lo posible, la agudeza para moverse en la coyuntura, para el pragmatismo, separado de la filosofía política. Rosa los aúna. “Ella en un momento pasa de su célebre frase ‘Reforma o Revolución’ a ‘Reforma y Revolución’”, explicó Gago. Así lo formula en 1903, en el 20 aniversario de la muerte de Marx: “sólo después de Marx, y por él, hay una política socialista de los trabajadores que al mismo tiempo, y en el pleno sentido de las palabras, es realpolitik revolucionaria”.

La última hora del taller estuvo destinada al trabajo en grupos, donde se debatieron algunas de las ideas que surgieron de las exposiciones. ¿Cómo se construye un feminismo marxista y clasista? ¿Cómo pensar la derrota, aún mientras se experimenta, para reformular las prácticas y no volverlo un regodeo auto inculpatorio? Los y las participantes también reflexionaron sobre la autocrítica de las izquierdas, la multiplicidad de formas organizativas y la transformación en los barrios populares.

Quizás lo más relevante, en el contexto actual de retroceso y derrota política de los gobiernos populares, es preguntarse, como decía Gago, qué significa que la determinación de la situación de crisis depende de prácticas concretas. ¿Cómo pensar la Revolución no como objetivo final, allá a lo lejos, sino como un esquema operativo, el aquí y ahora, teniendo siempre presente el horizonte de la Revolución?

* Nota publicada originalmente en Fundación Rosa Luxemburgo.

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Desde hace tres años se ejecutan una serie de políticas tendientes a destruir el sistema científico y tecnológico público a través de distintas modalidades.

Llave de defunción para el CONICET

Nuria Giniger y Rocco Carbone, dos investigadores del CONICET e integrantes de Liberación-Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología, calificaron de “cientificidio” los tres años de gobierno de la alianza Cambiemos.

A manera de síntesis, señalaron cinco aspectos del cientificidio en 2018:

1. La degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) a Secretaría (SinCyT) “Sin Ciencia y Tecnología”. El sinónimo más visible del cientificidio, que no solo implica la des-jerarquización, Con profundas implicaciones simbólicas que ponen en evidencia la distancia entre el discurso pro-ciencia de la alianza Cambiemos y la acción de desguace del sistema de CyT.
2. El desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT) a través de la sub-ejecución presupuestaria (solo alcanzó al 40 % de lo estipulado) y el aumento inflacionario, particularmente de las tarifas. Las implicaciones son tales que las y los trabajadores de los CCT están aportando de sus propios salarios para pagar las facturas de luz de los institutos en los que trabajan. En respuesta el CONICET planteó como solución que se paguen los gastos con ventas de servicios a terceros.
3. La falta de disponibilidad presupuestaria para reuniones científicas anunciadas a fines de diciembre pasado implica que los y las trabajadoras del sistema de CyT “no podremos organizar congresos, jornadas, seminarios, conferencias financiadas por CONICET. Esta decisión implica que no podremos planificar una parte esencial de nuestro trabajo y que estaremos aislados de los debates científicos que se articulan tanto en la región como en el mundo”.
4. El desfinanciamiento de subsidios a los proyectos de investigación: esto implica anular de hecho la posibilidad de seguir produciendo conocimiento. Las y los investigadores trabajamos en el seno de equipos de investigación que concursan por subsidios destinados a financiar lo que realizamos. Sin ese dinero no hay producción. Pero no solo no se giran los fondos de los subsidios ya asignados, sino que no se readecuaron a la devaluación. Estas decisiones políticas generan desigualdad, profundizan la meritocracia y el elitismo entre los equipos que consiguen financiamiento externo (de agencias extranjeras o países centrales) y los que no los consiguen. Los equipos que no consiguen financiamientos internacionales trabajan problemas ligados a temas de educación, salud, vivienda, desarrollo productivo y tecnológico, laboral y un largo etcétera. Problemas propios de nuestra región y nuestros pueblos, que no son de interés para las agencias internacionales, por lo cual no sería posible que obtengan recursos para sus investigaciones.
5. Las y los trabajadores del sistema científico tecnológico han obtenido un 25 % de aumento salarial anualizado frente a una inflación que se acerca al 50 %. En el caso específico de los y las administrativas y becarias no alcanzan la canasta básica. Esto se suma a la reducción de cupos en becas e ingresos.

Se trata de decisiones políticas que impactan en un éxodo de trabajadores y trabajadoras: “fuga de cerebros”, expulsados del sistema por reducción de cupos (becas e ingresos), aumento de la carga laboral, destrucción de equipos de investigación.

Ciencia argentina en jaque

“La ciencia en Argentina, en general, está en jaque. Y las ciencias experimentales, en particular, están en jaque mate”, disparó el biólogo argentino Federico Ariel en el recibimiento del Premio Estímulo que le entregó la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Graduado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Federico partió a Francia con una beca y en 2014 inauguró el edificio del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), lo cual prosiguió con su repatriación como investigador del Conicet, al igual que los 1.300 científicos y científicas, durante la década kirchnerista.

“La situación es alarmante. El dinero para instalarme con el grupo de trabajo no llega. De hecho, hay colegas que tuvieron que volver a emigrar, ya los perdimos”, dijo. “Si el dinero no llega pongo plata de mi bolsillo, de mi sueldo. Incluso”, redondeó.

Además, señaló que “si esto no cambia de forma urgente entramos en una parálisis total, porque la ciencia en general está en jaque: hay menos dinero destinado, menos entrada a la carrera de Investigación del CONICET, menos presupuesto en educación y hubo despidos en varias instituciones científicas como el INTA, el INTI, ATUCHA, entre otras”.

“Es una situación muy angustiante porque después nos van a evaluar por un trabajo que no pudimos completar. Y además, se dificulta la generación de conocimiento en el país”, apuntó.

“Hubo dos grandes trampas: se prometió duplicar el presupuesto en Ciencia y Tecnología en base a uno de los pocos reconocimientos que se hizo del gobierno saliente. Quedaba bien prometer continuidad en ese tema”, señaló y agregó: “Sin embargo, apenas asumió la presidencia, Mauricio Macri comenzó el recorte de la inversión en el sector”.

En cuanto a la otra trampa, destacó que “al asumir la presidencia se sostuvo por un tiempo la inversión en el Ministerio de Ciencia, mientras los recortes empezaron por las demás instituciones científicas. En el discurso, eso no se distinguía. En 2018 se profundizó la crisis del sistema científico por el insostenible atraso de los subsidios de investigación. Hoy tenemos sedes de instituciones científicas que deben millones de pesos de luz y que tienen que trabajar evitando usar el aire acondicionado, equipamientos o las computadoras”.

Ariel  ubicó la situación de la ciencia en el contexto geopolítico, al apuntar directamente al plan que el neoliberalismo tiene a nivel mundial para los países periféricos. “El lugar que nos corresponde no es el de generar conocimiento. Como investigadores e investigadoras, no tenemos cabida dentro de este modelo de país que sólo promueve la venta de materias primas, que es la base de un esquema agroexportador. El mundo sólo espera que produzcamos y exportemos materias primas, importando la tecnología de alto valor agregado. Así es el caso de radares, satélites y energía nuclear: los tres campos donde Argentina se estaba haciendo fuerte, ya no reciben las inversiones necesarias”, señaló.

Cambiemos la ley de satélites y perjudicó al ARSAT

El Gobierno de Mauricio Macri a través de un DNU realizó modificaciones en la Ley 27.078, que fuera sancionada en noviembre del 2015, de Desarrollo de la Industria Satelital  que perjudicarán al ARSAT.

Hasta el momento la empresa estatal tenía preferencia,  a partir del nuevo decreto la gestión macrista ofrece una serie de frecuencias a la compañía privada: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT”.

La modificación por decreto amplía la oferta para favorecer a también a operadores privados. Así es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a AR-SAT “las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines”. Una vez más el gobierno justifica estas modificaciones para “generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles”.  Además explicaron que la medida se toma a través del

DNU por “la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes” ya que “esperar el trámite legislativo habitual errogaría un importante retraso que obstaculizaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

Becarios y becarias en apuros

Las autoridades del CONICET incumplieron los acuerdos alcanzados y reafirmados en la Mesa de Becarios y Becarias del 9 de enero,  donde se establecía que se abonen las dos cuotas restantes de la paritaria en tiempo y forma (5 % en enero y 5 % en febrero) para las becarias y becarios. La primera cuota del aumento sólo se ha depositado a investigadores e investigadoras, personal administrativo y CPAs.

Esta situación se da en un marco en el que los salarios de los trabajadores y trabajadoras de todos los escalafones se siguen ajustando sin freno. En 2018 se firmó una paritaria estatal que otorgó un aumento del 15 % y dos bonos, teniendo en cuenta que, según datos oficiales del INDEC, la inflación acumulada del año 2018 fue del 47,6 %.

Los becarios y becarias no cobraron automáticamente esta paritaria, sino que recién lo hicieron luego de realizar movilizaciones masivas a nivel nacional y de la toma de varios CCTs. Las y los trabajadores administrativos sufrieron además un recorte aún mayor en sus salarios por la reducción de horas extras y la aplicación de controles biométricos que profundizan la precarización de sus condiciones de trabajo.

“Denunciamos el incumplimiento del compromiso asumido por las autoridades de CONICET y exigimos la liquidación inmediata por planilla complementaria a becarios y becarias del aumento del 5 % que recibió el resto del personal de CONICET a través del acuerdo paritario estatal. A su vez, exigimos la inmediata reapertura de paritarias para discutir una recomposición real del salario para todos los trabajadores y trabajadoras”, señalaron desde ATE CONICET.

Demasiados títulos

ATE Capital denunció que el CONICET rechazó el ingresó a un investigador por estar demasiado capacitado, tal como afirmaron: “a un investigador le denegaron el ingreso a CONICET por sobrecalificación, puesto que es egresado de cuatro carreras de grado, doctor, magister y especialista”.

Este episodio forma parte de una serie de políticas tendientes a destruir el sistema científico y tecnológico público a través de distintas modalidades. Tales como las de reducir drásticamente la cantidad de ingresos a la carrera del investigador científico (CIC), produciendo además un embudo de investigadores que con gran formación van quedando sin empleos; degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) a Secretaría; el desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT), de las Reuniones Científicas y la sub ejecución del financiamiento de los proyectos de investigación; y los salarios paupérrimos que los trabajadores -especialmente administrativxs y becarixs- percibimos mensualmente.

El caso del “investigador sobre calificado” no es un elemento aislado, ni un error (ni un exceso) sino que parece ser parte de un plan para liquidar la producción de conocimiento crítico científico y tecnológico de nuestro país.

El gobierno de Cambiemos entrega también de esta forma la soberanía nacional, lo que además produce en una nueva oleada de “fuga de cerebros”.

Nuria Giniger y Rocco Carbone concluyen que, “el cientificidio está desplegado desde hace tres años. Lo advertimos en las vísperas de la victoria de la alianza Cambiemos y se llevó a cabo -con gran resistencia” Además alientan a una convocatoria “planificar las acciones de resistencia, respetando nuestras diferencias, para construir una alternativa política unitaria que se proponga un camino emancipador en el 2019”.

Fuentes: APU, ATE, El Litoral, Resumen Latinoamericano.

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La ciencia y técnica en el país: institutos deteriorados, sueldos que no alcanzan y ausencia de derechos laborales. Análisis del deterioro de un área pública que puede dejar a la Argentina sin futuro. 

Hace poco más de dos semanas el gobierno anunció la eliminación de trece Ministerios, entre ellos el de Ciencia y Técnica que, bajo la denominación de “Secretaría de Ciencia y Tecnología”, pasará a integrar el “Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología” a cargo del Ministro Alejandro Finochiaro.

Esta reestructuración se inscribe en el marco del acuerdo concertado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de una profunda crisis económica que se expresa en el aumento del desempleo, la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de trabajadores y trabajadoras, tendencia que se intensificó aún más luego de la devaluación de la moneda.

El Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva (MinCyT) se creó en el año 2007 con el objetivo de incentivar el desarrollo científico y técnico nacional a través del financiamiento de proyectos de investigación en diversas disciplinas y de promover su vinculación con la esfera productiva. Con esta meta, fundamentalmente a través del CONICET (organismo dependiente del MinCyT), se amplió significativamente la planta de científicos/as como así también de trabajadores/as que desempeñan las tareas de apoyo requeridas para la consecución de las investigaciones.

En 2015 el cambio de gobierno despertó un clima de cierta desesperación en gran parte de la comunidad académica respecto al futuro de la ciencia. Las inquietudes parecieron apaciguarse cuando el Ministro kirchnerista Lino Barañao confirmó su continuidad ahora, bajo la gestión macrista. Para algunos/as, la permanencia de Barañao reafirmaba el modelo de ciencia y técnica alumbrado durante el kirchnerismo. Ahora bien, ¿qué características tenía aquel modelo?; ¿qué elementos lo diferencian del actual?; ¿qué significa la eliminación del Ministerio de CyT en un contexto signado por el avance de las políticas de austeridad?

Responder estos interrogantes implica colocar la mirada en elementos que van más allá del aumento o disminución en el número de becas y/o del presupuesto. Tales análisis aportan evidencias fundamentales, sobre todo, para luchar en pos de defender lo conquistado. Pero también, resulta urgente comprender las bases sobre las cuales se constituyó el sistema científico para reflexionar acerca de la orientación que el mismo asume en la actualidad.

De la cuestión presupuestaria a las condiciones de trabajo y de vida

Desde hace tiempo el porcentaje del PBI nacional de nuestro país destinado a ciencia y técnica es insuficiente. Esto puede observarse al establecer comparaciones con la inversión en I+D (investigación y desarrollo) de otros países de América Latina como Brasil, donde en el 2014 fue del 1,17% mientras que en Argentina, ese mismo año, apenas alcanzó el 0,59%. Partiendo de estas condiciones, desde la creación del MinCyT es posible identificar un incremento en la fracción del presupuesto nacional destinada a ciencia técnica. Esta tendencia cambia en 2014 cuando se fijó un porcentaje de 1,48% que resultó insuficiente luego de la devaluación de la moneda ocurrida a inicios de ese año. En 2015 el presupuesto vuelve a incrementarse (1,53%) alcanzando un máximo histórico que buscó compensar parcialmente el desfasaje del año anterior. Con posterioridad, las partidas presupuestarias no hacen más que disminuir, llegando al 1,22% en 2018.

La inicial escasez en los recursos destinados a la investigación pública y su precipitado agotamiento a partir del año 2016, con el cambio de gobierno y las recurrentes devaluaciones de la moneda, asumen formas concretas: la imposibilidad de continuar con diversas líneas de investigación, las dificultades en la compra de insumos (dolarizados), el deterioro de los espacios de trabajo y los obstáculos que se presentan para garantizar el funcionamiento de laboratorios e institutos de investigación que, al día de hoy, no pueden afrontar el pago de servicios básicos como el gas y la luz. El escenario para el 2019 no es promisorio, más bien todo lo contrario. Si bien se prevé un “incremento” del 27,7% en el presupuesto, este porcentaje da cuenta de una reducción en tanto no consigue compensar la inflación proyectada para el 2018 que, como es de público conocimiento, superará el 40%.

En este cuadro, la propuesta del gobierno es aquella que el pasado ministro y actual secretario Lino Barañao siempre defendió y que nunca pudo implementar con éxito: incentivar la vinculación de actividades científicas con el ámbito empresario para, de este modo, reemplazar la falta de financiamiento del sistema científico nacional.

El recorte presupuestario tiene su correlato en las condiciones de vida de quienes decidimos dedicarnos a la investigación pública en Argentina: salarios que pierden su poder adquisitivo al menos desde el año 2010 y que en la actualidad apenas superan la línea de pobreza, inestabilidad y falta de reconocimiento de derechos laborales básicos. Pero lo particular (y aquello que suele quedar invisibilizado) es que estos elementos no son una novedad del macrismo. Desde hace más de 12 años las becarias y los becarios incluimos entre nuestras principales reivindicaciones ser reconocidos/as como trabajadores/as lo que nos permitiría acceder, por ejemplo, al cobro de un aguinaldo, a poder contar con una verdadera licencia por maternidad o con algún tipo de licencia por enfermedad (actualmente no existen). Este reclamo ha sido negado sistemáticamente por todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que integran e integraron el directorio del CONICET.

La orientación de las políticas científicas

Desde el cambio de gobierno se han multiplicado las voces que señalan que la ciencia y la investigación son elementos prácticamente ausentes en el diseño de las políticas públicas del gobierno. El pasado 16 de agosto, la consigna “Sin ciencia no hay futuro” reunió miles de trabajadores/as del ámbito científico en una audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación que estuvo acompañada por una masiva movilización y feria de ciencias. En aquella oportunidad abundaron las interpretaciones en torno al fin de la ciencia basadas, fundamentalmente, en algunas de las cuestiones que enumeradas en esta nota: el recorte presupuestario, la reducción en el número de becas e ingresos a la planta permanente del CONICET, la eliminación del MinCyT, la pérdida de poder adquisitivo del salario, por retomar algunos ejemplos.

Si bien en el escenario actual es preciso tomar nota de estos aspectos y organizarnos  para revertirlos, también reviste particular importancia colocar la mirada en aquellos elementos que remiten a las bases sobre las cuales se gestó el sistema científico nacional: institutos deteriorados, sueldos que no alcanzan y ausencia de derechos laborales. Estas condiciones configuradas en el pasado reciente e intensificadas en el cuadro de ajuste actual son cabales para comprender las incertidumbres acerca del futuro de la ciencia y los límites de una política científica discutida en términos antidemocráticos y orientada a los intereses de las minorías.

*Doctora en Ciencias Sociales. Becaria posdoctoral CONICET. Delegada de Jóvenes Científicxs Precarizadxs – Bs. As.

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Con el cercano antecedente de las movilizaciones en Haití , contra el aumento de los combustibles acordados entre el FMI y el Gobierno haitiano, y la renuncia del Primer Ministro de ese país, el “Día del Amigo” arribó  al nuestro Christine Lagarde, la titular del FMI.

Eufemismos para no hablar de ajuste

Días atrás, el Gobierno difundió la Carta de Intención y el programa económico en el que se basa el acuerdo entre la Argentina y el FMI, por un monto de US$ 50.000 millones a lo largo de 36 meses.

Allí el Gobierno asegura que trabajará para introducir mejoras en el sistema de pensiones: que lo hagan “financieramente sostenible y más justo”. En definitiva, bajar jubilaciones en línea con el proyecto que aprobó el año pasado.

Además, el documento abre la puerta para vender las acciones que están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES para pagar la reparación histórica. “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión”, detalla el texto.

En cuanto al empleo público, congelan las vacantes por dos años y “se eliminarán “las posiciones redundantes”. Se trata de un eufemismo para referirse a más reducción de personal del Estado.

El plan descripto en 33 páginas prevé una economía estancada este año (0,4% de crecimiento) con una meta inflacionaria del 27%, que supera las paritarias que fueron firmadas, y propone una aceleración del ritmo de reducción del déficit fiscal, que constituye “una de las metas estructurales” del Gobierno. Así se estima que el desequilibrio de las cuentas públicas pasará del 2,7% de este año al 1,3% en 2019.

El fuerte ajuste fiscal,  en cuestión,  ya había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La novedad es que ahora puso por escrito algunos de los rubros por los que pasará la tijera. Entre ellos figuran los subsidios a la energía y el transporte, la tarifa social, el sistema de jubilaciones, las acciones de los Fondos de pensión y el empleo público,  así como los fondos destinados a las empresas estatales, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.

En lo que respecta a los planes para contener la pobreza, Hacienda dispuso un piso del gasto de asistencia social del 1,3% del PBI, una cifra superior al 0,95% destinado hoy a ese rubro. Se trata de fondos para programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), y más de 15 tipos de asignaciones familiares.

Pero dada la incertidumbre económica existente, el Gobierno contempla además una “salvaguarda” para asignar recursos adicionales a todos esos programas “en caso de que las condiciones empeoren”. En concreto, prevé un gasto extra de $ 13.500 millones en 2018 y un 0,2% del PBI por año en los años subsiguientes, equivalentes a cerca de $ 35.000 millones, siempre y cuando se agrave la pobreza, el desempleo y desnutrición infantil.

Conflictos estatales

– Este martes se realizó una nueva jornada nacional de protesta en el CONICET. Motorizada por ATE CONICET, JCP y otras organizaciones sectoriales, se realizaron concentraciones, actos públicos y asambleas abiertas en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza entre otros lugares. En CABA se realizó una concentración en el Polo Científico y Tecnológico, aguardando resultados de la reunión de la Mesa de Becarios.

Después de obtener la aplicación completa,  del Acta Paritaria 2018, a los casi diez mil becarios y becarias del organismo, la Jornada de Lucha del este martes tuvo como eje principal obtener precisiones sobre el pago de la cláusula gatillo (adeudada desde la paritaria 2017). Los funcionarios informaron que en agosto los becarios y becarias percibirán tanto el pago de la cláusula gatillo como la primera cuota del aumento paritario. A esta altura del año, está claro que el aumento para los becarios y becarias se obtuvo sólo a partir de los procesos de organización y movilización que atravesaron a los diferentes lugares de trabajo desde el año pasado.

– El Congreso de Delegados y Delegadas del gremio Cicop (trabajadores de la salud), que sesionó el viernes 13 de julio en la sede central,  decidió dar continuidad al plan de lucha en curso definiendo dos nuevas medidas de fuerza. El jueves 19, realizaron un paro de 24 horas con acciones locales y regionales expresando el reclamo de nueva convocatoria paritaria con propuesta superadora e integral, mientras que el miércoles 25 llevarán a cabo una nueva medida de fuerza dando prioridad al desarrollo de las asambleas de cara al debate de prosecución de acciones si no hubiera respuestas gubernamentales.

– Desde la Agrupación Celeste en la Corriente Clasista y Combativa en ATE Ensenada expresaron su enérgico repudio a la declaración del presidente de la Nación, en el marco del encuentro que mantuvo con la “Mesa de la Pesca”.

De la reunión mencionada participaron empresarios, funcionarios, representantes de los sindicatos y familiares de los tripulantes de los buques San Antonino, Repunte y Rigel, todos hundidos durante la presidencia de Mauricio Macri.
Los familiares quisieron saber por qué se compraban barcos al exterior en vez de hacerlos en el Astillero Río Santiago a lo que el presidente expresó: “hablé con el empresario naviero Vito Contessi y dijo que al Astillero Río Santiago habría que dinamitarlo”.

Desde ATE Ensenada han hecho un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras para preparar una marcha de antorchas. Al mismo tiempo desde el sindicato anunciaron una movilización para el próximo miércoles a la Casa de Gobierno.

– El martes se realizó la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo a raíz de los 357 despidos en la agencia estatal Télam. Las autoridades no realizaron ninguna propuesta. A su vez, se presentó una denuncia por persecución político-ideológica por parte de la empresa ante la Relatoría Especial sobre Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU.

– Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron que el gobierno nacional y las autoridades administrativas de ese centro asistencial incumplen el fallo de la Justicia Federal de San Martín que ordenó reincorporar a diez de los 152 despedidos en enero pasado.

– El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), informó que la nueva Administradora del organismo, Patricia Gutiérrez, ratificó los 352 despidos, que incluyen a la planta transitoria educativa y a trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con el cierre definitivo de las 5 escuelas técnicas viales que funcionaban en el país.

– Los bomberos voluntarios de todo el país se organizaron para realizar un sirenazo en reclamo por el desfinanciamiento que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad desde el año pasado.

“Somos 45.000 personas, entre directivos y bomberos, que tenemos una profunda vocación por la tarea que realizamos. No percibimos ningún sueldo, y todos los recursos son para sostener al sistema nacional de bomberos voluntarios y la atención de más del 80% de llamados de emergencia que se desarrollan en todo el territorio nacional”, destacó Carlos Alfonso, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

– Gremios aeronáuticos acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, lo que evitó la posibilidad de un paro en vísperas de las vacaciones de invierno.
Cinco gremios habían anunciado la realización de un paro de actividades en los aeropuertos de todo el país, que se llevaría a cabo el viernes 13, en reclamo por la política aerocomercial aplicada por el gobierno nacional.
 

Movimientos sociales

– Luego de semanas de reclamar en la ciudad de La Plata y tener reuniones técnicas sin resultados favorables, miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde plaza San Martín hasta plaza Moreno e instalaron un acampe.

Así expresaba el comunicado de prensa que circuló por las redes sociales: “Frente a nuestra negativa a retirarnos del lugar sin una respuesta, los funcionarios procedieron a extorsionarnos diciendo que nos iban a quitar el trabajo de refacción que estamos llevando a cabo en escuelas y jardines y amenazaron con desalojarnos y denunciar penalmente a nuestros delegados y delegadas”.

– Las y los pequeños productores hortícolas volvieron a reclamar contra la falta de políticas públicas para promover la agricultura familiar y la reciente decisión del Ministerio de Agroindustria de eliminar el Monotributo Social Agropecuario (MSA), que les permitía a miles de  productores y productoras familiares acceder a la obra social y aportes jubilatorios. Buscaron así visibilizar su reclamo con un nuevo verdurazo, esta vez frente a La Rural, que inauguraba su tradicional exposición, donde regalaron 10.000 kilos de verdura, bajo la consigna: El Otro Campo.

“Este 18 de julio el otro campo, que produce alimentos para millones de familias, que no exporta ni especula con el dólar, realizó un verdurazo en la puerta de La Rural para expresar la crítica situación de su sector”, sostuvieron desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).Las y los pequeños productores advirtieron que están viviendo “una crisis terminal, sin precedentes”. “En La Rural se expresa el supuesto modelo exitoso, de gran producción y exportación que el Gobierno tanto apoya pero que no produce alimentos para el pueblo argentino y está destruyendo los últimos bosques nativos, la calidad de los suelos e impulsando desalojos de familias campesinas e indígenas”, dijeron por último las y los productores.

– Más de 3.000 personas de organizaciones sociales se manifestaron frente a las oficinas porteñas de la banca internacional JP Morgan Chase con ollas populares, en clara demostración de denuncia ante el crecimiento de la pobreza y la falta de políticas de empleo.

Entregaron un petitorio donde solicitaban que JP Morgan brinde recursos económicos directos para atender la crisis de miles de trabajadores y trabajadoras pobres, poniendo a disposición puestos de trabajo para desocupados, fondos para infraestructura barrial y comunitaria, y aportes económicos para sostener los comedores a los que asisten cientos de niños y niñas.

La CGT se llenó de pañuelos verdes

El martes 10 de julio de 2018 quedará en la historia: una treintena de referentas feministas se sentó en la mesa ovalada de la CGT con sus pañuelos verdes al cuello, mientras afuera una movilización callejera gritaba: “Aborto legal en la obra social”.

La reunión pedida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue motivada luego de una nota del 4 de julio en Clarín donde bajo la volanta “Conflicto en puerta”, titulaban: “Legalización del aborto: gremios de la CGT alertan que las obras sociales no pueden cubrir los costos”.

En la reunión, Noé Ruiz, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Central y titular de la Asociación de Modelos Argentinas, desmintió la nota de Clarín y habló de versiones “tergiversadas por los medios”. Elsa Schvartzman, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall y Miranda González Martín fueron las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que asistieron. Dejaron en claro que la obligación de la CGT debería ser posicionarse en favor de la aprobación del proyecto, que ya tiene media sanción, por tratarse de un derecho al acceso a la salud de las trabajadoras.

Además del pañuelazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta acción se replicó en Rosario, Salta, Río Negro y Córdoba.

Trabajadoras afiliadas a distintos gremios de la CTA Autónoma lanzaron una campaña para exigir la prórroga del día de las elecciones en la Central y un paro nacional para movilizar el 8 de agosto al Congreso Nacional por la aprobación de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Impulsan un petitorio dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma y llaman a replicarlo nacionalmente en toda la Central.

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A pesar de las supuestas propuestas gubernamentales, la inflación no se detiene mientras la economía se derrumba en un contexto de caída y perdida de salarios.

Según el gobierno, hacia octubre la economía crecería un 4%. La inversión arriba del 8%. Y también lo haría el consumo. El repunte de la economía sería calculado contra el tercer trimestre del año pasado (caída del 3,7%). La inversión sobre un retroceso del 8,2%. Y el consumo de bajar 2,9% (representa más de 2/3 del PBI).

Simplemente se estaría remontando la pérdida del 2016. Y flaca en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria, donde en mayo hubo 1.900 puestos menos que en abril.

El índice de precios se ubicaría en el 21% anual, por encima de la banda de entre el 12 al 17% soñada por Sturzenegger. El acumulado semestral ya llegó a 11,8%. Consultores privados estiman más de 2% para julio. Según Standard & Poors “la meta de inflación es inalcanzable”.

Entre enero y marzo, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, los alquileres aumentaron entre 36.8% y 28,4%. Los que alquilan una casa o departamento en la Ciudad destinan, en promedio, entre el 35 y 45% de sus ingresos a pagar solo el alquiler mensual. Con otros gastos, como expensas y servicios, puede absorber más de la mitad de los sueldos o ingresos. Al respecto, las expensas aumentaron más del 40%. Según la Asociación de Administradores de Consorcios, el total de consorcistas morosos alcanza a 600 mil.

Los taxis subieron un 19,5%, pero el GNC que los hace funcionar 100 % en los últimos doce meses.

Se prevén nuevos aumentos para la luz en noviembre y febrero próximos. Para el gas en noviembre y abril. Falta añadir colectivos y combustibles. El gobierno analiza un boleto de colectivos a $ 11, un 73% de incremento.

La “reparación histórica” prometida a los jubilados solo llega al 40% de la clase pasiva con un incremento promedio del 24%, muy por debajo de lo prometido. En el transcurso del corriente año se iniciaron 12.000 nuevas causas por reajustes.

Los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron hasta un 236% en los últimos dos años. El aumento promedio fue de 98,9%.

En la “era Macri”, entre enero de 2016 y junio de este año, las compras de minoristas y mayoristas para atesoramiento alcanzaron los U$S 26.000 millones. Mientras que para hacer turismo en el exterior se fueron 14.415 millones. Solo por esas dos vías salieron U$S 40.000 millones, una cifra equivalente hoy a la totalidad de las reservas del Banco Central. De allí que crezca el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre en un 40% interanual alcanzando los U$S 6.800 millones, el mayor de los últimos años. El incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (26%), al igual que los automóviles, mientras que los bienes de capital e intermedios lo hizo en un 6,5% interanual.

Según Federico Braun, dueño y presidente de la cadena de supermercados La Anónima, tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, “es el peor primer trimestre desde 2002 y el próximo será seguramente peor”.

Por eso no llama la atención que la confianza en el gobierno declinó entre mayo y junio un 10%, según datos de la consultora Isonomía.

Rompiendo la piñata

El Banco Provincia descontó un 50 % en los supermercados para quienes tuvieran su tarjeta. El resultado fueron colas de varias cuadras y una multiplicación de las ventas por diez. Lo repetirán después de las PASO. Macri no quiere que antes de las elecciones primarias se vea una situación que se “parezca a Venezuela”.

Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiarios de la AUH y de distinto tipo de pensiones que no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.

El proyecto es para movilizar unos $ 50.000 millones en forma de mini créditos. De 3.000 a 5.000 pesos por hijo, que se pueden multiplicar de acuerdo a la cantidad de planes que tenga cada familia. El Gobierno prevé que el dinero se devuelva descontándolo en 12 o 24 cuotas del ingreso mensual. La tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.

El financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial. El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que no es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos fijos recibe mensualmente menos de $ 10.000.

Desmantelamiento científico

Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias. La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de Jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. El convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6.000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada.

Información periodística del pasado sábado dio a conocer que el Conicet ocupa el puesto 158 entre más de 5.000 instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo, para el período 2011-15. El segundo lugar entre las argentinas es para la Universidad de Buenos Aires en el puesto 425 del ranking y la segunda mejor institución universitaria de América Latina, solo superada por la Universidad de San Pablo (Brasil). Pero entre los organismos gubernamentales de Latinoamérica, el Conicet se ubicó primero.

El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que lidera Carlos De Feo, aprobó un documento crítico elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), sobre el anunciado “Plan Maestro” de la gestión Macri que amenaza con implementarse en la educación superior.

Los docentes señalan que “el Plan declara que se propone mejorar la tasa de ‘retención’ (sic) y graduación de los estudiantes universitarios, así como la ‘calidad’ de la enseñanza, sin hacer ninguna referencia a las condiciones del trabajo docente. No hay ninguna preocupación por los salarios, la estructura de dedicaciones, la regularización de las plantas, ni la implementación de las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituyen las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza jerarquizando la tarea docente”.

Asimismo, definió la aceptación de la propuesta salarial del gobierno y la continuidad del plan de lucha en Defensa de la Universidad Pública.

Sin embargo, la otra Federación que agrupa a los docentes universitarios, Conadu Histórica, rechazó el acuerdo paritario por considerarlo insuficiente ya que la propuesta deja por fuera de la garantía salarial a las y los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Por otro lado, el porcentaje de aumento dista mucho del 35% reclamado. Por tal motivo, la Conadu (H) ha resuelto continuar el plan de lucha durante el segundo semestre por los reclamos paritarios y contra la reforma universitaria.

Para finalizar con el ataque a CyT, el presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

Reclamos de los movimientos sociales

La CTEP, Barrios de Pie y la CCC le reclamaron a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que se cumpla con la Ley de Emergencia Social, de la cual sólo se ejecutó un 30%, y se sancione una Ley de Emergencia Alimentaria.

Las organizaciones que integran la CTEP se movilizaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano y continuaron con la recolección de firmas para impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria, “una situación que hay que tratar de forma urgente”, insistió el coordinador nacional de Barrios de Pie, que semanas atrás lanzó la iniciativa, luego de realizar un relevamiento en los comedores populares, que arrojó que el 43 % de los chicos sufrían malnutrición. También minimizó uno de los logros mostrados por la gestión de María Eugenia Vidal sobre la mejora en los fondos para los comedores escolares e indicó que “el aumento del presupuesto fue de 8 a 16 pesos por chico. Está muy lejos de lo que se necesita para alimentar de manera digna a los pibes”.

El reclamo por ambas iniciativas continuará el próximo 7 de agosto, cuando la CTEP tiene programado repetir la masiva movilización del año pasado desde la Iglesia de San Cayetano. Las organizaciones marcharán desde Liniers hasta el Congreso, donde entregarán un millón de firmas a favor de la Ley de Emergencia Alimentaria y luego finalizarán en la Plaza de Mayo.

El jueves también instalaron ollas populares y campaña de firmas por la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria frente al Obelisco y a las principales cadenas de supermercados del país, el Frente Popular Darío Santillán y el FPDS (CN).

El pasado 20 de julio diferentes movimientos piqueteros realizaron una masiva protesta en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno Nacional: aumento salarial y puestos de trabajo genuinos. “No queremos planes, queremos trabajo”, fue una de las consignas.

Cuatro mil pesos es lo que cobran los trabajadores del programa “Argentina Trabaja” y del “Ellas Hacen”, quedando de esta forma por debajo de la línea de indigencia, ya que la canasta básica familiar ronda entre los 14/15.000 pesos y el salario mínimo es de $ 8.860.

La masiva concentración comenzó en Av. 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizó en Plaza de Mayo. Banderas y remeras rojas colmaron la Ciudad de Buenos Aires y se hicieron oír frente a la Casa Rosada. Ahora esperarán una respuesta del gobierno.

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Concluyó la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica. Logros, caminos por recorrer y mucha tela para cortar, desde la perspectiva de las y los Jóvenes Científicos Precarizados (JCP).

El día 23 de diciembre se cerró un primer capítulo de una lucha contra el ajuste en Ciencia y Tecnología que será de largo aliento. Luego de 5 días de toma del Ministerio de Ciencia y Técnica en Buenos Aires y de distintas medidas de lucha en otras ciudades, se firmó un acta compromiso que plantea la continuidad laboral de las y los 508 despedidos.

En el mes de febrero empezará a funcionar una Comisión de Seguimiento para garantizar el cumplimiento del acta. Este análisis se centrará en la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, pero debe destacarse que se dieron procesos de lucha en numerosas ciudades con asambleas, marchas y tomas de oficinas de CONICET regionales.

¿Cómo se llegó a esta medida de lucha histórica?

Desde la llegada del macrismo al poder y con mayor énfasis después de los masivos despidos en el Estado que tuvieron lugar el verano pasado, la comunidad científica se vio convulsionada e interpelada a organizarse y movilizarse. Basados en 11 años de trabajo de base arduo y transparente, las y los Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) fueron el principal actor a la hora de motorizar y organizar al sector en Buenos Aires y La Plata. Han habido, además, otras organizaciones en lucha participando en las instancias de movilización a lo largo del año, como ATE-CONICET y Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA).

En los meses de octubre y noviembre hubo un incremento importante de la movilización, ya que en la discusión por el Presupuesto Nacional se planteó un brutal ajuste en el sector científico. Gracias a las distintas movilizaciones se logró revertir parte del recorte, aunque de todos modos se terminó ajustando más del 30% del presupuesto en CyT, con el voto favorable de la mayoría de los bloques.

Hacia mediados de diciembre, se manifestó la primera consecuencia del ajuste al sector: en los resultados de ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC, planta permanente para investigadores/as), cerca de 500 personas con dictamen favorable para ingresar no lo harían por falta de presupuesto. Tratándose de personas que llevaban 7 años de trabajo precario en el organismo, esto no puede ser leído de otra forma que como despidos. A partir de esta novedad, se realizaron distintas medidas de lucha, siendo la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT) la de mayor fuerza y repercusión.

La toma del CONICET y del MinCyT

El 14 de diciembre se produjo la primer medida de fuerza del sector. Desde JCP se convocó a la mañana a un corte en Av. Santa Fe y Godoy Cruz, que luego se movilizó al CONICET y terminó con la toma del hall del edificio y de los pisos 8 a 11. A partir de esto se obtuvo una reunión con el Directorio, que se negó a otorgar más ingresos, pero se comprometió a sacar un comunicado pidiendo más presupuesto para que pudiera haber un mayor número de ingresos. Si bien esta actitud del Directorio fue insuficiente para quienes se movilizaron, marcó el método que se daría después en el MinCyT. Ese mismo día, las demás organizaciones del sector llamaron a una radio abierta a las 16hs al CONICET y no se sumaron a la acción convocada por JCP, ya que no querían enfrentarse al directorio (donde hay miembros que forman parte de sus organizaciones). Para buena parte de los asistentes, la medida fue solamente testimonial.

El 19 de diciembre se convocó en forma unitaria al MinCyT. Luego de esperar 2 horas una respuesta del ministro de cara a recibir a las organizaciones del sector, las y los manifestantes ingresaron al edificio y ocuparon el hall. Minutos después una delegación fue recibida por Lino Barañao, quien no dio ninguna respuesta a los reclamos acercados. Posteriormente en asamblea se votó permanecer realizando una toma pacífica que terminó luego de 5 días.

Actores presentes en la toma

Cabe señalar que, si bien la toma arrancó el lunes, muchas organizaciones se acercaron a la misma solo a partir del miércoles a la mañana. La única organización gremial que sostuvo la toma desde un principio fue JCP. Esto también marcó el hecho de que a lo largo del conflicto JCP haya sido la organización de mayor peso y la encargada de garantizar tanto las tareas de la toma, como su lógica asamblearia, sometiendo cada día a votación los pasos a seguir durante el conflicto.

Por otro lado, en la mesa de negociación también participaron ATE-CONICET, CyUA, Ciencia y Técnica Argentina (CYTA), Becarios Empoderados y Conadu. Las autoridades buscaron excluir a JCP de la misma e incluir a UPCN (ausente en toda medida de lucha), pero esta maniobra no fue posible gracias al rechazo unánime de la asamblea. Todas las organizaciones presentes en la asamblea debieron someter al mandato de la misma cualquier postura que se llevase a la mesa de negociación.

Avances en la negociación

A la hora de hacer una lectura del conflicto, es importante destacar que recién al tercer día de toma, con el tema instalado en los medios y en la sociedad en general, las autoridades abrieron un canal de diálogo. En la mesa, las mismas se mostraron totalmente intransigentes a la hora de negar que los ingresos inmediatos a CONICET sea una salida posible. Sí abrieron la posibilidad de negociar una continuidad laboral en el sistema de CyT público, aunque con una propuesta en el aire, que no contemplaba a las y los 500 afectados y con plazos poco creíbles (antes del 31 de marzo).

Ante este panorama, JCP planteó la necesidad de que las y los despedidos se empezaran a organizar en una comisión para evaluar qué contra-propuesta se podía llegar a realizar. Asimismo, la asamblea rechazó por unanimidad esta propuesta inicial.

Luego de un jueves con poco diálogo con las autoridades y bastante convulsión dentro del ministerio (con rumores de renuncia de Barañao), se llegó al viernes con una reunión en la que Barañao ofreció una propuesta por escrito. Desde JCP se decidió dialogar por cerca de 2 horas con la comisión de despedidos/as (cerca de 60 personas eran las presentes en la toma). Finalmente se llegó a una contra-propuesta que se terminó aprobando en asamblea con más de 600 trabajadores y trabajadoras de CONICET votando. La misma fue aceptada por las autoridades y sus principales puntos son los siguientes:

– Incluye a las y los 508 afectados, garantizado 1 año más de beca a todos y todas (incluso a quienes no estaban hoy en CONICET); – plantea la inserción laboral con la misma estabilidad y remuneración que tendrían en CIC en organismos de CyT públicos (incluyendo a CONICET), universidades nacionales o empresas públicas o mixtas; – se crea una comisión de seguimiento entre las organizaciones, los/as afectados/as, representantes de otras provincias y autoridades, que comienza a reunirse a partir de febrero.

La cuestión federal

Un problema que se planteó en este complejo proceso que fue a su vez una escuela de militancia, fue cómo articular la toma del MinCyT con las luchas que se dieron en otras ciudades donde hubo asambleas, marchas y tomas de CCTs (oficinas de CONICET regionales). Durante los días que duró la medida de fuerza no se generaron canales orgánicos de comunicación con el resto de las asambleas de diferentes lugares del país.  Así como tampoco se previó cómo se articularía una decisión a la hora de evaluar las propuestas. Es por ello que la propuesta de retrasar la negociación 2 horas para ver qué ocurría en el resto de las asambleas, con todos los riesgos que esto implicaba, nos parecía que no iba a subsanar la falta de los canales de comunicación. Los mismos deben ser fortalecidos o, incluso, creados para generar una articulación genuina y representativa de todos los sectores.

El descontento que pudo haber generado el hecho de aprobar la contrapropuesta y levantar la toma en todo el país sólo con los votos de Capital Federal debe ser el motor para que la responsabilidad asumida por  todas las partes de generar una articulación orgánica se concrete. Con este objetivo el jueves 29/12 hubo un encuentro en Córdoba con representantes de muchas ciudades, y el 4/2/17 está planteado un plenario nacional en el mismo MinCyT.

La lucha seguirá todo el 2017 y debe encontrarnos unidos y unidas para seguir arrancándole triunfos al macrismo en esta larga pelea contra el ajuste en Ciencia y Técnica. Este conflicto demostró que sólo a fuerza de movilización, organización asamblearia y medidas de fuerza las autoridades escucharán nuestros reclamos.

*Militante de Jóvenes Científicos Precarizados y Colectivo Desde el Pie en COB La Brecha.

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Repasamos el panorama sindical en estos últimos días del año. Precarización, despidos y crisis económica, el cóctel explosivo.

Según una encuesta de Management & Fit realizada para Clarín, el 43,1 % considera que la gestión de Mauricio Macri fue negativa o muy negativa, mientras que el 25,9 % la encontró positiva o muy positiva. Por otra parte, más de la mitad (51,6 %) cree que el Presidente no está cumpliendo sus promesas de campaña.

Tampoco la revista británica The Economist lo ve bien. El semanario sostuvo que “la economía sigue enfermiza”, con una “caída del 1,8%” del PBI según el FMI, una baja “8% de la producción industrial” en octubre, un derrumbe de la construcción del 19% y con “1 de cada 12 argentinos sin trabajo”.

“Macri espera que sus oponentes encuentren más difícil de obstruir sus propuestas una vez que la reactivación de la economía demuestre que sus medidas funcionan. El Gobierno aspira a un crecimiento del 3,5% en 2017 con la ayuda de las exportaciones agrícolas y con el fin de la recesión brasileña, el mayor socio comercial de la Argentina”, cierra The Economist. Y añade: “Pero ninguna de estas opciones se ve asegurada. La recuperación de Brasil ha decepcionado. Y las exportaciones se verán afectadas a medida que más países se vuelvan proteccionistas. El segundo año de Macri lo pondrá aún más a prueba que el primero”.

Pero los riesgos para países como Argentina no vienen solo de países como EE. UU. sino también de China.

En una conferencia organizada el pasado 14 de diciembre por la Universidad Di Tella, el Banco Ciudad y el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF), Carmen Reinhart, de la Universidad de Harvard, advirtió que en China hay sobreinversión y problemas de repago de la deuda interna más sobrevaluación de la moneda desde 2008, lo que hace que los propios chinos busquen salirse del yuan.

En la misma reunión Guillermo Calvo fue más terminante: “China no está lejos de una crisis de balanza de pagos”.

“Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes” (Juan D. Perón)

El viernes Mauricio Macri recibió en Olivos a los sindicalistas, para “agradecer por Ganancias”, afirmaron fuentes oficiales. Allí les pidió que tomen un rol central, “tienen que ser un ancla de responsabilidad”, dijo el Presidente a la cúpula de la central obrera.

Estuvieron presentes Schmid, Daer y Acuña, de la conducción de la central obrera. Y también Caló (UOM), Martínez (UOCRA), Rodríguez (UPCN), Cavalieri (Comercio), Maturano (La Fraternidad), Fernández (UTA) y Lingieri (Obras Sanitarias).

Los sindicalistas le recordaron al Presidente que ellos habían evitado todo el año hacer un paro general, pese a la presión de las bases.

El consenso entre los tributaristas es que la nueva versión de Ganancias es muy parecida a la que envió el Gobierno al Congreso y que había concitado el rechazo generalizado de la oposición parlamentaria.

Mientras que en su proyecto inicial el Gobierno aseguró que dejaría de percibir unos 27.000 millones de pesos anuales, el finalmente aprobado presenta un incremento “que no es significativo”, en palabras del Ministro de Producción, Francisco Cabrera, ya que será de $ 35.000 millones. Esa cantidad será menor cuando se apliquen las alícuotas sobre los salarios de 2017. Si los acuerdos paritarios superan el 23% de incremento del MNI, los asalariados que ahora pagan el impuesto volverán a hacerlo, con el agregado de que podrían pasar rápidamente de los niveles más bajos de las alícuotas a los más elevados.

El Impuesto a las Ganancias que pesa sobre trabajadores, jubilados y autónomos no había sido actualizado desde 1999. Hasta el presente la inflación ascendió a 1.970 %. El actual Mínimo no imponible (MNI) de un soltero fue ajustado un 976 % y el de un casado con dos hijos, un 1.077 %. Hoy el MNI para un soltero debería rondar los $ 36.000 mensuales netos (o $ 43.000 brutos) y para un casado con dos hijos $ 45.000 netos o 54.200 brutos.

Según el experto Andrés Mir, investigador del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), “los contribuyentes que ya pagaban el impuesto van a verse perjudicados, es decir, la reducción va a ser menor con este proyecto que con el inicial del gobierno, porque los ajustes de los tramos de escala son más moderados que en el proyecto oficial”.

Sin embargo, el Presupuesto 2017 incluye $ 314.000 millones en exenciones impositivas destinadas a las distintas actividades económicas. A eso hay que sumar la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras. La reforma de Ganancias sanciona que los asalariados contribuyan con más de $ 100.000 millones, según cálculos del Ministro Rogelio Frigerio, pero no incluyó la vuelta de las retenciones mineras ni generó nuevos impuestos a la especulación financiera.

Sobre llovido, mojado. Decenas de miles de maestras y profesores de la provincia de Buenos Aires sufrieron fuertes descuentos en el cobro del medio aguinaldo ya que la gobernadora María Eugenia Vidal hizo caso omiso a la decisión del gobierno nacional de que el medio aguinaldo de diciembre no pagará impuesto a la 4ª categoría y lo descontó.

Este ataque a los docentes bonaerenses se da pocos días después de que la gobernadora, quien se negó a reabrir las paritarias docentes desde hace 5 meses, le dio un bono de fin de año a la Policía bonaerense de 2.500 pesos. El plus de fin de año se suma al aumento en el sueldo de los policías durante 2016 de 39%, que llevó el salario de un Oficial Sub ayudante a 21.997 pesos y el de un Oficial ingresante a 16.330 pesos, cuando un maestro de grado cobra $ 9.800.

Aunque Baradel y el SUTEBA se limitaron a enviar una carta documento el 16 de diciembre exigiendo el inmediato reintegro del descuento por ganancias en el aguinaldo, ratificaron que “si Vidal no reabre paritarias no se iniciarán las clases en 2017” y consideró que la gobernadora no cumple con el acuerdo de adecuar los salarios a la inflación.

Conicet: prorrogaron por un año las becas de 489 científicos y levantaron la toma en CyT

Tras 5 días de toma del Polo Científico, el conflicto en el Conicet llegó a una solución luego de que el Gobierno Nacional propusiera extender las becas hasta el 31 de diciembre del 2017.

La propuesta fue debatida el viernes durante 3 horas por una asamblea de investigadores, estudiantes y docentes, quienes desde el lunes 19 mantenían tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en repudio al recorte del 60% de los ingresantes al Conicet.

Los ejes de la iniciativa oficial habían sido presentados por el Ministro Lino Barañao en una reunión con representantes gremiales, el viernes por la tarde. Antes de esa reunión, las organizaciones habían anticipado en rueda de prensa que estaban dispuestas a “pasar la Navidad en el Conicet” en reclamo de la incorporación de 489 becarios “recomendados” pero no “seleccionados”.

El nuevo ofrecimiento prorroga la beca a los 343 postulantes a la Carrera de Investigador Científico y Técnico (CIC) hasta el 31 de diciembre de 2017 y propone buscar qué postulantes recomendados que no fueron seleccionados se inserten en organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales y empresas privadas para tareas de investigación y desarrollo.

Para hacer un seguimiento del ingreso de los becarios a los distintos organismos y empresas se dispuso la creación de una comisión mixta integrada por un representante de ATE, uno por cada una de las agrupaciones que firmaron el acta compromiso, y delegados del Conicet y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Investigadores de varias provincias como en La Plata, Santa Fe y Córdoba, consideran que la intención macrista de desmantelar el CONICET y ajustar en Ciencia y Tecnología sigue vigente, por lo cual se opusieron al acuerdo por considerarlo insuficiente y siguen en pie de lucha.

El contexto actual da cuenta de un retroceso en la asignación presupuestaria para Ciencia y Tecnología llegando a un mínimo histórico de 0,59% del PBI nacional.

Comenzaron las renuncias en el Gabinete macrista

A la renuncia de Isela Constantini a la dirección de Aerolíneas Argentinas se sumó la del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. Su estrella comenzó a opacarse desde que comenzó a transformarse en el responsable de “la crisis de Ganancias”, luego de atravesar la negociación con los fondos buitre y el fin del cepo cambiario, al comienzo de la gestión macrista.

Se trata del funcionario con más llegada a inversores y al poder económico mundial, que deja al país con una nueva deuda estimada en U$S 60.000 millones más. De nada sirvió el éxito del blanqueo de capitales que superaría una cifra similar, incómodo por tener que reportar a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes junto a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete, son los alter egos del Presidente.

También Constanti acumulaba varios encontronazos con los mismos funcionarios. En julio, cuando Gustavo Lopetegui le ordenó que hiciera volar a los miembros de la Corte Suprema en clase ejecutiva, la ex CEO de General Motors se negó. Cuando la orden le llegó con la firma de Guillermo Dietrich, manos anónimas la compartieron con la prensa.

En mayo, había aceptado a regañadientes contratar al Hotel Esplendor, propiedad de 2 primos de Marcos Peña y Miguel Braun para alojar a los tripulantes de AA en sus escalas en El Calafate. Era un 20% más caro que el Alto Calafate de la familia Kirchner.

También se resistió al pedido de Mario Quintana para que compartiera códigos de vuelo con Avianca que acababa de comprarle Mac Air a la familia Macri.

LAN, la firma que se reparte el cabotaje local con AA, que dirigió Lopetegui entre 2009 y el año pasado, fue habilitada por el gobierno para vender pasajes de Ezeiza a Nueva York en aviones de American Airlines, que compiten con AA, y para volar hacia Lima desde Córdoba, Mendoza y Salta.

Sin embargo, la renuncia se precipita cuando Quintana y Lopetegui solo comprometieron 160 de los 400 millones de dólares que necesita AA para no verse obligada a despedir personal en 2017. La otra razón fueron las objeciones al otorgamiento de nuevas rutas a firmas “low cost”.

Los sindicatos aeronáuticos le agradecieron su gestión y le advirtieron al Ministro de Transporte que el paro del lunes 19 se repetirá todas las veces que sea necesario si el sucesor, el ex Techint Mario Dell’Acqua, transforma el gradualismo en shock.

En octubre, en un foro empresario, Constantini reconoció que en su gestión quedaron en la calle 400 personas de un total de 12.400 empleados.

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Con este título, La Nación hablaba de la situación económica en otro país, evitando referirse a la realidad nacional. Las arbitrariedades en la detención y ahora en el juicio a Milagro Sala, la represión en las calles de Jujuy, una Navidad con nuevos despidos, forman parte de un panorama que tiene como contracara el ejemplo del CONICET y la lucha histórica de becarios e investigadores.

El diario La Nación hablaba de Venezuela, pero es en Argentina donde se vive la incertidumbre de quedarte sin trabajo a días de las fiestas y la angustia de saberte despedido y sin saber cuándo, ni cómo lograrás un nuevo empleo. 650 trabajadores por día fueron los despedidos o suspendidos este año, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En este último mes resonó el caso de los 300 trabajadores despedidos de Bimbo, que se sumaron a los 100 cesantes en septiembre y que aún temen no ser indemnizados por la empresa. También cobró fuerza la pelea de los 162 trabajadores de la empresa Informática Fueguina Sociedad Anónima (IFSA), que realizaban computadoras, despedidos por el cierre de la planta, consecuencia de la quita de aranceles para los productos importados. Los reclamos de los metalúrgicos, obreros de la construcción y los petroleros, que tienen en juego miles de puestos de trabajo, completan el panorama. Lo cierto es que en el tercer trimestre del año volvieron a aumentar los despidos en el sector privado, llegando en todo 2016 a 232.286 afectados.

Presos políticos, represión jujeña y justificación

Sobre la arbitrariedad en la detención y el juicio a Milagro Sala se ha dicho y escrito mucho. El pedido de la querella de una condena equivalente a un homicidio simple por el delito de escrache llega al absurdo, sino fuera porque lo absurdo es la única ley en la provincia de Jujuy.

Lo que ha impactado en los últimos días fueron las imágenes de la represión, llevada a cabo en la puerta de los tribunales donde se pospuso la sentencia para el próximo miércoles 28. La imagen del policía tomando por el cuello a la diputada Mayra Mendoza y la justificación de la violencia por parte del ministro de justicia local, que adujo que “la diputada estaba histérica” resume el estado de brutalidad e ilegalidad de la provincia.

Al gobierno nacional parece no importarle las irregularidades, ni las ilegalidades ni los reclamos internacionales pidiendo garantías para la dirigente y diputada del Parlasur Milagro Sala. Lo cierto es que, tal como hemos dicho en esta columna, el antecedente para el conjunto de los luchadores populares, no puede ser más negativo.

Si le sumamos la criminalización de la protesta, la represión en Jachal, en el bloqueo a la Barrick, los intentos de endurecer los operativos policiales contra las movilizaciones populares y los casos de gatillo fácil que se sucedieron en la últimas semanas del año –por los cuales hoy la CORREPI, el Frente Darío Santillán, Agite Rebelión y la Corriente Juana Azurduy, entre otros, se movilizarán desde Jujuy y Carlos Calvo–, dan cuenta de la necesidad de duplicar la solidaridad y la denuncia ante la ofensiva represiva del gobierno.

CGT, gobernadores y Frente Renovador: jugando al huevo podrido

El gobierno demostró tener pulso, aún con errores, para sostener la relación con tres actores que podrían haber sido mucho más incómodos y que, aún cuando lo importunaron, fueron centrales para su gobernabilidad.

El brindis de fin de año en Olivos con los popes de la CGT unificada, (que alzan sus copas por los millones recibidos para las obras sociales, obviando los cientos de miles de despidos del primer año PRO) fue un punto a favor de Macri. El diálogo con la CGT y la billetera lograron que no haya paro en el primer año de un gobierno no peronista, a pesar del aumento de la pobreza, los despidos y el brutal ajuste. Hoy Macri buscará que esa alianza le permita cerrar unas paritarias por debajo del 20 por ciento en 2017.

Con los “gobernadores responsables”, Macri logró sacar varias leyes a lo largo del año y sancionar la nueva ley de ganancias. La mini liga encabezada por los gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey respectivamente, tiene a importantes figuras del PJ “apostando a la gobernabilidad”, con “responsabilidad” y “diálogo”. Tanto eufemismo para volver a hablar de una billetera que ayudó al macrismo a convivir con su minoría en el Congreso, pero que se complejizará en un año electoral. A los peronistas responsables se suma Pichetto, que espera proyectar un nuevo diálogo con el ejecutivo el próximo año y la política de Vidal en provincia, que finaliza el año con actos en hospitales del conurbano profundo acompañada de Duhalde, Ishii y Aldo Rico.

En esa relación con gobernadores y CGT, Macri busca aislar a Massa, ese que pudo ser su mejor aliado, a la vez que puede ser su principal opositor en debates como ganancias y en la próxima contienda electoral. Los intentos por “bajarle el precio” al Frente Renovador serán cada vez mayores, teniendo en cuenta el inicio de la campaña. A la vez, genera un escenario de interrogantes sobre cómo se interrelacionarán los factores más rancios de poder en aquello en lo que acuerdan, que es sostener el esquema que les permita sostenerse en el poder y mantener “la casa en orden”, aunque el escenario económico no acompañe.

Miserias de la economía

Algunos analistas dicen que las elecciones del próximo año se ganarán o perderán por la situación económica. Dicen, quienes critican a Macri por hacer muchas concesiones económicas, que Cambiemos no rompió con el kircherismo y hoy sostiene un “populismo cool”. Lo cierto es que las teorías económicas amarillas no se cumplen. Pasamos el segundo semestre, se iniciará el 2017 y la economía no crece, sólo lo hace la deuda del país.

Sin entrar en un análisis concienzudo de las variables económicas, lo cierto es que el escenario no es el mejor y por más “shock de obras públicas” que impulse el gobierno con rutas y calles, por más inversiones que caigan del cielo, por más baja de inflación que se logre, la realidad de las familias trabajadoras está peor que hace un año.

Los datos duros reflejan la contracción del producto bruto interno, inflación record, consumo popular bajo, desempleo y reducción del poder adquisitivo, a lo que se suma aumento de tarifas 2017, combustibles y prepagas, entre otros. Enfrentar esa realidad y modificarla en un año atravesado por lo electoral y en donde los factores de poder jugarán al huevo podrido será una tarea de primer orden para quienes luchan por mejorar sus condiciones de vida.

CONICET, lecciones de una lucha histórica

Los medios no quisieron titular así, pero lo que sucedió en el conflicto del CONICET fue que los trabajadores y trabajadoras le torcieron el brazo al gobierno. 5 días de ocupación pacífica masiva y una decisión democrática y colectiva de pasar Navidad en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, si el gobierno no modificaba su decisión de avanzar con los despidos, lograron poner en la cuerda floja al secretario Lino Barañao y una victoria por parte de investigadores y becarios.

En concreto, el acuerdo da marcha atrás con el recorte, estipula que se prolongan las becas a los investigadores hasta fines de 2017, de los 343 postulantes que caían el 31 de marzo y de los 107 becarios restantes que no habían ingresado, confirma que se “estudiará su incorporación a organismos, centros de investigación o empresas respetando los temas y lugares de trabajo propuestos, y con una remuneración equivalente” y se acuerda una “comisión mixta de seguimiento del proceso de articulación e ingreso de los postulantes”.

Uno de los puntos más discutidos en la multitudinaria asamblea fue el de la inclusión de las empresas como destino para los becarios. Esta definición del gobierno no es nueva, sino que refuerza la idea de “alianza pública privada”. Pero en este caso tuvo un rechazo categórico por parte de becarios e investigadores, que defendieron la idea de ciencia pública y no al servicio de las empresas.

La lucha histórica que llevaron adelante las y los investigadores tuvo elementos fundamentales. El primero fue la organización, la masividad, la articulación y unidad entre quienes no piensan igual pero estaban decididos y decididas a defender sus puestos de trabajo. La acción directa con la ocupación del playón del polo tecnológico, la coordinación entre las representaciones sindicales y los autoconvocados y la convicción de sostener el reclamo hasta lograr la reincorporación de todos, son un ejemplo de lucha para todo el campo popular.

El segundo, es que aún a pesar del inicial silencio de medios hegemónicos, la multiplicación de la solidaridad y de la información a través de redes sociales y medios comunitarios generaron que un sector amplio de la sociedad, alejado del ámbito científico o vinculado al conflicto, se enterara y manifestara su opinión.

En tercer lugar, el gobierno nacional puso en debate el rol de la ciencia y la investigación en nuestro país. Los intentos por desprestigiar los trabajos del CONICET o las mismas palabras de Lino Barañao, quien aseguró que “un país que tiene un treinta por ciento de pobres, no puede gastar en desarrollo científico” generó un rechazo transversal a toda la sociedad y un apoyo al conflicto de los becarios e investigadores que superó a la comunidad científica, de la investigación y de la militancia.

El logro fue fruto de una lucha histórica de sus protagonistas. También como ellos dijeron, una escuela de lucha que seguirá el año próximo. Ojalá sea un aprendizaje para todo el campo popular.

*Militante del Frente Popular Darío Santillán

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