Por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink | Fotos: Lizbeth Hernández, Mariano Dalaison y Pepe Mateos

En cada crisis, en cada represión, en cada escenario de injusticia, la pregunta es la misma: ¿quiénes nos cuidan? Y, al mismo tiempo, ¿quiénes son los que ejercen la violencia?

Nos quieren hacer creer que la violencia está del lado de quienes protestan, de quienes cortan una calle, de quienes cubren sus rostros, de quienes llevan una bandera de su club. Pero los hechos muestran otra cosa: la violencia es estatal. El cuidado es popular.

El miércoles, en la Plaza Congreso, lo vimos con brutal claridad. La represión feroz desatada contra jubiladas y jubilados que se movilizan contra el ajuste se convirtió en una cacería indiscriminada. Pero no estaban solos ni solas. Hinchas de distintos clubes de fútbol llegaron para sostener la lucha, para gritar junto a ellas y ellos que una jubilación de 290 mil no alcanza para vivir. Antes de que la marcha pudiera siquiera consolidarse, la policía arremetió con gases, palos y balas de goma.

En medio de ese humo, en medio de la brutalidad, hubo quienes se quedaron, quienes pusieron el cuerpo para resistir y cuidar. Son los conocidos de siempre.

Nos repiten que los encapuchados son los violentos, que los piqueteros generan caos, que las hinchadas son el problema. Pero quienes estaban reprimiendo no eran ellos. Eran las fuerzas federales que responden al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. Eran las mismas que en cada movilización cargan contra el pueblo, las mismas que golpearon a una mujer de 87 años y la dejaron tirada, las mismas que dejaron en coma a un fotógrafo con una granada de gas lacrimógeno.

Es urgente disputar la narrativa. Porque la violencia no está de este lado. Porque quienes cuidan son les que ponen el cuerpo.

Genealogía del cuidado: de Fuentealba a Darío y Maxi

Pablo Grillo hoy podría estar muerto, aunque su pronóstico continúa incierto. Le dispararon una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, como a Carlos Fuentealba en 2007. Pero sobrevivió porque alguien corrió a auxiliarlo en los primeros segundos. Un encapuchado lo sacó de la línea de fuego, lo estabilizó, sostuvo su cabeza y acompañó hasta que pudiera recibir atención médica en el hospital Ramos Mejía.

Lo registró Pepe Mateos, el mismo fotógrafo que en 2002 capturó la imagen de Darío Santillán quedándose junto a Maximiliano Kosteki, en plena masacre de Avellaneda. La policía los cazaba; Darío no huyó. Se quedó para intentar salvar a Maxi y lo mataron por eso.

Sus manos intentando parar las balas son íconos de toda una generación militante.

Nos repiten que los encapuchados son violentos, pero en los momentos críticos son quienes ponen el cuerpo. Nos dijeron por más de tres décadas que los movimientos piqueteros eran el problema, cuando fueron y son quienes organizan la resistencia contra el hambre y la miseria. Nos quieren convencer de que las hinchadas son el enemigo, cuando son quienes estuvieron ahí el miércoles, defendiendo a las y los jubilados, enfrentando la represión.

La policía dispara. La calle cuida.

Así en la plaza como en el tablón

Imaginemos que María Elena Walsh nos susurra al oído una canción: “Vamos a ver cómo es el reino del revés”, mientras volvemos a ver, en un loop obsesivo, las imágenes de la represión de ayer. Ahora dejemos de imaginar, porque ya estamos ahí.

La jornada de protesta prometía ser masiva. La convocatoria de hinchas, que comenzó con Chacarita el miércoles pasado, creció con fuerza. La presencia de distintos clubes anunciaba una foto histórica: hinchas de equipos rivales, juntos, defendiendo a las jubiladas y los jubilados. Pero el gobierno decidió que esa imagen no debía existir. Como tantas veces en la historia, el operativo represivo fue preventivo: romper, pegar y dispersar antes de que la protesta se consolidara.

Con la tragedia de Bahía Blanca aún resonando y la solidaridad de todo el país volcada en las calles, se hubiera pensado que el gobierno evitaría otro escándalo generado motu proprio. Pero adictos a la atención eligieron la represión. Y, con la complicidad de las empresas de comunicación, instalaron un escenario de combate contra un enemigo fabricado: “los barrabravas”.

Argentina es un país donde el fútbol mueve multitudes, donde las hinchadas son comunidades enteras. Es cierto que las barras bravas se vinculan con los poderes políticos y policiales, que controlan negocios turbios y que, incluso, han sido infiltradas por el narcotráfico. Pero la hincha y el hincha son otra cosa.

Y de eso se pobló la plaza y las inmediaciones del Congreso ayer: de amor a la camiseta, de deseo de comunidad y de tolerancia. Pero también de quienes saben, desde siempre, lo que es la represión. Porque la violencia policial en el fútbol no es nueva. Desde la “maldita policía” de los 90, que armaba cordones montados para bastonear al azar, hasta el asesinato de hinchas en las tribunas mientras inventaban junto a sus socios políticos un enfrentamiento entre equipos.

Hoy, con el público visitante prohibido, la represión sigue en los estadios, contra hinchas y familias que solo quieren ver un partido. Por eso, ¿cómo no iban a estar en la plaza defendiendo a las jubiladas y jubilados si conocen en carne propia la violencia policial?

Las genealogías de resistencia y solidaridad se entretejieron ayer. Cantaron y se abrazaron más allá de sus camisetas solo un rato. Hasta que todo fue humo, gas pimienta y cacería despiadada.

¿Y si las capuchas fueran feministas?

Las capuchas tienen una historia. Nos quieren hacer creer que son sinónimo de delito, de caos, de peligro. Pero, en realidad, son símbolo de resistencia y protección.

Encapuchadas fueron las que resistieron al terrorismo de Estado, en la clandestinidad, en las brigadas internacionalistas. Encapuchadas fueron las trabajadoras que tuvieron que ocultarse para no ser despedidas por sus ideas políticas. Encapuchadas fueron las Madres y Abuelas que se cubrían para seguir buscando a sus hijxs sin ser identificadas.

Encapuchadas son las que sostienen los cordones de autocuidado en las marchas feministas, las que organizan la seguridad en las manifestaciones, las que enfrentan la represión protegiendo a otras. Las que trascienden fronteras.

Nos dicen que la capucha es violencia, pero el miércoles, como tantas veces, la capucha fue cuidado.

Lo que pasó en la Plaza Congreso no fue un hecho aislado. Es parte de una historia más grande, de una disputa por el sentido de la violencia y el sentido del cuidado. Quedó claro: quienes luchan son quienes sostienen la vida.

Que en este país, la policía nos mata y la calle nos salva.

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Por Redacción Marcha | Foto de de Juan Noy y Rolando Andrade

En un domingo soleado y con un público reducido que acompañó frente a las puertas del Congreso, soportando el intenso calor, el Presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias escoltado por la Vicepresidenta, Cristina Fernández, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Con un discurso plagado de vueltas retóricas y frases que ya desplegó a lo largo de sus primeros meses de gestión, Fernández inició describiendo el estado lamentable de la economía heredada de 4 años de macrismo: inflación récord de 54%, desempleo que roza los dos dígitos y tarifas impagables, por nombrar solo algunas.

Hizo especial hincapié, a lo largo de todo el discurso, en la importancia de recuperar el valor de la palabra y en la necesidad de la solidaridad y la política. A casi tres meses de gobierno, el Presidente enumeró las primeras medidas en materia económica (que apelan a la solidaridad de lxs trabajadorxs) con incrementos de salarios y jubilaciones por decreto, bonos de emergencia, doble indemnización hasta junio, rebajas en medicamentos, suspensión de los aumentos de tarifas. También se refirió al Plan Argentina contra el Hambre, que fue una de las propuestas de campaña que se puso en marcha como “una cadena virtuosa, que acerque a productores y consumidores en comercios de proximidad, para que la inyección de más de 70 mil millones de pesos anuales (más de 1.000 millones de dólares) que representa la tarjeta AlimentAR quede en los pueblos de nuestra Patria”.

Mientras el presidente propuso un Nunca Más al endeudamiento y que se revise el origen de la deuda, reconoció que están avanzando en las negociaciones con el FMI y los acreedores privados. Agradeció al Papa y a los y las mandatarias de los países centrales que le dieron respaldo a la renegociación de la deuda y afirmó que “no vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas. Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria”.

Entre las leyes que se impulsarán se encuentran las referidas a las de extractivismo en minería e hidrocarburos como propuesta de desarrollo para las regiones. También destacó el impulso a una ley de economía de conocimiento para sectores intensivos en conocimiento, como software, biotecnología y robótica, en consonancia con el reimpulso al CONICET y a las políticas de fomento a la investigación.

Un sector que esperaba en tensión los anuncios legislativos fue el sector de productores agropecuarios. Sobre la Ruta 9, a la altura de San Pedro, un grupo de productores se manifestó en actitud amenazante frente a la probabilidad de que fueran afectados sus ingresos. El Presidente, luego de enumerar algunas políticas para favorecer al sector, y con mucho cuidado, expresó: “hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos”, haciendo hincapié en que se preservan las condiciones para los pequeños productores.

Entre los anuncios sorprendentes quizás se puede mencionar la Ley de “Capitales Alternas de la República Argentina” que busca promover la descentralización administrativa y la equidad territorial. Sin embargo, no se mencionó la palabra federalismo, consagrada por nuestra Constitución.

También en materia de seguridad interior se hicieron anuncios, al decretar la intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y derogar el secreto de los gastos reservados para tales fines, además de sumar a la Sindicatura General de la Nación para el control de la administración de la Agencia.

Entre los anuncios más importantes quizás se pueda destacar que se promueve la desclasificación de los archivos de los testimonios de los agentes de inteligencia vinculados al caso AMIA y la presentación, en 10 días, de un proyecto de ley para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

¿#AbortoLegal2020?

El anuncio recibió el aplauso de pie en una sala legislativa repleta de pañuelos de la libertad. En su primer discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que en los próximos 10 días enviará al Congreso un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, según afirmó. Aunque todavía el activismo feminista no conoce los detalles de la iniciativa que enviará el Poder Ejecutivo, lo anunciado por Fernández tendría como objetivo la legalización de la práctica, al igual que el proyecto que obtuvo sanción de la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2018, que la permitía hasta la semana 14 de gestación inclusive, reconocida como derecho en el sistema de salud.

“La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente, demostrando que el devenir social sucede más allá de las normas. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida”, agregó Fernández.

Es la primera vez en la historia de un país (y una región) presidencialistas que un titular del Poder Ejecutivo asume la responsabilidad institucional, la voluntad política y el desafío histórico de despenalizar y legalizar el aborto. De reconocer un derecho que no está en discusión, de saldar una deuda de la democracia con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Sin dudas, se debe a los 15 años de lucha de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que saludó las palabras de Fernández y exigió, de cara a un nuevo debate, que este texto retome los derechos fundamentales que su proyecto de ley pretende garantizar. “Nuestro Proyecto es un proyecto de vida”, afirmaron durante toda la mañana desde las redes sociales. Hace dos años, el activismo por el derecho a decidir reclamaba políticamente el debate. Con este anuncio, lo que se encuentra en disputa es el texto de una Ley que podrá ser producto de un Estado que decidió proponer como política pública el mayor consenso del movimiento feminista.

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Hoy y mañana la docencia realizará dos Jornadas de Paro y Movilización, en reclamo por el respeto a la paritaria nacional y por el avance de las reformas contempladas en el Plan Maestro, que tienen como objetivo la precarización educativa y laboral.

Las centrales docentes movilizarán de Congreso a Palacio Pizzurno en el marco del paro de 48hs convocado por CTERA a nivel nacional. En la C.A.B.A., Ademys, sindicato docente que se encuentra por fuera de CTERA, adhiere a la medida. El punto central está en la derogación del decreto 52/2018 que desconoce la paritaria Nacional Docente, contemplada por la ley de Financiamiento Educativo de 2016, y que fija el salario docente en un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. La concentración será a partir de las 11:00hs en el Congreso. El plan de lucha para esta semana cierra con la convocatoria al paro de mujeres del 8M.

La oferta salarial del gobierno pretende imponerse en 15% en GBA y en 12% en C.A.B.A. Inaceptable teniendo en cuenta que el cierre inflacionario del año pasado fue del 24,8%. La eliminación de la paritaria nacional por decreto es uno de los agravantes a esta situación que impide establecer un mínimo de aumento salarial a nivel nacional, lo que deja a los sindicatos provinciales en situación de fragilidad. Ejemplo de esto es el cierre de la paritaria en Misiones en el 5%.

Pese a los planteos del gobierno de Cambiemos, los reclamos no se reducen a la oferta salarial sino que abarcan el freno a las reformas contempladas en el Plan Maestro que tienden a la precarización laboral y educativa, así como al abandono de la infraestructura escolar y al cuestionamiento de la creciente subvención a la escuela privada.

Mientras Vidal acusa a lxs docentes de tomar como rehenes a lxs pibxs, es necesario plantear la situación educativa y mostrar que es el gobierno quién secuestra al sistema educativo público con el fin de acentuar su crisis.

Previo a que las negociaciones comiencen, parceladas por jurisdicción, ya que la paritaria Nacional docente fue esquivada por decreto, el gobierno empezó su campaña para responsabilizar a la docencia de las dificultades del sistema educativo. Desde la propuesta de “antidopping” a quienes trabajamos en la educación, hasta las campañas mediáticas para plantear que se trabajan con pocos pibxs por curso (como circuló recientemente en el diario La Nación). Lo que no se dice, es que el sistema educativo argentino arrastra 30 años de reformas que van acorralando nuestras escuelas.

En este sentido, en junio del año pasado el gobierno presentó el proyecto de ley denominado “Plan Maestro”, en el que se plantean reformas en los niveles inicial, primario, secundario y terciario. Los avances en la concreción de este plan los hemos vivido a lo largo del año pasado con la denominada “Secundaria del Futuro” y el anuncio del proyecto de ley para fundar la Unicaba. La primera pretende imponer un perfil de estudiantes preparado “para la incertidumbre”, a decir de Esteban Bullrich, ex-ministro de educación de la Nación. donde se priorizan las demandas del mercado por sobre el desarrollo del pensamiento crítico. A su vez, esta profundización de la NES (Nueva Escuela Secundaria) avanza sobre las condiciones laborales de la docencia, ya que desplaza a lxs educadorxs de un rol central y sufren la precarización salarial mediante la incorporación de horas con menor valor al de la hora cátedra.

En sintonía, con el proyecto de la Unicaba el gobierno de la ciudad pretende eliminar los 29 institutos de formación superior, lo que implicaría que 5000 docentes se queden sin trabajo. Pero eso no es todo. Los planes de estudio en esta Universidad serán elaborados por un rectorado dispuesto por el Poder Ejecutivo, lo que implica la destrucción de la libertad de cátedra y la imposición de un pensamiento único que tiene como objetivo impulsar la meritocracia, el individualismo y la lógica de mercado. Vale aclarar que las políticas educativas plasmadas en el Plan Maestro son correlato de los lineamientos de la Ley Nacional de Educación de 2006 y de las resoluciones del Consejo Federal de Educación de 2009.

Cuando se habla de pibxs sin clase, el gobierno omite hablar de lxs 15.000 pibxs sin vacante en la escuela pública sólo en la C.A.B.A., lo que nos lleva a pensar en una realidad nacional aún peor. La respuesta tácita del gobierno a esta realidad es que se anoten en la escuela privada, sobre la cual el presupuesto destinado a subsidiarla es cada vez mayor, pero que deja afuera de la escolaridad a los sectores con menos recursos.

El conflicto en educación es una lucha que no es de la docencia únicamente, sino que atañe a toda la comunidad educativa. Se trata de enfrentar un modelo educativo que empalma con la reforma laboral, que necesita de subjetividades acríticas y conformes con la precariedad de vida.

Es necesario que esta pelea sea de largo aliento, con un plan de lucha para ganar. Pero esto sólo puede darse interpelando a toda la comunidad educativa, no sólo centrándose en las cuestiones salariales sino elaborando una política que ponga en tela de juicio el proyecto educativo de Cambiemos.

*Delegado de Ademys

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Hace días circula insistentemente en espacios de izquierda y progresistas la idea de la “distracción de agenda” operada por el gobierno a propósito del debate sobre la ley de despenalización del aborto. Me parece una visión equivocada. El debate llega al Congreso a fuerza de años de masivas movilizaciones e intervenciones del movimiento de mujeres que lograron instalar el tema, coronando como lo más adelantado del impulso del Ni Una Menos.

Pretender que el debate se da por la inteligencia maquiavélica del gobierno para ¿dividir? a las bases y dejar de discutir temas de agenda como la reforma previsional o laboral y no por la militancia y presión constantes en torno a esta reivindicación fundamental, equivale a pensar la acción de las personas/sujetos como pasiva frente a las estrategias (siempre omnipotentes) de quienes están en el poder. Sin menospreciar que el macrismo ve la oportunidad y hace política, entiendo que la clave está en sostener la movilización, la vitalidad y la radicalidad que arrancaron este principio de conquista, para garantizarla y convertirla en ley, porque en la calle es donde tenemos la fuerza para hacerla efectiva.

Peleamos para avanzar, para ganar, no solamente para denunciar y dar testimonio.

Tampoco me parece que se trate de un tema secundario ni de una reivindicación cultural. Es, más bien, un grave problema de salud pública sobre la base de una fuerte desigualdad, que se cobra la vida de muchas mujeres cada año, que son las que tienen menos recursos para pagarse abortos clandestinos pero un poco más seguros en clínicas que funcionan a la luz del día, arregladas con la cana y los funcionarios que se hacen los que no las ven. Todas abortamos, pero los riesgos son mayores si proyectamos variables de clase. Lo sufren más las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, las que no pueden pagar un aborto en condiciones mínimas de seguridad. Por eso todas debemos tener derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Pelear por este derecho tan postergado no alternativiza otras peleas contra el ajuste o contra el techo a las paritarias, ni le “lava la cara” al gobierno para habilitarle más tropelías. Cansan bastante esas posiciones, a decir verdad, como los palcos tan llenos de machos.

El 8M nosotras paramos.

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