Por Mario de los Santos*

Los presos del complejo carcelario “La Picota”, en Bogotá, han participado en diferentes acciones de protesta ante el riesgo de llegada del coronavirus: cacerolazos, huelgas de hambre, mensajes a la opinión pública…. Sus reivindicaciones han sido recogidas en un comunicado de cinco puntos, pero se reducen a una: ser tratados como cualquier otra persona en los tiempos del Covid 19. Piden material de protección, geles, desinfección, cuidados, atención médica, pero también una administración sensible frente a sus dificultades y temores y que, en estos momentos de crisis, acuda al diálogo para alcanzar soluciones. No olvidan que, el pasado 21 de marzo, durante las protestas en más de 24 centros carcelarios del país, que pretendían visibilizar estas mismas necesidades, fueron asesinadas 23 personas privadas de libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá y 83 fueron heridas, después de que la guardia abriera fuego aduciendo un intento de fuga.

Entre los reclusos se encuentran José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño. La historia de ambos comienza mucho antes, en Saravena, departamento de Arauca, frontera con Venezuela, en octubre del año pasado. Para entenderlos, quizás haya que remontarse muchas décadas atrás, a la época en que las tierras donde viven, una zona llamada los Llanos del Sarare, incrustada en los parajes inmensos de los hombros de Latinoamérica, eran domadas por colonos de poncho y sombrero ante el abandono absoluto del estado colombiano.

Tan solo asumiendo esta revisión histórica podemos identificar un territorio creado a sí mismo, en la frontera lejana de dos estados, Colombia y Venezuela, incapaces de atender sus necesidades por la escasa logística e interés. Un territorio al que terminaron por acudir muchas personas perseguidas por la política de Bogotá en busca de una oportunidad, pero también la oposición política y armada: primero, las guerrillas liberales en los cincuenta, después las insurgencias tanto de las FARC como del ELN. El Sarare se construyó por el esfuerzo comunal de sus habitantes. Las escuelas, los hospitales, las vías de comunicación, las empresas comunitarias de gestión de aguas y residuos, todo ello fue levantado por sus habitantes y cuando el Estado colombiano hizo presencia, pasados los años, en los setenta, debido al descubrimiento de reservas de petróleo, eligió la estrategia del miedo, y militarizó la zona para realizar la extracción del crudo, con mínimas inversiones sociales, acusando a todo y a todos de guerrilleros. En lugar de negociar con quienes habían levantado la vida, de curar viejas rencillas geográficas y políticas, decidió ocupar militarmente la zona y dejar su desarrollo socio-económico a las empresas petroleras.

Jorge Niño: Por ser líder social de la vereda Las Bancas, en Arauquita, sufro la persecución del estado y, estoy más que seguro, de las empresas petroleras. Hemos tenido unos inconvenientes con la empresa estatal petrolera Ecopetrol y con una de sus subsidiarias, la empresa Cenit, a la que cedieron el contrato de explotación. Esto se hizo para rebajar salarios a los trabajadores y dejar de pagar las regalías que Ecopetrol había firmado con las comunidades por donde pasan lo oleoductos, están los campos de extracción… Según el estado colombiano, la empresa Ecopetrol tiene que mitigar el daño social y ecológico que hace con su actividad en las comunidades, tiene que dejar unas escuelas, unos hospitales, vías, pero nada de eso se ha visto. Usted no verá un escuelita con una placa de Ecopetrol, y las vías son las peores que pueda imaginar. El petróleo de Arauca no deja un cambio para bien en nuestro departamento. Estamos en un total abandono.

Por eso hemos protestado, pero la única respuesta a nuestras demandas de esos derechos ha sido el incremento de la presión de la fuerza pública, que ya había militarizado toda la línea del oleoducto Caño Limón-Cobeñas. Hemos tenido militares buenos, regulares y malos. Muchos casos de asesinatos de compañeros campesinos. Y no lo entendemos, porque los militares llegan a nuestras casas y les damos agua, comida, sombra, pero ellos nos tratan a patadas, nos tildan de guerrilleros, y no entendemos porque los militares conviven con nosotros las veinticuatro horas y saben qué hacemos, por dónde andamos… Con las empresas petroleras llegó realmente violencia.

Esa herencia histórica recibió el Sarare, el actual departamento de Arauca. José Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño no fueron ajenos a una dialéctica de lucha y reivindicación como única forma de obtener los derechos más fundamentales.

Dentro de este marco, las detenciones arbitrarias han sido una constante en el actuar del estado colombiano frente a las reivindicaciones sociales, de tal forma que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en 2008, tras una visita al departamento de Arauca, ya anunciaba que “se observa también la práctica de las detenciones masivas y la ausencia de evidencia sólida para proceder a las capturas, particularmente cuando los únicos indicios son las acusaciones de reinsertados. El Grupo recomienda al Gobierno erradicar la práctica de las capturas masivas y de la detención preventiva administrativa…”. En esta misma línea se expresa Murillo:

José Vicente Murillo: Hay que entender que el régimen carcelario del país es obsoleto en la medida de que, por un lado, es insuficiente para atender la población carcelaria actual, pero por otro lado, la política del tratamiento del delito no busca sino meter a la gente en la cárcel por cualquier pendejada. A esto se une que el régimen judicial es supremamente lento y lo normal es que tras las detenciones, a los tres o cuatro años, la gente salga en libertad, bien por prescripción del delito o por inocencia. Sin duda, entendemos que es una forma de perseguir a los líderes sociales, que responde a la ideología del modelo económico imperante.

La construcción social en el Sarare tiene una amplia tradición. Al igual que el resto del país, los campesinos se organizan en las Juntas de Acción Comunal y cooperativas productivas. La ciudad de Saravena incluso dispone de una empresa comunitaria que gestiona los servicios públicos, incluida la recogida de basura, saneamiento y potabilización de aguas y reciclaje y compostaje de residuos sólidos. Murillo es detenido precisamente en medio de una reunión donde la comunidad campesina se encuentra elaborando un plan para la producción de fertilizantes ecológicos, mientras que Jorge es detenido en su propia finca, delante de su familia.

José Vicente Murillo: Desde hace dos años venimos en un proceso de construcción de abonos orgánicos, como respuesta y alternativa a toda la contaminación que los agrotóxicos han generado en la naturaleza y los seres humanos. Conforme a nuestro legado de defender la vida, nos hemos metido en la construcción de una planta de abono orgánico para brindar la posibilidad al campesinado de que poco a poco vaya haciendo una transición cultural en la producción agropecuaria. Tras una reunión de formación con compañeros brasileños, sentí una presencia que me seguía y al poco unas camionetas de la fuerza pública, armada con armas de asalto, me detuvo en mitad de la vía.

Jorge Niño: Estaba yo en mi finca con mi familia, mi mujer, mis hijos, un cuñado con tres hijos pequeños, un obrero y un maestro de construcción, y cuando se aproximó el helicóptero, ahí sí tengo que reconocer que tuve miedo, y no pensé en otra cosa que correr, porque a mí ya me habían amenazado de que me iban a capturar porque le exigía a Ecopetrol. Llegué a correr unos cien metros y desde el helicóptero me tiraron varios tiros, y ahí me paré porque, de repente, me percaté de que yo no debía nada a nadie. Yo no llevaba otro arma que la tijera de podar. Ellos me tiraron al suelo, me dieron patadas, me dijeron que era un perro, que mejor me hubieran matado, y yo les dije que bien, que si me matan, solo hubieran matado un campesino más.

El asesinato de representantes sociales en Colombia es una constante en la política del país. Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP hasta el año 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 800 representantes sociales han sido asesinados en Colombia. Por ello apenas se han realizado 22 condenas efectivas. En los tres primeros meses de este año, 91 representantes sociales y personas desmovilizadas en el proceso de paz fueron asesinados.

Uno de los casos más macabros de la historia reciente de Colombia se conoció como “los falsos positivos”. Una práctica frecuente en las fuerzas armadas que consiste en asesinar a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Este hecho se generalizó debido a las recompensas que recibían las unidades militares que obtenían resultados en la lucha contrainsurgente medidos como bajas. Estas prebendas variaban desde días de vacaciones, dinero y ascensos. El resultado, según las fuentes, oscila entre mil y cuatro mil personas asesinadas sumariamente por la fuerza pública. El MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) denuncia que se trata de una estrategia estatal en la que se amparan también los “falsos positivos judiciales”: personas encarceladas sin cargos sólidos con la intención de detener sus actividades políticas y generar miedo en el movimiento social. Esta práctica, no siempre tan conocida, consiste en detener a representantes sociales, acusados de pertenecer a la insurgencia guerrillera, mantenerlos encarcelados durante años, sin recibir finalmente juicio alguno, o abriéndose el juicio sin evidencias ni pruebas acusatorias. Se critica especialmente que compañías como ECOPETROL firmen convenios con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para su financiación. Por un lado, aparece la empresa como pretendida víctima en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas y, por otro, aporta grandes sumas de dinero a los encargados de la investigación contra los líderes, se crea así una asimetría sin que exista igualdad de condiciones jurídicas ni garantías.

José Vicente Murillo: De 2003 al 2006 ya tuve la experiencia de la persecución del terrorismo estatal y duré detenido tres años y medio en el que me dieron un tour carcelario por diferentes cárceles de alta seguridad. En dieciocho meses estuve en seis cárceles diferentes. Así que ya conocía la dinámica, la cultura y la convivencia en una cárcel. Ya sabía que no facilitan ni colchoneta, ni cobija, ni nada, y que la familia debe proveer de todo. La experiencia depende de cómo uno aborde las cosas. Si bien es cierto de que somos inocentes de lo que se nos acusa, el régimen colombiano no ha dudado en asesinar para acallar la oposición política, y si nos tienen que matar no lo van a dudar. Así que acá estamos vivos, otros compañeros y compañeras no han tenido esa suerte.

Jorge Niño: Yo nunca he tenido tantas personas armadas vigilándome. Me han catalogado como una persona muy peligrosa. En la imputación de cargos me acusan de ser guerrillero del ELN, pero uno no es sino una persona comunal. Nuestra Junta de Acción Comunal tiene personería jurídica desde 1975. Mi delito ha sido es ser líder comunal y pedir los beneficios de mi comunidad frente a Ecopetrol. Nunca me han agarrado con armas, ni con prendas militares, ni he chantajeado ni he andado en problemas con nadie.

El sistema penitenciario colombiano padece un hacinamiento crónico que ronda el 54%: con 80.000 plazas habitan cerca de 130.000 personas. El uso indebido de la prisión preventiva por parte de los jueces es uno de los factores determinantes de dicha sobresaturación. Esta situación hizo que la sentencia STP-142832019 (104983), de octubre del año pasado, de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal recordara a los jueces el carácter excepcional que debe tener dicha herramienta. Por el contrario, las personas privadas de libertad preventivamente representaban un 33,5% del total de personas presas en 2019 según datos del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

Sin embargo, en los penales, además de espacio, se carece de los elementos básicos de aseo, abrigo y, en muchos casos, alimentación, que deben ser proporcionados por las familias de los reclusos y, por lo tanto, se convierten en un mecanismo de castigo arbitrario para aquellos que piden mejores condiciones.

José Vicente Murillo: Una anécdota no más para mirar cómo es este régimen. Nuestras familias nos mandaron unas encomiendas a un compañero y a mí. Las encomiendas eran idénticas, con el mismo número de artículos. Debían entregárnoslas cuando llegáramos, pero se demoraron. Como yo molesté con esa encomienda y fui a hablar con el director de la cárcel, con el comandante del cuerpo de custodia, cuando llegó la siguiente fecha de entrega, al compañero le entregaron el paquete, pero el mío lo regresaron. Nunca argumentaron nada, sino simplemente que se rechazó. En ella iba una chaqueta para protegerme del frío, porque mi tierra es tierra caliente y me mandaron a Bogotá, que es supremamente fría, sin poder tomar ninguna ropa de abrigo. En ese tipo de cosas se ve que toman medidas represivas con los derechos fundamentales.

Jorge Niño: La verdad que he aprendido mucho de grupos del INPEC. Ellos llegan por la noche, de forma agresiva, lo sacan a uno a una canchita pequeña que hay por el patio y le hacen sacar sus cosas y empiezan a darle vueltas absolutamente a todo, le parten las cosas, se las dejan revueltas con las de otros presos… Eso me tiene preocupado y asustado, porque hay presos que no tienen el mejor genio y se les puede ofender con la forma de expresarse, y uno vive muy estresado porque si habla uno es malo y si no habla también… Corre uno el peligro de que el otro se le prenda y le pueda dar un chuzo, porque de un momento a otro se acaba el buen comportamiento de los presos y se forman unas peleas, y uno está todo el día arriesgando la vida.

Sobre esta realidad violenta, la posibilidad del contagio del Covid 19 ha tensado la cuerda hasta el límite de la ruptura. Las personas privadas de libertad no solo deben capear la incertidumbre de la situación de sus familias, con las que apenas tienen contacto, sino que son conscientes de su debilidad colectiva al moverse en las mejores condiciones para la transmisión de la pandemia: alto contacto entre personas y escasas medidas de higiene y protección. La masacre de 23 privados de la libertad del estado colombiano el pasado 21 de marzo en la cárcel Modelo, no hace parte de una solución, sino del agravamiento de una situación. Tampoco se sienten seguros con las medidas del decreto 546, recién firmado por el presidente Iván Duque, por el que pretende transferir a 4.000 personas de las cárceles a arresto domiciliario, ya que el número resulta claramente insuficiente para solucionar el problema del hacinamiento, que asciende a 45.000 personas.

José Vicente Murillo: En esta ocasión nos encontramos con el tema del COVID19, en el que el gobierno, y el régimen penitenciario, toman la medida de declarar en cuarentena las cárceles del país. Medida que los presos compartimos, pero que debe darse de manera integral: es decir no solo quitarle la visita al preso sino aplicarse otras medidas que sean efectivas para prevenir la propagación de la pandemia, como que el cuerpo de custodia también se acuartele, no tenga contacto con el mundo exterior, y se tomen las medidas higiénico-sanitarias para que el personal administrativo no sea transmisor de esta enfermedad. También establecer una contingencia en el servicio de sanidad para atender las situaciones derivadas del coronavirus. En medio de todo esto, la población carcelaria ha sido consciente de la amenaza del Covid 19 y ha tomado medidas de autocuidado en términos del aseo, de eliminar factores de contaminación, pero sabemos que estas medidas son insuficientes. Se ha declarado una emergencia carcelaria, con un paquete de medidas en las que el gobierno está aplicando de forma inmediata las más coercitivas y represivas para la población carcelaria, pero ninguna efectiva para la descongestión de la situación carcelaria ni por supuesto medios físicos como mascarillas o geles desinfectantes. Ya de por sí, la medida del decreto 546 resulta insuficiente porque aplica a una mínima parte de la población carcelaria. Sabemos que ni con esta pandemia el gobierno va a abordar los problemas estructurales más acuciantes de la población carcelaria.

Jorge Niño: En esta situación del virus, la distancia con la familia se vive todavía con más angustia. La comunicación con ellos es demasiado distanciada, con dificultades. Ahí hay unos teléfonos del INPEC que son costosos, muchas veces no funcionan, le intervienen a uno las llamadas, no hay privacidad con la familia. Este control del INPEC incomoda mucho y viola los derechos fundamentales. Eso me intranquiliza porque en la cárcel no se puede tener un peso y uno depende del apoyo y el ánimo de la familia fuera. Las cárceles colombianas son difíciles para sobrevivir y con el coronavirus la gente anda todavía más nerviosa en los patios y los pasillos, y los conflictos se dan con más facilidad. Uno quisiera decirle al estado que revise bien estas injusticias que han hecho conmigo, quién sabe cuántas personas están en la misma situación, que por ser líderes, que porque reclama los derechos de una comunidad, en teoría con aval del propio estado, están pasando por estas penurias.

La pandemia de Covid 19 supone una prueba de estrés a nivel político, sociológico, económico, y personal. Ha mostrado el lugar por donde se rompen las costuras de una sociedad inmersa en la lógica de usar y tirar. Muchas de las medidas tomadas, aunque necesarias, resultan fatales para los colectivos más castigados socialmente. La sistematicidad de la persecución y asesinato de representantes sociales se evidencia, tanto en las crudas cifras de personas muertas, como en las de personas privadas de libertad en régimen preventivo. Un número demasiado alto para una medida excepcional y que remite al silenciamiento de las voces críticas que trabajan en las veredas, juntas de acción comunal o barrios.

Mientras el país sigue en confinamiento los presos continúan hacinados, sometidos a la angustia de comprobar que efectivamente la pandemia se está expandiendo al interior de las cárceles con los primeros contagiados y muertos. Las denuncias de hace mas de un mes, anticipando esta situación, cayeron en oídos sordos. El Gobierno optó por la represión, un reciente decreto de excarcelaciones que no paliará la situación humanitaria por el amplio elenco de exclusiones que contempla y por medidas como el irresponsable traslado de presos entre cárceles (desde la prisión de Villavicencio en la que se detecto el primer foco de infección), que ha conducido a la propagación de la enfermedad. Desde el Movimiento Nacional Carcelario continúan reclamando solidaridad con los privados de la libertad para atender esta situación y lograr una excarcelación humanitaria cuando aún se está a tiempo de proteger a miles de seres humanos.

*publicado originalmente en Colombia Informa

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Por Marcela Osorio Granados 

El jueves 13 de junio, luego de participar en un diálogo con una delegación del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, varios líderes y lideresas del Bajo Atrato fueron seguidos por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Tan solo unos días después, en la zona humanitaria de Las Camelias, hombres armados reunieron a la comunidad y le prohibieron hacer denuncias sobre lo que sucedía en la zona, amenazándolos con asesinar a toda una familia si no obedecían las órdenes. Ambos hechos fueron revelados por organizaciones sociales y son tan solo dos de los múltiples casos que dan cuenta del fortalecimiento de grupos ilegales, su control operacional en varios municipios y cómo se ha agudizado la crisis social y humanitaria como consecuencia del conflicto armado en la zona.

Una realidad que, aunque no es nueva, se viene recrudeciendo desde hace más de un año en esta subregión que tiene una posición geográfica estratégica para las economías ilícitas, pues los municipios del Bajo Atrato (Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño, y Riosucio y Carmen del Darién, en el Urabá chocoano) configuran un corredor clave para el tráfico de armas drogas e incluso migrantes.

De ahí que la pelea sea por el control territorial. De acuerdo con diagnósticos hechos por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas, aunque en la zona ha habido históricamente presencia del ELN, el escenario de riesgo se ha reconfigurado por cuenta de la expansión de estructuras de las Autodefensas Gaitanistas a la zona media y alta del río Truandó.

En dichas zonas, el ELN no solo ha instalado minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados para evitar el avance de las Agc, sino que además se han incrementado los enfrentamientos con afectaciones directas a la población civil. En contraste, las autodefensas han establecido retenes ilegales en las cuencas hidrográficas y caminos que interconectan a las comunidades —como en el caso de Bocas de Taparal, Bocas de Quiparadó y La Nueva—, en el marco de una estrategia contrainsurgente con la que buscan, no solo controlar la movilidad de la población civil, sino bloquear el paso de alimentos y medicamentos para desabastecer a las comunidades y aislar a las estructuras del ELN que permanecen en el territorio. Los desplazamientos y confinamientos se han vuelto cada vez más frecuentes.

Ese panorama es el que más de 38 brigadistas internacionales, delegaciones de 27 países y representantes de 70 organizaciones nacionales quieren visibilizar través de la Caravana Humanitaria por la Vida, que arrancará este lunes y hará un recorrido de ocho días por los municipios más afectados por esta dinámica del conflicto. La movilización visitará territorios y comunidades que, como señalaron los organizadores de la caravana, “están viviendo un contexto de confrontación muy fuerte, debido a los enfrentamientos entre los actores armados del conflicto (Ejército Nacional, paramilitares y guerrilla), lo que ha llevado a que muchas de estas comunidades afrodescendientes e indígenas se encuentren confinadas, amenazadas, desplazadas, y sus líderes y lideresas asesinados”. Las organizaciones sociales y organismos que trabajan en territorio han documentado, por ejemplo, casos preocupantes de confinamiento en Riosucio y Curadó y de fuerte control y dominio de grupos paramilitares en el municipio de Juradó, en donde la gente ha preferido no volver a denunciar.

Eso sin contar los fenómenos de violencia producto de emergentes economías ilícitas. “En el río Salaquí, que es una de las rutas que tendrá el recorrido de la caravana, tenemos reporte de tráfico humano que pasa para ir a Centroamérica. Hay ahora venezolanos, cubanos, africanos y hasta asiáticos que están varados en ese río. Eso se complica ahora mucho más con la entrada de los carteles mexicanos, que han desembocado en esa región como por su casa”, alerta Juan Fernández, delegado de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), una de las organizaciones detrás de la movilización.

Para Olimpo Cárdenas, miembro de la comisión política del Refugio Humanitario por la Vida, es claro que la crisis en esta región se ha intensificado desde hace cerca de nueve meses, como un efecto inmediato de la suspensión de los diálogos con el ELN, la salida de las FARC como actores claves del conflicto y la llegada de otras estructuras armadas. “Eso se inundó de paramilitares que fueron llegando sin ningún límite y en muchos casos con la complacencia de las Fuerzas Militares. Además hay un fenómeno identificado y es que en muchas de las zonas en las que se aumenta el pie de fuerza se multiplican las afectaciones de derechos humanos. En eso hemos observado una sistematicidad”, sostiene.

Desde el Ejército, por su parte, han señalado que sí se está ejerciendo un control militar en la zona y que no hay connivencia con grupos armados ilegales. En entrevista reciente, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército -que opera en esta zona-, sostuvo que incluso han logrado golpes militares importantes contra las estructuras de las AGC.

El objetivo de la caravana es que los hallazgos en materia humanitaria y los testimonios recopilados tras el recorrido sean el insumo para realizar un informe que sea punto de trabajo con el Gobierno. “Entendemos la caravana como un proceso que no va a terminar con el trayecto. El hecho de que la comunidad internacional acompañe la movilización nos ayuda a tener más garantías para exigir derechos. Sobre todo porque en los últimos años se han firmado varios acuerdos que han sido desconocidos por este Gobierno. Hay mesas de negociaciones —con comunidades afros e indígenas— que en este momento están paralizadas”, explica Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.

El apoyo de la comunidad internacional es clave en este caso, pues desde algunos sectores insisten en que el mensaje puede ser más certero si viene de afuera. “El escenario de paz en Colombia fue una posibilidad que no se completó y el Gobierno ha hecho caso omiso de lo que las comunidades y las organizaciones denuncian. Por eso la importancia de que la comunidad internacional participe, para que todo esto salga a la luz. El Gobierno sabe lo que está pasando, pero se va a seguir haciendo el loco en la medida de que no tenga unos llamados de atención contundentes”, manifiesta María Mercedes Ramos, integrante del Comité de Derechos Humanos de la Caravana.

Las organizaciones insisten, además, en que urgen espacios de diálogo con el Gobierno, incluso cuando es claro que, como asegura Juan Fernández, hay un sector del mismo “al que no le va a gustar, porque vamos a visibilizar una situación de guerra que se está dando y que no quieren ver. Este Gobierno no quiere hacer nada por la paz, ni negociar con el ELN, ni implementar los acuerdos con las FARC. Esa región hace parte del conflicto que no quiere solucionar”.

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Por Lisbeth Montaña Erazo

En el mes de febrero, las organizaciones sociales, movimientos políticos y sindicatos colombianos decidieron de forma unitaria desarrollar el reciente gran Paro nacional en defensa de la vida, el territorio y la soberanía. En tanto que la situación de Colombia se profundiza en materia de derechos políticos, económicos y sociales.

De ahí que las razones para llegar a este nuevo escenario se expresan en varios puntos planteados en la agenda del paro nacional y en este artículo deseamos profundizar cada punto:

1. Apoyo al proceso de paz y la exigencia al cumplimiento de los acuerdos pactado en la Habana y la reanudación de los acuerdos con ELN

Desde la firma de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, los acuerdos han venido sufriendo modificaciones de fondo en relación al texto final firmado en 2016, en dos años de implementación de este acuerdo menos de un 30% se ha cumplido.

Hoy la dirigencia de la FARC vive en una inseguridad jurídica, ya que el gobierno actual no ha permitido generar las garantías al proceso de reincorporación y además se han venido incrementando el asesinato, el encarcelamiento y la persecución a los excombatientes y su familias.

La fuerte oposición a la Justicia Especial para la Paz (JEP), mecanismo que se creó como parte del sistema integral de reparación hacia las víctimas para esclarecer la verdad en  relación a los crímenes acontecidos en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, y donde se ven obligados a comparecer todos los actores que han sido parte de la guerra y a la que hoy le temen los sectores de la derecha envueltos en su mayoría en relaciones con el paramilitarismo. Hoy se debate entre las objeciones, modificaciones y la reestructuración, las cuales se viene llevando a cabo en el Congreso de la República.

Por otro lado, las organizaciones sociales vienen exigiendo la reanudación de los diálogos con ELN, luego de que estos fueran suspendidos,  después del atentado a la Escuela Militar de Cadetes en la ciudad de Bogotá. En este punto se debe aclarar que la suspensión de los acuerdos no sólo se dieron por la acción cometida el 15 de enero. Ya desde la campaña presidencial de Duque en sus planes de gobierno se encontraba la oposición a darle continuidad a los diálogos con el ELN, y por lo tanto no se veía ningún gesto por parte de Centro Democrático y su candidato presidencial en querer avanzar en un proceso de paz con este grupo armado y a partir del atentado esto justificó la cancelación de los mismos.

2. La denuncia por los casi 600 asesinatos de líderes y lideresas sociales que en lo corrido del 2019 suman casi 50, el asesinato de 128 excombatientes de la FARC y en los últimas se suman el asesinato del bebé de 5 meses Samuel Gonzalez Pushaina hijo de ex combatientes y el de Dimar Torres a quien el ejército le disparó a quema  ropa, alteró la escena del crimen y luego pretendían enterrar su cadáver en una fosa.

Es paradójico pensar que Colombia, un país en el que sus políticos se llenan la boca diciendo ser democráticos, hoy impida que se consoliden nuevas fuerzas políticas y sociales a sangre y fuego y que se tenga que salir a las calles a pedir que respeten el derecho de vivir para que no se sigan asesinando más líderes y lideresas sociales.

En Colombia desde siempre y sobre todo desde la firma de los acuerdos con las FARC, se ha venido desarrollando un genocidio y volvimos a la época de horror en la que se presenciaba crímenes de estado y crímenes políticos en los que se encuentran involucrados las fuerzas militares del estado, las fuerzas paramilitares, organismos del estado y partidos políticos.

“Lo que este gobierno está haciendo es tratando de cerrar toda posibilidad y superar esa nueva anomalía que permita preservar el régimen de dominación para abrir un nuevo escenario hacia nuevas reformas democráticas que permitan desatar nuevos escenarios de lucha y transformación para afectar los intereses de la clase dominante en Colombia”.

Desde el día 28 de abril en la ciudad de Bogotá 2000 líderes sociales tomarán la plaza Bolívar, principal escenario de las luchas sociales del país y en el que se asentaran para desarrollar un Campamento Humanitario, para poner en evidencia la crisis social del país en  materia de desplazamiento,refugio, exilio, persecución, encarcelamiento y asesinato hacia lxs luchadoxs sociales.

3. La situacion de la crisis económica y el incumlimiento de los acuerdos pactados con los sectores agrarios,campesinos, indígenas, docentes, estudiantiles, etc. La
profundización del modelo neoliberal expresado en Plan Nacional de Desarrollo donde su énfasis está puesto en seguir impulsando la economía extractivista y la llamada economía naranja.

Colombia contaba con una industria, aunque pequeña,  basada en la agricultura, donde productos como el banano y el café era los que sostenían la industria. Con la llegada del  neoliberalismo esa pequeña industria fue arrasada, desfinanciada y acabada.

Por lo tanto, hoy asistimos a un escenario de reprimarización de la economía, que ha conducido al país a vivir de lo que produce en su subsuelo: petróleo,carbón y el oro. En primer lugar, Colombia no es un país petrolero y sus reservas están apunto de agotarse, ya que se prevé que hacia 2022 estas reservas desaparezcan.

Por otro lado más de 22 países han anunciado dejar de comprar carbón para hacer un cambio en relación a las emisiones de carbono y la búsqueda de nuevas energías alternativas. Por lo tanto es necesario diversificar en la economía porque pronto estos recursos dejarán de existir y hoy el país sufre una dependencia económica en relación a estos bienes de la naturaleza, en tanto que estos representan 6,07 % del Producto Bruto Interno.

Más del 67% de la población en Colombia actualmente vive en la precariedad y la población ha tenido que salir a protestar masivamente para exigir condiciones dignas para poder vivir. Esas acciones se vieron reflejadas en los últimos paros en Colombia, en regiones como Buenaventura, en el Pacífico, el Catatumbo, en la frontera con Venezuela,  y en el Cauca, donde por 18 días las comunidades indígenas salieron a bloquear las principales carreteras del país,  por donde circulan el mayor flujo de mercancías; allí donde el gobierno nacional en vez de buscar una salida negociada recurrió a la brutalidad militar y policial, en la que cayeron muertos 8 indígenas y más de un centenar de heridos.

Por todo lo anterior, hoy asistimos a un escenario de constantes incumplimientos donde la gente obliga al gobierno a sentarse, se generan acuerdos y luego los incumple. Por lo tanto, no se resuelven las condiciones de vida de la población y se precariza la vida.

Estos incumplientos han hecho que el pueblo colombiano se vuelque a las calles y por eso no encontramos actualmente, ante un ascenso en la lucha de masas, un país que hoy vive en un régimen y en un gobierno totalmente de espaldas al país.

4. La denuncia y el apoyo venezolano ante los ataques y una posible intervención militar a Venezuela, desde el territorio colombiano, avalado por los Estados Unidos. Colombia se ha constituido como el lugar y el escenario para generar las provocaciones y la desestabilización del gobierno venezolano. El gobierno actual en complicidad con el partido del Centro Democrático, en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe, se ha comprometiendo con recursos políticos y militares, de espalda al pueblo colombiano, a apoyar una posible intervención militar al territorio venezolano.

Este Paro Nacional le está exigiendo al gobierno nacional que se busque una salida política al conflicto que hoy vive el país vecino y que se respete la soberanía nacional tanto de Colombia como de Venezuela y que se detenga cualquier intento por desarrollar un guerra en la que se encuentran involucradas las principales potencias del mundo, Rusia, China y Estados Unidos.

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Por Colombia Informa

El último gran Paro Nacional en Colombia se llevó a cabo en el 2016 y finalizó con unos acuerdos concretos que, según las comunidades, aún no se han cumplido. La implementación de unas políticas públicas que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, siguen siendo nulas; de hecho, el Plan Nacional de Desarrollo -PND- planteado por el actual Gobierno, profundiza aún más estas problemáticas

Asimismo, el PND incentiva un modelo económico de carácter extractivista que amenaza los bienes naturales como el agua y hace caso omiso a la autodeterminación de las comunidades que habitan los territorios.

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Por otro lado, el aumento del pie de fuerza en las regiones y el trato represivo que se le ha dado a la protesta social, han desencadenado en el asesinato sistemático de dirigentes sociales, dejando un saldo de más de 100 líderes asesinados en el 2018. Actualmente la persecución, la militarización y la estigmatización son las principales amenazas para la vida de quienes habitan los territorios.

Estos fueron algunos de los motivos que se plasmaron en el llamamiento oficial para el Paro Nacional realizado por el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario -CNA- el pasado 23 de abril.

Frente a este panorama, las comunidades han desarrollado alternativas para permanecer y habitar el país. Así, ante el modelo de despojo implementado por el Gobierno, se han construido planes de vida que dan cuenta de un pueblo que se organiza, mandata y exige ser escuchado.

Ante estas problemáticas estructurales, acuerdos incumplidos y falta de garantías para la vida digna se hace el llamado a confluir en el escenario de lucha y reivindicaciones que será el Paro Nacional.

En este sentido, en el llamamiento se invita “a todos y todas las congresistas populares de las regiones, procesos, sectores, dinámicas de capítulos internacionales para que motivemos a juntarnos en los escenarios de movilización que están convocando al Paro Nacional”.

El próximo 25 de abril será la hora cero de esta jornada; distintas regiones y sectores de Colombia se encontrarán en las vías, carreteras y parques para dar vida al Paro que busca que sus apuestas de un país para la vida digna sean escuchadas.

“Es el momento de construir la unidad en medio de la acción política de calles y carreteras, vamos al paro nacional como escenario de resistencia y lucha de nuestros pueblos”.

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La Brigada es una forma de prefigurar lo que entendemos de la relación entre pueblos hermanos. En las antípodas de la propuesta imperialista (como los acuerdos económicos internacionales que favorecen a las multinacionales o el envío de tropas que terminan por asfixiar a los pueblos de los países “no desarrollados”), creemos que el esfuerzo tiene que seguir estando en la construcción de lazos de solidaridad y cooperación. Así surge la Brigada Internacional de Salud, con el objetivo en la coordinación de las organizaciones sociales del sur del departamento de Bolívar.

Al ser una propuesta de cooperación, la construcción de las acciones a desarrollar en la zona fueron pensadas a partir de conjugar las necesidades concretas planteadas por los líderes y lideresas sociales de la región, esto entrelazado con las investigaciones y experiencias del CED-INS y de las médicas que integramos la brigada.

La atención médica y las consecuencias del abandono estatal

Desde la perspectiva de la Atención Primaria de la Salud, utilizamos herramientas de la epidemología crítica. La Brigada se centró en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, creando dos instancias: por un lado, la atención médica planteada como una necesidad impostergable, dado que una parte importante de la población no tiene acceso a la misma, y por otro lado, la formación de Promotoras de Salud Colectiva, entendiendo la importancia de hacer un aporte a largo plazo.

Según la legislación colombiana, la salud es un derecho fundamental. A pesar de esto, ni en 24 años de la Ley 100 de 1993, ni en 2 de la Ley Estatutaria en Salud se ha avanzado en el cumplimiento de esta como un derecho fundamental. No sólo es indignante que en la actualidad siga existiendo la necesidad de hacer una Brigada de Salud en la zona, sino que habla de un incumplimiento de las obligaciones del Estado.

La elección del nombre “Alejandro Uribe Chacón” es un homenaje al compañero líder de la comunidad Mina Gallo, integrante de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Él, junto a su comunidad, se opuso al ingreso de la multinacional minera Anglo Gold Ashanti por el impacto ambiental que implicaba. Por ello, fue asesinado por el Ejército y luego lo presentaron como guerrillero caído en combate, un caso más de falso positivo sin verdad ni justicia.

Es importante destacar el papel de los líderes y lideresas sociales en la vigilancia y seguimiento de los deberes del gobierno ante sus comunidades, exigiendo el cumplimiento de sus derechos y resolviendo en el cotidiano las problemáticas concretas que surgen de la violación de los mismos.  En un contexto donde aparentemente no hay presupuesto para invertir en áreas claves como Salud, Educación, Trabajo, Soberanía Alimentaria, Medio Ambiente, pero sí, para investigar, hostigar, incriminar, judicializar, a los y las que luchan por mejorar las condiciones de vida de su comunidad. De esta forma, queda en evidencia la falta de voluntad política y no de presupuesto.

Norosí fue otro de los municipios que visitamos, donde contamos con el apoyo de la Alcaldía Municipal y del puesto de salud. Prestamos atención médica con énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfermedad (PyP) desde una visión de la salud como derecho exigible. Fueron realizadas tareas de APS en odontología, programa de inmunización a menores de edad, seguimiento de crecimiento y desarrollo y la realización de citologías en los lugares con disponibilidad para las mismas.

En paralelo, desarrollamos talleres de formación en salud dirigidos a grupos específicos de la población, en temas como Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, cuidado de los niños, cuidados en el adulto mayor, entre otros.

Realizamos tres jornadas de atención médica en diferentes veredas de Norosí (Mina Brisa, Mina Estrella, Buena Seña y Las Nieves). Atendimos a más de 120 personas, la mayoría mujeres y niños.

Fueron identificados brotes de enfermedad diarreica aguda por parásitos en el agua y en el suelo, problemas respiratorios , desnutrición crónica, además de desigualdades marcadas por la condición de género. Fueron tratados problemas nerviosos y neuromusculares, así como heridas en mal estado y problemas en la piel. Todas posibles secuelas de la intoxicación con mercurio y otros metales pesados. Pudimos observar en los cuerpos de las personas atendidas las consecuencias de las necesidades básicas insatisfechas, el abandono del Estado y las consecuencias de la minería y el conflicto armado.

La experiencia de la Brigada en Arenal estuvo marcada por iniciativa de Cooperativa Multiactiva de Arenal (COMUARENAL), acompañada permanentemente por Milena Quiroz (posteriormente detenida junto a otros 11 líderes sociales. Se le acusa de “organizar marchas”, según la Fiscalía), lideresa del sur de Bolívar y  vocera de la CISBCSC. A pesar de no recibir el apoyo de la gestión municipal actual (ni de las anteriores), es destacable la labor de la cooperativa en pos de mejorar la vida de sus asociados y del municipio en general.

El carácter de todos los habitantes de Arenal quedó marcado a fuego (literalmente), luego de lo vivido desde los 90´s con el permanente asedio de los paramilitares, otros grupos armados, los desplazamientos, los baños de sangre, las constantes amenazas y el abandono permanente del Estado. La única salida que encontraron fue la organización. Para muchos, organizarse fue la fuerza para volver a soñar, reconstruir su pueblo y, poco a poco, volver a luchar por los derechos humanos.

Aquí además de la atención médica, formación de promotores de salud, hicimos un programa de radio y un taller de educación sexual para estudiantes de secundaria. En cuanto a la atención atendimos 150 personas.

Encontramos un alto número de personas con parásitos, anemia, lesiones en la piel y visión, que están emparentados con el consumo de agua no potable y suelos contaminados, con parásitos, amebas y metales (posiblemente mercurio y arsénico). A su vez, hayamos población con desnutrición y enfermedades relacionadas al trabajo, por la exposición permanente al sol y el desgaste laboral: lumbalgia, cervicalgia, artrosis, lesiones en piel y cefalea. Aparecieron con frecuencia problemas de salud mental (ansiedad, depresión), probablemente relacionados con el conflicto armado. En la Radio Comunitaria “la Negrita” solo estuvimos dos días pues es frecuente que hayan días enteros sin electricidad.

A partir de comparar el estado de salud de los habitantes encontramos en los organizados/as en COMUARENAL fue menor de desnutrición, anemia, violencia de género o enfermedades relacionadas al trabajo; sosteniéndose las enfermedades emparentadas a la contaminación ambiental y al agua no potable. Así, comprobamos la importancia de la labor de la cooperativa con sus asociados.

Algunas conclusiones: “la salud es al individuo lo que la paz es a las comunidades”.

En primer lugar, el rol clave de COMUARENAL y el compromiso de su lideresa Milena Quiroz, a la hora de garantizar que la Brigada Internacional pudiera realizarse, ajustarse a los principales problemas de la localidad y tomar la responsabilidad de hacerse cargo y resolver los problemas de salud que estuvieran a su alcance.

En segundo lugar, los asociados a la cooperativa gozan de mejor salud, dado que resuelven colectivamente sus problemas, peleando en conjunto para garantizar los derechos más básicos. Podemos decir que organizarse es un factor protector, en comparación a Norosí, donde no se cuenta con este mismo nivel de organización y los problemas de salud observados son mucho mayores.

En tercer lugar, en la población surgió el interrogante de si la CISBCSC, sin apoyo gubernamental, pudo llevar tres médicas a las distintas vereda, “¿cómo el Estado no es capaz de garantizar nada más que el puesto de salud?”.

Queremos resaltar que en ambos municipios los problemas de salud están directamente relacionados a las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, si no se aborda con urgencia el problema de la minería contaminante, la ausencia de soberanía alimentaria, la falta de acceso a la educación, los derechos de las mujeres, campesinos, pueblos afrodescendientes e indígenas, la persecución sistemática a los líderes y lideresas, difícilmente se pueda construir una sociedad en paz con justicia social.

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Martina Pesce es médica. Integrante del Frente Popular Darío Santillán

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El sábado 12 de septiembre, luego de un fallo proferido por un juez de segunda instancia, en Bogotá, Colombia, fueron puestos en libertad los 11 líderes y lideresas del Congreso de los Pueblos. Habían sido detenidos injustamente durante más de dos meses, acusados de rebelión, terrorismo y agresión a servidor público.

La libertad de las y los detenidos demuestra la debilidad jurídica del caso, y deja sin piso la evidente persecución política y mediática a la movilización social y popular en Colombia. Aunque el proceso sigue, los líderes y las lideresas ya están en libertad y, junto al Congreso de los Pueblos, celebran y preparan nuevas medidas para garantizar su bienestar y seguridad, además de proyectar próximas jornadas de movilización.

El viernes 11 de septiembre, 42 años después de la caída del gobierno de Salvador Allende en Chile, con un pueblo que se erguía dignamente contra la ignominia, centenares de personas -tanto en Colombia y como en diversas partes de América Latina y el mundo- esperábamos con ansiedad lo que aquel segundo fallo pudiera arrojar.

A medida que la tarde fue transcurriendo, el juez del Circuito 44 de Bogotá expuso sus argumentos, y la esperanza y la alegría de que nuestras compañeras y compañeros regresaran a la libertad fue creciendo. Abrazos, besos, lágrimas, llantos y cánticos corrieron desde México, hasta las Argentina, donde nos encontrábamos integrantes del Congreso de los Pueblos, y de organizaciones hermanas que se solidarizaron con nuestros compas y con nuestro movimiento social y político.

La orden de libertad inmediata de las personas detenidas se basó en la ilegalidad de la captura. Adicionalmente, el Juez agregó que no había razones para mantenerlos con medidas de aseguramiento, y que la decisión de encarcelarlos violó el derecho a la defensa y al debido proceso.

No obstante, la Institución Nacional Penitenciaria de Colombia, INPEC, tardó más de 24 horas para permitir la salida de Paola, Lizeth y Lorena de la cárcel Buen Pastor, y de Daniel Hernández, Gerson, Sergio, Daniel Jiménez, Heiler, Andrés, Víctor, John y los demás detenido, de la cárcel Modelo.

Finalmente, el sábado pasado en horas de la noche, luego de muchos trámites y esperas, se hizo efectiva la orden de libertad, y nuestros compañeros gozan ya de la compañía de familias, amigos/as, compas, y sienten en carne propia la inmensa solidaridad que generó su injusta detención.

Aunque el proceso judicial sigue y esperamos la absolución de las y los congresistas populares, prontamente, su liberación es una victoria de la lucha social y popular, internacionalista y solidaria, que hizo un gran eco de las voces de los 11 valerosos compas. Es una derrota y un paso atrás para el gobierno de Juan Manuel Santos, quien los acusó de ser miembros del ELN, y de la Fiscalía y los medios masivos de comunicación, que se han aliado para perseguirlos y estigmatizarlos.

Preparamos nuevas jornadas de movilización para el año que viene, al tiempo que venimos caminando los territorios y los mandatos de paz y vida digna, en perspectiva de instalar una gran mesa social de diálogo, mecanismo de participación del movimiento social y popular en la construcción de la paz, y objetivo de las movilizaciones en estos meses que vienen. Sabemos que a pesar de la persecución, nos mantenemos en pie de lucha.

*Vocero Nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia

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La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular comenzó ayer las jornadas de movilización e indignación agraria en Colombia, con la toma pacífica del Ministerio de Agricultura en la capital como acción central. Las acciones se extenderán hasta el sábado 5 de septiembre y tendrán lugar en todo el país con epicentro en la ciudad de Bogotá.

El Ministerio de Agricultura en Bogotá amaneció ayer con una grata compañía. Más de seiscientas personas se congregaban pacíficamente a su alrededor desde muy temprano en la mañana, con una sola intención: exigirle al gobierno nacional respuestas concretas frente a su incumplimiento en los acuerdos hechos con las diversas organizaciones articuladas en la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, plataforma de encuentro y apuesta de unidad que el campo colombiano conquistó y con el cual le habló de frente al gobierno del presidente Santos y a la sociedad colombiana. Así logró recordarles que sigue vigente uno de los problemas estructurales más grandes del país, el de la tierra, pero también sigue vigente, y más que nunca, la esperanza de darle una solución a esta histórica deuda del Estado colombiano, con organización y movilización social que han llegado con propuestas concretas.

“Seguiremos movilizados, hasta que se destraben las negociaciones”

Más de cinco mil personas procedentes de todo el país arribaron a la capital bogotana el domingo 30 de agosto en lo que se denominó como la toma de Bogotá y Jornadas de Indignación agraria. Éstas acciones pacíficas de movilización y manifestación colectiva son impulsadas por la Cumbre Agraria: Campesina Étnica y Popular, que con múltiples actividades como foros, charlas, caminatas por territorios de procesos de organización urbana, colegios y universidades, comparten experiencias y propuestas, caminan y tejen la palabra para vivir dignamente.

Breves Antecedentes

La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular nace al calor del paro agrario y movilizaciones de 2013 y 2014 en ese país: “La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia”, manifestaron en su declaración política de marzo de 2014. No es nada distinto a lo que exigen hoy.

En aquel entonces la reacción del gobierno fue negar la existencia del paro y las movilizaciones -como si no pasara nada- y desatar la represión en todo el territorio nacional con un saldo de diecinueve luchadoras y luchadores populares asesinados, mas de seiscientos  heridos y decenas de presos y encarcelados. A esto se le suma la reciente implementación de legislaciones que profundizan la desigualdad social y la criminalización de la protesta social entre otras.

A pesar de la falta de garantías (en pleno proceso de negociación de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos) en temas de derechos humanos para el ejercicio de la oposición política y de la protesta social -caso de las once detenciones arbitrarias de luchadores y luchadoras miembros del movimiento social y político Congreso de los Pueblos en julio, y el asesinato de más de  treinta y nueve personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales en lo que va del año- la indignación del campo en Colombia sale con fuerza a tomar pacíficamente y nuevamente las calles y rutas para exigir que se lo respeto, que se le cumpla, tarea vital en la larga construcción de una paz con cambios estructurales y con justicia social.

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Una vez más el Estado colombiano recurre a estrategias de amedrentamiento y persecución a líderes sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos con el fin de criminalizar su labor.

El 08 de julio de 2015, fueron detenidas 15 personas de manera simultánea en la ciudad de Bogotá en operativos dirigidos por la Fiscalía general de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, a quienes se les vinculó con las explosiones de un par de petardos ocurridos una semana antes en la ciudad, que fueron rápidamente endilgados al Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

Estas fueron las razones que adujeron públicamente para su captura, y que sin embargo, en las audiencias de acusación no han estado presentes dentro de los delitos que se les endilgan. Aun así, ya hubo una condena pública ante los pronunciamientos generados desde la Presidencia de la República, entidades del Distrito y Fiscalía General de la Nación, dirigidas a señalar su responsabilidad en tales hechos, violando al derecho al debido proceso, y la garantía de la presunción de inocencia, alentado igualmente por un gran despliegue mediático desde el mismo momento de su captura hasta ahora.

Dos de estas personas fueron dejadas en libertad a las pocas horas, pues su detención se había dado sin una orden de captura. Doce de las trece personas que siguen privadas de la libertad, son integrantes del Congreso de los Pueblos, reconocidos dirigentes estudiantiles, periodistas, funcionarios de la Alcaldía Distrital y defensores y defensoras de Derechos Humanos que han venido públicamente liderando la defensa de la educación pública, los derechos de los campesinos, la construcción de la Paz y la defensa de los derechos de las mujeres.

Hasta el momento, el material probatorio que han querido presentar para fundamentar el caso, es realmente absurdo e insuficiente. La lectura de libros de Camilo Torres y el Che Guevara, son algunas de las pruebas presentadas por el ente acusador, mientras que las imputaciones de cargos por su vínculo con las explosiones, pasó de ser la forma de legitimación mediática de dichas capturas, para desaparecer en las acusaciones, las cuales ahora se fundamentan en la participación en tropeles universitarios ocurridos el año pasado. Todo ello sostiene aún más lo que hemos denunciado como un falso positivo judicial o montaje judicial, que a todas luces apunta a generar miedo entre las organizaciones sociales y desarticulación de la lucha.

Desafortunadamente, no son los únicos. Nos preocupan los múltiples casos de falsos positivos judiciales que se continúan presentando y que han venido generado estigmatizaciones y riesgo a los miembros del movimiento social en Colombia. Son más de 9500 los presos y presas políticas en Colombia acusadas entre otros, por cargos de rebelión, un delito que ni siquiera debería existir en un país que se ufana de ser democrático.

En la misma vía, aproximadamente 6000 casos de montajes judiciales tienen en común haber ocurrido después de grandes movilizaciones, de los cuales por lo menos un 75% de estas personas han demandado al Estado colombiano por haber sido privadas de su libertad injustamente. Sin embargo, toda vez que no opera el principio de presunción de inocencia, un derecho violado, muchas de estas personas han pasado varios años en la cárcel con juicios abiertos mientras se intenta definir su culpabilidad y a pesar de demostrar lo contrario, ya el objetivo de amedrentar y desarticular las luchas que adelantaban estas personas se ha cumplido, así como también, mancillar su reputación que tras los juegos mediáticos, no cuentan con la misma suerte a la hora de recuperar su libertad.

Las detenciones realizadas están encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social y la libertad de expresión en Colombia, y a obstaculizar la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una paz estable y duradera. Lo que venimos diciendo e insistiremos en ello, es en denunciar que el ejercicio de la oposición y ser de izquierda no es un delito, que el Estado no puede hablar de paz mientras continúe operando con los mismos manuales de contrainsurgencia creados desde los años setenta, los cuales dieron vida a los grupos paramilitares, que necesitamos conocer la verdad sobre los crímenes de Estado, para que se haga justicia, para repudiarlos socialmente y exigir que no se vuelvan a repetir.

Ya son tres años de una mesa de negociación entre las Farc y el Gobierno nacional, pero son muchos más intentando construir una paz con justicia social, la misma que hoy desde los movimientos sociales reclamamos, exigiendo que se escuche la voz de quienes construimos desde los territorios propuestas de transformación para el país para una vida digna. Sabemos que una paz con justicia social no puede ser construida sobre los pilares con los que aún se sostiene la falacia democrática que vivimos en Colombia.

Quizás este momento pueda equipararse a las álgidas movilizaciones de finales de los setenta o la búsqueda de espacios de participación política de la década de los ochenta, cuando también se negociaba la paz. Ese momento nos dejó una nueva constitución política en el año 1991, un pacto social con amplias garantías y protección de derechos, que bien podría ser más un libro de literatura que el sustento de la democracia. Pero también nos dejó una trágica experiencia con el genocidio político de la Unión Patriótica y el asesinato y desaparición de innumerables líderes y lideresas sociales. Lastimosamente también puede equipararse en cuanto a las transformaciones que tuvo el Estado colombiano una vez volcó toda su maquinaria al servicio del statu quo mediante la Doctrina de Seguridad y la lucha contra el enemigo interno, aquella figura difusa que fue y sigue siendo representada por cualquiera que ponga en entre dicho el modelo de país que las derechas han diseñado para sí.

Hoy, una vez más, nos encontramos ante aquellas artimañas del Estado. Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional los recientes hechos que constituyen una violación grave a los derechos humanos, principalmente atentan contra los derechos de asociación, protesta, presunción de inocencia, debido proceso, expresión y el derecho a defender los Derechos Humanos en Colombia.

La solidaridad de los pueblos

El martes 14 de Julio, un numeroso grupo de organizaciones populares argentinas y de agrupaciones colombianas del Cono sur, realizaron un plantón durante más de dos horas frente a la Embajada de Colombia en Buenos aires, como medida de rechazo y repudio a las detenciones masivas.

Tras la lectura del comunicado internacional de solidaridad, se dio inicio a las intervenciones de los representantes de las organizaciones sociales, las cuales se fueron intercalando con la lectura de los perfiles de las y los compañeros detenidos.

Una tras otra, las voces resaltaban la importancia del apoyo y acompañamiento internacionalista al pueblo de Colombia y, en este difícil momento al Congreso de los Pueblos, expresando su preocupación por los miles de presas y presos políticos y por las reiteradas acciones de criminalización y persecución al movimiento social por parte del Estado colombiano.

El mensaje de solidaridad internacionalista remarcó, a través de diversas voces, que la construcción de paz con cambios y con justicia social en Colombia es muy importante para la paz en el continente y que el pueblo Argentino, a través de sus organizaciones populares por medio de la movilización, exigen y seguirán exigiendo al Gobierno de Santos el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías para ejercer el derecho a organizarnos en la lucha y la protesta social, siempre recordándonos muy afectuosamente y de manera contundente que estamos ahí juntos y juntas caminando los senderos de la lucha por una vida digna en un mensaje de fortaleza, un espaldarazo compañero.

*Militantes del Congreso de los Pueblos – Capítulo Argentina

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Entre los 15 detenidos este miércoles en Bogotá acusados de pertenecer a una célula urbana de la insurgencia se encuentran líderes estudiantiles, comunitarios, y un periodista de esta Agencia. “No dudamos que los detenidos son inocentes, manipulan a la justicia para lograr un hecho mediático”, explican desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes llevarán el patrocinio legal de los detenidos junto a la Universidad Pedagógica Nacional, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga y Justicia y Paz. El Congreso de los Pueblos reconoció que 7 de los apresados pertenecen a esa agrupación. “Algunos de ellos ni siquiera estaban en la ciudad cuando sucedieron los hechos que se les atribuyen, se trata de un nuevo caso de falso positivo judicial”, denunciaron. Desde el Polo Democrático Alternativo, el senador Alberto Castilla exigió garantías al gobierno.

En rueda de prensa realizada en la sede del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachí, denunció que los estudiantes de esa institución sufren “persecución” y aclaró que 4 de los estudiantes detenidos “se encontraban fuera de la ciudad, en Fusa, preparando actividades académicas” cuando sucedieron las explosiones que se les atribuyen. Entre los detenidos se encuentran Heiler Lamprea, Representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, quien había recibido amenazas de muerte por su labor social.

Otro de los detenidos es el periodista Sergio Segura, corresponsal de esta Agencia, especialista en temas de Conflicto y Paz, quien una semana atrás participó en un Foro sobre Medios y Conflicto, realizado en la en la Universidad Nacional; en el allanamiento a su domicilio le fue incautado parte de su archivo periodístico.

“No creemos que la responsabilidad de esos actos (explosiones en Bogotá) esté en estos líderes sociales detenidos” señaló Franklin Castañeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-.

Por su parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo –PDA- vinculó las detenciones a la noticia reciente del cese unilateral del fuego que retomarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-. “Junto a la Cumbre Agraria venimos denunciando la sistemática persecución al movimiento social colombiano, que se reactiva en contextos como éste”, explicó Castilla, y exigió “garantías al Gobierno Nacional”.

Desde el Congreso de los Pueblos, agrupamiento al que pertenecen algunos de los detenidos, la vocera nacional Alexandra Bermúdez también se refirió al gobierno nacional: “Ayer a esta misma hora estábamos reunidos con el ministro del Interior, el de Justicia, ya la viceministra de Defensa adelantando denuncias por violación a los Derechos Humanos, y éstas son las respuestas que tenemos del gobierno, las detenciones de estos líderes sociales, reconocidos dirigentes que han participado en las movilizaciones y procesos organizativos de la comunidad”. Bermúdez refirió además al asesinato de Carlos Pedraza en enero de este año, reconocido dirigente de esa agrupación, y a una serie de amenazas paramilitares contra referentes de esa colectividad.

“Que los medios de comunicación preserven la presunción de inocencia”

“Es lastimoso que el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad del Estado intenten buscar responsabilidad en líderes y lideresas sociales ante los atentados ocurridos. Están siendo culpados de actos de los cuales no van a tener responsabilidad alguna”, afirmó Franklin Castañeda, vocero del Movice, y agregó: “Esto no es nuevo, hay más de 13 mil demandas al Estado por detenciones arbitrarias, que comprometen a 27 billones de pesos que el Estado deberá responder por hechos falsos como éstos. Ninguna de las personas acusadas en el paro agrario acusada de vínculos con las insurgencias, sea de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional –ELN- permaneció detenida. Son falsos positivos judiciales, los medios de comunicación deberían conocer esto y preservar la presunción de inocencia”, concluyó.

A disposición de la Fiscalía

Según el Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, los detenidos “no están teniendo la posibilidad de tener un debido proceso, se les adelantan condenas públicas al señalarlos como miembros de organizaciones insurgentes sin posibilidad de defensa”. Ante eso exigen “debido proceso y la libertad” de las 15 personas apresadas, que hoy serán puestos a disposición de la Fiscalía.

Ver también: Detenido el periodista Sergio Segura de la Agencia Colombia Informa

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Ante el incumplimiento del gobierno nacional en Colombia en la mesa de negociación pactada con la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, se realizó una nueva asamblea para determinar los pasos a seguir.

Durante el paro agrario en Colombia de 2013 y 2014 fueron intensas las luchas y movilizaciones que se realizaron. En el 2013, tras 26 días de salir a las carreteras y que resulten numerosos los muertos y los heridos bajo la criminalización de la protesta y la desmedida represión estatal y para-estatal, los sectores campesinos e indígenas movilizados lograron conmocionar el país y hacer que la comunidad nacional e internacional volcara su mirada una vez más sobre el irresuelto problema agrario en Colombia. Pero, sobre todo, obtuvieron un gran respaldo desde los sectores populares de las ciudades, quienes, indignados, también se solidarizaron y movilizaron por la soberanía alimentaria del país, por mejores condiciones de vida digna de los pequeños productores en el campo colombiano y por el reconocimiento de los movimientos campesinos como sujetos políticos.

Finalmente, tras casi un mes de lucha, el primer paro se levantó en octubre, con un acto político de gran importancia para los sectores populares organizados: la instalación de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (CACEP), escenario de articulación que nuclea a la mayoría de sectores rurales movilizados y a muchos otros que se sumaron en la construcción de un pliego unitario de ocho puntos con las principales exigencias, reivindicaciones y propuestas de cambio de esta gran diversidad de movimientos.

Por ese entonces el gobierno, obligado a negociar, implementó espacios de concertación sectorial desde su vieja fórmula “divide y vencerás”. Pero la cumbre exigió otro tipo de diálogo, que trascendiera las reivindicaciones inmediatas y fragmentadas para poner en discusión el modelo de desarrollo rural y de despojo que desde hace décadas viene impulsando la clase oligárquica enquistada en el Estado.

Ante la iniciativa de un debate mayor, la escasa voluntad del gobierno se tradujo rápidamente en incumplimientos y, a inicios de 2014 –año electoral para presidenciales– algunos movimientos de la CACEP retomaron las calles y las carreteras para presionar al gobierno de Juan Manuel Santos a la instalación de mesas de diálogo serias y permanentes con la Cumbre. Tras varios días de movilización, el gobierno cedió y se concertó una agenda y metodología de trabajo para abordar ordenadamente los ocho ejes del pliego unitario concebido y propuesto desde la CACEP.

Las mesas de diálogo como resistencia y presión

El trabajo de las mesas inició y dio pie, en medio de la desconfianza frente al gobierno, para fortalecer el proceso de coordinación y unidad en lo diverso de la pluralidad de movimientos que la CACEP contiene (Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Organización Nacional Indígena de Colombia, proceso de comunidades negras, COMOSOCOL, etc.). Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, el gobierno de Santos –que ante el escenario electoral le puso “todos los juguetes” a la instalación de las mesas– sacó la nómina titular (ministros, viceministros y responsables con capacidad decisoria) y empezó a llenar las mesas con suplentes (funcionarios y burócratas de medio rango) y a incumplir y dilatar las agendas de trabajo.

De esta manera transcurrieron los primeros cinco meses de 2015 y las desconfianzas y los escepticismos se convirtieron poco a poco en certezas sobre la repetición de una historia ya sabida: el reiterado y cínico incumplimiento estatal frente a las demandas y los debates de los movimientos sociales y populares. El escenario de crisis de la mesa de negociación entre la Cumbre y el gobierno Nacional se iba gestando; y mientras los movimientos de la CACEP aprovechaban el tiempo para aceitar consensos buscando afectar la desigual balanza de poder, el gobierno hacía lo propio con la clase empresarial nacional y las corporaciones transnacionales. Así, estos acuerdos iban dando cuerpo al documento borrador del Plan Nacional de Desarrollo, que orienta la profundización del modelo neoliberal, promovido por el accionar estatal, durante los próximos cuatro años.

Finalmente, en medio de un ambiente político caldeado por el paro nacional camionero, las incertidumbres de la mesa en la Habana, el paro nacional de docentes y las protestas frente al Plan Nacional de Desarrollo aprobado, los espacios de diálogo entre el movimiento social y el gobierno hicieron aguas ante la falta de voluntad política de Santos y la crisis se hizo pública.

Sin embargo, a un año de la instalación formal de las mesas de negociación entre la Cumbre y el gobierno, el balance para el movimiento social es positivo en términos de unidad, pero la negociación sigue pendiente, pues no se avanzó en casi nada con el gobierno. Es por eso que ayer se realizó en Bogotá la segunda asamblea de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como principal espacio de deliberación de los movimientos sociales colombianos, para tomar decisiones sobre cómo proseguir con las luchas y los reclamos y para hacer frente a los reiterados incumplimientos del gobierno.

*Militante del Congreso de los Pueblos – Capítulo Argentina.

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