Por Marcos Doudtchitzky / Fotos: Nadia Petrizzo

El reclamo por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se puede rastrear a, por lo menos, las décadas de 1970 y 1980, levantado por mujeres de extracciones políticas diversas; incluso llegó a ser parte de la plataforma electoral del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en 1973, cuando las mujeres se encontraban en una situación aún mucho más desfavorable que en el presente. Es esperable, por lo tanto, encontrar una diversidad de estrategias y tácticas que jalonaron el camino, cambios inevitablemente vinculados a otras transformaciones de una sociedad que atravesó una dictadura sangrienta entre 1976 y 1983 y gobiernos que se movieron entre el neoliberalismo y el progresismo del nuevo siglo tras la restauración democrática.

No pretendo ahondar en detalle en la historia de lucha que permitió el triunfo en la madrugada del 30 de diciembre del 2020, tarea que puede ser encarada con mucha más profundidad por sus protagonistas directas del movimiento de mujeres; en cambio, apunto a un aspecto específico que no se podrá pasar por alto en ninguna lucha que busque la aprobación de una ley en el Congreso. Se trata de la falsa contraposición entre lo que se conoce como cabildeo parlamentario -el trabajo de lobby con los legisladores para que tomen determinada postura en el debate y al momento de votar- y la movilización callejera, el esfuerzo cotidiano de visibilidad y convencimiento para sumar fuerza en las calles.

Pretendo mostrar someramente que ambas caras son complementarias, cuestión que puede ser evidente para algunos sectores -en particular, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha logrado desarrollar ambas actividades de forma eficiente debido a la diversidad de organizaciones que actúan en su seno- pero es un debate pendiente, sobre todo dentro de la izquierda. A veces la propia fragmentación que la caracteriza conduce a un discurso luchista, para el cual la intervención dentro de las instituciones del régimen burgués (en este caso, el Congreso) está permanentemente cubierta por una sospecha de claudicación y por la contraposición entre movilización callejera y trabajo institucional. Desde luego, esto no quiere decir que sólo haya que enfocarse en las instituciones en las que siempre los sectores populares arrancan con desventaja, lo cual genera una desmovilización que atenta contra la posibilidad de conquistar reclamos. Por el contrario, la lección es que sólo una inteligente combinación de ambas tácticas (movilización y cabildeo) puede maximizar la posibilidad de triunfar. De esto se desprende la necesidad de formar espacios de lucha conjunta, frentes únicos que permitan desarrollar al máximo la movilización y el lobby, teniendo en cuenta que las organizaciones (partidos, agrupaciones) tienden a especializarse y a cubrir más eficientemente alguno de los aspectos, pero no todos a la vez.

Tomar estas enseñanzas es fundamental. La propia lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos estuvo permanentemente cruzada por las lecciones obtenidas de la experiencia: así fue como un puñado de mujeres de avanzada, que eran vistas con desconfianza por una sociedad moldeada por la moral católica, pusieron en pie un movimiento de masas que se ha convertido en una referencia para las mujeres y el movimiento LGBTQI+ en todo el mundo. Son muchos los derechos que tenemos que conquistar en la mayoría de los países y, sobre todo, en Latinoamérica; derechos que atañen también a lo que decidimos hacer con nuestras vidas y cuerpos, como la eutanasia o el consumo recreativo de drogas. Este artículo pretende ser un aporte en ese sentido.

2018: triunfo en Diputados, derrota en el Senado

Como ya se dijo, la lucha por el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo lleva varias décadas en Argentina. Se trata de un país cuyas clases populares desarrollaron una tradición de lucha muy profunda y prácticamente continua, aunque su centro de gravedad haya cambiado varias veces y pasado desde los sindicatos y organizaciones gremiales hasta los movimientos sociales. Obviamente, las mujeres han sido claras protagonistas, con referentas pioneras del feminismo reconocidas en todo el mundo.

Luego, no es difícil comprender la relativa facilidad con la cual el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto fue aprobado en la Cámara Baja en 2018. Hasta ese momento, el mismo había sido bloqueado sistemáticamente por los gobiernos progresistas del kirchnerismo y por el conservador y neoliberal de Mauricio Macri, pero la Cámara de Diputados ya había ido cambiando su composición, acomodándose a un panorama cada vez más favorable a la legalización del aborto. Obviamente esto no quiere decir que se contara con un triunfo de antemano; por el contrario, fue clave la combinación entre movilización y acciones de visibilidad pública (como los pañuelazos) y el cabildeo cara a cara con los legisladores. Los meses que transcurrieron entre la habilitación del debate en el Congreso y la madrugada del 14 de junio, cuando llegó la media sanción, fueron los que vieron nacer una marea verde masiva que no sólo se mostraba en las acciones puntuales, sino en la inundación de pañuelos verdes que impregnaron la vida cotidiana en el espacio público y los lugares de trabajo, estudio y recreación.

Sin embargo, el resultado en la Cámara Alta fue negativo. Ya se avizoraba más complicado desde un primer momento. Ocurre que, con el pretexto de un mal entendido federalismo, la Constitución establece la existencia de un senado poderoso, con grandes prerrogativas, en pie de igualdad con la Cámara Baja en lo que respecta a la sanción de leyes, pero de una naturaleza absolutamente antidemocrática: mientras que los diputados se reparten de forma casi proporcional, los senadores se asignan en igual número a cada distrito (es decir, tres para cada provincia), otorgándole la misma cantidad de representantes al 1% del padrón electoral ubicado en algunas provincias y al 50% que vive en otras. Además, sus bancas se renuevan cada seis años de forma alternada en bloques de ocho provincias por elección, produciendo una distorsión de las relaciones de fuerza sociales dentro del recinto. Un botón de muestra: en 2018, en pleno momento dorado del macrismo, aún votaban senadores electos durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ni siquiera existía la coalición Cambiemos. En este marco, con 38 votos en contra del proyecto y 31 votos a favor del mismo, la helada y lluviosa mañana del 9 de agosto de 2018 amaneció con una derrota que dejaba sin efecto la media sanción obtenida dos meses antes. Pero las cientos de miles de personas que rodeaban el Congreso y se replicaban en todo el país, con sus pañuelos verdes en el cuello, la muñeca o la mochila, se juraron no bajar los brazos. Y cumplieron.

2020: año de cosecha verde

Sería imposible comprender el triunfo arrancado en la madrugada del 30 de diciembre pasado, cuando el Senado aprobó definitivamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausentes, si no tuviéramos en mente lo ocurrido en 2018. Tampoco podemos olvidar que en 2019 hubo elección presidencial y, como ya fue dicho, la renovación de un tercio de la Cámara Alta. Demostrando hasta qué punto el Estado y los gobiernos no forman parte de una lejana y oscura superestructura, sino que están entrelazados (para bien y para mal) con la sociedad, ocurrieron dos hechos fundamentales como producto del clímax de 2018:

• Por primera vez, el presidente entrante incluyó en su campaña (y en un lugar central) su intención de promover la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual fue determinante a la hora de reforzar el cabildeo con figuras de peso del Poder Ejecutivo, y;
• Las listas de candidatos para la renovación legislativa, y en particular las de candidatos a senadores en aquellas provincias que renovaron su representación en la Cámara Alta, expresaron un corrimiento hacia posiciones más progresistas, al menos sobre este tema. Por ejemplo, se llegó a comentar que Martín Lousteau (figura muy reconocida en la Ciudad de Buenos Aires) aceptó encabezar la boleta de senadores de la alianza opositora Juntos por el Cambio a condición de ser secundado por Guadalupe Tagliaferri, quien ya se había pronunciado favorablemente sobre la ley tratada en 2018. Sin entrar en detalles, podemos suponer que este tipo de negociaciones estuvieron presentes en la conformación de listas en varios distritos.

Como se observa en los siguientes gráficos, lo que explica en mayor medida el cambio de posición de la Cámara Alta es el ingreso de senadoras y senadores luego del tembladeral feminista de 2018, en las regiones metropolitanas pero también en provincias de fuerte peso de aparatos religiosos y retrógrados.

Elaboración propia en base a datos oficiales del Senado

En ningún caso se fortalecieron los detractores al proyecto de ley pero, por el contrario, se ve un claro avance de la posición favorable en la mayoría de los distritos mencionados. Por otro lado, las 16 provincias restantes (cuyos senadores tienen mandato hasta 2021 o 2023) se mantuvieron mucho más estables, con pequeñas variaciones -Menem se ausentó por enfermedad, Alperovich está de licencia luego de denuncias de violación en su contra, Perotti (quien se abstuvo en 2018) asumió como gobernador de Santa Fe y dejó su banca a Mirabella (votó a favor en 2020), Rodríguez Sáa y Vega (ambos en contra) se ausentaron sin aviso. Sólo hubo dos cambios de postura: Snopek (Jujuy) votó en contra en 2018 y se abstuvo en esta ocasión, y García Larraburu (Río Negro) pasó de votar en contra a hacerlo a favor del proyecto. En ambos casos, y más allá de los argumentos que pudieron esgrimir para justificar su giro ante la opinión pública, cabe pensar que su pertenencia al oficialismo, impulsor de la ley, los hizo actuar por disciplina partidaria. De todos modos, esto también puede leerse como un tributo a la relación de fuerzas conquistada a lo largo de años de lucha y cristalizada en 2018, ya que la propia posición del Ejecutivo no puede explicarse de otra forma.

Las mujeres hicieron historia y futuro

Hasta aquí, algunas breves pinceladas sobre hechos que permitieron que Argentina se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Vimos que el Estado -el Ejecutivo y el Legislativo por el momento, pero también el reaccionario Poder Judicial, al cual habrá que presionar para que no obstaculice el cumplimiento de la ley recientemente aprobada- no es una fortaleza opuesta en esencia a las luchas desde abajo; más bien, es un campo de disputas, en el cual la izquierda y los sectores populares arrancamos con una desventaja de siglos, pero en el cual podemos (y debemos) dar pasos firmes. Los frutos están a la vista.

Para ello, es necesario transitar un angosto sendero: por un lado, no debemos caer en el luchismo que desprecia toda forma de compromiso con las fuerzas burguesas, ya que estas pueden ser presionadas para responder a las demandas populares, que frecuentemente ya se encuentran de forma latente dentro de aquellas (como ocurrió en varios momentos de la historia del peronismo); pero tampoco podemos confiar exclusivamente en el poder del cabildeo, justamente porque nos enfrentamos siempre a poderes que cuentan con gran cantidad de recursos y de oficio a la hora de hacer y deshacer las leyes que rigen a la sociedad. Naturalmente, el sinnúmero de organizaciones que conviven en las luchas históricas y cotidianas desarrolla sus especializaciones: algunas son más eficaces en el trabajo dentro de las instituciones, mientras otras se desarrollan preferentemente en la movilización callejera. Esto está bien y, por otra parte, es inevitable. La dinámica en cualquiera de los dos terrenos es demasiado absorbente como para ser abarcada por una misma organización.

En ese sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha demostrado tener una potencialidad sin precedentes. Permitió coordinar acciones callejeras y cabildeo, movilización y “rosca”, la calle y el Palacio, superando la vieja contraposición estéril entre ambas. Todavía tenemos por delante la conquista de derechos pendientes que, más allá de sus especificidades, tienen mucho en común con el derecho al aborto. Me refiero, por ejemplo, al derecho a la muerte digna o la despenalización del consumo recreativo de drogas (necesariamente vinculada a la atención del Estado a aquellas personas que sufren de adicciones). Se trata de reclamos de soberanía sobre nuestros cuerpos contra todos aquellos sectores que buscan regimentarlos amparándose en fundamentalismos del pasado.

Es hora de poner manos a la obra y tomar el ejemplo de las mujeres y la Campaña que, fortaleciendo por igual sus dos pies (calle y cabildeo), dieron un enorme salto hacia el futuro.

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Por Vivian Palmbaum

Esta semana se realizará la 10º Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia que semanalmente vienen reuniendo a trabajadoras de diversos oficios y actividades de todo el país. En este contexto también se debatió en la Cámara de Diputados la Ley de Teletrabajo.

“Cuido a mis hijes, sostengo a mis padres, limpio, plancho, acompaño a mis hijes en las tareas de la escuela, sostengo espacios de organización y mucho más”, expresaron las trabajadoras reunidas en Asamblea. En tiempos del COVID19 la vida se volvió virtual, asola nuestras existencias y nos recluye lejos de la vida que conocíamos. Trabajo, familia, amigas, amigos y relaciones sociales en general parecen haberse instalado en otra dimensión. La cuarentena nos confinó en un espacio doméstico que para una gran parte de la población tiene distintas implicaciones.

Las mujeres quedaron recluidas dentro del histórico ámbito doméstico, donde las tareas de cuidado se han multiplicado al tiempo que el trabajo remoto se vuelve ilimitado. ¿Cuáles son los protocolos de cuidado para las trabajadoras remotas? Su trabajo también parece ser esencial, pero invisible, no genera un salario pero, ¿quién se beneficia con su producto? Eso que llaman amor es trabajo no remunerado y en este momento se multiplica al infinito.

Asamblea de Trabajadoras

En este contexto de pandemia, el trabajo se realiza de manera remota, desde el hogar, y se suma a las tareas de cuidado que está a cargo de las mujeres. Unas jornadas que parecen no tener límites, ya que lo laboral y lo doméstico se mezclan de manera ilimitada y cuando no queda espacio para otra cosa.

En la Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia evaluaron, mapearon, tejieron solidaridad y resistencia frente a las implicaciones del teletrabajo en la vida de las trabajadoras. Se realizaron reuniones con la participación de hasta 700 mujeres, donde se escucharon las voces de trabajadoras de distintos ámbitos, organizadas, independientes con distintos oficios y actividades de todo el país. Se expresaron sobre el tratamiento de la Ley de Teletrabajo: “Nuestros derechos no están en cuarentena, legislar sobre nuestro trabajo no puede hacerse de manera express”.

Desde Marcha consultamos con integrantes de la Asamblea y de la Mesa de Virtualidad y Teletrabajo, que expresaron el resultado de una posición colectiva sobre las limitaciones y ausencias en este debate. “Legislar en contexto de emergencia corre el riesgo de dejar afuera algunas voces. El debate se dio con tanta celeridad que también fue algo que en algunos sectores y sindicatos no estaba trabajado de la misma manera. Un ejemplo de esto fue la primera reunión informativa que tuvo la Comisión de Legislacion del Trabajo, donde estuvieron los principales representantes sindicales, hubo 15 dirigentes sindicales varones y dos diputadas. Hubo disparidad y una asimetría en las voces. No hubo trabajadoras, delegadas sindicales, ni especialistas en temas de cuidado”.

Desde la Asamblea, advirtieron sobre las ausencias: “no hubo voces feministas en el debate, no hubo mención de cómo se iba a tratar el acceso al teletrabajo en personas trans, en travestis. En la celeridad en que se llevó adelante el debate quedaron afuera voces, estuvieron ausentes los feminismos”. Sintetizaron además, que “el abordaje express de la regulación del teletrabajo puede quitarle profundidad a cuestiones más nutridas y fortalecidas, sobre todo en los artículos que se relacionan con el Regimen de Cuidados, ya que insistimos en la corresponsabilidad de los cuidados”.

Agregaron: “muchos diputados hicieron mención que había que conciliar la vida familiar, nosotras desde los feminismos venimos diciendo que no, que hay que hablar de corresponsabilidad de los cuidados, de actores diferentes que tienen responsabilidad social en el cuidado y creemos que este rápido tratamiento le quitó profundidad a ese punto… Una discusión cara dentro del feminismo si pensamos en cómo se cuestiona la esfera de la producción y la reproducción y la convivencia y la sobrecarga que tienen las mujeres con el trabajo domestico y no remunerado”.

Invisibles tareas de cuidado

Home office o teletrabajo es presentado por las empresas como una modalidad flexible de trabajo. El beneficio de trabajar desde el domicilio, sin tener que movilizarse, sin gastar tiempo y dinero en viajes y en todo el andamiaje que implica ir a trabajar. Sin embargo, detrás de esta flexibilidad sin regulaciones legales, se esconden los reales beneficios para las empresas que no necesitan el espacio físico de trabajo y ocupan a las y los trabajadores en tiempos descontrolados y con exigencias que no son remuneradas a la par y que no tienen reglas claras que protejan los derechos de trabajadoras y trabajadores.

Desde antes de la pandemia, el teletrabajo había obligado a considerar un Proyecto de Ley para evitar abusos y preservar derechos laborales. El texto que obtuvo media sanción regula las modalidades del teletrabajo. Confiere iguales salarios que el trabajo presencial, regula la jornada laboral, regula el derecho a la desconexión sin sanciones por parte de la parte empleadora, regula el descanso, la administración de las herramientas de trabajo, compensación de los gastos que resultan por esta modalidad laboral, el derecho a la intimidad, protección de datos entre las regulaciones más importantes.

Las investigadoras feministas muestran la desigualdad en el riesgo psicosocial en el caso de las mujeres, intentando llevar adelante todas sus tareas junto a la vida familiar. Las tareas de cuidado históricamente naturalizadas e invisibilizadas como quehaceres femeninos, sacralizados por un sentido común patriarcal confinó a las mujeres, se apropió de su fuerza de trabajo y las alejó de otras posibilidades de desear, hoy vuelve a ponerse en primera plana por las propias mujeres.

El aislamiento social obligatorio se transformó en trabajo que se multiplica exponencialmente sin horarios definidos, en un tiempo continuo que no sabe ni de las ocho horas laborables, ni de fines de semana. “¿Quién se apropia de nuestra fuerza de trabajo? ¿Quiénes se benefician con la extensión de la jornada laboral? ¿Quiénes se apropian de nuestro tiempo libre?”. Son algunas de las preguntas que plantearon en las Asambleas de Trabajadoras, organizadas por la Escuela de Feminismo Popular Norita Cortiñas y la Asociación Argentina Historia de las Mujeres y Estudios de Género (AAIHMEG).

Con el lanzamiento de la campaña “Teleorganizadas en el COVID Capitalismo”, que se gestó durante los encuentros asamblearios de trabajadoras se expresan: “Todas nosotras estamos en la primera línea, ponemos el cuerpo diariamente y con nuestros trabajos el mundo sigue funcionando, aún en este tiempo trastocado. Para muchas de nosotras, las que hacemos trabajo remoto, las que sumamos horas de trabajo a nuestra jornada laboral, las reprecarizadas, las que asistimos a otres sin equipos que nos protejan, las que no hemos alcanzado a recibir los subsidios, las que estamos racializadas, las que cuidamos sin retribución, las que icenciadas no cobramos salarios, sabemos que el futuro del trabajo ya llegó para nosotras, imponiendo condiciones laborales sin regulación ni derechos. Para el COVID CAPITALISMO nos han recetado VIRTUALIZACION FORZADA”.

Las mujeres trabajadoras de distintos ámbitos han sido licenciadas por tener hijes menores o por integrar grupos de riesgo, otras hacen trabajo remoto o son las que ya se dedicaban a tareas de cuidado, “muchas siguen trabajando por temor a perder el trabajo o que se les mida la productividad”, para todas ellas se profundizaron condiciones de gran desgaste y sufrimiento.

Trabajo de plataformas

En la Asamblea también trataron el trabajo de plataformas que no está aislado del teletrabajo y el trabajo digital. Para esta modalidad de trabajo también desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. se impulsó el tratamiento express en la Legislatura, en la Comisión de Transporte, de una ley que regule la actividad. También se dejaban afuera las distintas voces de les trabajadores en el tratamiento de una legislación que afecta directamente sus derechos.

Una actividad que está compuesta por una gran cantidad de migrantes, que pedalean la ciudad, que en su mayoría reparten comida que fueron considerades trabajadores esenciales, que no cuentan con protocolos de seguridad con ninguna protección por parte de estas empresas: Glovo, Rappi, Uber, Pedidos Ya, entre otras. Esta legislación que pudo ser frenada cargaba sobre les propies trabajadores la responsabilidad y obligaciones y eximia a las empresas de responsabilidades y derechos laborales.

También la Asamblea se manifestó contra este tratamiento exxpress de corte neoliberal. La forma de tratamiento con leyes tan sensibles tiene que incluir todas las voces. Las mujeres que entregan delivery son las más perjudicadas porque son las que tienen a sus pibes todo el tiempo en sus casas.

La Asamblea se reúne los jueves a las 17 y genera trabajo y reflexión sobre la pandemia en tres ejes distintos: profundización de las violencias en contextos de cuarentena; derechos y condiciones laborales como trabajadoras esenciales para la sostenibilidad de la vida, y como trabajadoras haciendo empleo remoto o teletrabajando desde nuestras casas. Estas asambleas continúan, porque es necesario poner en evidencia la serie de vulneraciones y tejer redes para resistir y abrazarnos en tiempos de pandemia.

1 https://web.facebook.com/Escuelafeminismopopular.norita/
2 Podcast https://open.spotify.com/show/5bALJeYKvQtjgAtVjgkl87

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Por Redacción Marcha | Foto:  Nazareno Chavez

La gestión de Alberto Fernández inauguró recinto parlamentario con el envío al Congreso de la Ley de Emergencia Económica, proyecto que generó mucha polémica y diversas posturas a favor y en contra al respecto en todo el arco político. 

De este modo, y sin dilaciones, se reavivó el debate sobre el posicionamiento del Estado en relación con tópicos que forman parte del corazón de la recaudación impositiva: jubilaciones, retenciones, impuesto al dólar y ganancias, entre otros hitos. Cada gobierno, tarde o temprano revisa estos pilares y asume su postura al respecto. Lo que nos recuerda que conocemos a un gobierno, no tanto por sus ideas de campaña, sino por la letra chica de sus medidas. Fernández parece tener apuro en no dejar dudas al respecto.

Consultando a diversos especialistas, intentamos desglosar la propuesta en ciernes y volverla comprensible para la mayoría. ¿De qué manera afectará a nuestra economía? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿En qué medida representa un ajuste y cuál es la situación de coyuntura que obliga a llevar a cabo estas medidas? ¿Qué hay en la propuesta de viejas y/o nuevas recetas?

La emergencia fiscal

En primer lugar, cabe decir que el paquete enviado al Congreso implica el reconocimiento de la gravedad de la crisis fiscal y financiera de nuestra economía. El planteo de Alberto Fernández -sostenido luego por el Ministro de Economía- da cuenta de que la Argentina se encuentra en una situación que podemos llamar default técnico, o al borde del default. Esta palabra, tantas veces escuchada desde las empresas de comunicación guarda una relación con otra también famosa: riesgo país, se trata de una serie de conceptos que dan cuenta de la relación entre un país con su acreedor y que comunica una situación de incumplimiento ante un préstamo. En el caso de la Argentina, el mismo se efectuó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A este contexto, se le suma un nivel de déficit fiscal crónico, que podríamos entenderlo como aquella relación en la que el gasto realizado por el Estado supera los ingresos no fiscales y que se ancla también al pago de intereses de deuda. Esta posición da por tierra con el plan de retomar el camino de consumo y de crecimiento a través de la emisión de moneda, que hoy se encontraría sin respaldo y supondría un enorme riesgo.

Este panorama presupone un conjunto de enormes desafíos políticos para el gobierno, que se plantea la necesidad de, en primer lugar, obtener una cantidad de recursos fiscales; y en segundo lugar, a partir de estos, abrir una negociación con el FMI y con los bonistas en ciertas condiciones de credibilidad. A su vez, la gestión se enfrenta al dilema de no confrontar de manera inmediata con la base social que derrotó al macrismo y no romper con la expectativa y el espectro amplio de consenso que se creó sobre su gestión en la sociedad. Parece una ecuación de difícil resolución. 

Retenciones al Agro y Megaminería

La medida de las retenciones –que podemos entender como forma de cobro adelantado de impuestos por parte de las autoridades tributarias sobre los ingresos de determinados contribuyentes- responde a la preocupación por la fuente de divisas.  Sin embargo, más allá de la réplica mediática y la presión generada durante los últimos días por parte de los referentes de la Sociedad Rural, el verdadero aumento de las retenciones realizado, prácticamente, compensa una devaluación. Es decir, que no se trata de un aumento en términos reales sino una recaptura de parte de los ingresos producidos por el fenómeno devaluatorio. 

Por otro lado, cabría señalar que no se está cuestionando ni un ápice del modelo agro exportador, basado en el cultivo de la soja y el uso de agrotóxicos. Al menos hasta ahora, si bien se reconoció el trabajo de las cooperativas y grupos de agricultura familiar, no se expresó la voluntad de avanzar hacia una política de transición agroecológica. Por otro lado, con respecto a la extracción de hidrocarburos no convencionales, que se centra sobretodo en Vaca Muerta y la implementación de megaminería en distintas partes del territorio nacional, encontramos un estímulo fiscal, bajando las retenciones del 12 al 8 %. Este accionar nos habla de una manera de comprender a los bienes comunes como mercancía.

La profundización del modelo extractivista aparece como una de las principales demandas que se realizan desde los organismos financieros hacia los distintos países que toman deuda. Esta es una de las trampas de la deuda adquirida y perfila uno de los escenarios de conflicto social más importantes en los próximos años, frente al rechazo a la minería en varios territorios, que ya se vio reflejado estos días en los reclamos contra la modificación de la Ley. 

El recorte de siempre: derechos laborales y jubilatorios

En relación a las cargas específicas sobre las y los trabajadores activos y pasivos, no se estaría planteando una intervención en ganancias, lo cual implica que, en términos generales, el sector de trabajadoras y trabajadores alcanzados no se modifica de forma que esta carga continuará pesando sobre ellos y ellas. Además, cabe aclarar que, según algunas apreciaciones de especialistas, con un aumento por debajo de la inflación del mínimo no imponible podría inclusive aumentar la carga tributaria y la cantidad de las y los trabajadores alcanzados.

En relación a las jubilaciones, se impone una restricción de la movilidad jubilatoria de los regímenes especiales que tienen el 82% móvil. Además, el gobierno pone en eje la perspectiva de un cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, dado que el aumento de la inflación impactaría sobre la recomposición de una gran cantidad de jubiladas y jubilados -que algunos calculan en un 29% para el próximo semestre- lo cual sería, según fuentes oficiales, impagable para las arcas fiscales en estas condiciones de recomponer ingresos y egresos. Entonces, la opción primera que aparece es eliminar la movilidad por seis meses, no pagar el 29% y pagar de acuerdo a cómo evolucionan las cuentas fiscales un porcentaje por decreto, para luego crear una comisión que cambie el cálculo de la movilidad. 

En lo inmediato, si bien no está especificado cuál sería el aumento por decreto, es evidente que la intención confesa o inconfesa es no tener una carga fiscal muy grande. Mientras que la compensación a jubiladas y jubilados por decreto contemplaría a quienes perciben desde la jubilación mínima hasta 19 mil pesos (compensación cuyo monto aún se desconoce), quienes perciben una jubilación mayor sin por eso ser ricos ni mucho menos, podrían quedar perjudicados. Es importante señalar la situación de emergencia en la que se encuentra este sector, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la canasta estimada para quienes perciben jubilación y/o pensión, según la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires es de 38 mil pesos. Entonces, si bien la medida protegería a la franja inmediata más vulnerable y se emplea otra serie de medidas como la rebaja de los valores de los medicamentos tras el acuerdo con el sector farmacéutico y las tarjetas de alimentación surgidas tras la mesa del Plan Contra el Hambre, esta medida dejaría sin actualización jubilatoria ni compensaciones a otros por encima de los 19 mil pesos, pero aún por debajo de la canasta básica.

En lo que respecta al impuesto al 30% a las transacciones en dólares y viajes al exterior, se buscaría, por un lado, tener el balance positivo que mantiene el control de cambios y por otro lado, encarecer el turismo en el exterior de tal manera no sea una fuente de hemorragia de divisas.  De este modo, a través del aumento de las retenciones, el dólar turista y la imposición a las transacciones en dólares a los argentinos que viajan al exterior, se lograría una mayor conservación (o una menor pérdida) de divisas, siendo este el objetivo principal del gobierno entrante.

¿Quién paga la crisis?

Si bien en un principio  se hablaba de una recomposición general de los ingresos de las y los trabajadores, el resultado final de este paquete parece ser una recomposición parcial acotada en el tiempo a través de bonos no remunerativos para el sector privado, sin cargas sociales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a por una cantidad limitada de tiempo. Lo mismo sucedería para quienes perciben una jubilación. Es decir, se trata de una política de rescate de muy corto plazo sobre los sectores de ingresos más bajos, mientras se mantiene o empeora la situación de los trabajadores de ingresos medios y altos. Este esquema implica que, en principio, la clase trabajadora en términos generales sigue siendo la principal fuente de financiamiento del déficit fiscal.  Y que las medidas para que sean los sectores de mayor nivel adquisitivo y mayor concentración económica de la sociedad los que contribuyan más a salir de la crisis, al menos no aparecen con toda claridad. 

Entonces, ¿quiénes pagan la crisis?, debería ser la pregunta que permita deslindar propuestas razonables de otras regresivas en un momento crítico,  y que esto permita llevar el lápiz al núcleo reducido de sectores con mayor acumulación de riqueza en un país cuya brecha de desigualdad aumentó drásticamente, al alcanzar la cifra de 40% de pobreza. 

Mientras que las retenciones al agro no escalan en mayor medida para los grandes pooles de siembra del país, la minería obtiene rebajas impositivas, y no se impone ningún tipo de tributación al sector bancario (por citar a uno de los sectores más beneficiados durante la era Macri), resulta por lo menos injusto que la carga del pago a acreedores recaiga principalmente sobre las y los trabajadores, lo que plantearía una solución provisoria e inmediata, que apunta a obtener margen de maniobra y solvencia, sin tocar en profundidad a los grandes capitales, y aplicando un toma y daca en los sectores trabajadores medios y bajos, quitando y compensando, ajustando y reparando, sorteando en zig zag la promesa de gobernabilidad. 

La ley de emergencia pone de manifiesto un panorama complejo que, por un lado, rompe con la expectativa de que la economía de las y los trabajadores mejoraría sustancialmente solo por un cambio de orientación en la nueva gestión, más allá de la difícil situación en la que nos encontramos. Por otra parte, nos recuerda que la organización de la clase trabajadora en sindicatos y frentes continúa siendo una herramienta necesaria de lucha, como así también de reivindicación y negociación en nuestras democracias. Sin esa fortaleza, será difícil pugnar por la conservación de algunos derechos, en una encrucijada al borde del default. 

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Por Ana Paula Marangoni / Fotos: Red de Medios Digitales

“Somos trabajadorxs de prensa que integramos los medios autogestivos, comunitarios, alternativos, cooperativos, populares y transfeministas”, así comienza el documento en el que algunxs de lxs integrantxs de medios digitales presentes en el Congreso nos definimos, con la heterogeneidad como marca de identidad y con el desafío de unir propuestas para fortalecernos como trabajadorxs.

A lo largo de la mañana, en una sala donde participamos trabajadorxs de medios digitales, representantes del ámbito de la comunicación, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y de la esfera política, se compartieron miradas sobre los desafíos que se aproximan de cara a una nueva coyuntura social y política.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue dar cuenta de la importancia de estos medios en la actualidad: “registramos los conflictos sociales que no forman parte de la agenda hegemónica. Contamos historias que recuperan la memoria popular y feminista de nuestros territorios. Comunicamos desde narrativas respetuosas de los derechos humanos, de las diversidades y las juventudes. Con estas miradas difundimos las expresiones de las culturas y lxs artistas emergentes”.

Sin embargo, quienes estamos en estos medios que sostenemos garantizando el acceso a la información, trabajamos, en su mayoría, sin sueldo fijo. En un relevamiento técnico realizado apenas sobre 26 medios digitales, se observa que el 54% no cuenta con pauta publicitaria; el 65% no posee figuras legales; y solo el 41% accede a un salario fijo (de cuyo grupo, el 61% percibe salarios menores a los 8 mil pesos).

Algunxs de lxs invitadxs de la mesa, plantearon la necesidad de darnos un debate social, debido a que en los últimos años cambió radicalmente la forma de informarnos, de pensar y de debatir. La emergencia de una pluralidad de medios de comunicación llevó a que se generaran nuevos debates políticos, nuevas formas de comunicar, innovaciones estéticas y de contenido, así como el surgimiento de nuevxs profesionales dentro de la comunicación.

Sin duda, uno de los puntos de coincidencia en diferentes intervenciones fue también el surgimiento de nuevos medios y nuevas formas comunicativas unidas al crecimiento de las luchas feministas. Las notas colaborativas, el acompañamiento respetuoso a denunciantes de abuso o violencias y la visibilización de las multitudinarias manifestaciones en el marco de las acciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito son algunos de los desafíos que desde el feminismo había que contar por cuenta propia.

Distintas referentes de la comunicación, de medios populares y feministas, y del activismo militante coincidieron en que las feministas tuvimos que crear y elegir estar en medios y espacios alternativos, porque lo que queríamos saber, difundir y transmitir no aparecía en los espacios tradicionales. En los medios populares y feministas está el registro de la memoria de las luchas que se vienen dando desde hace muchos años, los pequeños pasos que fueron configurando mundos mejores, horizontes más equitativos e igualitarios.

#Ahora | Dice Cora Gamarnik: "Los medios digitales cambiaron radicalmente las formas de pensar y opinar, ampliaron la instalación de temas de agenda y generaron nuevos debates políticos" #RedDeMediosDigitales pic.twitter.com/JDeBq2mi3D

— Marcha Noticias (@MarchaOrgAr) December 17, 2019

"El Estado debe garantizar el acceso a las tecnologías que permita la creación de contenidos que den cuenta de la diversidad que manifiesta nuestra sociedad”, dice ahora Damián Loreti #RedDeMediosDigitales

— Marcha Noticias (@MarchaOrgAr) December 17, 2019

Lanzamiento de la #RedDeMediosDigitales

.@LarisaKejval: "el desafío es renovar las articulaciones sectoriales de cara a la democratización de las comunicaciones. Tenemos que pasar a un tipo de activismo latinoamericano" pic.twitter.com/u5cVVvOAUO

— Marcha Noticias (@MarchaOrgAr) December 17, 2019

En medio del debate, circularon un sinfín de ideas que requerirán ser recuperadas porque esto recién empieza. La importancia del federalismo, del trabajo en red entre las redes, la comunicación como derecho -reconocido por la Corte Interamericana de DDHH, así como la necesidad de recuperar la solidaridad internacional, deberán ser prácticas usuales durante las dictaduras latinoamericanas y que comienza a resurgir a partir del Golpe de Estado en Bolivia, y las rebeliones populares en Chile, Colombia, Ecuador, Haití y otros países.

"Es necesario pensar en el control de la concentración de medios", dice @DiegodeCharras ahora en el lanzamiento de la #RedDeMediosDigitales "Es necesario garantizar la existencia de los nuevos medios, pensar en ayudas directas"

— Marcha Noticias (@MarchaOrgAr) December 17, 2019

“Es hora de que las políticas públicas reflejen que los medios feministas somos claves”, dice @soylurri ahora en el lanzamiento de la #RedDeMediosDigitales pic.twitter.com/hYETyQVtxI

— Marcha Noticias (@MarchaOrgAr) December 17, 2019

“Si no estuvieran los medios digitales, no estaría plasmada la historia de la @CampAbortoLegal", dice @JennywDuran "Si vamos a buscar la genealogía de la lucha por el derecho al aborto, la encontras en los medios digitales" #RedDeMediosDigitales pic.twitter.com/hzJugMYgZB

— Marcha Noticias (@MarchaOrgAr) December 17, 2019

Lxs medios reunidos elegimos y optamos por comunicar desde otros lugares, recuperando otras memorias, creando nuevas agendas, al calor de las luchas en los barrios y en las calles. Y el debate iniciado, no es un debate de y para medios, sino de enorme importancia social. Se trata de garantizar, estimular y fomentar la pluralidad de voces y de información. Porque sólo hay democracia cuando podemos elegir. También cómo nos informamos.

En el marco de la jornada de lanzamiento de la Red de Medios Digitales, se dio inicio a un relevamiento nacional y se espera que el conversatorio sea el primero de muchos más, con la presencia de más medios y espacios para intercambiar y ensayar propuestas de políticas públicas para la subsistencia y permanencia de las voces disidentes que difundimos.

Estuvieron presentes: LatFem, Matria, Emergentes, Grito Del Sur, Cosecha Roja, Anfibia, Tiempo Argentino, Marcha Noticias, MU/lavaca, Revista Crisis, Feminacidas, Macacha, Cítrica, Comunicadas, La Retaguardia, Agencia Paco Urondo, FutFemProf, Cìrculo Ecuador, CCP, Resumen Latinoamericano, Revista Mantis, Zorzal Diario, Enfant Terrible, Apostasìa de Género de Latinoamérica, Boletín Enredando, Anred, Revista Rea, Infonews, Reveladas, Ponele, Revista Timbó, ANCAP, AnCCom, Colectivo Al Margen y Revista Resistencias.

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Tras la presión masiva en las calles, se aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados. El feminismo organizado continúa escribiendo la historia de las liberaciones.

Después de veinte horas de debate en el Congreso de la Nación, la legalización del aborto recibió media sanción con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.Pero fue en las calles donde se vieron los gestos más nobles, los abrazos más sororos, la paciencia más infinita y los cuerpos más presentes.
La vigilia fue a pura música y frazada, pero desde adentro llegaban rumores de votación pareja y había que sostener la presencia en el afuera. Por eso antes de que amaneciera ya había miles pardas en Callao, viendo por pantalla gigante la sesión que se prolongaba.

El Congreso desde temprano se fue convirtiendo en un hervidero de cuerpos que desbordaron cualquier expectativa. Mientras adentro del recinto las y los diputados exponían sus puntos de vista que luego los llevaran a la votación, en medio de especulaciones por los votos a favor o en contra, el verdadero escenario estuvo en las calles. Con el cuerpo, las herederas de las brujas estuvieron presentes. El verde pobló cada rinconcito, Av. Rivadavia entre las vallas que separaban del Congreso y de la convocatoria anti-derechos al más de un millón de mujeres organizadas.

Las calles desbordaron de presencias, de colores, de alegría, con miradas cómplices donde miles se hermanaron, a pesar de las diferencias. Es que la necesidad de la ley nos atravesó. A pesar de los discursos moralizantes que durante siglos condenaron generalizando sentimientos de culpas, se pudieron vencer las propias resistencias.

Desde temprano organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos comenzaron a armar lo que serían sus carpas y espacios para pasar la noche junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Sin embargo, la acción masiva de las autoconvocadas, en su mayoría jóvenes, desbordó cualquier logística y no hubo techo o guiso que alcance.  Pero no se trató simplemente de una jornada propia de la Ciudad de Buenos Aires todo lo contrario, mientras llegaban micros de Tucumán, Chubut, Córdoba, Santa Fé, Chaco, entre otros, con ellos llegaban las noticias de las acciones que se realizarían en cada provincia como así también colectivas feministas de Chile, México, Brasil, Venezuela y Uruguay avisaban que verían el debate desde sus espacios.

“Las compañeras de todos los lugares se pusieron al hombro pañuelazos y actividades acompañando el debate y multiplicando la campaña” explicó Clarisa Gambera de la CTA Autónoma al referirse a la diversidad de las presentes y sumó “cada vez nos llegan más noticias de compañeras que están viniendo por eso esperamos que nos escuchen y que sea favorable”. En ese contexto, desde temprano Gambera reflexionó “nosotras que teníamos el debate abierto lo pudimos saldar ya que las compañeras entendieron que era legalizar o seguir escondiendo la realidad de la clandestinidad entonces al poder dar abiertamente este debate nosotras ganamos”. En ese sentido que “el Congreso atrase este triunfo nos preocupa un poco pero la felicidad ya es nuestra, esto es una fiesta” recordó.

Por su parte, Mónica Menini de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Salta explicó la importancia de la aprobación de la ley en términos federales “Salta tiene 3500 egresos por abortos de los hospitales públicos por año en menores de 25 años, tiene la más alta tasa de maternidad infantil forzada de niñas de entre 10 y 15 años” explicó al recalcar la importancia de participar de cuerpo presente en la vigilia tras un largo viaje. Menini recordó “también tiene como primer delito procesado de todos los delitos que se comenten en la provincia al abuso sexual, en ese contexto hace años veníamos peleando que el aborto legal en nuestro país por causales de violación, salud o riesgo de vida para la mujer o persona gestante sea una práctica legal, lo logramos hace a penas unas semanas”. Y para finalizar afirmó “es absolutamente importante para las mujeres del norte poder pasar de políticas de la Edad Media al Siglo XXI”.

A medida que fueron pasando las horas, lejos de disminuir la cantidad de presentes, fue aumentando, a tal punto que a la noche hasta la Av. Corrientes tuvo que ser cortada al transito, una ola verde que invadía cada calle lateral, donde las esquinas se transformaban en un nudo difícil de atravesar. Diferentes expresiones colectivas, más o menos organizadas junto a otras y otros que sintieron la necesidad de salir a las calles para sumarse a un hecho que se transformará en verdaderamente histórico. Cuando el sol ya era una presencia cálida, comenzaron los cierres, donde empezaba a desprenderse un aroma a victoria que inundaba los sentidos.

Durante la madrugada las preocupaciones comenzaron a generalizarse, los números no daban. Distintas estrategias comenzaron a circular para revertir esa posibilidad. Desde adentro las comunicadoras feminista que se encontraban cubriendo el debate asumieron una forma de intervención y de lobby de forma tal que la masividad del afuera llegara al adentro. Mientras el sol comenzaba a salir timidamente entre las cúpulas del Congreso llegó el recorte de un twitter, Sergio Ziolloto había publicado que junto a Melina Delú y Ariel Rauschenberger del peronismo de La Pampa votarían a favor. El suspiro fue también colectivo, la aprobación comenzaba a ser una realidad.

Pasadas las 10 se votó y los resultados arrojaron una media sanción para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El estallido fue general y los gritos, llantos, abrazos y felicidades inundaban la Plaza y sus alrededores como una marea verde y cálida y feliz que podía celebrar después de días (después de años) de discutir, militar, luchar el aborto legal, seguro y gratuito. No se trataba de cualquier festejo, esta vez luego de muchos años, la ley en disputa era muy distinta a las previas donde la movilización no era para obstaculizar el ajuste de derechos fue más bien para exigir libertades.

Cuando la política de los recintos escucha el pedido de las de afuera, cuando las luchas por los derechos de años se ven reflejadas en decisiones que ceden a la presencia masiva, el mundo se vuelve un poco más verde y un mucho más justo. Queda aún el Senado por delante, pero la historia ya se va escribiendo al ritmo de las pibas y de los abrazos.

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Mientras los argumentos del debate público se afinan y el apoyo al aborto legal crece en la sociedad; en el Congreso el discurso del odio y la ridiculez como performance se abren paso para deslegitimar una lucha histórica. En este contexto, una vez más, la irreverencia nos salvará.

Durante abril y hasta fin de mayo se realizarán, los martes y jueves de 10 a 19 en el Congreso de la Nación, las reuniones informativas rumbo a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Son 9 los proyectos que se debaten pero, incluso en voz de quienes se oponen a esta ley que cambiará la forma en que concebimos a la sociedad, es uno el que se valora e incluso intenta denostar: el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Este Proyecto, que cuenta con casi 80 firmas de diputadas y diputados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, es una construcción popular feminista. Y democrática. Debatida en foros federales y redactada por abogadas especialistas en todas las áreas del Derecho, cuenta con un valor incalculable: el consenso del movimiento de mujeres y feminista.

Quizá sea por eso que, mientras el apoyo a una ley fundamental multiplica el verde en el Congreso, en las calles y en las redes; del otro lado, la nube conservadora se avecina. Semana a semana, la moderación de quienes se oponen al avance social y el reconocimiento histórico de un derecho para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, se va desfigurando. Y abren paso con descalificaciones, a un riesgo del que sólo los fundamentalismos serán responsables: que el debate deje de ser democrático.

Son varias las maniobras comunes de quienes sostienen posiciones y acciones contra el avance de derechos para toda la sociedad. Una es calificar de asesinas a quienes abortan; la otra, decir que una ley de aborto sería inconstitucional, y la otra, que analizaremos, es borrar los lazos de dependencia entre la/ el gestante y el feto y representar a este último como un sujeto poseedor de derechos. De esta forma, el conservadurismo transforma un embrión/ cigoto en una persona -pública- que reclama dando voz en el falso debate a quienes dicen hablar en su nombre.

Una tostada en el café

Primer día de reunión informativa. Concentración conservadora. La irrupción de una pancarta donde un feto, flotando mágicamente en líquido amniótico, reclama el derecho a “ser ingeniero”. Una foto de la pancarta. Y la viralización instantánea. Así nació en el folklore popular, mediatizado por las redes sociales, el #fetoingeniero, excusa inolvidable para chistes- memes- ilustraciones y que, desde los análisis más especializados, promete crear un antes y un después en los debates alrededor del derecho al aborto.  

“El mito antiaborto se afianza con la aparición de la ecografía. La imagen del feto es la representación clásica que se define socialmente como ´ícono de la persona, la familia, la nación, el origen, la vida y el futuro´”. La periodista feminista Amanda Alma es integrante de la cooperativa Manifiesta y citó, con estas palabras, a la filósofa norteamericana Donna Haraway en su exposición el jueves pasado en plenario de Comisiones que debe dictaminar sobre la IVE.

Para la comunicadora, hay que “reírse para sacar el aborto del melodrama, para cargarlo de sentidos humorísticos y ridiculizar la solemnidad que le imponen los discursos hegemónicos”. Para Alma, “la trascendencia social de este debate y la tecnología en manos del pueblo, permiten afirmar que la sociedad argentina hoy muestra un amplísimo apoyo a la despenalización y legalización del aborto”, lo que nos permitirá “debatir qué ley vamos a aprobar, si una que refuerza las posiciones conservadoras que intentan circunscribir el debate en un tema médico/ legal, sacralizado y dramático. O si atendemos las voces de miles de personas que utilizando las redes sociales multiplican al #fetoingeniero como una manera de enfrentar las posiciones conservadoras”.

José Manuel Morán Faúndes es Doctor en Ciencias Sociales y expuso en el Congreso sobre las consecuencias de una operación política, realizada por los sectores conservadores, que está invisibilizada en el debate público: la humanización del feto. “La valoración del feto como un miembro de la comunidad es una construcción social”, afirmó.

Para el investigador, ese momento, esa valoración subjetiva “pareciera marcar de manera irrefutable la aparición de un sujeto, de una persona desde el momento de la fecundación”. Advierte que aceptar esta postura política que pretende ser científica y objetiva, tiene consecuencias y que “hay que hacerse cargo”. Se refiere a “entender a los seres humanos bajo un prisma esencialista como un simple código y no como una complejidad que además se conecta con las estructuras sociales” como “la crianza e interacción con el mundo”. Además, “separa a la mujer del producto, como si fueran dos sujetos ´objetivamente diferenciables´”, y de esta forma, “construyen al cigoto en potencial víctima y a las mujeres y hombres trans en potenciales victimarios”.

Para el investigador es irresponsable el modo en que hemos situado el debate en este terreno y agrega que estamos ignorando el rol del “sistema patriarcal de asignación de poder que nos sitúa a los hombres en un lugar simbólico y materialmente privilegiados respecto de otros cuerpos”. “Antes de debatir el aborto en términos de un conflicto de derechos entre el feto y la autonomía reproductiva, debemos sincerar”, agregó. Y finalizó: “es gracias a la subjetivación del feto que logran volver sospechosa la autonomía de las mujeres”, “así, bajo la apariencia de objetividad científica, se instituye una forma de tutela sobre los cuerpos y las subjetividades de las mujeres y los hombres trans”.  

El uso del terror

La cara de Hitler en pantalla gigante. Fetos destrozados en incomprobables intervenciones y sangre por doquier. Bebitos de plástico llevados al Parlamento en una caja que emergen de la oscuridad para ser besados con fervor. Activistas del miedo que hostigan a las jóvenes con pañuelos verdes hasta en los baños. FX y performance. Así el denominador común que lxs antiderechos llevan a las reuniones informativas -cada martes y jueves hace un mes- en las que se debaten los argumentos para que el Estado deje atrás una etapa de estigmatización que recae sobre la mitad de su ciudadanía y criminaliza a las personas gestantes solo por decidir.  

Para Nayla Vacarezza, investigadora en Ciencias Sociales y autora de “Políticas de los afectos, tecnologías de visualización y usos del terror en los discursos contrarios a la legalización del aborto“, “los esfuerzos comunicativos contrarios a la legalización del aborto se dirigen a establecer el carácter de persona del feto”. Esto “hace posible otra serie de desplazamientos como los que asocian un ´aborto´ con un ´crimen contra la vida´ y a su legalización con un ´genocidio´”.

Vacarezza, quien disertó en una de las reuniones informativas en el Congreso de la Nación, afirma que en relación a los afectos también hay una disputa de sentidos: “Estos mensajes buscan crear lazos emocionales de empatía y protección con el feto -representado como ´persona´, como ´niño´ y como ´bebé´- al mismo tiempo que promueven el terror respecto del aborto y sentimientos de repulsión hacia las mujeres que abortan”.

Para Claudia Laudano, licenciada en Comunicación Social, y quien expondrá próximamente su experiencia a favor del aborto legal, es importante luego de analizar estas disputas de sentido, darse estrategias para superarlas, y ensaya dos propuestas posibles.  

“Restituir el sentido de la vida fetal en relación a la mujer que lo gesta en su cuerpo, (re)adjudicándole su estatuto de vida prenatal y dependiente”. Esto lo afirma en su artículo “Reflexiones en torno a las imágenes fetales en la esfera pública y la noción de ´vida´ en los discursos contrarios a la legalización del aborto”. “En segundo lugar”, avanza la especialista, debemos “continuar con la estrategia de difundir imágenes de las acciones colectivas de las organizaciones de mujeres (y LGTTBI) en pos de una normativa a favor de la vida de las mujeres, que evite muertes por abortos clandestinos en el país”.

Las reuniones informativas continuarán esta semana y se extenderán hasta el jueves 31 de mayo. Se prevé que en la primera semana de junio se redacte un borrador de dictamen y que la próxima semana, posiblemente el miércoles 13, se vote en el pleno de la Cámara de Diputados la media sanción de una Ley fundamental: la de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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Mientras avanza el tratamiento del Proyecto sigue habiendo mucho por analizar. “De ser efectiva la medida, Argentina se convertiría en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto, todo un hito en la región, donde la norma son las estrictas leyes en contra”, resalta Bárbara Ester, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Una de las pocas promesas de campaña cumplidas por Cambiemos ha sido rla de habilitar el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso. En ese sentido, su postura marca una clara diferenciación con respecto a la avanzada conservadora en la región, que ha significado un retroceso jurídico y real en los derechos de las mujeres. Los legisladores argentinos se encuentran debatiendo una medida para que se pueda interrumpir un embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación. De ser efectiva la medida, Argentina se convertiría en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto, todo un hito en la región, donde la norma son las estrictas leyes en contra.

El año pasado, Argentina fue el primer país en convocar a una huelga global durante el Día Internacional de la Mujer. Este año la capacidad de convocatoria ha tenido un mayor impacto tanto a nivel internacional como local. El pasado 8 de marzo las mujeres volvieron a realizar una multitudinaria marcha en la que predominaban dos colores: el violeta, como muestra de adhesión a este paro internacional, y el verde, para reivindicar el proyecto presentado en el Congreso a fin de que se legalice el aborto.

Ante la contundente demostración de músculo por parte del Movimiento de Mujeres, Macri -quien personalmente se ha manifestado en contra del aborto- intentó congraciarse con las demandas históricas del feminismo. Ese mismo día anunció el envío de un proyecto de ley al Parlamento para equiparar la brecha salarial entre varones y mujeres, ampliar la licencia por maternidad y paternidad mientras que, paralelamente, instruyó a sus legisladores para que habiliten la discusión del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A diferencia del posicionamiento del conservadurismo en la región, Cambiemos es pragmático y busca desde una concepción liberal ganar adhesiones con temas con fuerte apoyo en la opinión pública.

El oficialismo accedió al tratamiento legislativo, pero no tiene un lineamiento partidario hacia sus congresistas sino que otorga “libre albedrío” y “libertad de conciencia” a sus legisladores con respecto a una política troncal de salud pública. El cuadro que sigue a continuación, elaborado por Economía Feminista, refleja el voto tentativo -a favor o en contra de la medida- según la orientación partidaria:

Posiciones frente al aborto por orientación partidaria

Fuente: Economía Feminista¹

El agrupamiento no es exhaustivo pero busca reflejar los datos tanto en términos absolutos (cantidad de personas) como en términos relativos (porcentaje dentro del bloque). Tal y como puede verse, Cambiemos es el que presenta la mayor oposición al aborto legal. El Frente para la Victoria es el grupo que mayor caudal de votos positivos traería al proyecto, seguido por un número nada despreciable de votos de la alianza Cambiemos, que provienen en gran parte de la Unión Cívica Radical (UCR). Es llamativo el escaso apoyo que recibe el proyecto de aborto legal en la coalición de 1País. El único bloque que apoya 100 por ciento el proyecto es el del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). De mantenerse esta tendencia, Cambiemos representa al mismo tiempo la condición de posibilidad del debate y su más férreo opositor (en términos absolutos) a la despenalización.

Otra de las conclusiones que es posible extraer es que, en su mayoría, las bancadas no cuentan con una línea clara, y el aborto –tema nuclear de los debates feministas- ha dejado de pertenecer exclusivamente a los reclamos de la izquierda para pasar a formar parte del corpus de los derechos individuales. En este sentido, el propio Cambiemos puede interpretar el cuerpo como parte de la “propiedad privada” de las mujeres, como sostienen reconocidos ultraliberales como Gloria Álvarez.

La importancia de la opinión pública

Un reciente estudio de opinión pública realizado por Amnistía Internacional y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con la consultora Quiddity relevó que más de la mitad de las argentinas y los argentinos (59%) está de acuerdo con la despenalización del aborto². El 70% de las personas entrevistadas considera como muy o bastante importante que el Congreso debata la despenalización. Los números hablan por sí solos, y se especula que la influencia del movimiento a favor del aborto constituya una de las principales razones que motivaron a Macri a asumir una postura relativamente neutra al respecto.

Algunas hipótesis que explican esta tendencia:

-La Iglesia Católica ha ido perdiendo peso en los últimos años, a su vez, las Iglesias pentecostales no registran el arraigo social que ostentan en otros países latinoamericanos.

-Doce años de gobiernos progresistas han logrado que el Estado asuma políticas y debates en torno a la igualdad de género, mientras el uso del lenguaje inclusivo y la propia figura de Cristina Fernández de Kirchner marcaron la diferencia en el plano simbólico.

-La Argentina cuenta con una tradición de derechas laicas y liberales cuyo modelo económico y social excluyente es compatible con las libertades individuales.

Este hecho representa una clara diferenciación con respecto a la moda regional en la que el rol de las iglesias pentecostales ha puesto en jaque los derechos de las mujeres y comunidades LGTBI³. En este sentido, Cambiemos es pragmático y prefiere guiarse por encuestas de opinión y focus group que encerrarse en un sistema de valores tradicionales. En caso de ser aprobada la despenalización, Argentina sería de los pocos países de la región en permitir el aborto sin causal que lo restrinja.

No fue una concesión de la derecha, fue la lucha de las Mujeres

El hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo sea discutido en el Congreso no se desprende de la propensión del oficialismo a garantizar y ampliar los derechos de las mujeres; por el contrario, en mitad de su mandato las medidas que socaban y, en efecto, que implican un retroceso de los derechos conseguidos por las mujeres es alarmante. En este sentido, se observa desde la represión a la multitudinaria marcha del 8 de marzo de 2017 o el hostigamiento a las comunidades trans⁴, travestis y LGTBI⁵, hasta el recorte de 67 millones de pesos al presupuesto asignado a programas destinados a prevenir la violencia de género y el cierre al programa de atención a víctimas de delitos sexuales.

Las políticas de ajuste, represión de la protesta social y el vaciamiento estatal tienen su correlato en la desarticulación de políticas de género. Desde el 2015 la ausencia de pauta publicitaria para la línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género (144) redujo a la mitad el número de llamadas. Varios programas sobre violencia de género se cerraron al tiempo que otros se vaciaron. En la actualidad, el presupuesto que recibe el Consejo Nacional de las Mujeres, es decir el órgano responsable de implementar la protección contra la violencia de género, es tan sólo del 0,0055% del total del presupuesto nacional⁶.

Final abierto

El conteo actualizado permanentemente de forma online de Economía Feminista⁷, augura un final abierto con 101 votos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, 108 en contra, 23 votos no confirmados y 2 abstenciones. Sin embargo, los activistas sostienen que será difícil para los senadores votar en contra si la medida obtiene un amplio apoyo en Diputados. De ser aprobado en la Cámara Baja, el mismo deberá ser respaldado en el Senado, donde el peso de las provincias rurales -con mayor influencia religiosa y conservadora- se hará sentir. El mismo recuento advierte que tan sólo dieciséis senadores se han pronunciado a favor de la despenalización; veintisiete han dicho estar en contra, y veintinueve no han declarado su postura. Por lo cual, de mantenerse la orientación del voto actual es poco probable que la despenalización se convierta en ley.

El activismo a favor de los derechos de la mujer, cuyo hito clave fue en 2015 con la campaña “Ni Una Menos” contra los femicidios, ha logrado marcar agenda. Pese a que la Argentina ha adoptado en los últimos años algunas de las políticas sociales más progresistas de América Latina -Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilación de amas de casa, la ley 26.485 que sanciona de manera integral la violencia de género, etc.- no ha actualizado su marco normativo sobre el aborto–con idas y vueltas- desde 1921. Tal vez, esa sea la tan mentada “pesada herencia”.

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En las calles, en los medios, en las redes y en el Congreso la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acompaña las reuniones informativas rumbo al debate y la sanción parlamentaria de su proyecto de ley. Un resumen de las dos primeras jornadas. 

“Poner el cuerpo. Luchar por todxs. Hacer historia”. Con esta frase las activistas de la Campaña comenzaron la convocatoria, en las calles, en las redes y en el Congreso, a las actividades que acompañarán durante todo abril y mayo el tratamiento, por primera vez en el parlamento de la democracia, del Proyecto de Ley presentado en marzo pasado: el de Interrupción Voluntaria de Embarazo.

Son nueve los proyectos que proponen desde la modificación del Código Penal para la despenalización del aborto hasta la despenalización y legalización, o mejor dicho, la obligación del Estado de la asignación de presupuesto y el planteo de políticas públicas que garanticen el acceso al aborto seguro y gratuito por libre decisión de las mujeres y las personas gestantes. Sin embargo, el Proyecto de Ley que más consenso obtuvo en la etapa previa es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que propone despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación por libre decisión.

“Tener un debate profundo, respetuoso, sirve para tener información y escuchar las diferentes voces”, afirmó el presidente de la Comisión de Legislación General, el macrista Daniel Lipovetzky al comenzar el tratamiento, “estamos debatiendo por primera vez un proyecto de estas características”, hay que darse el tiempo para escuchar “todas las voces” pero con un “plazo determinado”.

Las reuniones informativas en la Cámara de Diputados comenzaron el martes 10 y se desarrollarán todos los martes y jueves de abril y mayo con la presencia de diputadas y diputados integrantes de las cuatro comisiones a las que fueron girados los proyectos de ley: Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Durante las extensas jornadas expondrán 700 personas -mitad a favor y mitad en contra-, quienes, desde diferentes enfoques -salud, derecho constitucionalista e internacional, feminista y de análisis del poder- argumentarán sobre la necesidad de que el derecho al aborto sea ley. O en caso de las y los antiderechos, sobre cómo tergiversar el debate para que la legislación argentina no avance hacia el reconocimiento de los derechos de la mitad de la población.

Lipovetzky afirmó que pasadas las dos primeras jornadas, esta modalidad será evaluada y no descartó la posibilidad de que se comience a dividir a las y los expositores por temáticas. Quienes lo secundan son: María Gabriela Burgos (UCR) de Jujuy, Pta. de Legislación Penal; Carmen Polledo (PRO) de CABA, Pta. de Acción Social y Salud Pública; y Silvia Martinez (UCR) de Jujuy, Pta. de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Día 1: “Los poderes dominantes nos ponen como subalternas”

La primera jornada de exposiciones, que se realizó el martes por la mañana, fue rock en tono feminista. Se saldó la primera deuda de la democracia para el Congreso: escuchar las voces de las académicas y activistas que representan a uno de los movimiento más poderosos de la historia del país.

Martha Rosenberg, médica y psicoanalista e integrante de la Campaña… y Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista, hablaron de subjetividades, de poder y de cómo maternar es una elección y no debe ser una imposición. “Los poderes dominantes no respetan ni la vida ni la aptitud para decidir sobre si mismas (a las mujeres), las tratan como seres subalternos”, afirmó Rosenberg.

“Lo que humaniza al embrión es el deseo materno que anhela que ese embrión sea un hijo. No simplemente un organismo vivo sino una persona que cuidará y amará”, agregó, “existe un niño por nacer cuando la mujer inviste su embarazo y decide que quiere que sea su hijo. Ni los varones, ni las leyes, ni las iglesias son quienes hacen nacer niños”, y agregó, “impedir que el aborto sea legal es una forma de desalojar a las mujeres del poder y privilegio de ser las creadoras y donantes voluntarias de la vida”.

“Hay una auténtica diferencia de clases que ha dividido a las mujeres, porque para las clases medias y altas el aborto se hizo con todas las garantías y para las mujeres de los sectores populares existió una pena de muerte porque han pagado con sus vidas esas decisiones”, dijo Barrancos en la que llamó una jornada “inédita, única e histórica”. “Me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual separándolo de la reproducción, es un derecho humano fundamental”, dijo

“Una noción de soberanía sobre nuestros cuerpos impone que los Estados modernos avancen en esta legalización”. “Insisto en sostener la despenalización del aborto como una contribución fundamental para la vida de las mujeres excluidas y en nombre de nuestros derechos fundamentales”, cerró la historiadora.

Por su parte, Nelly Minyersky, abogada constitucionalista y una de las redactoras del Proyecto de Ley de la Campaña y Paola Bergallo, abogada y del CONICET, otorgaron un panorama desde del derecho constitucional y los marcos internacionales de Derechos Humanos. “En los fundamentos del Código Civil se considera la vida como una definición para ese mismo Código, aclarando que esa definición no impacta en el Derecho Penal”, afirmó Minyersky.

“La pregunta que está en debate es si vamos a seguir usando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres”, increpó Bergallo, “los países latinoamericanos enfrentan la pregunta sobre si entrar al Primer Mundo en cuanto al marco jurídico con el que se regula el aborto”. Minyersky, de casi 90 años, llamó a las y los legisladoras a sancionar leyes que “nos hagan más felices”, y criticó “tomar un artículo de más de 100 años y aplicárselo a las mujeres de hoy es aplicar la ley de otro mundo”.

Día 2: ¡Que aborto legal sea ley!

Analía Bruno y Andrea Berra, médica generalista y psicóloga, ambas integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, argumentaron desde el punto de vista de la salud pública y la atención con enfoque de derechos por qué es necesario despenalizar y legalizar el aborto y por qué es un mito decir que las mujeres que abortan sufren graves secuelas psicológicas.

“El aborto tiene que estar despenalizado y tiene que haber políticas públicas que diseñen e implementen el aborto seguro”, afirmó Bruno, “necesitamos la producción pública del misoprostol”. “Somos las y los profesionales de la salud, que con enfoque de derechos, le damos el acceso al aborto legal a estas mujeres”, agregó Berra, “el aborto seguro no genera ningún tipo de trauma en las mujeres que deciden abortar, el sufrimiento psicológico depende del contexto normativo, legal, social y político en el que el aborto es realizado. Abortar en la clandestinidad es lo que genera sufrimiento a la mujer”.

Otro de los puntos fuertes de la mañana fue la exposición del médico Mario Sebastiani, quien basó sus argumentos en la experiencia como profesional de la salud en el ámbito público y privado. “La reflexión social no debería ser la condena por el aborto sino cómo se le da protección a las mujeres”, afirmó, “hasta ahora las y los legisladores han decidido penalizar a la mujer”. “Dar cobertura al aborto seguro es dar dignidad a las mujeres”, agregó, “¿cómo podemos hablar de salud pública si tenemos el aborto penalizado? Si existe el derecho de tener hijos debe existir el derecho de no tener hijos”.

Desde el enfoque de género y derechos, María Elena Barbagelata, diputada nacional mandato cumplido, citó a la CEDAW y afirmó que los derechos sexuales y (no) reproductivos son Derechos Humanos para los marcos internacionales del Derecho. “Lo que se castiga es la decisión de no querer convertirse en madre”, interpeló, “la pena privativa de libertad es el último recurso y opera selectivamente, persigue a las mujeres más vulnerables. Por eso, “mantener esta figura penal es un despropósito”.

También Estela Díaz, secretaria de género de la CTA, cuestionó: “Si la penalización es ineficaz, injusta socialmente y es un problema de salud, ¿por qué se mantiene?”.Y ensayó una respuesta, “hay un posicionamiento moral religioso que se quiere imponer al conjunto” (…). “Elegir la vida del embrión es deshumanizar la vida de las mujeres, es quitarnos derechos, es desvalorizar. Y eso es patriarcado, es machismo y nada tiene que ver con la lucha de la vida”.

La escritora Claudia Piñeiro, quien participa de la carta en apoyo al proyecto de Ley de IVE de la Campaña junto a otras, dio una exposición emocionante. Alzando la voz y con claridad de conceptos, le habló a los sectores antiderechos y a aquellos diputados/as que piensan en votar en contra de la iniciativa parlamentaria: “Nos están queriendo robar una palabra: vida. ¡No lo vamos a permitir! Nosotras estamos a favor de la vida”, y “a los que están por votar en contra les digo, dentro de unos años van a tener que mirar a sus hijos a los ojos y van a ver el horror por haber vota de esa forma. ¡Por favor cumplan con su deber!”.

Los derechos no se plebiscitan

Además de los Proyecto que plantean la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, son tres los proyectos presentados en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, entre febrero y marzo de este año, que proponen realizar una consulta popular vinculante o un plebiscito sobre la despenalización y legalización del aborto. El primero y el segundo, presentado por las diputadas Ivana Bianchi y María Eugenia Catalfamo de Unidad Justicialista de San Luis; y el segundo, por el diputado de Tierra del Fuego Carlos Roma, del PRO.

En respuesta, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mediante una declaración rechazó estas iniciativas de reacción parlamentaria ante la inminencia del debate en recinto expresando que “los Derechos Humanos no se plebiscitan”.

“El art. 39 de nuestra Constitución Nacional establece taxativamente que no pueden ser objeto de iniciativa popular, vinculante o no vinculante, los proyectos de ley que planteen reformas en materia penal, siendo exclusiva facultad del Congreso de la Nación”, afirmaron, “este tipo de propuestas tiene la finalidad política de demorar y obstaculizar el debate. Las mujeres y personas gestantes no podemos esperar más”.

Por otro lado, son dos los proyectos que proponen, por un lado, la inclusión en el plan médico obligatorio para garantizar la interrupción de los embarazos que ya son legales; y por otro, la fabricación nacional de misoprostol, uno de los medicamento más utilizados para abortar, ambos presentados por la diputada de Santa Fe, Lucila De Ponti, del Peronismo para la Victoria y vigentes desde noviembre del año pasado.

Las reuniones informativas continuarán el próximo martes, 17 de abril a las 10, cuando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto… volverá a convocar a la sociedad a una exigencia cada vez más poderosa: que el aborto, que es un derecho, se convierta en ley.

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María Campos dejó ser anónima. Su imagen resonó en el Congreso para ser bandera de las acalladas junto a “Juana” y a “Belén”. ¿Qué pasa con las mujeres que no acceden a los abortos que son legales hace 100 años? Tres historias por las que urge la despenalización y legalización.  

Las exposiciones de la segunda jornada de reuniones informativas del plenario de comisiones de la Cámara Baja que debate los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo fueron potentes. Y no solo por la importancia de los argumentos en favor de la despenalización y legalización del aborto, sino también porque, en voz de las disertantes, se le puso nombre a las historias de las más vulnerables, de las que pusieron el cuerpo y terminaron muertas, presas o torturadas por la injusticia de un sistema legal que no reconoce a las mujeres populares como seres autónomos.

Mariana Carbajal es periodista de Página/12. En su intervención eligió mencionar a una mujer que murió en Santiago del Estero tras una infección generalizada producto de un aborto inseguro, días antes de la presentación del Proyecto de Ley de IVE de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: María Campos.

“A María Campos la mató la criminalización del aborto. Tenía 6 hijos y no quería tener otro más”, contó la periodista, “Lo que está en juego son nuestras vidas”, “no puedo más que pensar en las 3 mil mujeres que murieron por abortos inseguros desde el comienzo de la democracia. Todas por causas evitables”. E interpeló, “de ustedes depende que no haya mas Marías”, y finalizó mostrando una foto de ella junto a sus hijos. Subjetividad arrasada por la arbitrariedad de una punición que subsiste pero que será subsanada.

Soledad Deza es abogada, tucumana, e integrante de la Campaña… Conocida por haber representado legalmente a “Belén“, la joven que en marzo de 2014 fue condenada y que pasó tres años privada de su libertad tras haber padecido un aborto espontáneo, basó su exposición sobre la necesidad de que en nuestro país no haya más mujeres muertas ni presas por abortar. Un proceso que caracterizó, “opera de manera selectiva” recayendo sobre las más jóvenes y pobres.

“El proceso penal es en sí mismo una pena”, dijo, tomando datos relevados en su provincia, ante las y los diputados convocados a la plenaria de comisiones de la Cámara Baja. “En Tucumán, 534 causas se judicializaron por aborto, el 97% tiene a las mujeres abortantes como imputadas y un 94% de las causas se corresponden con eventos obstétricos adversos (espontáneos)”. Y volvió a ponerle nombre a la historia de criminalización “Belén perdió tres años de su vida en estos procesos que son mas morales que penales”, y volvió a los datos, “solo el 1% de las mujeres resulta sobreseída”. “Es necesario acabar con una figura que nos lleva a la maternidad forzada”, interpeló Deza, “mientras subsista la penalización del aborto vamos a ser ciudadanas de segunda”.

Mónica Menini acompañó de cerca el proceso de tortura y condena -por acción y omisión institucional- del gobierno de la provincia de Salta sobre “Juana“, la niña wichi violentada sexualmente por un banda de violentos en noviembre de 2015. También integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, brindó ante las y los diputados una mirada sensible alrededor del aborto como derecho y que le tocó al momento de ejercer su profesión, la de abogada.

“Como abogada he acompañado a niñas y mujeres”, relató, “hoy estamos hablando de la despenalización, pero también de la legalización (del aborto), que significa que el Estado garantice esa práctica”. Contó a las y los diputados -a quienes dijo que la realidad de Salta solo la ven por TV- el proceso de revictimización y de obstrucción de los derechos de Juana, “legalizar el aborto es necesario para todas las mujeres”. Y cerró, “para las que hablamos castellano pero también para las que hablamos wichi, toba, guaraní”. Y emocionó a todo el auditorio.

Leer también las notas de:

#JusticiaPorJuana

#LibertadParaBelén

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Desde los territorios y el feminismo popular también se escucha el grito colectivo por el ¡Aborto Legal ya! en el Congreso. En esta entrega, la mirada del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán.

Estamos a favor de la vida. De una vida digna. Para nosotras, eso significa entre muchas otras cosas, respetar los derechos mas básicos: tener un techo donde vivir, un trabajo que no solo alcance para subsistir sino que sea para vivir. Un vida donde podamos decidir si queremos tener o no hijos e hijas, la cantidad que queremos y elegir dónde y cómo parir. Una vida donde no haya mujeres lesbianas, trans y travas muertas por violencia machista. Donde los golpes no sean lo cotidiano ni la excepción: donde no haya golpes hacia las mujeres.

Para nosotras una vida digna es una vida donde podamos elegir cómo vivirla. Donde ni las mujeres ni lesbianas ni travas ni trans seamos violadas, donde nadie nos imponga qué queremos, y cómo lo queremos. Donde nuestras hijas, madres, amigas, primas, tías o personas gestantes no mueran por mala o nula atención medica en cualquier situación. Donde podamos ir a hospitales y ser bien atendidas, donde nos den opciones de cuidado.

Una vida donde podamos ejercer la (no)maternidad libremente, donde nuestras hijas e hijos puedan crecer en libertad, sin abusos de ningún tipo. Donde no haya que elegir entre la vida o la muerte.

Por eso decimos que estamos a favor de la vida.  La interrupción del embarazo en Argentina es legal cuando hubo una violación y cuando corre en riesgo la salud de la persona gestante. Esta contemplado en el Código Penal de la Nación. Para ambos casos hay un protocolo de acción frente a estos casos, que a pesar de que un fallo de la Corte Suprema lo ratifica, cada territorio en nuestro país adapta la ley según su lectura y arman nuevos protocolos que mas que garantizar el derecho, lo traban; llevando a niñas violadas a ser madres o mujeres en grave situación de salud, a morir.

Nosotras, mujeres, lesbianas, travas y trans de la organización, venimos organizando la lucha por el aborto legal desde hace años. Hemos logrado generar un espacio de atención pre y pos aborto, que acompaña a las mujeres en estas situaciones, de manera personal y en red con otras profesionales de la salud en capital federal y el conurbano bonaerense. Esta linea funciona las 24 horas todos los días.

Acompañamos también casos gravísimos en las provincias donde el protocolo de atención no se cumple o se inventan otros. En el resto de país y en conjunto con las redes de Socorristas, acompañamos las interrupciones. Dos menores violadas por sus progenitores están atravesando esta situación en Formosa y Salta, donde el sistema de salud traba el derecho de las niñas a tener una vida digna. Mediante la organización y la red de profesionales por el derecho a decidir venimos acompañándolas para que sus derechos sean respetados.

Hace unas semanas, la Campaña por el aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por séptima vez el proyecto de IVE. Allí estuvimos y estamos, apoyando las iniciativas de la Campaña y generando otras: la campaña Este 8M te damos 8 Razones” iba por ese carril. Del 1 al 8 de marzo viralizamos y pusimos en la calle, junto a otras organizaciones, 8 razones por las cuales creemos que el aborto debe ser legal:

#1 La penalización no impide su práctica

#2 Que el aborto sea legal no lo hace obligatorio

#3 La clandestinidad mata

#4 Todas abortan, las pobres mueren

#5 Es un derecho humano

#6 La ilegalidad promueve el negocio

#7 Es una política de salud pública

#8 Nuestros cuerpos, nuestras decisiones

Nuestras compañeras de los territorios han tomado esta lucha como una propia, la militan todos los días. Desde el momento que hay que salir a buscar una receta, o a la piba del comedor la violó su padre y el Estado calla. Pero ¿y el resto? ¿lo que no se dice? ¿lo que se hace a escondidas? ¿Como se lleva adelante esto de manera segura, certera y humanamente? Ya no quieren callar las compañeras, duele mucho el silencio. Eso genera otras situaciones, donde se ven enfrentadas con muchas de las creencias que llevan adentro desde siempre. Creencias fuertes, religiosas, que intercalan la culpa y el deber ser por sobre la lógica y por sobre los derechos. Es por eso que también en los territorios damos el debate, escuchándonos entre compañeras y analizando como extender la lucha en cada calle, en cada villa, en cada compañera.

Las asambleas, una de nuestras indiscutibles herramientas de formación, es un punto fundamental de este recorrido: con textos, con notas periodísticas, con historias personales, con cifras. Principalmente las mujeres, lesbianas, travas y trans discutimos y ponemos en la mesa. Pensamos, re pensamos. Analizamos. Desde como acompañar, con quien contamos, con quienes no. Porque cuando estamos solas hay que mirar bien a todos lados. También analizamos que implica esta soledad, esta injusticia donde las niñas, adolescentes, adultas y personas gestantes tienen que enfrentar un sin fin de problemáticas para lograr interrumpir un embarazo no deseado. Porque es sobre nuestros cuerpos, el de nuestras amigas, madres, tías, hermanas, hijas de los que estamos hablando, nombramos estos cuerpos, los nuestros. Los habitamos todos los días. Los cargamos y padecemos, los tenemos, son nuestros. Y los amamos. Y porque son nuestras decisiones, porque son nuestras vidas las que el estado con su presencia patriarcal, pone en juego.

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