Por Danna Urdaneta

El 30 de septiembre de 2021 el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros denunció que la estrategia de la oligarquía de Colombia de infiltrar en Venezuela grupos terroristas armados, narcotraficantes de Colombia conocidos como Tancol [1], pasando la aplanadora del narcotráfico y el terrorismo sobre cualquier grupo al margen de la ley vinculado al conflicto social y armado que tiene origen en Colombia.

La creación de un nuevo enemigo interno y la edición del enemigo estratégico del pueblo venezolano se presta para falsos positivos, una campaña xenófoba y una tentativa de cambio de doctrina militar que nada tiene que ver con el proyecto bolivariano. Las evidencias demuestran que, a partir del anuncio de Nicolás Maduro, cualquier persona de la franja binacional es susceptible de ser señalado como Tancol sin derecho a la defensa.

Estalló la guerra en Arauca el 2 de enero de 2022 entre los mismos paramilitares y la guerrilla que hacen vida en el lado venezolano del río Arauca. El 19 de enero de 2022 explotó un carrobomba en el municipio de Saravena[2], frontera araucana, el departamento más militarizado del país con casi 1 militar por cada 30 habitantes[3], atentado que pretendía masacrar al liderazgo social que se congregaba en el edificio donde hace vida la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y otras organizaciones sociales.[4]

El atentado se dio poco después que Antonio Medina, jefe del Frente 28, amenazó a la fundación e hizo circular un audio donde afirmó que haría volar incluso los negocios y señaló a las lideresas y líderes sociales como los mandos urbanos del ELN, estigmatizándolos e intentando convertirlos en objetivos militares legítimos de la confrontación. Posteriormente, Antonio Medina asumió la autoría del atentado, el cual destruyó la infraestructura de las cuadras alrededor, asesinó al vigilante de uno de los edificios y generó 5 heridos leves.

Este desbordamiento de la violencia en Arauca también puede alcanzar al estado Apure. Del lado colombiano, las comunidades organizadas buscan una salida dialogada entre los grupos armados para que se respete a la población civil y cumplan el Derecho Internacional Humanitario, ¿por qué del lado venezolano no haríamos lo mismo? Mientras no haya una salida política y dialogada al conflicto que tiene origen en Colombia, tampoco habrá paz en Venezuela.

Evidencias revelan las operaciones de infiltración mercenaria de Estados Unidos contra Venezuela. No con grupos Tancol, sino con infiltración de paramilitares y la usurpación y división de las fuerzas insurgentes en Arauca-Apure que desbordan la violencia y facilitan el despojo de los recursos naturales para la vida.

La frontera entre Arauca y Apure fue la menos problemática para los gobiernos de Nicolás Maduro en términos de desestabilización. En marzo-abril de 2021 estalla la guerra entre el Décimo Frente colombiano y la FANB venezolanas a partir de un bombardeo[5] en la población fronteriza de La Victoria que fue denunciado desde Arauca por el periodista Jesús Humberto Mejía y defensores de derechos humanos ante el inminente desplazamiento[6].

El parte de guerra indica que hubo varios soldados venezolanos muertos en combate y ocho más que fueron prisioneros de guerra liberados gracias a la mediación humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja[7]. Sí, un grupo hoy señalado como paramilitar retuvo a ocho soldados venezolanos en su propio territorio.

Sobre el Décimo Frente se desconoce el parte de guerra oficial de la confrontación. El 10 de enero de 2022 el Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunció a Arturo Paz como jefe paramilitar del Décimo Frente. El 21 de enero de 2022 las FARC-EP Segunda Marquetalia confirmó la denuncia contra Arturo Paz y Antonio Medina, jefe del Frente 28. En el mismo comunicado confirmaron la muerte del jefe guerrillero Edison Romaña bajo a misma modalidad operativa del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat) que asesinó al comandante Jesús Santrich del lado venezolano en la franja binacional de la Sierra de Perijá el 17 de mayo de 2021[8].

¿Qué son los Tancol?

La caracterización de los Tancol es contradictoria. No se le puede dar el mismo tratamiento político-militar a una guerrilla comunista que a los paramilitares o al narcotráfico. No obstante, los hechos a continuación encienden las alertas en torno a la soberanía y la paz con justicia social entre los pueblos:

1) El 10 de enero de 2022 fue asesinado con 27 tiros en su hogar el director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, José Urbina, quien además era coordinador del Partido Comunista de Venezuela en el municipio Pedro Camejo del estado Apure.[9] El 13 de noviembre de 2021 denunció que el teniente coronel Ramón Sánchez de la GNB lo amenazó públicamente de muerte en medio de una protesta pacífica a favor de lo que José Urbina calificó como “falsos positivos” contra la comunidad estigmatizada como Tancol.[10] A pesar de la amplia campaña #JusticiaParaJoseUrbina en redes sociales y la solidaridad internacional recibida exigiendo que se encuentren a los culpables, hasta ahora el Fiscal General de la República Tarek William Saab no se ha pronunciado.

2) El autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar en la comunidad de La Gabarra, estado Apure, denunció a través de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) la llegada de 50 combatientes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a quienes señalaron de ser Tancol.[12] Se declararon en resistencia pacífica y le pidieron a la FANB sacarlos del territorio en vista de los atropellos contra la comunidad y la amenaza contra de la lideresa de la CRBZ Amparo Leal[13], quien convocó a una movilización pacífica en rechazo a la incursión guerrillera.

3) El 13 de enero fueron capturadas 2 mujeres y 4 hombres en un hotel de la frontera del estado Apure, dos hombres de los cuales eran funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.[11] Sin derecho a defensa fueron satanizados frente al país como colaboradores del Décimo Frente de los Tancol. Uno de ellos casi adolescente.

El vacío teórico sobre qué son, quiénes los integran, cuál es su estructura y doctrina permanece alrededor de los Tancol. Ni José Negrón Valera, columnista de Sputnik y magíster en Filosofía de la Guerra por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, pudo definirlo en su publicación del primero de octubre de 2021 titulada “¿Qué son los Tancol y por qué Maduro prendió las alarmas?”[14].

En la publicación cita a Nicolás Maduro y entrevista a Wilfredo Cañizarez de la Fundación Progresar en la ciudad de Cúcuta, frontera colombiana. Negrón le pregunta a Cañizarez sobre qué puede decir sobre los Tancol denunciados por Nicolás Maduro y el entrevistado se explaya a caracterizar la guerra colombiana y clasificar a los actores armados. Nunca se refiere a ningún actor armado como Tancol.

Aunque es claro que existe una amenaza explícita de la oligarquía colombiana y el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela, no le podemos pedir a los colombianos que nos hagan la tarea y nos aclaren quiénes y cómo son los enemigos internos que el gobierno venezolano señala.

La pregunta sería: ¿Si el ELN es un grupo Tancol eso quiere decir que Cuba es un Estado protector del narcotráfico, el terrorismo y los Tancol al no entregar a la delegación de paz del ELN[15] al gobierno de Iván Duque, quien le exigió a Cuba que los extraditara[16] y por quienes Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por la captura de sus líderes?

Operación Escudo Bolivariano contra el ELN

Bajo el rótulo de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o los Tancol el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) movilizó su artillería a la frontera llanera con la operación Escudo Bolivariano, al parecer, ya no para combatir las agresiones imperialistas y a la oligarquía colombiana sino para combatir a bolivarianos y comunistas de la Colombia que se alzó en armas. Esta vez se defiende la soberanía venezolana del ELN, la guerrilla comunista más grande y antigua de América Latina después de la desmovilización de las antiguas FARC-EP.

Cronología de acciones del Ceofanb contra los Tancol

En la información oficial difundida por la cuenta de Twitter del general de división Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb, no aporta más datos sobre el proceso. Así como no hay información sobre los 50 combatientes del ELN que estuvieron en La Gabarra. ¿Murieron en combate, fueron capturados como prisioneros de guerra o simplemente no fueron ubicados por el Ceofanb?[17]

Mientras la operación Escudo Bolivariano está en la frontera llanera, el jefe paramilitar Ernesto del Décimo Frente da una entrevista del lado venezolano del río Arauca a la reconocida fascista Salud Hernández-Mora de la Revista Semana.[18]

Nuevas guerras y operaciones de guerra híbrida contra Venezuela

Las nuevas guerras pueden explicar el conflicto transfronterizo como una dimensión de la nueva modalidad de enfrentamiento en la guerra de baja intensidad que vivimos en Venezuela y las múltiples guerras que se viven en Colombia. Los conflictos de nuevo tipo, nuevas guerras o conflictos armados contemporáneos son conceptos abiertos y dinámicos y tienen al desbordamiento de la violencia y el uso de las nuevas tecnologías y comunicaciones como una de sus principales características. En estos conflictos se afianzan más las identidades culturales que las identidades políticas, así como se afianzan en la mundialización de las redes sociales y la llamada democratización de la violencia.

Las guerras contemporáneas son de carácter interno y regional debido al carácter transfronterizo de sus actores frente al pauperización institucional que garantiza un control territorial efectivo. En estas guerras contemporáneas predominan las operaciones de control territorial más que combates y enfrentamientos armados. Al mismo tiempo, las solidaridades no ideológicas (étnicas, culturales, religiosas, territoriales) son el motor de las movilizaciones colectivas.

Las nuevas guerras están transversalizadas por guerras interestatales e interimperialistas, guerras revolucionarias o de resistencia y movimientos de liberación nacional. Este nuevo carácter de la confrontación genera nuevas resistencias, de carácter pacífico y civil con un indispensable componente mediático e internacional como redes de apoyo. Cualquier parecido con la realidad colombo-venezolana, sus gobiernos y oposiciones es pura coincidencia.

Sobre la dinámica transfronteriza José Negrón Valera recordó en su artículo para Sputnik lo que es un secreto a voces desde la cuarta república “La Zona Temporalmente Autónoma: el plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana” (2019). Esta naturaleza del territorio fronterizo no solo es un plan del Pentágono, sino que este plan se nutre de la ausencia del Estado venezolano, lo cual es una política que hoy tiene escandalosas consecuencias: en la frontera venezolana no hay límites del poder y la autoridad tiene sus grises, de modo que la línea fronteriza queda delimitada por sus habitantes y no por los tratados internacionales.

Afirma Negrón Valera (2019) sobre la identidad social fronteriza: “simplemente se sienten como ‘gente de frontera’ con posibilidades de ser y pensar de acuerdo a lógicas mucho menos dicotómicas que las que les impone la nacionalidad en uno u otro lado del territorio”[19]. En estas zonas temporalmente autónomas surgen nuevas éticas y los territorios ya no se rigen por las constituciones sino por la necesidad de sobrevivir.

Esta mirada sobre el conflicto regional revaloriza y resitúa el asesinato del comunicador popular y dirigente comunista José Urbina en medio de un clima electoral: en las nuevas guerras para el Pentágono tiene más importancia eliminar a un especialista en contra información, propaganda y guerra psicológica de resistencia que la de un combatiente armado fácilmente reemplazable.

Aunque Nicolás Maduro afirmó que los Tancol no son guerrilleros ni paramilitares, sino que son irregulares colombianos (es decir, todos y ninguno), la denuncia del presidente sobre la infiltración en territorio venezolano tiene asidero en el comunicado del 10 de enero de 2022 del COCE-ELN y la denuncia de las FARC-EP Segunda Marquetalia el 22 de enero de 2022.

Este ejercicio de violencia epistémica del mandatario venezolano contra la insurgencia tiene su correlato en la operación de guerra híbrida del Estado colombiano: el lanzamiento del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (febrero, 2021)[20] para perseguir al liderazgo guerrillero que haga presencia en Venezuela y a su vez para borrar de los territorios cualquier resistencia política y social contra el modelo extractivista[21].

Este ejército popular del ELN está enfrentado a muerte contra el gobierno de Iván Duque en vista de la suspensión de la mesa de diálogos de La Habana (enero, 2018)[22] y al mismo tiempo combate a los señalados paramilitares del Décimo Frente y el Frente 28 en Arauca.

El COCE-ELN denunció que estas unidades han usurpado las siglas de las FARC-EP y trabajan con el Ejército Nacional de Colombia y los Estados Unidos en operaciones de guerra híbrida a lo largo del río binacional Arauca. Es decir, son paramilitares que usan las siglas y el discurso guerrillero para la guerra sucia que cumpla el objetivo de exterminar todo proceso social en la región y desestabilizar a Venezuela, por lo tanto, no sería apropiado seguirles llamando disidencias de las FARC-EP o guerrillas. La dirección del ELN afirma:

Esta Operación de Guerra Híbrida es conducida desde la Base de las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina localizada en Arauquita, que a su vez es la sede de una de las Brigadas de Fuerzas de Asistencia de Seguridad (SFAB, por su sigla en inglés), integradas por oficiales norteamericanos ejecutores del Plan de asesoría militar que desarrolla el Gobierno de Estados Unidos con el régimen colombiano”.[23]

Más adelante, las FARC-EP harían lo propio con el comunicado “A los araucanos”: “La misión es desestabilizar al gobierno bolivariano de Venezuela y asesinar a mandos de la insurgencia colombiana”, condenando todas las acciones del Décimo Frente contra la FANB y la población civil de ambos países y culpándolos de trabajar con mercenarios del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales que asesinó a Edison Romaña. No dicen explícitamente que fue en suelo venezolano, pero tampoco lo niegan.

Denuncian que: “el ejército ha creado una nueva base militar con presencia estadounidense en Arauquita, cuya misión es proteger y apoyar a Arturo y a los mercenarios que actúan en territorio venezolano”[24]. Llama la atención que en el comunicado señalan a los jefes paramilitares del Décimo Frente y del Frente 28, más no a las bases guerrilleras que sueñan con una Colombia nueva, a quienes convocan a desertarse por ser engañados por estos jefes infiltrados.

De los combates en Arauca iniciando el año el ELN tomó como prisionero de guerra Miguel “Rasguño”, un antiguo combatiente de las FARC-EP y mando medio del Décimo Frente, quien confirmó el 5 de enero de 2022 en video[25] lo que las insurgencias denunciaron contra esta estructura. Aunque el video fue difundido en el medio Las chivas del llano el 5 de enero de 2022, fue originalmente publicado en la página de Facebook del Frente de Guerra Oriental del ELN bajo el nombre “Manuel Vázquez Castaño” en la red social. Allí publicaron un video de Rasguño desmintiendo que hayan asesinado a su familia y otro condenando el atentado con carrobomba en Saravena.

Un video que fue conocido por su divulgación en El Colombiano fue publicado originalmente en la misma página de Facebook “Manuel Vázquez Castaño”. Maximiliano García, otro combatiente del Décimo Frente que desertó de sus filas al descubrir los nexos de sus comandantes con inteligencia militar colombiana y la creación de una nueva base militar en Arauquita donde les desembarca intendencia militar en La Esmeralda al Décimo Frente.

Maximiliano García fue testigo de cómo Arturo Paz dirigió una operación con 26 mercenarios (2 de los cuales fueron gringos) que asesinó a Edinson Romaña y pretendió asesinar al paisa Óscar Montero de las FARC-EP Segunda Marquetalia. Denunció que recibieron instrucciones de que en algún momento les iba a tocar asesinar a presidentes de Juntas de Acción Comunal del lado colombiano para culpar al ELN, así como asesinar a líderes de consejos comunales para culpar al gobierno venezolano[26].

¿Narcotráfico, terrorismo, Tancol o guerra de liberación nacional?

Aupar una salida militar desde los Estados bajo la doctrina de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o los Tancol constituye un grave negacionismo del conflicto social y armado en la región como expresión de la lucha de clases y de la histórica guerra de liberación nacional del pueblo colombiano. Mientras se alimenta la xenofobia en Venezuela la clase dominante opera en unidad contrainsurgente contra los alzados en armas y contra el chavismo sin distinguir matices. Ya el presidente de Ecuador Guillermo Lasso ofreció sus buenos oficios en materia de seguridad a Iván Duque para combatir el terrorismo[27].

Sin duda, el negacionismo implícito en la afirmación “la guerra es de Colombia” contribuye a más desplazamientos de ambos lados de la frontera, revictimización masiva, escalamiento de las hostilidades y prolongación de la guerra. Llamar a la guerra por su nombre y hacer cumplir el Derecho Internacional Humanitario ayudaría a crear protocolos para la vida, desescalar el conflicto en territorio venezolano con un cese de fuegos y hostilidades, así como otras medidas humanitarias que protejan a la población civil y eviten más derramamiento de sangre y falsos positivos.

La presencia de 50 guerrilleros del ELN denunciados en La Gabarra, estado Apure, se da en medio del escalamiento de la guerra en los municipios fronterizos de Colombia que ya cobra decenas de muertos, varios líderes sociales asesinados, 50 desaparecidos, miles de desplazados y un atentado con carrobomba sin precedentes.

El 19 de enero de 2022 en Saravena, Arauca, un carrobomba pretendió masacrar a 50 dirigentes sociales reunidos, perseguidos y amenazados de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. La explosión costó 1 muerto, varios heridos y daños invaluables a la infraestructura del edificio de múltiples organizaciones sociales, así como a locales comerciales y viviendas del sector.

En medio de esto, sería un grave daño a la paz que en Venezuela nos apropiemos del discurso de la oligarquía colombiana que estigmatiza a la oposición de terrorista y narcotraficante para desconocer la guerra de liberación nacional de un sector del país enfrentado a la clase dominante.

Esta doctrina de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en ambos lados desconoce la conflictividad social, los reclamos del campesinado por la tierra y la lucha social de un pueblo cada vez más pobre que, del lado colombiano, todos los días arriesga su vida y la de sus familias expuestas al genocidio, las masacres, los desplazamientos y las revictimizaciones.

¿Qué pasó con el acompañamiento diplomático de Venezuela a la paz de Colombia?

En el discurso de la dirección política-militar del país bolivariano parece que quedó desplazado el rol de Venezuela como mediador y principal acompañante de los procesos de paz. El general de división Domingo Hernández Lárez, comandante en jefe del Ceofanb, dirige la operación Escudo Bolivariano en esta nueva etapa para “extirpar” a los Tancol.

En el teatro de operaciones venezolano se gesta una política xenófoba y contrainsurgente muy peligrosa. Este discurso es replicado en el campo popular por la coordinación nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, quienes han emprendido la campaña: “NO FARC-EP / NO ELN” omitiendo que las acciones del Décimo Frente fueron denunciadas y rechazadas por las FARC-EP Segunda Marquetalia y el ELN como acciones mercenarias que dirige el Estado colombiano y los Estados Unidos como parte del plan desestabilizador contra el país bolivariano. En Colombia sólo el uribismo convocó una gran movilización el 4 de febrero de 2008 bajo la misma consigna “No más FARC”. 

En esta campaña también omiten la perfidia contra el Acuerdo de Paz de La Habana (2016), así como la necesidad de reactivar la mesa de diálogos con el ELN liderado por Antonio García y su jefe de la delegación de paz Pablo Beltrán, así como la necesidad de abrir un nuevo proceso de paz con las FARC-EP Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez.

La población fronteriza venezolana (de forma directa e indirecta) es víctima y parte del conflicto. El presidente Nicolás Maduro y la FANB en su obligación soberana tienen el deber de no abandonar la política de paz entre los pueblos sin olvidar quiénes han sido los enemigos estratégicos del pueblo venezolano.

[1]  Prensa presidencial. (30 de septiembre de 2021). Tuit. Caracas: Venezuela. Recuperado de https://twitter.com/PresidencialVen/status/1443713929591595012

[2] Congreso de los Pueblos. (20 de enero de 2022). Comunicado. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/C_Pueblos/status/1484122020401098752

[3] Congreso de los Pueblos. (7 de enero de 2022). Hilo. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/C_Pueblos/status/1479558851686973440

[4] Trochando Sin Fronteras. (22 de abril de 2022). Comunicado. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/trochandosf/status/1484878463467241478

[5]  Informativo regional Sur oriental. (21 de marzo de 2021). Tropas del ejército venezolano combate en la frontera estado Apure. Arauca: Colombia. Recuperado de https://www.facebook.com/261120541159283/videos/171219754717596/

[6]  Gobernación de Arauca. (26 de marzo de 2021). Defensor del Pueblo visita junto al gobernador Facundo Castillo el Centro de Integración Ciudadana de Arauquita en donde se encuentran refugiados venezolanos. Arauca: Colombia. Recuperado de https://www.arauca.gov.co/noticias/3442-defensor-del-pueblo-visita-junto-al-gobernador-facundo-castillo-el-centro-de-integracion-ciudadana-de-arauquita-en-donde-se-encuentran-refugiados-venezolanos

[7]  Jorge Arreaza. (15 de mayo de 2021). Tuit. Caracas: Venezuela. Recuperado de https://twitter.com/jaarreaza/status/1393648298146344966

[8]  FARC-EP Segunda Marquetalia. (18 de mayo de 2021). Comandante Jesús Santrich, la lucha sigue. Montañas de Colombia. Recuperado de http://farc-ep.net/?p=3445

[9] Partido Comunista de Venezuela. (14 de enero de 2022). Solicitud ante el Ministerio Público. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1482133948989911041

[10] Partido Comunista de Venezuela. (11 de enero de 2022). Video de José Urbina. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1481026130945662976

[11] Daniel Quintero. (13 de enero de 2022). Tuit. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/dquinterotv10/status/1481817270888374276

[12] CRBZ – La Corriente. (16 de enero de 2022). Hilo. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/ConLaGenteVzla/status/1482737848478482436

[13] CRBZ. (18 de enero de 2022). Video. Venezuela:Twitter. Recuperado de https://twitter.com/ConLaGenteVzla/status/1483446266470277133

[14] José Negrón Valera. (1° de octubre de 2021). ¿Qué son los Tancol y por qué Maduro prendió las alarmas? Caracas: Sputnik. Venezuela. Recuperado de https://mundo.sputniknews.com/amp/20211001/que-son-los-tancol-y-por-que-maduro-ha-encendido-las-alarmas-1116638872.html

[15] Bruno Rodríguez. (18 de enero de 2019). Tuit. Cuba: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1086467262494711808

[16] Iván Duque. (22 de enero de 2019). Video. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/IvanDuque/status/1087739778190200839

[17] CRBZ – La Corriente. (17 de enero de 2022). Denuncia que ELN sigue en el lugar. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/ConLaGenteVzla/status/1483185330643771394

[18] Revista Semana. (16 de enero de 2022). “Aplicaremos la pena máxima a los corruptos”. Venezuela: Revista Semana. Recuperado de https://youtu.be/Ws2agYu4PX8

[19] José Negrón Valera. (2019). La Zona Temporalmente Autónoma: el plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana. Caracas: Sputnik. Recuperado de https://mundo.sputniknews.com/20190907/la-zona-temporalmente-autonoma-el-plan-del-pentagono-para-la-frontera-colombo-venezolana–1088615145.html

[20] Danna Urdaneta. (Agosto de 2021). Claves sobre la muerte de Jesús Santrich en Venezuela. Venezuela: Rebelión. Recuperado de https://rebelion.org/claves-sobre-el-asesinato-de-jesus-santrich-en-venezuela/

[21] Congreso de los Pueblos. (4 de enero de 2022). En Arauca: río revuelto, ganancias capitalistas. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/C_Pueblos/status/1478721168718893061

[22]  Iván Duque. (22 de enero de 2019). Video. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/IvanDuque/status/1087739778190200839

[23]  Comando Central del ELN. (10 de enero de 2022). El conflicto en la frontera araucana. Montañas de Colombia: Canal de Telegram Digna Rabia. Recuperado de https://t.me/Digna_Rabia/76

[24] FARC-EP Segunda Marquetalia. (22 de enero de 2022). A los araucanos. Montañas de Colombia: FARC-EP. Recuperado de http://farc-ep.net/?p=4101

[25] Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño. (5 de enero de 2022). ELN presenta pruebas que acusan a las disidencias de las FARC de trabajar con el gobierno colombiano. Montañas de Colombia: Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/RebeldeOrienteOficial/videos/4589894444463168/?app=fbl

[26] Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño. (19 de enero de 2022). 26 mercenarios al mando de Arturo asesinaron a Romaña. Montañas de Colombia: Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/RebeldeOrienteOficial/videos/642231817113485/?app=fbl

[27] Guillermo Lasso. (9 de enero de 2022). Tuit. Ecuador. Recuperado de https://twitter.com/LassoGuillermo/status/1480231728291749892

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Por Marcela Osorio Granados 

El jueves 13 de junio, luego de participar en un diálogo con una delegación del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, varios líderes y lideresas del Bajo Atrato fueron seguidos por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Tan solo unos días después, en la zona humanitaria de Las Camelias, hombres armados reunieron a la comunidad y le prohibieron hacer denuncias sobre lo que sucedía en la zona, amenazándolos con asesinar a toda una familia si no obedecían las órdenes. Ambos hechos fueron revelados por organizaciones sociales y son tan solo dos de los múltiples casos que dan cuenta del fortalecimiento de grupos ilegales, su control operacional en varios municipios y cómo se ha agudizado la crisis social y humanitaria como consecuencia del conflicto armado en la zona.

Una realidad que, aunque no es nueva, se viene recrudeciendo desde hace más de un año en esta subregión que tiene una posición geográfica estratégica para las economías ilícitas, pues los municipios del Bajo Atrato (Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño, y Riosucio y Carmen del Darién, en el Urabá chocoano) configuran un corredor clave para el tráfico de armas drogas e incluso migrantes.

De ahí que la pelea sea por el control territorial. De acuerdo con diagnósticos hechos por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas, aunque en la zona ha habido históricamente presencia del ELN, el escenario de riesgo se ha reconfigurado por cuenta de la expansión de estructuras de las Autodefensas Gaitanistas a la zona media y alta del río Truandó.

En dichas zonas, el ELN no solo ha instalado minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados para evitar el avance de las Agc, sino que además se han incrementado los enfrentamientos con afectaciones directas a la población civil. En contraste, las autodefensas han establecido retenes ilegales en las cuencas hidrográficas y caminos que interconectan a las comunidades —como en el caso de Bocas de Taparal, Bocas de Quiparadó y La Nueva—, en el marco de una estrategia contrainsurgente con la que buscan, no solo controlar la movilidad de la población civil, sino bloquear el paso de alimentos y medicamentos para desabastecer a las comunidades y aislar a las estructuras del ELN que permanecen en el territorio. Los desplazamientos y confinamientos se han vuelto cada vez más frecuentes.

Ese panorama es el que más de 38 brigadistas internacionales, delegaciones de 27 países y representantes de 70 organizaciones nacionales quieren visibilizar través de la Caravana Humanitaria por la Vida, que arrancará este lunes y hará un recorrido de ocho días por los municipios más afectados por esta dinámica del conflicto. La movilización visitará territorios y comunidades que, como señalaron los organizadores de la caravana, “están viviendo un contexto de confrontación muy fuerte, debido a los enfrentamientos entre los actores armados del conflicto (Ejército Nacional, paramilitares y guerrilla), lo que ha llevado a que muchas de estas comunidades afrodescendientes e indígenas se encuentren confinadas, amenazadas, desplazadas, y sus líderes y lideresas asesinados”. Las organizaciones sociales y organismos que trabajan en territorio han documentado, por ejemplo, casos preocupantes de confinamiento en Riosucio y Curadó y de fuerte control y dominio de grupos paramilitares en el municipio de Juradó, en donde la gente ha preferido no volver a denunciar.

Eso sin contar los fenómenos de violencia producto de emergentes economías ilícitas. “En el río Salaquí, que es una de las rutas que tendrá el recorrido de la caravana, tenemos reporte de tráfico humano que pasa para ir a Centroamérica. Hay ahora venezolanos, cubanos, africanos y hasta asiáticos que están varados en ese río. Eso se complica ahora mucho más con la entrada de los carteles mexicanos, que han desembocado en esa región como por su casa”, alerta Juan Fernández, delegado de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), una de las organizaciones detrás de la movilización.

Para Olimpo Cárdenas, miembro de la comisión política del Refugio Humanitario por la Vida, es claro que la crisis en esta región se ha intensificado desde hace cerca de nueve meses, como un efecto inmediato de la suspensión de los diálogos con el ELN, la salida de las FARC como actores claves del conflicto y la llegada de otras estructuras armadas. “Eso se inundó de paramilitares que fueron llegando sin ningún límite y en muchos casos con la complacencia de las Fuerzas Militares. Además hay un fenómeno identificado y es que en muchas de las zonas en las que se aumenta el pie de fuerza se multiplican las afectaciones de derechos humanos. En eso hemos observado una sistematicidad”, sostiene.

Desde el Ejército, por su parte, han señalado que sí se está ejerciendo un control militar en la zona y que no hay connivencia con grupos armados ilegales. En entrevista reciente, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército -que opera en esta zona-, sostuvo que incluso han logrado golpes militares importantes contra las estructuras de las AGC.

El objetivo de la caravana es que los hallazgos en materia humanitaria y los testimonios recopilados tras el recorrido sean el insumo para realizar un informe que sea punto de trabajo con el Gobierno. “Entendemos la caravana como un proceso que no va a terminar con el trayecto. El hecho de que la comunidad internacional acompañe la movilización nos ayuda a tener más garantías para exigir derechos. Sobre todo porque en los últimos años se han firmado varios acuerdos que han sido desconocidos por este Gobierno. Hay mesas de negociaciones —con comunidades afros e indígenas— que en este momento están paralizadas”, explica Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.

El apoyo de la comunidad internacional es clave en este caso, pues desde algunos sectores insisten en que el mensaje puede ser más certero si viene de afuera. “El escenario de paz en Colombia fue una posibilidad que no se completó y el Gobierno ha hecho caso omiso de lo que las comunidades y las organizaciones denuncian. Por eso la importancia de que la comunidad internacional participe, para que todo esto salga a la luz. El Gobierno sabe lo que está pasando, pero se va a seguir haciendo el loco en la medida de que no tenga unos llamados de atención contundentes”, manifiesta María Mercedes Ramos, integrante del Comité de Derechos Humanos de la Caravana.

Las organizaciones insisten, además, en que urgen espacios de diálogo con el Gobierno, incluso cuando es claro que, como asegura Juan Fernández, hay un sector del mismo “al que no le va a gustar, porque vamos a visibilizar una situación de guerra que se está dando y que no quieren ver. Este Gobierno no quiere hacer nada por la paz, ni negociar con el ELN, ni implementar los acuerdos con las FARC. Esa región hace parte del conflicto que no quiere solucionar”.

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Una semana antes de ser detenido, Jesús Santrich, el más crítico entre los comandantes de las ex-FARC, analizó en diálogo con Lanzas y Letras la situación en que se encuentra su fuerza política. “Cometimos un error estratégico y estructural”, afirma.

En la entrevista, realizada en el marco de la investigación Final Abierto: 20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018)* de próxima publicación, el excomandante guerrillero no ahorra duras palabras para calificar la implementación de los acuerdos de La Habana, proceso al que rotula sin ambages como “altamente negativo”.

Por su ascendencia sobre la militancia fariana, no es descabellado pensar que su detención sea un intento por “sacar de en medio” a una de las figuras que, desde la Dirección Nacional de la nueva FARC, cuestiona los resultados que viene arrojando lo pactado hace algo más de un año atrás.

La próxima visita de Donald Trump a Colombia, y las palabras del presidente Santos afirmando que “no le temblará la mano” para firmar la extradición solicitada por los EE.UU., también hacen parte inevitable del contexto en el que se enmarca esta detención.

Más allá de análisis y especulaciones, en las líneas que siguen podemos encontrar el pensamiento claro de Santrich: cita a  Marulanda para afirmar que fue un error “entregar” las armas en lugar de hacer una “dejación” como estaba planteado, y propone al ELN una estrategia de unidad. En sus palabras se encuentran respuestas no solo a las preguntas hechas en la entrevista, sino a la gravísima coyuntura que, con hechos como este, atraviesan los procesos de paz.

 A más de un año de firmados los acuerdos de La Habana ¿cómo valora usted la implementación de lo allí pactado?

Mi conclusión es que la implementación del Acuerdo de Paz tiene un balance altamente negativo. Esta afirmación la sustento con algunas argumentaciones irrefutables:

La primera es que, al someter a renegociación el Acuerdo luego de su refrendación, se pisotearon principios esenciales para la confianza como el Pacta sunt servanda y el de Buena Fe. El Derecho Internacional consagra que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Tal inviolable condición está claramente señalada en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986, los cuales fueron instrumentos que desde el principio colocamos como respaldo de lo que se debatía en La Habana.

Del principio de Buena Fe no se puede decir menos. Lo cierto es que, hasta jocosamente, muchas veces en la Mesa hablamos de que debíamos tener palabra de gallero, como se dice en los pueblos del caribe colombiano para expresar que cuando se pacta no se puede mentir, que así no exista un papel y una firma por delante la palabra empeñada debe tener un valor sagrado, debe estar arropada de honradez, de verdad y rectitud en la conducta que entrañen probidad.

“Cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado”

Pero no, lo que ha ocurrido es que este es el único acuerdo del mundo que se renovó cada día y es manoseado y distorsionado por cada rama del poder público en detrimento de sus contenidos y espíritu de origen.

Tal situación ha derivado, y sería un segundo aspecto característico de la implementación, en inseguridad jurídica, expresada en una ley de amnistía saboteada por los jueces de ejecución de penas y en una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que de alternativa al cuestionado Ius puniendi del Estado, pasó a convertirse en una reafirmación del derecho penal del enemigo, del derecho penal de los vencedores, como si el acuerdo de La Habana hubiese sido una rendición.

Esta JEP quedó convertida en una letal trampa para colocar solo a la insurgencia en el banquillo de los acusados, mientras se amplía el manto de impunidad para los militares y los llamados terceros agentes del Estado. Tal trampa buscará, con la ayuda de la corrupta fiscalía, colocarnos en manos de la venal y descompuesta justicia ordinaria hasta llevarnos a la cárcel.

En este plano lo que se viene para los excombatientes de las FARC es la más pertinaz y vengativa persecución judicial, que irá de la mano de la persecución paramilitar e incumplimientos de todo tipo, como el de terminar de liberar a los más de medio millar de compañeros y compañeras que siguen en prisión.

El tercer aspecto que caracteriza a la implementación es la tremenda inseguridad personal en que cayó el proceso; a estas alturas, después de algo más de un año, han sido asesinados 48 excombatientes amnistiados e indultados, incluyendo los familiares. Los familiares ya son 11 y ha habido también una cantidad de asesinatos contra dirigentes comunitarios de las áreas y de las zonas desde donde nos replegamos para ir a ubicarnos en lo que se dio en llamar Zonas de Transición y Normalización, que ahora son los espacios territoriales para la formación y reincorporación.

Tanta inseguridad se expresa en la dispersión evidente que hay del paramilitarismo o lo que hoy llaman Bandas Criminales. En Córdoba nuestros compañeros y compañeras tuvieron que salir hacia Antioquia a ubicarse en otras áreas porque estaban en territorios que estaban siendo copados por paramilitares, lo mismo ha ocurrido en otras áreas como Tumaco, donde fuerzas armadas ilegales están ahí como una amenaza y un peligro.

Otro aspecto característico derivado es el de la inseguridad socioeconómica. Podemos decir que, hasta el momento, en ninguna de las Zonas Veredales se están adelantando procesos socio-productivos que hayan salido de lo que se acordó en La Habana.

Con estas características de la violación del Pacta sunt servanda, el principio de la buena fe, el de la inseguridad jurídica, el de la inseguridad personal, la inseguridad socioeconómica y el de la desfinanciación del proceso, estamos transitando ya el pantano del incumplimiento, de la presión gubernamental e institucional, porque en esto no se trata sólo del gobierno, sino de todas las instancias de la institucionalidad colombiana, a lo que fue un compromiso sagrado de La Habana para alcanzar y lograr el derecho a la paz. Estamos ante un proceso fallido,

¿Por qué no fue posible concretar que las dos insurgencias, ELN y FARC, iniciaran y desarrollaran un solo proceso de negociación?

Al iniciar los acercamientos con el gobierno de Santos, debido a la intensidad de la confrontación no había muchas posibilidades de establecer coordinaciones con el ELN. Pero llegó un momento en los ciclos de La Habana donde pudimos tener comunicación e intercambios directos, sosteniendo la idea de unificar procesos. Ya nuestro ejercicio iba bastante adelantado respecto al ELN, cuya dirección debía hacer sus consultas internas y sus propios diseños.

Nosotros como FARC no podíamos pretender que el ELN se sumara simplemente a una agenda en cuya construcción no participaron, ni podíamos pretender que se plegaran a pre-acuerdos que ya estaban firmados porque, más allá de que tenemos identidades estratégicas, también tenemos puntos de vista diferentes en lo que respecta al tratamiento de la economía, del relacionamiento con la población. Pero de cualquier manera lo que sí consentimos desde nuestros primeros encuentros fue la consigna de “dos mesas, un mismo proceso”, y dentro de esa perspectiva como FARC hemos puesto al servicio del ELN todas las propuestas, inquietudes, experiencias que tuvimos a lo largo del proceso. Y esto se hizo no solo en La Habana sino también en Ecuador.

Reitero que se trata de compartir nuestra experiencia sin jamás interferir o pretender incidir en las decisiones que autónomamente le corresponde tomar al ELN como fuerza revolucionaria que tiene su propuesta estratégica y su propia visión de lo que es La Paz.

Hoy en día pienso que el ELN debe mirar de manera muy cuidadosa y con extremas precauciones lo que ha sido la implementación del acuerdo de paz con las FARC para evitar que les apliquen a ellos también una dosis de perfidia.

Pero independientemente de las circunstancias tan adversas, con el ELN debemos esforzarnos por construir y desenvolver una estrategia de unidad que permita, en un futuro próximo, que florezca un gobierno alternativo de convergencia. No tenemos otro camino que el de la unidad.

Con la entrega de armas FARC concreta un cambio de la estrategia que había sostenido durante más de cinco décadas. ¿Eso se debe a que cambió el sistema al que combatían o a que cambiaron las FARC? 

El régimen al que nos enfrentamos durante más de medio siglo no ha cambiado su carácter de injusticia. Esto quiere decir que los espacios para la lucha democrática siguen cerrados.

Nosotros tuvimos la aspiración de abrirlos y nos dispusimos a sacrificarlo todo para atender al sentimiento de reconciliación que palpita en los corazones de las mayorías empobrecidas excluidas de nuestro país y por eso adelantamos un proceso en el que jamás se habló de entrega de armas sino de dejación de las mismas, entendiéndose por ello la determinación de no involucrar armas en la política. Y eso debía ser un compromiso bilateral. En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: “De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Manuel Maruranda Vélez, 6 de septiembre de 1998, diario Clarín de Argentina, reportaje del periodista Pablo Biffi).

Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento.

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* Final abierto: 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018). Lanzas y Letras, La Fogata Editorial. En prensa.

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El ELN, en su V Congreso, caracterizó que las injusticias estructurales que dieron origen a la lucha armada están vigentes y que se abocarían a la negociación de paz en un sentido exploratorio, sin un compromiso de dejar las armas y planteando la necesidad de cambios estructurales. ¿Cree que efectivamente podrán encontrar acuerdos con el gobierno de Santos, o con uno próximo que de igual forma represente a las clases dominantes aliadas a los intereses norteamericanos?

El gobierno quería que desde el inicio de las conversaciones el ELN dijera o se comprometiera a dejar las armas, y que siendo así el gobierno también podría abrirse a considerar unos cambios, pero a esos cambios el gobierno le coloca unos inamovibles, de entrada se asegura que la guerrilla entregue su condición de rebelde alzado en armas a cambio de unas promesas. El ELN le ha respondido de la misma manera al gobierno. Pues el gobierno está hablando en un terreno hipotético, miren lo que sucedió con las FARC, luego de acordar todo, el establecimiento introdujo modificaciones a lo ya acordado.

Por eso en la Agenda acordada con el ELN está el tema de las armas, ahí está escrito que se hablará sobre el tema de las armas, de la misma manera y profundidad en que el gobierno está dispuesto a conversar sobre los otros temas señalados en la Agenda. El ELN no puede ni debe decir que va a hablar sobre la dejación de armas, pues de entrada estaría diciendo que no le ve futuro a su lucha, pues hasta este momento seguimos siendo una organización alzada en armas, y es en esa condición en que vamos a realizar todo el curso de las conversaciones.

¿Cree que la lucha armada tiene posibilidades se seguir siendo considerada una vía de liberación en una América Latina que, al igual que el ELN señala respecto de Colombia, mantiene intactas sus causas estructurales de injusticia? El comandante Uriel, del Frente de Guerra Occidental de su organización, manifestó recientemente su desconfianza en que los dueños del poder cumplan sus compromisos con la paz.

Lo que expresa el comandante Uriel es el punto de vista del ELN. Hasta este momento lo que el gobierno de Santos ha mostrado es su afán porque la guerrilla se desmovilice y se desarme, no del por qué el país debe cambiar o de qué manera estos gobiernos deben mejorar la vida de las gentes humildes.

De otro lado, ni siquiera han podido organizar los campamentos donde las FARC deben concentrarse, y eso que es lo que motiva al gobierno, habrá que mirar cómo será el cumplimiento de los acuerdos. En el caso del proceso con el ELN, aún no hemos iniciado a discutir los temas de la agenda, y los tiempos los ha colocado siempre el gobierno, de eso el ELN ya conoce bastante, cuando quiere colocar condiciones unilaterales las coloca y no son tales sus premuras.  Si no consideráramos que existen posibilidades no estaríamos alzados en armas, es una decisión nuestra y soberana, y cada pueblo está en su derecho de elegir el camino que estime conveniente.

Los triunfos de Hugo Chávez y de proyectos alternativos al neoliberalismo en Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil parecieron marcar una táctica de acceso al gobierno para la izquierda continental por vías democráticas y electorales. ¿Por qué su organización, hace ya 15 años cuando estos procesos tuvieron su auge, no resolvió convertirse en fuerza política electoral y dejar las armas?

Esos triunfos electorales no se dieron solos, fueron precedidos por gobiernos de corte neoliberal que llevaron a profundas crisis sociales y políticas, y cayeron en profundo desprestigio por corrupción y ausencia de soluciones a los problemas de la población. En ese contexto se vivieron jornadas de protesta social que evidenciaron la crisis del modelo económico y por tanto de sus gobiernos y partidos.

En esos momentos, Colombia atravesaba la borrachera paramilitar, donde sectores de la oligarquía le apostaron a ese ensayo, que era la vía para consolidar el modelo neoliberal, tanto en campo como en la ciudad. El paramilitarismo cumplía el papel de aniquilar las fuerzas sociales que se oponían al gobierno y al régimen, pero a la vez llevó a cabo la contrarreforma agraria por la vía del despojo que ayudó a consolidar el poder económico y político del uribismo. De esta manera se le abrió el camino al régimen actual, que lo inició Uribe, pues dicho gobierno llegó con la idea de terminar con la guerrilla en 18 meses, meta que no pudo cumplir con su plan de guerra a lo largo de dos gobiernos. Como se puede ver se vivieron circunstancias políticas distintas, pero en el marco de un mismo modelo económico.  En esas circunstancias de guerra, la insurgencia colombiana y en particular el ELN, rediseñó su estrategia de resistencia integral en lo político y militar.

Colombia cuenta con un régimen formalmente democrático, aunque eso no impide que se cometan los más altos índices de violencia contra el movimiento social y popular en el continente. ¿Cree que esa realidad colombiana pueda ser un modelo que copien las nuevas derechas en el continente?

La formalidad de una democracia no se puede medir por que se realicen unas elecciones, pues en ellas quienes tienen dinero y pueden comprar votos son los que cuentan con mejores opciones para ganar. Aún la misma formalidad de la democracia debe estar referida a la equidad social, al respeto de los derechos humanos. Nosotros preferimos decir que en Colombia hay ausencia de democracia, no hablamos siquiera de apertura democrática, sino que se requiere un proceso de democratización integral. No es acertado hablar de copias en el campo de las experiencias en la construcción de las sociedades. En caso que debiera sugerir, preferiría hacerlo resaltando la experiencia de lucha y de resistencia que ha tenido que vivir el pueblo y de quienes nos levantamos en rebeldía por transformar los regímenes injustos y antidemocráticos.

¿El ELN tiene contactos con otros grupos clandestinos u organizaciones armadas en América Latina?

Para nadie es un secreto que los procesos de rebelión armada se fraguan en silencio, que pueden durar años e incluso décadas caminando selvas y pavimentos, son fuerzas que caminan sin que nadie las vea y luego llegan los tiempos de los volcanes con sus erupciones. Hemos conocido al grueso de la dirigencia guerrillera de América Latina de las décadas del 70, 80 y 90, pero también lo nuevo que se ha ido formando en paralelo a esos procesos y otras vertientes independientes novedosas. Unas se ven y otras no.

De cuando en cuando nuestra gente se encuentra, intercambian en el marco de un gran respeto, buscamos siempre aprender de los demás, más que enseñar, todos ellos mantienen sus esperanzas de ver sus países libres y soberanos, con equidad social y verdadera democracia, que se aparte del desastre neoliberal. Viene en construcción una agenda política muy ligada a los procesos sociales, a una horizontalidad por la base, que rescate su participación protagónica, con nuevos paradigmas ecológicos, ambientales, de género, éticos. No se desconocen los aportes y búsquedas de los gobiernos que se menciona, pero que quieren rescatar la fortaleza de la organización social por la base que les dé mayor capacidad de resistencia, que invierta la pirámide de la política: más participación de la base en la toma de decisiones.

Las bases militares de Estados Unidos se cuentan por decenas en América Latina, y en Colombia se encuentra la mayor concentración militar norteamericana del continente. ¿Cree que Estados Unidos podrá recurrir a ellas en coyunturas próximas de crisis o para contrarrestar procesos de cambio?

No son solo América Latina o Colombia los únicos territorios intervenidos militarmente por Estados Unidos, sino que es el mundo entero. Para eso están los centenares de bases militares regadas por el planeta, sus comandos y flotas que se reparten el control de continentes; ya no lo pueden hacer como hace algunos años, pero lo siguen haciendo. En la actualidad vienen actuando con intensidad para revertir los procesos de cambio que aún persisten en esta parte del mundo, y ahora con un presidente Republicano que se sale de la ropa, se puede esperar cualquier locura. Pero la lucha sigue y todo va a depender de la capacidad de los gobiernos y su población para organizar la resistencia.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas del Estado colombiano realizaron una profunda revisión y actualización de su Doctrina Militar, ahí queda claro sus objetivos en estos próximos 30 años, proyectando convertirse en un “líder” militar para la región, dentro de una alianza estratégica con Estados Unidos dentro de la doctrina de Acción Unificada buscando estandarizar las estructuras, visión operacional y, por tanto, objetivos en la geopolítica continental y mundial de la mano con las tropas de la OTAN. Su visión injerencista queda clara en dicha doctrina, pues señala que tienen capacidad para realizar operaciones dentro y fuera del territorio nacional, para entrar y salir en cualquier territorio, asegurar el terreno y mantenerse hasta hacer cambiar las circunstancias. Estas son palabras mayores. Podemos decir que las Fuerzas Armadas colombianas son un gran operador del imperio norteamericano. La inestabilidad política que hoy vive el continente caminará de la mano con esta visión de poderío militar de la oligarquía colombiana.
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* ‘Antonio García’ (Mocoa, 1956) es el nombre que adoptó en su ingreso al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Antes de incorporarse a la guerrilla fue docente de primaria y estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Actualmente integra la máxima instancia de la organización, el Comando Central (COCE).

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En Quito estaba todo preparado para que se iniciaran los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno, que tienen como primer punto la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Sin embargo, el presidente Santos los aplazó a la espera de la liberación del ex congresista Odin Sánchez, decisión no compartida por el ELN. Los movimientos sociales, presentes en Quito, llamaron a las partes a hacer esfuerzos por la paz.

Cientos de líderes sociales, sindicales, de derechos humanos, de la juventud, afrodescendientes, entre muchos otros, viajaron desde Colombia hasta Quito para participar de los diálogos que iniciarían hoy su fase pública en Ecuador. Sin embargo, Santos ordenó a la delegación de paz del gobierno no viajar a Quito “hasta que liberen sano y salvo a Odín Sánchez”. Momentos después el jefe del equipo negociador del Ejecutivo, Juan Camilo Restrepo, reveló que el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya había iniciado el operativo de liberación. “El Gobierno celebra este hecho y toma nota de este procedimiento, que espera que concluya satisfactoriamente, ojalá antes del 3 de noviembre, fecha acordada para dar inicio a la primera ronda formal de negociaciones, y le informa a la opinión pública que la ceremonia inaugural será reprogramada”, afirmó.

La incertidumbre de la fecha exacta en la que se comenzarán los diálogos preocupa a los movimientos sociales. Marylen Serna, vocera de la Mesa Nacional por la Paz, explicó que numerosas representantes de la sociedad civil llegaron con esfuerzo hasta Quito, dispuestos a ser parte de la mesa y con propuestas concretas impulsadas desde los territorios, con una agenda elaborada desde abajo hacia arriba y pidió garantías para esa participación.

“Las dificultades que el gobierno colombiano pone para la instalación de la mesa, se debe en parte a la centralidad que tiene en esa agenda la participación civil. Eso no fue aceptado en la negociaciones con las FARC y ahora ha venido dilatándolo en el proceso con el ELN. Parece un rechazo a la necesidad de dar una dinámica de participación. El gobierno bloqueó la llegada de delegaciones colombianas en el aeropuerto y también por vía terrestre. El mensaje que quieren dar es el mismo: que esto es un problema del gobierno y la guerrilla. Se equivocan, este es un problema del pueblo colombiano y por eso estamos presentes aquí”, afirmó Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos.

En efecto, de los seis puntos de agenda, acordados entre la insurgencia y el gobierno colombiano, el primero es la participación de la sociedad en la construcción de la paz, en donde se planteó “un ejercicio dinámico, activo, incluyente y pluralista”. El ELN había afirmado que debía haber una presencia amplia para representar al conjunto de la sociedad en las negociaciones.

Los desafíos de la paz con justicia social

Si la victoria del No en el referéndum realizado el 2 de octubre pasado generó un escenario de incertidumbre para toda la población, acerca de cómo se seguirían las negociaciones para poner fin al conflicto armado, las señales posteriores fueron una bocanada de oxígeno: masivas movilizaciones por la Paz, el otorgamiento del premio nobel a Santos, sus expresiones de sostener el camino de negociaciones y la apertura de las negociaciones públicas entre el ELN fueron parte de los pasos para alcanzar la paz.

En ese sentido, muchos analistas aseguran que, después del referéndum, creció la responsabilidad de dirigentes políticos, empresarios, y la sociedad en general para avanzar hacia un proceso sin guerra, más allá de las diferencias de cómo alcanzar la paz. José Noé Ríos, quien formó parte de la primera parte de la negociación con el ELN dijo que esta fase de diálogos puede ser “la oportunidad de una paz completa”. A la vez, consideró que los primeros puntos de la agenda de negociación son los más complejos por el esfuerzo que implicará estructurar mecanismos de participación de la sociedad civil.

El segundo y tercer punto de la agencia de diálogos que se instalará en Ecuador son “la democracia para la paz” en donde se examinará la participación y las decisiones del pueblo colombiano en los problemas que los afectan y cómo se resuelven los conflictos, al tiempo que se revisarán las garantías que existen para la manifestación pública, y el tratamiento de la situación jurídica de los condenados en el desarrollo de la movilización social. El tercer punto, “transformaciones para la paz” busca que, a partir de las propuestas de la sociedad civil, el gobierno y la insurgencia se comprometen a desarrollar programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, y la degradación ambiental, mientras se buscan crear planes alternativos integrales con enfoque territorial, que den opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades.

Desde los movimientos sociales que sí se reunieron hoy en Quito, proponen un espacio denominado Mesa Social de la Paz. “La negociación va a ser con nosotros y nosotras, tenemos propuestas, tenemos mecanismos para sumarnos y participar, aquí vamos a estar y aquí nos instalamos “, afirmó Ricardo Moreno, vocero de la Comisión étnica de Paz. La Mesa es una alternativa para pensar la participación civil en los diálogos con carácter vinculante en la negociación.

La preocupación de los movimientos sociales es que el gobierno desarrolle un doble discurso. “Por un lado se plantea la paz, buscar soluciones políticas, pero por el otro lado se profundizan las políticas represivas, con el hostigamiento al movimiento popular colombiano y un nuevo código de policía que estigmatiza a quienes pelean por sus derechos. Anteayer detuvieron a más de cinco manifestantes en el Cesar por rechazar el fracking. Hay una guerra contra el movimiento popular que reclama la paz con justicia social”, afirmó Quiroga.

Desde la Mesa Social plantearon que continuarán exigiendo la participación protagónica vinculante de la sociedad en la construcción de la paz y sostendrán su presencia en Quito a la esperar de que se concrete la fase de diálogo con el ELN.

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