Por Eduardo Giordano

El Consejo de Ministros de España decidió el pasado 14 de septiembre concederle al presidente colombiano Iván Duque la Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español. Este reconocimiento está vigente desde 1815 y el gran Maestre de la Orden es el rey, Felipe VI, secundado por el ministro de Exteriores en su carácter de Canciller de la Orden. En la exposición de motivos del monarca español para entregar la condecoración al mandatario colombiano puede leerse que le otorga el collar de la orden “queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su Excelencia señor Iván Duque Márquez”.

El presidente de Colombia llegó a Madrid para promocionar su libro autobiográfico en la Feria del Retiro, pero vio frustrado el intento por la protesta de escritores colombianos y libreros de toda España que rechazaron, en un comunicado público y a través de marchas dentro y fuera del recinto, que Duque utilizase ese espacio para blanquear su imagen, mientras se excluía a los escritores críticos por no ser políticamente “neutrales”.

El presidente de Colombia mantuvo encuentros con el rey, con el presidente Pedro Sánchez y con autoridades de la Comunidad de Madrid. No es extraño que Duque haya sido bien recibido allí, dados los vínculos existentes entre su partido, el Centro Democrático, y el Partido Popular, que gobierna en esa comunidad autónoma. Es mucho menos obvio que un gobierno de izquierda, con sensibilidad por los derechos humanos, distinga al presidente del país en el que se cometen las mayores violaciones del derecho a la vida de manera sistemática. La organización colombiana Indepaz ha documentado que durante el año 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos [1] y un total de 1.248 desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), la mayor parte durante la presidencia de Iván Duque. Este año 2021 ya suman 136 los líderes sociales asesinados y hubo 72 masacres de campesinos e indígenas (con 258 víctimas) perpetradas por grupos paramilitares, así como 38 asesinatos de ex combatientes de las guerrillas que se sumaron al acuerdo de paz [2]. Quienes perpetran estos crímenes actúan en connivencia con militares y políticos a las órdenes del gobierno. En casi todos estos casos la fuerza pública llega tarde para impedir las matanzas, pese a las frecuentes alarmas tempranas que se emiten. Mientras sigue esta situación de indefensión y abandono en el interior del país, la represión policial en las ciudades contra los jóvenes manifestantes durante el reciente Paro Nacional provocó al menos 70 muertes por disparos, mayoritariamente de la policía, y dejó más de un centenar de desaparecidos, muchos de los cuales reaparecieron más tarde asesinados [3].

Con estos antecedentes bien conocidos, el hecho de que un gobierno progresista español condecore a Iván Duque parece un gran contrasentido. El simbolismo de la condecoración añade una nota de vetustez a este circo de las vanidades. La concesión de la Orden de Isabel la Católica no es un hecho excepcional, también la reciben esforzados funcionarios públicos españoles; pero eso no le resta valor simbólico y proyección internacional en un caso como este. Uno de sus predecesores en recibir este honor durante el gobierno de Pedro Sánchez, en agosto de 2018 y con Josep Borrell como ministro de Exteriores, fue el ex presidente del PP Mariano Rajoy. Así mismo, en 2019 se concedió el Collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente de Perú, Martín Vizcarra, destituido en 2020 por corrupción. También fueron condecorados con esta orden otros dos anteriores presidentes colombianos, ambos del mismo tronco político derechista: Álvaro Uribe, el padrino político de Duque, y su otro ahijado (díscolo) Juan Manuel Santos, acaso el único que merecía un reconocimiento internacional por su labor como artífice de los acuerdos de paz.

El derribo del imaginario colonial

El debate sobre la validez de conceder esta Orden debe extenderse más allá del personaje y sus méritos para ser condecorado, o no, por el Gobierno de España, para enfocarse en cuestionar la existencia misma de la institución, empezando por su propio nombre y filiación. Una Orden cuya proyección simbólica tiene resabios arcaicos, de fuerte afirmación nacionalista española y con ecos de trasnochada vocación neocolonizadora del continente americano. La institución fue creada por Fernando VII en 1815 con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, en plenas luchas por la independencia de las colonias hispanoamericanas, con la finalidad de “premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios”. Obviamente la prosperidad para la metrópoli y sus colonizadores, casi siempre reñida con la vida digna de nativos y esclavos. Se trata de un galardón extemporáneo y a contrapelo de la marcha de la historia, un despropósito si se desea estrechar los vínculos entre los pueblos, pues sugiere autocomplacencia de la España actual con los crímenes de la conquista.

En los últimos años toda América ha despertado a una nueva rebelión que se expresa en el plano simbólico en el rechazo a los monumentos y emblemas del pasado colonial. El derribo de la estatua de Cristóbal Colón en varias ciudades de Estados Unidos con motivo de las revueltas antirracistas, o la de Fray Junípero Serra en San Francisco, tienen su correlato en los monumentos de conquistadores tumbados en Chile, Colombia, México y otros países latinoamericanos cuyas luchas sociales van acompañadas de una revisión crítica del pasado colonial, considerado el origen remoto de la ideología racista que persiste en las actuales políticas de exclusión.

En Estados Unidos, en el contexto de las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd, las estatuas de conquistadores empezaron a considerarse ofensivas y muchas protestas se centraron en derribar monumentos que enaltecían el pasado colonial e imperialista. Consideradas por algunos activistas como símbolos del racismo, varias estatuas de Cristóbal Colón y de los líderes del ejército confederado fueron derribadas en ciudades de Massachusetts, Minnesota, Florida y Virginia en junio de 2020. Más de un centenar de estatuas de Colón fueron derribadas, decapitadas, pintadas o de algún modo saboteadas durante aquellos disturbios. 

Poco antes en Chile, durante el estallido social de noviembre de 2019, fueron derribadas en medio de grandes ovaciones las estatuas dedicadas al conquistador español Pedro de Valdivia en varias ciudades del centro sur y sur del país. En la ciudad de Concepción el monumento había sido donado por el gobierno español en homenaje a quien fuera el fundador de esa ciudad. En la región del Bio Bio, unos/as 500 mapuche autoconvocados/as derribaron no solo la estatua de Pedro de Valdivia y también la de García Hurtado de Mendoza, quien fuera gobernador de Chile (1556-1561) y más tarde virrey del Perú, tras haber derrotado al recordado cacique Caupolicán. El simbolismo no puede ser aquí más diáfano: Caupolicán fue el toqui (jefe militar) de la resistencia mapuche contra la ocupación de su territorio por los conquistadores españoles.

La valoración social de estos fundadores de ciudades y países en tierras ocupadas militarmente y avasalladas no es igual según se mire desde la perspectiva de los descendientes de colonos o desde la mirada de los pueblos nativos. Mientras que los primeros se aferran a representaciones del pasado complacientes con la colonización y lamentan la “vandalización” del patrimonio artístico en el espacio urbano, las poblaciones indígenas que aún sufren las consecuencias de los viejos agravios a través de las políticas contemporáneas de sus gobiernos, señalan y denuncian con sus acciones simbólicas la disrupción que los condujo a la catástrofe.

En el convulso departamento colombiano del Cauca, indígenas de la comunidad Misak tumbaron una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán. Afirmaron en un comunicado que su objetivo era “reinvidicar la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las élites”. Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) de Colombia, afirmó en Twitter: “De Belalcázar fue un genocida que masacró a los pueblos que conquistó. Mi respeto a los Misak que hoy reivindican sus muertos. Al suelo un símbolo de 500 años de esclavitud” [4]. Previamente los Misak ya habían derribado en Bogotá una estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador en 1538 de Santafé de Bogotá. Desde la comunidad indígena justificaron su acción de forma lapidaria: “Fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres y nuestros hijos”, afirmaron [5].

Así mismo en Colombia, fogueados por las protestas contra el gobierno de Iván Duque, donde manifestantes derribaron en Barranquilla la estatua del almirante que dio nombre a este país. Cristóbal Colón fue volteado de su pedestal con una soga al cuello y su cabeza, una vez arrancada, deambuló por las vías públicas de la ciudad. Días antes, en Bogotá, indígenas Misak intentaron derribar las estatuas de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, en este caso sin éxito porque fueron detenidos por la policía. La estatua de Isabel la Católica también fue objeto de vertido de pintura roja en varias ciudades americanas, incluso en el monumento que hay en Washington ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La indignación que causó en Canadá el descubrimiento de miles de niños y niñas indígenas muertas en condiciones deplorables, tras haber sido enviados durante décadas a internados gestionados por la Iglesia católica, inflamó los ánimos y produjo airados ataques contra los símbolos de ese pasado genocida, como la quema de algunas iglesias y el derribo, el 1 julio de 2021 (aniversario de la fundación de Canadá), de una estatua de la reina Victoria de Inglaterra (1819-1901) y otra de la actual soberana, Isabel II [6].

La reapropiación del espacio público

Dos días antes de la conmemoración del 12 de octubre de 2020, la estatua de Cristóbal Colón fue retirada de su céntrico emplazamiento en Ciudad de México, tras difundirse una convocatoria en redes sociales para acudir a derribarla. La alcaldesa Claudia Sheinbaum tomó la decisión de trasladarla a otro lugar menos emblemático y propuso su reemplazo por la estatua de una mujer indígena, una apuesta arriesgada y polémica. Al mes siguiente, varios grupos de mujeres feministas instalaron en ese pedestal una estatua en honor a “las mujeres que luchan”: la figura de una mujer con el puño en alto “dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado las violencias, la represión y la revictimización”, según expresaron en un comunicado [7].

Hay aquí una forma muy vital de reapropiación del espacio urbano para poner en el centro del debate ciudadano los problemas de mayor emergencia social. Esta clase de intervenciones se han ido popularizando en México con el nombre de anti-monumentos o contra-monumentos, y gracias a su acción subversiva en el espacio público operan como un revulsivo para voltear las conciencias sobre los temas más acuciantes del presente. La confrontación en el orden simbólico va más allá del debate sobre el colonialismo y la figura de Colón, ya que se plantean nuevos interrogantes sobre el uso del espacio urbano para la representación de la historia y la restauración de la memoria histórica.

Un antecedente similar fue la retirada por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en junio de 2013, de la estatua de Cristóbal Colón de su emplazamiento original en el centro de Buenos Aires, para sustituirla por la de Juana Azurduy, una memorable luchadora boliviana por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata. 

El siguiente paso en esta senda de deconstrucción de la historia oficial de la Colonia sería descabalgar la fecha misma de celebración de “la Hispanidad”, el día 12 de Octubre, ya que ambos símbolos van indisolublemente asociados. En Argentina se sustituyó con buen criterio el antiguo “Día de la Raza” -que se sigue celebrando en otros países, por ejemplo en Colombia- por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El único desacierto fue mantener la fecha de la celebración, con toda la carga simbólica que supone, en lugar de haberla trasladado -pongamos por caso- al día de la Pachamama (1 de agosto) como contrapunto alusivo a las culturas indígenas.

La caída del navegante Cristóbal Colón de ese pedestal simbólico en el que lo mantuvieron los estados americanos durante tantos siglos es parte del proceso de reconocimiento identitario de los pueblos originarios y de todos los que sufrieron las consecuencias directas o indirectas del racismo y el colonialismo. Colón no fue solo un “descubridor”, sino el primer Virrey y cruel Gobernador de las Indias Occidentales entre 1492 y 1500, piedra angular de la conquista al servicio de la Corona española. 

Usos políticos de la memoria remota

La disposición del gobierno español a rendir homenaje al presidente de Colombia con un símbolo de reafirmación del pasado colonial tiene connotaciones en el plano de las relaciones internacionales y socava la posibilidad de establecer un diálogo sincero con algunos de sus pares latinoamericanos. 

Mientras en las calles y plazas se derriban los símbolos de la vieja dominación colonial, el presidente de México, Manuel López Obrador, reclama al Rey de España y al Papa Francisco que se disculpen por las “oprobiosas atrocidades” que padecieron los pueblos originarios durante la colonización española.  Esta petición reitera la ya efectuada por el presidente mexicano en 2019, en sendas cartas enviadas al rey Felipe VI y al papa Francisco, y que fue rechazada “con toda firmeza” por el gobierno español e ignorada por el Vaticano.

Esta vez el reclamo de México tuvo respuesta por parte de la Iglesia católica. Con motivo de los actos conmemorativos de los 200 años de la independencia nacional, el Papa Francisco envió una carta admitiendo que “tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización”.

Cuando las figuras del almirante Cristóbal Colón y de otros conquistadores resultan tan cuestionadas por los pueblos nativos de los territorios colonizados, cuando hasta el Papa pide perdón a México en nombre de la Iglesia por los “errores” cometidos durante la conquista (como ya lo hizo en 2015 con Bolivia), resulta hasta sorprendente que España no sólo rechace hacerlo, sino que además mantenga como máxima distinción para mandatarios latinoamericanos una condecoración de Isabel de Castilla, cuya figura representa el origen mismo de la empresa colonial que dio lugar a la conquista y la implantación del imperio español.

Después del manto de silencio que envolvió a la historia de España durante la transición posfranquista, la izquierda española se ha ido fogueando en la lucha por recuperar la memoria histórica, reabriendo expedientes y promoviendo exhumaciones para curar viejas heridas del siglo pasado. Sin embargo, el horizonte temporal de este gran esfuerzo de memoria colectiva se ha acotado a los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. 

En el plano de la memoria histórica se juega la gran confrontación simbólica con una derecha muy embebida de ideología franquista. En esta disputa tiene centralidad la desactivación del carácter simbólico de ciertos monumentos, como el mausoleo franquista del Valle de los Caídos. Tras una dictadura de cuarenta años que sólo honró a los vencedores de la guerra civil, nada cambió en este aspecto con la llegada de la democracia, dada la correlación de fuerzas existente durante la transición. La ley de Amnistía de 1977 (preconstitucional) facilitó el olvido y la impunidad de los crímenes franquistas. Transcurrieron 25 años hasta que la presión de la sociedad civil llevó el tema de las víctimas republicanas de la guerra y de la represión del bando vencedor a los debates parlamentarios, y pasaron varios años más hasta que se pudo articular una nueva política de recuperación efectiva de la memoria histórica.

El esfuerzo de revisitar el pasado por parte de los intelectuales y políticos de partidos progresistas se agota sin embargo en esa etapa histórica, mientras queda huérfano de  cuestionamiento el largo período de conformación de España, de implantación del imperio español y dominación colonial. ¿Puede la izquierda española quedarse muda cuando se glorifica ese pasado tan brutal para con los pueblos indígenas y los negros esclavizados?  ¿Merecen ellos menos reconocimiento simbólico que los vencidos de la guerra civil? ¿No es un insulto a su ancestral sufrimiento que el actual monarca español y el gobierno de España condecoren al cuestionado presidente de Colombia con una Orden de la forjadora del imperio?

La ofensiva neocolonial de la derecha

La defensa de los símbolos patrios vinculados a la conquista de América -una conquista que no fue precisamente gloriosa en términos de respeto a los derechos humanos- es el debate predilecto de la derecha ultramontana, que se vale del rancio imaginario del imperio para afear al gobierno socialista ante cualquier vínculo que este pretenda establecer con gobiernos progresistas latinoamericanos. No en vano fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata en ascenso del Partido Popular, quien lanzó desde Washington un mensaje descalificador contra el Papa y se atrevió a cuestionar sus disculpas, declarándose sorprendida de “que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”.

Revelando su desconocimiento del uso más elemental del léxico político, Díaz Ayuso añadió que durante los últimos años crecieron “alarmantemente” algunos movimientos a los que llamó “el indigenismo, la revolución y el populismo” (“el indigenismo que es el nuevo comunismo”, añadió), los cuales estarían haciendo “una revisión maniquea de la historia de España” a fin de “dinamitar el legado español”, que en su opinión ha sido “uno de los mayores hitos de la historia”. Esta narrativa de la derecha del PP, a la que ya se han sumado José María Aznar así como varios dirigentes ultraderechistas de Vox, es compartida en general por todo el bloque político nacionalista español que se ha polarizado contra el idependentismo catalán y cuya principal argamasa es la salvaguarda de la unidad de España y las loas a la superioridad de su civilización. Esta ideología confrontativa se ha expresado durante años a través de una guerra de símbolos, concretamente de banderas desplegadas en los balcones de toda España en el caso del conflicto catalán, que pretenden resignificar las disputas políticas en el espacio público.

Precisamente Vox reabrió las heridas de México y de todo el continente con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”. Vox ha apoyado en varios países latinoamericanos a espacios políticos de ultraderecha e incluso intenta implantar sucursales con su misma sigla.

No se queda atrás el ex presidente del PP José María Aznar, quien acompañado del actual presidente del partido, Pablo Casado, se reapropia del discurso de su colega Isabel Días Ayuso y manifiesta, en pleno congreso de su partido: “El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone volver a las sociedades precolombinas, prehispánicas […] sólo puede ir contra España […]; y eso lo tienen que saber muy bien los españoles, si queremos hacer algo al respecto.” José María Aznar se anticipó a Vox en potenciar los vínculos con las derechas latinoamericanas desde la Fundación FAES, y ahora Vox capitaliza su embrionaria cosecha de aprendices de autócratas.

Afirmar como lo hace Aznar que las políticas de reafirmación de las identidades indígenas (de los pueblos originarios) “sólo puede ir contra España” es ignorar completamente la historia y hacer una lectura sesgada del presente, ya que el mismo López Obrador acaba de pedir disculpas a indígenas mexicanos por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la etapa como país independiente. Otros países americanos deberían seguir este ejemplo, en particular aquellos que después de la independencia mantuvieron un plan de exterminio sistemático de poblaciones indígenas, como fue el caso de Argentina y Chile.

El reclamo político de la Hispanidad

El trabajo político de la derecha en el orden simbólico está adquiriendo una dimensión creciente. Vox lanzó hace un año La Gaceta de la Iberosfera, una publicación digital orientada a lectores hispanoamericanos para dar la “batalla cultural” contra la izquierda y las ideas progresistas, y que actúa como una máquina de difusión y propaganda del pensamiento reaccionario y golpista. En cuanto al Partido Popular, la presidenta regional Díaz Ayuso convocó en Madrid un Festival de la Hispanidad entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, con un programa de manifestaciones artísticas, al mismo tiempo que anunciaba la creación de una Oficina del Español (que podría competir en competencias con el Instituto Cervantes y también con la RAE). 

La derecha española se pavonea con frecuencia recurriendo al término Hispanidad. La primera mención contemporánea del término Hispanidad, a comienzos del siglo XX, se atribuye a Miguel de Unamuno y no iba ligada a la idea de Madre Patria, tan grata al pensamiento fosilizado, sino a una ideal asociación de naciones iguales vinculadas por la lengua. Cuando Unamuno recurrió a ese término, en cambio, sólo vislumbró la conveniencia de crear una hermandad de países iguales. El vocablo fue resignificado en la década de 1930 al servicio del proyecto ideológico de la derecha. El escritor Ramiro de Maetzu, embajador en Argentina de la dictadura de Primo de Rivera, “fue un impulsor del concepto de ‘hispanidad’, referente para toda una escuela de pensamiento reaccionario en España” [8]. Su obra más celebrada, que recopila artículos publicados antes y durante la guerra civil, se titula precisamente Defensa de la Hispanidad (1934).

El debate sobre una posible esencia común de los países hispanos más allá de la lengua no trascendió más allá de las tribunas periodísticas y univesitarias de España y Argentina, ya que nunca suscitó polémica ni adhesión alguna en otros países de ascendencia hispana. La última vez que se manifestó un grupúsculo de personas con carteles favorables a la Hispanidad fue en Perú, durante el largo recuento de votos tras las últimas elecciones. Estos autodenominados hispanistas se alinearon con la candidata Keiko Fujimori, inventando acusaciones de fraude, saboteando el resultado electoral que desplazaba del mapa político a la derecha tradicional. La paradoja es que Perú es el único país con alta proporción de población indígena en el que no han caído hasta ahora monumentos o símbolos de la conquista, pese a su lugar crucial en el despliegue del imperio y durante la colonia.

La aceptación acrítica de este imaginario de España, proyectada al exterior como un país conquistador que exporta un modelo de Hispanidad impregnado de símbolos monárquicos y significantes imperiales, sitúa a la izquierda española ante una crisis de identidad. En primer lugar en el plano interno, la cual que enfrenta, en el seno del gobierno de coalición, a los políticos partidarios de mantener el estatus quo monárquico (constitucional) y con otros decididamente republicanos. La resolución de esta contridicción dista mucho de estar al alcance y afecta, cuando menos indirectamente, a las actitudes que mantienen distintos miembros del gobierno de coalición centro-izquierda con respecto a los actos de corrupción de la Corona con todas sus consecuencias. 

En política exterior, un gobierno de izquierda que utiliza como condecoraciones esos símbolos del pasado imperial carece de herramientas para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos. Nunca podrá conceder una condecoración asociada al inicio de la conquista a aquellos presidentes latinoamericanos a los que la derecha llama ahora “indigenistas”, con lo cual quiere decir presidentes indígenas elegidos por poblaciones mayoritariamente indígenas (como en Bolivia y Perú). Desde la perspectiva neocolonial de las derechas españolas y latinoamericanas, la irrupción de estos movimientos populares en la escena política es un fracaso póstumo de los largos procesos de aculturación a los que se sometió a esas poblaciones desde la conquista. De ahí la preocupación de los viejos liberales, como la del escritor Mario Vargas Llosa, que ha transitado con todo su equipaje intelectual hacia el derechismo más autoritario. En su intervención en el congreso del PP lo verbalizó así: “Los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”. En pocas palabras, empoderar a las poblaciones nativas a través del voto ya no está bien visto por estas élites intelectuales que hoy prefieren sacrificar las libertades e imponer a los indígenas su “buen gobierno”.

El desafío de deconstruir la historia colonial

¿En qué medida se distancian las visiones de la izquierda española de este relato de la Hispanidad que enarbola la derecha? ¿Qué reflexión existe sobre la posibilidad de establecer una relación de equidad -que opere también en el plano simbólico- con las antiguas colonias? Mientras en el imaginario oficial prevalezcan los símbolos de la vieja dominación y, peor aun, se impongan condecoraciones a quienes hoy ejecutan las mismas políticas supremacistas que en su día adoptaron los conquistadores, es posible que el diálogo entre Madrid y algunas capitales latinoamericanas se mantenga en muy bajo nivel.

El proceso de descolonización del saber está en marcha y es irreversible, nada puede ya detenerlo. En las últimas tres décadas se han multiplicado los gestos y expresiones contra los símbolos históricos de opresión y privación de derechos. Las políticas progresistas europeas podrían sumarse a esta nueva conciencia social que pretende desterrar no solo el racismo y el patriarcado, sino además toda forma de denigración de la persona humana. 

Tal vez ya sea hora de apelar al debate sobre la memoria histórica más remota, sobre las formas de dominación y victimazación de los pobladores originarios y esclavos durante la conquista, adoptando una mirada no eurocéntrica sobre los procesos de conformación de las identidades. De este modo se podrían establecer nuevos vínculos de carácter horizonal entre los pueblos y actores políticos de los países hispanohablantes.

[1] https://www.elsaltodiario.com/america-latina/colombia-paro-nacional-entierra-reforma-tributaria

[2] http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[3] https://www.elsaltodiario.com/colombia/colombia-retorno-terror-paramilitar

[4] https://www.dw.com/es/pol%C3%A9mica-en-colombia-por-derribo-de-estatua-de-conquistador-espa%C3%B1ol-por-ind%C3%ADgenas/a-54966460

[5] https://www.dw.com/es/ind%C3%ADgenas-colombianos-derriban-estatua-de-conquistador-espa%C3%B1ol-en-bogot%C3%A1/a-57467325

[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57702227

[7]  https://codigoinformativord.com/sustituyen-estatua-de-colon-por-la-de-una-mujer-en-mexico/

[8] https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_de_Maeztu

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En uno de sus textos más lúcidos, el marxista boliviano René Zavaleta supo expresar que “hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo ancestral o arcano, o sea su causa remota”. Si bien no lo explicita del todo, resulta evidente que está aludiendo a situaciones como el proceso de acumulación originaria descrito por Marx en El Capital, pero también a aquellos más recientes que, al decir de Gramsci, se identifican con las crisis orgánicas en el seno de un bloque histórico: ciertas coyunturas críticas de una sociedad donde la hegemonía, hasta ese entonces arraigada en las masas, se resquebraja y deja de operar como concepción predominante del mundo para ellas, permitiendo que emerjan otras propuestas y horizontes de sentido, ya sea con potencialidad emancipatoria o profundamente regresivos.

Dos momentos constitutivos

Siguiendo este planteo, consideramos que en Argentina hoy se encuentran en juego dos formas de interpretar a -y sobre todo incidir en- la actual coyuntura, que nos reenvían a momentos constitutivos de nuestro país. La hipótesis que queremos compartir es la siguiente: si 1880 funge de parteaguas fundante, porque condensa la culminación de la mal llamada “Conquista del Desierto” (eufemismo para aludir al casi total exterminio de los pueblos indígenas, en particular el mapuche, y a la privatización de sus territorios ancestrales, considerados “espacios vacíos”), que sienta las bases materiales del “orden” capitalista y de una hegemonía de carácter duradero para las siguientes décadas, esto es, de la matriz productiva agro-exportadora terrateniente y del monopolio coercitivo del Estado burgués; diciembre de 2001 constituye, como reverso relacional, otro momento constitutivo, en tanto contexto anómalo y de crisis aguda, que en palabras de Zavaleta “exige la caducidad de la capacidad de dominación por parte de la clase a la que sirve el Estado y a la vez cierta incapacidad coetánea por parte de los oprimidos en cuanto a la construcción de su propio poder, incapacidad siquiera momentánea”.

A riesgo de resultar simplistas, ambos resultan ser parte de una historia que -cual tizón encendido y a pesar del tiempo transcurrido o de los pretendidos “cierres”- aún no es plenamente Historia, ni un pasado desvinculado sin más de nuestra memoria colectiva y de este presente de lucha. En el primer caso (1880), porque sintetiza la consolidación de un poder económico y político que se entrelaza y confluye para apuntalar las relaciones mercantiles y defender los intereses capitalistas, desde una perspectiva de racialidad colonial, que casi 150 años después hace revivir la consigna de “Orden y Progreso” -verdadero eslogan de la élite roquista y de la burguesía triunfalista– para justificar en pleno siglo XXI el desalojo de un corte de ruta o de territorios ancestrales, hoy devenidos estancias de empresarios transnacionales, espacios sumidos en el engranaje de los agronegocios o bien parques nacionales bajo potestad exclusiva del Estado. En el otro (2001), debido a que puso en crisis la hegemonía de las clases dominantes e hizo visible nuevas formas de pensar-hacer política más allá de las instituciones estatales, a través de la acción directa en las calles, el ejercicio de la horizontalidad y la construcción de poder popular, la emergencia de asambleas barriales, la autogestión obrera de empresas quebradas por la patronal y la configuración de movimientos piqueteros o de base territorial, al calor del que se vayan todos como consigna aglutinadora y de experimentación militante.

Dos momentos constitutivos, por tanto, traídos al presente y crudamente enfrentados. De un lado, el que se recrea desde arriba, del que se valen y al que apelan la burguesía y el Estado para quebrar la resistencia popular y garantizar el disciplinamiento de las clases y grupos subalternos, y que tuvo hitos trágicos como el 24 de marzo de 1976. Al respecto, no resulta casual que la dictadura cívico-militar que se instaura en esa fecha, haya decidido autodenominarse “Proceso de Reorganización Nacional”, en clara alusión y continuidad de aquel período fundante acontecido un siglo atrás. La coerción brutal emerge como hecho en común, verdadera y oculta génesis del poder dominante, ejercido -al decir de David Viñas- contra “los principales componentes que perturban, impiden y postergan que la Argentina se convierta definitivamente en un país capitalista”. Gauchos e indios salvajes en un caso (los primeros “desaparecidos” en estas tierras), subversivos y terroristas apátridas en el otro. Según Viñas, un hilo rojo conecta a estas alteridades: “el universo de los sometidos, en la Argentina de 1879 a 1976, se ha ido superponiendo hasta mezclarse y confundirse con el nivel de lo censurado”.

Pero se sabe: no hay sometimiento que sea total e inexorable, ni dominación que -por más descarnada que resulte- pueda excluir como polo relacional a la resistencia, por lo que a lo largo de nuestra historia también han existido momentos constitutivos enhebrados desde abajo, que nos remiten a poner el cuerpo en la lucha y a ejercitar la política desbordando los límites establecidos, a disputar el sentido de lo público desde lo popular-comunitario y a cuestionar lo instituido, en contra no sólo del mercado sino incluso del Estado, a evitar el encapsulamiento y las modalidades tradicionales de intervención militante, y que ha tenido en Argentina numerosos destellos de insubordinación y de rebelión plebeya, signados por la espontaneidad (que nunca se vivencia en estado puro por cierto), entre ellos el 17 de octubre de 1945, el 29 de mayo de 1969, y uno tan reciente y vivo -las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- que aún no es enteramente Historia.

Ambos momentos (1880 y 2001) se confrontan, revisitan y disputan en la actualidad, a punto tal que nos permiten entender las raíces de lo acontecido en los últimos años, al tiempo que nos brindan pistas en torno a las intenciones y apuestas por las que transitan, de manera subterránea, las querellas y antagonismos que desgarran actualmente a nuestra sociedad.

Actualidad de la historia

En efecto, la desaparición y muerte del joven artesano Santiago Maldonado en de agosto de 2017, en medio de un mega-operativo que “liberó” a sangre y fuego una ruta del sur del país, donde unos pocos mapuches reclamaban por tierras ancestrales que hoy se encuentran en manos de Benetton (el mayor terrateniente de Argentina, con casi un millón de hectáreas en su poder), al igual que el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, joven integrante de ese mismo pueblo originario, que osó recuperar junto a un grupo de familias territorios apropiados por el Estado, y obtuvo como respuesta la muerte el 25 de noviembre pasado a manos de la prefectura naval (fuerza policial militarizada que junto con la gendarmería, en rigor, tienen por función la “custodia” de fronteras y no la represión de protestas), si bien no resultan hechos aislados, dan cuenta de la vigencia y reactualización de aquel momento constitutivo de acumulación originaria, a partir de un poder desaparecedor y expropiatorio a cargo del Estado, que opera al servicio de los (falsos) dueños de la tierra.

Este poder, inaugurado a escala nacional con las masacres indígenas a finales del siglo XIX, y replicado en coyunturas críticas como la de la Patagonia rebelde (donde cientos de obreros rurales fueron asesinados por exigir la vigencia de derechos laborales elementales) o la de la última dictadura cívico-militar (que dejó como saldo 30 mil detenidos/as-desaparecidos/as, a pesar de que el gobierno de Macri se esmere en cuestionar ese número), se solventa en un momento originario y candente, que continua marcando a fuego, como rasgo indeleble del bloque histórico argentino, la dinámica de la lucha de clases, el sistema de dominio racial, la opresión heteropatriarcal y la estructura socio-económica imperante en nuestro país.

Si en palabras de Freud “la civilización está construida sobre un crimen cometido en común”, en este caso ese exterminio tiene como puntapié el etnocidio de pueblos enteros y el despojo de sus territorios, en aras de su conversión en propiedad privada a ser explotada por las clases dominantes (las cuales, dicho sea de paso, no resultan pre-existentes a este momento constitutivo, sino que tienen su origen y fuente de poder en este mismo proceso de violencia y expropiación), pero también la planificación de la desaparición forzada de miles de activistas al compás del terrorismo estatal que se generaliza tras el 24 de marzo de 1976. Si bien ciertas lógicas represivas y desaparecedoras no estuvieron exentas en las últimas décadas en Argentina, a partir de diciembre de 2015, con un gobierno compuesto en su mayor parte por gerentes, apologistas de la “mano dura”, defensores de los responsables de aquel genocidio y empresarios cuyos apellidos, por cierto, en muchos casos nos reenvían a la vieja oligarquía que moldeó al Estado con sus propias manos, estas formas de violencia estructural cobran una intensidad inusitada.

Por ello no deberían leerse como un exabrupto las declaraciones públicas del presidente Mauricio Macri -nada menos que en el Foro Económico Mundial de Davos- asegurando que “en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”. Esta afirmación ha estado acompañada por una infinidad de discursos, comunicados y gestos mediáticos de quienes integran su gabinete, que con una similar apelación al “orden” blanco y occidental dejan traslucir un profundo revanchismo racista y odio de clase. Basta recordar la expresada por el entonces Ministro de Educación del gobierno de Cambiemos, Esteban Bullrich, quien a finales de 2016 manifestó en la provincia de Río Negro (territorio mapuche antes de que el ejército asesine, en 1879, a cerca de 1300 indígenas y encarcele o reduzca a servidumbre a más de 15 mil), que Macri encabeza “la nueva Campaña del Desierto, no con la espada, sino con la educación”. Más allá del lapsus (espadas utilizaron los españoles en sus primeras incursiones, no los soldados del ejército argentino, que se valieron de fusiles remington, lo cual no deja de evidenciar el continuum colonialista en la psiquis de las élites criollas), la alusión a aquel momento fundante no resulta un hecho excepcional. Consultado por sus libros preferidos, Bullrich confesó que Soy Roca, biografía del que fuera máximo artífice militar de este genocidio, es su texto de cabecera. No es para menos: uno de sus antepasados y tatarabuelo fundó, en 1867, la casa de remates Adolfo Bullrich y Cía, donde se venderían poco tiempo más tarde las tierras apropiadas a las comunidades indígenas, e incluso niños y mujeres mapuches a bajo precio.

Por su parte, la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (que debido a lo que André Bretón llamaba el “azar objetivo”, es pariente de su homónimo Esteban y tiene idénticas raíces oligárquicas), no ha dejado de ser la punta de lanza del discurso punitivista que valide la construcción del “enemigo interno” y legitime la escalada represiva que se vive en el país. Su desproporcionado nivel de exposición mediático desde el inicio del gobierno de Macri tampoco es casual. Teniendo como caballo de batalla a la “guerra” contra el narcotráfico y la inseguridad, se intenta interpelar al imaginario social autoritario y conectar con cierta necesidad de protección, respeto de la ley y deseo de restablecimiento del “orden”, que el sentido común dominante exige de parte del Estado.

La defensa enconada del accionar de las fuerzas represivas, incluso en situaciones de abierta flagrancia (realización de desalojos sin orden judicial, detenciones a periodistas en manifestaciones por intentar cubrir violaciones de derechos humanos, apología abierta de casos de “gatillo fácil”, como el cometido por el policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda a un menor de edad que huía tras cometer un robo, y fue recibido como “héroe” por el presidente Macri y la Ministra Bullrich en la Casa Rosada), se complementa con el reforzamiento mediático de prejuicios y estigmas que tienden a asociar juventud pobre o población villera con delincuencia, protesta social o paros activos con desestabilización e ilegalidad y pueblo mapuche con terrorismo, buscando así fortalecer una visión de mundo que avale -e incluso demande- una intensificación de la faceta coercitiva del poder estatal.

Cabe por lo tanto preguntarse si no estamos en presencia de un fenómeno que se asemeja a lo que René Zavaleta denominó hegemonía negativa, es decir, “una construcción autoritaria de las creencias”, asentada en este caso en una delicada combinación de apelación al miedo y a la autopreservación individual, con “tolerancia cero” y castigo ejemplificador de quienes azuzan el “caos”, cuestionan la propiedad privada o quebrantan la legalidad, que redundaría en una aceptación acrítica de la creciente militarización de la vida social. Quizás la novedad esté dada por la mixtura de ciertos dispositivos de despotismo estatal que cobran mayor relevancia para gestionar la inseguridad, con un “emprendedurismo” de raigambre societal, que incita a participar activamente en la garantía del orden (construcción vecinal de “mapas del delito”, grupos de wasap de “alertas barriales”, voluntarios dispuestos a suplir en las escuelas a maestras en huelga) desde lo que Esteban Rodríguez caracteriza como vigilantismo o giro policialista, enfocado a estigmatizar y combatir al otro que no comparte, o parece amenazar, sus formas de vida.

Pero si las clases dominantes tienen a 1880 como momento constitutivo y horizonte de sentido, a partir del cual actualizar su vínculo con el Estado y aspirar a validar en términos hegemónicos la matriz de acumulación capitalista y la gobernabilidad en Argentina, los sectores populares y las clases subalternas también ostentan momentos claves, que aún relampaguean como recuerdos y sedimentos activos en su memoria histórica, y fungen de núcleos de buen sentido de los que adueñarse para enfrentar, en instantes de peligro como el actual, la vulneración de derechos, los múltiples atropellos y las renovadas estrategias de explotación que la burguesía y el imperialismo buscan concretar, en el marco de un contexto de crisis global, desorientación teórica, reprimarización de la economía, intensificación del extractivismo e inestabilidad política en la región.

En este punto, resulta significativo entender que, si Macri no ha podido avanzar de manera más enconada en la implementación de su proyecto “refundacional”, no ha sido a raíz de las desavenencias al interior de la coalición gobernante (que las ha habido), sino ante todo por la correlación de fuerzas que en términos políticos -y a pesar de las urgencias- lo ha obligado a optar por una modalidad más de tipo “gradualista”. Y contra todos los pronósticos, el triunfo electoral de Cambiemos en la mayoría de los distritos en octubre de 2017, no significó un “cheque en blanco” para acelerar el ritmo de esas transformaciones de corte neoconservador. A pocos días de lanzar su propuesta de “reformismo permanente” y enviar al Parlamento un paquete de leyes profundamente regresivas, la realidad les mostró un panorama muy distinto al que suponían.

Resistencia popular y plebeya

Las jornadas de resistencia popular vividas el 14 y 18 de diciembre de 2017 en el centro porteño, vinieron a desmentir la caracterización que durante todos estos años se hizo de la crisis de 2001 como un proceso definitivamente clausurado. La multitudinaria concentración en Plaza Congreso, la capacidad de lucha y “aguante” de decenas de miles de personas de las más variadas tradiciones y orígenes, poniendo el cuerpo durante horas -en medio de gases y balas de goma- en sus calles aledañas y alrededores para rechazar el proyecto de (contra)reforma previsional impulsado por el macrismo, así como la posterior revitalización de la protesta en diversas esquinas de los barrios capitalinos, musicalizada por cacerolas y cánticos que nos reenviaban al que se vayan todos, e incluso la confluencia nocturna de miles de jóvenes nuevamente frente al Congreso para apoyar la protesta, dan cuenta de una memoria política en común, que no fue doblegada y se mantuvo en estado latente en infinidad de militantes, pero también como acerbo general y saber plebeyo sedimentado en la cultura popular de las clases subalternas.

De manera espontánea -aunque con un papel para nada desdeñable de activistas de base con cierta experiencia confrontativa y con la valiente retaguardia forjada por un espectro muy amplio de movimientos, colectivos, sindicatos, partidos y organizaciones populares- estas jornadas evidenciaron que un sector importante del pueblo tiene mayor osadía, combatividad y predisposición para la lucha, de la que suponían analistas de escritorio, burócratas timoratos y dirigentes de viejo cuño dentro de sus cálculos matemáticos. Y también demostraron que el entramado social y la acción directa mancomunada para poner un freno a los intentos de contraofensiva neoliberal, tal como ocurrió en diciembre de 2001, pueden ser recreados en las calles, lo que equivale a afirmar que aquello que se inauguró con estas jornadas hace 16 años, aún no ha sufrido un cierre pleno ni fue totalmente eclipsado en la subjetividad de las masas, ya sea producto de un aniquilamiento político o de un quiebre radical de la resistencia, como pudo haber ocurrido en 1976 o en 1989.

Como es sabido, tras la década explícitamente neoliberal de los años noventa, se abrió en América Latina una etapa de impugnación al Consenso de Washington, lo que no equivalió a su lisa y llana superación, pero sí implicó un cambió en las bases de sustentación para los proyectos políticos con pretensión hegemónica. Mientras las políticas pro-mercado y de despojo de derechos colectivos se erigieron sobre la tierra arrasada de la derrota del campo popular -infligida ya sea por la sangrienta dictadura cívico-militar; o bien por la hiperinflación, la construcción silenciosa de un “sentido de inevitabilidad” del ajuste y el avasallamiento represivo de toda forma de protesta en los primeros años del gobierno de Menem-, el proceso que surge a posteriori de la crisis del 2001 es hijo -por cierto, a destiempo- de las luchas populares en contra del neoliberalismo.

Este ciclo de auge de movilización y participación activa tuvo su declive y reabsorción por mediaciones institucionales, al compás de la recomposición hegemónica durante el ciclo kirchnerista, a pesar de lo cual logró materializarse en una serie de conquistas parciales, tanto sociales como políticas, que constituyen un piso fundamental en términos simbólico-materiales, muy distinto al momento de derrota defensiva de los años noventa. Además, los sectores populares acumularon experiencia y formatos organizativos en los que apoyarse para activar la rebeldía y la confrontación ante medidas regresivas que se intentaran en su contra, lo que conforma un escenario bastante diferente al inaugurado a finales de los años ochenta en Argentina. Claramente, la llegada de Macri al gobierno no es fruto de una derrota inapelable del campo popular y allí reside una diferencia fundamental con relación al ciclo menemista.

Tal vez por ser hijos bastardos del cimbronazo de 2001, tanto el macrismo como el grueso del kirchnerismo construyeron en torno al 19 y 20 de diciembre, un relato que leía retrospectivamente a estos acontecimientos en los términos de un momento “anti-político”, dejado atrás o superado gracias a la recuperación de la “confianza” en las instituciones estatales lograda en todos estos años. Sin embargo, a contrapelo de esta interpretación, creemos que esas jornadas -y lo que inauguraron o permitieron que aflore- fueron anti-política delegativa o anti-política liberal burguesa, pero estuvieron lejos de resultar contrarias a la política como intensidad militante con potencialidad emancipatoria.

Los espacios colectivos de solidaridad creados para paliar el hambre y el desempleo, las iniciativas y lazos comunitarios vertebrados en barrios, plazas, empresas recuperadas, escuelas o universidades, así como el crisol de organizaciones de base, medios alternativos de comunicación, asambleas vecinales, bachilleratos y proyectos de educación popular, cooperativas y emprendimientos autogestivos, colectivos feministas y movimientos territoriales que surgieron, o bien cobraron mayor visibilidad y fortaleza, luego de aquellas calurosas jornadas de insubordinación de masas, tuvieron en muchos casos una clara proyección anticapitalista, descolonizadora y prefigurativa, en la medida en que involucraron un enorme despliegue de potencias que, en conjunto, apuntaron a la recuperación del protagonismo de las y los de abajo, a través de formas exploratorias y autónomas de deliberación y acción profundamente democráticas, e incluso a la ampliación lo público más allá de lo estatal.

Creatividad contra el neoliberalismo

Hoy, el intento de parte de las clases dominantes y el Estado (que parece estar atendido por sus propios dueños) de quebrar esta capacidad de lucha y de disciplinar de manera plena a los sectores populares, como requisito imperioso para superar la crisis y relanzar un nuevo ciclo expansivo de inversión y acumulación capitalista, está encontrando un alto nivel de resistencia en las calles. Buena parte de esos proyectos, organizaciones, iniciativas, movimientos y sectores dinámicos, gestados muchos de ellos al calor del cataclismo de 2001, si bien han mutado o sufrido reconfiguraciones en todo este tiempo, lejos están de haber sido subsumidos o neutralizados por el poder estatal y mercantil, por lo que tienden a cumplir un papel de suma relevancia como retaguardias activas para defender derechos, reimpulsar procesos de auto-organización popular y amalgamar intereses comunes. De ahí que se pretenda instalar nuevamente la teoría del “enemigo interno” como factor desestabilizador, encarnado por terroristas mapuches, delincuentes juveniles, trotskistas destituyentes, maestras o metrodelegados huelguistas, feminazis abortistas o tirapiedras indignados (poco importa el epíteto con el que defina a esa otredad). No obstante, a pesar del panorama sombrío que se avizora en Argentina como consecuencia de un nuevo paquete de ajuste neoliberal que se busca imponer, no estamos en presencia de un pueblo trabajador derrotado en términos políticos.

Las multitudinarias concentraciones y los paros activos convocados por sindicatos combativos, movimientos territoriales y organizaciones de izquierda, la perseverancia y el creciente protagonismo en los espacios públicos por parte del movimiento de mujeres, la importancia de los organismos de derechos humanos en un contexto de creciente criminalización de la protesta y pérdida de garantías elementales, la resistencia de comunidades y asambleas autoconvocadas contra las políticas de despojo y extractivismo tanto en el campo como en las ciudades, la irrupción de sectores de la economía popular y de franjas precarizadas de la clase trabajadora que no se resignan a ser carne de cañón de un proyecto que los segrega y excluye, y sobre todo las jornadas de insubordinación en diciembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, han revitalizado modalidades de protesta basadas en el antagonismo, la rebeldía y la acción directa, que evidencian una situación de profundo dinamismo en el campo social y político de las clases subalternas, e incluso un cierto recambio generacional en la militancia de izquierda.

El escenario de simultánea recesión interna, aumento de precios, precarización de la vida, tarifazos, inflación, acuerdo con el FMI y caída de la imagen del presidente Mauricio Macri y de sus varios de sus ministros en las encuestas de opinión, articulado con una coyuntura mundial adversa que incluye una baja sustancial de los commodities en el mercado global, constituyen el contexto en el que se desenvolverá, sin duda de manera cada vez más aguda y dramática, la lucha de clases en el corto plazo.

Las crisis son momentos propicios para producir teoría crítica y al mismo tiempo resignificar las prácticas colectivas; de balancear lo vivido, enmendar errores y proyectar nuevos horizontes emancipatorios en función de los desafíos que nos depara un presente tan complejo de asir. Pero al margen de estas tareas impostergables, algo resulta claro: el límite de todo ajuste no es otro que la reacción de las y los ajustados. Al igual que en muchos momentos históricos similares -nunca idénticos, por cierto, salvo en clave de farsa o de tragedia, pero siempre presentes en la memoria popular de manera tal que nos evite recomenzar de cero- las clases subalternas demostrarán, en la praxis misma de su experiencia colectiva, cómo se resuelve en esta ocasión el apotegma. Una vez más, habrá que sopesar en clave gramsciana el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, para ejercitar de manera creativa el derecho a la rebelión en las calles.

Ahora es cuando.

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