Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

El punto de encuentro es la parroquia del barrio. Allí, seis mesas de plástico con seis tableros de ajedrez están dispuestos sobre la calle, la corta y angosta Carrera 66. El bar, la papelería, la barbería, no saben de la siesta. Un hombre de barba blanca reparte volantes. Más allá, dos compañeros suyos traen leña para calentar el agua: más tarde habrá canelazo, bebida de maracuyá, aguardiente, hierbas y canela. “La gente va a ir llegando a eso de las dos, después de comer”, dice José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá, donde se encuentra el barrio La Madelena. 

Entre las calles angostas se alzan edificios de colores, la mayoría de tonos ladrillo que brillan al sol del mediodía. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y está conformada por más de 300 barrios. Viven allí cerca de un millón de personas. Cuesta Novoa explica que las viviendas son parte de una transformación de los barrios populares de la ciudad en propiedades horizontales: el 70 por ciento de la población de la ciudad vive en este tipo de urbanización.

Siguen los preparativos para el convite. Alguien trae un parlante, otro un micrófono y enseguida suena la salsa y la cumbia. No falta quien toma el micrófono y canta con fervor canciones como La Suegra o El Venado. Y que, claro, invita a bailar a quienes van llegando. Pero el centro de todo es la campaña electoral. El domingo habrá elecciones en Colombia y es clave que la gente conozca las propuestas de la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilqué: revolución desde los territorios (lo que implica por ejemplo dotar al 80 por ciento de los municipios rurales de agua potable), revolución agraria, educación como derecho, con énfasis en la ruralidad y austeridad en el gobierno.

Lo central, lo que está en el centro, es la alegría, la política, la comunidad. Mary Galindo vive en la vecina localidad de San Cristóbal, en el barrio Ciudad de la Santa Rosa, uno de los más vulnerables de la ciudad. “Estoy aquí porque me gusta la juntanza, promover la solidaridad con nuestros vecinos”, dice a Marcha Noticias.

“Hacemos reuniones comunitarias y canelazos y charlamos, hablamos de las reformas, de lo que el pueblo necesita, de las quejas, de las reclamaciones. Y tratamos de buscar soluciones en lo que está al alcance de nosotras, de las madres comunitarias”, relata.

Las madres comunitarias, explica, son madres que se organizan en las localidades de la ciudad para salvaguardar a los niños y jóvenes con actividades, talleres y ollas comunitarias. “Hacemos muchas cositas así pues para indicarles dónde pueden conseguir cursos, dónde pueden estudiar, porque hay mucha gente que no sabe”, agrega.

También ayudan a conseguir turnos médicos de adultas y adultos mayores. Cuando se le consulta qué opina sobre la política de cuidados iniciada por el gobierno de Gustavo Petro, responde: “Muy buena, excelente. Antes no nos apoyaban, nadie se preocupaba por los cuidadores. Todos preguntan por el enfermo, pero no por la persona que cuida y la persona que cuida muchas veces tiene muchas cargas emocionales, psicológicas y físicas”. El documento Conpes, de Consejo Político, Económico y Social —-principal órgano de planificación del gobierno nacional— aprobó en 2025 el Documento Conpes 4123, que sienta las bases del sistema nacional de cuidados. Señala entre sus objetivos “velar por la garantía del goce efectivo a cuidar en condiciones dignas, así como reconocer y fortalecer las formas colectivas, comunitarias y prácticas de cuidado propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos, como pilar del sostenimiento de la vida”.

Cuesta Novoa es además filósofo y autor de cinco libros, entre ellos “Adónde van los desaparecidos”, en el que cuenta su experiencia como sobreviviente a la desaparición forzada por haber pertenecido a la guerrilla M19. Explica que el sistema político colombiano tiene importantes avances en términos de autonomías territoriales y descentralización de la política administrativa y financiera. En Bogotá, el alcalde es Carlos Fernando Galán (del partido Nuevo Liberalismo, que apoya a nivel nacional a Paloma Valencia). El 70 u 80 por ciento del desarrollo de la ciudad corre por cuenta del gobierno local. Pero las decisiones que se toman a nivel nacional impactan en las localidades y los barrios: Ciudad Bolívar no es la excepción.

Señala: “Hemos logrado, a lo largo de los últimos cuatro años, desarrollar una política sistemática y permanente del salario mínimo. Demostrando que, a diferencia de lo que plantean los neoliberales sobre que si se eleva el salario mínimo se eleva la tasa de inflación y la tasa de desempleo, logramos la reducción al 8.8 de la tasa de desempleo. Y la tasa de inflación a lo sumo estará en 5 o 6 por ciento”.

“Una de las cosas que ha dicho con mucha claridad el presidente Petro es ‘si en las mesas de todos los colombianos al momento del almuerzo, del desayuno y de la cena hay más comida que cuando surgió el estallido social de 2021, ya ganamos’. Ahora mismo, en todas las casas y apartamentos de Ciudad Bolívar hay más comida en las mesas. Y eso es una gran revolución, sobre todo porque nuestro gobierno llegó entre otras cosas como resultado del estallido social”, describe. 

En 2021 hubo una serie de manifestaciones contra el entonces presidente Iván Duque por una política fiscal que incrementó los impuestos sobre la comida. El concejal recuerda que entonces había gente comiendo en los basureros y que por eso la gente salió a protestar. Y marca que lo que logró el gobierno de Petro es la seguridad alimentaria.

Pero también apunta a la soberanía alimentaria. Alude al páramo de Sumapaz, localidad de Bogotá, donde se fomento que los campesinos de la región provean de alimentos a la ciudad. Esa iniciativa, indica, fue parte del programa Hambre Cero de Gustavo Petro. 

En Ciudad Bolívar hay una porción importante de los 3,5 millones de pobres que salieron de la pobreza  en Colombia gracias al incremento del salario mínimo vital que está hoy en 2 millones de pesos. “Vivimos ya una experiencia maravillosa de la mano también de Petro (como alcalde) con Bogotá Humana. Fui subsecretario de ese gobierno y logramos sacar 1.4 millones de bogotanos de la pobreza”, comenta.

De cara a las próximas elecciones, señala que el gobierno del Pacto Histórico estuvo siempre bloqueado por los poderes fácticos, las oligarquías financieras, las oligarquías políticas que están incrustadas en los espacios de poder. Pone como ejemplo el aumento, consecutivo al aumento salarial, de las tasas de interés por parte de la Junta Central del Banco de la República.

“Por eso se necesitan cuatro años más. Porque en buena medida muchas de las tareas de reformas sociales quedaron truncadas en el camino”, resume.

Las y los vecinos se acercan y pronto las mesas de ajedrez están llenas. Cuesta Novoa propone un juego: ¿a qué le harán jaque mate el domingo 31 de mayo? No todos responden, pero la mayoría sí: jaque mate a la pobreza, jaque mate a la corrupción, jaque mate a los falsos positivos. La partida continúa.

Entre las y los militantes del Pacto Histórico que reparten volantes en La Madelena está Damaris Torres, emprendedora. Cuenta que se queda volanteando todas las noches hasta las 12 de la noche y que come jengibre y cúrcuma para seguir convenciendo indecisos. Cuando se le pregunta qué la motiva, responde: “Amo a mi país”. La mujer cuenta que tuvo que pagar las carreras universitarias de sus hijas con el mecanismo “gota a gota”, por el que se pide plata a un prestamista pero si no se paga en el horario acordado, se mata al deudor. Pero que apeló a eso porque no quería que sus hijas vivan la misma realidad que ella. 

También está el joven Samuel Sánchez, de 19 años. “El gobierno de Gustavo Petro dignificó el trabajo, a muchos jóvenes y a la educación, y a la fuerza pública les dio un empleo digno. Algo que no se había hecho durante 200 años que había gobernado la derecha acá en Colombia. Durante mucho tiempo los jóvenes no habíamos recibido en educación pública un buen proceso, pero ahora tenemos la matrícula cero”, argumenta. La “matrícula cero” es la política de gratuidad para los estudios superiores que implementó el gobierno. 

Otra mujer que se acerca con su pechera del PH es Fany Leal, médica egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Asegura que milita por Iván Cepeda porque quiere que se reforme la Ley 100, que en los años 90 estableció la privatización de la salud. El Estado le pagaba las prestaciones a Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), pero estas a su vez tercerizaron en Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), que eran quienes efectivamente realizaban las atenciones pero luego no recibían los pagos. “Las EPS quebraron a las IPS. Cuando eso ocurrió, yo trabajaba en el sector público y tocaba pedirles a los pacientes la jeringa a las 3 de la mañana para un dolor bien berraco”

Fany Galindo y otros vecinos se sirven vasitos de canelazo calentito. Cuando se le pregunta a la madre cuidadora en qué pensará este domingo cuando vaya a votar, afirma: “En la vida. En el ‘no a la guerra’, porque no eso nunca nos ha llevado a ninguna parte. Ahorita lo que predomina es el amor, la paz, la tranquilidad, la camaradería, la solidaridad entre hermanos. Y que nos apoyemos entre todos, no que vayan a pasar uno por encima del otro como estamos acostumbrados. Todos tenemos que trabajar en comunidad para apoyarnos y salir adelante. Eso es progresismo”. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La llegada a esta elección presidencial en Colombia está marcada por la certeza de que cuatro años no bastan para saldar dos siglos de gobiernos ligados a las élites económicas y políticas del país. Que hace falta otro período de gobierno para avanzar en las transformaciones necesarias para garantizar la paz y la vida digna. Es en ese marco que diversos espacios de los movimientos socioambientales, feministas, sindicales y de lucha por la paz confluyen para apoyar la fórmula presidencial del Pacto Histórico.

Hoy Colombia define la continuidad del proceso iniciado con Gustavo Petro, en la Iván Cepeda y Aida Quilcué; el retorno de la derecha uribista en la figura de Paloma Valencia o una propuesta similar a la de Javier Milei en Argentina, representada por Abelardo de la Espriella.

La construcción de la paz

Camila Macias es integrante de la Corporación Planeta Paz. Este proyecto se creó en 2000 y promueve la paz mediante estrategias de educación y comunicación popular, investigación social crítica, luchas de las mujeres populares y los géneros, y seguridad ambiental territorial. “Es importante tener un marco común de lo que ha significado la lucha en este país por la construcción de la paz. Colombia ha estado atravesado por las violencias, por los genocidios, por los múltiples conflictos en los territorios. La paz no significa simplemente la superación del conflicto armado, para construirla se necesita seguir avanzando en el programa que se inició en estos cuatro años”, señala. 

Y agrega: “Eso significa poder constituir las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales y el reconocimiento de las mujeres, las diversidades sexuales, las poblaciones discriminadas y excluidas para que estos múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana puedan ser encauzados”.

Para Macías es una apuesta “política y ética” avanzar en el camino iniciado por Gustavo Petro. “Hay que reconocer el trabajo de posicionar temas sociales y ambientales que hace cuatro u ocho años no estaban”, argumenta. 

Marca dos hitos: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el estallido social de 2019. Y señala que ambos desarman el argumento alrededor de un actor armado en pos de avanzar en discusiones estructurales para el país. Y, en ese contexto, según la activista la política ambiental y de los derechos de las mujeres son elementos centrales. También los programas para los jóvenes, para los adultos mayores y para la educación.

Estas políticas “trasladan esta dinámica del conflicto y de la estigmatización que venía habiendo alrededor de campañas históricas sobre la guerra con grupos armados y lo que se ve es un esfuerzo de avanzar en un movimiento social que pueda cautivar a la población, que pueda cautivar a los jóvenes”. La activista detalla que estas ideas fueron trabajadas con las comunidades, sobre todo en áreas de frontera donde la conflictividad es mayor.

“El no cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de (el ex presidente) Iván Duque ha generado un aumento acelerado de las agresiones”, aporta. En contraste, el gobierno del Pacto Histórico generó una institucionalidad para acercarse a las comunidades, claves en la construcción de paz; entendiéndolas también como interlocutores válidos para avanzar en los procesos de negociación en algunos territorios.

“Las organizaciones entienden que lograr la paz significa no solamente que ministros o agencias estatales e instituciones nacionales tengan presencia efectiva en los territorios, sino construir realidades locales y no exclusivamente desde los centros del poder político”, concluye.

La reforma agraria: un avance y un camino por hacer

Uno de los elementos centrales para la paz en Colombia tiene que ver con la necesidad de democratizar la tierra. En un país donde el 1 por ciento de los propietarios concentra el 80 por ciento de la tierra, el Acuerdo de Paz de 2016 incluye entre sus ejes la reforma agraria. Cepeda da un paso en ese sentido y habla de “revolución agraria”.

“Para ello se tiene que tener en cuenta sobre todo a los sujetos de la reforma agraria, esa reforma debe ser democrática”, dice Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), espacio que surgió en 1976 y es una de las mayores organizaciones campesinas del país. 

Agrega que el acceso no debe ser solo a la tierra sino también al territorio, al agua, a las semillas, a las herramientas. Y marca la importancia de la reparación a los pueblos, en un país “donde ha predominado la desigualdad, el despojo y el desalojo”.

Y marca la importancia de avanzar hacia la soberanía alimentaria en un país en que el agronegocio hace que alimentos que se pueden producir en Europa hoy se estén importando.

Respecto al apoyo a la fórmula Cepeda-Quilcué, señala: “Este es un desafío muy grande porque no solamente tiene responsabilidades el gobierno sino también el movimiento social. Y una de las responsabilidades del movimiento social es la unidad. Todo esto tiene que ser realizado con una movilización permanente. Aquí nada nos ha sido dado porque otros han sido muy condescendientes. Todo lo hemos ganado a través de la lucha y de quienes hemos dejado en el camino. Los desafíos son muy grandes para este nuevo gobierno”.

El feminismo en la campaña electoral

Paz González integra La Hoguera y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular. Destaca que lo que ha encarnado esta campaña es justo la diversidad que tiene en rostros, en grupos sociales que han sido históricamente excluidos. “Ha sido una campaña marcada por el ejercicio de la autogestión, que no cuenta con grandes presupuestos para hacer estrategias de marketing. Por el contrario, ha sido una campaña absolutamente orgánica, donde la autogestión y el ejercicio del compartir y de la juntanza han sido la columna vertebral”, indica.

También expone que “las mujeres que provienen de regiones que han sido históricamente excluidas, las mujeres racializadas, negras, indígenas, empobrecidas, mujeres trans, se han sentido, de alguna forma, representadas e incluidas en este programa político y en este proyecto de país propuesto por Iván Cepeda, y, por supuesto, por su fórmula vicepresidencial, que es una mujer indígena y que sería, en este caso, la primera mujer indígena en cumplir con este rol”.

“Ha sido muy emocionante y bastante retador, pero también valiente salir a las calles y sentir que no es este momento en el que van a silenciar a las mayorías colombianas, que no es este momento en el que va a pasar la ultraderecha fascista y racista”, expresa.

Juliana Hernández, de la organización feminista Artemisas, señala que los problemas de las mujeres en Colombia incluyen la política económica y los problemas de la ciudadanía. Destaca el reconocimiento del Pacto Histórico de que “la autonomía económica no consiste en dar a las mujeres peluquerías ni puestos para vender cosas que no son sostenibles en el tiempo, sino en reconocer que la inserción laboral de las mujeres tiene que ser real”. 

Y que un sistema nacional de cuidados no puede estar planteado desde la visión neoliberal, en el que la mujer tiene que cuidar sola. “Este gobierno, a través del sistema nacional de cuidado y no en palabras, sino en asignación de recursos, permitió que además se pudiera instalar un sistema nacional de cuidado comunitario”, indicó.

Agregó, como un desafío a futuro, la importancia de mejorar las condiciones de vida reales de las mujeres. “No hablamos solamente de derechos sexuales, reduciéndolos al derecho al aborto, porque si no tenemos salud, si no tenemos transporte, tampoco vamos a acceder”.

La mirada del sindicalismo

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias expresa el apoyo a la fórmula del Pacto Histórico y analiza lo pendiente en un futuro gobierno. Comenta que la lección aprendida en estos cuatro años es que “para avanzar de manera prudente se requiere una mejor correlación de fuerzas en toda la institucionalidad del Estado”. Considera que Cepeda tendrá la obligación de generar un acuerdo nacional. Y que la profundización de las reformas va a ser el resultado de mantener “una fuerte presión social sobre la institucionalidad que tiene Colombia”.

“Ese es el aspecto principal, si logramos consolidar un acuerdo nacional que determine exactamente la profundización de una serie de reformas e incluso la modificación de una cierta institucionalidad en Colombia”, puntualiza. Y apunta al esquema electoral y judicial, cuyas estructuras han sido creadas por el neoliberalismo y la extrema derecha del liberalismo y se vuelven un obstáculo. Es lo que ocurre por ejemplo con la reforma pensional (jubilatoria) impulsada por Petro, que ya fue aprobada por el Congreso pero que está frenada para su revisión por la Corte Constitucional.

“En el mundo del trabajo hay que profundizar la vida democrática de las relaciones laborales, cuestión que no hemos podido cumplir”, indica. Y señala que, en la reforma laboral, quedó pendiente el tema de las libertades sindicales y de la vida democrática de las organizaciones laborales.

Finaliza: “En Colombia el odio al sindicalismo es una cuestión histórica que sigue teniendo unas relaciones mayoritarias en la institucionalidad. Pero hay muchas cosas de tipo realizable, como la reforma pensional o del sistema de salud. Ahí hay un reto significativo y muy determinante para este gobierno”.

El Pacto Histórico, el partido de la unidad

Gloria Flórez es senadora por el Pacto Histórico (electa en 2022), presidenta del partido Colombia Humana y defensora de derechos humanos. Relata los inicios del Pacto como una coalición, lo que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez.

Posteriormente, la coalición pasó a ser un partido, hoy presidido por Petro y Márquez. En septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del nuevo partido, autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. En marzo de 2026 aceptó la inclusión de Colombia Humana, que en un principio había sido rechazada.

“Estuvimos trabajando a lo largo de un año en el paso a la unidad de las fuerzas que hoy están unificadas en el Pacto Histórico como movimiento político”, comenta Flórez. En las legislativas de marzo, el PH se presentó ya como partido, con listas con paridad de género. Fueron elegidas y elegidos 67 congresistas.

“El reto de la unificación fue precisamente avanzar en el Congreso, lo logramos; y tener una campaña unificada a la presidencia de la República”, agrega. 

Unificado el partido, se convocó a distintos sectores sociales a una Alianza por la Vida para la campaña presidencial. “La ruta de la unidad ha sido esencial porque ha dado resultados importantes”, como las elecciones legislativas, la candidatura única y la alianza con los movimientos sociales.

La senadora subraya un eje que ha atravesado la campaña de Cepeda: la revolución ética, volver a recuperar en el país la ruta de la moralidad pública. “Petro inició ese camino”, añade. Y marca la necesidad de mantener las reformas sociales que inició, de continuar la apuesta de justicia social para Colombia y de lograr que el país se reindustrialice. “Que avance hacia un modelo productivo donde todas las capas de la sociedad tengan oportunidades, rompiendo con el modelo neoliberal que tanto daño ha causado”, define.

Respecto a la campaña electoral, asegura que hay “una campaña feroz, mediática, pues hay muchísimos recursos invertidos en los grandes medios de comunicación y en la comunicación digital. Y nuestra campaña es una campaña austera, hecha a pie con la gente, con el pueblo”.

Un ejemplo de ello es la iniciativa “Súbete a la Chiva”, un colectivo con escaleras impulsado por la Minga Social y Popular, colectivo indígena cuya referente es Aida Quilcué y que surgió al calor de las movilizaciones de 2008. Ese colectivo viajó más de 45 días recorriendo las localidades de Bogotá y otros departamentos de Colombia, llevando la campaña a diversos colectivos de los distintos territorios. 

Además, ante la tradición de compra de votos y de la posibilidad de fraude, se convocó en las calles a cuidar este los votos del Pacto Histórico.

La diferencia entre Cepeda-Quilcué y los otros candidatos, dice Flórez, es que “tenemos al pueblo de nuestro lado”. Agrega: “La campaña es la continuidad de un proyecto que arrancó ya en el país y no se puede dar marcha atrás, porque sería muy doloroso para el pueblo colombiano y para América Latina”.

Finalmente, agrega: “Tenemos una amenaza gigante que es el norte, porque están direccionando mensajes, recursos y propaganda en contra de nuestra campaña. Estados Unidos lo hizo en Honduras, en Ecuador, ha metido la mano en todos lados. Pero esperamos que el pueblo sea sabio y defienda lo que ha conquistado después de tantos siglos de búsqueda de un gobierno que represente sus intereses”.

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Gabriel Becerra es el secretario general de la Unión Patriótica y dirigente del Partido Comunista Colombiano; ambas fuerzas integran el Pacto Histórico que este domingo propone a Iván Cepeda y Aida Quilqué para continuar el proyecto iniciado por Gustavo Petro. Desde 2022, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá en representación del Pacto Histórico.

En 2020 fue uno de los fundadores y coordinador del equipo promotor que dio origen al Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, integra la Comisión primera constitucional, la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral y la Comisión de paz. 

Su partido de origen, la Unión Patriótica (UP), fue diezmado por la persecución política. Surgió a nivel nacional como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado Colombiano y los grupos insurgentes en 1984. Ese acuerdo abrió la posibilidad de crear un movimiento político que permitiera a la insurgencia hacer política con garantías a través de las urnas. Para 1986, era la tercera fuerza a nivel nacional. 

Sin embargo, tras el ascenso de la UP en la política institucional, sistemáticamente fueron asesinados nueve congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y campesinos.

Entre 1984 y 2002, la UP fue víctima de un genocidio político caracterizado por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y atentados cometidos con la participación de agentes estatales, grupos paramilitares y sectores de la política tradicional. 6.200 personas fueron asesinadas en ese contexto. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad estatal en esos hechos. El 30 de enero de 2023, declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de la UP.

Uno de los dirigentes asesinados, en 1994, fue Manuel Cepeda, padre del candidato Iván Cepeda.

En diálogo con Marcha Noticias, Becerra manifiesta: “El proyecto político de la UP fue truncado por la violencia. El Pacto Histórico es la oportunidad y la materialización, tanto en los espacios que hemos conquistado en el Congreso de la República como en la presidencia, de la continuidad de ese proyecto político que no pudieron desaparecer y que hoy vive en las realizaciones del pueblo colombiano a través del Pacto Histórico”.

En ese sentido, marca que los avances generados por el primer gobierno nacional de izquierda en Colombia como “un listado largo de realizaciones que muy poco se nombran, sobre todo en los medios masivos, pero que son reales e importantes”. Sin embargo, en vistas a un segundo gobierno señala la necesidad de avanzar en ese camino para poder romper con un pasado de exclusiones y de violencia.

—¿Qué se necesita hoy para lograr la paz en Colombia?

—La paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles y de la violencia. En 2016 se logró el Acuerdo de Paz y ese acuerdo sentará las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Pero lamentablemente la derecha logró, tanto en un plebiscito que se realizó como en el gobierno posterior de Iván Duque, colocar muchos obstáculos y frustrar en una parte la implementación ágil de ese acuerdo necesario para construir la paz. Que, repito, no depende solamente del desarme ni del cese de la violencia física. Para construir la paz en Colombia se necesita un proceso de cumplimiento de los acuerdos, empezando por el que se firmó en el 2016 y de avance de una serie de reformas y de transformaciones que le quiten la base a a cualquier aplicación de violencia a través de la lucha política o a través de los fenómenos de la criminalidad no política, para que de esta manera se pueda construir una paz con garantías de justicia social, de cese de la violación de derechos humanos y sobre todo cambios en la vida política, económica y social de Colombia.

La paz es la materialización de un proceso democrático en Colombia que no ha sido posible y que esperamos concretar para que sea la mejor herencia a las nuevas generaciones.

–¿Cuáles son los desafíos más importantes ante la intención de retorno del uribismo en la figura de Paloma Valencia y ante la emergencia de un discurso similar al de Javier Milei en Argentina, representado en Colombia por Abelardo de la Espriella?

—El desafío es construir un modelo de sociedad distinta a la que propone este émulo de la extrema derecha global, de Milei, de Nayib Bukele o del partido Vox. Esa es la gran disputa de la sociedad colombiana en este momento: si logra mantenerse y consolidarse en el gobierno un proyecto centrado en la vida, en la defensa de la naturaleza, en los derechos sociales, en el respeto a las libertades individuales, en la lucha contra la guerra o si en Colombia la extrema derecha logra recuperar espacio y ser gobierno. El desafío es tener la capacidad de argumentar, de movilizar y de garantizar la fuerza popular, la fuerza política, la fuerza electoral necesaria para impedir que los vientos de la ultraderecha fascista que recorren algunos países de América Latina y del mundo sean triunfadores en nuestro país. Es derrotar al fascismo y construir una democracia basada en la lucha contra las desigualdades porque no puede haber democracia sin igualdad social.

—¿Cuáles fueron, desde su punto de vista, los avances más significativos del gobierno de Gustavo Petro?

—En primer lugar, hay que ubicarlo como el primer gobierno realmente distinto a las élites políticas tradicionales que gobernaron el país desde la independencia durante 200 años.

Este primer gobierno tenía el desafío de iniciar las bases de una transformación en la sociedad colombiana muy marcada por la idea de democratizar la sociedad. Democratizarla en la economía, en la política, en lo social. Y ha iniciado ese proceso de transformaciones. Pero todavía falta bastante para consolidar un proceso de transformación. Nosotros triunfamos en unas elecciones hace cuatro años, yo creo que vamos a volver a triunfar ahora. Pero tener el gobierno no es tener el poder. El poder en una sociedad está condicionado por factores económicos, culturales, comunicativos, ideológicos, factores sociales que todavía en la sociedad colombiana tienen un peso significativo. No hay que menospreciar el peso de sectores conservadores y de la derecha en el país. Aún en medio de estas limitaciones el presidente Petro con un programa de reformas avanzó en temas importantes. Uno de ellos es la reforma agraria. Colombia tiene un nivel de concentración de la tierra muy elevado y eso ha derivado en los problemas de la violencia. El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 80 por ciento de la tierra productiva en Colombia. Eso no es normal en una sociedad democrática. En el campo de la entrega de tierra vamos en unas 750.000 hectáreas, llegando casi al millón. Son cifras importantes, si las compara con lo que hizo el gobierno Iván Duque, que solamente distribuyó 17.000 hectáreas. En el campo agrícola hay otros resultados, como el crecimiento del aporte del campo en la economía nacional, y el desarrollo rural. Todo esto es muy importante cuando se trata de cambiar la matriz económica del país, que ha estado ligada al extractivismo, a servicios y a sectores de la economía no productiva. Nosotros queremos hacer una economía productiva. En el campo de los derechos sociales, hemos recuperado la capacidad adquisitiva de los trabajadores con el aumento del salario mínimo. Al desempleo lo recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito: 8.8. A la inflación la recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito, 5.4. El crecimiento de la economía, aunque no ha sido desbordante, está en un promedio casi del 3 por ciento. En las circunstancias internacionales actuales no es malo. La política social ha pretendido reducir la pobreza extrema. Garantizamos la gratuidad al 98 por ciento de los estudiantes de la universidad pública. Logramos aumentar el plan de asistencia social al adulto mayor. Aprobamos la reforma pensional y la reforma laboral, que recuperaron derechos que se le quitaron a los trabajadores durante los gobiernos de derecha. Y hemos fijado una postura sobre la política exterior colombiana muy distinta a la que clásicamente han tenido las élites colombianas. 

—¿Cuando alude a la política exterior se refiere a la relación, por ejemplo, con Estados Unidos?

—Me refiero a la política exterior que tiene que ver con Estados Unidos y en general con toda la comunidad de naciones y de organismos internacionales. En el caso de Estados Unidos y en el caso de otras naciones lo que hemos recuperado es una autonomía y un criterio soberano en las decisiones que no tienen que ver con romper relaciones, pero sí con reclamar y ejercer una postura propia en temas como el conflicto en Palestina y las amenazas de la guerra general, la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de apropiarse de naciones enteras como Groenlandia o México o el trato que se le ha querido dar a los migrantes. El gobierno de Colombia no ha aceptado cierto tipo de tratos, ha pedido que haya respeto a la dignidad de nuestros compatriotas en el exterior. Se opone a la ruptura de la legalidad internacional en situaciones como el bombardeo y la detención ilegal del presidente Maduro en Venezuela. Rechazamos los bombardeos contra personas en alta mar aún si esas personas están haciendo actividades ilegales porque bombardearlas y causarles la muerte no respeta el derecho internacional público. En los foros económicos y en los foros ambientales hemos defendido la postura propia de lucha contra el calentamiento global, la exigencia de una postura que proteja esta casa grande de la amenaza de calentamiento global que nos permita avanzar en una transición energética y en los temas económicos y políticos. Nos ubicamos en el campo del multilateralismo y de unas relaciones Norte-Sur que no sean de sometimiento.

—¿Cuáles son las posibilidades de un futuro gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcué para avanzar en las transformaciones necesarias?

—Nuestra economía logró mantenerse. Pero es una economía que está presa de una concepción neoliberal. Nosotros pensamos cambiar esa orientación económica. El presidente Petro ha iniciado con algunas decisiones, pero hay que tomar muchas otras para fortalecer el carácter productivo de la economía colombiana, fortaleciendo la reforma agraria, la revolución agraria y también avanzando en otros sectores. Si superamos la violencia y construimos la paz, Colombia tiene un potencial turístico muy grande que ya en este gobierno ha crecido pero que puede aumentar. Tenemos posibilidades de desarrollos económicos, además del campo agrícola, en otros campos relacionados con la ciencia y con la tecnología, si somos juiciosos y fortalecemos la inversión en el conocimiento y en la cultura. Por otro lado, tenemos dificultades en las finanzas públicas porque recibimos un Estado muy endeudado. Le ha tocado al presidente Petro asumir esas deudas. Pero si hay una reactivación y un fortalecimiento de la economía, las finanzas públicas pueden mejorar porque podríamos garantizar reformas fiscales y tributarias que nos permitieran recuperar recursos para el Estado a través de criterios distintos para los que evaden el pago de impuestos puedan pagar y también extendiendo una política fiscal a sectores que hoy no pagan ningún impuesto. Existen todas las condiciones para, en un viraje de la economía, tener desarrollos materiales de equidad y de igualdad social posibles. Esa es la raíz con la que estamos comprometidos. Tenemos las condiciones para avanzar pese a que los vientos globales no son tranquilos. Tenemos capacidad para tener una economía más productiva que nos ayude a tener más riqueza, equitativamente distribuida, y de esa manera garantizar una transformación en beneficio de las mayorías. Queremos un crecimiento económico en beneficio de la mayoría, no un crecimiento económico que beneficia a las élites de siempre. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Aida Quilcué, mujer nasa del Cauca colombiano, lideresa indígena, defensora de los territorios, de los derechos humanos y de la naturaleza y senadora desde 2022, es la candidata a la vicepresidencia de Colombia junto a Iván Cepeda por la fórmula del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El pasado 9 de marzo se conoció que Quilcué sería la candidata a la vicepresidencia. En diálogo con Marcha Noticias afirmó: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica, sino una presencia viva para la gobernanza. He emprendido un camino, igual que muchas mujeres desde los distintos espacios, desde los procesos más invisibles porque a veces somos muy invisibles, que vale la pena”.

También señala: “Hay que avanzar a pesar de las dificultades, de los tropiezos; esas dificultades y tropiezos nos vuelven fuertes. Y desde esa fuerza hoy estoy aquí para representar el pueblo colombiano como vicepresidenta de la República”.

Aida marca también el cariño recibido durante la campaña, por parte de los sectores populares, las mujeres, las y los jóvenes, la comunidad LGTB+, las personas con discapacidad. Una campaña autogestiva construida desde el poder popular.

“Estamos para enfrentar y asumir los desafíos y retos que hoy nos pone el país”, anuncia. Y explicita que esos desafíos son “la exclusión histórica que han tenido los 115 pueblos indígenas de Colombia, que son una presencia viva del país, una presencia que ha sido estigmatizada, que ha sido olvidada, que ha sido excluida y que es una presencia real de la riqueza cultural y natural que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, afrodescendientes y los pueblos más excluidos incluso en las ciudades”. 

Agregó: “El segundo desafío es avanzar en las transformaciones que ha empezado el presidente Petro. Se ha avanzado con los derechos de la ciudadanía en el marco de las reformas del Congreso de la República y de reformas constitucionales y en derechos. Vamos a avanzar en todas esas propuestas que se están encaminando y que es la continuidad de ese proyecto político”.

Cuando se le pregunta qué sueña para su país, responde: “Hemos vivido milenaria e históricamente muchas situaciones difíciles, que aún estamos viviendo. Lo que más sueño es que nuestros hijos e hijas puedan caminar tranquilos en el territorio, que no nos odiemos por pensar diferente y que exista la igualdad en Colombia”.

A las mujeres del continente, les dice: “Tengamos mucha fuerza porque las formas de exclusión, sobre todo en las mujeres no se da sólo en la oposición, también en el progresismo y tenemos que caminar, enseñar, aconsejar y ojalá algún día también sacar ese esa práctica de de esto y que los hombres han sido tan valiosos como nosotras las mujeres. Y seguiremos siendo valiosos y valiosas para construir esa esa Colombia que hoy queremos, pero también esa Latinoamérica y ese mundo que hoy necesita la humanidad”.

El tiempo de los pueblos

El documental “Aida Quilcué. Es tiempo de los pueblos”, realizado por Juntos Somos-Human Conect, retrata su vida y su lucha contra el racismo, la violencia estatal y en defensa de los territorios. Combina una entrevista reciente a la lideresa con material de archivo sobre su militancia.

Quilcué inscribe su propia vida en una lucha que lleva más de 500 años. “Invadieron nuestros territorios, invadieron nuestro pensamiento y nos quitaron la tierra”, denuncia. Y da un mensaje tan actual como necesario para el país y la región: “Resistir no es aguantar, es dignificar”. 

Hija de una maestra y de un líder comunitario, desde la infancia acompañó a su papá, aprendiendo que la tierra comunitaria es de las comunidades. En su relato aparece también la raíz de la lucha en la memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame, defensor de los derechos de los pueblos indígenas colombianos, que falleció en 1967.

Aida fue promotora de salud y maestra comunitaria en su comunidad. El punto de inflexión que la convirtió en lideresa fue la avalancha del río Páez en junio de 1994, que afectó a la zona del departamento Cauca (en el suroeste colombiano). Más de 1.100 personas murieron y su comunidad se vio obligada a desplazarse y a comenzar de cero en otro territorio del departamento. 

Fue la primera mujer nombrada como representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entre 2003 y 2009 fue consejera mayor. En 2008 organizó la serie de protestas y marchas conocida como Minga Indígena contra el gobierno de Álvaro Uribe, que desconocía las autonomías de los pueblos indígenas.

“Me decían ‘cuidado, Aida, que la pueden matar’, pero yo no pensé que la muerte estuviera tan cerca”, relata en el documental. A finales del 2008, en una emboscada militar, asesinaron a su esposo Edwin Legarda. Quilcué luchó por justicia para su esposo y también por justicia para otras víctimas de la persecución y de los “falsos positivos”; nombre que se le dio a las ejecuciones cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra ciudadanos no beligerantes pero cuyos asesinatos se presentaban como resultados de enfrentamientos en el marco del conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, 6.042 civiles fueron asesinados por el Estado con este mecanismo.

Poco después del crimen de Legarda, Aida dijo en un acto público: “Si mataron a mi esposo para que Aida se calle, sepan que me dieron más fuerza”. Si bien se condenó a seis militares por la ejecución de Legarda, no se avanzó en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

La lucha de Quilcué contra el arrebato de tierras para el extractivismo continuó. En 2022, fue electa senadora nacional por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), uno de los partidos que representa a los pueblos indígenas en el congreso por medio de la circunscripción especial para pueblos indígenas. Ya en la política institucional, manifestó su voluntad de “representar a los pueblos excluidos, olvidados, estigmatizados e incluso asesinados”, tal como manifiesta en la entrevista registrada en el documental. 

Una frase de Aida queda resonando en el film: “De tantas lágrimas, de tantas luchas, de tantos sacrificios, hoy llegó el tiempo de los pueblos”.

“Hay tristeza, hay lágrimas, pero también hay esperanza”

En la semana previa a las elecciones, Quilcué agradece al Consejo Regional Indígena del Cauca, “una organización que ha tenido muchos altibajos, pero que le ha enseñado a Colombia la resistencia y la dignificación de los pueblos”. También a la Organización Nacional Indígena de Colombia y a las organizaciones regionales que componen los 115 pueblos indígenas que habitan el país.

En referencia al estallido social de 2019, recuerda: “Los jóvenes nos enseñaron a nosotros, porque conocimos la exclusión total que se vive en las ciudades. Algunos muchachos nos decían, ‘preferimos quedarnos aquí en la calle, porque aquí al menos tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida y en la casa no lo tenemos’. Y no porque los papás fueran perezosos, sino porque no había oportunidades. Y por eso va mi abrazo a aquellos jóvenes, que hoy la oposición dice que son terroristas, delincuentes. Yo reivindico esa memoria. A algunos los dejaron lisiados y otros aún siguen en las cárceles”.

Reivindica a la clase obrera por “luchar por su derecho a un trabajo digno”. A las mujeres, “para que la violencia salga de las familias y de las sociedades porque toda clase de violencia contra la mujer también nos ha afectado y nos ha llevado al olvido estructural”. Y también a la comunidad LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Desde su identidad como mujer indígena, se hermana con esas luchas: “No solamente vivimos la violencia de los fusiles, hemos vivido la violencia de exclusión”.

Añade: “Desde el progresismo tenemos que sacar esa violencia porque eso fue lo que se sembró en nosotros. Tenemos que aprender a caminar en la diversidad porque aquí cabemos todos y todas. Nuestros pueblos se han enfrentado y terminaron en una situación difícil, pero a esto lo crearon aquellos que siempre nos quisieron ver divididos. La colonia llegó y nos puso a pelear entre nosotros; llegó la corrupción, la mentira, la envidia. Por eso nos dividieron y por eso muchos pueblos en Colombia fueron totalmente exterminados, como el Pueblo Yalcón, que hoy solo existe en las estatuas y en la memoria. 

Para Quilcué, hoy los pueblos pueden dividirse, porque eso permite el avance del capitalismo, la exclusión, el racismo y todas las formas de violencia. “Hay tristezas, hay lágrimas, pero hay esperanza. Y hoy nos hemos encontrado una Colombia que nunca nos habíamos encontrado para mirarnos a los ojos, para cantar entre nosotros, pero también para caminar juntos y juntas”, describe. 

Candidata a la vicepresidencia

La candidata del Pacto Histórico expresa: Y concluye: “El 31 de mayo tiene que ganar Colombia. Tienen que ganar las víctimas, los indígenas, los vecinos, las mujeres, la juventud. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la música, que suene las guitarras, que suenen los vientos, los ríos, las aguas, porque también tenemos que proteger nuestra Madre Tierra. Y esa será nuestra lucha”. 

Asegura que su proyección no era ser candidata a vicepresidencia, sino retornar a su territorio. “No porque no pudiera o no porque no hubiera estudiado, porque basta con haber vivido lo que vivimos al lado de nuestros pueblos, porque eso hace parte de nuestro aprendizaje”. Pero finalmente decidió aceptar la invitación de Iván Cepeda: “Con Iván venimos de lugares distintos, pero con los mismos caminos de esperanza y paz”.

“Yo no me preparé en la academia, me preparé en la academia de la naturaleza y los pueblos. Y me voy a juntar con esa otra ciencia que es Colombia. Nadie gobierna solo. Alrededor hay muchas mentes, muchas manos valiosas, idóneas, invisibles que gracias a ello podemos seguir gobernando”, agrega.

“A Petro lo han estigmatizado, lo han señalado. Pero nunca dicen que ellos fueron los que dejaron los rezagos de la corrupción, el racismo y la exclusión. No con eso quiero justificar los vacíos que aún existen. Porque estamos aprendiendo. Pero yo sé que esta Colombia nos va a enseñar a mejorar las cosas”, analiza.

Relata que la campaña fue de amor, de abrazos. Y que eso aumenta la responsabilidad de continuar la transformación. Sin embargo, aclara que hay problemas que no se solucionan en cuatro u ocho años de gobierno. “Este es un proyecto político a largo plazo, donde muchas generaciones tenemos que prepararnos para gobernar este país”.

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Por Redacción Marcha

La izquierda, aglutinada en el Pacto Histórico, someterá por primera vez la continuidad de su proyecto de gobierno al escrutinio popular. Poniendo además en tensión el concepto de cambio o de alternancia que pretende regir los comicios regionales de los últimos tiempos.

Con una campaña de los movimientos, autogestiva y con escaso financiamiento central, quienes protagonizarán la escena son Iván Cepeda al frente, ya que en Colombia la reelección por períodos consecutivos no está permitida; acompañado en la fórmula por Aida Quilcué, actual senadora nacional y lideresa indígena en la región del Cauca.

En la vereda opuesta al Pacto Histórico estarán las expresiones de la vieja derecha que buscan distanciarse del lastre uribista, al menos en cuanto a imagen, porque en lo real sigue representando una amenaza para los pueblos bajo los mismos principios con los que durante años se gobernó Colombia. 

Tal y como viene ocurriendo en distintas elecciones en la región, el espectro derechista se divide en una candidatura más identificable a las élites políticas clásicas, por un lado, y la imagen renovada de discursos más radicales que son vendidos como nuevos, por otro. 

En el primer caso encontramos a Paloma Valencia, una candidata asociada al uribismo y que ganó fuerza tras la interna de la derecha. Si bien ha intentado mostrarse como una renovación y lejana al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, el propio se ha encargado en endosar públicamente su apoyo en distintas ocasiones. 

Valencia representa la reedición del Plan Colombia y su falsa promesa de seguridad democrática a punta de militarización de los territorios. La entrega de soberanía a los Estados Unidos y la concentración de las riquezas en pocas y las mismas manos: la élite político empresarial. 

Más rimbombante y ocupando el rol de “outsider”, en una suerte de cosplay a Nayib Bukele, tanto en lo estético como en lo discursivo, aparece la figura de Abelardo de la Espriella. En términos sociales y culturales, pareciera haber sabido representar de mejor manera a la base social del uribismo que la propia Valencia, aunque no del todo a su núcleo más duro. 

En sintonía con otras elecciones en nuestra región, De la Espriella se presenta en diálogo con figuras como Kast, Bolsonaro, Kaiser, Milei, con un perfil que destaca una impronta manodurista, antiderechos y que sobreactúa las formas de la masculinidad hegemónica. 

Si bien en esta contienda se presentan 11 fórmulas presidenciales, la elección se disputa entre estas tres candidaturas Eso sí, se trata de dos proyectos de país antagónicos. El triunfo de Iván Cepeda implicaría para Colombia continuar y profundizar el camino marcado por la gestión de Gustavo Petro, y para Nuestra América representa el resguardo de soberanía en un territorio clave en tiempos de doctrina “Donroe”.

Una elección con la historia de resistencia de los pueblos

En medio de campañas electorales donde las deepfake son protagonistas regionales, los pueblos una vez más asoman su genealogía para defender lo que se hizo y el derecho a exigir lo que falta. Estas elecciones llegan en un contexto regional donde la intervención imperial también se da a través de recursos técnicos y materiales para las campañas, plataformas millonarias de extrema derecha para desestabilizar la soberanía popular.

Hondurasgate, así se hizo pública por el Diario Red la filtración de audios entre los cuales se escucha al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, decirle al actual mandatario Nasry Asfura que se estaba montando una célula que operaría desde Estados Unidos para desplegar una campaña de desestabilización contra los gobiernos de México y Colombia. Vale recordar que Hernández estuvo preso en Nueva York por estar involucrado en una causa de narcotráfico y que, antes de la última elección presidencial en la que se impuso Asfura, el elegido de Trump, Washington le concedió el indulto. Estas redes de la ultraderecha podrían llegar hasta Argentina dado que, según Hernández, Javier Milei habría aportado 350 mil dólares para esta célula. 

El denominado Proyecto Júpiter fue revelado por una investigación de Señal Investigativa y Revista RAYA. Se trata de una estrategia de acción psicológica ligada a quien fuera asesor de comunicación de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Bermúdez Merizalde, con el objetivo de influir en las elecciones. El plan consistía en incidir en trabajadores de empresas ubicadas en el Valle del Cauca con talleres durante la jornada laboral para promover indignación hacia Gustavo Petro, miedo a perder el trabajo e indignación.

A medida que se acercan los días la valoración de Iván Cepeda se sostiene encabezando la intención de voto. Sin embargo, las encuestas también generan ruido y están en el foco del debate público frente a resultados muy dispares no sólo entre distintas casas encuestadoras, sino que también entre entregas de las mismas. La atención ahora está puesta en las instituciones electorales que en la elección de 2022 perdieron aproximadamente 600 mil votos, tal como denunció el Pacto Histórico.

Asimismo las últimas estrategias conviven con el golpismo y la concentración de recursos tradicionales. La fortuna de la familia de Paloma Valencia se hizo a fuerza de explotación en la minería de oro. Su abuelo, Guillermo León Valencia fue presidente entre 19662-1966 por el Partido Conservador. Atacó y persiguió al comunismo, apoyó la intervención de EE.UU. tanto militar como económica, facilitó la portación de armas y fue en este período en que se originaron las FARC y el ELN, y particularmente las organizaciones paramilitares. 

Los Valencia fueron esclavistas del Cauca. Paloma es la creadora de la idea de dividir la región en una zona para las comunidades indígenas y otra para los “ciudadanos de bien”. Pero Aída Quilcué fue la primera mujer en ser elegida Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cargo que ejerció hasta 2009. Ella es símbolo de la resistencia que llega a las urnas: en las elecciones legislativas de 2022, obtuvo una curul en el Senado de la República por la Circunscripción Especial Indígena bajo el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Y hoy es además esperanza de pueblo.

Leé también: https://marcha.org.ar/aida-quilcue-es-el-tiempo-de-las-mujeres-y-ese-tiempo-no-es-solo-una-presencia-simbolica/ 

Radicalizar un gobierno de izquierdas

El 20 de febrero, Iván Cepeda asistió al noticiero central de Caracol, el canal privado de televisión con mayor audiencia en Colombia y uno de los principales distribuidores de contenidos en español a nivel global, para visibilizar sus propuestas de campaña. Paciente, el senador respondió de forma positiva a cada pregunta venenosa de periodistas militantes de la extrema derecha; aún cuando le preguntaron qué significaba “radicalizar”.

“Habrá cambios y profundización de la propuesta esencial del gobierno de (Gustavo) Petro”, aseguró entonces Cepeda. “Es que la política social, y me refiero a que terminar con la pobreza y la desigualdad no son cargas sino una inversión para el desarrollo del país, no la vamos a cambiar, la vamos a radicalizar”, agregó luego. Y delineó a comienzo del año electoral los pilares de su gestión si llega a la presidencia: reformas agraria, previsional, a la salud y la educación; desarrollo y cuidado territorial, reforma a la justicia y por qué no una asamblea constituyente. Un llamado al diálogo de quien dedicó su vida a los DDHH.

Cepeda lee sus discursos porque lo que dice forma parte de acuerdos colectivos. Una definición que honra el sentido del Pacto Histórico, una herramienta de coalición de espacios políticos y sociales de las izquierdas y el progresismo colombiano y que convoca a distintas regiones y territorios del país, así como a la multiplicidad de pueblos, culturas e identidades. 

Estos años de gobierno del Pacto Histórico allanaron el camino hacia una mayor justicia social y también un cambio en las lógicas productivas. En un mundo de genocidios televisados y restauración conservadora la izquierda avanza hacia la paz en Colombia. Lo hace como expresión de luchas históricas de las y los trabajadores, del campesinado, de la ancestralidad indígena, afrodescendientes, de estudiantes y artistas. Es decir, al ritmo del poder popular. 

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Por Maru Waldhüter

Después de la invasión a Venezuela, Trump disparó más amenazas a los gobiernos y pueblos de la región. México, Cuba, Colombia y hasta Groenlandia fueron los primeros objetivos, pero con mayor ensañamiento redobló las agresiones contra el mandatario colombiano Gustavo Petro. Le advirtió que se tenía que “cuidar el trasero”, porque el próximo sería él y lo señaló como narcotraficante. Este año Petro termina su mandato y Colombia irá a elecciones en un contexto que además de enfrentar las complejidades propias del país, deberá atender a las inquietudes que despierta la política injerencista que viene desplegando en diferentes procesos electorales Donald Trump como sucedió en Honduras y Argentina. Inesperadamente, durante la movilización, Petro recibió una llamada telefónica desde la Casa Blanca, después de las agresiones Trump dijo que “fue un honor hablar con el presidente de Colombia”. En este escenario Marcha dialogó con la historiadora y analista internacional Diana Carolina Alfonso desde Colombia. 

Todas las versiones del colonialismo yankee

Para la historiadora el ataque del 3 de enero a la República Bolivariana de Venezuela no se puede pensar sin poner en perspectiva la configuración de los 200 años de la vieja Doctrina Monroe. Más específicamente hacia 1904 con el corolario Roosevelt se establece “el patio trasero” de los Estados Unidos tras la guerra hispano estadounidense de 1898 en el Gran Caribe, conocido también como Doctrina del Gran Garrote que se va a extender y tener consecuencias no solamente sobre Cuba sino también sobre la división y robo de territorios en México, las subsecuentes invasiones sobre Haití, la pérdida de soberanía muy tempranamente en Puerto Rico, en Hawaii, etc. Este va a ser el primer corte, si se quiere de transición hegemónica de los Estados Unidos, señaló Diana Alfonso. 

Otro momento destacado por la analista es de la posguerra fría con el nacimiento de las instituciones multilaterales que, en el Caribe siempre han sido gestoras de conflicto neocolonial o colonial en favor de las potencias ocupantes, sea el Caribe transatlántico en manos de Holanda, Francia e Inglaterra o, el Gran Caribe en manos de los Estados Unidos como se ha visto en reiteradas ocasiones. En 1945 surge la ONU y ya en 1947 vamos a tener la firma del Tratado de Asistencia Mutua (TIAR) que va a perimir la posibilidad de una integración de seguridad hemisférica, explicó. 

En esta transición hegemónica de los Estados Unidos ya con la crisis del telón de acero hacia fines de los años 70 y principios de los 80 la estrategia de contrainsurgencia que había sido tempranamente aplicada sobre todo después de la Revolución Cubana en 1965, la vamos a encontrar con el Plan Cóndor y las doctrinas de seguridad sobre el Caribe que van a terminar con la invasión de Granada en 1983 y el magnicidio de Maurice Bishop. Para Diana Alfonso, el momento paradigmático de esta perspectiva histórica del colonialismo estadounidense lo encontramos en la actualidad con la excusa del narcotráfico, y recordó el bombardeo a Panamá que comenzó el 20 de diciembre de 1989 terminó, oh casualidad, el 3 de enero con el secuestro de Manuel Antonio Noriega. Si antes era el comunismo, la contrainsurgencia, la guerra contra el terrorismo, ahora va a aparecer la guerra contra el narcotráfico pero recordemos que en ese momento se estaba jugando la transición del Canal de Panamá. En este sentido, Diana sostiene que no podemos desenmarcar la situación de este 3 de enero con las pasadas, más teniendo en cuenta que programática, las excusas son bastante más débiles, y añadió que no solamente fue liberado Juan Orlando Hernández, un narcotraficante juzgado en los Estados Unidos, sino que además, no se lleva adelante ninguna investigación seria sobre las embarcaciones bananeras de la familia Noboa que fueron descubiertas en aguas europeas con cocaína. Hernández fue presidente de Honduras y condenado a 42 años de prisión por haber traficado cocaína a Estados Unidos. Paradójicamente, Trump resolvió firmar su indulto en medio de las polémicas elecciones presidenciales de Honduras en las que terminó ganando el candidato apoyado por el mandatario estadounidense. 

¿Habrá narcoterrorismo en Groenlandia?

A partir de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos inaugura una etapa inédita para la región, desde ahora, todo aquello que suceda en el continente y que se lea como una amenaza para la seguridad estadounidense, será sujeto de intervención. De esta forma, la administración Trump se arroga la facultad de intervenir y desconocer el derecho internacional y la soberanía de los países. 

Bajo la figura de narcoterrorismo Estados Unidos secuestró al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores que ahora se encuentran en prisión para enfrentar un juicio en tribunales de Nueva York por vínculos con el narcotráfico que no se pudieron demostrar porque llegaron a la conclusión de que el Cartel de Los Soles no existe. Diana Alfonso analizó la situación de Ecuador en torno al narcotráfico y señaló que, para sorpresa, la tasa de homicidio de Ecuador se ha elevado un 600% en los últimos años. Son cifras del propio país y connota algo que viene denunciando el presidente Gustavo Petro, que el foco de exportación de narcóticos se ha desplazado hacia el pacífico ecuatoriano y prueba de ello es el alza en la tasa de homicidios sin que ello merezca mayor atención de los Estados Unidos. Se estima, dice el presidente Gustavo Petro, que alrededor del 80% de los narcóticos que van hacia Estados Unidos y Europa salen por las puertas del Pacífico, no por el Caribe, como ha dicho la organización Wola. Otro detalle que aporta la analista, a propósito de las ejecuciones extrajudiciales a lancheros en aguas del Caribe es que, la herramienta de movilidad de los narcóticos no son las pequeñas embarcaciones sino los grandes buques que como se ha mostrado con la economía bananera. 

Por último, Diana Alfonso advirtió que aún si se tratara de la problemática a causa del consumo de fentanilo en Estados Unidos, y si como dice la administración Trump, se tratara de una discusión de salud pública de cara a la población estadounidense tendrían que haber juzgado a la familia Sackler,  dueños de la farmacéutica  Purdue Pharma y responsables de la expansión de Oxycontin que da lugar al primero y gran ciclo de adicciones de opioides sintéticos que termina después en la heroína y últimamente en el fentanilo. Habrá que ver si las preocupaciones de Trump por apropiarse de Groenlandia también están justificadas por su vocación de combatir el narcoterrorismo porque, por ahora, allí no pareciera demasiado verosímil el argumento a menos que el Cartel de Los Soles opere desde los hielos del norte. 

“Fue un honor hablar con el presidente Petro”

Ante la escalada agresiva y las amenazas constantes de Trump hacia el presidente Petro, Colombia se movilizó en prácticamente todas las grandes capitales del país. Se estima que hubo una participación nacional de aproximadamente 400 mil personas. Se registró una amplia participación aún cuando la convocatoria fue hecha en las últimas horas, rompió si se quiere los techos históricos de participación ciudadana según lo informó RTVC, el canal de noticias públicas de Colombia. En este marco de movilizaciones de larguísimo aliento que defienden la soberanía de Colombia y expresan su solidaridad para con el vecino pueblo hermano bolivariano de Venezuela, y exigen la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, comentó Diana Alfonso. 

Las palabras del presidente Petro se hicieron esperar en Bogotá dado que una inesperada llamada desde Washington restableció el diálogo bilateral entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño. Trump lo confirmó en su red social afirmando que fue un honor hablar con el presidente Colombia y que la próxima reunión será en Washington. Gustavo Petro ha reiterado su posición frente a la OEA, a la ONU y a la CELAG de mantener un canal de relación abierta que distienda cualquier posibilidad de intervención militar que atente contra la soberanía territorial del hermano pueblo de Venezuela y de Colombia teniendo en cuenta que, solamente en Colombia hay por lo menos, 2.8 millones de migrantes venezolanos, somos el país con la mayor recepción migratoria de Venezuela. En este sentido, la analista destacó la posición del presidente Petro de resguardar la vida de las personas migrantes y sobre todo pensar en las estrategias de recepción migratoria ante la posibilidad de un éxodo masivo por nuestras fronteras. A contramano de lo que ha dicho gente como Patricia Bullrich, que ha dicho “bien gracias, ya llegaron a su libertad, se pueden ir yendo”, ese fue el mensaje que envió a la población venezolana en Argentina, a plaza llena desafortunadamente. El presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es abrir sus brazos y abrir los brazos y fronteras de Colombia ante una eventual recepción de ese éxodo migratorio. 

El candidato de la izquierda encabeza las encuestas para presidente

Se trata de Iván Cepeda, quien representa la lista del Pacto Histórico y que buscará darle continuidad a este primer gobierno popular inaugurado en el 2022. Con la historia de violencia de Colombia resulta por lo menos inquietante saber cómo incidirá el contexto actual en el proceso electoral. Los primeros sondeos de intención de voto coinciden en que habrá segunda vuelta y que, de momento, es Cepeda quien encabeza los resultados. 

Uno de los que celebró la invasión de Estados Unidos a Venezuela fue el ex presidente Iván Duque, que ha sido relacionado al narcotráfico, de hecho ha sido fotografiado, fueron interceptados miles de audios donde sostiene conversaciones con el narcotraficante Niño Hernández, asesinado en extrañas circunstancias en Brasil. Pese a esos vínculos explícitos con el narcotráfico Iván Duque, cuya investigación fue vetada. Por otra parte, comenta Diana Alfonso que el candidato de la ultraderecha uribista Abelardo De La Espriella, hasta ahora el principal adversario de Iván Cepeda, no solamente ha celebrado el bombardeo sobre territorio venezolano sino que ha lanzado una fuerte amenaza en dos vías. La primera es antes que se descubriera lo que era una verdad a los gritos, porque muy tempranamente el presidente Gustavo Petro ha dicho que el cartel de Los Soles era una mentira, más allá de hoy se ratifique. Sin embargo, De La Espriella quiso vincular al candidato de la izquierda, del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a este supuesto cártel de Los Soles sin que haya habido ningún tipo de rectificación. De La Espriella surge de ser el defensor y el abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia, una macroestructura criminal de la ultraderecha colombiana que asesinó, se estima de acuerdo a los organismos de derechos humanos a más de 200 mil colombianos y colombianas. Surge de las fauces de la defensa de paramilitares y narcotraficantes y después se va a vivir a los Estado Unidos desde donde trina cuestiones atroces como vincular a Iván Cepeda al cártel de Los Soles generando el contexto para la aplicación de una intervención de carácter terrorista criminal sobre nuestro territorio bajo un auspicio fratricida, enfatizó la historiadora. 

Será necesario mirar con atención cómo se desarrolla la campaña electoral y cuáles son los movimientos de la derecha y ultraderecha colombiana tan vinculada con sectores ultraconservadores en Miami. En este sentido Diana Carolina Alfonso advirtió que De La Espriella, cuya segunda aseveración a través de twitter preocupa gravemente en este contexto electoral porque asegura que el 17 de agosto el presidente Gustavo Petro ha de entregar el poder y de no hacerlo va a enviar fuerzas militares para sacarlo a las patadas y que va a garantizarlo con la ayuda de los Estados Unidos. Esto preocupa gravemente porque hay algo del poder real que no pasa por las urnas y que en Colombia sabe tener la cara de magnicidios y genocidios. 

Desde España, el candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda denunció que el gobierno de Estados Unidos intenta incidir en las elecciones y advirtió que lanzamos claramente un llamamiento de alerta de que el Gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones, y añadió que se trata de una estrategia que, tenemos que decirlo, cuenta con el respaldo, el apoyo y con el estímulo claramente de la extrema derecha. Y concretamente debo decirlo del expresidente Álvaro Uribe, concluyó.

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Por Maru Waldhüter

Después de casi dos años el Congreso aprobó la ley para la Reforma Laboral ¿Por qué fue tan extenso el proceso y con tantos obstáculos?

El establishment político en el marco del trámite demostró la capacidad que tienen para romper los mismos pactos institucionales que se han construido, incluso por ellos mismos. En la discusión en la Cámara de Representantes se aprobó un articulado muy cercano a la propuesta de la Reforma Laboral del gobierno. Hubo un proceso de concertación muy importante, no solamente triestamentario como se plantea tradicionalmente por parte de la OIT, es decir, trabajadores, empresa y Estado, sino en general con diferentes actores nacionales e internacionales. Esta discusión de la concertación de la Cámara de Representantes fue completamente transgredida por la comisión séptima del Senado y  ocho congresistas de la oposición que decidieron romper con todo lo que se había avanzado en la Cámara. Esto generó una ola de indignación nacional porque se vió como esos ocho senadores pasaron por encima a la Cámara de Representantes, pero además al voto popular, que fue el mandato que dictó la necesidad de una Reforma Laboral. 

A partir de eso, el presidente convocó a un proceso de movilización social en el que planteó que si el Congreso de la República cerraba la discusión de forma subrepticia y a espaldas del pueblo, la decisión la iba a tomar el pueblo a través de una consulta popular. Esto es importante destacar porque determinó la organización de la discusión política en Colombia. Este llamado a una consulta popular generó un enorme nerviosismo en el establishment, un nerviosismo peligroso que, incluso sentimos, tuvo que ver con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Así comienza un proceso desde el presidente del senado Efraín Cepeda y los medios de comunicación que, se fungen hoy como la vanguardia política cada vez que los partidos políticos de la derecha se muestran ineptos e ineficientes para hacer su propia política, y empiezan con una narrativa de surgimiento de autoritarismo en Colombia, una democracia plebiscitaria que se reemplazan los mecanismos institucionales concebidos a partir del Congreso.

Es importante destacar la posición mayoritaria del pueblo colombiano que en los medios, en redes sociales y en las calles se expresó de manera masiva a favor de la Reforma Laboral. Solo a partir de la movilización social del poder popular, porque Petro es un estratega y un conductor, pero fue el pueblo colombiano y su movilización la que generó que se diera la Reforma Laboral y fuera aprobada finalmente en el Senado.

¿Qué modificaciones trae la Reforma al mundo del trabajo?

El pago de horas extras, recargos dominicales y festivos. Se proyecta que a partir de julio de este año la remuneración adicional sobre la hora ordinaria sea del 80%, en 2026 del 90% y llegar a julio de 2027 con el 100%. La regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto incluye además, la cobertura de pago de seguridad social integral a cargo de la empresa. Los contratos de aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se reconocerán como contratos laborales, porque existía el contrato pero no la perspectiva laboral y era una precarización importante en ese sentido y la juventud popular accede muchas veces más al SENA que a la educación superior. Se formalizará ell trabajo del campo, de periodistas, artistas y madres comunitarias. Y en materia de licencias, se contempla la ampliación del permiso de paternidad y la licencia para personas menstruantes, así como también un auxilio de conectividad para teletrabajo que cubra los costos de internet y electricidad. Estos son algunos de los puntos que se buscan mejorar a partir de la Reforma Laboral. 

Por estos días también nos enteramos que el proyecto de La ley integral Trans pasó con éxito el primer debate en la Cámara de Representantes ¿Como sigue y qué podemos esperar?

Hay que decir que en la relación de fuerzas del Congreso la Cámara de Representantes no solo es generacionalmente más joven sino que, tiende a haber una orientación un poco más progresista mientras que, en el Senado generacionalmente son más mayores y con una orientación más conservadora. Esta relación de fuerzas impactó en la discusión de este proyecto que tuvo un primer debate exitoso pero que sabemos que en el escenario del Senado así como lo fue también para otros debates progresistas en relación al orden social de nuestro país va a enfrentarse a un fuerte oposición conservadora.

La iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos para las personas trans, además, incorpora un enfoque étnico-racial y antirracista que reconoce la realidad de las personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, con identidades de género diversas. 

Se aproxima una intensa agenda electoral. De alguna forma lo fuiste contando pero ¿cómo caracterizas este periodo? 

Por fortuna diría que hoy la agenda política nacional la está poniendo el presidente Petro. Por otra parte, vemos con enorme preocupación el atentado que hubo contra el senador Miguel Uribe porque creemos que, si bien sería apresurado decir que fue un sector partidario definido, si es un sector de clase muy claro que es la burguesía asociada a la economía ilegal, al narcotráfico. Particularmente la junta del narcotráfico que es una federación internacional de capos desde donde se dio la orden, de acuerdo a las investigaciones que ha revelado el presidente Petro del atentado. Esto fue un poco un intento desesperado de un golpe en la mesa a costa de la propia vida de algunos de los voceros políticos conservadores, particularmente Miguel Uribe, y en ese sentido es una demostración de que tuvieron que acudir a las metodologías del atentado para poder revertir una situación en la que es el gobierno popular del presidente Petro es el que está planteando la agenda nacional. 

Apenas pasó el atentado se activó una operación mediática coordinada de una forma excelsa, hay que decirlo. El primer mensaje de un medio de comunicación fue de Infobae en sacar algo abiertamente falso al decir que la persona que atentó contra Miguel Uribe, supuestamente había gritado “Petro presidente”. Esto fue desmentido de manera inmediata por los mismos videos. Tal vez algún interés habría por parte del medio Infobae en propiciar esta desinformación ligado a los intereses que están detrás del atentado, hay una unidad de clase detrás de eso, pero es una muestra de la desesperación de una derecha que no logra unidad política, no logra unidad ni siquiera en torno a los mecanismos para definir sus propias candidaturas y ante lo cual, tanto Gustavo Petro como el Pacto Histórico, estamos adelantándonos en proponer la agenda nacional, sus mecanismos para desarrollarla y para tomar nuestras propias decisiones.

¿Parte de esa agenda está relacionada con la estrategia de unidad, de esta alianza de los sectores del progresismo y las izquierdas? ?¿Es un escenario novedoso este para Colombia?

Hay que decir que esta experiencia particular es novedosa porque no solamente se trató de la creación de una nueva personería jurídica, un registro electoral, sino de la fusión partidaria. Estamos hablando de que cada una de estas fuerzas que, previamente lograron su personería jurídica a través de luchas intensas, incluso de víctimas, desaparecidos, asesinatos, genocidios como el caso de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, hoy se disponen en términos de fusionarse. No significa que desaparece ni el Partido Comunista, ni la Unión Patriótica, ni el Polo Democrático, ni Colombia Humana, ni la Minga Social y Nacional, quiere decir que hubo un entendimiento y un criterio de responsabilidad histórica con el pueblo colombiano y con el proceso del cambio a un nivel que nos permitió, incluso a pesar de lo que nos han costados las personerías jurídicas y los derechos políticos que hemos recibido, disponerlos a la fusión en el Pacto Histórico. Pongo este contexto porque quiere decir que nos ha costado mucho a cada organización poder ejercer nuestros derechos políticos y que el hecho de que logremos la fusión implica también un mensaje no solamente de unidad, sino que es algo que reitero, hemos puesto sobre la mesa en la discusión la responsabilidad histórica, porque en medio de estas discusiones políticas siempre está el pueblo.

¿En esta línea entonces es que se propone la candidatura de María José Pizarro para las próximas elecciones presidenciales?

Hay mecanismos definidos por parte del Pacto Histórico a partir de escuchar el reclamo de las bases y la orientación del presidente Petro y es que las decisiones sobre las candidaturas y las listas se tomen a partir de un mecanismo de consulta abierta a la ciudadanía, ni siquiera internas entre los partidos. El objetivo es responder a ese llamado que trae un argumento fundamental y es que si queremos candidatas y candidatos representativos en causas de agenda y de prioridades populares requieren de la votación y que la democracia equilibre la discusión. En esos términos hay que decir que la posibilidad, y esto es a título personal, de que María José Pizarro sea candidata por supuesto que tiene que ver con su clarificación política, con su criterio, con su perspectiva pero también tiene que ver con el hecho de que ella representa a amplios sectores de la población colombiana, a agendas muy diversas de la población que reclaman hoy mismo ese tipo de liderazgos y ese tipo de candidaturas como la de María José. Ella ya mencionó públicamente su intención de continuar en la carrera presidencial y nosotros creemos creemos que ella representa buena parte de las prioridades populares. 

Hay otras candidaturas, está Carolina Corcho que viene del Movimiento Popular por el Derecho a la Salud; Gustavo Bolívar que fue senador de la República; Susana Muhamad que recoge luchas ambientales de diversas organizaciones a nivel nacional y la experiencia de gobierno con una gran gestión en tres niveles: con Bogotá Humana como secretaria de Ambiente, luego como ministra Nacional de Ambiente, e internacionalmente a través del esfuerzo que lideró para ejecutar la COP 16 en Cali y que se lograra que los objetivos de Colombia quedaran plasmados en la declaración. Estas son las cuatro candidaturas que se proyectan desde el Pacto Histórico y en el marco de estas definiciones hemos puesto sobre la mesa la decisión de que el 26 de octubre el Pacto Histórico va a ir a consulta abierta para definir sus candidaturas a la Cámara, el Senado y a la presidencia, sino que, estamos proponiendo el 8 de marzo ir a consulta con una candidatura única del Pacto Histórico hacia unas primarias del frente amplio. Desde el Pacto Histórico estamos haciendo propuestas que de algún modo están determinando de qué manera se da la discusión política en el campo progresista en Colombia.

Mencionaste el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ¿Les preocupa que se de una escalada de violencia en Colombia y el mundo?

Hay que identificar con mucha claridad la enorme coordinación que existe en la avanzada de la política de la muerte en el mundo. En ese sentido, el sionismo, el ente genocida de Israel, hace parte de la coordinación política de esas tácticas. En el caso de Colombia, la junta del narcotráfico opera en Dubai pero recoge a capos tanto de Europa como de las Américas y Asia y en estos términos hay que señalar que el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador y el atentado contra Miguel Uribe Turbay en Colombia están ligados, dado que esta junta de narco cuenta con un centro de operación muy importante en Colombia y Ecuador. Hoy en día la matriz que quieren desplegar, y esto lo advierto públicamente, porque es la hipótesis que se está manejando es que desde Ecuador se desarrolló el plan del atentado de Miguel Uribe Turbay. El establishment ecuatoriano quiere culpar a Jorge Glass y al correísmo del atentado contra Fernando Villavicencio. 

En estos términos, la estrategia de lawfare, la guerra jurídica que pasa por la guerra mediática, veo un recrudecimiento en el marco de este escenario y otro ejemplo claro es la proscripción y la condena a Cristina Fernández que, es precedida por un intento de asesinato. Hay que identificar de manera clara que este avance de la política de la muerte viene profundamente coordinado a partir del avance de la política de la muerte en Estados Unidos, y en la región de magreb, a partir del ente sionista de Israel. La desesperación y el nerviosismo de esas élites es peligroso ya que es una renuncia a la política institucional, a la deliberación democrática, y abraza con cada vez más fuerza estos escenarios de violencia política. 

Nosotros y nosotras desde Colombia vinimos a solidarizarnos no solo simbólicamente, sino en articulación estratégica con Argentina, con el movimiento popular argentino, con la dirigente Cristina Fernández de Kirchner ya que, una de las primeras personas que habló con ella después de la decisión, inaceptable, de su proscripción vitalicia, fue el presidente Gustavo Petro. Esto responde no solo a una filiación emocional e identitaria con la izquierda latinoamericana, con el progresismo y el campo popular, sino por supuesto, a la conciencia histórica respecto a esta coordinación desde la economía ilegal del narcotráfico y de la coordinación política de los sionistas con Estados Unidos. Nuestra presencia responde a esa conciencia, a esa voluntad de articularnos estratégicamente. Estados Unidos pierde la capacidad hegemónica sobre nuestra región, Israel pierde margen de maniobra cuando Colombia rompe relaciones y empieza un embargo de armas y al carbón ya que, Colombia es uno de sus principales exportadores de carbón y en estos términos hay que decir que empezamos a trastocar las fronteras de los intereses fácticos. Con nuestra posición de política interior y política exterior estamos golpeando los grandes intereses privados transnacionales de la política de la muerte y reemplazando ese orden con una perspectiva y una política de vida. Tal como el propio Marx lo identificó en el tercer tomo de El Capital, cuando decía que el capitalismo va a acabar con las propias fuentes que lo produce que es la vida. La contradicción política hoy más que entre capital y trabajo, es entre el capital y la vida.

Foto: Ximena Astudillo Delgado

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Por Andrea Bravo

Los colectivos y organizaciones feministas de todo el país hicieron un llamado a recordar y celebrar los tres años de la histórica Sentencia C-055, que despenaliza el aborto en Colombia y a exigir su correcta implementación. En este marco, la Línea Jacarandas presentó un informe sobre las más de once mil asesorías para interrumpir el embarazo brindadas entre 2022 y 2024.

El viernes 21 de febrero, en la ciudad de Cali, se llevó a cabo una jornada en el patio de la Universidad del Valle, sede San Fernando, para conmemorar el tercer aniversario de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) legal y libre hasta la semana 24 de gestación. El evento fue convocado por las colectivas Amarantas, Cristina Bautista, Voces Magentas, Renacer Amatista y Jacarandas, junto con Profamilia.

La jornada incluyó una feria de emprendedoras, presentaciones artísticas, comida y, al finalizar la tarde, un panel abierto en el auditorio de la facultad, coordinado por Carolina Benítez, educadora y subdirectora de Jacarandas, con la participación de Viviana Bohórquez, abogada y directora de la organización.

Jacarandas es una fundación que trabaja en temas de aborto, género y sexualidad. Su labor consiste en difundir información precisa y asesorar a quienes necesiten interrumpir su embarazo de manera segura.

Para este encuentro, que también se realizó en Bogotá, Medellín y Bucaramanga (ciudades con mayor número de consultantes), se presentó el informe “Nuestro cuerpo, nuestra decisión”, que recopila los datos de las 11.267 asesorías sobre aborto brindadas a través de su línea de WhatsApp desde 2022 hasta 2024.

El informe, basado en las consultas sistematizadas, revela si las personas que confirmaron su embarazo tuvieron una experiencia positiva o negativa al interrumpirlo, ya sea en sus hogares (hasta la semana 12) o en hospitales. Carolina Benítez señaló que el 80% de los abortos se realizan con pastillas desde casa. “Para nosotras ese fue el dato más impresionante”, destacó.

Entre las barreras identificadas en el acceso al aborto se encuentran la violencia obstétrica, la negación del servicio, los retrasos injustificados y las remisiones innecesarias a especialistas. Además, el informe destaca que la mayoría de las consultas se realizaron antes de las 12 semanas de gestación, seguidas por casos entre 13 y 19 semanas, y finalmente entre 20 y 24 semanas.

Estos datos fueron respaldados por Daniela González, enfermera de Profamilia, quien afirmó que estas barreras son las que impiden que se acceda antes: “La mayoría de las mujeres accede al IVE en el primer trimestre; podemos hablar de un 90%. Pocas llegan en edades gestacionales avanzadas”. Además, señaló que “el reto más representativo es poder capacitar y sensibilizar a los profesionales y al personal de salud, fundamental para poder dar la cobertura a estos servicios de aborto”. También criticó a las instituciones que aún realizan “legrados”, por los múltiples riesgos que conlleva esta técnica.

El informe, disponible en la página web de Jacarandas, subraya la importancia de un enfoque integral por parte del Estado y las instituciones de salud para mejorar el acceso y la calidad del servicio, así como la necesidad de adoptar medidas de difusión que permitan conocer el derecho al aborto, las rutas de acceso y la gratuidad del mismo en todas las regiones del país y para todos los estratos sociales

Ante los retrocesos democráticos y los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos que amenazan nuestra época, la organización colectiva y la divulgación de datos reales y concretos se vuelven herramientas esenciales para proteger la autonomía de nuestros cuerpos.

Autonomía que vamos a defender a regañadientes.

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La Caravana trabaja en cinco comisiones (Derechos Humanos, Género, Salud, Cultura, y Comunicaciones) y realiza un informe acerca de cinco territorios (Antioquia, Bolívar, Arauca, Chocó y Cauca) declarados en crisis humanitaria.

Este miércoles 14 de agosto, la Caravana se encontró con la comunidad indígena de Catrú, perteneciente al pueblo Embera. El intercambio con este pueblo, cuyo nombre significa “gente del río”, estuvo marcado con danza tradicional, atuendos de colores y tatuajes de jagua. Al momento de iniciar el trabajo de las comisiones, en materia de salud se atendieron casos, mayoritariamente, asociados a infecciones que se presentan por la contaminación del río Baudó. El principal medio no solo de comunicación sino de subsistencia de los embera.

La mayoría de los liderazgos en Catrú demostraron miedo al momento de referirse a los actores armados y el fenómenos del paramilitarismo, ya que se limitaron a enunciar este fenómeno como el “conflicto armado”. La comisión de género contó con una armonización de tejido de collares para luego conversar acerca de las violencias en medio de la crisis humanitaria.

Pese a todo lo anterior, la mayoría de indígenas conservan su lengua, danzas y música.

En el departamento Arauca, más de mil personas celebraron el 10 de agosto del reconocimiento gubernamental a los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Dicho acto político, realizado en el municipio Fortul, destacó esta forma de territorialidad campesina, ahora reconocida por el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del Decreto Presidencial 0780. El acto político estuvo protagonizado por comunidades campesinas, y la Caravana estuvo allí. En efecto, la misión humanitaria no solo registra información acerca de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario sino también las propuestas que tienen las comunidades para vivir dignamente en el marco del conflicto armado.

El próximo 23 de agosto en la ciudad de Cali la Caravana entregará públicamente un informe preliminar con sus hallazgos. La Iglesia católica y parlamentarios recibirán oficialmente el documento.

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Por Eduardo Giordano

“Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra, y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”
Gustavo Petro, primer discurso ante la ONU

Existe una convicción creciente en la opinión pública internacional de que la estrategia de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo durante más de medio siglo fue un rotundo fracaso. Esa estrategia antinarcóticos militarizada naufragó en su propósito de reducir la producción de sustancias psicoactivas ilegales, que no dejó de crecer año tras año. Tampoco fue efectiva en la contención del consumo y menos aún en reducir los problemas de salud pública de los usuarios. 

Los países productores de materia prima para la elaboración de drogas ilegales, como es el caso de la coca en Colombia y de la amapola en Afganistán, han sido los más castigados por la intervención exterior y la violencia extrema de las mafias del narcotráfico consolidadas con la política represiva. Dichas organizaciones criminales se han adueñado de los principales resortes de poder de los respectivos Estados, aliándose con dirigentes políticos, fiscales, policías, jueces, militares y terratenientes para aumentar su influencia y conservar la impunidad.

El fracaso de la guerra contra las drogas

El Gobierno de Colombia ha tomado la iniciativa mundial en proponer un cambio de paradigma en el tratamiento del comercio mundial de drogas psicoactivas. En su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro esbozó los fundamentos de la política de drogas de Colombia durante su presidencia. Una política nacional de drogas completamente opuesta a la de sus antecesores, enmarcada en un proyecto estratégico de lucha contra el cambio climático como prioridad absoluta. Abandonar la inútil y perjudicial guerra contra las drogas para centrar los esfuerzos en combatir el uso de combustibles fósiles fue la principal idea-fuerza de su alocución.

Consciente de que ambos cambios de rumbo deben articularse en un contexto de cooperación internacional, Petro formuló este enorme desafío: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional”.

Consciente de que ambos cambios de rumbo deben articularse en un contexto de cooperación internacional, Petro formuló este enorme desafío: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”

La necesidad de una nueva política internacional de drogas estuvo presente en el encuentro que mantuvieron Gustavo Petro y el presidente mexicano, Manuel López Obrador, en noviembre de 2022 en México. Ambos mandatarios convocaron a una gran conferencia de dirigentes de la región con el fin de “rediseñar y replantear la política de drogas”, según se indicó entonces en un comunicado conjunto de las dos cancillerías.

Manuel López Obrador declaró unos días más tarde: “El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales. La idea es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad, se dediquen a estas actividades ilícitas”. Y aseguró que su Gobierno coincide con esos lineamientos. Ambos presidentes promueven desde entonces conjuntamente un cambio de paradigma en la lucha antidrogas que apunte a las causas estructurales del consumo, poniendo énfasis en la cuestión de la demanda que genera la persistencia de la oferta. 

En apoyo de la política de drogas del Gobierno de Colombia se manifestaron también los países con políticas progresistas integrados en el Grupo de Puebla, durante la reunión que mantuvieron en noviembre de 2022 en Santa Marta. El comunicado final del VIII Encuentro de mandatarios y expresidentes de estos países sitúa los nuevos términos del debate: “El Grupo de Puebla constata que el narcotráfico se ha convertido en un problema transnacional y global. Los principales países consumidores deben asumir su responsabilidad en buscar una salida distinta al problema. Por eso proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario, y no exclusivamente penal, a la adicción y el consumo”.

Conferencia Latinoamericana sobre Drogas

A fin de intercambiar ideas y buscar soluciones continentales a la situación actual, impuesta por las políticas de los países consumidores, los gobiernos de Colombia y México convocaron a una Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, celebrada en Cali entre el 7 y el 9 de septiembre de 2023. A la reunión asistió Manuel López Obrador e intervinieron una veintena de delegaciones de países latinoamericanos y caribeños. En palabras de la ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhamad, con esta iniciativa se busca “construir un consenso latinoamericano” para abordar desde otro enfoque la problemática de las drogas. Esta primera reunión de expertos de diferentes países sería la antesala de una futura cumbre de presidentes de la región.

En su intervención de cierre de la Conferencia, el presidente de Colombia expuso los principales lineamientos de su política de drogas, formulada en un documento de 80 páginas titulado Sembrando vida desterramos el narcotráfico. Petro ahondó en sus críticas al fracaso de la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos y situó a los países latinoamericanos como las principales víctimas de esas políticas perjudiciales y contraproducentes.

Tras recordar que Colombia tiene “una experiencia de 50 años, sanguinaria y feroz”, de fracasada guerra contra las drogas, Gustavo Petro definió el motivo fundamental de la convocatoria: “Quizás el hecho de ser los citantes de esta reunión Colombia y México, tiene un valor en el planeta Tierra, en la Humanidad. Porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política”, dijo, a pesar de haber sido señalados 50 años como victimarios. Argumentó que la fallida estrategia de guerra acabó por extenderse a todo el continente, convirtiéndose en un problema americano, “de todas las Américas”: “Nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países, porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina, un genocidio”.

Los presidentes de México y Colombia promueven un cambio de paradigma en la lucha antidrogas que apunte a las causas estructurales del consumo

El propósito de la Conferencia es que “América Latina hable por sí misma, y no repita los discursos oficiales del poder mundial en este tema específico”, que tiene unas consecuencias dramáticas para los países latinoamericanos: “La guerra contra las drogas ha hecho víctimas a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias.”

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma de un documento por parte de las delegaciones de los 19 países latinoamericanos participantes en la Conferencia, comprometiéndose a abordar el problema internacional de las drogas con un nuevo enfoque que permita crear espacios de diálogo para legitimar y revalorizar internacionalmente a las plantas de uso ancestral como la coca. Uno de los puntos más controvertidos de la Conferencia, no reflejado en el documento final, fue la propuesta de sacar a la hoja de coca de la lista amarilla de estupefacientes, en la que figura desde la Convención sobre Estupefacientes celebrada en Viena en 1961. El debate seguirá abierto mediante la conformación de un Grupo de Seguimiento que aportará sus conclusiones a organismos internacionales, como la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se reúne en marzo de 2024, con el fin de propiciar una cumbre de jefes de Estado en 2025 también en el marco de Naciones Unidas.

Los debates sobre la regulación de las drogas en Colombia

Varias instituciones colombianas y organizaciones internacionales se han abocado desde hace mucho tiempo a la tarea de investigar cómo sería una posible regulación del cultivo y comercio de las principales drogas consideradas ‘ilícitas’ que se producen en Colombia. Por ejemplo, seis instituciones académicas y de la sociedad civil (CESED, ATS, Elementa DDHH, Dejusticia, Viso Mutop y FIP) han elaborado conjuntamente un Memorando al Gobierno Nacional sobre la nueva política de drogas, presentado en septiembre de 2022, con una serie de recomendaciones para “reformar” esa política. Dicha reforma es “un paso necesario para alcanzar la paz en Colombia” ya que “el prohibicionismo ha sido un factor de persistencia del conflicto armado”. El Memorando sugiere una estrategia a seguir en el corto y mediano plazo sobre la regulación del cannabis, las plantaciones de coca y la producción y el consumo de cocaína. 

La regulación del cannabis recreativo

El proyecto de ley para regularizar el cannabis de uso adulto fue radicado en el Congreso por el senador liberal Juan Carlos Losada y contó con el firme respaldo del Pacto Histórico y de otros sectores políticos. No es el primer proyecto presentado en este sentido, ya que se tramitaron otros similares en 2019, 2020 y 2021, que sin embargo no consiguieron llegar al debate en sesión plenaria. 

El mayor obstáculo de un proyecto semejante es que que supone cambiar el artículo 49 de la Constitución sobre el Derecho a la Salud, que fue modificado en 2009, durante el Gobierno de Uribe, a fin de incluir la prohibición del porte y consumo de sustancias psicoactivas, un precepto que antes no existía en la norma constitucional. Con ese añadido quedó reforzado el prohibicionismo como el principal rasgo de la política nacional de drogas.

La propuesta de ley de regulación del cannabis de uso adulto fue aprobada en octubre de 2022 por la Cámara de Representantes, con 105 votos a favor y 33 votos en contra, incluyendo la necesaria modificación del artículo 49 de la Constitución, y todo parecía indicar que también se aprobaría en el Senado, donde fue necesario realizar nueve debates antes de someter a votación el proyecto de ley. Se votó el 20 de junio de 2023, el último día de la legislatura, y la oposición consiguió impedir que esa ley prosperase. En efecto, la propuesta de regulación del cannabis para uso recreativo obtuvo 47 votos favorables y 43 en contra, pero no hubo suficiente quorum y la ley naufragó por falta de mayoría calificada. Se requerían como mínimo 54 votos a favor para aprobar la iniciativa. Votaron afirmativamente los senadores del Pacto Histórico, los Comunes, la casi totalidad de Verde Centro Esperanza, y varios representantes del Partido Liberal y algunos de la U. Con todos los votos en contra del Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Radical.

Dado este resultado, el mejor alcanzado hasta la fecha pero aún insuficiente, el gobierno del Pacto Histórico deberá sopesar la correlación de fuerzas con los demás grupos políticos antes de volver a presentar un proyecto similar en la nueva legislatura.

Regular la coca y sus derivados

El inicio del boom económico de la cocaína en Colombia comenzó años después del de la marihuana, a finales de la década de 1970, con la expansión de la demanda de esta droga en el mercado estadounidense. La hoja de coca empleada como materia prima de la cocaína ya se cultivaba desde la década de 1960, pero su articulación en forma de economías regionales y su exportación a gran escala fue posterior. 

Las estrategias de erradicación forzada de las plantaciones de coca no consiguieron reducir la superficie sembrada sino todo lo contrario. Los cultivos de hoja de coca aumentaron desde unas 140.000 Ha al comienzo del Plan Colombia, en el año 2000, hasta 204.000 Ha en 2021 y 230.000 Ha en 2022, según los más recientes datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicados en informes de marzo y septiembre de 2023, en los que se asegura que la producción mundial de cocaína se ha disparado en los últimos años. Esta evolución de los cultivos ilegales, a pesar de haberse aplicado todas la técnicas represivas auspiciadas por Estados Unidos —con el enorme daño que han causado a la población—, demuestra la inutilidad de una estrategia militarizada de erradicación, que arrasa los territorios con glifosato u otros productos nocivos para los habitantes y el medio ambiente. 

“Proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario, y no exclusivamente penal, a la adicción y el consumo”

En realidad, atendiendo a estos datos, el consumo de cocaína sigue en aumento y no fue sustituido por el de ninguna otra droga. Las incautaciones practicadas en 2021 alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas. Los datos de incautaciones indican que el tráfico se está expandiendo hacia África, Asia y Australia, más allá de los tradicionales grandes mercados en Norteamérica y Europa. El consumo de cocaína habría crecido en más del 10 % en dos años, desde 20 millones de personas en 2019 hasta más de 22 millones en 2021.

No hay una correlación directa entre el aumento del consumo de fentanilo en Estados Unidos y la caída de la demanda de la pasta básica de coca. El perfil social del consumidor habitual de fentanilo y de otras metanfetaminas no se corresponde con el del consumidor de cocaína, y es muy extraña la combinación de ambas drogas. En cambio, el fentanilo sí suele emplearse con otras drogas como la heroína, aumentando así su letalidad. En este sentido convendría establecer un diagnóstico realista para la construcción de la nueva política de drogas: con las estadísticas a la vista, la tendencia del mercado consumidor no apunta a sustituir la cocaína por el fentanilo, ya que ambas drogas están presentes simultáneamente e incrementan su penetración en distintos segmentos de la sociedad. 

El mercado internacional no redujo su interés por la cocaína, aunque podría afirmarse que sí lo hizo (¿temporalmente?) por la cocaína colombiana, o al menos por la pasta básica que se produce en algunas regiones del país (por ejemplo el Putumayo). La caída del precio de la hoja de coca y de la pasta básica para los cultivadores colombianos podría entenderse como el resultado de un desplazamiento de las compras de suministros hacia otros mercados, que permitan a las organizaciones narcotraficantes abastecerse sin los controles cada vez más estrictos que establece la nueva política de drogas del gobierno colombiano.

Con las estadísticas a la vista, la tendencia del mercado consumidor no apunta a sustituir la cocaína por el fentanilo, ya que ambas drogas están presentes simultáneamente e incrementan su penetración

Este desplazamiento del mercado hacia otros proveedores, como Perú y posiblemente Bolivia, explicaría la caída de la demanda y de los precios de la hoja de coca y de la pasta básica colombianas. El investigador Ricardo Vargas da cuenta en un completo informe que “el cálculo de Estados Unidos sobre el potencial productivo de cocaína (por Ha cultivada) para Perú y Bolivia es el doble del que estima para Colombia”. Indica también que las hectáreas cultivadas en Perú pasaron de 48.000 Ha en 2017 a 84.400 Ha en 2021, un incremento en una escala muy superior al de Colombia. 

Un primer proyecto de regulación de la hoja de coca y sus derivados se presentó ante una Comisión del Senado colombiano en abril de 2021. Auspiciado por los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda, obtuvo 12 votos a favor y ninguno en contra. Esta propuesta de ley no prosperó después en un debate general. Su finalidad era “regular toda la cadena de valor de la hoja de coca, desde su producción hasta su procesamiento y distribución en el mercado”. El Estado se encargaría de comprar toda la cosecha de hoja de coca que producen los campesinos cultivadores para suministrarla a “líneas de producción básicamente ancestrales, artesanales, de las comunidades indígenas y campesinas: alimentos, cosméticos, productos medicinales”, según afirmó Iván Marulanda en la presentación del proyecto de ley, en agosto de 2020. Por otro lado, el Estado se ocuparía de producir y distribuir la cocaína necesaria para atender el mercado interno, que se calcula en unos 260.000 consumidores. “El Estado va a entregarle a esos consumidores una droga de primera calidad a través de la red sanitaria del país”, después de una entrevista con un facultativo del sistema de salud. Según este proyecto se legalizarían todos los cultivos que estuvieran certificados en los registros de Naciones Unidas y los demás se declararían ilegales. 

La propuesta contó con notables apoyos internacionales. Por ejemplo, la ONG Transform Drug Policy Foundation, influyente en algunos sectores del Parlamento británico, sugirió que el Estado debería centralizar todos los procesos en una eventual regulación: “El Estado debería comprarles a los campesinos la materia prima, brindar licencias a laboratorios para su procesamiento y tendría el monopolio de la distribución en puntos de venta estilo farmacia, teniendo en cuenta que la cocaína genera más riesgos que, por ejemplo, la marihuana y su venta debe contemplar factores como la edad y la historia médica”, declaró Mary Ryder, investigadora de esa ONG.

El aspecto que se considera clave de este cambio de política es la dignificación del campesino que vive del cultivo de la coca, superando el estigma que implica la estrategia de erradicación forzada con la complementación de una estrategia de valorización de su producto. El relato habitual de los campesinos es que mientras la cosecha de yuca y otros alimentos apenas les garantiza la supervivencia, la producción de hoja de coca les ha permitido una vida digna, con acceso a la educación y la salud para sus hijos. 

Este problema se relaciona directamente con el incumplimiento, durante el Gobierno de Iván Duque, del Punto 4 del Acuerdo de Paz, que estableció compensar a los campesinos que emprendieran la erradicación voluntaria de las plantas de coca con otros proyectos productivos. El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) atrajo durante los gobiernos anteriores la incorporación de 99.000 familias, pero cinco años después solo el 8,6 % de estas familias que erradicaron sus cultivos de coca contaban con un proyecto productivo. Un problema agravado por la escasa titulización de las tierras que trabajan los cultivadores de coca. Se calcula que hasta un 75 % de los cultivos de coca se realizan en tierras fiscales o de titularidad no registrada.

La nueva política de drogas 2023-2033

La política de drogas 2023-2033 se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que la considera un componente esencial para alcanzar sus objetivos: “Resulta indispensable diseñar una nueva política de drogas, basada en el cuidado de la vida, con enfoque territorial y ambiental, y construida a partir de espacios plurales de diálogo con actores estratégicos, autoridades y étnicas, sustentada en un cambio cultural para dejar atrás el prohibicionismo.” 

Esta nueva política es un enorme desafío, articulado a su vez con la necesidad de alcanzar la Paz Total en los territorios. Al frente de este plan de largo aliento se ha situado a Gloria Miranda, la directora de Política de Drogas, quien se ocupó durante los meses de recabar propuestas y sugerencias entre las comunidades directamente afectadas por los cultivos considerados ilícitos. Tras mantener reuniones con campesinos y comunidades étnicas en el marco de una Comisión Mixta con presencia del Gobierno, se suscribió una declaración conjunta de apoyo desde los territorios al nuevo enfoque de la política nacional de drogas. “La apuesta es corregir esa ausencia histórica del Estado en los territorios”, resalta Gloria Miranda, y justifica el plazo de diez años porque “en cuatro años es imposible cambiar más de medio siglo de unas políticas que no han dado los resultados esperados”.

Durante los meses de abril y mayo de 2023 se inició un diálogo continuo con las comunidades más implicadas en esta problemática, cuyas conclusiones se conocieron en una sesión de Rendición de Cuentas de la Construcción de la Política de Drogas realizada a finales de agosto en el Putumayo. Las consultas a los campesinos se efectuaron en 27 espacios de participación de la sociedad civil, repartidos en 17 departamentos, los que reúnen mayores cultivos ilícitos. Participaron unos 130 delegados en cada uno de esos encuentros: organizaciones sociales de campesinos, cultivadores, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes. En total participaron más de 2.700 personas. 

La nueva política de drogas que ha definido el gobierno Petro se articula mediante la combinación de dos pilares básicos: oxígeno y asfixia. ‘Oxígeno’ para las comunidades campesinas y étnicas para poder diversificar sus cultivos y optar por la sustitución voluntaria con apoyo del gobierno. Y ‘asfixia’ para los narcotraficantes, aumentando el volumen de incautaciones, pero también adoptando una serie de medidas destinadas a impedir la producción de cocaína o heroína a gran escala. Una de las medidas más importantes, junto con la destrucción de laboratorios, es el control que se ejercerá sobre la infraestructura, con un sistema de registro de las empresas metalúrgicas que provean equipos para la producción de estas sustancias. Así mismo, se establecerá un control estratégico de la producción de insumos y precursores químicos utilizados para la producción de drogas, y se profundizará la persecución de las finanzas ilegales y el lavado de activos.

La nueva política de drogas que ha definido el gobierno Petro se articula mediante la combinación de dos pilares básicos: oxígeno para el campesinado y asfixia para los narcotraficantes

En contrapartida, el pilar ‘oxígeno’ consiste en “apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas”. Ello implica también “transformar las condiciones económicas, sociales y culturales de los territorios afectados.”

El plan estima el impacto social que tendrán estas medidas: “Esta política posibilitará que aproximadamente 50.000 familias, de las casi 115.000 que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales”. Ello se conseguiría cumpliendo con el objetivo de una “reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026”, de las cuales 69.000 se erradicarán voluntariamente, en el marco de procesos de desarrollo rural, “y 23.000 hectáreas con cultivos de alto rendimiento industrial se eliminarán forzosamente”. 

El plan Sembrando vida, desterramos el narcotráfico “reconoce que el mercado de drogas es un problema transnacional”, y plantea que “todos los países deben abordar conjuntamente este flagelo, evitando que los costos recaigan principalmente en los productores y países de tránsito”, según un principio de responsabilidad compartida. 

Este nuevo enfoque del tema de las drogas se abre camino en el mundo, impulsado ahora bajo el liderazgo del gobierno de Colombia. Los esfuerzos de Gustavo Petro por situar el cambio de la política de drogas como prioridad estratégica de su política exterior han recibido importantes apoyos internacionales. Por ejemplo, ha contado con el decidido apoyo de la Comisión Global sobre Política de Drogas, una institución a la que pertenecen, entre otros, los ex presidentes colombianos César Gaviria y Juan Manuel Santos, así como el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo y el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso. La amplitud de estos apoyos, que proceden de ex mandatarios cuyos gobiernos aplicaron políticas económicas neoliberales o en las antípodas de las reformas de Petro, muestra que la urgencia del cambio propuesto trasciende las fronteras del progresismo social e interesa a un sector creciente del arco político. Al objetivo de alcanzar la paz social estrangulando los recursos del paramilitarismo, dejándolo fuera del negocio de la droga a través de su regulación, se suma la exigencia de respeto a las libertades individuales y al derecho al consumidor, conformándose así un amplio frente contra el enfoque represivo en el que participan los partidos progresistas, ecologistas y las distintas ramas del liberalismo.

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