La diferencia colonial y el castro-chavismo

Probablemente, aconsejado por sus asesores de imagen y campaña, Petro parece haber determinado como primer objetivo en sus debates públicos deshacerse del mote de “castro-chavista”, pues eso supone la quiebra política de cualquier candidato. Entonces, ha desarrollado una estrategia argumentativa inversa: los “castro-chavistas” son Iván Duque y Germán Vargas Lleras (y también Uribe y Santos, y ahora Trump).

¿Cómo define el “castro-chavismo”? Como un modelo político dictatorial y una economía extractivista. Apartarse de ambos modelos lo constituirían en la alternativa. ¡Como si la democracia liberal fuera la única alternativa y la infraestructura petrolera venezolana hubiera sido construida en los últimos diez años!

En términos políticos, habla del Estado Social de Derecho, es decir, del liberalismo socialdemócrata. En términos económicos, habla del cambio estructural de la matriz productiva: de la economía extractiva minero-energética (fracking incluido) a la economía agroindustrial con biotecnología a bordo. En su esfuerzo por librarse del “castro-chavismo” termina aproximándose al proyecto de Al Gore. Eso no es una postura popular ni de izquierdas. En sus consideraciones se olvida que el Estado Social de Derecho europeo ha sido posible gracias a la expropiación y transferencia de recursos y riquezas del sur global al norte colonialista europeo y estadounidense.

Petro se mira en el espejo del colonizado, que le hace verse como un liberal socialdemócrata europeo, de esa izquierda parlamentaria que tampoco simpatiza con el azadón. Sus promesas de desarrollo productivo desde cooperativas agrarias y hasta hacer de Colombia el nuevo tigre suramericano de la economía mundial, se desvanecen si le aplicamos la diferencia colonial. Esto le impide a Petro ver que el cooperativismo agrícola canadiense o alemán sólo es posible por la regulación de los mercados internos, con parámetros propios que no se aplican en las relaciones comerciales con el sur global. El norte blanco, que saquea los recursos del resto del mundo, tiene uno de sus pilares económicos en la producción y venta de armas que alimentan las guerras y la represión en el Sur Global. Otro de sus pilares económicos es el secreto bancario y el paraíso fiscal que ocultan el dinero de tiranos y mafiosos, conseguidos por medio del genocidio de los pueblos del sur. El modelo capitalista mundial está diseñado para que el norte blanco se enriquezca con la miseria del sur.

¿En verdad cree Petro que va a cambiar el modelo extractivista, dejando sin el carbón del Cerrejón para la calefacción de Alemania, Holanda e Israel y que le va a parar el chorro de petróleo a las multinacionales sin que nada suceda? Acierta que el modelo extractivo destruye comunidades y territorios en el país, pero olvida que esto constituye uno de los pilares del empuje económico y político europeo, que además producen y controlan la producción de armas que alimentan las guerras en el sur Global, donde pertenece Colombia. Por otra parte, en el Congreso colombiano quienes gozan de mayorías son las derechas tradicional y paramilitar, y en los territorios nacionales son las fuerzas armadas quienes tienen el control, de quienes se sabe su estructura criminal.

Un nuevo modelo político-económico basado en la soberanía y la autodeterminación deberá enfrentarse al Orden mundial: cerrar el Cerrejón, modificar la matriz productiva minero-energética, expropiar las transnacionales y el latifundio, enfrentarse a la destrucción medioambiental y de los tejidos socio-comunitarios. Esto exige asumir un compromiso y obediencia a los movimientos sociales, las organizaciones populares y las comunidades organizadas, quienes, con las movilizaciones y sus agendas, enfrentan cotidianamente el modelo político-económico de la dictadura liberal del capitalismo globalizado. Desde hace muchas décadas, el campesinado colombiano y las comunidades ancestrales han construido formas de producción colectiva y comunitaria, verdaderos experimentos político-económicos que han sufrido los embates de la represión estatal y paramilitar: cosechas arrasadas, instalaciones quemadas, líderes y lideresas asesinadas. ¿Cómo se garantizarán la supervivencia de las personas y los proyectos?

Sin embargo, Petro no quiere ir más allá de la explicación crítica del “cambio climático”, muchas veces con una rapidez argumental que provoca pena ajena en aquellas personas que nos consideramos latinoamericanistas y soberanistas. En sus cálculos no se prevé el fortalecimiento de los tejidos comunitarios si no el fortalecimiento de la ley. La ley fabricada en un Congreso de derecha y defendida por las fuerzas armadas criminales. ¿Acaso el fetichismo leguleyo no nos ha llevado a la masacre y al despojo? Por eso, frente a la detención de Jesús Santrich, líder de las desmovilizadas FARC, Petro ha afirmado que, si la Fiscalía demuestra hechos delictivos, él, como presidente, no dudará en extraditarlo. Petro no es soberanista.

La seguridad democrática reencauchada o el nuevo paradigma contrainsurgente

En esta misma dirección, desarrolla un concepto de seguridad democrática que incluye la pedagogía ciudadana, lo cual no es ninguna novedad. Desde los tiempos de la Alianza para el Progreso se hablaba de las campañas cívico-militares, y terminaron desatando la barbarie militar y paramilitar, la guerra sucia y la guerra psicológica a lo largo del continente. ¿Se supone que Petro civilizará el concepto de seguridad con su pedagogía ciudadana?, ¿acaso los educadores y educadoras populares se volverán policías para proteger la propiedad?

El riesgo de la pedagogía ciudadana de la seguridad es su militarización. En su concepto de Seguridad Democrática Integral, la fuerza pública debe tener el control territorial. Pero, ¿no ha sido el deseo de ese control por parte de la fuerza pública el motor de los conflictos sociales y políticos en las regiones? ¿No es la presencia del ejército y la policía y su alianza con grupos paramilitares la que ha generado conflictos con las comunidades que quieren ejercer su derecho a la gestión y a la vida comunitaria? Es inevitable que mientras no haya una reforma integral de las fuerzas armadas que remueva sus cimientos, estas seguirán siendo las portadoras de la guerra contra las comunidades. Petro ve la pedagogía ciudadana como un asunto de acuerdos multitudinarios. La ciudadanía se entiende como un fenómeno masivo que enaltece mediáticamente los favores del sistema que representa, pero que, sin embargo, no representa la realidad de las comunidades.

El problema real es la doctrina de la seguridad nacional, que sigue intacta en Colombia desde las épocas de Marquetalia. Sin embargo, Petro que no piensa en tocar las estructuras de las fuerzas armadas ni su doctrina, ofrece llevar a las universidades a policías y soldados. En ese contexto sólo puedo ver dos cosas: una militarización disfrazada de las universidades y la promesa para la juventud colombiana, de que para estudiar tienen que volverse soldados y policías. Sospecho que el Estado policivo se hará más fuerte en Colombia.

En su discurso, Petro parece convencido del fin de la guerra y el tránsito a la democracia en Colombia. Así sigue el libreto de la paz establecido desde las esferas del poder, un libreto del que hace parte el premio Nobel de la paz para Santos y los estudios que afirman que Colombia es uno de los países más felices del mundo.

El Estado Nación, la democracia y lo político

La izquierda colombiana ha estrechado lentamente su horizonte utópico, al punto de reducirlo a la concepción que sólo se puede generar un cambio político por la vía electoral. La modernidad capitalista impuso el mandato del Estado-Nación y quienes no comparten la barbarie, el asesinato, la masacre y el genocidio como forma del ejercicio político, siguen viendo en ese Estado la posibilidad de una vida en paz. La modernidad capitalista ha colonizado fuertemente el pensamiento crítico colombiano y las organizaciones de izquierda, instaurando la noción eurocéntrica de democracia (liberal-burguesa) como centro de lo político y al estado como espacio natural de la disputa política. Entonces, la izquierda colombiana se ha adentrado lentamente en la ambición de gobierno mientras va perdiendo su contacto con la realidad de las comunidades. Esta ambición la mantiene dividida brincando alrededor de la cuota electoral, necesitando de las estadísticas para confirmar su existencia.

La idea del Estado liberal democrático, sin embargo, difiere en su condicionalidad histórica. Una cosa es el norte blanco colonialista y otra el mundo colonizado. La idea liberal europea del Estado transmuta en el colonialismo hacia la versión más rancia del Estado policivo. El Estado colombiano nunca ha perdido su alineamiento imperial con los Estado Unidos y Europa. Incluso, en décadas anteriores, cuando candidaturas progresistas con apoyo de la izquierda llegaron al gobierno en varios países latinoamericanos, en Colombia se consolidó un gobierno de la derecha reaccionaria, rancia y vomitiva. El Estado colombiano es un estado servicial al imperialismo y al capital internacional.

No creo que sea la participación electoral la que pueda remover algo al interior del Estado colombiano, sino el respaldo que desde los movimientos sociales pueda tener una candidatura. Por el momento las comunidades y movimientos sociales están siendo asesinadas, garroteadas, amenazadas, vilipendiadas por las fuerzas armadas y su contubernio con las bandas criminales paramilitares. Una candidatura popular estaría denunciando esa violencia y exigiría la reforma estructural de las fuerzas armadas. Mientras no se de esta reforma, los ejercicios político democráticos no podrán germinar en beneficio de las mayorías del país. El problema central de Colombia, es a mi parecer, la condición de propiedad que las castas dominantes de nuevos ricos y las oligarquías tradicionales ejercen sobre la estructura militar y represiva del Estado. El problema no consiste tanto en desarmar a las guerrillas, si no en desarmar a las clases dominantes y eso significa, desarmar al Estado.

Existen otras perspectivas de entender lo político, como nos lo muestran las experiencias del Kurdistán, el zapatismo mexicano y la minga indígena y campesina. En la región kurda de Rojava, en el norte de Siria, el movimiento de liberación kurdo aprovechó un momento en medio del conflicto sirio entre 2012 y 2013, para ocupar la institucionalidad abandonada. Entonces, estableció un sistema de gobierno, participación y autodefensa que involucraban y representaban a todas las comunidades e identidades étnicas, religiosas, sociales e igualmente se planteó la obligada representación paritaria de hombres y mujeres en los espacios de gobierno, participación y autodefensa. El lineamiento político-ideológico es el Confederalismo Democrático de Abdullah Öcalan, que reivindica la organización y autodeterminación comunitaria y desechan la idea de un Estado-Nación como ente regulador de lo político, pues éste reproduciría los mecanismos de opresión de los que queremos liberarnos.

Por su parte, en México, el movimiento zapatista lanzó una candidatura presidencial encabezada por una mujer indígena. Al zapatismo no le interesaba la presidencia, pues saben que en México las castas dominantes no van a dejar llegar un gobierno de interés popular, pero la campaña permitía movilizar el discurso, visibilizar unas prácticas concretas de las comunidades y generar situaciones de encuentro de comunidades para discutir lo político. La perspectiva era construir poder desde lo local, desde el ejercicio de autodeterminación, de reafirmación y autogestión.

Finalmente, la Minga Indígena y Campesina, como otra experiencia de construir lo político, también ha apuntado al protagonismo popular y al empoderamiento de “abajo hacia arriba”, con más vocación de poder (popular) que de Estado-Nación (liberal-burgués).

Mientras escuchaba algunas entrevistas, pensaba que Gustavo Petro vive en una burbuja, suponiendo que el Estado es un problema de hacer cuentas alegres. Tanto que habla del problema de los saberes debería mirar primero los saberes populares y ancestrales, y ponerlo en diálogo –en pie de igualdad–  con los universitarios. Escuchar a los indígenas que luchan contra el monocultivo, a las comunidades desplazadas por el Cerrejón o por los proyectos hidroeléctricos como “El Quimbo” en lugar de fantasear con la biotecnología y la inserción en el mercado internacional. Escuchar y aprender del pueblo es una manera de entender la política, que no está determinada por el valor de los votos. Se trata de construir poder comunal y popular, porque sin este no puede haber transformaciones estatales reales, se trata de fortalecer a las comunidades, de protegerlas de la violencia narco-paramilitar de las oligarquías colombianas y del Estado. Es necesario ir más allá de los lugares comunes y del mundo de las apariencias.

Salir de la prisión epistemológico-existencial de la modernidad eurocéntrica, del fetichismo de las mercancías y de las leyes. Ir “más allá” de recitar la mitología moderna, de hablar de economía clásica y presumir de biotecnología. Tenemos que alterar los pilares del poder de la casta bárbara que gobierna Colombia, afectar la esencia del Estado colombiano expresado en la Santísima Trinidad que el gobierno de Santos impuso para las negociaciones con las guerrillas: el modelo económico, la institucionalidad política y la doctrina militar. Afectar el fetichismo y la esencia contrainsurgente del Estado colombiano, sería la función de una candidatura de izquierda y popular y no aventar bombas de humo cubriendo la esencia de los problemas del país.
El problema de la violencia en Colombia no es un problema que se resuelva con desarmar a las organizaciones guerrilleras. La guerra en Colombia va más allá del conflicto con las FARC y el ELN. Y cualquier análisis serio de la situación de violencia va a demostrar que hay una agresión violenta contra las comunidades por despojarlas de sus territorios, por la apropiación de sus tierras, del agua, de los bosques, de las montañas, de los barrios, de los cuerpos y las mentes. Una candidatura popular estaría enfrentando esta guerra contra las comunidades y no jugando al ninja con bombas de humo.

Mientras Petro y la izquierda no enfrenten estos problemas de frente, sin miedos, sin dogmatismos, pero sin ambigüedades, no habrá horizonte de cambio en el país. Mientras esto no ocurra, Petro seguirá pareciéndose cada vez más a un culebrero que quiere explicar el mundo hablando de cuarenta mil cosas al mismo tiempo, muchas de ellas sin coherencia lógica y valiéndose de argumentos semi-ilustrados y universalistas. Petro, me atrevo a decir, es un “bocón” que a final de cuentas puede ser más funcional al proyecto neoliberal burgués que al campo popular. Por su parte la izquierda colombiana oficial, que no el campo popular, sigue encerrada en su ambición de gobierno y su poca vocación de pueblo. Nada nuevo en el país del sagrado corazón.

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*Felipe Polanía es educador artístico y exiliado colombiano en Suiza desde hace dos décadas.

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Todas las candidaturas presidenciales arrojan luces y sombras, esperanzas y dudas. La del colombiano Gustavo Petro no es la excepción y el autor de este artículo plantea algunas de las contradicciones que merecen ser puestas sobre la mesa para una propuesta más amplia de país. Un artículo polémico para un debate necesario. (Primera parte)

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Después de veinte años de estricto exilio europeo, he vuelto a interesarme y seguir algunas discusiones políticas en Colombia. El punto de partida fue una certera frase que escuché en la película brasilera Tatoo (2013) del director Hilton Lacerda: “El símbolo de la democracia es el culo, porque todxs tenemos uno”.

Entonces, he pensado las elecciones presidenciales y en la democracia colombiana, donde se ha desatado una gran parafernalia en torno a la supuesta confrontación entre la ultra-derecha de Iván Duque y la ultra-izquierda de Gustavo Petro.

Uribe no es el sistema

Se ha planteado que Iván Duque es sólo un títere de Álvaro Uribe Vélez, quien sería el que movería los hilos del poder y quien fácticamnete gobernaría si se concretara su triunfo. Incluso podría acudirse al psicoanálisis para ver sus intenciones cuando, luego de los resultados electorales de la consulta interna de la derecha, manifestara su felicitación a Duque por ser elegido “candidato a vice-presidente”.

El uribismo representa las ideas de la derecha ultramontana que ve al país como una gran finca controlada por gamonales que se valen de todo lo que tienen a su alcance para mantener el poder, desde la vulgar amenaza hasta la masacre. Se trataría, según parece en el debate mediático actual, de la encarnación del mal, aparentemente una excepcionalidad histórica con atributos o condiciones particulares.

Sin embargo, creer tal entuerto deja por fuera un análisis de clase, pues olvida que el uribismo representa sólo un factor de poder de las oligarquías y, por tanto, su destino no está ligado al boicot o desarrollo de la democratización del país. Baste señalar las relaciones “carnales” establecidas entre Uribe Vélez y los liberales Humberto De La Calle y Germán Vargas Lleras. El primero, le asesoró la reforma constitucional que favoreció su primera reelección, y el segundo, ofició como senador defensor de la “Política de Seguridad Democrática” de Uribe en las filas del partido Cambio Radical.

Es decir que, aunque para los intereses de la recalcitrante derecha mundial encabezada por Donald Trump, el uribismo sea funcional en la promoción del odio contra cualquier política de soberanía y autodeterminación latinoamericana –sea la Venezuela bolivariana o la Cuba socialista–, no puede perderse de vista que sólo representa una ficha en el ajedrez de la geopolítica imperial y, cuando resulte inútil, terminará desechado, como el nicaragüense Anastasio Somoza, el panameño Manuel Antonio Noriega, el chileno Augusto Pinochet o el peruano Alberto Fujimori. Así, su destino puede oscilar entre la limitación a su movilidad internacional, el encarcelamiento o la colaboración con los norteamericanos. Incluso, puede terminar como Álvaro Gómez Hurtado: de jeta contra el pavimento de su propia nación narco-terrorista-paramilitar.

La violencia recia y cruda que pueda representar el uribismo no es una excepción en la historia colombiana. Las oligarquías colombianas se han constituido históricamente en clase dominante acudiendo a los mismos métodos de Uribe que hoy parecen escandalizarnos: la difamación, el silencio obligado, la cárcel, el desplazamiento forzado y el exilio, la garrotera, la gritadera y los llantos desesperados, la puñalada a traición, el asesinato político, la desaparición forzada, los cortes “franela” y “corbata”, los desmembramientos, la tortura y la violencia sexual.

Desde la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la separación de Panamá (1903), pasando por la masacre de las bananeras (1928), la época de La Violencia (1948-1953), y la represión iniciada en la década de 1960 hasta el paramilitarismo y la reingeniería paramilitar con sus “casas de pique” y sus “falsos positivos” de las últimas cuatro décadas, las oligarquías han consolidado un estado moderno contrainsurgente, una máquina de muerte, que permite el control político territorial y gubernamental en las regiones y en el centro, y el desarrollo de un modelo económico de expropiación y usufructo de las tierras, la preservación de la propiedad, la profundización de impunidad y corrupción y el modelo de desigualdad. La violencia contra la población pobre es constitutiva del Estado colombiano.

El antagonista del pueblo colombiano, de la gente trabajadora y empobrecida, de las comunidades negras e indígenas, de las mujeres y las comunidades LGTBI es el Estado mismo construido por las clases oligárquicas. Este modelo, servil al capitalismo internacional europeo-norteamericano, puede ser definido como “orangutanes con sacoleva”, como decía Darío Echandía, o “democracia genocida” como lo llama el Padre Javier Giraldo. Cualquier persona que intente modificar las reglas de juego, por regla general termina asesinada o exiliada.

Petro no es de izquierdas

Entre 1989 y 1992, cuando el M-19 negoció la paz y la constituyente, yo estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. En ese entonces se había establecido el reino del dogma del anti-dogma, que llamábamos la “dictadura de la negociación”: quien no apoyaba el paradigma del final de la lucha armada era un dinosaurio anclado en la época de la guerra fría y el bloque soviético. La caída del bloque socialista y del muro de Berlín evidenciaba el final del comunismo y argumentar desde el análisis de clase y la alternativa del socialismo se convirtió en prueba irrefutable de un “dinosaurismo” político agudo.

Se decía que era un tiempo de renovación (y “fin de la historia”, según Fukuyama) y el desarme del M-19 vino a fortalecer ese dogma. Hubo actitudes hostiles de quienes proclamaban los nuevos tiempos, como la vez que Carlos Pizarro, otrora comandante guerrillero, se enfrentó en la “Plaza Che” de la Universidad Nacional, piedra en mano, con estudiantes que habían salido a protestar contra su visita en la calle 26. En aquella ocasión, escoltas del M-19 desenfundaron sus armas y hubo disparos. De ese nuevo furor, supuestamente antidogmático, surgió también una figura política como Angelino Garzón (ex-vicepresidente de Juan Manuel Santos y adherente a la campaña de Iván Duque).

Sin embargo, aunque esa época se mostrara arrogante, en el M-19 hubo siempre un entendimiento del antagonismo de clase que se recogía en torno a las figuras y ejemplos de Jaime Bateman Cayón, el “turco” Álvaro Fayad, Gustavo Arias Londoño (“Boris”), Carmenza Cardona Londoño (“La chiqui”), Iván Marino Ospina, Carlos Toledo Plata o Afranio Parra. A excepción de “La chiqui” todos murieron delatados. No pocas veces se escuchó, tras bambalinas, de una supuesta infiltración estratégica en el M-19 que desarmó la perspectiva radical antes de las negociaciones con el entonces presidente Virgilio Barco y que, probablemente, hubiese terminado con el asesinato de Carlos Pizarro. Valga la pena recordar una persona del M-19 que salió sin un rasguño de esa época: Everth Bustamante.

Gustavo Petro viene tratando de salirse de cualquier referencia que permita ubicarlo en la “izquierda” y para ello, en nombre del M-19 y como su heredero, ha desplegado una operación de reingeniería de la memoria colectiva y de la historia del eme que niega el discurso radical de clase que en un momento representó esa organización, adjudicándole un rol liberal-demócrata cuyo mayor logro y ambición fue la constitución de 1991.

El proyecto de Petro

Creo que el entusiasmo desatado por Petro radica fundamentalmente en ser una voz que acusa públicamente al uribismo. La gente valora que haya alguien que levante el dedo acusador contra la dictadura del terror, la mordaza y el asesinato. Otras personas, promueven la campaña con la convicción que, al final, se demostrará una vez más el carácter excluyente y corrupto del Estado colombiano; quizás el fraude electoral o el magnicidio político podrían llevar a un levantamiento popular.

He pensado, ¿qué pasaría en Colombia si ganara Gustavo Petro? Considero que el proyecto político de Petro no es de transformación social en beneficio de las mayorías populares, sino un proyecto liberal-populista que ve en las leyes del capitalismo la verdad suprema a seguir. En medio de la maquinaria del llamado “Posconflicto”, una presidencia de Petro puede contribuir a sellar la derrota estratégica del proyecto revolucionario colombiano. Un presidente supuestamente de izquierda, pero liberal y capitalista, desarrollista, que reforzaría el show del posconflicto al señalar que en Colombia ya no hay conflicto armado sino “facciones armadas que negocian con drogas” y advierte al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que lo combatirá como una banda narcotraficante si no se desarma por su cuenta. Un presidente supuestamente de izquierdas que mantendrá intactas a las fuerzas armadas y ayudará a seguir despojando a las comunidades campesinas e indígenas de sus territorios.

¿La tierra para quien la trabaja?

Petro asegura que su interés es utilizar las tierras incautadas al narcotráfico, los terrenos baldíos y las haciendas improductivas para producir tanta comida que, incluso, Colombia se insertará en el mercado mundial como potencia agrícola. Quiero referirme a tres problemas: el de la propiedad, el de la producción y el de la biotecnología.

En mi memoria retumban las ideas escuchadas en torno a la reforma agraria y la posesión de las tierras. Todas las historiografías respetadas ven en el problema agrario uno de los orígenes centrales del conflicto armado colombiano. Petro parece obviar la centralidad del problema del latifundio y la propiedad de la tierra, y los métodos violentos desatados para afianzarlos. En cambio, como si fuera un estudiante de primer semestre de la Universidad Externado de Colombia, pretende resolver la cuestión haciendo cuentas matemáticas entre hectáreas productivas, empleos generados y producción estimada. Aunque sus cuentas sean correctas, no creo que el problema de la tierra en Colombia se resuelva haciendo números imaginarios y creando locales comerciales que vendan mazorcas, panela o aguacates.

Un proceso para democratizar la producción agraria, que no de la tierra, como plantea Petro, puede contar de antemano con la violencia política de los gamonales y con la corrupción estatal como elementos constitutivos del proceso. No bastan las cuentas de trabajos generados por hectárea de tierra.

Por otra parte, dice que subirá los impuestos a los latifundios improductivos, lo que obligará a sus propietarios a dos posibilidades: poner a producir las tierras o sufrir la devaluación y venderlas al Estado. Cualquiera de las dos me parece bastante improbable en el país del Sagrado Corazón. ¿Será que los gamonales llamarán a los millones de campesinos y campesinas que expropiaron y desplazaron con la violencia a trabajar y producir en condiciones de dignidad en las tierras que antes les pertenecían?

Finalmente, ha afirmado que el problema de “la producción de comida no es de azadón sino de biotecnología”. ¿Qué quiere decir por biotecnología y cómo la vincula con la inserción (vía exportación) en el mercado mundial sin afectarla propiedad privada? En esta constelación, ¿quiénes tienen las mayores posibilidades de beneficiarse de esta política? Suponer que el problema de la tierra en Colombia es la industrialización, la producción de valor agregado y la inserción en el mercado internacional y no el azadón, es la ilusión del progreso capitalista y no es una postura nueva ni de interés popular.

Las fantasías de Petro son radicalmente opuestas a la postura agraria de las comunidades afrodescendientes e indígenas y sus luchas por la liberación de la Madre Tierra, que subordina la política agraria a la política comunitaria y territorial. Para ellas el problema es el monocultivo y el gran latifundio, y el territorio es el centro de la historia, de la memoria, de la identidad y de la vida comunitaria. Mientras que, para Petro, el problema es la producción industrial agrícola, igual si monocultivo, igual si latifundio. La Tierra es simplemente un bien productivo.

Un elemento interesante en su política pretende ser un giro de tuerca: las llamadas cooperativas agrarias. Supone que estas van a generar empresarios por todo el país, y que hasta el perro y el gato montarán su mercado y la riqueza va a florecer en las manos del campesinado. Con esta política cada habitante del campo será un granjero gringo, promete Petro. La promesa del milagro liberal chauvinista fue más o menos lo que Trump prometió a sus granjeros en su campaña electoral. Make Colombia great again, vote for Petro.

Desde hace mucho tiempo, en Cuba existe la política de cooperativas agrarias. En Venezuela también existe una política agraria que preveía un cambio gradual en la economía: del extractivismo dependiente del petróleo hacia la producción soberana de alimentos, tal como Petro promete que hará en Colombia.

Sin embargo, ni el agro cubano y ni el venezolano se volvieron una “mina de oro” de la economía mundial (como promete Petro que hará con Colombia) a causa de las agresiones económicas sufridas por parte del capitalismo internacional. La inserción en la economía capitalista mundial no se determina simplemente por el cálculo de bizcochos de achira que se puedan vender a miles de millones de personas en China, como prometía algún apóstol del neoliberalismo en los años 1995 y 1996 en Neiva. La inserción en la economía mundial de mercado neoliberal es una promesa vieja de la burguesía neoliberal. El rol de la tierra es definido por las instituciones y organismos multinacionales que rigen las reglas de la economía de mercado. Venezuela, por ejemplo, es importante para el mercado mundial por el petróleo y no por la venta de hallacas o arepas.

Contradecir esta jerarquía significa enfrentar una dinámica de agresiones del capitalismo internacional. Aunque a Petro no le guste, gran parte de la responsabilidad de la crisis económica que han vivido Cuba y Venezuela responde a la decisión política de favorecer los intereses de la gente trabajadora y empobrecida por encima de los intereses del capitalismo global.

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*Felipe Polanía es educador artístico y exiliado colombiano en Suiza desde hace dos décadas.

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Si por un momento diéramos crédito a las acusaciones de pertenecer a grupos armados contra prestigiosos y respetados líderes sociales (o, en ocasiones anteriores, contra reconocidos académicos o defensores de derechos humanos), ¿eso no legitimaría a las guerrillas? Un método inconsistente, cada vez más ineficaz.

Esta vez fue el turno del líder campesino Alberto Castilla, reelecto senador por el PDA, y del representante indígena a la Cámara, Germán Carlosama. El fiscal Néstor Humberto Martínez pidió a la Corte Suprema que los investigue por presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La acusación no aporta mayores elementos y los señalados no fueron notificados, tuvieron que enterarse por los medios de comunicación. La fiscalía, incluso, podría tener motivaciones revanchistas en el caso de Castilla: el senador, en rueda de prensa, expresó que tiempo atrás había llamado la atención sobre vínculos del fiscal Martínez con casos de acaparamiento de tierras, dando a entender que podría haber animosidad en la acusación.

´Modus-operandi´ desgastado

El método de pretender sacar de carrera a opositores políticos con acusaciones sin sustento no es nuevo: a lo largo de la historia padecieron ese tipo de persecución importantes figuras como Gerardo Molina Ramírez, tres veces representante a la Cámara; el respetado político e intelectual Diego Montaña Cuéllar, o el incuestionable exmagistrado y fundador del Polo, Carlos Gaviria Díaz. Más recientemente defensores de derechos humanos que se volcaron a la política como Alirio Uribe Muñoz o Iván Cepeda padecieron la misma saña acusatoria. En esos casos no pasó mayor cosa, aunque con Piedad Córdoba tuvieron mejor suerte: la exsenadora liberal perdió su curul en 2010 y fue inhabilitada por supuesta colaboración con las FARC.

Pero no se trata solo de quienes hacen oposición desde la política institucional. Los señalamientos contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, también por presuntos vínculos con las FARC, le valieron 2 años de cárcel sin importar que después haya sido declarado inocente. Entre los mencionados más arriba, Molina Ramírez fue, además de político, uno de los más respetados rectores de la Universidad Nacional y Montaña Cuéllar fue profesor y autor de diversos libros de derecho y sociología. Más recientemente, entre las 13 personas apresadas en Bogotá en 2015 con similares señalamientos había una prestigiosa abogada, un periodista y representantes estudiantiles muy queridos en el ámbito universitario. En Colombia, ciertas profesiones vinculadas al pensamiento crítico son perseguidas con igual intensidad de lo que sucede con la oposición política.

Un método que se vuelve contra los acusadores

La acusación sobre Castilla tuvo dos efectos inmediatos: el senador del Polo logró más visibilidad en canales de televisión, diarios y emisoras (a pesar de ser un dirigente con trayectoria, los grandes medios suelen ignorar a quienes defienden causas ajenas a sus intereses) y, por otro lado, se reactivó el pedido de investigación sobre los vínculos del fiscal Martínez, autor de la acusación, con los negociados de tierras que Castilla viene denunciando en defensa de los campesinos. Con la tranquilidad de que el señalamiento en su contra no pasará más allá de la bulla mediática, el senador bien puede resultar beneficiado de una acusación sin sustento.

Viendo los distintos casos de conjunto, hay otra reflexión que también deja mal parada a la estrategia acusatoria indiscriminada que aplican los personeros de la justicia que pretenden ver subversivos en toda causa popular.

Supongamos, por un instante, que tuvieran algún viso de realidad los presuntos vínculos de las personas señaladas con la guerrilla. Si así fuera, los acusadores tendrían un dilema: deberían decidir si insisten en presentar a la insurgencia armada como un puñado de narcotraficantes y secuestradores de ideas arcaicas y sin mayor interés que el de delinquir o, por el contrario, les reconocen a éstas un carácter político, ya que contarían con la adhesión activa de prestigiosos líderes sociales, legisladores con fuerte apoyo en las urnas, académicos, periodistas, abogados, etc. Aunque claramente no sea esa la intención, instalar esta última idea con señalamientos dudosos le hace un favor a la guerrilla.

Medios y rótulos

“Reviven dosier de ‘elenopolítica’” se apresuró a titular el diario El Tiempo en referencia a la acusación contra Castilla y Carlosama. “ELN, el nuevo enemigo”, rezó la nota de tapa de la revista Semana el 17 de febrero de este año.

Con el paso de las FARC de la lucha armada a la política legal, a los inquisidores del régimen les queda ahora el ELN como blanco de todas sus denuncias. A pesar de que la Mesa de Quito entre esta guerrilla y el gobierno inició el quinto ciclo de diálogos el pasado jueves, el destino de esas negociaciones es incierto, ya sea por la falta de avances como por el cambio de gobierno que tendrá lugar en pocos meses. Todo indica que el ELN no llegará a una instancia de acuerdo final en el corto plazo y, aunque el cese del fuego bilateral es un deseo de todo el movimiento social, sería realista esperar nuevos hechos de hostilidades fruto de la decisión gubernamental de negociar en medio de la confrontación.

Ante ese panorama, los sectores progresistas y de izquierda de Colombia no deberían dejarse amedrentar con este tipo de acusaciones, que seguramente no serán las últimas, conociendo el carácter de los agentes de la justicia que controlan fiscalías y juzgados. El caso de Alberto Castilla recogió inmediatamente la solidaridad de sus pares en el senado (además de las autoridades del Polo, que hicieron una defensa sin fisuras, Iván Cepeda y Aída Avella fueron quienes reaccionaron con más contundencia); también se solidarizaron cerca de 300 organizaciones sociales que firmaron una carta en apoyo a él y a Carlosama. Pero hay casos de líderes sociales menos conocidos que son detenidos, perseguidos o incluso asesinados en los territorios por señalamientos irresponsables de este tipo. Disponer la inmediata solidaridad, en cada caso, será una buena forma de no dejarse atropellar.

Aun con la incertidumbre respecto al resultado de las próximas elecciones presidenciales, los sectores progresistas y de izquierda incrementaron notoriamente su representación legislativa en las elecciones del 11 de marzo. Rodear a los referentes del movimiento social, especialmente cuando son atacados (de éste y otros modos más letales) será un buen método para consolidar las fraternidades necesarias en la izquierda, e ir por más.

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*Originalmente publicado en Lanzas y Letras de Colombia.

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La previsible continuidad 

Los resultados electorales reflejan la continuidad de la mayoría parlamentaria ligada al poder tradicional y a lo que representa: el latifundio, el extractivismo, la depredación ambiental, el clientelismo y el neoliberalismo.

Las grandes empresas electorales originadas en el viejo bipartidismo consolidan su poder en el Congreso. En el Senado los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, Conservador y de la U, suman 78 curules de 107 posibles[1]. En suma, se consolidan los grandes proyectos políticos a expensas de los pequeños partidos de derecha que emergieron en la década pasada, ya que Opción Ciudadana (que antes se llamaba Convergencia Ciudadana y luego pasó a llamarse PIN) desaparece del Senado. En Cámara esos grandes partidos tienen una mayoría más holgada, pues acumulan 144 curules de 175 posibles; a ese bloque se le pueden sumar las dos curules de Opción Ciudadana, la curul de Colombia Justa Libres y las dos curules afro.

Tal resultado no sorprende. Ante un sistema electoral con la tecnología de finales del siglo XX, sin voto electrónico, en el que priman el clientelismo y el dinero para hacer campañas, los poderes tradicionales logran una esperada continuidad. Ya no es necesario leer a Camilo Torres para decir que “el que escruta elige”, basta con leer la reciente entrevista a Roberto Gerlein, el más indigno símbolo de la política conservadora colombiana, un personaje que incluso sin participar en la contienda de ayer obtuvo más de 8000 votos. Gerlein resumió la realidad política colombiana en unas cuantas frases:

“El poder en Colombia funciona como en casi todo el mundo: lo detentan los muy ricos, los que controlan los medios… El poder político en un mundo capitalista como el nuestro está determinado por los intereses de quienes controlan los grandes capitales”

“¿Qué cambió, en su opinión, con la elección popular de alcaldes y gobernadores? Las campañas se fueron encareciendo”.

“La fuente del clientelismo es es la pobreza. El país es clientelista, todo el mundo necesita cosas y se las piden a quienes tienen la capacidad de lograrlas. Y hay clientelismo en todos los niveles de la vida colombiana. Desde los más ricos hasta los más pobres… El clientelismo se estructura por la ausencia del Estado y al Estado lo controlan los ricos”[2].

Así no es extraño ver los videos que muestran cómo la campaña del ahora liberal Rafael Escrucería, el heredero de la estirpe que ha saqueado a Tumaco por décadas, repartía plata en efectivo en ese municipio. O como en la sede de campaña de la recién elegida Senadora Aida Merlano, del Partido Conservador, encontraron $260 millones de pesos, cuatro armas sin salvoconducto y una pila de certificados electorales.

La sorpresa: un nuevo bloque alternativo 

La gran noticia de la jornada es la consolidación de un diverso bloque alternativo que se sitúa por fuera de los grandes partidos tradicionales. Los sectores alternativos, aquellos que no se alinean con Santos, Uribe o Vargas Lleras (los tres grandes electores en lo que va del siglo) se enfrentaban a un panorama muy difícil. Por un lado, aún cargaban con el peso de las derrotas anteriores, tras el triunfo del “No” en el plebiscito y los resultados de las elecciones locales del 2015, cuyo principal síntoma fue la pérdida de la alcaldía de Bogotá. Por otro, llegaban divididos al Senado en cuatro listas (Polo, Decentes, Verdes y el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y sin avizorar una alianza para las presidenciales.

La izquierda queda representada en el Senado con cinco curules para el Polo, cinco para FARC y cuatro para Decentes. El partido Verde logra la inesperada cifra de 10 Senadores y el MIRA vuelve a esa corporación con tres curules. Sumando la circunscripción indígena, tendríamos 29 Senadores que no provienen de los grandes partidos tradicionales. Un número muy importante para el contexto colombiano.

En Cámara los Verdes alcanzan nueve congresistas, mientras el Polo, Decentes y el MIRA logran dos cada uno. También fue elegido un Representante por la Coalición Alternativa Santandereana (Polo-ASI-Verdes) y dos Representantes de MAIS, uno elegido por Boyacá y otro por la circunscripción indígena, para un total de 18 Representantes alternativos.

Es una buena noticia el desempeño del Polo y de Decentes. No solo rebasaron el umbral, además lograron una representación destacada. En el Polo hay más continuidad que cambios; conservó sus curules al Senado, reeligiendo a Jorge Robledo, Iván Cepeda, Alexander López y Alberto Castilla; Senén Niño no logró la reelección y será reemplazado por Leonidas Gómez quien logró la segunda votación de ese partido. El Polo también conserva la curul a la Cámara por Antioquia, que ahora será ocupada por el ex diputado Jorge Gómez, y una curul en Bogotá, gracias a la reelección de Germán Navas.  Sin embargo, el Polo perdió una curul a la Cámara en la capital del país, la que ocupaba Alirio Uribe, quien fue uno de los mejores Representantes del período que termina y un ser humano ejemplar en todos los aspectos; una pérdida para el Polo, para la izquierda, y para todos los sectores democráticos.

Por la Lista de la Decencia llegan al Senado dos mujeres de mucha trayectoria, la ex concejala Aida Avella, histórica dirigente de la Unión Patriótica, y la Defensora de Derechos Humanos Gloria Flórez, quien hizo parte del gabinete de la alcaldía de Gustavo Petro. También llegan dos hombres extraños a la política electoral, Gustavo Bolívar, quien esperamos que sea mejor Senador que guionista de malas series televisivas, y Jonatan Tamayo, un trovador de Villavicencio. A Cámara llegan dos personas jóvenes, pero de trayectoria en las izquierdas y el movimiento de víctimas, María José Pizarro y David Racero, ambos por Bogotá.

En el Partido Verde se destaca la diversidad ideológica de las personas electas. Encontramos un sector a la izquierda donde se puede ubicar a Inti Asprilla (que tuvo casi 100 mil votos en Bogotá), al ex dirigente magisterial y ex Senador del Polo Jorge Guevara, a Antonio Sanguino, y a Juan Luis Castro, hijo de Piedad Córdoba. Más hacia el centro se ubican Antanas Mockus, Angélica Lozano, Juanita Goebertus, Sandra Ortíz y Katherin Miranda; digo que son de “centro” aunque yo mismo no tengo claro en qué consiste tal posición, y sin olvidar que una parte de este sector tiende a ser muy complaciente con el actual alcalde de Bogotá. No tan al centro se encuentran el ex ministro de Justicia de Santos, Jorge Londoño, o el Senador Iván Name, quien fue ponente defensor de las Zidres y cuya hija hace parte de la bancada en el concejo que apoya ciegamente a Peñalosa.

A pesar de los escándalos de su lideresa espiritual, la Pastora Piraquive, el MIRA hoy representa un proyecto independiente de los poderes tradicionales. Ese partido le ha hecho una consecuente oposición a Peñalosa en el Concejo de Bogotá, sus parlamentarios han sido bastante juiciosos y han apoyado las iniciativas de solución política al conflicto. Aunque puedan tener algunas posiciones conservadoras, representan un voto cristiano que no ha sido cooptado por Cambio Radical o por el uribismo.

Para terminar, destaco dos curules derivadas de la movilización popular. Por un lado, la merecida victoria de Feliciano Valencia en la circunscripción especial indígena, un luchador forjado en la minga y la carretera que no apoyaría una reforma tributaria neoliberal, como sí lo hizo su predecesor. Por otro, la llegada a la Cámara de César Pachón, el recordado líder del paro agrario de 2013.

La consulta de Petro y la lejana coalición presidencial 

Aunque no le guste a un sector del Polo Democrático, el resultado de la consulta entre Petro y Caicedo es una buena noticia para la izquierda. Petro pasó de encabezar las encuestas a lograr casi 2’850.000 votos, mientras la consulta en su conjunto ya rebasó la cifra de 3’364.309 tarjetones válidos. Tales cifras reflejan que, contrario a la opinión de ciertos politólogos de la radio, en Colombia se posiciona una emergente tendencia favorable a ideas democráticas y de izquierda. Al parecer el país no es tan godo como algunos suponen.

Sin embargo, aún no es clara la posibilidad de una alianza hacia la primera vuelta presidencial. Por un lado, diversas declaraciones de Claudia López y Jorge Robledo siguen enfilando ataques contra Petro, mientras otros líderes del Polo aún no plantean una posición clara; asunto curioso si tenemos en cuenta que buena parte de las bases del Polo prefieren a Petro que al candidato oficial de su partido. Por otro lado, vale recordar que Humberto De La Calle tiene una limitación objetiva para aliarse con Fajardo o con Petro. Según la ley 1475 de 2011 (artículo 7): “En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral”. No creo que los liberales deseen arriesgar esa platica.

La derecha

La palabra ‘uribismo’ significó en su momento un pacto entre tres sectores de clase: 1. La burguesía tradicional aliada del viejo bipartidismo; 2. Los representantes de la inversión extranjera y las empresas transnacionales; 3. Los sectores “emergentes”, ligados al narcotráfico, el paramilitarismo, o el contrabando, que consolidaron nuevos autoritarismos regionales.

Desde 2006 en adelante, esa alianza se fue fisurando hasta quebrarse por completo en el año 2010 con la elección de Santos. Desde entonces Uribe se rodeó de los sectores más fieles a su legado, los más cercanos a los terratenientes ganaderos y a personalidades ultraconservadoras. El uribismo de la etapa 2010-2018 estuvo más a la derecha que durante los gobiernos de Uribe. La oposición a los diálogos de paz, la retórica de la amenaza del castrochavismo y la ideología de género, o sus simpatías hacia Trump y la ultraderecha global alimentaron sus posturas. Sin embargo, en las elecciones del 11 de marzo fueron derrotados varios de esos ideólogos, pues no llegarán al congreso el militar Plazas Vega, el youtuber cristiano Oswaldo Ortíz, José Obdulio Gaviria, Claudia Bustamante o Leszli Kalli. Tampoco llegarán representantes de la ultraderecha avalados por otros partidos, como “el Patriota” o el esposo de la diputada Ángela Hernández.

Podría sostenerse que el Centro Democrático tiende a dejar de ser un nuevo partido de derecha extrema, para transitar hacia un viejo partido clientelista en el que tienen más peso los gamonales tradicionales que los ideólogos ultraconservadores. Tal tendencia podría respaldarse por los malos resultados de Ordóñez en la consulta de ayer. Sin embargo, la continuidad de María Fernanda Cabal, de Hernán Prada, María del Rosario Guerra, o Ernesto Macías y la llegada a la cámara de José Jaime Uscategui muestran que hoy el uribismo es algo mixto: clientelismo más ideología de extrema derecha.

Por último, aunque el uribismo hoy reclame una victoria en su consulta presidencial, el escenario no es tan favorable para Iván Duque por tres razones. Por un lado, no es claro que todos los votos de esa consulta vayan para Duque en primera vuelta; es más, la votación del Centro Democrático para Senado y Cámara fue inferior en 1,5 millones a la obtenida por Duque en la consulta. En segundo lugar, es cierto que Duque cuenta con su partido y con la opinión de derecha, pero Vargas Lleras tiene a un Cambio Radical en expansión, a la mayoría del Partido Conservador, a casi todo el Partido de la U y a un sector del Partido Liberal. No es casualidad que el Centro Democrático no obtuviera ningún Representante a la Cámara en el Caribe, terreno donde la maquinaria de Vargas Lleras y la opinión de Petro lucen mucho más fuertes.

Por último, lo más importante. No es buena señal que, a la hora de dar el discurso de agradecimiento por su victoria, Duque tuviera en frente a cientos de personas coreando el nombre de Uribe. El títere gordito entra entonces en una disyuntiva. Si no gana personalidad propia perderá fuerza en los debates presidenciales; y si la gana, lo verán como un traidor del titiritero.

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En resumen, aunque el poder clientelista tradicional se mantiene, un nuevo bloque independiente puede hacerle contrapeso. Parece que el país es menos conservador de lo que se supone y que nuevos liderazgos pueden contribuir a socavar ese viejo poder.

[1] Los cálculos de las curules posibles incluyen a las circunscripciones especiales y a las curules derivadas del acuerdo de paz. Por razones obvias no contabilizo al Senador que será electo en la contienda presidencial.

[2] “En Colombia, ricos y pobres son clientelistas: Roberto Gerlein” http://lasillavacia.com/silla-caribe/en-colombia-ricos-y-pobres-son-clientelistas-roberto-gerlein-64931

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*Publicado originalmente en La Siniestra.

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Este domingo se votó para elegir congresistas y los resultados dan un abre bocas de lo que será la elección presidencial a llevarse a cabo el próximo 27 de mayo.

En términos generales fueron unas elecciones donde se mantiene la tendencia en la correlación de fuerzas dentro de la Cámara de Representantes y Senado de la República. Las derechas (partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal y la Unidad Nacional) pierden curules, pero se mantienen con las mayorías en el Congreso; Álvaro Uribe resultó el candidato más votado con 866.176 de los 2.475.878 sufragios (16,45%) que recibió su partido, el Centro Democrático, logrando 19 curules. Cambio Radical, partido del exvicepresidente y candidato a la Presidencia, Germán Vargas Lleras,  obtuvo 2.110.283 (14,02%) para 16 curules, siete más que las que tenían desde 2014. La Unidad Nacional (colectividad del presidente Santos) pasó de 21 curules a 14, el Conservador cerró con 15 y el Liberal con 14 de los escaños.

Por su parte, la Alianza Verde, llegó a las 10 curules con 1.305.042 votos (8,64) y el Polo Democrático Alternativo (PDA) mantuvo las cinco con las que cuenta actualmente tras obtener 729.700 votos (4,83%).  El líder popular campesino del movimiento Congreso de los Pueblos se mantiene dentro del Congreso de la República al haber llegado a más de 27.000 votos integrando el PDA. Poro otro lado, la Lista de la Decencia recuperó el escaño de la Unión Patriótica (partido de izquierda exterminado en los 80’s y 90’s) con Aida Avella y posicionó a figuras políticas como Maria José Pizarro y Gustavo Bolívar del ala progresista. A su vez, resalta la permanencia de Iván Cepeda en el Congreso y la elección del líder indígena Feliciano Valencia. Dentro de los “quemados” de la derecha está el senador y exasesor presidencial de Uribe, Jośe Obduliio Gaviria, y de la izquierda el abogado Alirio Uribe del PDA, reconocido defensor de Derechos Humanos.

Cabe señalar que es la primera vez que la FARC participa en elecciones como partido político desde que firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional, obteniendo como resultado 51.939 votos. En todo caso, tras el Acuerdo, la FARC tiene aseguradas 10 curules en el Congreso (5 Senado y 5 Cámara).

De las 36 millones de personas que podían votar concurrieron más de 16 millones, 2 millones más con respecto a 2014.

Consultas interpartidistas y elección presidencial

Gustavo Petro superó los 3 millones de votos en la consulta que disputaba con Carlos Caicedo. Por su parte, Iván Duque superó con más de 4 millones de votos a Alejandro Ordóñez y Martha Lucía Ramírez, quienes tras conocer los resultados se unieron a su campaña. Petro ha manifestado no tener garantías de seguridad e impuestas limitaciones económicas para su campaña. Cabe recordar que hace una semana intentaron asesinarlo en la ciudad de Cúcuta mientras intentaba cumplir con la agenda de campaña, quedando los vidrios blindados impactados por balas de fuego.

En la jornada predominaron las denuncias por las irregularidades para las consultas interpartidistas, como lo fueron la falta de tarjetones o la compra de votos. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral no cuentan con legitimidad ciudadana, pues están vinculados a casos de fraude electoral, además de tumbar la revocatoria que los bogotanos organizaron para retirar del cargo al alcalde Enrique Peñalosa. En todo caso el resultado ratificó a Duque y a Petro como candidatos presidenciales, quienes se enfrentarán a Sergio Fajardo (Coalición Colombia), Humberto De la Calle (Liberal) y Germán Vargas Lleras (Cambio Radical). Petro ha sido insistente en concretar una alianza con De la Calle y Fajardo, pero estos, mientras se acercan entre sí, se niegan a confluir en el programa de la Colombia Humana.

Después del senador Uribe, los candidatos más votados fueron Antanas Mockus de la Alianza Verde y Jorge Robledo del PDA, con 537.527 y 224.619 votos respectivamente. En teoría, estos votos estarán repartidos entre Fajardo y Petro en la primera vuelta presidencial del próximo 27 de mayo.

No deja de ser preocupante la impresentable cantidad de votos que obtuvo Uribe y su partido, pues son conocidas las cientos de investigaciones a nivel nacional e internacional por posibles vínculos con crímenes de lesa humanidad, además de un largo prontuario con sus más allegados familiares y colegas que se encuentran presos o prófugos por delitos que oscilan entre la promoción de grupos paramilitares, nexos con el narcotráfico, seguimientos ilegales a opositores políticos bajo su gobierno, manipulación de testigos, corrupción, entre otros. No obstante, lo que pueda hacer Petro representa una esperanza para quienes no quieren la continuidad del modelo político actual, un modelo dirigido por familias ricas, togas untadas y cuellos blancos.

Las próximas semanas serán de agitación, propaganda de todo tipo y habrán nuevas estrategias, así como alianzas y rupturas. Podemos repetir las conclusiones fatídicas de costumbre o reconocer que estamos ante una posibilidad histórica que puede llevar al país hacia otros destinos.

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