Por Verónica Cabido para La tinta | Fotos: Colectivo Manifiesto

El fragmento pertenece a un cuento de Ursula K. Le Guin, “Los que se alejan de Omelas”. La narración describe un bucólico pueblo de ensueño en el que todo es perfecto y próspero, donde reina la belleza y la felicidad de todos sus habitantes. Sin embargo, la felicidad y la perfección aparente de ese idílico pueblo se sostienen a costa del perpetuo padecimiento de un niño, al cual mantienen confinado en el inhumano sufrimiento de una sucia y oscura celda.

El valor más preciado en estos tiempos en que reina la precariedad de la vida es la seguridad. La agenda pública no escapa a esa demanda, la cual, en materia penal, suele reducirse al pedido de más mano dura, penas efectivas y rigurosas. Si nos propusieran imaginar cómo sería un pueblo utópico, sin duda, muchos lo describirían como un lugar seguro.

En la segunda parte del debate presidencial, el primer eje temático fue la seguridad. Y fue José Luis Espert, candidato a presidente por el Frente Despertar, quien mencionó, por primera vez en todo el debate, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. “Delito de adulto, pena de adulto”, sentenció categórico. Sin embargo, la propuesta dista de ser novedosa. Año tras año, resurge el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil. Espert también se refirió al garantismo como una corriente ideológica que es necesario combatir e identificó, sin nombrarlo directamente, a Eugenio Raul Zaffaroni como principal exponente de la tan demonizada doctrina (“La doctrina de ese… no me acuerdo, ese ex juez argentino, y sus fans…”).

Como si de “la subversión” se tratara en tiempos de terrorismo de Estado, como si las criminologías críticas fuesen ese “exceso de pensamiento” tan peligroso que preocupaba a Julio Barri, ministro durante la dictadura militar. Los delincuentes y el garantismo, Zaffaroni y sus “fans”, la falta de cárceles, el mito de la puerta giratoria, todos erigidos como los principales causantes de la inseguridad.

En los datos arrojados por el ultimo informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), podemos ver el predomino de jóvenes en las clases sociales excluidas. De este modo, en el creciente predominio de los procesos de exclusión por sobre la inclusión, encontramos la emergencia de una subclase de excluidos que está cada vez más compuesta de gente joven.

Según el informe presentado por la UCA en junio de este año, en los últimos años, la pobreza infantil aumentó y hoy afecta al 51,7% de los niños, niñas y adolescentes del país. El informe expone, además, que, de ese 51,7% de adolescentes y niños que viven en la pobreza, un 10,2% de ellos son indigentes. Y el 63,4% de los niños y adolescentes del país se ven privados de al menos un derecho fundamental, ya sea en materia de vivienda, saneamiento, salud, estimulación, educación, información o alimentación. Este fenómeno, la infantilización de la pobreza, se profundizó en los últimos años, alcanzando hoy su nivel más alto en la última década. ¿De qué seguridad hablamos? ¿Seguridad para quienes?

En este contexto de estado social debilitado y predominio de los procesos de exclusión es donde hay mayores riesgos de incremento de la violencia punitiva. En “Las cárceles de la miseria”, Loic Waqant explica cómo a mayor debilitamiento del Estado social, aumenta y se fortalece el Estado penal. A mayor exclusión, mayor represión. En palabras del autor, la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia distópica del Estado penal. O en palabras más simples: la miseria y la extinción del Estado social tienen como contrapartida directa y necesaria la grandeza y la prosperidad insolente del Estado penal.

Las demandas recurrentes en materia de seguridad han penetrado las agendas de todos los gobiernos, cristalizándose en numerosas reformas del ordenamiento jurídico, principalmente, de contenido penal. En el corriente año, Mauricio Macri envió al Senado el anteproyecto de reforma del Código Penal, de fuerte corte punitivista. Incluso al margen del Código Penal, se han sancionado leyes especiales de contenido penal: en 2017, se aprobó la reforma de la Ley de Ejecución Penal (24.660) que limita considerablemente el acceso a los (mal llamados) beneficios a personas condenadas por delitos graves.

El hecho de que todas estas reformas de recrudecimiento de penas con frecuencia no tengan como resultado una baja en las tasas de delitos no impide que ciertos sectores sigan insistiendo obstinadamente en la vía punitiva como el único camino posible para mitigar una creciente inseguridad.

Sousa Santos señala que, en estos contextos, el Estado penal se desenvuelve con un doble criterio de acción estatal, como una suerte de Jano bifronte, un rostro social mira a los sectores medios para los cuales actúa como protector y de manera democrática, mientras el rostro punitivo arremete contra los sectores más excluidos, donde actúa de manera violenta y represiva, como un Estado predador. Como decimos en tantas oportunidades, no son pibes peligrosos, son pibes en peligro, porque los jóvenes que pertenecen a los sectores sociales más empobrecidos son quienes están más expuestos a la selección criminalizante, a conocer solo el rostro más violento y punitivo del Estado.

Este fenómeno es conocido como la selectividad del poder punitivo. El concepto ha sido abordado por la criminología crítica y, particularmente, en Argentina, ha sido desarrollado por Eugenio Raúl Zaffaroni. En el proceso de selección criminalizante, señala, se distinguen dos etapas: la criminalización primaria, en la cual el legislador proyecta la punición en abstracto, que, conforme al principio de igualdad, está destinada a alcanzar a toda la población, y la criminalización secundaria, en el cual las agencias ejecutivas seleccionan personas concretas sobre las que ejercen el poder punitivo.

Podemos concluir que, mientras el proceso de criminalización primaria alcanza, en principio, tanto a los sectores altos y medios como a los más excluidos, la criminalización secundaria alcanza solo a estos últimos y particularmente a los jóvenes. Esto no quiere decir que las infracciones a la ley penal solo se den en los sectores empobrecidos, como a veces erróneamente se insinúa tanto desde la derecha como desde el progresismo, ni que las personas de las clases medias y altas adecuen sus comportamiento a lo que el ordenamiento jurídico espera de ellas.

Las infracciones a la ley penal se dan, con diferentes particularidades, en toda la sociedad, pero el poder punitivo alcanza con más facilidad y se despliega con mayor crueldad sobre las zonas más empobrecidas. Esto que sucede con los adultos, quienes se encuentran por encima de la edad de imputabilidad, sucedería con los menores, quienes serían alcanzados por el poder punitivo como si fueran adultos.

Como afirmó Espert: “Delito de adulto, pena de adulto”. Así es como, una vez más, vuelve a resonar la recurrente y poco original propuesta, tan perjudicial como poco efectiva para combatir la inseguridad: la baja de la edad de imputabilidad y su previsible consecuencia: que los jóvenes pertenecientes a las esferas de la sociedad más desventajadas, con menos acceso a derechos sociales o económicos, serán los únicos alcanzados por el proceso de criminalización secundaria. Enfrentándose el rostro más despiadado del Estado, el rostro punitivo.

Una ampliación en la punibilidad, bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años, significaría permitir que sean más, y cada vez más chicos, los jóvenes alcanzados por el sistema penal y a sus desastrosas e irreversibles consecuencias en el cuerpo y en la psiquis de cualquier persona, más aun, un adolescente.

A modo de cierre circular y volviendo sobre los primeros pasos de este artículo. Aun sabiendo que ninguna de esas políticas de recrudecimiento de las penas repercute en una baja de los índices del delito, y en el hipotético caso que así fuera y suponiendo que, efectivamente, encerrando a todos los jóvenes que consideramos peligrosos para nuestra seguridad lográramos vivir en la más quimérica tranquilidad de Omelas, el bello pueblo de Ursula K. Le Guin, nos encontraríamos frente a un dilema ético: ¿Está justificado moralmente que nuestra seguridad se construya sobre la inseguridad de otros, sobre el sufrimiento de miles de jóvenes? ¿Por qué valdría más nuestro bienestar que su sufrimiento?

Al final del cuento, relata que, a medida que los ciudadanos de Omelas tienen la edad suficiente, son llevados a conocer la verdad, es decir, el hecho de que el bienestar de su pueblo se sostiene en el sufrimiento de ese niño. En un inicio, todos se sienten tristes y conmocionados, aunque, con el tiempo, lo aceptan, lo justifican o, incluso, lo olvidan. Sólo un minúsculo grupo no se siente dispuesto a que se sostenga esa injusticia a cambio de su felicidad. Incapaces de tolerar esto, abandonan la idílica ciudad.

“El lugar a que ellos se dirigen es un lugar incluso menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad.
No puedo describirlo del todo. Pero ellos parecen saber a dónde se dirigen, los que se alejan de Omelas.”

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Trascender lo electoral

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Luego de participar en una actividad contra el linchamiento de un pibe que había robado un celular, por parte de vecinos “indignados” en Córdoba, el grupo de fotógrafos Colectivo Manifiesto recibió amenazas a través de las redes sociales.

Es el Estado, claro. Son los medios hegemónicos de comunicación. Las “lógicas de temor y control” de las que habla Esteban Rodríguez Alzueta. La ciudad enrejada, el mundo “domos” que aparece en las canciones de la banda de rock Besadores enjaulados. Pero también son los microfascismos que circulan horizontalmente. Una suerte de “fascismo molecular”, rudimentario, que organiza los valores hegemónicos de nuestra sociedad, que puede verse expresado en esa “voluntad de linchamiento” que recorrió ciertos rincones de nuestra patria en los últimos tiempos, y que no puede ser pensado sino en el marco de cierto imaginario colectivo, de la encarnación de un nuevo mal, de un demonio post-dictatorial, que es la expresión sincera y descarnada de una violencia poblada de prejuicios y amasada en infinidad de conductas, de comentarios y silencios cotidianos, sobre el que se monta una ideología claramente de derecha, pero también, donde anida cierta indiferencia que se expresa luego en sentido común, el más común de todos los sentidos, como alguien dijo alguna vez. Sentido común que es puesto en cuestión cada vez que una porción de nuestro pueblo se organiza, y lucha por cambiar la situación en la que se encuentra.

Una cooperativa de carreros, una ocupación de tierras donde se construyen viviendas, un proyecto de trabajo autogestivo, una escuela tomada por sus estudiantes, una jornada cultural para exigir Justicia por un pibe asesinado por la policía en un caso de “gatillo fácil”, una audiencia judicial donde se pone en juego la impunidad, una feria agroecológica, un encuentro de medios de comunicación popular, una marcha contra los femicidios… una diversidad de dinámicas del movimiento social que se viene produciendo en Córdoba, desde abajo y a la izquierda, ha sido registrada, documentada por un grupo de fotógrafos de la provincia: el Colectivo Manifiesto. Allí estuvieron ellos, también, hace unos días, para decir “Nunca Más”. En este caso, a los linchamientos.

Y llegó lo inesperado. Lo indeseado. Esta vez, no la represión, no el apriete del Estado, que en Córdoba de todos modos vienen siendo moneda corriente. Pero no. Esta vez pasó que “simples ciudadanos” comenzaron a hostigarlos en su muro de Facebook. Mensajes agresivos, insultos y amenazas, según describieron en su último “posteo”, en el que aclaran que los han puesto “en alerta”, y obligado a escribir unas líneas, en las que cuentan que luego de publicar unas fotografías sobre un episodio ocurrido en la zona norte de la ciudad de Córdoba, “el linchamiento de un joven que había robado un celular y fue cazado por un grupo de vecinos indignados, atado a un poste y asesinado a patadas”, se produjo en la mencionada red social virtual “un debate sobre vida, justicia, propiedad y derecho”. Eso, en un primer momento.

Pero luego los comentarios subieron de tono, y los mensajes empezaron a llegar “por privado” a su cuenta. “Nunca quisimos con nuestras imágenes justificar un ladrón, sino dar cuenta del deterioro desastroso de las relaciones que hoy tenemos en nuestra sociedad. Mostrar lo absurdo que es quitar una vida por un teléfono”, expresan en el comunicado, en el que no se hacen los distraídos respecto de lo que sienten, lo que piensan, el lugar en el que se encuentran a la hora de captar una imagen. Por si quedaran dudas, lo explicitan: “Es verdad, tomamos partido, no somos imparciales frente a las injusticias y no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras a los de abajo se nos estigmatiza, criminaliza y asesina por ser de abajo. Los culpables verdaderos de estas injusticias nunca son cuestionados ni perseguidos a patadas por vecinos indignados”.

En diálogo con este cronista, uno de los integrantes el grupo aseguró que ya se han puesto en contacto con abogados de derechos humanos para avanzar en las acciones legales correspondientes hacia todos aquellos que, desde sus cuentas de Facebook, los han agredido, en la búsqueda por resguardar su trabajo y su integridad física.

Lejos de amedrentarse, los “Manifiesto” aseguraron que seguirán con su trabajo tal como lo vienen haciendo, con igual o mayor compromiso y convicción. “Vamos a continuar retratando la realidad que nos toca, intentando generar imágenes que cuestionen e interpelen, fotos que sensibilicen y ayuden a reflexionar, que dialoguen y construyan. Desde los sentires, las alegrías y los dolores de nuestro pueblo. Desde abajo, bien de abajo. Sin que nadie nos intimide por eso. No vamos a tolerar que se nos proponga tanta muerte, seguimos eligiendo que nuestras fotos sean vida y esperanza, que nuestras fotografías sean parte del mundo nuevo, justo y libre que soñamos”, rematan en el texto.

Estas amenazas no tienen muertos, ni heridos que lamentar. Esperamos –este cronista así lo espera– que así continúe. Asumiendo una posición que no es individual sino expresión de un sentir colectivo, que más allá de nombres puede rastrearse en todos aquellos que, desde el activismo contrahegemónico, intentamos contribuir a la “batalla cultural” para cambiar esta sociedad, decimos que no tenemos empacho en asumir y defender las posiciones más “garantistas” que puedan asumirse y defenderse en el actual contexto del país, para que las libertades democráticas básicas sean respetadas, tanto por las instancias del Estado como por los “ciudadanos”, que a un lado y otro del sistema institucional se ven tentados muchas veces de sortear lo que consideran “obstáculos legales”. Pero también decimos: Ojo. Piensen muy bien lo que van a hacer. No estaremos aquí, como corderos, esperando a que nos vengan a agredir. No nos dejaremos matar “como a un perro”, según expresó ese magistral narrador que fue Franz Kafka. No. Erigiremos las barricadas simbólicas que sean necesarias para afirmar: la violencia institucional y los microfascismos no pasarán.

Es sólo una advertencia. Y si les falta imaginación, recuerden la teoría del búmeran. Y si no la conocen, escuchen los dichos populares. Uno de ellos dice: “todo lo que sube, baja”. Y otro, más a tono con lo sucedido: “donde las dan, las toman”.

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