Por Luciana Mignoli*

1. Ahora, represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu del Lago Mascardi, Bariloche, donde ultimaron por la espalda Rafael Nahuel en noviembre de 2017. La comunidad mapuche envía audios desesperantes. Cuentan que la policía cortó la ruta para que nadie se acercara, que rodeó el lugar por patrulleros, que prendió fuego una cabaña y que está disparando contra las familias.

Prendo la tele y hablan de “aparentes mapuches”. El zócalo es lapidario: “Denuncian a mapuches por terror”. Medios nacionales y locales vienen hace días instalando la idea de que la comunidad era “violenta”. Porque esas represiones no aparecen de la nada: siempre están ahí los discursos periodísticos para preparar el clima que garantice luego la represión sobre esos cuerpos.

2. Un diario de Buenos Aires titula una nota sobre el preocupante nivel de indígenas “quom” infectados con Covid 19 en las afueras de Resistencia. Primero, no existe el Pueblo “Quom”, es Qom. Para que un título salga, no pasa solo por quien escribe la nota: ahí hay una larga cadena de desconocimiento y maltrato.

En la nota básicamente, arguyen que “el hermetismo de los habitantes potencia las dificultades para contener la expansión del Covid”. Claro, la culpa es del Pueblo Qom, por herméticos. Hablan de “endogamia” y que es difícil “lidiar con esa idiosincrasia”. “Si no fuera por los indicadores que salen de los barrios, en Resistencia estaríamos bien”, dice un funcionario y deja en evidencia que en su sueño racista existe un mundo sin indígenas.

3.- Hoy me entero de otra niña indígena que fue forzada a ser madre. La violaron y no tuvo acceso a una interrupción legal del embarazo. Estallo de bronca. Imagino a una niña con una beba en brazos. Pienso que una parte de los feminismos ha podido gritar “No nos callamos más”, pero de la práctica del “chineo” y del abuso sistemático que sufren niñas y mujeres indígenas es algo de lo que todavía no se habla demasiado.

Represión, discursos estigmatizantes, desconocimiento de las naciones y territorios indígenas, falta de acceso a derechos.

El genocidio indígena se actualiza constantemente y, aún en pandemia, goza de muy buena salud.

Publicado originalmente por Colectivo Al Margen

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Por iniciativa de las organizaciones que componen el Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se firmó un acta de acuerdo, con siete puntos, para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas se vienen vaciando de contenido. Cada vez hay menos profesionales idóneos para la contención de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se realizan acuerdos corporativos que transfieren la concesión de los negocios vinculados al Cerro Catedral para su explotación. Entrega de los recursos más represión, la fórmula que se repite.

Fuerzas de (in)seguridad

En Bariloche, la violencia que ejercen las fuerzas de (in)seguridad contra las niñas, niños y adolescentes no es nueva y se profundiza. Hace pocos días, estudiantes de la Escuela Amuyén de Bariloche, en el km 7 de Pioneros, denunciaron que fueron agredidos mientras esperaban en la parada del colectivo.

Tal como consignan desde el Colectivo Al Margen, esta semana, por iniciativa de organizaciones sociales, se logró consensuar un acta de acuerdo de siete puntos destinados a terminar con la violencia institucional e implementar políticas públicas. El mismo se originó en la sesión ampliada del Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en la sede de la Fundación Gente Nueva del barrio Virgen Misionera. A esta institución concurren los y las adolescentes que denunciaron violencia institucional el viernes pasado a manos de personal policial de la comisaria 27 de Melipal.

El acuerdo compromete a la obligatoriedad de la identificación del personal policial, la apertura del Centro de Atención y Derivación de adolescentes demorados, la formación de la policía en perspectiva de derechos humanos, la presencia del ministro de Seguridad Pérez Esteban y el compromiso para la atención psicológica de los chicos que fueron golpeados, entre los más destacados. El acta lleva la firma de la Legisladora oficialista Silvia Paz, el Comisario de la regional tercera Daniel Bertazzo, el Comisario Ricardo Fuentes de la Jefatura Zona 1 de esta ciudad, el Defensor de Menores Javier Ospital, de Jimena Palópoli delegada del área de Derechos Humanos, Carlos Sánchez, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad y la directora de la Senaf en Bariloche, Daiana Salussoglia; además de las organizaciones y demás miembros del Consejo de Infancia local.

Los padres de las y los jóvenes agredidos por el personal policial, que se encontraban presentes, enfatizaron sus quejas contra este accionar de las fuerzas de (in)seguridad, al tiempo que denunciaban que esta situación produjo que “sus hijos no estén viniendo a la escuela, ni quieran salir de su casa porque tienen miedo”. Al mismo tiempo, en la sesión del Consejo se destacó que se han reducido la cantidad de psicólogos. El efecto es la falta de contención en situaciones como la sucedida y tantas otras. La violencia institucional tiene como contenido concreto prácticas de estigmatización, represión y criminalización de las infancias y jóvenes de los sectores populares.

Allí, frente a los funcionarios de gobierno, organizaciones sociales, concejales y referentes gremiales se pronunciaron contra la ausencia de políticas públicas para los sectores más vulnerables. El 14 de mayo será la próxima sesión del Consejo de Infancia y fue convocado el titular de la cartera de Seguridad provincial Gastón Pérez Estevan y la titular de la Senaf Roxana Méndez para abordar la implementación del Centro de Atención y Derivación de Adolescentes.

Sombras de Bariloche

Bariloche es la ciudad más grande de la provincia de Rio Negro y con mayores denuncias por violencia institucional. Desde hace dos años la violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes se viene incrementando, hasta con denuncias de torturas en comisarías, como la de la Comisaría 42 del Barrio 2 de Abril.

Tal es la violencia policial que a partir de la cantidad de casos que se vienen sucediendo,  desde el año pasado el Movimiento de Infancia implementó un Registro de Violencia Institucional para facilitar que las y los jóvenes y adolescentes puedan hacer denuncias en los barrios, ya que por temor no se animan a acercarse a la Fiscalía. La violencia institucional en los barrios de Bariloche tiene nombre: detenciones irregulares, torturas, hostigamiento por parte del personal policial. Algunos de los barrios donde denunciaron son Virgen Misionera, Nahuel Hue, San Francisco, Unión, Malvinas, Abedules, 28 de Abril, Villa Llanquihue y 10 de Diciembre.

Negocios corporativos

Mientras la policía reprime y hostiga a niñas, niños y jóvenes de los sectores populares, en Bariloche se cocinan negocios.

En los medios locales se pudo leer una noticia que pasó prácticamente desapercibida a nivel nacional, y que muestra la misma lógica en los distintos lugares donde el Pro tiene diferentes alianzas de gobierno. Sin licitación previa se aprobó la extensión por 38 años del contrato de concesión sobre la explotación del cerro Catedral. A pesar de las 3354 firmas pidiendo el referendo y las irregularidades del proyecto se aprobó con la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche (JSB) y el PRO. Vecinas y vecinos se hallan movilizados para juntar firmas que impulsen una consulta popular.

Este contrato de concesión del área Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. hasta el año 2056 beneficia no sólo con la concesión del área sino que además conlleva un megaemprendimiento inmobiliario que implica una transformación de la naturaleza en paisaje urbano. La llamada modernización llegó hasta las montañas para quedarse.

Mientras, en Bariloche se firma la paz con la policía para que no siga reprimiendo a las y los pibes, con un acuerdo donde uno de los puntos destacados y consensuados hasta por las cúpulas policiales es que los efectivos lleven identificación.

Las fuerzas de seguridad no paran de darnos ejemplos, que se han intensificado en los últimos dos años. En Rio Negro, la historia que compromete a las fuerzas lleva las marcas de nombres como Daniel Solano y Lucas Muños (en Bariloche) entre otros. El más reciente y triste ejemplo lleva el nombre de Rafael Nahuel, ajusticiado por la espalda por la prefectura en Villa Mascardi (Bariloche).

La zona patagónica se halla a merced de la voracidad de los negocios corporativos sin frenos y sin límites por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales que se benefician con acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo. Mientras tanto la fórmula sigue siendo la misma: represión, criminalización, meterle miedo a los sectores populares como único modo de seguir haciendo negocios. Las organizaciones y movimientos comunitarios parecen constituir el recurso para poder frenar las violencias institucionales cotidianas.

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