Radiografía de José Manuel De la Sota, la máxima figura de la política cordobesa, quien falleció en un accidente de auto el 15 de septiembre pasado. Su afán de ser el nuevo líder del país dejó a la provincia de Córdoba en la deriva.

Fue alrededor de las ocho de la noche. Viajando a 170 kilómetros por hora, su vehículo quedó incrustado contra un camión. Su cara quedó irreconocible. En aquella ruta 36, que conecta las dos principales ciudades de la provincia de Córdoba –ciudad capital y Río Cuarto– pereció el último caudillo cordobés. Tres veces gobernador. Que no quería ser gobernador. Quería ser Presidente. Córdoba solo fue su mesa de operaciones.

José Manuel de la Sota (1949-2018) esperaba que en su provincia pudiera cimentar un proyecto político, económico y social nacional. Pero, más que nada propio, diferente de la demás alternativas. Al ganar su tercera gobernación en 2011, proclamó el nacimiento del “Cordobesismo”. Un planteo semejante al que había lanzado el primer gobernador cordobés pos-dictadura, Eduardo Angeloz, al sostener que Córdoba era una isla. E incluso hoy en día se la piensa así a Córdoba, como una isla. En particular, por los batacazos que viene teniendo el bloque Cambiemos a la hora de recibir el aluvión de votos por las tierras de la rebeldía sindical y estudiantil.

En realidad, Córdoba nunca fue una isla. Y De la Sota nunca pudo crear algo propio. La provincia siempre quedó abierta a los fenómenos que arribaban en nuestro país. De la Sota realizaba diagnósticos, pero su ambición electoralista, de corto plazo, le dificultaba llegar a un certero pronóstico. El ego mató al estadista.

En su estadía en Brasil como embajador entre 1990 y 1992, De la Sota unió trazos con los expertos en el marketing político. Así, el publicista Joao Santana debutó por fuera de la frontera brasileña y arribó en las campañas del Gallego para gobernador de cara a 1998, con el eje principal de la reducción del 30 % en los impuestos. Hoy Santana está condenado por el escándalo del Lava Jato, donde se lo encontró una cuenta offshore con un depósito de más de 7,5 millones de dólares. Su esposa dijo que esa era la comisión que recibió para el armado de las campañas de De la Sota.

Un privatizador serial

Al iniciar su primer mandato (1999-2003), el futuro caudillo calibró los impuestos inmobiliarios y lanzó todo un plan al que hasta el día de hoy se denominó un “menemismo tardío”. Pretendió privatizar empresas estatales como la eléctrica EPEC, donde había trabajado el sindicalista Agustín Tosco. El descontento social de 2001 contra privatizaciones y bancarizaciones frustró sus planes.

De ahí que lanzó la construcción de una seguidilla de Agencias que rodearan la administración pública, que continúan funcionando hoy en día, siendo amparados jurídicamente como ONG’s y no como secretarías del Estado. Además, unificó las dos cámaras legislativas en una unicameral, convirtiéndola en un poder legislativo que le ha garantizado la aprobación de casi todas las iniciativas oficialistas.

De la Sota duplicó la cantidad de hectáreas sembradas de soja transgénica. Pasó de 2,5 millones a más de 5 millones. Según la periodista Karen Braun, de Thompson Reuters, Córdoba fue el sexto distrito que más produjo soja a nivel mundial, pero en la campaña anterior. Hoy, por la sequía, bajó estrepitosamente al puesto 12.

El campo se convirtió en la actividad con mayor crecimiento en una Córdoba que se caracterizaba por su dinámica industrial. De hecho, a la localidad de Cruz del Eje, abandonada por el desguace de las líneas ferroviarias, el gobernador les prometió que volverían las industrias. En lugar de eso, construyó una prisión. Es allí donde al fragor de las luchas piqueteras en 2000, el flamante gobierno tuvo que lidiar con la cabecilla Viviana “La Negra” Avendaño, piquetera, hippie y lesbiana. Curiosamente, murió también en un siniestro vial en una ruta. De ahí que flote la posibilidad de que se haya tratado de la primera asesinada política de De la Sota.

De la soja y agroquímicos

Durante sus tres gobiernos, De la Sota jamás actualizó el valor de las parcelas rurales y, por ende, el campo pagaba el impuesto inmobiliario rural con cifras desactualizadas. Hablamos de una fórmula que venía en los primeros años de la Convertibilidad, anterior a las devaluaciones y el incremento de la divisas.

La dispersión de los agroquímicos ha sido polemizada a partir del surgimiento de distintos problemas de salud, como el caso mundialmente conocido del Barrio Ituzaingó Anexo, con la particularidad de que las víctimas son vecinas de una gran área urbana. Hoy en día se calcula que hay una veintena de localidades cordobesas que han aplicado sus propios resguardos ambientales.

La expansión sojera empujó la actividad ganadera intensiva hacia al norte, donde los desmontes están a la orden del día. Entre 1998 y 2006, Córdoba padeció la mayor tasa de deforestación de todo el país. Y de 1998 a 2002, su índice (- 2,93% anual) fue peor que la que padeció el Amazonas en Brasil.

Mientras las hectáreas de soja se expandían, De la Sota recibía 215 millones de dólares del BID con el afán de erradicar las doscientas villas de la ciudad capital. Estos fondos fueron invertidos para la creación de doce “barrios-ciudad”, construidos en la periferia de la ciudad. Hasta el día de hoy, la lejanía de esos barrios-ciudad genera complicaciones a sus habitantes en materia de servicios básicos como transporte, salud, trabajo entre otros, sin mencionar el incremento de la violencia social.

La bandera de la “Tolerancia cero”

Si la reducción de impuestos fue su principal arma, la seguridad fue su nueva jugada en la Argentina pos 2001. Bajo las movilizaciones por Axel Blumberg, en el segundo mandato de De la Sota (2003-2007) se propiciaron medidas legales y prácticas basadas en el fortalecimiento de la fuerza policial, sobre todo con la llegada del sangriento motín del penal de San Martín en 2005.

El Manhattan Institute fue la asociación encargada de otorgar los consejos necesarios bajo la filosofía de la Tolerancia cero. De allí, se lanzaría el Código de Faltas (Nro. 8.431) para la seguidilla de detenciones arbitrarias, con la finalidad de otorgar una imagen al vecino testigo de que la policía actúa como corresponde, mientras los números de estadísticas por detenciones iban creciendo, en resguardo de un mayor financiamiento a las cúpulas policiales.

Mientras De la Sota trataba de mostrarse ante el país como el gobernador que más luchó por la seguridad, los casos policiales proliferaron y su involucramiento se volvió explícito: el triple asesinato en un asalto a una pizzería del Barrio Jardín del Pilar (2004), el asesinato de Nora Dalmasso (2007) y la desaparición de Facundo Rivera Alegre (2012), entre otros.

Todos casos llevados a la Justicia, por las pruebas recolectadas por el comisario Rafael Sosa, un policía que justo obtuvo los testigos en reserva para llegar a las condenas. Años después, Sosa ascendería a titular del área Drogas Peligrosas y sería condenado por el escándalo de los narcopolicías.

Para su tercer gobierno (2011-2015), estaba convencido de que tenía que mantener su plan. Bajo las órdenes del jefe de policía Julio César Suárez, se libraron operativos de saturación o razias, donde se allanaban distintos barrios de manera simultánea, con el fin de mostrar su operatividad frente a los medios. Hoy Suárez está condenado por la justicia por haber amenazado a un periodista.

Según CORREPI, entre 1999 y 2017, en Córdoba hubo 321 casos de pibes asesinados por la policía.

La “autonomía policial” llegó al momento culmine en diciembre de 2013 –el denominado “3-4-D”– con el acuartelamiento policial por un reclamo salarial. La ausencia de policías en las calles cordobesas desencadenó una serie de saqueos a centros comerciales, que a su vez llevó a una serie de barricadas y linchamientos contra todo aquel que resultara proclive a ser un asaltante. Fue el Fear West comechingón: vecinos y vecinas a los palos y tiros.

Remando por un sueño

Fue en ese momento, en el que De la Sota veía derrumbándose su propio proyecto. Sumado a la saturación de los conflictos ambientales en la provincia, en particular con la frustrada inversión de Monsanto en Malvinas Argentinas y luego con las trágicas inundaciones en Sierras Chicas en febrero de 2015, fruto del crecimiento incontrolado de las manchas urbanas que no filtraron las aguas, el gobernador no esperaba más que concretar su mandato y avocarse sólo a las campañas presidenciales.

Por eso, reformó su gabinete en 2013-2014, permitiendo la entrada de sectores pejotistas más disimiles y jóvenes. Pero ya era demasiado tarde. Sus principales focos de votos se pasaron hacia el lado del macrismo. En particular, el sector rural concentrado, al haberse actualizado recientemente el valor de las tierras por la quita nacional de retenciones (del cual una parte se la quedaban las provincias) y el freno por la reforma de una ley provincial de bosques, resistida por organizaciones de distintos puntos de la provincia, debido a que iba a generar más desmontes. El voto férreo cordobesista terminó diluyéndose en Cambiemos.

Después de 2015, De la Sota no quería saber más nada de su tierra. Sólo quería ser presidente. Vio ante sus ojos el colapso propio de todo un modelo de ejercicio gubernamental aplicado durante veinte años. Por eso, decidió tratar de estar en la agenda nacional como empresario textil y conductor de televisión.

Como saldo, dejó una sociedad infestada de odio de clase y caída en el hiper-consumismo, a tal punto que realizó obras vistosas como la construcción de un inútil Faro Luminoso en pleno centro de la capital y la remodelación de la Cárcel del Buen Pastor en un paseo-shopping con locales comerciales de alta categoría.

De la Sota dejó estas tierras sin formar nuevas cabezas herederas. Su empecinada obsesión por la Presidencia dejó abandonada toda una tierra, quedando en el olvido su proclama por un régimen tributario justo, cuando la presión fiscal se duplicó en diez años. Donde más de la mitad de las y los jóvenes están bajo la línea de pobreza y que a su vez las dos terceras partes nacieron en este período delasotista, donde el tamaño de hogares en el Gran Córdoba es mayor que la del Gran Rosario, y casi el doble de fondos que reciben en ayuda social, develando la precariedad laboral y la desocupación reinante en estas familias.

Más que un Sarmiento, un Alberdi o un Perón, De la Sota fue el Dr. Víctor Frankenstein. En su anhelo por ensamblar piezas para generar algo con vida, construyó un monstruo que terminó destruyendo, chocando con sus propios sueños.

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Con la ausencia del PRO y el voto en contra de los dos bloques unipersonales de la izquierda, el oficialismo de Unión por Córdoba aprobó ayer en la Legislatura el Nuevo Código de Convivencia provincial, que suplantará al Código de Faltas, repudiado por 20.000 personas hace semanas, durante la 9° Marcha de la Gorra. Apoyos del kirchnerismo, los radicales y una fuerte presencia policial acompañaron la jornada de ayer.

Con un gigantesco operativo policial afuera, que incluyó un camión autobomba y la presencia de personal de Bomberos, la Unicameral aprobó ayer, en la sesión número 41 del 137 período legislativo, el denominado “Nuevo Código de Convivencia” provincial, que suplantará al cuestionado Código de Faltas.

La iniciativa del oficialismo contó con el apoyo del resto de los bloques, con excepción del MST-Nueva Izquierda y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Unión por Córdoba (UPC) logró de este modo cerrar un proceso de intensos debates parlamentarios, que incluyó audiencias públicas donde la sociedad civil expresó su disconformidad, y dejar aprobado así al nuevo gobernador Juan Schiaretti un proyecto que fue criticado y repudiado por distintos sectores sociales y políticos, quienes ayer se movilizaron por el centro de la ciudad, y arribaron hasta la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Dean Funes, donde un vallado policial impidió el paso de los manifestantes.

El palacio

El presidente del bloque de UPC, Sergio Busso, destacó el trabajo conjunto realizado por el oficialismo y la oposición y valoró los cambios aportados por el socialista Roberto Birri, quien caracterizó al nuevo código como un avance, que “le quita el poder de juzgamiento a la Policía”, y aporta a todos los contraventores, desde el primer momento del procedimiento, que tengan un abogado defensor. Para Birri, se va a restringir así, severamente, una de las principales herramientas del abuso policial, que es la detención preventiva, que pasará de un máximo de 48 horas a 8 horas. Si bien sostuvo que el nuevo código “no es lo ideal”, aseguró que hoy, “es lo posible”. Liliana Montero, ex jefa de la bancada del Frente Cívico, actualmente reelecta legisladora por el Frente para la Victoria, rescató el trabajo realizado “junto a distintos sectores sociales, políticos, académicos y territoriales para lograr un instrumento que si bien no es el ideal, va a impedir que 70 mil jóvenes sean detenidos arbitrariamente y, al mismo tiempo, contemple que aquel que cometa faltas será sancionado”.

Desde la izquierda votaron en contra del proyecto y participaron de la movilización. Tanto Laura Vilches, del FIT, como Luciana Echeverría (dirigente del MST que asumió como legisladora el 21 de octubre pasado, ocupando la banca de Marta Juárez, tras su fallecimiento el día 13 del mismo mes), afirmaron que el reclamo social que se viene expresando es por la derogación del Código de Faltas (ambos bloques presentaron proyectos legislativos en ese sentido), y no por su modificación. “Las modificaciones son cosméticas y demagógicas”, apuntó Vilches, quien señaló además que tanto De la Sota como Schiaretti necesitan “una juventud estigmatizada para dividirla del resto de los sectores populares que seguramente nos encontraremos en las calles luchando por nuestros derechos frente al ajuste que se viene”. Echeverría, por su parte, argumentó que el nuevo proyecto sigue siendo “discriminatorio, represivo y, además, inconstitucional” y aclaró que, si bien se “saca a la policía del medio”, no se pone en discusión a una institución que “está fuertemente cuestionada”.

La calle

Con la consigna “Ni Código de Faltas ni Código de Convivencia: Basta de Estado Policial”, numerosas organizaciones sociales y políticas marcharon ayer desde el cruce de Colón y General Paz hasta las inmediaciones de la Legislatura. El Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), la Coordinadora Antirepresiva, La Poderosa y el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos fueron algunos de los grupos presentes. Además estuvieron el MST, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el PTS. Se movilizaron también el Encuentro de Organizaciones, el Movimiento Popular Patria Grande, Izquierda Revolucionaria y otras expresiones de izquierda. “El Flaco” del FOCCOF aseguró ante este cronista que el nuevo código seguirá siendo una “herramienta de control social” y destacó el hecho de que este año, a diferencia del anterior, no se hayan realizado en la Legislatura audiencias públicas, y que pasadas las elecciones distintos legisladores que no quisieron “quemarse” durante la campaña electoral, haya dado el “visto bueno” al proyecto oficialista.

“El Código de Convivencia propuesto mantiene el carácter antipopular con el que fue concebido el código vigente. La reforma criminaliza las herramientas de lucha que nos damos día a día quienes luchamos por más salario, por acceso a la tierra y condiciones de vida digna. Cercena el derecho a huelga para aquellos/as trabajadores/as que garantizan servicios esenciales como salud, educación y transporte. Convierte en contravención algunos legítimos métodos de lucha y reclamo popular”, apuntaron desde la organización de la protesta. Para Sergio Job, abogado de la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza y referente del Encuentro de Organizaciones, en términos generales, la iniciativa del oficialismo “fortalece el estado policial” que se vive en la provincia.

Apoyo crítico

Si bien no firmaron el documento, compartieron la protesta algunas expresiones del kirchnerismo, como el Movimiento Universitario La Bisagra y la Juventud de Nuevo Encuentro (NE). En diálogo con este medio, Lucía Galara (NE), subrayó el hecho de que, con el nuevo código, seguirá sucediendo que muchos jóvenes no puedan ir a trabajar o a estudiar porque se los detiene al salir de los barrios en los que viven. “Es una modificación cosmética que no toca la matriz represiva del anterior código”, subrayó la joven militante, quien aseguró que si bien habrá mejoras respecto de las condiciones de detención, no se pone el foco en cómo evitar que haya la cantidad de arrestos que comete la policía a diario, sobre todo de aquellos jóvenes de los sectores populares. Faustina Ramírez, de La Bisagra, aclaró que si bien no firmaron el documento de los organizadores de la marcha y vienen trabajando un modelo contravencional alternativo, se movilizaron porque consideran que el nuevo código sigue conteniendo figuras anticonstitucionales que “estigmatizan, persiguen y reprimen a los sectores populares”. Aunque caracterizó que el nuevo código puede permitir mayor control de las organizaciones sociales y de derechos humanos sobre las detenciones arbitrarias, consideró que el Código de Faltas “es un emblema de las macropolíticas de seguridad de una provincia regida por un Estado policial”.

El Nuevo Código de Convivencia, que suplantará al Código de Faltas, entrará en vigencia desde el 1 de abril de 2016.

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La Marcha de la Gorra invita a salir a las calles no sólo en la masiva movilización, sino en actividades que se extienden durante semanas previas. Contrarrestar el Código de Faltas que rige hoy en la ciudad de Córdoba, repensar los lugares de las y los sujetos en la sociedad… una serie de reflexiones antes de la marcha de miércoles.

(A Esteban Rodríguez Alzueta)

“Sujeto-sujetado”, nunca tan a tono como aquella vieja definición para pensar nuestros modos de habitar la ciudad actual. Los modos que nos autoimponemos, en el mejor de los casos, pero también los que nos marcan desde el poder. “Marcar la cancha”, sostiene un antiguo refrán popular. Y de eso se trata también el capitalismo contemporáneo (financiero y territorializado): estamos sujetos a una estructura que no se sostiene solamente en la economía (trabajar), y en la política (votar los mejores representantes), sino también en una serie de costumbres que implican la distención, la diversión y el ocio (cada vez menos creativo).

En ciudades como Córdoba (aunque no sea la excepción de la Argentina, por más esfuerzos que el gobernador José Manuel De Sota venga haciendo para que lo creamos), regida por una lógica de “policialización” –de ocupación “militar” del territorio por parte de la policía–, a las típicas costumbres que nos sujetan (modelo familiar y de pareja, de amistades, etcétera), se le deben sumar las nuevas costumbres que los de arriba imponen a los de abajo.

Si aquello que el filósofo Baruch Spinoza denominó como pasiones tristes implica “separar a un cuerpo de lo que puede”, el Código de Faltas no es más que una expresión descarnada de estos afectos. Por eso tal vez la Marcha de la Gorra puede ser pensada como un ejercicio de despliegue en el territorio, que pivotea sobre las pasiones alegres de los colectivos movilizados. Trazar líneas de fuga, salirse de la norma que rige el modo de transitar la ciudad implica, entonces, gestar nuevos espacios-tiempo.

Porque los códigos anclan. Reglan los lugares. Fijan los cuerpos. Anudan a los sujetos a una lógica determinada (pre-determinada). Los devenires, por el contrario, trazan líneas desde las cuales es posible huir a las cuadriculas que los de arriba intentan todo el tiempo imponer para reglar nuestras conductas, para limitar nuestra imaginación.

Devenir imperceptible es una apuesta por gestar nuevas cartografías, trazar nuevos recorridos, conjurar los impedimentos que el Estado, a través del Código de Faltas, nos impone en la circulación por la ciudad. Se trata entonces de imaginar modos de interrumpir la “normalidad” de nuestra cotidianeidad.

Pensar-sentir-imaginar-crear una nueva cartografía donde desplazarse, ya no de un punto fijo a otro, sino experimentar nuevos modos de ser y habitar, el tiempo, el espacio, los afectos. Algo de eso se intentó gestar en la ciudad de La Plata, cuando hace unos años el grupo La Grieta propuso desarrollar esa iniciativa que llamó “La muestra ambulante”.

Algo de eso se viene gestando en Córdoba en torno de la Marcha de la gorra, no sólo con las masivas y creativas movilizaciones de cada noviembre, sino también en torno a sus actividades previas, cada vez más, más numerosas y más intensas.

Este miércoles 18, mientras el ballotage del domingo comience a ocupar con mayor intensidad la agenda pública del país entero, por las calles que alguna vez transitó Agustín Tosco, tal vez seamos capaces de abrir una vez más una brecha en el estado de cosas existente y contribuir a sumar un elemento más al proceso de resistencia y transformación.

Marcha de la Gorra: miércoles 18 de noviembre, 17 horas en Colón y Cañada, ciudad de Córdoba.

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