Por Claudia Korol

El viernes 6 de diciembre se suspendió una Audiencia Pública convocada en el Congreso argentino por el bloque de diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U). La actividad tenía como fin informar sobre la Campaña Internacional por la libertad de Abdullah Öcalan, líder del pueblo kurdo encarcelado en Turquía desde 1999, y visibilizar la situación de las comunidades kurdas en Siria en un contexto de escalada guerrerista. La suspensión, según se informó, fue resultado de presiones de la Cancillería argentina.

El pueblo kurdo, compuesto por aproximadamente 45 millones de personas, habita una región dividida entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Su lucha por la autodeterminación y el reconocimiento de su identidad enfrenta históricamente la represión de los Estados en los que se encuentran. En Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan ha implementado políticas represivas contra los kurdos, encarcelando a líderes políticos, activistas y miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Abdullah Öcalan, fundador del PKK, es una figura central en este movimiento. Desde 1999, se encuentra detenido en condiciones inhumanas en la prisión de la isla de İmralı, en Turquía. Su propuesta política, conocida como “confederalismo democrático”, promueve la convivencia pacífica entre etnias y géneros, desafiando al sistema capitalista.

Presiones externas y denuncias

Luciana Mariel, directora de diplomacia del Congreso, notificó la cancelación de la actividad a los diputados del FIT-U. Para Vanina Biasi, diputada del Partido Obrero (PO) y una de las gestoras de la audiencia, esta suspensión evidencia una injerencia externa: “Es obvio que intervino directamente la Embajada de Turquía para impedir que se realizara esta acción. Esto muestra que tenemos un gobierno y una conducción de la Cámara de Diputados absolutamente postrados a intereses políticos y extranjeros”.

Biasi también vinculó la cancelación con una política sistemática de censura: “Impiden con métodos antidemocráticos la libre expresión, no solo de la población en general, sino también de los propios diputados y diputadas”, manifestó. En este contexto, la legisladora resaltó que exigirán explicaciones a las autoridades de la Cámara y buscarán el pronunciamiento de otros diputados y diputadas.

Por su parte, Nicolás del Caño, diputado del PTS en el FIT-U, calificó la decisión como un acto de censura inédito en el Congreso: “Teníamos planificada esta actividad con las Mujeres del Kurdistán y nos encontramos con esta prohibición. Rechazamos firmemente esta resolución y nos pronunciamos por la libertad de Öcalan y de los más de 10 mil presos políticos kurdos”. Además, agregó que “las bancas del Frente de Izquierda están a disposición de la lucha contra la persecución y por el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo, como planteamos también en un proyecto que presentamos esta semana”.

La respuesta en las calles

A pesar de la prohibición, las organizaciones involucradas se autoconvocaron frente al Congreso y realizaron una conferencia de prensa. Para Carlos “Sueco” Lordkipanidse, integrante de la Plenaria Memoria, Verdad y Justicia, la calle se convirtió en el lugar natural de la lucha: “Estamos acostumbrados a dar nuestras luchas en este espacio. No lograron silenciarnos, al contrario, nos hicieron un favor. Esto que iba a ocurrir entre cuatro paredes ahora tiene mayor visibilidad”.

Lordkipanidse también destacó el carácter internacional de la campaña: “Esta es una campaña que ya reunió más de 500 firmas de organizaciones y personalidades. Se pide la solución política del conflicto en Kurdistán y la libertad de Öcalan, quien lleva 26 años preso. Es una situación grave que refleja la alianza del gobierno argentino con regímenes genocidas como el de Turquía”.

La lucha kurda como inspiración

María Elena Naddeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se sumó al repudio, señalando que esta acción demuestra un deterioro democrático: “Estamos perdiendo la democracia y el Estado de Derecho. Esto se asemeja a las peores prácticas de las dictaduras militares”. Además, destacó el rol transformador de las mujeres kurdas en la resistencia: “Las mujeres del Kurdistán son un ejemplo de lucha contra el fundamentalismo económico, por una sociedad donde varones, mujeres y diversidades convivan en libertad”.

Desde el Movimiento de Mujeres de Kurdistán, una de sus representantes reflexionó sobre el rechazo a la actividad en el Congreso argentino: “Este acto de censura refleja las presiones globales contra el pueblo kurdo. Abdullah Öcalan representa la voluntad de 45 millones de personas, y su detención es parte de una estrategia de exterminio y negación de derechos. Sin embargo, la solidaridad internacional mostrada por los movimientos feministas argentinos y organizaciones de derechos humanos nos fortalece en esta lucha”.

De distancias y cercanías

La decisión del Congreso Argentino de impedir la audiencia pública por la libertad de Öcalan es funcional al orden mundial prohibicionista y negacionista. Este orden busca obstaculizar la construcción de solidaridades entre pueblos en lucha y silenciar experiencias revolucionarias como la de Rojava, donde las mujeres kurdas lideran un modelo de resistencia y autogestión. Hoy, este territorio enfrenta una guerra genocida que intenta destruir su ejemplo transformador. Sin embargo, las organizaciones populares continúan encontrando caminos para informarse y resistir, porque la paz en Medio Oriente es esencial para la paz mundial.

En la actualidad, asistimos a dos genocidios brutales: en Palestina y en Kurdistán. Estas tragedias son parte de una estrategia que busca naturalizar el horror y adormecer la sensibilidad frente a otras injusticias, como las que afectan a los pueblos originarios en Abya Yala. Estas políticas responden al negocio de la guerra, las invasiones y la ocupación de territorios, siempre al servicio de unos pocos dueños del poder mundial.

El gobierno de Javier Milei se alinea con este orden internacional subordinado a potencias como Estados Unidos, Israel, Turquía y Europa. Su política nacional prioriza los intereses de estos actores sobre la vida de los sectores populares y la protección de la naturaleza. Frente a esta realidad, el desafío es recuperar la capacidad de respuesta y acción, resistiendo la degradación de la política y las mal llamadas democracias que se han convertido en regímenes autoritarios y decadentes.

La lucha pasa por permanecer en las calles, abrazar a los pueblos en resistencia y levantar sus banderas en todos los rincones del mundo. Se trata de construir puentes de solidaridad, multiplicar la palabra verdadera y pintar en las paredes la palabra Libertad. Libertad para Öcalan y para todas las personas encarceladas por luchar, venciendo el aislamiento y la soledad que intentan imponer.

Source

El martes 12 de noviembre, el Tribunal de la Cámara del Crimen de Charata, Chaco, bajo la Presidencia de Juan Carlos Clauter, integrado por las vocales de segundo y tercer voto, Andrea Fabiana Sánchez y Patricia Lorena Cimbaro Canella, decidió la absolución de los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa, Carlos Agustín Diaz, quienes persiguieron, hostigaron, torturaron y mataron a Leandro Bravo, el 26 de Febrero del 2022.

Por Claudia Korol* | Fotos del juicio: Pablo Capra

Al momento del crimen, Leandro Bravo, de 37 años, estaba por recibirse de abogado. Tenía dos hijos pequeños, Santi e Isa. Santi, que hoy tiene 16 años -tenía 14 entonces-, estuvo atento a la sentencia, y luego escribió en sus redes: “Hoy, en el día de la sentencia, me siento profundamente indignado y decepcionado. Todo el juicio fue una mentira, una vergüenza, que nos dejó con un sabor amargo en la boca. A pesar de la evidencia contundente presentada, resulta incomprensible que no se haya podido acusar a los cuatro asesinos de mi papá.

Es una injusticia que duele profundamente y me llena de bronca. ¿Cómo es posible que la justicia no haya sido justa? ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que han fallado a mi familia y a la memoria de mi papá? Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis tías, abuelos, y a la gente de Pañuelos en Rebeldía, que han estado siempre junto a mi familia, luchando incansablemente por la justicia. Su apoyo y solidaridad han sido un sostén para nuestras heridas.

Aunque hoy nos duele, no nos rendiremos. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia. A los responsables de esta injusticia, les digo que no pueden silenciarnos. No pueden hacer que olvidemos. La memoria de mi papá vive en nosotros y seguirá siendo un faro que guíe nuestra lucha por la verdad. Estoy orgulloso de mi familia y de todos aquellos que han luchado junto a nosotros. Juntos, seguiremos adelante, sin perder la fe en la justicia y en la humanidad.” Estas palabras contundentes, expresan con claridad el descrédito que va ganando la mal llamada justicia, frente a la juventud y a un pueblo que carece de ella. Nos muestra de qué modo aprenden los jóvenes a no creer en la “justicia”, en estos tiempos en los que los tribunales se han vuelto cuevas de crueldad, de mentira, de apañe al poder.

Florencia Sánchez, una de las hermanas de Leandro Bravo, decía luego de la sentencia a los medios de comunicación locales: “Siento muchísimo dolor y muchísima impotencia, porque lo que acá ocurrió fue que asesinaron a una persona, y eso parece no ser relevante para este tribunal, que hizo un recorte totalmente parcializado de las pruebas que constaban dentro de la causa. La ciudadanía tanto como ustedes, no tuvieron la posibilidad de acceder a las pruebas testimoniales, pero nosotros como familia sí. Hay filmaciones de las audiencias, que deberían ser públicas, para que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió.”

En la sentencia, se tergiversa en muchos tramos lo que se dijo en los testimonios. Continúa Florencia: “Betty es una vecina que se acercó amablemente a nosotras, la familia, para contarnos que Leandro le fue a pedir ayuda, que ella salió a socorrerlo, y le ofreció agua. En la sentencia dieron otra versión. Dicen que Betty le tenía miedo y que fue ella quien llamó a la policía. Eso es totalmente falso, no es real, es la versión policial. Fue dicho por la propia testigo en una de las audiencias. Es más, en la sentencia se dice que la familia de Leandro Bravo, posiblemente haya persuadido a la testigo para que revierta su primera denuncia. Cuando la policía la fue a buscar para que denunciara a Leandro, le hicieron firmar una denuncia redactada por el oficial Fleitas, y ella dijo en la audiencia que la firmó porque tuvo miedo.”

Además de estar plagada de tergiversaciones, en la sentencia también hay una descalificación permanente tanto a Leandro como a su familia, a la que estigmatizaron diciendo que habían “abandonado a su hijo y hermano, porque él “estaba drogado, alcoholizado, viviendo en situación de indigencia”. Preguntada por los periodistas locales Florencia respondió: “En este pueblo todos sabían que Leandro estaba en una situación de consumo problemático. Como familia hemos tratado de acompañarlo durante años como pudimos, como supimos, con las herramientas que teníamos y con las que no. Porque el sistema de salud no está preparado para acompañar, cuidar y proteger a quienes están en situación de consumo. Leandro durante cinco años luchó con este flagelo, entró y salió de rehabilitación muchísimas veces. Pero … ¿abandonado por la familia? Eso no es verdad.

El día del asesinato Leandro llamó a sus hermanas, nos pidió ayuda, tenía miedo de la policía que lo estaba siguiendo. Cinco años atrás él había sido detenido y golpeado brutalmente por la policía, y quedó con mucho pánico después de esa situación. Pero no se trata solamente de Leandro. Hay muchos pibes en Charata que fueron golpeados y torturados por la policía. Hay también muchos chicos afectados por situaciones de consumo problemático. Yo trabajo en la salud pública. Hay un montón de pibes que llegan en este tipo de situaciones, y el sistema de salud no responde. Muchos pibes llegan golpeados por la policía, en el contexto de detenciones legales, cuando se supone que dentro de un procedimiento, si una persona está cometiendo un delito, hay que detenerlo pero siempre con dignidad. Hay que respetar la condición humana. A Leandro lo golpearon, lo torturaron, lo quemaron, lo asfixiaron, y lo llevaron muerto a un hospital”.

La sentencia parece dirigida a condenar a Leandro Bravo y a su familia, y no a los policías que lo mataron. Por eso se encargó también de estigmatizar los testimonios de las y los testigos, e incluso de las profesionales altamente calificadas que hicieron la segunda autopsia, como las doctoras Gabriela Lamparelli y Virginia Creimer. En otro hecho de arbitrariedad manifiesta, el Tribunal desestimó el informe de esta última. Es un tribunal que avala la violencia institucional, y da licencia para matar a los pibes.

Una fiscal a medida de la impunidad

Una parte de la sentencia se construyó a partir del alegato de la fiscal de Cámara Silvana Rinaldis, quien en lugar de acusar, como debería haber sido su rol, pidió la absolución de los policías. Nora Nieto, mamá de Leandro, expresó al finalizar la audiencia en la que se presentaron los alegatos: “Con respecto a la fiscal Rinaldis, que era la encargada de acusar en el juicio por mi hijo, ella no acusó, sino que hizo un alegato en favor de los imputados. Al principio la posición que ella tomó nos sorprendió, dado que en otras oportunidades la defensa había solicitado que le den la libertad a los imputados y ella con mucho énfasis sostuvo esa prisión preventiva, diciendo que eran peligrosos por su comportamiento, y además porque se podían fugar. Nos sorprendió, pero hay que tener en cuenta que esta fiscal ya en dos oportunidades anteriores dejó libres a imputados: en una oportunidad por una violación a una niña”.

La legitimación de la tortura policial

Roberto Sotelo, uno de los abogados querellantes, es coordinador del Área de Asuntos Jurídicos del Comité para la Prevención de la Tortura. En Conferencia de Prensa afirmó al terminar el juicio: “Esto fue un circo, que denota que aquí en Charata reina la impunidad frente a la violencia institucional, a la brutalidad policial. Esta sentencia es incongruente, arbitraria, discriminatoria, porque en todo momento se lo juzgó a Leandro Bravo, no a los cuatro policías que estaban acusados por el delito de tortura seguida de muerte. Creo que refleja un clima de época. No es casualidad de que el presidente sea Javier Milei, que el gobernador sea Zdero, y que el jefe de la policía sea Fernando Romero, quien fue a visitar a los acusados a la comisaría donde se encontraban detenidos, afirmando que eran inocentes”.

Para Sotelo, se trata de una sentencia aberrante por varios motivos y remarcó los que más le preocupan: “La construcción de la “mala víctima” respecto a Leandro, porque es algo que le queda cómodo al Poder Judicial. Plantear que Leandro consumía, o que presuntamente robaba, cuando varias veces durante las audiencias insistimos en que no se estaba investigando la vida de la víctima, porque no se está juzgando a las víctimas sino a los imputados. Por otro lado, la falta de perspectiva en relación a la situación de la familia, atentando contra la ley de derecho y garantía de víctimas y familiares de los delitos, que establece que justamente las víctimas de violencia institucional se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Me preocupa la criminalización de las testigos, tratarlas de mentirosas, y que esto podría conllevar algún tipo de consecuencia jurídica. Es un precedente nefasto, que afectaría en causas futuras contra el personal policial o inclusive el personal penitenciario. Leandro Bravo fue muerto a manos de la policía, fue torturado, entonces este crimen necesita obtener un juicio y una reparación que responda a la realidad de los hechos, de las pruebas”.

El racismo criminal

Cesar Luis Collado, abogado defensor de dos de los policías imputados, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, dio muestras en sus declaraciones públicas del racismo visceral y criminal que lo mueve. Decía a los medios de prensa, refiriéndose a la testigo Romina Aguirre: “El falso testimonio va a tener que ser investigado, una vez que quede firme la sentencia. Corresponde a la señora Romina Aguirre, que es como la mapuche del caso Santiago Maldonado, que con los binoculares vio lo que nadie vio. Ella vio que había sangre, patadas en la cabeza, en el cuerpo, pero los videos muestran lo contrario. Es una gran mentirosa que fue presionada por la familia.”

¿La mapuche del caso Santiago Maldonado? La comparación discriminadora y racista habla por sí sola. Abogado de la policía, construyendo relatos para justificar el salvataje de sus defendidos, y amenazando a quienes dan testimonio. Este tipo de declaraciones, sobre las testigos, sobre las profesionales que actuaron en el caso, alientan las intimidaciones y amenazas que vienen soportando, en redes, y en algunos casos, de manera directa en sus domicilios.

Romina Duarte, abogada del Comité para la Prevención de la Tortura, agregó al análisis: “Llama la atención la cantidad de veces que la sentencia le falta terriblemente el respeto a la víctima. Si los testigos se vinculan con la víctima y testimonian a favor de la víctima los criminalizan. Es grave porque justamente genera miedo en quien ya es testigo y en quien podría ser testigo de otra causa. Un dato no menor es que la familia y las testigos son mujeres todas. Ese dato hay que tenerlo en cuenta, porque ya lo hemos visto en las audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, donde los abogados defensores atacaban a las testigos por ser mujeres.

La familia, las hermanas, y la mamá, están siendo atacadas todo el tiempo a través de las redes sociales y en las propias audiencias. Eso es bastante llamativo y muy grave. Cuando la doctora Lamparelli quería explicar, en las audiencias del juicio, el juez la frenaba, cuando a todos los hombres que fueron a declarar los dejaba expresarse, y que hablen dos tres horas. Hemos asistido a otra jornada donde se torturó a Leandro Bravo. Se lo torturó el 26 de febrero del 2020, y se lo torturó el 12 de noviembre del 2024.”

Negación de la tortura como práctica policial

Uno de los temas que se puso en discusión en la sentencia fue el concepto mismo de tortura. Respecto a este tema explicó el abogado Roberto Sotelo: “Claramente lo que intenta hacer este fallo es no reconocer la existencia del delito de tortura en época de democracia. Pero la realidad es que se tortura en democracia, a la luz del día, en aparente legalidad. El caso de Leandro Bravo fue una prueba concreta y material de que esto ocurre. No es menor la responsabilidad funcional de las fuerzas de seguridad y de la justicia que actúa en complicidad: la policía tortura y la justicia avala.

El Comité para la prevención de la tortura, durante los alegatos, ha planteado cómo se aplicaba la modalidad de torturas en el cuerpo de Leandro Bravo. Para que se requiera tortura la ley exige que existan sufrimientos físicos y psíquicos que tengan gravedad suficiente. Tenemos en cuenta la multiplicidad de lesiones que tenía el cuerpo de Leandro Bravo, donde claramente se ha visto en los vídeos que durante la persecución su cuerpo estaba totalmente indemne, inalterable, y llega 40 minutos después al hospital sin vida y con múltiples lesiones.

Si no es tortura el hecho de contar con quemaduras de tercer grado, si no es tortura la multiplicidad de lesiones en diferentes partes de su cuerpo, si no es tortura las maniobras de sofocación de asfixia mecánica por comprensión de la caja toráxica. Una asfixia intermitente es tortura. Es una maniobra muy conocida y utilizada por las fuerzas de seguridad durante la época de la dictadura que es la práctica del submarino. A través de esta técnica se provoca el sufrimiento de la víctima por la sensación inminente de muerte. Si no es tortura, teniendo en cuenta la fase psicológica del hostigamiento y la persecución a la que Leandro Bravo fue sometido obligándolo a correr”.

La lucha por la justicia continúa ahora con la apelación en otros ámbitos judiciales, nacionales e internacionales, pero sobre todo en los esfuerzos para que sea conocido el crimen, y para que la sociedad, los movimientos populares, sepan lo que sucedió, y construyan frente a la cruel policía, y a la justicia maloliente, una profunda y sistemática condena social. Leandro Bravo lo merece, y lo necesitan los pibes y pibas de Charata, y quienes en cualquier rincón del país, viven bajo la amenaza del hostigamiento y la represión policial.

* Educadora y comunicadora popular, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.

Source

Por Claudia Korol *

En un juicio plagado de arbitrariedades, en el que la acusaron de “terrorismo” y “asociación criminal”, el Ministerio Público no pudo presentar ninguna prueba cierta de tales delitos, sino testimonios contradictorios, e incluso pruebas absurdas que no se corresponden con estas figura.

Para quienes pudimos asistir a varias audiencias como parte de una Delegación de Observación Internacional, quedó claro que era una causa armada, y que la sentencia brutal tenía un sentido claramente disciplinador, dirigido a silenciar a una de las principales testigos del crimen de las niñas de once años María Carmen (hija de Laura), Lilian Mariana (hija de Myrian), y de la desaparición forzada de Lichita (hija de Carmen).

¿Quién es Laura Villalba?

Laura cumplió en estos días 40 años. Su hija María Carmen Villalba, fue asesinada el dos de septiembre del año 2020 a los 11 años junto a su prima Lilian Mariana Villalba, también de 11 años, hija de Myrian Villalba. Laura es tía de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, desaparecida a los 14 años. Lichita es hija de Carmen Villalba, presa comunista, que a pesar de tener cumplida su condena de 18 años, continúa presa porque le siguen inventando causas para mantenerla entre rejas.

Laura tiene también dos hijos, de 8 y 10 años, y dos hijas, de 9 y 11 años, que hace casi cuatro años que crecen lejos de ella, que se encuentra en prisión desde el 23 de diciembre de 2020. Laura es enfermera, recibida en Paraguay y con una tecnicatura realizada en Argentina. Se vio obligada a salir de Paraguay en 2008, junto a sus hijos, hijas, mamá, hermanas, por la persecución que recibía la familia. Durante años, el estado paraguayo persigue a la familia Villalba, una parte de la cual es parte o integra la dirección del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La persecución no tiene límites ni fronteras. Alcanza a las niñas, niños, a la abuela Mariana. Las y los persiguen en Paraguay y en Argentina. En mayo de 2010, la policía paraguaya mató a Néstor Oviedo Villalba, de 12 años, hijo de Carmen, en Formosa, rociándolo con veneno.

Luego obtuvieron refugio político en este país. Señala Laura Tafettani, de la Gremial de Abogados y Abogadas: “El gobierno de Paraguay ejerce persecución contra la familia no beligerante, para presionar a los que pertenecen a una organización armada en su país. Esa persecución se inició ya hace décadas y obligó a que vengan al suelo argentino para refugiarse. Cuando el gobierno argentino les dio el refugio político, fue porque investigó y quedó acreditado que esa persecución era de índole política. El darle el estatus de refugio político significa justamente que no puede prosperar ningún tipo de acción penal ni requerimiento de Paraguay”.

Sin embargo, la ministra de (in)seguridad Patricia Bullrich, sin importarle el derecho internacional, se pronunció por avalar las políticas que conduzcan a su extradición, y en abril de este año se detuvieron, por orden del Juez Ercolini, a las hermanas de Laura, Myrian y Rosa, y a la sobrina Tania. El mismo día fueron dejadas en libertad, en virtud del refugio político, pero fue manifiesta la complicidad de Patricia Bullrich, quien alardeó en distintos medios sobre la decisión del gobierno argentino de extraditar a Paraguay a toda la familia Villalba. La acusación que les hacen, es realizar trabajo logístico para el EPP. Esto de alguna manera se expresó en el relato construido por el Ministerio Público de Paraguay, replicado por los principales medios de comunicación de ese país. Según el mismo, toda la familia, de algún modo, es colaboradora del grupo guerrillero. El hecho de cuidar a niñas y niños de menos de 12 años, ya les coloca en ese rol.

Hasta el momento en que viajó a Paraguay para acompañar a las niñas a conocer a sus papás, guerrilleros del EPP, en diciembre de 2019, Laura trabajaba en una clínica privada como enfermera, en Puerto Rico, Misiones, Argentina.

Laura es parte de una familia combativa, luchadora, revolucionaria. Pero no es cierta la acusación -avalada por el tribunal con esta condena-, de que integra el EPP, ni que era la enfermera del EPP, ni que reclutara a niñxs para esa organización. Nada de esto pudo demostrarse en el juicio, que por eso se desarrolló con absoluta arbitrariedad, dado que no hay ninguna prueba que respalde estas acusaciones. Para ejemplificar lo absurdo de este juicio, una de las pruebas principales presentadas, fue la tesis escrita por Laura para ser presentada en su carrera de Enfermería, sobre cómo se trata a un paciente en un posoperatorio, cuando hubo una fractura de cadera. Según el Tribunal, eso mostraría la voluntad de Laura de sumarse como enfermera al EPP. Si no fuera una situación tan dramática, movería a risa tanto absurdo.

Laura viajó a Paraguay con las niñas, y debía regresar con ellas en marzo del 2020, para que retomaran los estudios regulares que estaban haciendo en Misiones, y ella su trabajo. Pero esto fue imposible porque se declaró la pandemia de COVID, y se cerraron las fronteras. Se les hizo entonces un campamento transitorio, hasta que pudieran regresar. Ahí fueron detectadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), organización integrada por militares y policías de Paraguay, creada por el gobierno para reprimir al EPP.

El 2 de septiembre, dos grupos de la FTC atacaron al campamento, y capturaron, torturaron y asesinaron a las niñas María Carmen y Lilian Mariana, hiriendo en la pantorrilla a Lichita, que sin embargo pudo escapar en esa oportunidad. Lichita fue desaparecida dos meses después, el 30 de noviembre. El presidente de entonces, Mario Abdó Benitez, declaró que habían abatido a peligrosas guerrilleras. Fueron enterradas rápidamente, para que no quedaran pruebas. Hubo que pedir una segunda autopsia, para demostrar que eran dos niñas.

Desde el momento de su detención, en una ruta pública por la que andaba buscando a Lichita, a Laura se la torturó sicológicamente en la cárcel militar de Viñas Kué, donde estuvo varios meses absolutamente aislada, y luego en las cárcel de Itapuá, y en San Juan Bautista, donde se encuentra ahora.

El objetivo es claro, aislar, callar, e intentar quebrar sicológicamente a Laura, la principal testigo del crimen de las niñas. Para ello le armaron dos causas y le realizaron dos juicios, el primero por “violación del deber de cuidado y/o educación, y violencia familiar” , en el que se la acusó de “llevar a las niñas para ser reclutadas por la guerrilla del EPP”, cuando en realidad la acción de Laura fue acompañar a las niñas, hija y sobrinas, para que pudieran conocer a sus padres, ejerciendo el derecho a la identidad. En el segundo juicio se la condenó por “terrorismo” y “asociación criminal”, acusada falsamente de ser la enfermera del EPP, y de llevar a las niñas para su reclutamiento.

Juicios vergonzosos. Dos causas armadas

Nos dice Myrian Villalba: “Nuestras niñas fueron asesinadas por el Estado paraguayo. Lichita, de 14 años, se encuentra desaparecida. Son crímenes que nunca se han investigado, por los que no se ha procesado a nadie. Ahora se cometió una aberración jurídica condenando a Laura, mamá de cuatro niños y niñas que están esperando a su mamá, que hace cuatro años que está privada de libertad. En vez de condenar a los militares y policías que capturaron, torturaron y ejecutaron a nuestras niñas, condenaron a la mamá. Esa es la “justicia” de Paraguay, que viola todos los derechos procesales, las garantías constitucionales, los tratados internacionales.”

El Ministerio Público, a través de los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano, actuaron durante el juicio con una enorme violencia. No es un dato menor que el Fiscal Federico Delfino fue quien encabezó el operativo de allanamiento en el que asesinaron a Lilian Mariana y a María Carmen. Por algo ese crimen no fue investigado, y se armó este circo violentamente punitivista.

En ese sentido, denuncia Myrian: “Los jueces no admitieron ningún tipo de pruebas de la defensa. En todo momento hubo una parcialidad manifiesta hacia la fiscalía. Ahora hay que seguir adelante y hacer denuncias internacionales contra el Estado paraguayo, porque nuestras niñas murieron porque esos militares y policías cobardes de Paraguay les dispararon, las capturaron vivas, las ejecutaron. Lichita no se encuentra perdida, se encuentra con desaparición forzada. Fue vista por última vez, llevada a la fuerza por militares y policías. Pero la Fiscalía, utilizó en contra de Laura como testigos a esos militares que ejecutaron a nuestras niñas”.

Esto es una gran aberración. La mayoría de los testigos en el juicio, fueron policías, militares, y jefes de inteligencia, que participaron del crimen de las niñas, pero fueron a dar testimonio contra Laura e incluso contra las niñas estigmatizadas como “guerrilleras”.

A Laura la quieren en silencio, porque en ella pretenden castigar a toda la familia Villalba. La vieja teoría militar de “quitarle agua al pez”, hoy se expresa en ejercer la crueldad contra las familias completas, incluidos niños, niñas, hasta la abuela Mariana. Las y los quieren a todos, a todas, presas. Ése sería su triunfo, y están dispuestos a sacrificar para eso, la verdad, la justicia, e incluso la vida de las niñas y de sus madres.

Libertad a Laura Villalba

Los abogados de la defensa, Salvador Sánchez Ocampo, Eusebio Larrea Acosta y Arlindo Fretez Gonzalez, han hecho un trabajo esforzado y valiente, a pesar de todas las agresiones recibidas desde el tribunal, para desnudar el fraude jurídico que fue este juicio. Señala Salvador Sánchez: “Lo que tenemos que resaltar es la propia contradicción en la que caen los órganos acusadores y el órgano juzgador que es el Poder Judicial. En todo momento reconocen el ingreso de Laura y las niñas al territorio paraguayo en el año 2019, reconocen que ella estaba viviendo en la Argentina, trabajando en una clínica. Pero a la hora de dictar la resolución empiezan a vincularla con acciones del EPP desde el año 2008. Reconocen que ella no poseía antecedentes penales antes de esa causa, pero igual le ponen una medida de seguridad por su supuesta peligrosidad. Reconocen que a la hora de ser detenida no había orden de captura, y que la causa la montaron después”.

En su alegato, la defensa dio detalles de todas esas contradicciones, y demostró que a pesar de la parcialidad con la que se aceptaron las pruebas y los testigos presentados por la fiscalía y se rechazaron los presentadas por la defensa, no se pudo mostrar en ninguna prueba que Laura Villalba estuviera portando armas, o participando de alguna manera del EPP. Menos aún que llevara a las niñas a la guerrilla.

En el juicio se violó el derecho a la defensa, y la libertad de expresión de modo rotundo, porque el objetivo era claro: legitimar el accionar criminal de las FTC, ordenadas por el gobierno y su justicia, y para eso, que no se viera la inconsistencia de las acusaciones.

Todo el proceso judicial se realizó invirtiendo los lugares de víctimas y victimarios. De este modo, la mamá de una niña asesinada por la FTC, pasa a ser la criminal, juzgada y condenada. Se maltrata a los abogados de la defensa, como si fueran peligrosos criminales. Se obstaculiza la labor de la prensa independiente, porque lo que pretenden es sembrar terror, amenazando con que cualquier muestra de solidaridad, que exija justicia para las niñas y aparición con vida de Lichita, puede ser considerado “complicidad” con el EPP.

A quienes asistimos como delegación internacionalista y como prensa, no se nos permitió realizar este rol, ni entrar con nuestros instrumentos de trabajo, coartando la libertad de expresión. Se hostigó nuestra presencia, con amenazas permanentes del Tribunal, de las juezas y de los fiscales, de expulsarnos de la sala.

Termina Myriam: “Estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Alguna vez el Estado paraguayo tiene que pagar, tiene que ser responsable y castigar a los verdaderos culpables, a los autores morales y materiales del crimen de nuestras niñas. Pido a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones feministas, a las organizaciones de izquierda, a las organizaciones de Argentina, un pueblo tan solidario que tanto tiempo nos abrazó, que se pronuncien sobre esta aberración jurídica. No podemos quedar indiferentes”.

A pesar de la violencia judicial, política, comunicacional, Laura no está sola. Las niñas no son olvidadas. A Lichita la seguimos buscando. La libertad de Laura y la de Carmen, más temprano que tarde, será ganada, con las acciones internacionales, y con la movilización de los pueblos, que superando el miedo y la confusión, podrán recuperar como proyecto político, una auténtica democracia, que ponga fin a la impunidad.

* Educadora y comunicadora popular, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y de la Delegación Internacionalista.

Source

Por Claudia Korol * | Fotos: Lizbeth Hernández

Señala Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia: “Nuestra intención ha sido recuperar denuncias para romper el cerco mediático. No solamente para interpelar a la justicia patriarcal que es parte de la dictadura en Perú, sino para ir construyendo la justicia feminista, para llevarla a los tribunales éticos feministas, a los espacios de justicia originaria. Nos parece necesario que desde esas otras justicias condenemos a Dina Boluarte, al Congreso y a toda la articulación del fujimorismo que quieren quedar invisibilizados y son los directos responsables de la masacre que está viviendo el pueblo peruano. La delegación se ha conformado teniendo en cuenta las experiencias de la delegación feminista que fue el 8 de marzo de 2010 a Honduras, y a la que fue en el 2019 a Bolivia, para enfrentar al golpe de estado en esos países. Para nosotras aquella delegación nos ayudó a resistir en ese momento tan difícil, de incertidumbre, para saber que “no estamos solas” no es una frase, que no hay fronteras para las luchas. Pensamos esta delegación a Perú desde distintos pueblos y desde la pluralidad de saberes, con hermanas médicas, abogadas, periodistas, radialistas comunitarias, trabajadoras sociales, educadoras populares, sanadoras. La Delegación nos permitió también encontrarnos a nosotras como feministas, para construir estos otros feminismos que son capaces de dolerse de la dictadura, de la masacre, capaces de acompañar a las organizaciones que se movilizan, y de reconocer y acuerpar a los pueblos originarios que están en la primera línea de la resistencia en este momento”.

El racismo, el clasismo, el patriarcado son componentes estructurales del golpe de estado en Perú, como lo han sido en otros países. Señala Avelina Rogel, autoridad espiritual del pueblo ecuatoriano, sanadora, integrante de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador): “Los mecanismos represivos que se están desplegando en Abya Yala y en el mundo entero, en los espacios donde se está sosteniendo la vida, de manera sistemática están dirigidos hacia los pueblos y naciones indígenas originarias, ya que nosotras, nosotros, somos y hemos sido siempre los guardianes de la vida, sosteniendo los bosques, las montañas, los llanos, el Amazonía, los valles, cuidando los ojos de agua, las lagunas, las vertientes, sosteniendo la diversidad de la vida. También somos campesinos, campesinas, productores de diferentes alimentos que llegan a nuestras canastas básicas para alimentarnos. Desde los aparatos represores, desde estos Estados neoliberales, patriarcales, lo que buscan es deslegitimar, invalidar la lucha social, a través de la estigmatización, el racismo, la violencia, e instalar en los imaginarios la idea del terrorismo, que estamos violentando de alguna manera el sistema, cuando es todo lo contrario. Creo que es necesario ir haciendo un análisis profundo de cómo están operando y cómo nos están dividiendo a través de los imaginarios que intentan implantar, para ir más allá de eso y poder abrazarnos y encaminarnos a nuevas formas de hacer, de construir espacios dignos, amorosos, y de ir conformando alianzas y vínculos, tejiendo la vida desde la base, desde las organizaciones territoriales.”

Travestis y trans contra el golpe

Fue parte de la delegación Quimey Ramos, activista trans travesti y defensora de derechos humanos de Argentina. Al finalizar realizó algunos análisis concentrados en la situación de la comunidad travesti trans: “A partir del golpe, la anulación de la garantía de ser sujeto de derecho para la generalidad de la población se traduce en un agravamiento de las condiciones de existencia de las comunidades más marginalizadas, como la travesti-trans, con especial encono para aquellas personas trans de las regiones racializadas, indígenas y campesinas. Existe una mafia principalmente compuesta de hombres-cisgénero que detectan a mujeres trans y travestis en situación de prostitución o que ejercen el trabajo sexual de forma autónoma -siendo esta actividad ilegal en Perú-, se presentan en las casas de sus víctimas exigiéndoles dinero (lo que ha sido llamado por la población como cobro de “cupo”) mediante amenazas activamente agresivas: golpes, abusos sexuales, humillaciones y vigilias en las puertas de los hogares de las víctimas, hasta que las mismas acceden a dar el dinero que los proxenetas exigen. Aquellas que se negaron fueron sometidas, debieron exiliarse internamente o, en varios casos, fueron asesinadas, sin que las agencias judiciales den cauce a las investigaciones correspondientes. A partir del golpe los casos aumentaron exponencialmente, contabilizando 8 muertas en lo que va del año. 

Lo explícito de la crueldad de las fuerzas armadas peruanas constituye un escenario de violencia extrema que parece habilitar el crecimiento de la violencia de otros grupos de crimen patriarcal organizado, que realizando actos de una pedagogía de la crueldad buscan adoctrinar mediante el miedo a aquellas trans y travestis que aún no se subordinan a su mafia, como en el caso del asesinato con brutal ensañamiento contra Rubí, ocurrido en el Callao, donde los agresores filmaron el asesinato por cuenta propia. Pero contrario probablemente a sus intenciones, esta acción fue causante directa de la primera movilización masiva en repudio a los transfeminicidios en el Perú el pasado 22 de febrero. Hoy en día, en la organización social peruana, a la vanguardia de la lucha hay travestis y otras disidencias formando parte de comités organizativos. Y a pesar de la innegable posición anti-derechos de Castillo, travestis, trans y otras disidencias se suman a la consigna de “asamblea constituyente” y en repudio al golpe, porque entienden que en su destitución hay un ataque de fuerte simbolismo racista y clasista que niega la posibilidad de que la clase trabajadora e indígena pueda tener a uno de los suyos en el gobierno. Así es como, aún en un escenario desalentador y profundamente sanguinario, un colectivo condenado hasta ahora a la segregación, el desclasamiento y el individualismo por defecto, se revele contra su destino y se sienta identificado aún en la diferencia, con los espacios de organización popular de trabajadores precarizades, campesinxs e indígenas como lo es actualmente la CONULP (Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú)”.

Algunas conclusiones

En la mañana del 11 de marzo, la Delegación Plurinacional Feminista realizó una Conferencia de Prensa donde presentó las primeras conclusiones. Entre ellas se señala que “el golpe de estado perpetrado por la oligarquía peruana, con el apoyo de EEUU y de los poderes transnacionales, tuvo como objetivo colocar a un gobierno obediente a las oligarquías y sin escrúpulos para masacrar al pueblo. La dictadura peruana está sostenida por los responsables de las políticas extractivistas, por las industrias mineras y otras industrias ecocidas que pretenden amordazar las resistencias. El racismo estructural y el clasismo, son componentes fundamentales del coloniaje, con el que se golpea la subjetividad del pueblo en rebeldía para favorecer el despliegue de estas políticas extractivistas y el desarrollo del narcotráfico. No es casual que el golpe se produjo cuando Castillo se comprometió a revisar los decretos de ley que entregan los territorios peruanos a las transnacionales y a las concesiones mineras, y cuando se habían observado los 43 proyectos mineros y de hidrocarburos que el Congreso había solicitado que se dé viabilidad. (…) La derecha, y su brazo operativo, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), así como las instituciones financieras internacionales, no solo desean tener el poder económico, también quieren el poder político, el control de nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestras vidas”

Con relación a la represión, la delegación estuvo presente en distintas ciudades entrevistando a familiares de víctimas, de masacrados/as, fallecidos/as, heridos/as, presas/os. “A pesar de que el gobierno reconoce una cifra menor, desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos recibimos un registro de 90 personas asesinadas. En Apurímac, han sido 7 personas asesinadas, dos menores de edad, 6 menores de 20 años. En Cuzco, fue asesinado el dirigente Remo Candia en complicidad con las fuerzas públicas y el sistema médico, y existen 2 NN. En Arequipa hay tres asesinados, todos por herida de balas de parte de la fuerza pública. En Ayacucho son 10 los asesinados por impacto de bala por la policía y el ejército, entre ellos un menor de edad de 15 años, quién fue asesinado por auxiliar a un herido afuera del aeropuerto”.

El informe alerta sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, persecución a dirigentes populares, criminalización de la protesta, infiltración de organizaciones populares. Se constata la represión con armas de guerras, gases lacrimógenos con sustancias desconocidas. En las represiones existieron francotiradores, tanquetas, uso de drones, se disparó desde helicópteros.

Se habla también de estrategias de encapsulamiento, por ejemplo, en los aeropuertos convertidos en bases policiales para reprimir la protesta y garantizar la continuidad de las actividades turísticas o mineras, defendiendo los intereses de las élites, oligarquías y grupos de poder, y la intervención de la Universidad de San Marcos que servía de lugar de acogida humanitaria a las comunidades ancestrales de Puno, Juliaca y otras poblaciones. Este hecho terminó con la detención ilegal de más de 250 personas. Se alerta sobre la represión a niñeces, mujeres embarazadas, y personas con discapacidades. Además,Desde la Asociación Nacional de Periodistas denuncian que al menos 90 periodistas y comunicadores sufrieron violencias, persecución e inhabilitación de su práctica.

Terruqueo

Toda persona que lucha por defender derechos es estigmatizada como “terruca”, nombre con el que se dice “terrorista”. Con este término, que remueve los temores que quedaron en la sensibilidad social como consecuencia de la dictadura fujimorista, se pretende legitimar toda represión, y restar solidaridad a los y las afectadas. Se habilitan también grupos especiales de represión, como los llamados Polos blancos, entrenados para provocar, amedrentar, deslegitimar la protesta, e instalar un discurso racista. Se habilita la actuación del grupo TERNA, Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nación, especializado en infiltrarse en organizaciones criminales, al que se lo usa para intervenir las organizaciones sociales y movilizaciones, para llevar adelante detenciones y sembrado de pruebas.

“Ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres”

“Las mujeres peruanas –señala el informe- sufren de manera especial las consecuencias del golpe de estado. Además de la represión, viven la sobrecarga de sostener la reproducción de la vida cotidiana. Esto significa alimentar a las familias fuertemente precarizadas. Las ollas comunitarias siguen siendo modos de organización colectiva de la alimentación. Pero son roles que caen sobre los cuerpos de las mujeres. El cuidado de la vida de las y los hijos e hijas, ahora frente a las amenazas represivas, la búsqueda de justicia por sus familiares represaliados, genera angustias y miedos que resienten la vida. En las movilizaciones y detenciones ha habido experiencias de violencia sexual contra las mujeres”.

La Delegación convoca a las “feministas del mundo a acuerpar a las mujeres originarias, campesinas, a las disidencias sexuales, en las luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas”.

La mirada de Micaela

En las paredes, en las banderas, en los rostros de las mujeres, aparecía una y otra vez la mirada digna y altiva de Micaela Bastidas. Las mujeres peruanas están hechas de dignidad, tienen en su memoria colectiva la rebeldía, la fuerza, la resistencia. Saben guerrear y saben también burlarse de los colonialistas que pretenden humillarlas.

En su silencio y en su grito piden que las escuchemos. El secreto tal vez sea que las miremos a los ojos, para descubrir y contagiarnos de su experiencia ancestral, originaria, que no puede ser derrotada, ni siquiera con la muerte.

La Delegación Feminista fue a acuerparlas, pero al hacerlo, al abrazarlas, recibió tanta emoción, tanta energía, tantas enseñanzas y aprendizajes, que quedan grabadas en el corazón, en la piel, en todo el cuerpo. No es fácil sostener la mirada de Micaela. No es fácil alejarse del Perú, de este corazón del Abya Yala. Ahí cada gota de dolor, riega la dura esperanza. 

* Publicada originalmente en Las Doce, Página/12

Source

Las mujeres mapuche, en este contexto de persecución, sostienen a las comunidades en los procesos de resistencia, de recuperación de territorios. Aportan memoria, coraje, dignidad.

En estas notas traemos las voces de tres mujeres mapuche, Romina Jones, judicializada por la justicia racista, Nadia Silvera Nuñez, compañera de Elías, y Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad.

Entrevista con Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew

En esta última entrega charlamos con Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, sobre lo que significa para el pueblo Mapuche la recuperación del territorio, sobre el proceso de resistencia que lleva a cabo la comunidad, el diálogo con los movimientos populares, y lo que significa para ella ser mujer mapuche. 

Por Claudia Korol/Foto: Télam

¿Qué significa para el pueblo mapuche en su cosmovisión, regresar al territorio?

No es una decisión fácil, pero es algo a lo que se está volviendo, de una manera cada vez más urgente y necesaria. Hay muchos espacios que son claramente territorio mapuche, que tienen una historia, que tienen convivencia, que han sido zona de paso, que han sido veranada, que han sido invernada, y que en este momento también están siendo castigadas a través de un montón de circunstancias. Entonces hay una gran responsabilidad por parte del pueblo mapuche, de empezar a atender esos espacios territoriales que se encuentran en un estado crítico, porque hay mucha especulación empresarial. Hay que asumir la responsabilidad de que si no se ponen a resguardo esos territorios, vamos a sufrir consecuencias gravísimas como la falta de agua, e tierras aptas y suficientes para la vida, no solo del hombre, de la mujer, de los niños y niñas, sino también de los animales, de las plantas, las lawen (plantas que curan), de los elihuen (los árboles), el bosque, los minerales, de todo lo que compone la naturaleza, arriba, abajo, alrededor, sobre. Necesitamos todos esos elementos para ser, para estar en equilibrio, en cierta armonía, y para poder proyectarnos, no solo como mapuche, sino como gente, como personas, en espacios que todavía puedan tener agua abundante, limpia, pura, que pueda servir la tierra para ser sembrada, espacios amplios para hacer ceremonia. Todo eso implica también el buen vivir, el kumefelen.

Es muy importante desde nuestra cosmovisión, tomar esa valiente decisión de regresar a los territorios. No es sencillo, sobre todo si la persona vivió siempre en la ciudad, porque toca reaprender un montón de cuestiones que quizás ni siquiera fueron enseñadas cuando éramos chicos, chicas, cuando éramos pichikeches. También tenemos que quitarnos ciertos conceptos que están muy instalados, sobre todo a partir de los gobiernos, en donde plantean que si nunca viviste ahí, ahora estarías usurpando tierras, cuando en realidad, el hecho de que mucha gente mapuche viva en la ciudad, en las periferias, en un estado de pobreza -el 90% de la población empobrecida es mapuche-, tiene que ver con que en algún momento sus abuelos o bisabuelos fueron despojados del territorio.

¿Cuál es la respuesta a la justicia racista?

La respuesta a la justicia racista es la que vienen dando todas aquellas resistencias territoriales. La respuesta más clara es la resistencia en el territorio. Nosotros tememos, o quizás yo temo -aunque sé que no está bueno tener miedo-, pero sé que nuestros lagmien están dispuestos a dar la vida por el territorio, porque allí es donde hacen su ceremonia cotidianamente, donde están levantando su ruka, donde están proyectando una convivencia no solo familiar, sino también espiritual. Entonces la respuesta a esta justicia racista es la resistencia, es el quedarse y resistir a costa de lo que sea. Evidentemente al poder político no le interesa correr con ese costo sobre la vida de las personas, porque también está muy instalado que el pueblo mapuche ni siquiera somos personas. No tenemos ese trato digno por parte de los medios hegemónicos, del poder político y del poder judicial, pero tenemos mucha dignidad, y esa dignidad la hacen valer nuestros pu lagmien.

Hace meses que en el Lof Quemquemtrew vienen resistiendo. Hubo días muy difíciles. Los primeros días fueron muy difíciles, sin abrigo, sin comida, resguardándose arriba, en el monte. Pero no en el monte frondoso. Arriba en la piedra. Para evitar ser atrapados, ser baleados, y ser encarcelados. Y bueno, tienen esa capacidad, porque están convencidos, y porque hay una fuerza espiritual que los sostiene. Eso también lo demuestra que el día que mataron a Elías, y que balearon a nuestro lagmien Gonzalo, nadie salió corriendo del territorio. Todo lo contrario. Incluso algunos lagmien llegaron a subirse a un vehículo,  pasar por encima del retén del COER, y aún corriendo riesgos de que el COER saliera atrás a los tiros, con balas, en vez de huir eligieron entrar y acompañar. Eso realmente habla de la valentía de nuestros pu lagmien. Lejos de salir corriendo o salir a culpar por lo que pasó, cuál fue el error si lo hubo, fue todo lo contrario. Fue ingresar al territorio a acompañar a los pu lagmien que estaban atravesando esas horas tan dramáticas y tan dolorosas.

¿Qué pedido hacen a los movimientos populares?

Tanto en Chubut como en Río Negro, se está acrecentando cada vez más el número de personas y de conciencias sobre la necesidad de asumir la responsabilidad de cuidar la tierra, el territorio, el agua, el bosque, las raíces.

Las raíces de los bosques nativos son las que sostienen la tierra firme. Una se da cuenta cuando llueve, si está parado en un bosque de pino o en un bosque nativo. Si es un bosque de pino la tierra se lava, y lo único que hace es deslave, al agua no lo absorbe la tierra, y se forman lagunas que finalmente terminan pudriendo el lugar donde se estancó el agua. En el bosque nativo las raíces chupan esa agua, la absorben, le dan alimento a la tierra, y la mantienen firme. El bosque de pino, ese deslave, produce que la tierra se desmorone, que esté ácida. Así como la acidez en la sangre, en nuestro cuerpo, nos puede dar cáncer, lo mismo le produce la acidez del pino a la tierra, la envenena.

Hay muchos movimientos populares que se llaman ambientalistas, ecologistas, contra el saqueo, de todas las formas posibles, que tienen un objetivo que es denunciar los avances mineros, petroleros, hidroeléctricos, en estos territorios. Esto se demostró en Chubut con esa hermosa revuelta, que lamentablemente tiene que caer la gente en situaciones de extrema violencia para demostrar su digna rabia, porque no es escuchada. Después es terrible como los políticos y los medios hegemónicos subestiman la inteligencia de los pueblos, y los ponen en un lugar de vándalos. ¡Qué casualidad! ¿No? Que toda una provincia se ponga de acuerdo en ser violenta, cuando viene hace 17 años diciendo NO a la Megaminería, SI al agua, SI a la vida, y esa actitud pacífica, de marcha constante, sostenida, no fue tenida en cuenta, y finalmente la Legislatura terminó avalando la Zonificación Minera. Cuando eso sucede la gente se cansa y demuestra su digna rabia. Ante esos hechos no le quedó otra al Gobernador que volver para atrás esa Ley. Tuvo que hacer una sesión extraordinaria de la Legislatura, y vetar, derogar esa Ley de Zonificación Minera. Eso es lo que está pasando con los movimientos populares. Es muy interesante porque hay un trabajo en común, donde las comunidades en los territorios son quienes hacen la resistencia y ponen el cuerpo, y son quienes constantemente están viendo qué movimientos nuevos hay, qué camionetas, qué vehículos, entran a los territorios, con qué intenciones, si están ligados a la mega minería, y los vecinos, las vecinas, en los pueblos, están visibilizando esa lucha.

Se está haciendo un trabajo bastante integrado, bastante interesante. Queda todavía mucho por hacer. Una de las cosas que nosotros siempre pedimos, es que más allá que estemos todos en la misma vereda, hay mucho trabajo que hacer todavía sobre el racismo, pero confiamos que empecemos a asumir que hay personas que tienen una forma de vida y que se respeta, y que habemos morochos y morochas mapuche que tenemos otra forma de vida, que somos pre-existentes al Estado, y que tenemos una conexión distinta, real, antigua, ancestral con el territorio. Si nos permiten sostener esas prácticas, vamos a poder darle la fuerza que necesita la tierra. A la tierra se le pide, se le pide, se le pide, pero nunca se le da. Hay que saber devolverle. Eso es algo que el blanco no hace. Toma, toma, toma para sí, pero no hay una reciprocidad. Nosotros en nuestras prácticas espirituales lo que principalmente hacemos es la reciprocidad. Es la posibilidad de devolverle a la tierra todo aquello que nos brinda, en todos los sentidos, no solamente lo que está ligado al alimento. Es importante que los movimientos populares también puedan tener una apertura, y entender que no nos sentimos especiales, pero sí somos diferentes, y que si confiaran en nuestra forma de conexión, y nos dejaran hacer, la tierra va a enriquecerse, va a nutrirse, no solo para nosotros, sino para todos y todas los que convivimos en esta zona.

¿Qué se plantea ante el proceso judicial, desde la Lof Quemquemtreu?

La Lof Quemquemtreu desde el principio estuvo abierto al diálogo, y desde un principio evidenció que Rolando Rocco no tiene realmente ningún papel que determine que él es el propietario de esas hectáreas. Hay una historia, hay vecinos mapuche jóvenes y no tan jóvenes, que cuentan sobre ese territorio que ha servido de paso para llegar de una comunidad a otra. A partir más o menos de hace 30 años, el gobierno de Río Negro empezó creando una empresa entre privada y estatal que se llama EMFORSA (Empresa Forestal Rionegrina SA), y a través de esa empresa empezó a otorgar espacios territoriales, mal llamados fiscales, con la intención de desmontar el bosque nativo, para dedicarlo al monocultivo de pino.

En estos años se vienen sufriendo situaciones de incendios gravísimos en la Cuesta del Ternero. Lo que produce que se extienda el fuego, es el pino. El pino está generando un daño gravísimo a la tierra y al agua. Por todas esas circunstancias la Lof Quemquemtreu decide recuperar esa zona territorial. Porque allí hace más de cuarenta años que no vive nadie, porque allí lo único que se hace es enriquecer a una persona a costa del territorio mapuche, porque esa persona lo único que ha invertido son 12.000 pesos por 2.500 hectáreas. Hoy por hoy no comprás absolutamente nada por ese dinero, ni medio metro de tierra. Porque está en una zona territorial que comunica con otras comunidades, porque tiene un montón de fundamentos que atañen a lo espiritual, a la cosmovisión, a la necesidad de empezar a levantar trabajo mapuche.

Cuando digo trabajo mapuche, me refiero a ceremonias. Esa zona es reconocida como mapuche ancestralmente, incluso hay piedras pintadas en la entrada de la comunidad. Hay pintura rupestre. Eso habla de alguna antecedencia importante con respecto a lo que fue el pueblo de El Bolsón, a la provincia de Río Negro, a la República Argentina. Se hace muy necesario tener un espacio territorial en donde hacer trabajo mapuche antiguo, que restablezca la armonía, la conexión con la naturaleza. Nosotros sabemos por nuestro feientun, por nuestra creencia espiritual, que eso da la posibilidad de que se despierte nuestro kimün, nuestro conocimiento, que volvamos a reconectar con la tierra, que se pueda volver a tener la posibilidad de hacer llover en las ceremonias, restablecer el equilibrio para que vuelva a salir de una manera natural la planta que cura, el lawen, que vuelva a reaparecer el alihuen, el bosque nativo, que vuelva a tener un caudal importante el río Quemquemtreu. Todo eso es lo que pretende el Lof Quemquemtreu al momento de haber recuperado su territorio, y eso es lo que exige de alguna manera. No solo le exige al Estado. Se exige a sí mismo también. Se recuperó ese territorio por esa gran responsabilidad de retornar a una práctica ancestral que en ese lugar, en esa zona de la Cuesta del Ternero, de este paraje mapuche se ha perdido. Y se ha perdido porque el estado rionegrino hace casi cuarenta años, estratégicamente, viene despojando y entregando territorios y sumiendo a la gente en un miedo por los movimientos mafiosos con los que se maneja. Allí ya han matado a la abuela Lucinda Quintupuray, para sacarle la tierra. Luego su hijo también apareció muerto. No hace tanto desalojaron a una familia. Es la misma familia que Rocco, en sus propuestas “superadoras”, pretende que el Lof Quemquemtreu se traslade a ese lugar donde ya fue desalojada una comunidad mapuche, y que después él mal vendió a otra persona. También tiene que ver con que tendrían que terminar esos negociados, esa mafia con la que se manejan impunemente en esta zona. Entonces se exige a sí mismo la responsabilidad de poner a resguardo este territorio, y le exige al Estado que cese con estas ventas fraudulentas. Que cese de presionar y de generar opresión a todos los habitantes de este paraje. Se está defendiendo también el agua del río Quemquemtreu.

Quemquemtreu es una palabra en mapuzungun. ¡Vaya si es antigua esta zona! El río nace en Cuesta del Ternero y desemboca en Lago Puelo, que tiene un recorrido por toda la Comarca Andina, y que de secarse, también afectaría a la población de la zona de Los Repollos, una parte de Mallín Ahogado, del barrio Luján, del barrio Usina, del pueblo de El Bolsón, de toda la zona de la Loma del Medio, del paraje Entre Ríos, que ahí justamente se une con otro río en Lago Puelo. Tiene un recorrido importante y muy valioso, que se pone a resguardo. No es solamente la tierra. La Lof Quemquemtrew exige que se respete ese recorrido, que se respete el caudal, que se deje de entregar la tierra a personajes mafiosos como Rolando Rocco, que se lo conoce y mucho en la Cuesta del Ternero como una persona que contrata personas para trabajar y las convierte en mano de obra esclava. Hay un montón de circunstancias, porque esta persona ya hace años viene haciendo uso y abuso de esta zona territorial. Ya se lo conoce y bastante. Lamentablemente se maneja así de la manera que se manejó, mandando sicarios al territorio, quedándose con la vida de nuestro lagmien, Elías Garay iem, e hiriendo de gravedad a nuestro lagmien Gonzalo Cabrera. Por lo mismo mucha gente no se atreve a denunciar quién es, a contar qué cosas ha padecido trabajando para él, pero cuando te ponés a conversar entre vecinos y vecinas, te das cuenta de que es una persona nefasta, y que eso está demostrándose a nivel provincial y nacional. Pero todos los nefastos tienen el apoyo del poder político, mediático, y jurídico.

¿Qué significa para vos ser mujer mapuche?

Ser mujer mapuche hoy implica acompañar a otra lagmien en este dolor, que en este caso Nadia está atravesando. Todas en el lof Quemquemtew, en el Puelmapu, en las lagmien que están acompañando este proceso, vivimos con mucho dolor un nuevo asesinato. Todas estamos muy pendientes de nuestra lagmien Nadia, porque eran una pareja de dos personas jóvenes, que estaban en un camino que habían elegido caminar juntos para aprender y para fortalecer su identidad. En ese andar asesinaron a su compañero, así que en este momento para mí ser mujer mapuche va cambiando dependiendo de los acontecimientos. En este momento es buscar la empatía y el apoyo amoroso, moral, espiritual, a nuestra lagmien y a las pu lagmien que están dentro del territorio, y a las pichi zomo, a las pu lagmien que vienen con roles espirituales muy importantes. Evidentemente cuando se recupera, ya el Estado no se anda con chiquitas. Cree que mandando a matar nos van a aleccionar, y lejos de acobardarnos, nos fortalece, aunque por supuesto llevamos con nosotros esa tristeza, y vamos a llevarla por siempre.

Es muy duro lo que pasó. Es muy triste. Estamos convencidas que ahora hay un motivo más concreto para seguir acompañando este proceso de recuperación, porque ahí se derramó la sangre de nuestro lagmien Elías, la sangre de nuestro lagmien Gonzalo, que por suerte él sobrevivió, pero entonces ahora con más razón, a ese territorio hay que resguardarlo. No solamente por todo lo que ya mencioné. Hoy por hoy ser mujer mapuche implica acompañarnos entre las pu zomo, y mantenernos firmes, aún en la tristeza, aun en semejante circunstancia tan dramática, porque en este momento nuestras papay, nuestras abuelas ancianas, necesitan de nuestra firmeza, de nuestra claridad, y nuestra lagmien Nadia necesita de nuestro acompañamiento. Eso es hoy. Quizás hace unos años eran otras cosas, y quizás dentro de unos años menciones otras, pero eso es hoy, porque es hoy lo que estoy viviendo.

Source

Las mujeres mapuche, en este contexto de persecución, sostienen a las comunidades en los procesos de resistencia, de recuperación de territorios. Aportan memoria, coraje, dignidad.

En estas notas traemos las voces de tres mujeres mapuche, Romina Jones, judicializada por la justicia racista, Nadia Silvera Nuñez, compañera de Elías, y Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad.

Entrevista a Nadia Silvera Nuñez

Por Claudia Korol / Foto: Denali DeGraf / Cítrica

En esta segunda entrevista, conversamos con Nadia Silveira Nuñez, quien pertenece a la comunidad y es compañera de Elías Garay, joven mapuche asesinado en noviembre 2021, víctima de la violencia racista. Nadia nos cuenta sobre el camino que la llevó a reivindicar su identidad mapuche y las acciones de justicia por Elías. 

¿Cómo viviste la resolución de desalojo?

La resolución judicial de desalojo la viví con mucha bronca, mucha rabia, con ganas de gritarles en la cara muchas cosas, porque esa decisión fue basada pura y exclusivamente en los intereses de empresarios, de gente que maneja un poder a nivel económico y político, que tiene el poder para que le avalen un asesinato. Se vivió con mucha indignación el escuchar que no reconocen la preexistencia de nuestro pueblo mapuche tehuelche. El juez terminó aceptando la palabra de Rocco, que es un empresario mafioso. Es muy indignante, pero no por eso vamos a dejar de seguir luchando. No les vamos a permitir que se crean con el derecho de que pueden quedarse con el territorio. Así como lo hizo mi compañero Elías, todos estamos comprometidos a resguardar el territorio con nuestras vidas.

¿Cómo van asumiendo la identidad mapuche?

Elías y yo siempre tuvimos la curiosidad de quiénes serían nuestros ancestros. Justo nos encontró en un momento, en El Bolsón, cuando desaparecen a Santiago Maldonado. Empezamos a participar de ciertas actividades. Por algunos problemas tuvimos que dejarlo, pero después de un tiempo volvimos a retomar esa iniciativa de querer investigar sobre nuestra ancestralidad. Algunos comentarios  le había hecho a su madre y a su hermano. Ellos sabían que Elías estaba en esa búsqueda, porque su madre más de una vez le dijo una palabra en mapuzungun y él estallaba de felicidad. Triste, a la vez, porque la historia del pueblo nación Mapuche, como la de todos los pueblos originarios no es linda. La destrucción hacia los pueblos originarios ha sido y sigue siendo muy aberrante. Un día escuchamos en la radio que hablaban de la Lof Quemquemtreu, y llamaban a acercarse a la Fiscalía. Fue en la primera represión. A partir de ese momento, nunca dejamos de acompañar. Nuestro compromiso con nuestra reconstrucción del ser mapuche se volvió real. Eso para nosotros era muy importante. Mi compañero, weichafe Elías Canicol Garay Iem, estaba orgulloso de ser mapuche, amaba ser mapuche, amaba a esta mapu. Hizo todo lo que hizo por el resguardo de esta mapu. Más de una vez en nuestra intimidad tuvimos charlas de lo que podía llegar a suceder, y su frase era siempre “prefiero morirme luchando que de viejo”. Así terminó siendo.

¿Qué sería para vos lograr justicia por Elías?

Considero que se haría justicia por Elías, cuando los asesinos tengan una condena firme, que paguen por el asesinato de mi compañero, el weichafe Elías Garay, cuando los responsables políticos, fiscales, jueces, que deberían velar por los derechos de los pueblos originarios, que deberían haber garantizado el derecho a la vida de mi compañero y no lo hicieron, estén dentro de ese proceso de condena. Se haría justicia cuando sean juzgados Rocco y los efectivos de las fuerzas represivas, que son responsables directos, porque contribuyeron para que mi compañero Elías esté muerto. Se va a hacer justicia cuando desmilitaricen el territorio, y se anule el pedido de desalojo a la Lof Quemquemtreu. Mi compañero dio su vida para que reconozcan el derecho que tenemos sobre los territorios de nuestros ancestros, como es la lof Quemquemtrew, la lof Carrelaufquen, la lof Cayunao, todas las comunidades que están en conflicto en la Patagonia mapuche tehuelche.

Source

Las mujeres mapuche, en este contexto de persecución, sostienen a las comunidades en los procesos de resistencia, de recuperación de territorios. Aportan memoria, coraje, dignidad.

En estas notas traemos las voces de tres mujeres mapuche, Romina Jones, judicializada por la justicia racista, Nadia Silvera Nuñez, compañera de Elías, y Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad.

Entrevista a Romina Jones, vocera de la lof Quemquemtreu, judicializada

En esta primera entrega conversamos con Romina Jones, quien es vocera de la comunidad lof Quemquemtreu y víctima de la persecusión judicial en Río Negro. 

Por Claudia Korol

¿Cómo pasaron el fin de año en la lof Quemquemtreu, amenazados y amenazadas por un inminente desalojo?

Nosotros no festejamos el año nuevo ni la navidad. No son festejos o fechas que tengan que ver con nuestra cosmovisión y nuestra cultura. Sí en esa fecha la pasamos en alerta debido a los comportamientos de la policía, que están en los retenes en Cuesta del Ternero, donde está instalado el acampe, a unos pocos metros también del territorio recuperado. Porque ellos sí festejan, y en esos festejos se incluye alcohol y algunas otras sustancias que no sabemos. Entonces sí lo pasamos en estado de alerta ante esa situación, y con la amenaza del desalojo que está firme a partir del 30 de diciembre, dictado por el juez Joos. Estamos en constante alerta, tanto en el acampe solidario como en el territorio recuperado.

Los lagmienes que están en el territorio todos los días, viven una constante alerta ante cualquier movimiento raro de la policía o de civiles, porque tengamos en cuenta que el 21 de noviembre la situación que pasó en el Lof fue producida por dos personas, dos civiles, dos empleados de Rocco. Entonces hoy la desconfianza no es solo con las fuerzas provinciales, sino también con las personas que se acercan de forma sospechosa al territorio recuperado.

¿Qué significa para ustedes como mujeres mapuche la recuperación de territorio ancestral?

Para nosotras como mujeres mapuche, -y en mi caso particular como madre- la recuperación de territorio tiene que ver con que mis hijos puedan tener una vida digna, orgullosos de ser quienes son, mapuches, niños mapuche, que crecen y viven en constante relación con las fuerzas de la naturaleza. Tiene que ver con la decisión de que no tengan que pasar todo lo que nosotros en nuestra niñez y en nuestra adolescencia tuvimos que atravesar, viviendo en las ciudades, en la marginación, en los barrios pobres.

Entonces tiene que ver un poco con eso, con que mis hijos puedan tener una vida digna y una también, como mujer, ser realmente valorada por lo que una es.

Cada uno de nosotros, cada persona que es parte de una comunidad -sea hombre o sea mujer- ocupa un lugar importante, independientemente del sexo, y eso hace que podamos llegar a un equilibrio.

Quizás en la sociedad huinca, está como más valorada la presencia de un hombre delante, o frente a una lucha, o parte de una lucha; para nosotros como mapuches, tanto mujeres como hombres, niños como ancianos, somos partes de un todo, y todos ocupan un lugar importante, una palabra importante en la lucha, y en las decisiones comunitarias.

Vos estas criminalizada por ese acto. ¿Qué respuesta das a la justicia patriarcal y racista?

Es claro el hostigamiento, la persecución, no solo hacia mí, sino hacia el pueblo mapuche en general. Pero cuando una mujer mapuche decide levantar la voz, o le toca de algún modo ser quien da la voz de la comunidad, sin lugar a dudas es estigmatizada, criminalizada, víctima de un montón de dichos, no sólo por parte de jueces, fiscales, sino también de políticos -quienes no tienen pelos en la lengua para decir una cantidad de barbaridades tremendas-.

Lo que creo que debería haber dentro de la justicia, es una intención de llegar a tener real conocimiento sobre derecho indígena, sobre los derechos que como miembros de un pueblo originario nos amparan. En Río Negro eso es nulo.

Es lamentable que dentro de la justicia de Río Negro, no solo sean los jueces o fiscales hombres quienes estigmaticen y criminalicen, sino que también hay mujeres, dentro de la justicia y dentro de la policía, que lamentablemente tenemos que decir son las peores, las que más discriminan, las que más estigmatizan, hostigan.

Nosotros lo vivimos a diario, no solo en el acampe o donde hoy estamos, sino que cuando salimos a la ciudad, al pueblo, cuando caminamos por las calles de Bolsón y nos encontramos con mujeres policías que han estado en la Cuesta del Ternero, no tienen pelos en la lengua para decirnos en la calle “acá vienen las patas sucias, acá vienen estas indias”. Entonces hay un problema, y realmente quienes más machismo y racismo tienen dentro hoy, son las mujeres que ocupan esos lugares.

¿Qué mensaje tenés para las organizaciones populares frente a la persecución al pueblo mapuche?

Lamentablemente uno a veces siente que hay luchas o muertes de primera y de segunda, o algunas muertes que valen más que otras, algunas luchas que valen más que otras. Eso lo sentimos nosotros con la lucha que estamos llevando adelante, que no es sólo una lucha que nos debiera preocupar a nosotros como parte de un pueblo, sino que debiera preocupar a todas las organizaciones ecologistas, a las organizaciones que luchan por el agua, las ambientalistas. Pero parece ser que como se estigmatiza tanto al pueblo mapuche a nivel mediático, las organizaciones que dicen ser pacíficas se quieren despegar de la lucha del pueblo mapuche, cuando somos quienes estamos realmente cuidando los recursos naturales, el agua, el río, los bosques, las bellezas naturales que visitan los turistas aquí en la Patagonia, tanto en invierno como en verano.

Nosotros tenemos que decir que sentimos mucha tristeza, porque en muchas ocasiones nos sentimos muy solos. Sentimos que cuando un muerto tiene sangre blanca sale toda la sociedad, todas las organizaciones, a pedir justicia. Cuando ese muerto tiene sangre mapuche, tiene apellido mapuche, no sentimos que suceda lo mismo. Un claro ejemplo fue lo que sucedió con Santiago Maldonado y el lagmien Rafael Nahuel. Creo que la sociedad, las organizaciones, tienen que trabajar el racismo que llevan dentro. No es un invento, lo vivimos, lo sabemos.

En Chubut se ganó una lucha de No A La Mina, dónde salió muchísima gente a la calle. Aquí en Bolsón estamos a pocos kilómetros de Chubut. Como miembros del pueblo, conscientes de que no se puede dar vía libre a la zonificación minera, acompañamos esa lucha, y después no recibimos el mismo vuelto. Se quedaron todos tranquilitos con que habían ganado esa batalla. Ése es el sentimiento que tenemos. Claro, no es con todas las organizaciones -porque también tenemos que decir que hay muchas que nos acompañan- pero la mayoría lamentablemente no.

Lee las demás entrevistas del especial 

Entrevista con Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew

Source

Por Claudia Korol y Camila Parodi

Miriam Miranda, reconocida dirigente del pueblo Garífuna, Coordinadora General de OFRANEH, ha tenido junto a Berta Cáceres, un papel fundamental en la articulación de los movimientos sociales, en la resistencia al golpe de estado del 2009. Denunció luego sus modos de institucionalización, así como el nuevo golpe producido en 2012 que destruyó la institucionalidad. El gobierno de Juan Orlando Hernandez fue profundizando el establecimiento de un narcoestado, luego de haber sido denunciado por fraude durante su segunda elección en 2017. Para Miriam, Honduras funciona como laboratorio donde se ensayan las más hostiles políticas de control y saqueo de los territorios, que pueden ser replicadas en otros países. Por eso subraya la importancia de que en el nuevo proceso electoral, se respete la voluntad del pueblo:

“Los golpes de Estado convirtieron a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad. Ahora el capital transnacional se puede apoderar de todos los recursos, de los territorios y de todos los bienes comunes de Honduras a través de ese proyecto económico llamado las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)”

El panorama para los próximos días es incierto. Explica Miriam que un nuevo fraude del gobierno de Juan Orlando Hernández podría provocar una nueva y multitudinaria caravana migrante hacia los Estados Unidos. Por otro lado, considera que la candidatura de Xiomara Castro del partido LIBRE, se presenta como una posibilidad real en las encuestas, aunque también es una opción que desde el actual gobierno no acepten entregar el poder acumulado durante los últimos años. Ante este escenario, la respuesta para Miriam Miranda es clara: para refundar Honduras “hay que profundizar la construcción de poderes locales, territoriales, e integrados, que puedan sostener la lucha en esos territorios”.

***

 En los territorios garífunas

¿Cuál es la situación de los territorios hondureños, y particularmente los que habita la comunidad Garífuna?

Creo que hay que partir del hecho de que, en los últimos dos años -que precisamente coincide con la pandemia- el pueblo Garífuna es el pueblo que ha sido más golpeado en Honduras. Durante los últimos cuatro años han sido asesinadas alrededor de 50 personas, y tenemos criminalizadas a más de un centenar de líderes y lideresas. El hecho más paradigmático fue cuando en abril del año pasado fue encarcelada Marianela Mejia de la comunidad LGTBIQ+ de OFRANEH, junto con su hermana Jenifer Mejia. Fue el detonante de la orden de captura contra 33 personas de la comunidad de Trujillo acusadas de usurpar su propio territorio. Ésas son las acusaciones que hacen contra los pueblos indígenas y, en este caso, contra el pueblo Garífuna. También denunciamos algo que fue atroz: la detención de una señora de 73 años, cuando se estaba trasladando de su comunidad hacia una ciudad.

Creo que esta situación es producto, no solamente de esta práctica que ha venido desarrollando, impulsando y, sobre todo, fortaleciendo este narco-gobierno, la narco-dictadura, sino también un mensaje muy claro a la OFRANEH, una organización que en los últimos años ha jugado un papel preponderante en el país, porque no solamente trabajamos y luchamos por el pueblo Garífuna. Por ejemplo, en el 2019 realizamos un Encuentro Nacional de Mujeres, el primero en el país, en el que participaron más de 1.500 mujeres provenientes de 16 departamentos, de la cual surgió la Asamblea de mujeres luchadoras de Honduras. Eso de alguna manera marca una diferencia, en cuanto a que somos una organización propositiva, que hemos demandado al Estado frente al sistema interamericano, que acompañamos y acuerpamos a una diversidad de luchas campesinas, feministas, obreras, indígenas, en las cuales OFRANEH tiene una presencia con su fuerza espiritual, cultural. Eso nos convierte en un objetivo principal del Estado, no solamente para la persecución política, criminalización, judicialización y asesinato, sino que también somos una organización muy vigilada.

Activismo comunitario frente a la pandemia

Una de las cosas que impulsamos durante la pandemia, fue un proceso para instalar las casas de atención de COVID 19, desde las cuales se generaba información, se elaboraron y se distribuye té para fortalecimiento del sistema inmune, se distribuyen mascarillas, y se protegieron a nuestras comunidades, cerrando las entradas para evitar que entrara y saliera gente de otros lugares, así mismo se distribuyeron alimentos en esos primeros meses de crisis. Eso provocó el asesinato de un compañero de una comunidad, por negarse a entregar la llave del portón para que entraran personas extrañas a la comunidad. Estamos ubicados en la costa, que es una zona disputada por los cárteles, el crimen organizado, los megaproyectos, la palma africana. Todos estos intereses conviven en donde habitamos. Y por supuesto la comunidad Garífuna es la más agredida.

La “colombianización” de Honduras

Estamos en la costa, la zona de trasiego de drogas en este país. La gran cantidad de droga que transita por Honduras pasa por la costa. Los que vivimos en la costa, no solamente el pueblo Garífuna, somos los más afectados, porque se criminaliza, judicializa, y se genera terror en las comunidades, porque son tomadas incluso por el Ejército y la DEA. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso de colombianización en Honduras. Esa estrategia que hace Estados Unidos de “combate al narcotráfico” no es real. Lo vemos con lo que ha pasado en Colombia después de 30 años del “combate al narcotráfico” donde han impulsado y gastado millones de dólares. Honduras se convirtió ahora en un narco estado.

¿Encuentran una relación con el proceso de Golpes de Estado?

En los golpes de Estado no solamente se destruyó la institucionalidad de Honduras, sino que se generó un Estado fallido y la falta de gobernabilidad. Nos hemos convertido en el país con mayor cantidad de personas que migran a través de las caravanas. También se ha impulsado y concretado ese plan del gobierno de Juan Orlando Hernández de rematar el país por pedazos, a través de las “Zona Especial de Desarrollo” (ZEDEs).

Honduras ha tenido tres golpes de Estado en 2009, en 2012, y en 2017. En 2012 el Congreso Nacional dio un golpe a la Corte Suprema de Justicia siendo presidente en ese entonces Juan Orlando Hernandez, para favorecer su política y aprobar la ley de “Ciudades Modelos”. En 2017 se dio el golpe electoral. Hemos tenido tres golpes de Estado sucesivos, que convierten a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad, para permitir que el capital transnacional, pueda apoderarse libremente de los recursos, de los territorios y de todo lo que son los bienes comunes de Honduras.

Las ZEDEs, tal como están planteadas por el gobierno de Honduras, son las mayores violaciones de los Derechos Humanos, porque el poder económico se está asegurando, primero, que nadie va a poder organizarse bajo las leyes nacionales, porque el Estado no tiene control sobre eso. Segundo, que los impuestos no se pagan, o sea, son territorios autónomos dentro de Honduras en los cuales el Estado no va a tener ningún control. Es como dar un pedazo o la mitad de tu casa y tú no tienes nada que ver, ahí no tienes ningún control. Es un riesgo para los Derechos Humanos, para los derechos de las comunidades que podrían, eventualmente, ser desplazadas para la instalación de estas zonas especiales de desarrollo. Es un proyecto político de Juan Orlando Hernández, que responde a la lógica de los libertarios. Entonces ahí podemos ver que sí hay una relación y no es de ahora, sino desde que se dio el golpe en el 2009.

En ese marco, tras 12 años del Golpe de Estado, la situación de vulneración de derechos en Honduras es grave ¿qué se pone en juego en estas elecciones?

Eso es importante de entender, porque estamos en este momento en una situación muy complicada, a las puertas de un proceso electoral que va a definir, en gran medida, el futuro de este país. Puede ser que tengamos la primera presidenta de Honduras, pero puede ser también que el gobierno y los nacionalistas no quieran entregar el poder. Si bien es cierto que puede ser que Estados Unidos -por todas las reuniones que hemos venido haciendo nosotros, ya que por el premio otorgado a OFRANEH por el Instituto de Estudios Políticos en Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de tener reuniones con algunos congresistas- no esté apostando por Juan Orlando Hernández. Esto se debe a una situación muy clara: el tema migratorio, que define muchas cosas en este momento, ya que si no se respetan los resultados el próximo 28 y hay fraude, el 29 se van a ir caravanas de 50 mil hasta 100 mil personas. Eso lo sabe Estados Unidos y no está dispuesto. A ellos no les importa lo que pasa en Honduras, lo que quieren es tener esos territorios bajo su control.

Nos encontramos en varios escenarios difíciles en esas elecciones. Hay una campaña fuerte contra el comunismo, contra el aborto, y eso fortalece la intolerancia, se fortalece todo ese sistema contra el cual hemos venido luchando junto a las organizaciones feministas. Porque el fundamentalismo religioso se ha exacerbado, en este momento, contra Xiomara Castro. Eso lo han utilizado muchísimo los medios, la Iglesia y todas las redes.

¿Los movimientos sociales se han posicionado frente a este escenario electoral?

Claro que sí, es importante. A pesar de que, por ejemplo, la OFRANEH es una organización apolítica partidista, no podemos negar de que éste es un momento histórico, y que tenemos que posicionarnos frente a una situación real. Hay personas del movimiento social que están haciendo campañas para que se vote. Es un tema importantísimo, porque el problema es que si la gente no sale a votar, va a ser más fácil que se quede Orlando Hernández. Ellos están haciendo una campaña también, porque el Banco Mundial y el BCIE desembolsaron millones de dólares, y los están entregando justo ahora, a una semana de las elecciones, 7.000 lempiras por persona. Nosotros hicimos una denuncia a través de la Mesa Ciudadana exigiendo que el BCIE no repartiera esa plata, pero no tuvimos eco. Hay toda una estrategia de compra, y eso ha contribuido, diría hace 2 meses, a que algunas organizaciones y personalidades se posicionaran también por LIBRE. Incluso, hay algunas compañeras de la Asamblea de Mujeres y otras de mujeres que están organizadas que se presentan como candidatas de LIBRE.

¿Cómo valoran la candidatura de Xiomara Castro?

Hay un primer elemento: que sea una mujer la candidata de la oposición, contribuye para nosotras. Pero en este mundo misógino y anti patriarcal existe una visión de que los hombres siempre tienen que tener la razón, y eso se convierte en un riesgo. Sobre todo en la zona rural, el tema del machismo lo vemos todos los días y se ha usado también contra Xiomara. Dicen que ella no es la que manda sino que es Mel Zelaya, y toda una serie de desprestigios que fueron terribles durante el proceso electoral. Sin embargo, es una esperanza en el sentido de que hay una gran participación de mujeres como candidatas.

Nos preocupa comprobar que hay un deterioro tan fuerte del ejercicio de la democracia. Vemos que, por ejemplo, a los que toman decisiones, como el sistema judicial, se lo ha fortalecido a favor de la clase política económica de este país. Eso lo vemos con lo que está pasando con los presos políticos de Guapinol que los mantienen privados de su libertad por una orden de un juez ¿Y por qué? Porque responde a los intereses de la clase política sobre nuestros territorios.

Con la posibilidad latente de que el partido de LIBRE gane y, en caso de que se aceptara ese triunfo, ¿Qué tipo de gobierno se puede prever? 

Es una cuestión complicadísima, porque el tema de las alianzas y con quién te alías es una de las cosas más complejas. No hay certezas, por la gente que está alrededor, por la gente con la que se hizo la alianza de oposición, etc. Yo digo que será un gobierno muy complicado, no solamente por la composición de la alianza sino porque se encuentra con un país totalmente destruido. Si no hay capacidad de generar, por parte de Xiomara como presidenta o como oposición, algún tipo de convergencia de todos los sectores, para el futuro no va a haber ninguna posibilidad de que salga. Hay una destrucción total de la institucionalidad, hay un vaciamiento de los territorios tomados por los narcotraficantes o por el crimen organizado, hay una crisis sin precedentes.

Entonces, hay que entender que se necesita ir más allá de tener una presidenta, porque también están los poderes territoriales, y si no se llega a un nivel de alianzas, de convergencias, para poder construir desde los territorios algo diferente, esto es muy complicado. Si bien es cierto que este país no aguanta un nuevo golpe de Estado, hay otras formas de no permitir que la gente pueda ejercer su gobierno. Ya lo hemos visto en América Latina con lo que pasó en Bolivia. Hay que profundizar, entonces, en la construcción de poderes locales territoriales integrados que puedan sostener la lucha en esos territorios, porque de lo contrario se vuelve bastante complejo.

¿Y los narcos están teniendo algún tipo de acción para el acceso al Parlamento como en Colombia y en otros lados?

No es tan claro, porque tampoco aquí se tiene identificado, muchos diputados han sido involucrados. En el sistema de Narco, de hecho algunos están investigados en Nueva York. Por ejemplo, vemos políticos que han sido señalados como ligados al narcotrafico, tal es el candidato Yani Rosenthal del Partido Liberal que estuvo privado de libertad por 2 años en Estados Unidos acusado de lavado de activos y ahora es el candidato del Partido Liberal. Es otro tema para trabajarlo en el futuro, construir algunos criterios y principios de la gente que es candidata, porque eso es como normalizar la situación. Por ejemplo, hace unos meses hicieron una reforma al Código Procesal Penal, precisamente pensando en las elecciones, en la que no debe haber ninguna movilización para evitar que la gente pueda llegar a las manifestaciones.  Se criminaliza todo lo que son las movilizaciones. Eso lo hizo el Congreso Nacional reciente, y entró en vigencia para que la gente no salga a las calles como en el 2017 donde fue brutal la represión.

Es claro que hay mucho terror, pero también hay esperanza de que la gente pueda tomar sus decisiones, porque aquí han estado entregando incluso hasta camas, estufas, de todo. Hay algo muy certero: este gobierno está con miedo, porque hay todo un movimiento de personas que sí quieren rendición de cuentas. También es cierto que hay una diferencia con el 2017: la gente no tiene miedo. El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno. En 2017 hubo gente a la que secuestraron, que hasta asesinaron cuando salían a denunciar, pero este año la gente no tiene miedo, está harta, harta, porque tampoco es posible seguir viviendo en estas condiciones de vida, hasta de vulnerabilidad ambiental, por eso creo que son elecciones muy particulares.

¿Cuál es la situación de las defensoras?

Nos encontramos en el país con mayor violencia hacia las defensoras y defensores de derechos humanos. Honduras en proporción geográfica es el país más violento y más inseguro para las defensoras y defensores a nivel mundial. Entonces ésa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, por eso estamos tejiendo redes. Hay muchas personas observadoras que han llegado al país así como los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras instancias, que están visitando a muchos de los líderes y lideresas para hablar un poco sobre el contexto.

Teniendo en cuenta lo que nos decías de la candidata Xiomara y de las compañeras feministas que ocupan las listas, así como el ataque desde posiciones fundamentalistas y patriarcales, daría la impresión que va a ser muy relevante el papel que tengan las feministas, no sólo de Honduras sino de todo América Latina ¿Hay un llamamiento o acción específica de los feminismos de Honduras?

Yo creo que el llamamiento general es a respetar la voluntad del pueblo, a garantizar la no violación de los Derechos Humanos de las mujeres porque recordemos que en estos últimos años, el femicidio aquí ha crecido potencialmente y hay muchas violaciones a la Derechos Humanos de las mujeres luchadoras. El llamado es ése, a que haya garantía y seguridad para que las defensoras no vayamos a ser atacadas.

No le hemos dado la debida atención a esta situación de haber convertido un país en un laboratorio político que puede ser replicado en otros países. No le hemos puesto atención, no lo hemos analizado como debe ser, y de hecho luego de esta experiencia vino Paraguay, Brasil, Bolivia. El fascismo y la ultraderecha se están posicionando cada día más en nuestras Américas. Por eso es necesario construir otros pactos de convivencia. Por qué tenemos que pensar que la única forma en la que se puede construir poder o participación es a través de un proceso electoral. Hoy, en América Latina, la democracia electorera se encuentra totalmente desgastada porque ya la gente no va a votar, no llega a votar. Ya no creen ese proceso y eso hace mucho daño, como en este caso.

Cuando hablamos en el 2016 nos comentabas, justamente, que había que abrir debates sobre los modelos democráticos. Después salió Ecuador a las calles, luego Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia, un año antes la caravana en Centroamérica, y no sólo salieron, sino que también buscaron nuevas formas de organización. Vemos experiencias que de alguna manera se enfrentan a la falta de respuestas que tienen las democracias ¿Cómo vieron este proceso de revueltas y cómo se imaginan que podría continuar?

 Estos procesos que se han dado en los últimos años en algunos países de América Latina, es como cuando se dice “la gota que colmó el vaso”.  Una cuestión de expresión de la gente que ya está harta, es la necesidad de seguir construyendo esos otros procesos, modelos diferentes. Modelos autónomos, espacio territoriales de autonomía, soberanía alimentaria. No podemos nosotros replicar los errores que se han cometido en las últimas décadas. A la par de que nosotros estamos hablando de inclusión, participación, de soberanía alimentaria, tenemos que hacerlo en la práctica. Es lo mismo cuando se habla de los derechos de las mujeres, tú no puedes hablar del derecho de las mujeres si tú como mujer no ejerces primero esa libertad que es tan difícil porque tenés que romper esquemas.

Por eso, nosotras hemos venido trabajando en un espacio territorial que se llama “Vallecito” para ejercer nuestra autonomía, nuestra soberanía alimentaria. Estamos construyendo en este país algo que sirva para mostrar, que sí podemos y debemos generar espacios territoriales, autónomos y autogestionarios. Incluso aún en las ciudades, también hay territorios, lo que pasa es que no lo hemos sabido construir. Los barrios, las colonias son territorios. Tenemos que romper eso que pasa en las ciudades con el individualismo, de no saber quién está a tu lado.

El tema de la refundación de Honduras, que tanto hemos hablado en su momento con Berta y con vos, es uno de los proyectos políticos más importantes que tal vez, se ponga a la orden, porque en cualquiera de los dos escenarios, gane Xiomara y se legitime ese gobierno o no gane por fraude será necesaria esa construcción de un modelo político diferente…

No vamos a resolver el problema de Honduras con que gane Xiomara. Algunos creen que sí, pero entonces ahí es donde está esa cuestión de lo que tenemos que analizar dónde está el peso político, dónde está el peso de la toma de decisiones, quién toma las decisiones. Porque Xiomara puede llegar a ser presidenta, pero cómo va a gobernar cuando toda una plataforma de poder económico, político, militar, etc. va a estar siempre luchando contra ella. Por eso, gane quien gana tenemos que ir construyendo otra forma de convivencia, pactos diferentes que nos permitan salir adelante y que podamos enfrentar temas claves como por ejemplo la crisis climática. Las empresas están destruyendo el hábitat y están saqueando todos los recursos naturales. Ahí hay que construir conciencia por un lado, pero también toma de decisiones sobre esa empresa que está destruyendo tanto la naturaleza. Es un debate que se está dando a nivel de todo el mundo.

Entonces ahora me pregunto yo, cuál es el poder que tendrá ella si no está acompañada de un movimiento social que pueda posicionarse contra esto. No es únicamente una decisión ejecutiva, estamos hablando de que a nivel territorial, deben crearse las condiciones para que las comunidades estén empoderadas territorialmente, comunitariamente, para poder enfrentar la voracidad del capital que destruye dia a dia nuestros recursos y nuestra vida, y asi construir con autonomía un proyecto popular, que es la base para la Refundación de Honduras.

Source

Un año atrás supimos -una vez más- que todo el horror que podemos imaginar es poco, cuando quienes se creen dueños de la vida y de la muerte, despliegan sus estrategias de salvataje de su sistema corrupto capitalista, colonial, patriarcal, con la crueldad aprendida a través de siglos de ejercicio del poder.

Mario Abdo Benítez, actual presidente de Paraguay, hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stroessner -con quien “Marito” gusta compararse-, posó hace un año en una conferencia de prensa, asegurando que habían dado un golpe enérgico a la guerrilla del EPP, abatiendo a dos de sus integrantes. Una gran victoria militar, que anunció con una fantochada, en la que se desplazó hasta Concepción, el territorio donde se realizó la “acción heroica” de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Ejército Paraguayo.

Con el tiempo se fue aclarando que los peligrosos guerrilleros abatidos eran dos niñas argentinas, María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, de 11 años, que habían viajado a conocer a sus papás, integrantes de la guerrilla del EPP. Las niñas fueron torturadas y asesinadas, y luego se realizó el montaje -al estilo de los falsos positivos colombianos-. Se les colocó ropa militar, se las fotografió de ese modo, y luego rápidamente se las enterró y se quemó el ropaje improvisado, para ocultar la evidencia.

En el grupo viajaba su prima Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que en ese momento tenía 14 años (hoy ya cumplió 15), que fue secuestrada el 30 de noviembre, y continúa hasta hoy desaparecida, en lo que constituye un crimen de lesa humanidad.

Iba como cuidadora del grupo de niñas, Laura Villalba, hermana de Carmen y mamá de María Carmen, quien el 23 de diciembre fue apresada, y continúa como rehén del régimen misógino y patriarcal de Mario Abdo Benítez. Durante ocho meses estuvo aislada completamente en la cárcel militar de Viñas Cué, y recientemente la trasladaron a la cárcel de Encarnación. El gobierno paraguayo, mientras garantiza la impunidad de las FTC, mantiene presa a la madre de una de las niñas. Ella les resulta peligrosa, pero no por lo que la acusan mentirosamente, de ser terrorista, de ser enfermera del EPP.

El riesgo real para el gobierno es que ella es testigo del crimen de las niñas. Por eso pretenden quebrar su espíritu, su fuerza, acusándola de ser responsable de la muerte de las niñas, por llevarlas a un lugar de tanto riesgo. ¿Tanto riesgo? Es cierto… Es un lugar de tanto riesgo, precisamente porque es una zona militarizada bajo control del Ejército Paraguayo y de sus siniestras FTC. Laura está presa por maternar, por acompañar a las niñas, por no haber podido defenderlas de la amenaza de los militares criminales, y del jefe de los mismos, el presidente, que proclamó el triunfo sobre una banda asesina, como llamó al grupo de niños y niñas.

Conflicto diplomático

Luego de conocido el crimen de las niñas, el gobierno de Argentina intervino para que se permita el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense, para que ayudara a la investigación. Cuando se cumple un año del mismo, en un comunicado de la Cancillería se vuelve a insistir en este pedido. En reunión sostenida en estos días con la Gremial de Abogadas y Abogados, la Cancillería manifestó su intención de acompañar también con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas, ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente. A pesar de la tímida intervención del gobierno argentino, la negativa sistemática del gobierno paraguayo a autorizar el acceso del Equipo Argentino de Antropología Forense, para realizar una nueva autopsia, y colaborar con la investigación, es motivo de tensiones entre ambos gobiernos.

Lxs niñxs por las niñas

El próximo lunes 6 de septiembre se realizará una concentración en Buenos Aires, convocada por la Campaña Internacional #EranNiñas, para demandar Justicia para las Niñas, Aparición con vida ya de Lichita, Libertad a Laura Villalba, Libertad a Carmen Villalba y a todxs lxs presxs políticos en Paraguay. La concentración será encabezada por niñas y niñxs organizados en diferentes colectivos y movimientos, que han dialogado en sus organizaciones sobre el significado de que dos niñas como ellxs, hayan sido asesinadas por el gobierno paraguayo. Es conmovedor ver las pancartas, los cantos, las banderas que vienen preparando ya hace muchos días, y la disposición a salir a las calles y pararse frente a la Embajada a decir: ¡Ya Basta! ¡Justicia para las Niñas!

El protagonismo de las niñeces, cuando se cumple un año del crimen, debería estremecer la conciencia de quienes asisten con indiferencia ante estos hechos, ejercitando por acción o por omisión un ejercicio de profunda crueldad. En distintos territorios de Abya Yala, se están realizando en estos días actos frente a Embajadas y Consulados.  La lucha por la vida, ya sabemos, exige no olvidar, no perdonar, no reconciliarnos. También obliga a continuar la demanda contra el estado asesino de Paraguay para que diga dónde está Lichita. Viva se la llevaron. Viva la queremos. Libertad a Laura Villalba y cárcel para los asesinos y desaparecedores de las niñas.

Junto a todas las palabras que podamos escribir, necesitamos escribir la historia con nuestros cuerpos colectivos en las calles. Que la vida de las niñas de nuestro Abya Yala, no nos sea indiferente.

#EranNiñas.

#ApariciónconvidaYadeLichita

#LibertadaLauraVillalba

#Libertad a CarmenVillalba

#Libertad a lxs presxs políticxs del Paraguay

Source

 Por Claudia Korol

¿Cuál es tu percepción sobre qué sucedió con lesbianas, gays, travestis en la dictadura? ¿Qué es lo diferencial respecto a otros grupos sociales en lo que se vivió en esos tiempos?

Me parece que hay distintas cosas. Lo primero es que no es un aspecto que se haya analizado rigurosamente en forma amplia. Yo he visto algunos datos, más de tipo informal, he visto alguna investigación académica, pero no tantas investigaciones, no tan abarcativas, no ha habido ninguna iniciativa por ejemplo desde el Estado por fuera de lo académico. Me parece que hay como una zona medio nebulosa.

Lo que yo he visto es lo que le transmitió Marshall Meyer a Carlos Jáuregui en los 90. Marshall Meyer era un rabino integrante de la CONADEP[1]. Él le dice que cuando estaban recibiendo los testimonios para él Nunca Más, estima haber recibido noticias de unas 400 personas que eran gays y lesbianas. Dice que ese dato queda fuera del Nunca Más. Carlos le pregunta por qué. Meyer le dice que en parte por presión de sectores de la APDH muy ligados a la Iglesia Católica.

Creo que pesó la idea extendida en los primeros años de la post dictadura, que había que demostrar que los detenidos desaparecidos eran “buena gente”. Había una cosa ahí con la imagen que se construía en torno de los detenidos desaparecidos para hacerlos más aceptables. Estas cuestiones de sexualidad estaban por fuera de cualquier cosa aceptable en los 80. Incluso en los 90 también, porque hemos hecho activismo en los 90 en mucha soledad sobre cuestiones LGTB.

Entonces era un tema medio tabú hablar de la sexualidad. De hecho todo el discurso que hubo -incluso por parte de Graciela Fernández Meijide que también fue parte de la APDH- de las “víctimas inocentes”. Ella decía que su hijo era una víctima inocente, que no había sido guerrillero. Había una construcción narrativa, de disputa en torno a qué habían hecho y quiénes habían sido los detenidos desaparecidos, para construir una figura más “aceptable”. Esta versión que omitió hablar de la sexualidad porque era muy escandaloso, me resulta totalmente verosímil.

Ahora el dato es en cierto sentido informal. Meyer estima ese número de 400 y se lo transmite a Carlos. Meyer, si bien era de una rama conservadora del judaísmo, era un poco abierto afín a las cuestiones LGTB. Carlos era uno de los pocos activistas visibles de ese momento, con sus propias características, de profesor de historia, de clase media.

Entonces es una fuente que es valiosa pero que fue transmitida así; Meyer le dice a Carlos, Carlos lo pone en su libro, y lo publica en el año 96, en una nota que escribe en la revista NX con motivo del 24 de marzo. NX era la revista gay del momento, y se conseguía en los kioscos.

Meyer habla también desde un lugar de afinidad en el sentido de ser judío y de haber sido parte de los mismos grupos que han sido perseguidos en otros regímenes. Le dice que pasaba algo semejante con la tortura a lo que pasaba con los judíos. Que había un mayor ensañamiento, una mayor crueldad con estos detenidos desaparecidos gays y lesbianas. Pero no dice, y no hay realmente una masa de evidencia de que la gente haya sido perseguida por ser judía ni por ser gay o  lesbiana. La gente era perseguida por su activismo político, sindical, estudiantil, por ser parte de la guerrilla. Después sí había un ensañamiento distinto.

Me parece que hay que distinguir niveles. Una cosa es cuál era el plan armado de las cúpulas en función de construir un enemigo interno para instalar un programa económico político, y otra cuál es la forma en la que se extiende eso capilarmente a cada uno de los individuos que llevó adelante el exterminio y la tortura, cada uno de los tipos que actuaron en cada centro clandestino.

Me parece que ahí es donde no es raro que aparezcan los ensañamientos, las cosas más crueles, salidas de la mano de cada una de los que ejecutaron el plan genocida, con sus propios prejuicios, con sus propios posicionamientos. Por otro lado, necesitamos pensar qué es lo que pasó con el aparato policial, que sobre eso también hay algunas investigaciones. Pero no hay que confundir el aparato policial con la dictadura, con el período de los militares en el poder. Porque el aparato policial funcionaba antes, funcionó durante, y siguió funcionando después. Esto nos lo han dicho las compañeras travestis un millón de veces: “para nosotras la dictadura no terminó”. Por supuesto, porque para ellas la persecución venía sobre todo del aparato policial, y era importante marcar esa continuidad, porque siguieron siendo detenidas, como lo eran antes. Estaban esas brigadas de moralidad con un margen de acción en la calle, de la moral cuidada por la policía que perseguía gente -ahí sí en función de la sexualidad en la calle-. Eso le caía a mujeres que hacían prostitución, a gays que estaban de gire, a travestis que hacían prostitución, había allanamientos en telos, a parejas heterosexuales cogiendo en un telo. O sea, ni siquiera sexo gay en una plaza. Ese nivel de monitoreo, regulación, vigilancia y persecución de lo sexual. Claro que eso pasó. Por supuesto que la policía durante un período de dictadura va a tener mucha más discrecionalidad que durante un período democrático. Después, cuando logramos la derogación de los edictos policiales, tuvimos una gran arremetida policial, porque perdían una gran cantidad de poder en períodos post dictadura. Eso sin dudas que pasó, como con algunos centros clandestinos que funcionaron en dependencias policiales: Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes. Seguro que esos circuitos además se superponían, tenían lugares de intersección, que hubo gente que fue detenida por estas causas policiales que estuvo junto con los detenidos desaparecidos por los demás motivos. En las mismas comisarías, cuando aparecen estos relatos de gente travesti detenida que le hicieron eliminar fichas de los detenidos desaparecidos. Todo ocurría en la misma comisaría, pero son fenómenos que están sucediendo un poco en paralelo dentro de estructuras de poder

En estos años hubo una intención, un interés en visibilizar la existencia de lxs detenidxs desaparecidxs que eran gays y lesbianas. Se habla de lxs 30.400, como si fueran 400 personas que no habían sido tenidas en cuenta en el número de lxs 30.000.

Sí, y como si hubiesen sido perseguidas por su sexualidad específicamente. Me parece que eso es volver a una política de la identidad bastante básica y bastante distorsionada. La verdad es que no hay elementos para decir eso. Además tiene el aspecto muy negativo de recortar a estas 400 personas de lo que fue su historia. Esta gente era perseguida por lo que hacía como militante político, como sindicalista. Aparece esta nueva forma de contar esa historia que los pone aparte de todos los demás, los pone aparte del resto de los 30.000. Así como en un primer momento hubo la intención de suprimir la dimensión sexual, ahora se habla sólo de la dimensión sexual y se suprime el resto del compromiso político y de la pertenencia a organizaciones que tuvieron estas compañeras y compañeros ¿no?

Eso me parece doblemente cruel, porque la verdad es que en esos años la gente LGTB cargaba una cantidad de estigma y de prejuicio mortífera, y muchas organizaciones que estaban en la oposición a la dictadura, muchas organizaciones de izquierdas, muchas organizaciones peronistas, tenían una moral heterosexista espantosa, y había una cosa muy jodida con lo gay, con lo lésbico, con lo trans. Entonces de hecho hubo gente que por el compromiso que sentía con cierta causa política y con cierta organización, permaneció en el clóset, con todo el costo que eso tiene. Capaz que su compañero o compañera estaba detenido, estaba preso, era torturado o torturada, y no podían decir cuál era el vínculo que realmente tenían, pero por el valor, el compromiso y la importancia que le daban a estar en esta organización, en ese proyecto político, lo callaban.

Entonces, si los compañeros y las compañeras tuvieron ese compromiso y fue tan importante, quitarles eso y de repente contarlos como 400 aparte, que sólo eran gays o lesbianas, homosexuales, me parece brutal, me parece tremendo hacerles eso, me parece una deslealtad, me parece como privarlos de su propia historia, de los motivos por los que se movilizaron. Se plantea una unidimensionalidad de la existencia que no es lo que era. La verdad es que creo que no ganamos nada así. Al hacer de este modo política de la identidad no se ve nada más de la vida de esta gente.

Necesitamos poder pensar en términos de intersecciones, de colectivos, de alianzas. Decir: “lo LGTB era parte de estas organizaciones” y entonces pensar un proyecto político más amplio. Es una discusión que hemos tenido en el movimiento mucho tiempo, quizás más marcada alrededor del 2001, donde había un sector que éramos fuertemente anticapitalistas. Ahora quedamos un grupo medio chiquito del activismo LGTB anticapitalista que nos nucleamos en la columna Orgullo en Lucha, pero en algún momento tuvimos discusiones fuertes en torno a esto, porque te inscribís en proyectos más amplios y buscás hacer vínculos y alianzas con otros colectivos que tienen situaciones también de opresión, de exclusión. A mí me parece muy tremendo esto que se instala de los 30.400. Esa gente ya fue considerada en el Nunca Más, no son otros 400.

Me parece interesante esto que decís. Viví muy de cerca la experiencia de la negra Viviana Avendaño. Su primera pareja lesbiana la tuvo en la cárcel, y cuando se lo informó a su dirección la separaron, y pasó sus años de cárcel alejada de ella. Cuando yo la conocí ya estaba en libertad, pero ante las organizaciones políticas seguía ocultando su vida como lesbiana. Necesitamos reconocer también esos límites en las organizaciones a las que pertenecíamos, y cómo es parte del silencio que rodea el tema. Por otro lado, la situación de las travestis es algo diferente. Lo hable muchísimo con Lohana. Ella decía no sólo que siguió, sino que no le afectó más la dictadura que lo que estaba viviendo antes y después. Fue una discusión permanente entre nosotras, para poder entendernos y comprender que el grupo de travestis era mucho más identificable, por un lado, pero por otra parte que muy pocas compañeras travestis eran parte de organizaciones populares o revolucionarias. Eran perseguidas en este caso por hacer visible su sexualidad.

Claro. La verdad es que en sentido estricto estas 400 personas de las que habla Meyer son todas personas cis, básicamente gays y lesbianas, y quizás alguien que se identificará cómo bisexual. Decir otra cosa también es un anacronismo que me parece que no nos sirve a nadie. Porque justamente desde el campo popular, tenemos que pensar cuál ha sido la historia de nuestras organizaciones, cuáles han sido las cosas en las que la han pifiado, en las que han repetido esquemas de opresión. Necesitamos hacer una crítica antipatriarcal fuerte a las organizaciones de izquierda y a las organizaciones del campo popular en general. Para mí recuperar esta historia tiene uno de esos sentidos justamente, reflexionar sobre cómo la pasó esta gente en sus organizaciones, por qué quedaron tan solos a veces. Seguramente hay historias heterogéneas en distintas ciudades, en distintos lugares, debe haber habido gente que sí pudo haber sido más visible en sus organizaciones y gente que no y también preguntarnos esto ¿no? Otros cruces, tal como decís.

Las travestis eran un grupo hipervisible y eran un grupo pobre, que estaba en la calle. No era un grupo que tenía los recursos que tuvieron algunos compañeros y compañeras, incluso en la lucha armada, que eran de clase media, que encontraron vías donde esconderse. Las travestis eran la calle para todo. Entonces hay una gran cantidad de cruces.

 A mí me parece que es muy importante hablar de la sexualidad de los 30.000 y hablar en serio, hablar también de la cuestión montonera, de los embarazos, de los casamientos, el atravesamiento católico que había ahí, las diferencias de morales, de discursos, de modelos sociales, de modelos de relaciones, de modelos de familia. Pensar los modelos en otras izquierdas, para poder hacer una crítica que pueda hacer así como anticapitalista, también antipatriarcal. Necesitamos poder pensar la historia de las organizaciones, y reivindicar la existencia integral de los compañeros y las compañeras

La cuestión de las travestis me parece súper importante, porque si no es como decir “bueno, entre esas 400 personas había travestis”. No fue así, la verdad es que no. Y no es una cosa transfóbica. Es necesario mostrar que justamente el nivel de transfobia social era tan generalizado, que no había casi la menor chance de que hubiera travestis en otro lugar que no fuera la calle, haciendo prostitución.

Me parece además que si no podemos pensar lo que hicieron los aparatos policiales, decimos rápidamente: “en el 83 el cambio fue profundo para todo el mundo”: no lo fue. Yo a Lohana eso se lo escuché decir un montón de veces. Es importante para decir: “che, de esto hay que seguir hablando”, no es distinto de la criminalización de  los pibes de clases populares, de los migrantes, de los manteros. Es el mismo aparato que va cambiando la fuente de extorsión en última instancia y que a veces tiene mucho más revestimiento de cosas morales, porque hay un clima de época, y otras veces, sobre todo es interés del control territorial y de la extorsión en dinero. No es que decimos “no pasaba nada”. También hubo un momento en los que esas brigadas de “limpieza social”, entre comillas, salían a reventar gente a tiros en la calle, y eso era “limpiar la calle”, y la calle era la travesti en prostitución, la mujer en prostitución, la persona que dormía en la esquina y el pibe que pedía. Era limpiar la calle de todos esos elementos.

Justamente poder pensar por qué la gente fue atacada, por qué la gente fue perseguida, y poder pensar que mucha de esta gente que fue barrida en las limpiezas de calle no tenía ninguna participación política. Vos ahí ves otro aparato operando de otra manera, haciendo otra acción, una acción también asesina, pero otra, con otro lugar dentro del esquema general. Son todas cosas gravísimas, todas cosas importantes, pero es justamente importante poder ver cada una de esas situaciones en su propia dinámica y no hacer este pastiche.

Volviendo al tema de los 400, realmente me parece que no es la solución esto de apartarlos. Esto impide hacer una reflexión más profunda sobre la dificultad de los organismos para hablar de lo sexual en general. Porque pensemos también cómo la cuestión de las violaciones y las violencias sexuales como forma de tortura en los campos clandestinos sobre las mujeres cis heterosexuales, aparecen muy tardíamente, y es incorporada en las causas de lesa humanidad recientemente, no es algo que esté ahí desde el principio, es algo sobre lo cual costó hablar y costó que fuera tomado con la misma entidad de gravedad que otras formas de tortura.

Para mí ha habido ahí una incomodidad general con todos lo sexual, como que no se consideraba tan parte de los derechos humanos, y no se consideraban las agresiones sexuales tan parte de las violaciones a los derechos humanos.

¿Algo más que te parezca importante decir sobre este tema?

Sí, que no hagamos lo mismo que nos hicieron. Así como otros no se atrevieron a asumir y a reivindicar públicamente nuestra sexualidad, la de nuestras compañeras y compañeros, no hagamos lo mismo no atreviéndonos a reivindicar la integralidad de la lucha que hicieron, los posicionamientos, las pertenencias en las organizaciones, en el proyecto político en el que cada uno y cada una estaba. Reivindiquemos su integralidad dentro de los 30.000

[1] CONADEP. Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, creada por Alfonsin para recoger los datos de lxs desaparecidxs en la dictadura.

Source