Por Claudia Espinoza* / Foto: Camila Parodi

Lo vimos en las redes sociales. El video muestra a un policía en plena agresión sexual a una mujer en El Alto: el delito in fragantti. Nos gustaría saber qué sanción recibió el uniformado de la llamada Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Las redes mostraron las imágenes desde varios ángulos. El hecho se produjo en Senkata, tras el desbloqueo de las vías y el arresto de unas 60 personas. La redada policial terminó cuando subieron a las y los detenidos a las camionetas, y ahí fue cuando ocurrió el abuso sexual.

Acto seguido, la mujer sentada y abrumada por periodistas que le cuestionaban “por qué había vulnerado la cuarentena”, se lanzó a llorar y relatar que con tres hijos para alimentar, no recibió ninguna ayuda gubernamental para enfrentar la crisis económica. Entre lágrimas, se la escucha: “No recibí ningún bono y hoy salí porque era mi día de salir, fui a comprar algunas verduras”.

Los mensajes de indignación en las redes sociales no se dejaron esperar; mientras que las autoridades transitorias no reaccionaron sobre el caso. No ameritó una conferencia de prensa, un comunicado, ni un tuit ministerial o presidencial. El silencio estatal expresa una posición frente a la violencia. Envía un mensaje a la sociedad. Significa que la violencia contra esa mujer alteña, madre, indígena y trabajadora, está permitida. Encarna el carácter colonial y patriarcal del poder dominante.

Para esa mujer, y para muchísimas más, no fue suficiente enfrentarlas a la violencia represiva de los últimos seis meses. Vino la crisis sanitaria y la mayoría de ellas tuvo que adaptarse, sobre la marcha, al encierro, al contagio, al desempleo, al hambre y al desamparo de un futuro incierto. Están obligadas a obedecer decretos no consensuados socialmente, arbitrarios, incomprensibles y no comunicados. Se vulneran derechos y se ejerce la disciplinarización de los cuerpos a una “nueva” normalización de la violencia en varias versiones. La pandemia también sirve para eso: abuso e impunidad. El video que circuló en redes comunica la semiótica de ese poder que usa la fuerza bruta, viste uniforme y no recibe castigo.

En ese escenario, la alteña de pollera, víctima de toques sexuales (según la Ley 348) al igual que otras mujeres, en situaciones similares, se encuentran en la indefensión absoluta. En síntesis, se sufre la triple violencia: la falta de atención en la crisis sanitaria y económica, la agresión sexual y la detención. Nadie a quien quejarse, ni dónde exigir justicia. Porque si alguien se pronuncia, ¡zas!, le cae el ciberpatrullaje. Así, Bolivia cierra el primer semestre de un callejón oscuro en su historia.

*originalmente publicado en La Razón

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Por Claudia Espinoza* / Foto: spot Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de facto

El mundo enfrenta la amenaza del coronavirus. Como en toda guerra lo primero que muere es la verdad. En Bolivia, la información que caracteriza el discurso oficial es contradictoria, falsa, acaso oculta, al punto de convertirse en una infodemia que profundiza la angustia de una sociedad en permanente “emergencia”, desde noviembre del año pasado.

En el campo de la salud, la desinformación es el sentido común. El caso del empresario Sandoval lo muestra. Hace dos semanas Jeanine Áñez, presidenta, y Luis Revilla, alcalde de La Paz, inauguraron un hospital, cuyo slogan era: “Estamos listos para enfrentar el coronavirus”. Sin embargo, el pasado 29 de marzo, Sandoval murió porque ese hospital no estaba acondicionado para atender la enfermedad. Pero además, dicho caso no estaba registrado en las estadísticas del Servicio Departamental de la Salud de La Paz (Sedes), lo cual presenta indicios de que no todos los casos se encuentran controlados, pese a que el Ministro de Salud, como vocero del coronavirus, entrega cifras diariamente.

Añez el 12 de marzo anunció al país que “desde el mes de enero el gobierno ha estado trabajando para la llegada del coronavirus a Bolivia y por tanto se activaron los equipos de respuesta rápida y se dispuso a todo el personal médico capacitado para la atención”. ¿Cómo se entiende entonces lo sucedido con Sandoval? (1) Vianka, hermana del fallecido, sentenció en su Facebook: “No crean nada, el gobierno nos miente”.

En otras varias conferencias de prensa, autoridades del gobierno de Áñez fueron consultadas sobre medidas concretas en la emergencia sanitaria, a lo que respondieron con el discurso de que en 14 años de gobierno de Evo Morales solo se construyeron canchas de fútbol. Ex ministras de salud e incluso el propio ex Presidente salieron a desmentir y responder en Twitter no solo sobre los hospitales, los ítemes, los equipos y el presupuesto que se asignaron en sus gestiones. Esa matriz de opinión que intentó posicionar el discurso oficial, además de no ser cierta, no contribuyó en nada a aliviar la situación.

En Santa Cruz de la Sierra, la tercera víctima de la pandemia estuvo 12 horas tendida en la sala de trauma-shock de un hospital. Cuando sus restos fueron trasladados a la morgue judicial que funciona en el mismo nosocomio, “los funcionarios fueron retirados, alegando que el lugar estaba contaminado con el Covid-19. La orden tuvo que llegar desde la Fiscalía Departamental” para retirar el cadáver. (2) Otra vez se puso al desnudo que ninguna instancia estatal se encontraba informada ni preparada para actuar.

Los hechos se desarrollan con un guión improvisado que delata una espiral descontrolada de contagiados, infectados, confirmados y sospechosos. Técnicamente se habla de subregistros que no están reportando información fidedigna a la población. Incluso la familia del “primer” fallecido afirma que el deceso de su pariente no fue por coronavirus. Ninguna instancia de salud les proporcionó un certificado médico, el hijo del fallecido contó en una radioemisora que los amenazaron en el hospital si seguían insistiendo; incineraron el cuerpo no se sabe dónde.

En los últimos días, Bolivia apareció en primer lugar en la tabla de la Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) con el nivel más alto de letalidad del coronavirus. Según su representante, Alfonso Tenorio, “es que se han hecho pocas pruebas de diagnóstico, por lo que la cantidad de casos positivos debe ser mayor a la registrada”. Bolivia es el país con mayor letalidad de la región, con 6,5 por ciento. Le siguen Paraguay con 4,62 por ciento; Brasil con 3,59 por ciento y Ecuador con 3,35 por ciento. Ninguna autoridad habla al respecto y la espuma de infodemia sigue creciendo en la opinión pública.

Para paliar los efectos de la pandemia y de una desaceleración en la economía boliviana, desde noviembre pasado, el gobierno anunció medidas sociales y económicas. Nuevamente el discurso oficial contradictorio generó más confusión. Primero, ofrecieron canastas familiares para 1.600 millones de hogares; luego las cambiaron por dinero en efectivo a un grupo de 1 millón de personas adultas mayores, embarazadas y discapacitados, mediante bancos. Son 400 bolivianos (57 dólares), monto que para una familia resulta irrisorio y además donde el nivel de bancarización no abarca la generalidad.

También se anunció el bono familia, en la segunda semana de abril, de 500 bolivianos (unos 72 dólares) por hijo/a que curse pre-kínder, kínder o nivel primario en escuelas del sistema público. El universo de estos “coronabonos” deja fuera a un grueso de la población que vive del comercio y los servicios, por lo que no califica. Para ellas y ellos, no hay respuesta alguna del gobierno.

Quienes sí se encuentran en las prioridades del ejecutivo son los uniformados. Áñez acaba de aprobar un incremento salarial entre 450 y 470 bs a la Policía, en medio de la emergencia sanitaria. Ningún vocero oficial quiere informar sobre el tema. Lo cierto es que desde noviembre pasado la Policía cuenta con más de 80 millones de bs (vía decretos), impunidad para tareas represivas y “confidencialidad” en los gastos que realiza. Algo similar sucede con los militares. Se dice que es el costo de la lealtad.

Entre tanto, circulan noticias sobre donaciones y préstamos, en un baile de cifras exorbitantes: 100.000 millones de dólares de la cooperación internacional, 5 millones de euros de la Unión Europea, 21.500 millones de euros de Italia, 4,5 millones de dólares de Japón y el préstamo de 1.500 millones de dólares del Banco Central. ¿Quién transparenta esta información? Las cuentas públicas volvieron a tener un manto oscuro, como en los años 90.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, economías emergentes como la boliviana son más vulnerables a la epidemia “en las que los costes podrían ser tan grandes que sacudirán profundamente la confianza de la población, lo que conduce a crisis soberanas y/o financieras. En este sentido, salvar vidas resultará ser dramáticamente más costoso en nuestros países que en las economías avanzadas», señala el texto.

Así, junto al coronavirus, crece la infodemia en Bolivia, en un contexto plagado de mala información circulando en los medios y la red. El virus de la desinformación y la mentira juegan con el miedo y la angustia de la sociedad haciendo que el aislamiento sea aún más tenebroso.

*periodista boliviana. Artículo publicado originalmente en Rebelión

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