Nos siguen llegando palabras para nombrarlo. Por más que lo prohíban, lo callen, lo oculten, nos seguiremos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado? El autor de las palabras que siguen nos dice, nos adelanta: “El gobierno de la derecha promueve la reivindicación social del sujeto disciplinado y aislado, en contra del sujeto ético y colectivo”.

El gobierno de Mauricio Macri y la coalición Cambiemos está engendrando invernaderos del fascismo. Por aquí, por allá, por todas partes. Debemos reconocer que no parte de cero. Retoma estratos desubjetivantes de más de 40 años. Se inserta en procesos de disolución comunitaria de larga data a los que potencia y proyecta. Opera sobre los núcleos psicopáticos más receptivos de la sociedad argentina. Busca reproducir las condiciones de paranoización e impunidad. A través de la mentira sistemática y redoblada quiere instituir el miedo al desborde. Azuza el deseo represivo. Trabaja aceleradamente para consolidar un colchón social acrítico y cruel, incapaz de decodificar mensajes solidarios. Quiere hacer desaparecer la idea misma de prójimo o redefinirla en términos que excluya a una categoría de personas. Profundiza los procesos de despolitización y pasivización de franjas enteras de la sociedad que se tornan cada día más silenciosas e indiferentes: violentamente silenciosas e indiferentes.

El gobierno de la derecha promueve la reivindicación social del sujeto disciplinado y aislado, en contra del sujeto ético y colectivo. Por todos los medios, busca imponer un “pensamiento blando” en desmedro del pensamiento crítico y autocrítico. En amplios sectores de la sociedad se incrementa la intolerancia respecto de los sujetos éticos. Porque el sujeto ético es, por naturaleza, un sujeto indisciplinado.

En esta faena el gobierno cuenta con muchos aliados, desde los más  silenciosos y “macro”, como el mismísimo mercado, factor instituyente de voracidades y frustraciones, a los más vociferantes y “micro” como, por ejemplo, Miguel Angel Pichetto. En una nota publicada por el diario Clarín el 22 de septiembre de 2017, el senador por la provincia de Río Negro afirmaba que en la Cordillera hay un “tuffillo a Sendero (Luminoso)” y “mucho montonerismo” (¡sic!) y proponía “recuperar a las fuerzas armadas para tener poder disuasorio en la Patagonia”. En esta nota el senador calificaba (elogiaba) a Mauricio Macri como representante de un “capitalismo moderno” (igual que Julio A. Roca en su tiempo) y hacía un llamado a la gobernabilidad que, en el contexto general de sus opiniones, no puede dejar de entenderse como una abierta justificación de las políticas represivas y un guiño para quienes apuestan a su intensificación. Lamentablemente, en la Argentina actual abundan este tipo de apologías del maltrato y la indiferencia, ya sea por convicción o por oportunismo. En el Senado hay un tufillo a dictadura y mucho fascismo (¿o cabe hablar de posfascismo?). Nosotros proponemos recuperar la movilización popular, copar las calles para tener “poder disuasorio” en el país frente a los embates de la derecha y el “capitalismo moderno”.

El sujeto ético (indisciplinado)

Santiago representa al sujeto ético, el compromiso con los otros y las otras, el auxilio presto y el amor a flor de piel. Representa a los sectores de la sociedad argentina que se conservan responsables y generosos. Porque, aunque el gobierno y sus aliados (los grandes medios de desinformación, principalmente) pretendan invisibilizarlos, existen en nuestra sociedad enclaves libres de toda perversión, donde la ternura se mantiene intacta; enclaves inmunes a la melancolía. Allí el fascismo jamás encontrará el suelo apto para construir sus invernaderos.

Mientras tanto, desde el gobierno fóbico, desde la pseudo oposición fóbica, desde los medios de desinformación fóbicos, se hace una apología del abandono del prójimo y se apela a las bondades de la incertidumbre. Se presenta al sujeto ético como una anomalía y a la solidaridad como una aberración.

La violencia en la Argentina siempre fue el corolario de la paranoización y la impunidad promovidas por el Estado y las clases dominantes. Desde la “conquista del desierto” y la “semana trágica” de 1919 a la dictadura genocida de 1976-1983; desde los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955 y los fusilamientos de Trelew, en 1972, a la Masacre de Avellaneda de 2002; desde Julio A. Roca a Mauricio Macri; desde Felipe Vallese y los/las 30.000 a Santiago Maldonado.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

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En enero del 2017 se emitió un informe desde SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) relevando una estadística que preocupó, preocupa y sigue preocupando a las y los trabajadores de los medios de comunicación: al menos 1285 puestos de trabajo se perdieron en el 2016.

A esta estadística aproximada que solo representa a las desvinculaciones de la ciudad, se suma las consecuencias por la reestructuración de la pauta oficial llevada por el gobierno de Cambiemos que afecta en gran medida a los medios, sobre todo alternativos, y la metodología de acción de las empresas y los grupos representantes que persisten en un plan de acción basado en la precarización laboral, persecución gremial, vaciamientos y “despidos por goteo”.

La semana pasada nos enteramos de un nuevo golpe a los trabajadores de prensa: 25 nuevos despidos en la Editorial Atlántida- Televisa y 6 en los canales Encuentro, Paka Paka y DeportTV. Noticia que quedó invisibilizada y relegada por otras de índole más importante, como la polémica que originó la replica del vestido de Juliana Awada, la indignación de Mirtha Legrand tras enterarse que fue bloqueada de la cuenta de Twitter por la ex presidenta Cristina Kirchner o las románticas vacaciones de Mariano Martínez con su novia. Frente a este fuera de foco ocasionado por títulos sensacionalistas, una errónea jerarquización de información, una búsqueda aberrante (o debería serlo) de “clicks” desinteresados y un escenario de conflictos internos y externos constantes entre las y los empleados de medios y sus representantes, nos encontramos ante una serie de problemáticas que apuntan directamente (y discretamente) a avasallar uno de los derechos mas importantes en una coyuntura como la nuestra: La libertad de expresión.

¿Expresión de quién?

La libertad de expresión no sólo tiene como principal opositor a la censura. Hay otras maneras de llegar a esa misma parada sin tener sobresaltos, polémicas, justificaciones aplicadas a un sistema que no ameritan cuestionamientos en el medio. Ajustes en las pautas publicitarias, plan de reestructuración para llegar a fin de año, conducta inapropiada (suele llamarse así a las acciones “fuera de lugar” en pos de reclamar por lo que corresponde), derechos de piso con sueldos ficticios y diversas medidas que complican el correcto funcionamiento de quienes trabajan para los medios. Porque los ideales y las luchas se piensan dos veces si eso compromete el alquiler del departamento, el colegio de los hijos y hasta la propia salud mental.

Inflación del desempleo

Días después del cambio del mandato del país a manos del empresario Mauricio Macri, en un contexto complicado donde salía a flote la polarización de emociones frente a este hecho, se produjo el cierre de las revistas PIN y Pichuco a cargo de El grupo de Octubre y el vaciamiento del Grupo 23 con la consecutiva venta de Radio América y Tiempo Argentino. Despidos encubiertos en el diario El Argentino, Cielos Argentinos y 7 días, fraude laboral en Vorterix y un plan de pagos de salaries ilegales en CN23, Rock & Pop y Splendid. Estas acciones fueron tomadas por sus respectivos dueños, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes meses más tarde concluyeron en el cierre de los medios mencionados anteriormente, incluyendo Infonews en junio del año siguiente.

En febrero del 2016 empieza la ola de retiros voluntarios en el Grupo Crónica y en marzo los despidos en La Mañana de Córdoba.

Abril comienza con un ajuste en la Agencia de Diarios y Noticias (DyN), que comprende entre sus principales accionistas a los diarios Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta (Tucumán), y continua con despidos en BAE, canal 26 y canal 9.

Durante el mes de mayo se abre un escenario de conflictos por los trabajadores de Página 12, Ámbito Financiero y AGEA Clarín exigiendo la negociación de las empresas que los representan para discutir una paritaria decente y acorde a la especulación de inflación.

En junio las y los trabajadores de Perfil llevan adelante una serie de medidas para que la empresa cumpla con el pago del acuerdo salarial y en paralelo, se producen despidos en el diario La Nueva de Bahía Blanca y el canal 9 de Comodoro Rivadavia.

Las desvinculaciones sin causa continúan en el mes de julio, esta vez afectando a trabajadores de La Nación.

En septiembre de ese mismo año Clarín hace sonar su reclamo por salarios dignos y octubre, por su parte, es protagonista por los paros en Infobae en pos de la reincorporación de una compañera desvinculada sin causa y el recorte de El Grupo Índalo en el diario Buenos Aires Herald que trae el efecto de 14 trabajadores en la calle.

AGEA Clarín denuncia la persecución en la planta de impresión durante el mes de diciembre, que a su vez coincide con el cierre del portal AGR Noticias y la protesta de Noticias Argentinas, haciendo referencia al “destrato y maltrato” por parte de sus representantes durante todo el 2016.

Cambio de año, no de políticas

El 2017 comenzó con 380 despidos en la planta de impresión de AGR Clarín y conforme avanzaba el año nos topábamos con los mismos acontecimientos una y otra vez: en febrero FTPLP se declara en emergencia por amenazas de despidos en La Razón, Bolivisión y PAT, en marzo se desvinculan a dos trabajadores de TKM de El Grupo Hadad y finalmente en abril, además de los damnificados que mencionamos a principio de la nota, también están los trabajadores de Telám que denunciaron el vaciamiento de la empresa.

Esta claro que el ojo del huracán comprende en gran parte a los compañeros y compañeras de prensa, y que las desvinculaciones sin causa, ni aviso ni respiro son parte de una mano invisible que con sus otras acciones de igual índole, pretenden evitar, arrasando contra cualquier obstáculo que se presente, que la verdad llegue a manos de quienes pueden hacer que la ruede gire en sentido contrario, y no en sentido figurado: las personas.

Pérdida de puestos de trabajo, falta de inversión, persecución gremial, falta de respeto de la especificidad profesional al asignar multi-tareas en multi-plataformas, las paritarias de Monopoly, son acciones direccionadas hacia el mismo fin: agobiar a la prensa, manipular las voces, usar la necesidad como anzuelo para no permitir la pluralidad, la diversidad, acercarse a la verdad.

La realidad construida por los medios es un hecho que nadie puede negar y si lo que se juega en esta construcción es el poder de la minoría, la lucha será eterna. Pero es una lucha tan necesaria como respirar, comer, amar. Es la lucha que se resiste a que la venda llegue a nuestros ojos, a los de todos y todas. No importa si es una realidad que se comparte, por la diferencia de contextos, opiniones, si estamos de acuerdo, si nos gusta, si la aprobamos o si no, pero es la realidad: la única verdad. Y a esa verdad, la que aunque no queramos merecemos, tiene solo una vía de llegada: Libertad de expresión.

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Una sociedad offshore, que aparece en los cómputos de los periodistas internacionales que investigan la fuga de capitales, tiene como accionistas a una poderosa familia cordobesa, ex dueña del matutino La Voz del Interior. Sus conexiones con el multimedio y la banca norteamericana.

Más de 320.000 sociedades offshore fueron descubiertas por el Consorcio Internacional de periodistas de Investigación (ICIJ). Gran parte de ellos, provenientes de los Panamá Papers. De esas 320.000, hay una que implica no solo al multimedio Clarín, sino al mega-banco norteamericano JP Morgan. El epicentro geográfico es la ciudad de Córdoba.

Un mes después de destaparse los primeros documentos del Panamá Papers, lo que ocurrió el 3 de abril pasado, el ICIJ creó una base de datos de acceso libre llamada “Offshore Links”, donde recopila los nombres de empresas, particulares, conexiones y domicilios particulares. La información en bruto incluye otras investigaciones pasadas que emprendió el ICIJ, pero la gran mayoría es de los Panamá Papers.

Entre el selecto grupo de personajes que armaron sus negocios, sospechados de ser ilícitos, aparecen nada menos que la familia cordobesa Remonda, parte del numeroso clan que dirigió el diario La Voz del Interior desde su nacimiento por el año 1904 hasta que se vendió al Grupo Clarín entre finales de 1997 y comienzos de 1998.

Son seis los integrantes de la familia Remonda que figuran en los Panamá Papers. Entre ellos, está Jorge Remonda, quien fue director del diario de La Voz del Interior en la década de 1970 y principios de los años ochenta. Él y su familia figuran como accionistas de una empresa llamada “ELDORADO VENTURES INC”. Fue creada el 29 de septiembre de 1997 y, según la base de datos, sigue activa. Se encuentra oculta en las Islas Vírgenes Británicas, cerca de Panamá, pero fue activada desde la región europea de Guernsey.

La venta de La Voz del Interior a Clarín se pergeñó a partir de la creación de una sociedad anónima llamada Compañía Inversora de Medios de Comunicación (CIMECO), conformada accionariamente por Clarín, La Nación, La Voz del Interior y el diario mendocino Los Andes para administrar los dos diarios más importantes del interior del país. Diez años después, Clarín le compraría las acciones de CIMECO a La Nación, para que finalmente se quedara por completo con el control de La Voz del Interior.

Según la inscripción de la AFIP, CIMECO SA fue creada oficialmente el 20 de noviembre de 1997. Mientras que a de ELDORADO VENTURES INC. fue un poco antes: el 29 de septiembre de 1997. El reducido tiempo entre la conformación de una y otra sociedad pone en duda que ambos hechos sean aislados.

Lo llamativo de esta empresa offshore es que, además de tener a seis integrantes de los Remonda, figuran otros accionistas de la talla de CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED, TENBY NOMINEES LIMITED, CHASE BANK & TRUST COMPANY (C.I.) LIMITED y BROCK NOMINEES LIMITED.

Sorpresivamente, a partir de distintas fuentes, se ha podido confirmar que el CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED resulta ser la filial del mega-banco estadounidense JP Morgan. La dirección que registró este accionista según los Panamá Papers –“PO Box 127; Chase House; Grenville Street; St Helier; Jersey”– resulta ser el domicilio de la filial de la JP Morgan en Jersey, muy cerca de Guernsey.

“CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED” fue el nombre del JP Morgan de Jersey durante el período que va entre el 20 de septiembre de 1978 hasta el primero de mayo de 2002. Precisamente, en medio de ello, en 1997 nació ELDORADO VENTURES INC., donde el Chase Bank se volvió socia accionista junto con los Remonda.

¿Por qué la JP Morgan decidió registrarse como accionista de una empresa offshore que había tenido como accionistas a una familia cordobesa?

La respuesta provendría el 22 de junio de 2009. Hernán Arbizu, un empleado del JP Morgan Argentina, había filtrado una serie de nombres y cifras ante la justicia. En ella, especificaba una serie de transferencias no autorizadas de las que él había participado. Para aquella fecha, el periodista Jorge Lanata, en su paso por el hoy extinto diario Crítica de la Argentina, publicó una crónica sobre la declaración que había realizado Arbizu frente al juzgado, los allanamientos realizados en las oficinas del JP Morgan, en la calle porteña del Madero 900 en el piso 22, y la planilla de empresarios argentinos que fueron beneficiados por esas operaciones, acompañado de los respectivos caudales de fondos que se movieron de manera ilícita.

Es decir, en plena tratativas para la venta del diario La Voz del Interior, los Remonda tuvieron como contacto directo a los dueños del Grupo Clarín, que podrían haber funcionado como intermediarios para llegar a un acuerdo de negocios con el JP Morgan.

De allí que los Remonda conformaron ELDORADO VENTURES INC., con ellos mismos como accionistas en paralelo con la filial de la banca Morgan en Jersey.

Otro de los accionistas de ELDORADO es el TENBY NOMINEES LIMITED, una empresa financiera cuyo nombre se repite en otros casos de los Panamá Papers. Su dirección oficial es el Helvetia Court South Esplanade, St Peter Port. Su único agente a cargo es la mega financiera Credit Suisse.

A su vez, el Credit Suisse es el buffet de financistas suizos que asesoraron a los Remonda, junto con otros centenares casos dentro de los Panamá Papers, para armar definitivamente la sociedad offshore. Su sede está en Suiza, considerada como el mayor paraíso fiscal del mundo, al tener muchísimos beneficios para el resguardo del dinero. Entre ellas, la alta confidencialidad.

Pero eso no es todo.

El autor de esta nota, a la hora de trabajar para el portal Striptease del Poder, descubrió que los Remonda también tienen registrada otra sociedad offshore, donde también habría viajado parte del dinero fugado. Se trata del PANTOJA TRADING CORP, creada el 8 de junio de 2004 y cuya dirección oficial es la avenida Brickell 1300 en Miami, Estados Unidos. Los nombres que figuran en la sociedad son los mismos integrantes de la familia Remonda que aparecen en los Panamá Papers.

Todo esta conexión de los Remonda, con los empresarios de Clarín y los banqueros de la banca Morgan termina ratificando las denuncias que viene llevando a cabo Hernán Arbizu, quien hace unos días atrás fue citado a declarar en la justicia de Estados Unidos, debido a la denuncia que le hizo la bancada norteamericana por la filtración de datos. Citación que fue cubierta por los medios de Clarín como una “detención”, cuando en realidad Arbizu ni siquiera permanece arrestado.

Es así que la conexión de Clarín-JP Morgan en los Panamá Papers termina dándole más señales de la hipótesis de que los directivos del multimedio están salpicados en el negocio gigantesco de la fuga de capitales y cuentas secretas.

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Luego del apoyo del Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero del duro revés en el Congreso Nacional, los medios comunitarios se preparan para dar la pelea en las calles sin desatender el frente legislativo.

Dentro de la agenda de drásticos cambios en los que la Argentina se ve inserta desde la asunción de Mauricio Macri, la política de medios está entre las más visibles e intrincadas. Ya sea por el lugar emblemático que ocupó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la lista de logros del kirchnerismo, por el supuesto papel de Clarín en las elecciones y la formación de opinión y los rápidos decretos que, entre otras cosas, dejaron en la calle a Martín Sabatella, cerraron el AFSCA, nombraron un abogado del multimedios en la Corte Suprema y dejaron sin efecto su supuesta obligación de deshacerse de varios canales de cable en enero. En las últimas semanas, la victoria que las organizaciones que apoyan la comunicación popular y comunitaria lograron al llevar sus planteos en defensa de la “Ley de Medios” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pareció verse nublada por la ratificación en el Congreso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13 y 267 y el Decreto Presidencial 236, que modificaron la ley. Si bien hay varios recursos de amparo en la Justicia, la aprobación por parte de los legisladores de los decretos hace casi una utopía la vía judicial, por lo que muchas organizaciones ya comienzan a resignarse a la lucha por los derechos de los medios comunitarios en las calles y los intrincados pasillos legislativos, tratando de incidir en la nueva ley que podría llegar en los próximos meses.

“El escenario que se plantea es un desafío para, en principio, no retroceder en los derechos que el sector de medios comunitarios habíamos logrado con la ley 26.522 y que garantizaba un 33% para nuestro sector, entre otras cosas, como los Fomecas y nuestra participación en el Consejo Federal, que era un órgano consultivo en el que toda la sociedad civil venía siendo representada. Lograr mayor marco de unidad en el sector para poder plantear en conjunto, con mayor fuerza, nuestras posturas y demandas, para no retroceder en los derechos que habíamos adquirido y plantear otras cuestiones como democratizar la pauta oficial”, opina Lionel Martín, integrante de Radio Sur, que transmite desde el barrio de viviendas populares del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) en Barracas. Además de dejar sin efecto las implicancias de la Ley de Medios sobre la televisión por cable y disolver el AFSCA, los decretos firmados por Macri en diciembre también enterraron al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) en el cual los medios comunitarios estaban representados y que también administraba los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA). En la reunión de la Asociación Mundial de Artesanos de Radios Comunitarias (AMARC) realizada el fin de semana pasado en Santa Rosa, La Pampa, los miembros de la red contabilizaron $5 millones de pesos que les adeuda el Estado en este concepto.

Muchas de las radios ya hicieron las inversiones y quedaron endeudas, o ven como los presupuestos elaborados el año pasado se disuelven en la inflación o devaluación reinante. Como si fuera poco las radios también deben cargar con la cuentas pendientes de la Ley de Medios, como la ilegalidad o la priorización de proyectos más afines al kircherismo a la hora de otorgar fondos y licencias. Por dar un ejemplo, la radio La Tosca (FM 95.1), anfitriona de la asamblea de Amarc en Santa Rosa, aún no cuenta con licencia a pesar de haber sido censada por el AFSCA, y como si fuera poco, el organismo le otorgó su frecuencia a otra emisora naciente en una escuela de la ciudad. Para llenar el horno de bollos en la difícil coyuntura de los medios comunitarios, la pizzas y cervezas con las que los miembros de Amarc festejaban su primer día de asamblea fueron interrumpidos por la noticia de que la periodista Cintia Alcaraz de Radio Kermes de Santa Rosa había sido detenida por la policía tras intentar cubrir los abusos de los efectivos contra una par de jóvenes madres y sus hijos. Los efectivos de la Comisaría 3 no podían salir de su asombro cuando vieron llegar a ese batallón de jóvenes periodistas independientes al rescate de su compañera. A pesar del pequeño triunfo de la gesta (la periodista y las madres con sus hijos fueron finalmente liberadas), la situación demostró, como dice el comunicado de Amarc “el avance y despliegue de las políticas represivas, no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional y continental”. Y agrega: “Esto ocurre en el marco de políticas económicas antipopulares que aumentaron abruptamente el costo de vida para las mayorías y hasta el momento han dejado el saldo de más de 100.000 despidos entre el sector público y privado, como contracara de los grandes beneficios que se propiciaron desde el Estado hacia los sectores más concentrados de la economía como los agroexportadores, las mineras y los fondos buitre. Nuestras radios redoblan el compromiso de informar desde la mirada y los intereses de nuestro pueblo, que no se resigna y sigue peleando por una vida más digna y justa para todos/as. Consideramos que el ejercicio de  la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Para llevar adelante todos estos desafíos es que desde el sector de medios comunitarios se fomenta un espacio de “Interredes”, del que participan, además de AMARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Red Colmena (de medios de comunicación cooperativos), RED COM (de carreras de comunicación y televisiones comunitaria como Barricada TV o Antena Negra) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Además se reflotó la Coalición por una Comunicación Democrática que en su momento fue una de las grandes impulsoras de la Ley de Medios.

“Lo que la CIDH específicamente pidió que no haya un retroceso a los estándares internacionales de comunicación que se habían ganado en amplios sentidos. También hubo una preocupación en términos de volver a facilitar la concentración comunicacional, generando menos posibilidades para, no solamente generar nuevas voces, sino también que se consoliden las que ya existen. Quedaría  una ley del más fuerte, por lo que se pone en riesgo lo que se llama la competitividad. Que la CIDH haya escuchado nuestras peticiones es un avance. Quizás nos estamos conformando con poco. El escenario ha cambiado y volvemos a nuestra instancia, que ha sido siempre la resistencia, generar acciones. E incluso ir por más. Los nuevos 21 puntos de la Coalición vuelven a la discusión de lo que es la regulación de las telecomunicaciones que habían quedado afuera de la Ley de Medios. Buscamos ahora compatibilizar dos espacios muy complejos, pero con una dinámica que mueve muchísimo dinero. Es el sector de mayor acumulación. Da toda la sensación de que estamos en un espacio que necesitamos consolidarnos como fuerza. Lo que cambió es un escenario político con un poder político concentrado también en el Congreso Nacional, que nos pone de patas lo que hemos construido. Por eso hablamos de retroceso, pero la estrategia es dar un paso adelante, volviendo a dar la pelea en los sectores populares, no solo planteando nuestras necesidades como sector, sino lo que consideramos un derecho inalienable para toda la sociedad. Tener mucha paciencia, madurar mejores estrategias, volver a discutir con las bases, en los territorios y organizaciones, con otros actores. Esto no se va resolver de la noche a la mañana. Pero si dentro de un marco legal que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Por eso estas presentaciones en la CIDH, para garantizar estos derechos que ya habíamos ganado”, explica Liliana Belforte de FM En Tránsito de Moreno.

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