Por Ludmila Ferrer y Laura Salomé Canteros / Foto: Rocío Prim

Militantes feministas se acercaron este mediodía a la jefatura de Gobierno porteño, en el barrio de Barracas, para hacer un pañuelazo y presentar un pedido de información sobre una supuesta línea 0800 VIDA que conectaría a personas gestantes que quieren continuar su embarazo con ONGs antiderechos. Además, solicitaron una audiencia con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós.

Pedido de audiencia y pañuelazo en Uspallata

“Estuvimos hoy a las doce del mediodía en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para entregar una nota de pedido de audiencia al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, manifestando la preocupación por el 0800 Vida, que difundió en redes Cynhtia Hotton”, contó Agustina Vidales Agüero, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Si no tenemos respuesta, vamos a insistir, vamos a llevar otra nota la semana que viene y así hasta que nos reciban. Esta es una primera acción, van a seguir otras”, aseguró Vidales Agüero.  

El pedido de audiencia está firmado por la Campaña y por las Redes federales de Docentes y de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y está integrada por miles de firmas y el acompañamiento de decenas de colectivas y organizaciones que acompañaron la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Se basa, según consta en la nota, en “la preocupación de la ciudadanía ante la promoción y ejecución de una línea telefónica denominada 0800 vida, con el fin de implementar la Ley 27.611, conocida como Ley de los 1.000 días, para la atención integral del embarazo y de la primera infancia en los hospitales públicos de la Ciudad”. Es además un pedido de información oficial sobre el convenio anunciado en redes y medios que involucra el Ministerio de Salud porteño y el Consejo Económico y Social, encabezado por Hotton.

“Esta es una movida política por las elecciones”, refirió la militante feminista acerca del 0800 promocionado por la vocera antiderechos. “Es un intento mediático pero hay que salir a pararlo”, convocó.

De qué se trata el 0800 antiderechos

El pasado 6 de abril, Hotton publicó en sus redes sociales un video junto a Quirós en el que celebraba que para el cumplimiento de la llamada Ley de los 1.000 Días, los hospitales públicos de la Ciudad tendrían cartelería con una línea telefónica para asistir a personas que quieran seguir adelante con su embarazo y se encuentren en una situación vulnerable.

Sin embargo, el 0800 que figura en los afiches pertenece a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, creada en 2018 al calor del debate por la legalización del aborto y gestionada principalmente por la organización Fundación Vida en Familia. La Red cuenta también con el apoyo de otras organizaciones antiderechos como ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), lobbista en contra de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta línea telefónica, según el sitio web de la Red, busca asistir a mujeres con “embarazos inesperados” porque “el 85% de las mujeres que tienen un embarazo inesperado al recibir acompañamiento y contención deciden continuar con su embarazo”. Entre los servicios que ofrece se encuentran: “acompañamiento social y emocional”; “asesoramiento médico y legal” y “contención psicológica y espiritual”.

La iniciativa en la memoria militante

No es nueva ni poco conocida por quienes militan el territorio de la ciudad de Buenos Aires, la estrategia primero macrista y luego larretista, de tercerizar en organizaciones no gubernamentales antiderechos o religiosas obligaciones que son institucionales.

“Las docentes recordamos que intentaron brindar una capacitación con madres sobre la fortaleza de estar embarazadas”, declaró Renata Vismara, integrante de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto. “También intentaron hace años brindar talleres de Educación Sexual Integral con profesoras que eran de religión evangelista”, agregó.

“Esto es una estrategia electoral”, coincidió, Carolina Comaleras, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien recordó que en años anteriores, a partir de la presión feminista se logró desarticular un precedente a esta iniciativa: “es el mismo 0800 de un convenio similar con firma del ex secretario de la SENAF, Gabriel Castelli, y el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, a cargo de Carolina Stanley, que otorgaba un monto muy importante de dinero a esta misma red de contención”.

11 años atrás, Hotton ya intentaba controlar los cuerpos hablando sobre “mujeres con embarazos en conflicto”; y basaba sus intervenciones parlamentarias afirmando que su posicionamiento político contrario al derecho a la soberanía sobre el cuerpo territorio no está basado en su “fe religiosa” y exigió “respeto” ya que estaba hablando “desligada de sus convicciones”. Era en noviembre de 2011, mientras se acordaba de forma transversal y federal avanzar con el debate rumbo a la que es hoy la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Es la forma que encontraba Cynthia Hotton para oponerse a uno de los debates más democratizadores no solo de la política, disciplina de la que cobra hace más de 20 años, sino también de la sociedad.

“Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que se enfrentan a un embarazo inesperado saben que pueden continuar con el embarazo”, retomó Comaleras, “el Ministerio de Salud de la Nación, el organismo de implementación de la 27.611 reúne todos los requisitos para brindarles apoyo y herramientas. No es necesaria una red de contención como quieren simular”, finalizó.

Justamente, la semana pasada, con la frase “las docentes también abortamos”, la Red de Docentes de la CABA informó en redes sociales que avanzó junto a la principal obra social de la ciudad, en la apertura del Consultorio IVE para sus afiliadas y afiliades en el sanatorio Julio Méndez, en cumplimiento de la Ley 27.610 y a través de las consultas en el mail: consultorioive@obsba.org.ar 

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Por Laura Salomé Canteros / Foto: Archivo Marcha

Dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el 0800 222 3444 de Salud Sexual, brinda desde 2010 información y asesoramiento sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de forma gratuita y confidencial a quienes habitan todos los territorios del país.

Desde entonces, “la Línea”, que se sostiene por sus trabajadoras y trabajadores, es una herramienta eficaz y eficiente para la promoción de la educación sexual integral y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Brinda información, se realizan derivaciones y se brinda contención para quienes consultan sobre el marco normativo vigente y el acceso a los servicios e insumos de salud sexual, interrupciones voluntarias e interrupciones legales del embarazo, ligadura tubaria, vasectomía, anticoncepción hormonal de emergencia, métodos anticonceptivos, prestaciones para el pleno ejercicio de la ley de identidad de género, atención post-aborto, violencia obstétrica o sexual o incluso fertilización asistida.

 “En algunas temáticas, según la consulta que llega al 0800, se puede generar una secuencia que es básicamente el pedido de intervención de áreas específicas del Ministerio de Salud”, explicó ante la consulta Yamila Picasso, politóloga especializada en políticas públicas de salud. De esa forma, la cartera nacional responde a la demanda y consultas que en ocasiones “tienen que ver también con los obstáculos o las barreras de acceso a métodos anticonceptivos e interrupciones voluntarias o legales del embarazo o para dar derivación a efectores para garantizar la práctica de las interrupciones del embarazo”.

En el periodo entre 2010 y 2022, la línea 0800 del Ministerio de Salud, recibió más de 159.600 llamados de los que 55.727 generaron secuencias o pedidos de intervención; y mientras que las consultas de métodos anticonceptivos y otros motivos se mantuvieron relativamente constantes, las relacionadas con interrupciones del embarazo crecieron de forma sostenida desde 2018, año en que se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación la que es hoy Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Además de ese pico en el transcurso de estos años, lo que más aumentó fue en el año 2020, en donde fue pronunciado, en ascenso y constante de los llamados, por la sanción de la ley 27610, y por el contexto de pandemia, en donde todo lo que fue la atención telefónica recobró un gran protagonismo”, rememoró Picasso. 

Durante el 2022 se recibieron 38.384 llamados, de los que 15.612 generaron secuencias. De estas, el 90% fueron consultas por interrupciones voluntarias y legales del embarazo, el 7% de métodos anticonceptivos, y el resto de los motivos alrededor del 3%. 

“Estos datos son fundamentales para tener una empiria en la toma de decisiones de las políticas públicas”. Para Picasso, “es fundamental que el 0800 sea una política garantizada por el Estado, no por organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces pueden tener buenas intenciones, sin embargo, tienen intereses particulares”.

Y agregó: “Es el Estado el que debe dar garantías brindando información, dando contención y pidiendo derivación en los casos necesarios para que todas las personas puedan acceder a su derecho a decidir sobre su vida reproductiva”.

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Un crimen, prohibiciones y personajes singulares. Una reconstrucción, a través de los detalles, abre diversos e impensables planos en “Detalles de autor”, un policial que tiene lugar los sábados de septiembre a las 18 horas en el Teatro El Ojo, ubicado en Juan D. Perón 2115.

Sergio Risatti fue acusado por la justicia de haber matado al amante de su ex pareja, Lucrecia. Pero la fiscal Elvira Ramírez descubre algunos detalles que hacen que sus sospechas recaigan sobre Saulo Iscovick, la excéntrica pareja de la madre de Lucrecia. El acusado por la justicia, Risatti, aparece hablando a través de un teléfono desconectado con los otros personajes durante toda la obra. Un hermano celoso, su secretaria y una madre sobreprotectora completan el staff de subjetividades alrededor de las cuales la historia se vuelve oscura y dudosa. La escenografía encuadra el relato en un espacio ficticio, rodeado de negro, necesario para que el escenario en el cual transcurren las acciones vaya mutando y para que la posibilidad de interrelación de las escenas quede abierta.

Detalles de autor es una obra que se autodefine como un policial tan falso como la verdad y que presenta complicados personajes que defienden sus intereses y enredan sus controversias en 75 minutos de acción. La obra, que va por su segunda temporada, apunta a un rol activo de quienes vayan a verla, escondiendo lo importante en las cosas pequeñas y haciendo que la atención se mantenga tensa hasta el final.

Durante la obra conviven diversos planos diferenciados por la acción y la quietud. Los personajes, que no dejan de estar en el escenario, permanecen, mutan, crecen, se convierten en recurso de nuevas escenas y van construyendo conflicto a medida que todo avanza. No hay mucho más que se pueda decir sobre la trama sin spoilear y resulta necesario que quienes vayan a verla estén abiertxs a la sorpresa y a no quedarse con las primeras impresiones de cada situación. Si hay un mensaje que nos queda claro es que la necesidad de preguntar sobre la realidad y de estar abiertx a diversas respuestas es primordial, siempre hay “detalles que revelan la trama de lo que deseamos y lo que nos prohibimos”, como explica la fiscal en la obra, y eso hace a nuestras características, nuestra personalidad y deja huellas que necesariamente se llevan impregnadas en cada acción.

La complejidad psíquica de los personajes contrasta con la simpleza de los objetos y de las luces utilizadas, lo que permite que la concentración quede totalmente captada por los saltos temporales y por el entramado que se conforma entre las complejas relaciones interpersonales empapadas por intereses y sentimientos. Con un predominio de colores oscuros, el vestuario característico de Detalles de Autor resalta la personalidad de los personajes y deja a la vista parte de su condición psicológica.

La obra resulta una reflexión sobre la realidad y la ficción en la cual quien está presenciando la función se debate entre culpables y víctimas. La clave: “Los detalles que revelan la trama de lo que deseamos y lo que nos prohibimos”.

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Desde Lápices, un musical con memoria proponen un recorrido por los hechos de aquel septiembre de 1976 trayendo al presente una historia que merece no ser olvidada.

Si el teatro tiene una magia particular es la de transportarte, en este caso a un tiempo que, ya pasado, es necesario que se mantenga en el recuerdo. A pocos días de cumplirse 42 años de aquel 16 de septiembre de 1976, Lápices, Un musical con memoria, presenta la historia de Claudia y Pablo en 100 minutos llenos de recuerdos, memoria, reclamo por el boleto estudiantil y el pedido de “Nunca Más” que recorre el tiempo y toma fuerza en el presente.

“Hacer el papel de Pablo Díaz es un desafío, lo fue y lo seguirá siendo porque ensayo a ensayo y función a función el equipo de Lápices deja todo arriba de esas tablas y es imposible no involucrarse y no sumarse a su lucha”, cuenta Ignacio Bernárdez, encargado de ponerle el cuerpo a uno de los detenidos-desaparecidos durante el gobierno del represor Rafael Videla. Él y Claudia son, esta vez, las historias centrales, pero la obra remarca la importancia de todos los compañeros y compañeras para la resistencia y la lucha que permitió que Pablo salga en libertad. Además de reconocer que, así como esta historia hay muchas más y que la personalización es solo una excusa para tener un hilo conductor.

Pablo Díaz fue a ver la obra. Aunque el encuentro entre el actor y la persona en la cual se basa el personaje se dio antes de comenzar las funciones, cuando realizaron una entrevista para armar la obra. “También hubo un segundo encuentro -cuenta Ignacio- fue muy inesperado porque me lo crucé en un tablado al cual yo voy siempre, desde chico, en Uruguay que es de donde soy. Tuve una hermosa charla con él, conocí a su familia, él a la mía y fue un momento que siempre voy a guardar. Compartimos más cosas de las que creí”.

En la obra, los personajes múltiples van desde los detenidos-desaparecidos por luchar, pasando por las madres que reclamaban ante la angustia de no saber si sus hijos están enfermos, si tienen frío o si tienen hambre y no olvidaron retratar a los represores, figuras que se completan con audios de discursos que, con su sola presencia en el aire de algunas radios, generaban miedo.

Ignacio afirma que todo el proceso que hicieron para contar esta historia no hubiera sido posible si no era acompañado del enorme elenco formado por más de 20 artistas en escena y muchos otros y otras que no vemos, pero que conforman lo que el actor reconoce como “una gran familia”.

La obra cuenta con un excelente manejo de las luces y del sonido, sumado a músicos en vivo que acompañan la historia contada a través de canciones de la época como la “Marcha de la bronca” o “Yo vengo a Ofrecer mi Corazón”.

“Por alguna razón fuimos todos a parar a esta hermosa obra, que también se puede hacer gracias a la gente que apoya el arte y valora con su aplauso y abrazos este pedacito de historia que interpretamos para entregar este mensaje de lucha y amor”

* La obra, que empezó como un proyecto estudiantil, continúa con presentaciones hasta fin de agosto los sábados a las 23:00hs en El Galpón de Guevara (Guevara 326)

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Este jueves 12 de abril, cerca de 6.000 voces se alzaron en una histórica movilización contra el proyecto de reforma que busca eliminar los Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, para reemplazarlos por una dudosa universidad.

“Defendamos nuestros profesorados”, es la leyenda que encabezó la columna de 6 cuadras donde se agruparon ayer miles de estudiantes, docentes y graduadas/os de nivel terciario. La masiva concentración se inició a las 17 horas en la puerta del Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación y Deportes de la Nación), para marchar hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tomando gran visibilidad al atravesar espacios porteños clave como la Avenida Corrientes, el Obelisco y la Plaza de Mayo.

Sobran los motivos para un rechazo masivo a esta reforma que el gobierno de Cambiemos, con la ministra de educación, Soledad Acuña, a la cabeza presentó en noviembre de 2017 en la Legislatura Porteña. La “UniCABA” es el proyecto que busca desintegrar los 29 Institutos de Formación Docente de la Ciudad y nuclearlos en una única institución de rango universitario. A fines del año pasado la noticia cayó como un balde de agua helada. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: rápidamente las autoridades de las distintas instituciones, los centros de estudiantes y militantes de diferentes organizaciones, se organizaron para repudiar la medida. No exageramos al decir que pocas veces se ha visto un repudio de esta magnitud en el nivel superior: toda la comunidad educativa de los 29 institutos de formación docente se encuentra en un estricto plan de lucha para evitar este genocidio educativo.

Desde el CESGE (Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal) se denunció que la propuesta fue elaborada de manera inconsulta, sin la participación de los institutos de formación docente, desconociendo la histórica trayectoria de estos establecimientos y de sus profesoras/es en el tema, y sin un sustento -académico, estadístico, teórico, pedagógico- que justifique con solidez y rigurosidad la medida. Estas condiciones no llevan más que a sospechar que se trata de una nueva estrategia de ajuste, recorte y desguace de la educación pública. Estos hechos vienen siendo expuestos y discutidos en las comisiones de Educación de la Legislatura Porteña cada semana, sin respuestas claras por parte de las autoridades.

Regresivo, antidemocrático y excluyente: así podría caracterizarse este plan que, disfrazado de innovación y calidad, todavía no pudo dar respuesta a temas prioritarios: ¿qué va a pasar con las fuentes de trabajo de cientos de docentes “interinos” que nunca pudieron titularizar sus horas de clase porque el gobierno de los últimos 10 años no habilita concursos docentes? ¿Qué plan de estudios van a cursar las/os estudiantes y cuánto duraría la carrera “universitaria”? ¿Qué va a pasar con las/os estudiantes que iniciaron con el plan vigente actualmente? ¿Qué validez tendrían los títulos terciarios que se han expedido hasta el momento?

Todo indica que, mientras el gobierno hace silencio y responde con evasivas, los profesorados crecen en organización política y fortaleza institucional. La educación pública no se mancha, por eso más que nunca se hace vivo el grito que ayer resonó en las calles: “¡No al cierre de los profesorados! ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche y que se escuche!”.

Algunas claves del conflicto

Marcha entrevisto a Daniel Brailovsky, profesor del Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara de Eccleston”, para entender de qué se trata este NO AL CIERRE DE LOS PROFESORADOS:

– Muchas personas no están al tanto del proyecto UniCABA del gobierno y ayer presenciaron una marcha histórica, llena de consignas centrales. ¿Qué significa “No al 29×1”?

La consigna hace referencia al proyecto de “Creación de la UniCABA” que el gobierno presentó en la Legislatura, que busca crear una universidad docente a partir de la eliminación, la desintegración y el cierre de 29 institutos de formación docente, parte de cuyos recursos pasarían a formar parte de esta Universidad. No se trataría de una creación sino de un ajuste, un mecanismo mediante el cual 29 institutos se reducen a 1. Varios puntos grises de la ley dan cuenta de este carácter de ajuste: se reduce el presupuesto, se reduce el personal docente y se le quitan virtudes al sistema de formación docente actual, como es la autonomía de cada institución para tomar decisiones curriculares sobre sus planes de estudio.

– ¿Cuáles son los 3 puntos más inconsistentes del proyecto UniCABA?

Podemos hablar de los puestos de trabajo docentes, de la rigurosidad académica y de la gestión institucional.

En el plano laboral, el proyecto anticipa de manera muy vaga e imprecisa la continuidad de los profesores actuales en sus puestos de trabajo, sin dejar claro el destino de la mitad de los docentes que son interinos. Esto, que parece un dato técnico, es ni más ni menos que la relación contractual que tienen los docentes con el gobierno de la Ciudad. Al no ser aclarado en ningún artículo del proyecto de ley, el Rector quedaría habilitado a redactar un estatuto donde aproximadamente la mitad de las/os profesoras/es del nivel se queden sin trabajo. En la actualidad el sistema está regulado por el Estatuto del Docente y ya se anunció que, si la UniCABA se aplica, este documento ya no estaría protegiendo los derechos laborales que con tanto esfuerzo y luchas se han conquistado en las últimas décadas.

En lo académico, el proyecto de la UniCABA no aporta en su redacción legal ninguna precisión pedagógica. Sin embargo, la Ministra Soledad Acuña y el Subsecretario de Educación Diego Meiriño se presentaron en diferentes programas de chimentos planteando estas precisiones que no están en la letra de la Ley: se trata de un modelo absolutamente influido por el ideal empresarial y mercantilista. Ellos entienden al docente del futuro como un emprededurista entre cuyas funciones no se cuenta la enseñanza. Este docente es infinitamente adaptable al cambio, y tiene una visión idealista sobre “un futuro que ya llegó” y que está marcado por el mercado tecnológico. Es un modelo pedagógico que a los ojos de los actuales formadores de maestros resulta simplemente aberrante. Estamos espantados de esta propuesta.

Desde el punto de vista del gobierno de las instituciones, la UniCABA plantea disolver el sistema democrático actual de gobierno donde las autoridades de cada institución son elegidas por voto directo de los claustros (docentes, estudiantes y graduados). La propuesta es reemplazarlo por uno donde un Rector –elegido arbitrariamente por el gobierno- redacta a su gusto y capricho un estatuto de funcionamiento para la supuesta universidad, que rige por tiempo indeterminado y expresa lo propio de un sistema autocrático y autoritario.

– ¿Cuál es la herramienta más importante para estudiantes, docentes y graduados/as en la lucha contra esta propuesta de reforma?

Contra la destrucción de los institutos de formación docente, lo más contundente que tenemos hoy es la calle. Ese es nuestro escenario. Nosotros estamos participando de las instancias que habilita el debate democrático en las comisiones de Educación de la Legislatura, pero los diputados oficialistas no han respondido a ninguno de estos cuestionamientos, que fueron planteados con solidez y exhaustividad. Se han abstenido de pronunciar palabra. ¡No tienen argumentos para defender el proyecto de la UniCABA! Son obedientes de sus jefes políticos y no muestran ninguna sensibilidad a los abundantes argumentos que existen y se han expuesto de manera contundente cada semana en la legislatura.

Apostamos a que esta reforma tenga para el gobierno un costo político importante, y trabajamos para que la gran población toma conciencia de lo aberrante del proyecto.

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La Cámara del Trabajo habia fallado en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y en favor de Roberto Fernández, sindicalista amigo del gobierno,  Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, dijo que el fallo de la Corte que confirmó la nulidad de la personería gremial de su organización, “es escandaloso; es un fallo claramente político y contra la libertad sindical”.

Agregó que “viola la libertad sindical, la entierra, no es una casualidad; fue sacado por la mayoría de la Corte un día después que paramos en defensa de la salud de nuestros compañeros”, en referencia a la denuncia sobre la existencia de amianto (o asbesto) en uno de los modelos de tren, lo que fue desmentido por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sostuvo que “una justicia adicta al gobierno saca resoluciones de este tipo” y señaló que se beneficia a la UTA, que “no se quiso presentar a cotejar con nosotros, boicoteó el expediente y lo sigue boicoteando y le dan de por vida la garantía de que no le van a tocar la personería”.
Además recordó que la UTA firmó “una paritaria como la que quería el gobierno; es el único gremio del gobierno que se sienta junto al Ministro a anunciar los aumentos de tarifas que van a golpear a sus trabajadores y a los de otras actividades”. Pianelli aseguró que a pesar del fallo adverso van a seguir “haciendo lo que hicimos siempre: estamos comprometidos con nuestros compañeros, con la defensa de los intereses de los usuarios para tener el mejor transporte, el más seguro de todos, y tenemos derechos para hacerlo”, concluyó.

Recordemos que la Cámara del Trabajo falló en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se citó a la AGTSyP y a la UTA. Este último no se presentó. Sin embargo para la Cámara no mereció sanción alguna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo.

En un comunicado, la AGTSyP señala que agotada la instancia judicial, llevará su reclamo ante la CIDH y la OIT. No obstante aclara que sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación y que conforme a las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la Corte Suprema, tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos.

Un fallo que beneficia a la UTA

Roberto Fernández desde 1984 no agarra el volante de un colectivo. Desde entonces ha ocupado distintos cargos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hasta convertirse en septiembre de 2006 en secretario general del gremio. Cansados de los pactos de Fernández con Roggio, el millonario dueño de Metrovías, y los gobiernos de turno, en 2008 los trabajadores del subte realizaron un plebiscito que determinó que la inmensa mayoría quería un nuevo sindicato. Primero tuvieron la inscripción simple, y en 2015 lograron la personería.

Fernández redoblaría entonces su intento de robarle a la AGTSyP la representatividad que le habían dado sus compañeros. Para eso, además del lobby ante el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema, la UTA no paró de hacerle favores al gobierno y los empresarios.

En 2013, dos días antes del traspaso del subte de la Nación al intendente Macri, la UTA firmó con Metrovías un acuerdo para la “adecuación de las condiciones laborales necesarias para mejorar el servicio” incluyendo una cláusula de paz social y numerosas medidas “a fin de aumentar eficiencia y productividad”. Era una devolución de favores a Macri, que había adelantado un mes antes que sólo reconocería a la UTA como el gremio con injerencia en el Subte: “los metrodelegados se arrogan una representatividad que no les corresponde”, afirmó.

Roberto Fernández nunca se olvida de sus amigos. Como cuando ofreció aquella postal inédita en la historia argentina: un sindicalista anunciando un tarifazo en el transporte. Fue el 31 de marzo de 2016, cuando participó del anuncio del aumento de tarifas junto al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El 18 de diciembre de 2017, se conoció el comunicado que señalaba que “la Unión Tranviaria Automotor no adhiere al paro del 19 de diciembre”, cuando miles manifestaban en las calles contra la reforma previsional. Por último, fue la firma de la paritaria del gremio por el 15%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo, como propone el gobierno. Un día después llegaría el fallo de la Suprema Corte.

El paro del 13

El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Los trabajadores del subte pidieron que “todo el material rodante sospechado” sea revisado y reformado para eliminar el asbesto antes de ponerlo nuevamente en circulación. También reclamaron la implementación de protocolos de seguridad eléctrica, cuyo incumplimiento costó la vida de cinco trabajadores. “No se puede confiar en una patronal que adolece de negligencia criminal sistemática en materia de la seguridad de trabajadores y usuarios”, opinaron.

Ver nota relacionada: El subte B, en riesgo para pasajeros y trabajadores

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Miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en distintos puntos para frenar los despidos, por las negociaciones paritarias y por aumentos salariales. En la movilización del próximo miércoles habrá una columna que exigirá un paro nacional y un plan de lucha unificado a las centrales y sindicatos que dicen oponerse al ajuste.

Para los trabajadores y trabajadoras organizadas el jueves la jornada comenzó temprano con concentraciones en los diferentes puntos del área Metropolitana donde hay despidos: Hospital Posadas, INTI, Jefatura de Gabinete. Hacia el mediodía, por los distintos accesos a Capital Federal fueron arribando columnas organizadas: Acceso Oeste, Sur y Norte. Fue al mediodía que miles confluyeron en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Hacia las 14 horas comenzaba el acto central de la jornada en Plaza de Mayo.

Abrió el acto la madre de todos los luchadores y luchadoras, Nora Cortiñas: “Pedimos la reincorporación inmediata de todos y todas las despedidas y despedidos porque todos y todas son imprescindibles. No sobra nadie, en ningún puesto, todos y todas somos imprescindibles. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, ¡venceremos!”.

Hugo “Cachorro” Godoy tomó el micrófono e informó que durante toda la jornada hubo paro y movilizaciones desde Jujuy a Tierra del Fuego. Como parte de la Federación Azucarera Regional, Rafael Vargas dijo: “Venimos de Salta y Jujuy representando a la Federación Azucarera Regional (FAR) que ante este avasallamiento ha preparado una caravana para el lunes 19, transitando más de 200 kilómetros visibilizando nuestros conflictos”.

Al coreo de “En INTI no sobra nadie, en INTI no sobra nadie”, tomó la palabra el delegado General de ese organismo, Francisco “Pancho” Dollman, que afirmó que en ningún sector del Estado sobra gente. “Van 21 días de acampe y permanencia, 21 días de construir un camino que tiene que ver con el compañerismo, la lucha y el compromiso”, añadió a la vez que dijo que entre los despedidos hay 40 delegados.

Sobre el conflicto en el Hospital Posadas, que enfrenta 122 despidos, habló Mirta Jaime de CICOP: “El Hospital Posadas no se vende, se defiende, y al gobierno de Macri le decimos que no estamos dispuestos a seguir con este plan de ajuste porque estamos dispuestos a defender el trabajo y una salud universal, gratuita y de calidad para todos y todas”.

Recién llegado de Río Turbio, habló Cristian Rodillo: “El carbón se transforma en energía para darle electricidad a 4 provincias, pero este Gobierno cree que eso es inviable. Le decimos basta a la política del Gobierno Macri. Tenemos que estar organizados. No queremos a nuestros dirigentes al frente, los queremos al lado. Con organización vamos a poder lograr que esta lucha salga adelante”.

Por su parte, Gustavo Montiveros, del SENASA pidió “la inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras y también queremos denunciar y poner en alerta a la población sobre el achique de nuestro organismo y el peligro sanitario para todos los ciudadanos y ciudadanas que consumimos productos de origen cárnico y de origen vegetal, dado que están sacando los controles del Estado y se lo están dando a los entes privados encabezados por la Sociedad Rural Argentina”.

En representación de los SUTEBA combativos que movilizaron en toda la provincia, Romina Del Plá, dijo: “Traigo el saludo de la docencia a esta movilización de sindicatos, organizaciones de obreros ocupados y desocupados, movimientos sociales”, y sentenció: “Frente a los despidos y los cierres de fábricas nos planteamos la necesidad de la ocupación y de las huelgas”.

Por los trabajadores de prensa, habló el secretario General del SIPREBA, Fernando “Tato” Dondero: “Estamos orgullosos de ser parte de esta movilización porque es la marca de los conflictos y la lucha. Porque es la movilización de los trabajadores para cambiar el rumbo de ajuste de este gobierno” e informó que en prensa se perdieron en los últimos dos años más de 2.000 puestos de trabajo: “Cada vez menos voces y menos democracia para decir lo que pasa en el país”, remarcó al tiempo que denunció el achicamiento y vaciamiento de los medios públicos.

Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa dijo que esta movilización es “ejemplo de unidad porque la patria está en peligro”. En representación de CTEP, hizo uso de la palabra el referente de La Dignidad, Rafael Klejzer, quien manifestó: “Quiero saludar este paro activo porque imagínense qué haría el sector más rezagado, que es el de la economía popular sin un Estado presente, o sin trabajadores comprometidos en la construcción de un Estado para todos”.

Jorge Adaro, Secretario General de Ademys, añadió: “Esta es una jornada ejemplar que va en el curso de avanzar en nuestro repudio y lucha contra el ajuste del gobierno y los gobernadores. Los docentes ya estamos debatiendo qué vamos a hacer, y si no hay marcha atrás con el tope salarial del 15 %, habrá paro”, anunció.

Walter Córdoba habló en nombre de Barrios de Pie: “Es un orgullo estar acá reclamando la emergencia alimentaria para nuestros comedores escolares y comunitarios. Queremos un Estado presente que fortalezca nuestros derechos”, remarcó.

El acto cerró con las palabras del secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro quien informó que en el marco de la Central, “hoy están parando los estatales pero también los compañeros de la actividad privada como los AAPM, que enfrentan a la industria farmacéutica, los docentes de Conadu Histórica y los médicos de Fesprosa”.

La jornada terminó con un abrazo a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, ejemplo de lucha, coherencia y resistencia.

Movimientos Populares 

Miles de trabajadores de la economía popular, de la Ciudad de Buenos Aires, se movilizaron en el marco de la Jornada Nacional  #SialTrabajo #Noalajuste. Participaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con el apoyo del movimiento obrero organizado de los distintos sectores.

El principal reclamo tiene que ver con la articulación del Estado para proveerse del trabajo y la producción de las diferentes cooperativas del sector. Se realizó un acto en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se ubica la nueva sede del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de miles de trabajadores y trabajadoras.

Más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie marcharon junto a otras organizaciones sociales y sindicales, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata, en el marco de una jornada nacional de lucha hacia todas las gobernaciones del país. Le exigieron al gobierno de María Eugenia Vidal la emergencia Social y Alimentaria, y que un 25 % de los fondos para obras públicas sean destinados a cooperativas.

Además, estuvieron presentes Juan Carlos Schmid (CGT), Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancaria), Pablo Micheli (CTA), Roberto Baradel (SUTEBA), el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Barrial 19/12, el Frente de Organizaciones Populares y el Frente Social 17 de octubre.

Los movimientos populares anunciaron que participarán de la jornada de lucha del 21 de febrero en la 9 de Julio y del paro y movilización nacional de mujeres del 8 de marzo.

Los luchadores votaron una columna independiente para el 21F

Dos mil trabajadores y trabajadoras se reunieron este sábado por la tarde en el Hospital Posadas.

El protagonismo lo tuvieron los conflictos en curso: los trabajadores del mismo Hospital Posadas, los mineros de Río Turbio, los trabajadores del Inti, Senasa, La Esperanza, UEP de La Plata, Ferrobaires, Diario Hoy de La Plata, Cresta Roja y Stockl, entre otros.

A la extensa lista hay que sumar al Hospital Garrahan, ATE Sur, Ministerio de Trabajo de la Nación, la Unión Ferroviaria de Haedo encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero, las Listas Roja y Granate en la conducción del Sutna, Sindicato de Aceiteros, Comisión Interna de Mondelez-Victoria, trabajadores de Pepsico en lucha, entre muchos otros.

Uno de los objetivos de la coordinación es favorecer a los conflictos en lucha, mejorando las posibilidades de pelear. También hubo un capítulo especial para las docentes, que están en las puertas de un conflicto testigo por salario, igual que los bancarios. Por eso fue importante la participación de delegaciones de los SUTEBA combativos así como de representantes del SUTE (Mendoza), Ademys y AMSAFE.

Otro de los aspectos más importantes para avanzar en este camino fue la decisión, votada por unanimidad, de convocar a una jornada nacional de protesta el miércoles 28 de febrero. Ese día, quienes participaron del Encuentro deberán definir bajo qué modalidad son parte de una acción de lucha conjunta.

Las críticas hacia las conducciones sindicales burocráticas fueron un común denominador. Entonces, el miércoles 21 de febrero habrá una columna encabezada por los convocantes al Encuentro y otros sectores, que exigirá un paro nacional y un plan de lucha unificado a las centrales y sindicatos que dicen oponerse al ajuste.

Julián Morales, trabajador despedido de la UEP de La Plata planteó que “vamos a ir a la marcha del 21F pero con una columna independiente. No tenemos nada que ver con Moyano y no tenemos nada que ver con la burocracia sindical”, pero también fue crítico con el rol que venía jugando ATE Nacional y Provincial conducidos por “Cachorro” Godoy.

Luego de que pudieran intervenir todos los referentes que estaban en el Encuentro, se votaron a mano alzada las resoluciones. Para pelear por la reincorporación de los despedidos, contra los techos salariales y la precarización, contra la criminalización de la protesta y otros puntos, se definió:

– Organizar una columna independiente el 21F, con una bandera que plantee “Reincorporación de todos los despedidos, basta de ajuste. Paro General y Plan de lucha”. Además se pedirá que los que vienen enfrentando los despidos tengan una voz en el acto.

– Realizar una Jornada Nacional de Lucha el miércoles 28 de febrero, con acciones simultáneas en distintos puntos del país.

– Continuar con la coordinación, con una reunión el 6 de marzo que evalúe la jornada de lucha, nuevas actividades y la realización de un nuevo encuentro.

– El apoyo a la carpa que instalarán los mineros de Río Turbio en la Plaza Congreso.

– Apoyar a los docentes contra el techo salarial y a todos los gremios en lucha por el salario.

– Apoyar y promover el Paro Mundial de Mujeres del 8M. Exigir a las centrales y sindicatos que se pare efectivamente.

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La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha (CBPL) se movilizó el último miércoles a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, ubicado en la Avenida Paseo Colón. Cientos de estudiantes, educadores y educadoras exigieron por la reapertura del registro de bachilleratos populares, el reconocimiento de los salarios docentes y el financiamiento integral para las escuelas públicas y populares. El Estado brilla por su ausencia.

Desde de las 15 horas, cientos de estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la educación popular concentraron en las puertas del Ministerio exigiendo alguna respuesta por parte de las autoridades al pliego de reclamos que vienen sosteniendo desde hace tiempo: la reapertura del registro y el reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los y las trabajadoras de la educación y el financiamiento integral de las escuelas públicas y populares, lo cual incluye el pago de becas y viandas para los y las estudiantes, además de mobiliario y materiales didácticos. A este pliego de reclamos históricos se sumó el pleno rechazo a la implementación de la reforma educativa de la “Secundaria del futuro”, una forma de convertir en mano de obra gratuita a lxs estudiantes de los últimos años, tras la fachada de una “inclusión y preparación en el mercado laboral”. Un mercado que bajo la concepción macrista sólo implica empresas y ONGs, recortando a la mitad el tiempo de cursada de 5to año para el desarrollo de estas mal llamadas “pasantías”.

Justamente el día miércoles, la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña y la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Andrea Buzos, se reunieron en la Defensoría del Pueblo con representantes de los colegios secundarios para tratar los puntos de esta polémica reforma. Esta reunión sirvió como excusa para ausentarse todo el día del Ministerio y dejar sin respuesta, una vez más, los reclamos de la comunidad educativa popular. Estas prácticas no llaman la atención, teniendo en cuenta que en la última reunión con la Secretaría de Coordinación Pedagógica, 4 semanas atrás, Andrea Buzos se negó a tratar todos los puntos y hasta sugirió que debían buscar mobiliario para los bachilleratos en la basura.

En el marco de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, los bachilleratos populares son la última respuesta para miles de jóvenes y adultxs que día a día se ven expulsados del sistema educativo “tradicional”. Estas experiencias comenzaron a funcionar luego de la crisis política-económica-social del 2001, y en 2011 obtuvieron el reconocimiento oficial por parte del Estado. En la actualidad representan un tercio de la oferta educativa de jóvenes y adultxs en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Marcha, Pablo Spataro, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma Capital y docente del Bachillerato Popular “Salvador Herrera”, habló sobre la situación que le toca atravesar a varios de estos establecimientos educativos: “La mayoría está reconocido, es decir que titulan y que se reconoce la Plata Orgánica Funcional, se les paga sueldo a los y las profesoras, con todos los derechos contemplados en el estatuto docente. Sin embargo, siete experiencias que están reconocidas y pueden titular, no se les reconoce el salario docente. El Estado está precarizando a los trabajadores y trabajadoras de los bachilleratos. Además hay cinco bachilleratos nuevos que el Estado se niega a reconocer, a pesar de contar con un plantel docente y estar operativos.”

El Estado se niega a la reapertura del registro, escudándose en el argumento de que, actualmente, la demanda se encuentra satisfecha. Claudio Olivetto, uno de los representantes del Bachillerato Popular “Darío Santillán” en la Coordinadora, rechaza estas declaraciones. “Ellos sostienen que la demanda se encuentra satisfecha con la implementación actual, lo cual no es cierto porque todos los años sigue habiendo cerca de 10.000 vacantes que no consiguen acceder a la educación pública. Por otro lado, la matrícula de las experiencias de educación popular aumentan año tras año.” En relación a la subsistencia de estas experiencias, expresó que “hoy en día las mantienen los movimientos sociales, las cooperativas de trabajo. Es una responsabilidad del Estado la educación publica y popular.”

Durante la gestión del ex Ministro de Educación y actual candidato a Senador por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, se firmó un acta acuerdo entre la Coordinadora y el Ministerio, en el cual se comprometían a abrir una mesa de negociación salarial. Las responsables actuales de llevarla adelante, Soledad Acuña y Andrea Buzos, desconocen lo firmado por un miembro de su propio partido, por lo que ni siquiera pueden excusarse, conocido latiguillo, en el cambio de gestión.

El no reconocimiento de los salarios docentes, sumado al ajuste tarifario y la imposibilidad de algunos bachilleratos de emitir títulos oficiales, están poniendo en jaque estas experiencias educativas y generan una enorme incertidumbre en las y los estudiantes en relación a su futuro. Si estas experiencias continúan en pie se debe a la militancia y compromiso de las y los docentes, que aun sin percibir un salario, apuestan día a día a esta educación que contiene a los sectores más postergados de la sociedad. Tal es el caso de Laura Matiauda, educadora del Bachillerato Popular del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). “En mi caso llevo 5 años sin recibir un salario. También pedimos tarifas diferenciales para el pago de servicios públicos que nuestras organizaciones, en pleno tarifazo, no pueden afrontar. Necesitamos viandas para los estudiantes y mobiliario escolar. No nos reconocen absolutamente nada, ni las tizas. Todo lo conseguimos nosotros de manera autogestiva.”

Una de las estrategias que están contemplando desde el gobierno para deslindarse definitivamente de las responsabilidades que le caben en relación a la educación popular es el pase de estas experiencias de la gestión estatal a la gestión social. Así lo expresó Matiauda para Marcha: “En algunas reuniones nos han abierto la posibilidad de que entremos (a la gestión social), una vez reglamentada, porque lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires no tiene ley de educación. Pero hay un proyecto de reglamentación de la gestión social en la Legislatura porteña. Ellos nos ven encuadrados a nosotros en ese tipo de gestión, ese tipo de prácticas. Un tercer sector que compartiríamos con la Iglesia y las ONGs. Desde el MOI defendemos la gestión estatal, nos consideramos escuelas de educación pública.” En relación a qué implicaría este cambio de órbita, señaló que “es una tercerización de la educación. El Estado se deslinda de todas sus obligaciones e implica una precarización de la condición laboral de todxs sus educadores. No se lxs reconoce dentro del estatuto docente. Básicamente implica la ausencia y la retirada del Estado, es un proyecto que el macrismo ve con buenos ojos.”

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Después de 82 días de toma, los gráficos de AGR-Clarín fueron desalojados, en el marco de un imponente operativo de seguridad.

“Estoy orgulloso de mis compañeros”, dice Pablo Viñas en su último discurso con la planta tomada. Los gráficos, reunidos en ronda, lo escuchan en silencio. Están en el playón de la fábrica, sobre la reja, al borde de la vereda de Avenida Corrales en el barrio de Pompeya. Algunos operarios clavan los ojos en el piso, otros inclinan la cabeza hacia arriba y apuntan la vista hasta el cielo. Evitan cruzarse con miradas, se esquivan, porque cuando lo hacen es inevitable no romper en llanto. Después de 82 días consecutivos, analizan volver a sus hogares.

Hace varios meses, Viñas me advirtió: “este conflicto va para largo”. En realidad, me lo dijo el mismo lunes 16 de enero, cuando comenzó la ocupación. Esa mañana los empleados de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), que se encargan de la impresión de la revista Viva, Genios, Jardín, Cablevisión, entre otras, y que pertenece al poderoso Grupo Clarín, encontraron la puerta cerrada y un papel con el número de un celular al que debían llamar para ser indemnizados. Sin embargo, los trabajadores de AGR desoyeron el mensaje de los dueños de la empresa, levantaron las persianas y entraron igual. Así comenzó el reclamo por la reincorporación de los 380 despedidos. Todo indica, por la aceitada organización que tuvo la toma, que la acción ya había sido planificada con anticipación. En una jugada arriesgada, mientras los patrones armaban los telegramas de despidos, los obreros ingresaban al predio para defender los puestos laborales.

“Estamos reclamando la reapertura inmediata de la planta. Esto es un Lockout patronal, que en realidad no tiene nada que ver con una crisis económica de la compañía, esto es un vaciamiento fraudulento porque quieren romper el convenio colectivo”, explicó en esa primera jornada de protesta el Secretario General de la Comisión Interna de AGR. Él del lado de adentro, los periodistas del lado de afuera. Viñas, que integra el Partido Obrero, agrupación que acompañó políticamente el conflicto, evidentemente, tenía razón.

Ahora, son las dos y media de la tarde del viernes 7 de abril. Hace calor, por el radiante sol del otoño porteño. La parte sur de la Ciudad está militarizada. Los uniformados portan armas de fuego y chalecos antibalas. Son muchos, y se muestran desafiantes frente al cordón humano que se montó en la entrada principal de la planta grafica más grande todo el país. Mujeres, pibes y estudiantes, improvisan una guardia. Tienen decidido, si es necesario, resistir el avance de la infantería. Los agentes, además de tener armamento de guerra, duplican o triplican en cantidad a los civiles. Para evitar enfrentamientos, se abre un canal de negociación. “Son un montón, nos van matar, y no queremos gente lastimada”, razonan los delegados.

“En primer lugar, la lucha sigue”, aclara Viñas, con oportuna calma. Emocionan sus palabras, que salen pausadas, que se mezclan entre el dolor y la esperanza. “Ahora empieza el acampe por las reincorporaciones. Pero tal como lo votamos en asamblea, nosotros no vamos a ningún choque con la policía “, remarca.

Cuando se retiran, la gente los aplaude. Cuando los aplauden, ellos lloran. Es una postal potente, con esos tipos grandotes, fortachones, de andar cansino, que parecen derrotados y dejan caer sus lágrimas mientras caminan en fila. Con una mano se frotan los ojos para despejar las lágrimas y con la otra alzan sus puños para revolear los brazos por el aire. Por momentos, se instala un silencio generalizado, casi sepulcral, hasta que un grito rabioso y colectivo levanta el ánimo con una arenga que se convierte en canto: “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”.

En las espaldas del conflicto queda tallada la entradera del primer día, la inmediata represión, el festival de repudio, las recorridas por comercios y universidades para reforzar el fondo de lucha, el corte sobre la autopista para denunciar el caso frente a los ventanales del noticiero de canal 13 y TN, las estrategias para romper el cerco mediático, las marchas al Ministerio de Trabajo, las charlas, disputas, diferencias y tensiones con el triunvirato de la CGT, con la Federación Grafica, con el kirchnerismo y con otras agrupaciones de izquierda.

“Dentro de poco se viene la Feria del Libro, que es el acontecimiento anual más importante del Grupo Clarín”, advierte Pablo Viñas, delante de la multitud, al tiempo que anticipa nuevas protestas. “Lo otro que hemos resuelto es un mandato a la Federación Gráfica Bonaerense y a la CGT reclamándole un paro activo nacional y un plan de lucha contra el ajuste y la represión, porque a los trabajadores no nos alcanza un paro para desahogarnos. Estamos enteros, porque están las máquinas y están los operarios. Tenemos la capacidad de producir y poner la fábrica en movimiento”.

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Tratado sobre tablas, el Senado dio la media sanción faltante para expropiar el BAUEN y ceder su uso a la cooperativa.

Una noticia buena en un año de retrocesos: se aprobó la ley que expropia el inmueble del hotel BAUEN, a expensas de créditos nunca pagos con el Estado, y los cedió a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que hace casi 14 años la opera. Ícono del proceso de recuperación de empresas, el BAUEN es un ejemplo de lucha, que permite contar también una historia del país.

El hotel fue originalmente construido durante la última dictadura cívico-militar, de cara al nefasto Mundial de Fútbol de 1978. Para acelerar la construcción, el entonces Banco Nacional de Desarrollo (Banade) realizó suculentos préstamos a favor del empresario Iurcovich. Este préstamo, claro, no fue nunca devuelto. Con la apertura de los noventa, llegaron cadenas hoteleras internacionales al país, desplazando al BAUEN del perfil de hoteles de lujo. A partir de 1997, Iurcovich acrecentó las maniobras fraudulentas, incluyendo el traspaso de manos al grupo chileno Solari. Pero esto no resolvió ningún problema. Se acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con el plantel trabajador, declarando la quiebra durante esos escasos días del gobierno ilegítimo de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

En marzo de 2003 se inicia otra etapa, en la que los y las trabajadoras decidieron cambiar el rumbo de la disputa, y tomar la gestión en sus manos. A partir de entonces pelearon por dar continuidad a su fuente laboral, creando la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada. No pocas disputas atravesaron, incluyendo varios intentos de desalojo, disputas judiciales para permitir el uso del inmueble, y por supuesto, la disputa por la propia propiedad. Una pelea que prácticamente todas las empresas recuperadas debieron transitar durante los 12 años del kirchnerismo, en los cuales muy pocas lograron soluciones estables.

La conversión de la empresa como cooperativa recuperada implicó grandes desafíos para aprender nuevas herramientas de gestión y organización, y desaprender viejos vicios empresariales –que incluyen fomentar la desconfianza entre compañeros. Desandar esos caminos era y es tan difícil como construir los nuevos. Rápidamente el BAUEN comprendió que debía apoyarse en las organizaciones sociales y en el movimiento popular para blindarse de los abusos y extorsiones siempre presentes. El BAUEN se convirtió, de alguna manera, en la casa de las recuperadas del interior del país, cuando venían a reclamar y peticionar a la capital del país. Allí se cruzaban con sindicatos, organizaciones sociales, proyectos autogestivos y otras iniciativas que dieron forma a una amplia solidaridad política. Este año, el BAUEN ha sido la casa de la Multisectorial de CABA contra el tarifazo y el ajuste.

La derrota electoral de las presidenciales de 2015 dio impulso a múltiples agendas detenidas por falta de voluntad política. Entre ellas, se logró apurar el proyecto de Carlos Heller por la expropiación del inmueble, a cargo del Estado, a cuenta de créditos impagos, y la cesión a la cooperativa BAUEN. El 26 de noviembre de 2015 se logró la media sanción en Diputados de esta ley. La mayoría de los diputados opositores evitaron presentarse, pretendiendo bloquear así lo inevitable, pues el kirchnerismo contaba con mayoría propia. El de Heller fue el último de una gran cantidad de proyectos presentados en el mismo sentido, cuyo estado parlamentario caía por falta de tratamiento.

Ese era el riesgo con este proyecto con media sanción: quedar cajoneado y volver a foja cero. Por eso, la noche del 30 de noviembre de este año, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras del BAUEN se presentaron en el Senado a reclamar el tratamiento –sobre tablas- del proyecto con media sanción, tras la extensa jornada de debate por el presupuesto de 2017. Y aunque el bloque Cambiemos buscó dilatar el tratamiento con excusas variopintas, no pudieron evitar la votación. El senador radical Luis Naidenoff dijo que no sabían con exactitud cuál era la deuda o quién era el titular del inmueble, mostrando su falta de interés en averiguarlo o siquiera escuchar los 14 años de lucha. La senadora PRO Laura Machado pretendió usufructuar una carta federal señalando que el costo de la expropiación lo pagarían todas las provincias, como si eso los hubiera detenido de otras acciones. Pero la clave la dio el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al señalar que “No podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. El problema, para el PRO, era cómo echar mano de una gran renta inmobiliaria, de la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sabido aprovechar para sus negociados.

Nada de esto tenía fuerza luego de las largas tratativas del presupuesto. Gran oportunidad para la oposición para pasar un proyecto favorable a los intereses populares, luego de aprobar el proyecto económico 2017 de Cambiemos. A avanzadas horas de la noche, se aprobó el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a los inmuebles e instalaciones del hotel, otorgando el uso a la cooperativa. Esto mejora las condiciones de casi 140 trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán establecer contratos, ser sujetos de crédito, proveedores inscriptos del Estado, entre otras mejoras. Queda en espera la reacción de Macri, que puede promulgar o vetar la ley en las próximas semanas. El lunes 5 se realizará un encuentro de Multisectoriales, donde se abrazará simbólicamente al hotel.

María Eva Losada, presidenta de la Cooperativa BAUEN, señaló que esto es “el fruto de una lucha de los trabajadores y de las organizaciones y espacios que apoyaron”. Federico Tonarelli, trabajador del BAUEN y presidente de la Federación FACTA, reforzó la misma idea: se trató de trabajo consecuente, permanente, con el movimiento obrero, las cooperativas, los movimientos sociales y organizaciones populares, construyendo una amplia unidad.

Eva resaltó además, respecto del gobierno, la incomprensión de quienes ven todo desde la mirada empresarial, y por eso “no entienden cómo un grupo de simples trabajadores puedan expropiar y quedarse con una empresa”. Para todos quienes no lo comprenden, aquí uno de tantos ejemplos de coraje e hidalguía: el BAUEN para quienes lo trabajan.

Nota relacionada: Las trabajadoras del Hotel Bauen, de la resistencia a la expropiación

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