La Justicia argentina falló contra el acuerdo del Citibank y los fondos buitres. Mientras tanto, la comisión de investigación inició sus tareas.

El lunes el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 dio lugar a la medida cautelar para que la filial argentina del Citibank no ponga en práctica el acuerdo firmado en Estados Unidos con los fondos buitres comandados por Paul Singer. En marzo de este año, el Citibank –uno de los operadores financieros más grandes del mundo- acordó con MNL Capital y otros fondos retirarse del negocio de los bonos de deuda argentina, a cambio de permitirle el pago inminente de intereses de esos títulos. El gobierno argentino reaccionó sancionando al banco por este acuerdo, al poner en riesgo los derechos de cobro de los bonistas que ingresaron a canjes previos.

La novelesca trama tuvo esta semana un nuevo episodio, cuando el referido Juzgado falló sobre la cautelar pedida por el Ministerio de Economía, obligando al banco a abstenerse “de realizar cualquier acto” destinado a cumplir con el pacto. Además, se dispuso que está impedido de “tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje”. Es decir, aunque no se dijo nada de la cuestión de fondo, se cuestionó en todo orden la posibilidad de cumplir el acuerdo. Se alegó que el acuerdo no tiene validez en Argentina, puesto no fue homologado según las leyes locales, por lo que desvincularse unilateralmente significaría un daño sobre los bonistas y una infracción de la ley nacional.

El Citibank ya quedó antes “atrapado” en esta pugna entre el gobierno y los fondos buitres, y decidió que el costo del forcejeo ya supera las ganancias, por lo que decidió retirarse del negocio. Ya anunció a los fondos Euroclear Bank y Clearstream Banking Luxembourg SA que rescindía sus contratos de custodia sobre los títulos públicos de deuda. El City ha sido un socio del gobierno de Cristina Fernández en la puja por los bonos de deuda, desde que en 2008 la presidenta le reabriera el canje de 2005 para que pudiera canjear títulos comprados al 22% de su valor nominal. Esta asociación se mostró incluso en la arena internacional. El City ya hizo su negocio y se quiere retirar.

El gobierno no lo tolera: por eso el Banco Central inhabilitó al CEO del Cityen en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar aquí, y suspendió al banco como operador bursátil. La novedad es que ahora la pelea se lleva a cabo en el mismo terreno. Esta vez fue el Poder Judicial argentino el que cuestionó –jurídica y políticamente- los fallos de Griesa en Nueva York. La prepotencia del juez neoyorkino pretende hacer valer su jurisdicción más allá del distrito sur de su estado, hasta el extremo Sur del continente. Si bien se trata de un exceso poco diplomático, lo cierto es que el resto del poder judicial estadounidense y el propio presidente Obama, lo han dejado actuar en tal sentido.

Mientras tanto, en el Congreso nacional

Tras meses de la aprobación de la mal llamada “Ley de pago soberano”, finalmente a fines de abril se creó la comisión investigadora de la deuda en el Congreso. A pesar de lo valioso de la investigación, algo que venimos reclamando desde el regreso a la democracia, no pocas dudas surgen de la misma. En principio, que se encuentre en una ley que declara de interés público el pago de la ley, aprobada para sortear las limitaciones a los pagos impuestas por Griesa.

La composición de la comisión era otro riesgo. La preside el diputado del Frente para la Victoria Eric Calcagno, quien conoce del tema y tiene una perspectiva crítica… limitada al pasado. En su visión del asunto, la política de pagos del kirchnerismo es la adecuada para “disolver” la deuda. Su preocupación se centra en identificar el rol de los fondos buitres, en clara sintonía con el deseo oficial de pagar a todos menos una ínfima fracción del poder financiero. Es decir, de la presidencia de la comisión no se puede esperar que cambie la absurda postura de pagos del gobierno.

Por parte del oficialismo, también son parte de la comisión María Luz Alonso, Edgardo Depetri, Carlos Moreno, Juan Mario Pais, y los senadores Walter Barrionuevo, María Graciela de la Rosa, Pablo González, Pedro Guastavino y Juan Manuel Irrazábal. Con esta mayoría de diez integrantes sobre 16, nuevamente, no podemos esperar grandes cuestionamientos a la política oficial de “pagos seriales”, a toda costa.

La participación minoritaria de la oposición no arroja mayores esperanzas tampoco. Es dudoso que los cuatro integrantes del radicalismo (los diputados Jorge D’Agostino y Enrique Andrés Vaquié, y los senadores Gerardo Morales y Laura Montero, que ni siquiera fueron a la primera reunión) cuestionen la deuda y sus mecanismos, habiendo sido su fuerza política corresponsable del endeudamiento que nos trajo a esta situación. El senador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá fue quien declaró el default y la necesidad de investigar la deuda, aunque no llegó a hacer nada al respecto.

El único integrante del que se puede esperar una revisión integral, crítica y seria, es el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien expresó su posición en reiteradas oportunidades, acompañando además iniciativas históricas de la CTA como la consulta popular de 2003. El diputado pidió incorporar el fallo del juez Jorge Ballesteros, que ya sentenció sobre 477 irregularidades en el proceso de endeudamiento durante la dictadura, deuda que se ha renovado hasta hoy. Ese fallo duerme en el Congreso desde el año 2000. La única expectativa creada por Calcagno fue considerar este y otros fallos existentes, y convocar a expertos sobre la materia.

Un conjunto amplio de organizaciones estamos llamando a la Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación a realizarse del 3 al 5 de junio en Buenos Aires. Es una oportunidad para las fuerzas sociales y las políticas sin representación en el Congreso para expresar nuestras posiciones en torno al problema, y aportar material para forzar a la comisión a dictaminar sobre la ilegalidad, ilegitimidad y carácter usurero de la deuda. El corolario de tal dictamen sería el no pago. Claro que esto va contra la expresa y reiterada voluntad del gobierno de pagar a toda costa. Incluso si eso implica pelearse con un juez neoyorquino.

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Tras la decisión del Citybank de retirarse del negocio de la deuda argentina, el gobierno ha salido a presionarlo para garantizarse su apoyo en la pelea contra el fondo buitre MNL Capital.

La batalla judicial con el fondo buitre MNL Capital y su juez neoyorquino, Thomas Griesa, no cesa. Tras haber conseguido el año pasado los fallos firmes para cobrar el 100% del valor de los bonos comprados a precio de remate, más intereses vencidos y punitorios, el juez se ha dedicado a trabar pagos todas las veces posibles, de modo de forzar a Argentina a cumplir con su fallo. El mes pasado, trabó al Citybank los pagos de bonos regularizados en los canjes. Lo llamativo fue que estos pagos debían realizarse en Argentina, bajo ley argentina, por la sede local del banco. Es que en esta cruzada, Griesa no reconoce límites a su jurisdicción. Detrás de MNL Capital, hay otros fondos buitres que buscan ganar los mismos privilegios que el juez otorga, reclamando pagos por 5.400 millones de dólares. Se ha denominado a estos buitres “me too” (“yo también”).

El gobierno argentino, que capitalizó políticamente el antagonismo con esta fracción de rapiña del capital (“Patria o buitres”), se ha sostenido firme en su postura de no pagar en estos términos. Esto no deja de ser llamativo, ya que la “hoja de ruta Boudou” que venía cumpliendo a rajatabla indicaba el pago de todas las acreencias y litigios (Club de París, CIADI, Repsol, etc.). Al vencerse la cláusula RUFO a fin de 2014, era esperable que el gobierno buscara un arreglo veloz con MNL Capital, dado que disponía de los fondos. Habiendo transcurrido el primer trimestre del año, queda claro que no es la estrategia elegida por el gobierno, que se ha sostenido firme en su batalla en este frente, a pesar de continuar pagando toda otra deuda –y, hay que insistir, negándose a auditarla.

El Citybank trató de destrabar los pagos apelando la medida en diversas instancias, sin lograr  mayores resultados. A fines de marzo, se conoció que la centenaria entidad bancaria había pactado con el fondo buitre que se le habilite la posibilidad de pagar los siguientes vencimientos, a cambio de no volver a apelar y retirarse del negocio de la deuda argentina. Una actividad que le reditúa 17 millones de dólares al año, a pesar de constituir sólo el 2% de sus negocios en el país. De esta forma, abandonaría esta actividad a cambio de ahorrarse problemas.

El ministro de economía Axel Kicillof reaccionó duramente esta semana. “En lugar de plantarse, acuerdan en Nueva York y toman el camino del abandono. Los han abandonado de la Argentina los buitres”, sorprendió en declaraciones el ministro. El increíblemente extraño argumento sería que el Citibank debería ser un camarada en la batalla contra MNL Capital, traicionando su propia naturaleza como conocida ave de presa financiera. El gobierno pretende, continuando con lo que ha sido su estrategia de alianzas hasta hoy, poner buitres (que cobran) contra buitres (que reclaman).

Kicillof señaló que el gobierno está pidiendo ante la justicia que se declare nulo el pacto entre el City y MNL Capital, haciendo nulas todas las acciones que del mismo se derivan. Para ello interpuso una medida cautelar, alegando que el pacto firmado en Nueva York va en perjuicio de Argentina y los propios clientes del City, por afectar tanto la regulación de la deuda pública argentina como los negocios locales. No deja de ser llamativo que el gobierno pretenda que la justicia nacional amplíe su jurisdicción a un trato hecho en el exterior, entre entidades con afinco en otro país. Un fabuloso enredo jurídico.

El City buscó aquietar las aguas, señalando que su decisión de retirarse del negocio fue previa al pacto. De todas formas, sus propios alegatos indican que resultaron posteriores a las resoluciones del juez, indicando que el banco no quiere litigar por este negocio. Señaló que actuó bajo las leyes argentinas en todo momento.

El gobierno argentino ha desplegado un accionar decidido de cumplir sus amenazas. El Banco Central inhabilitó al CEO del Citybank en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar en el país. Además, se suspendió al banco como operador bursátil. Le reclama, en definitiva, pagar con lealtad las ingentes ganancias que obtiene.

Al mismo tiempo, ha apelado el fallo ante la Corte de Nueva York. Alega el gobierno que Griesa confunde deuda nominada en dólares con deuda externa. “El juez Griesa piensa que como el dólar es la moneda mundial, su jurisdicción es el mundo”, señaló Kicillof. La deuda en cuestión es deuda doméstica, de acuerdo con su jurisdicción de aplicación, pero nominada en dólares.

Esta misma semana, el gobierno argentino encontró el apoyo explícito de otra gran ave carroñera. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un avance de su Informe sobre Estabilidad Financiera, donde cuestiona severamente la agresividad de los fondos de inversión, que ponen en riesgo al sistema financiero internacional. Pidió por ello mayores regulaciones de los Estados, un reclamo que se empalma de perillas con el proyecto de regulación presentado por Argentina ante la ONU. El FMI, que ya había advertido sobre los hedge funds y ahora incluyó a los fondos comunes de inversión, reclamó por mayor supervisión activa, con más datos y vigilancia. Estos fondos manejan hoy más de 75 billones de dólares, superando todo el PBI del mundo.

El gobierno argentino, pues, no está solo en su batalla. Si bien el camarada Citybank parece querer hacerse a un costado, otros compañeros –como el FMI- salen al cruce. Aislar a Griesa y el MNL Capital es la estrategia. Todos los demás buitres que quieran participar de la cruzada, son bienvenidos.

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