Por Redacción Marcha / Imagen archivo

Hace unas semanas, en videoconferencia con la Cámara de Diputados, la ministra de seguridad, Sabina Frederic, reveló tareas de inteligencia que se realizan con los recursos del Estado: “no estamos haciendo ciberespionaje sino ciberpatrullaje”, afirmó la funcionaria. “Se hace un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook e Instagram tienen muchas cuentas que tienen faceta pública y otra privada. Las fuerzas federales sólo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social”. 

Desde entonces, como periodistas populares y feministas, como nativxs digitales y activistas sociales y territoriales nos comenzamos a preguntar. Así fue que publicamos algunas notas que analizan la problemática y empiezan a construir algunas respuestas. 

El denominado “ciberpatrullaje” es la vigilancia masiva de redes sociales, una práctica de inteligencia con base en información de fuente abierta. Esta información es recogida del ámbito público para analizarla y producir inteligencia: los datos se vinculan y son analizados para determinar si hay o no una amenaza. Es inteligencia porque se realiza de manera anónima, oculta, sin intervención de ningún otro de los poderes del Estado y sin control de la ciudadanía. No deja de ser una actividad de inteligencia porque la vigilancia gire sobre el ámbito público. Así lo definen las organizaciones en defensa de la libertad de expresión, el debate público y los derechos en el territorio digital. Y nos preguntamos, ¿hace falta que digamos sobre quiénes recae la persecución selectiva? 

Ciberpatrullaje: ¿qué dicen las y los expertos?

Mediante un comunicado conjunto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), afirmaron que las actividades de vigilancia masiva están prohibidas. “Solo están permitidas las tareas de inteligencia criminal orientadas a intervenir sobre amenazas criminales concretas”, y explicaron: “los programas que se utilizan para recoger palabras o frases no tienen capacidad de identificar el contexto ni la razón por las que las personas las usan. Esto vuelve muy peligroso la vigilancia al azar”, y citan la historia de Kevin Guerra, el joven sometido por la PFA a una investigación penal por expresiones resguardadas constitucionalmente que luego fueron convalidadas por una fiscalía. El 7 de abril, Kevin copió el texto de un meme que vio en Facebook, que contenía la palabra “saqueo”, y lo convirtió en un tuit. Dos días después le cayó la gorra. Prácticas intimidatorias que desalientan la participación y la opinión política, sobre todo de quienes desarrollan buena parte de sus vínculos y expresiones a través de medios digitales..

El Ministerio de Seguridad y las fuerzas represivas sólo tienen competencia para realizar tareas de inteligencia criminal atadas a hipótesis o amenazas específicas. Como dice el comunicado de las organizaciones: “Las tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y en redes sociales pueden afectar los derechos de quienes interactúan en el ámbito digital, como la privacidad y la libertad de expresión. Que estas tareas se realicen sobre contenidos que las y los usuarios colocan en el espacio público, “abierto”, no las convierte automáticamente en legales”. Y finalizan: “El Ministerio de Seguridad no puede subestimar el impacto negativo de estas prácticas policiales, que cercenan el debate público. Estos y otros elementos hacen que sea altamente peligroso el uso de estas herramientas, que luego se transforman en causas e investigaciones judiciales. Su uso implica ampliar irrazonablemente las facultades de vigilancia estatal, sin un marco normativo claro, y con graves afectaciones para los derechos”.

También desde la Asociación por los Derechos Civiles, expresaron que “el ciberpatrullaje es un término que quieren asimilar al patrullaje en calle”, lo que parece constituir ya una práctica de amedrentamiento por su sola invocación. También consideran que es violatorio de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Además que produce un efecto de autocensura si consideramos que además nos están vigilando, es decir que lo que potencia son políticas del temor en dos sentidos: mientras el virus nos aterroriza, con ayuda de los medios dominantes, el Estado nos atemoriza con la vigilancia sobre las redes sociales.

Vulneración de nuestros datos personales

El mundo ya está inmerso en la era digital, una etapa dentro de la Sociedad Informacional que ya tiene al menos cinco décadas. Y esta etapa que desarrolla todo tipo de mecanismos de interconexión e interrelación de manera digital, viene siendo un piso de confianza para la implementación de políticas de control. Es el big data, el acceso a cada cámara y micrófono en cualquier dispositivo, es todo tipo de información que subimos a alguna plataforma web desde cualquier soporte (por supuesto que registrado).

Sobre esto es importante pararse desde dos perspectivas: la primera de ellas es no desestimar per se esta etapa. Como todo en este sistema en el que vivimos, es un escenario de disputa donde de un lado está la alianza entre gobiernos y empresas y del otro el conjunto de la ciudadanía. El big data ayudó a Corea del Sur a combatir con muy buenos resultados la propagación de la pandemia y eso es tan real como que ayudó al gobierno surcoreano a meterse en las más pequeñas particularidades de la vida privada de su población. Entonces, ¿el problema es la big data o el gobierno?

No nos proponemos en este artículo avanzar sobre estas concepciones de disputa de poder, pero es un rasgo esencial, tanto como fomentar los mecanismo de cuidado que existen ante cualquier software no privativo.

El segundo elemento es el atraso en materia de normativa que hay sobre el cuidado de datos personales. Todos y todas conocemos casos como la filtración de datos de facebook para las elecciones en Estados Unidos o la circulación de fakenews en Whatsapp para que Bolsonaro llegue a la presidencia de Brasil. El problema es en los datos que se hacen públicos según lo que decía la ministra Frederic pero también sobre aquellos que no lo son o peor aún, lo son sin el permiso de su dueño.

En Argentina no contamos con leyes que protejan a las y los ciudadanos sobre el uso y la circulación de sus datos tanto por empresas como gobiernos. Lo hemos detallado en otro artículo. Pero la situación se agrava porque la dinámica de los medios digitales hace que no haya normas transnacionales seguras, que no varíe lo que sucede según la locación de un sitio o los deseos de cada persona a la hora de hacer un click. 

¿A qué apuntamos con esto? Que si ni siquiera están garantizados nuestros derechos más personales y privados, ¿cómo podemos creer que el ciberpatrullaje no es una medida con una escala más profunda que la imaginada?

El contexto mundial 

En los países asiáticos la vigilancia digital de la vida cotidiana se impuso como un modo de control de la pandemia y si bien fue efectivo constituye una intromision en la privacidad. “En Asia las epidemias no las combaten sólo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos”, expresaba el filósofo Byung-Chul Han. Estrategias de control de la vida diaria también se están imponiendo en China, que a través de la big data intenta imponer un sistema que puntúa a unos 1.300 millones de habitantes para juzgar si son o no unos ciudadanos fiables para un sistema de crédito social. Black Mirror llegó para quedarse.

En Bolivia, el ministro del gobierno autoproclamado, el empresario hotelero Arturo Murillo, responsable político de las Masacres de Sacaba y Senkata, ordenó el pasado 17 de marzo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a hacer ciberpatrullaje. ”Vamos a revisar redes sociales y a la gente que esté desinformada también tendrán procesos legales y penales”. La pantalla en este caso es el combate a las noticias falsas pero el objetivo es otro: la persecución penal y política para la proscripción del MAS. Facho y macho, Murillo es el mismo que, en ocasión de la ampliación de causales del aborto cuando era asambleísta, dijo que “antes de matar una vida ajena, las mujeres deben matarse o suicidarse”.

A las tradicionales formas de la represión se suma el ingrediente de la persecución en internet y la criminalización del derecho a defender derechos digitales, así como aquellos derechos ligados a la protección de la privacidad en los espacios en red. Por ejemplo, en Centroamérica, muchas activistas han sentido el “cambio de paradigma”: “ya no es solo tu protección física sino también tu protección cibernética”, afirman. “Cada vez más fuerza nos dimos cuenta que nos estaban vigilando, que realmente los que usábamos no eran medios seguros, que era muy fácil que entraran en nuestras cuentas, que hay un sistema de inteligencia detrás y que tenemos que cuidarnos porque es nuestra vida y es la vida de nuestra familia la que corre peligros. El acoso y las amenazas comenzaron por redes sociales, porque la vigilancia es a través de tus cuentas en Facebook, Instagram y Twitter”.

A la gorra digital la repudiamos entre todes

La pandemia se extiende y uno de los métodos para combatirla es el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que nos lleva a comunicarnos aún más de forma mediada. 

En La Pandemia desde el pie abordamos lo que sucede en barrios vulnerables, en las calles, con quienes perdieron el acceso a lo mínimo durante la pandemia. Y dentro de esos derechos también deberíamos incluir el derecho a la intimidad, a la preservación de nuestros datos personales, de la identidad y del ejercicio de libertad de expresión. 

¿A quiénes estamos habilitando para espiarnos, investigarnos, buscar nuestros rastros en las redes? Algunos meses de nueva administración no alcanzan para que el paradigma de derechos humanos sea más que un discurso presidencial. ¿Son las mismas fuerzas represivas que habilitaron la doctrina Chocobar? ¿Nos olvidamos del hostigamiento y la persecución política que en redes se realizó sobre la familia de Santiago Maldonado? ¿Por qué mejor no destinar los recursos del Estado para esclarecer quiénes son esos responsables? Hoy la “gorra” y la “patrulla” no está solo en las calles, también en las redes. Por eso, como comunicadorxs populares y feministas nos toca la organización del autocuidado y un repudio claro: a la gorra, ¡ni en los barrios, ni en el territorio digital!

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Por Ignacio Marchini y Vivian Palmbaum / Foto: MARCHA

-¿Qué es el ciberpatrullaje?

No es inocente que hayan usado esa palabra porque lo quieren asimilar al patrullaje en la calle, a tener el patrullero físico merodeando por nuestro barrios; por eso, me separo totalmente de ese término. En realidad hay dos conceptos que hay que tener presentes: OSINT (Open source intelligence) y SOCMINT (Social media intelligence), básicamente es hacer inteligencia en fuentes abiertas o específicamente en redes sociales, que son dos disciplinas con una larga trayectoria y se usan en diversos sectores; en el periodismo, en la academia, lo usamos nosotros mismos en investigaciones (en referencia a la sociedad civil). Sin embargo, hay una diferencia sustancial cuando el que realiza estas actividades es el Estado, y en especial las policías, ya que poseen el monopolio de la fuerza.

– ¿En qué casos lo aplican los Estados? ¿Con qué justificación?

En los últimos años lo empezaron a tomar los Estados para ver qué estaba ocurriendo en internet. A medida que nuestra vida se encuentra necesariamente mediada por la tecnología, el Estado ve un nuevo espacio donde debe inmiscuirse y prestar atención desde las fuerzas de seguridad. La investigación en fuentes abiertas consiste en buscar información, indicios, aspectos de una temática o zona particular que te lleven a concluir determinado objetivo. Puede ser desde realizar consultas en un buscador de internet, hasta enfocarse específicamente en sitios web concretos (como las redes sociales).

Por ejemplo, si en una investigación policial solo tengo un nombre o tengo un solo perfil de una red social, a través de estas técnicas, encontras en otras fuentes, otros sitios web, indicios sobre esa persona como si tiene una cuenta en Linkedin que te indica su relación laboral; si tiene un perfil en Instagram donde sube fotos sobre dónde vive o se fue de vacaciones o con quién se relaciona. Entonces ahí empiezo a hacer una imagen mucho más completa. A eso apunta la investigación en fuentes abiertas, a tener una imagen completa sobre una persona o grupo de personas. No tenemos que olvidar que esto se usa como una herramienta de persecución criminal y allí yace el principal problema, el poder punitivo que tiene el Estado.

– ¿Qué dice nuestra legislación?

Ahí empezamos con los aspectos más grises. Tenemos que separar dos escenarios totalmente distintos, por un lado lo que es el supuesto uso del ciberpatrullaje para prevención policial, que podemos describir como una vigilancia masiva e indiscriminada que es ilegal. Pero por otro lado, hay tareas de investigación que se enmarcan en causas judiciales y están ordenadas por un juez competente, entonces un juez en el marco de una causa puede pedirle a las fuerzas policiales que investiguen tales o cuales perfiles, que investiguen este grupo de personas o esta persona específica. Esto dentro de un marco de una causa judicial tiene un criterio de legalidad.

– ¿Qué peligros conlleva?

Son muchos y múltiples, depende de los escenarios. Pero en general, estas prácticas no solamente atentan de manera negativa contra nuestra privacidad, porque incluso en el espacio público tenemos una expectativa de privacidad (ahí entramos también en una discusión de qué se considera espacio público en internet, y sin dudas, las redes sociales son una especie de híbrido, porque están gobernadas por empresas privadas incluso en otras jurisdicciones que no son Argentina); sino que además, como venimos sosteniendo desde ADC, esto también impacta en el derecho a la protesta y la libre expresión.

Cuando se realizan actividades de vigilancia, hay un efecto inhibitorio sobre tus expresiones. Incluso, si tenes una leve sospecha o una sensación de que estás siendo monitoreado, seguido, de que estas bajo un escrutinio, cambiás tu comportamiento; y en general, empezas a autocensurarte. Eso en internet es peor, porque incluso si tenés la sospecha que tus tweets, tus posteos en Instagram o lo que sea que hagas en el espacio digital puede caer en ojos de la policía y complicarte en una persecución criminal, vas a pensar varias veces qué vas a decir, con quien te relacionas o qué compartis. Desde ese punto de vista, es problemático para el derecho a la libertad de expresión, a la reunión, para la libre asociación y para el derecho a la protesta. Este último, particularmente importante para el actual contexto, cuando estamos encerrados y encerradas en nuestras casas con restricciones a nuestra libertad de movimiento, toda nuestra parte para colaborar con la emergencia sanitaria. Eso implica también que nos volcamos a las redes sociales como habilitadoras de discurso para comunicar todo lo que estamos sintiendo.

– ¿Qué piensa de la aplicación del ciberpatrullaje con fines de sondear el humor social?

La investigación con fines de detectar el humor social de por sí es ilegal. Si estamos pensando en esa investigación como producción de inteligencia, la misma Ley de Inteligencia Nacional (25.520) aclara en su artículo 4 que: “ningún organismo de inteligencia podrá”… “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Eso está fuera del ámbito de lo que pueden hacer los organismos de inteligencia y lo que implica hacer inteligencia, y eso de por sí es ilegal.

– ¿Cuales son los límites? ¿Hay alguna contrapropuesta al modo en que se está aplicando hoy en día?

Es lo que hoy en día está en mayor discusión. Es algo que nosotros esperamos poder discutir en el ámbito legislativo, tiene que poder hacerse de la manera más democrática posible y en total respeto por nuestra Constitución. Primero tiene que haber una mayor transparencia activa de cómo el Estado realiza sus actividades de vigilancia en internet; pero por otra parte, una mayor rendición de cuentas implica que exista un control exhaustivo de cómo se hace. Eso hoy en día, no existe en la forma en la que nosotros lo venimos proponiendo, y es en lo que esperamos que se pueda dar mayor debate.

En el informe de ADC “Seguidores que no vemos”, publicado en 2018, damos varias recomendaciones mínimas sobre cómo mejorar las políticas públicas en este sentido, como debieran hacerse informes de transparencia y cómo debieran alinearse los diferentes protocolos, que exista una profesionalización de las fuerzas de seguridad.

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Por Nacho Saffarano

Este artículo surge a partir de las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en las cuales confesaba que las fuerzas de seguridad se encontraban realizando “patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social”. Estas declaraciones, realizadas en el marco de una conferencia virtual de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Nación, despertaron una serie de reacciones que podemos dividir en tres bloques:

1 – rechazo de la oposición mayoritaria, comandada por Juntos por el Cambio y particularmente por la antecesora de Frederic, la sinvergüenza de Patricia Bullrich, tristemente célebre por encarcelar tuiteros durante su gestión.

2-  repudio del oficialismo ante el cinismo de la oposición, y una combinación de silencio y apoyo en voz baja a las declaraciones de Frederic, teniendo en cuenta la excepcionalidad del momento que estamos atravesando.

3- una tercera voz que expresaba preocupación ante las declaraciones de la Ministra y rechazo a los fundadores de la Doctrina Chocobar; con muy poco rebote mediático, trabajada por organizaciones sociales, sectores de la izquierda, y un pequeño grupo de intelectuales.

Frederic estuvo rápida de reflejos y pidió disculpas por la desafortunada declaración, manifestando que lo que hacían – vaya a saber uno qué fuerza y qué personas – era un rastrillaje sobre el contenido público de las redes sociales, y no una búsqueda a publicaciones de particulares. Al día de hoy, ya tenemos al primer imputado, acusado por el delito a la intimidación pública. Un pibe de 21 años, de Balcarce, que luego de haber sido rechazado para ser beneficiario del IFE, tuiteó “¿sigue en pie lo del saqueo, no?”. No está de más aclarar, si bien no es el objeto de análisis aquí, que toda esta actuación es ilegal, en tanto contraria lo dispuesto por los incisos 2 y 3 del artículo 4°, de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

Todo lo líquido se desvanece en las redes

En un artículo anterior, decíamos que uno de los principales riesgos que corríamos al ensalzar el accionar de las fuerzas policiales y quitar el ojo sobre el necesario contralor de sus actividades, era la legitimación de un giro autoritario, una vez que la situación de la pandemia esté controlada. Pocas certezas tenemos en cómo va a ser el día después de que termine “todo esto”. Una de esas es que la enorme mayoría social, va a ser más pobre. Y con un sistema penal preparado para perseguir a los marginados, este no debe ser un dato menor. Esta es la razón por la cual, más allá de la declaración ligada a la coyuntura que hace Frederic, el campo popular debería ponerse a estudiar y debatir cuánta libertad estamos dispuestos a perder, hasta donde puede vigilar el Estado.

Hay dos buenas razones para preocuparse. La primera, es la alta legitimidad popular con la que cuentan los discursos punitivos en estos tiempos. Cuando los principales referentes de Juntos por el Cambio salen a criticar a Frederic, no lo hacen porque piensen que esté mal las políticas de control tecnológico sobre la población o porque su base social la rechaza, sino porque precisan polarizar, distinguirse y nada más. Tal vez su preocupación sea que puedan imputar a alguno de sus trolls. Pero no, las Fuerzas de Seguridad, el sistema penal en su conjunto, no olvidan su carácter de clase, por lo que los trolls-center podrán seguir operando tranquilos, sabiendo que no son pibes de un barrio popular de Balcarce.

En una entrevista reciente, el abogado e investigador Esteban Rodríguez Alzueta, habla sobre el peligro de una sociedad con miedo. El miedo al contagio del Covid-19, a la muerte golpeando la puerta de una casa en Nordelta y de una casilla en la 1.11.14 al mismo tiempo, unificó reclamos y exigencias. Ese miedo que lleva a desconfiar todo el tiempo del que tenemos adelante en la fila de la verdulería, del que no usa barbijo, que nos lleva a denunciar compulsivamente. El miedo es el mejor amigo de la punición, la vía de acceso para una batería de medidas represivas. Y una vez que el compendio normativo-punitivo se logra instalar, así sea en este caso como una medida excepcional para combatir una situación de crisis, las voluntades estatales para dejar de utilizarlas, casi nunca existe.

La segunda razón para preocuparse, es la internacionalización de las prácticas de vigilancia digital, las cuales se agudizaron con la pandemia, principalmente con los datos de geolocalización para seguir de cerca a quienes sean portadores del virus. Insistimos que en nombre de la situación de emergencia, no es posible defender cualquier actividad tecnológica. Sobre todo con el riesgo que existe de que la recopilación de datos personales, pueda ser utilizada con fines extra-sanitarios. Una vez más, cuando las fuerzas de seguridad y control toman más atribuciones que las normales, la tarea es tener un control doble sobre las mismas

La combinación de una sociedad con miedo, y un desarrollo tecnológico capaz de penetrar cualquier capa de privacidad, nos deja muy cerca de los postulados fundamentales de “Vigilancia líquida”, un ensayo de Zygmunt Bauman y David Lyon, que recupera la idea del banóptico: un sistema de control que no necesita de un vigilante físico, donde los individuos son quienes entregan su información por voluntad propia; la cual podrá ser utilizada para diseñar perfiles, clasificar y etiquetar. Aquí ya no es necesario el “mantener adentro” como imaginaron Bentham y Foucalt al panóptico, sino que ahora a partir de la entrega de datos, se logra “mantener lejos” a los grupos que cada sociedad determina como peligrosos ¿A cuánto estamos de una app que marque donde se encuentran los contagiados de Covid 19?

No es novedad que el Derecho corre de atrás, a veces a kilómetros, a la realidad. Frente a un desarrollo tecnológico que no para, con la propagación de datos personales e información que se entiende como “privada”, es fundamental una legislación ajustada a estos nuevos tiempos, que principalmente, limite las posibilidades de intromisión del Estado en los datos y metadatos de los individuos; que los ciudadanos sean capaces de conocer que se hace con su datos y de poder controlar, tanto al Estado como a las empresas privadas.

Parece una pelea contra molinos de viento. Y lo es. Que pueda fusilarte hasta la Cruz Roja, no implica que no haya que combatirla.

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