El martes 12 de noviembre, el Tribunal de la Cámara del Crimen de Charata, Chaco, bajo la Presidencia de Juan Carlos Clauter, integrado por las vocales de segundo y tercer voto, Andrea Fabiana Sánchez y Patricia Lorena Cimbaro Canella, decidió la absolución de los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa, Carlos Agustín Diaz, quienes persiguieron, hostigaron, torturaron y mataron a Leandro Bravo, el 26 de Febrero del 2022.

Por Claudia Korol* | Fotos del juicio: Pablo Capra

Al momento del crimen, Leandro Bravo, de 37 años, estaba por recibirse de abogado. Tenía dos hijos pequeños, Santi e Isa. Santi, que hoy tiene 16 años -tenía 14 entonces-, estuvo atento a la sentencia, y luego escribió en sus redes: “Hoy, en el día de la sentencia, me siento profundamente indignado y decepcionado. Todo el juicio fue una mentira, una vergüenza, que nos dejó con un sabor amargo en la boca. A pesar de la evidencia contundente presentada, resulta incomprensible que no se haya podido acusar a los cuatro asesinos de mi papá.

Es una injusticia que duele profundamente y me llena de bronca. ¿Cómo es posible que la justicia no haya sido justa? ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que han fallado a mi familia y a la memoria de mi papá? Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis tías, abuelos, y a la gente de Pañuelos en Rebeldía, que han estado siempre junto a mi familia, luchando incansablemente por la justicia. Su apoyo y solidaridad han sido un sostén para nuestras heridas.

Aunque hoy nos duele, no nos rendiremos. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia. A los responsables de esta injusticia, les digo que no pueden silenciarnos. No pueden hacer que olvidemos. La memoria de mi papá vive en nosotros y seguirá siendo un faro que guíe nuestra lucha por la verdad. Estoy orgulloso de mi familia y de todos aquellos que han luchado junto a nosotros. Juntos, seguiremos adelante, sin perder la fe en la justicia y en la humanidad.” Estas palabras contundentes, expresan con claridad el descrédito que va ganando la mal llamada justicia, frente a la juventud y a un pueblo que carece de ella. Nos muestra de qué modo aprenden los jóvenes a no creer en la “justicia”, en estos tiempos en los que los tribunales se han vuelto cuevas de crueldad, de mentira, de apañe al poder.

Florencia Sánchez, una de las hermanas de Leandro Bravo, decía luego de la sentencia a los medios de comunicación locales: “Siento muchísimo dolor y muchísima impotencia, porque lo que acá ocurrió fue que asesinaron a una persona, y eso parece no ser relevante para este tribunal, que hizo un recorte totalmente parcializado de las pruebas que constaban dentro de la causa. La ciudadanía tanto como ustedes, no tuvieron la posibilidad de acceder a las pruebas testimoniales, pero nosotros como familia sí. Hay filmaciones de las audiencias, que deberían ser públicas, para que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió.”

En la sentencia, se tergiversa en muchos tramos lo que se dijo en los testimonios. Continúa Florencia: “Betty es una vecina que se acercó amablemente a nosotras, la familia, para contarnos que Leandro le fue a pedir ayuda, que ella salió a socorrerlo, y le ofreció agua. En la sentencia dieron otra versión. Dicen que Betty le tenía miedo y que fue ella quien llamó a la policía. Eso es totalmente falso, no es real, es la versión policial. Fue dicho por la propia testigo en una de las audiencias. Es más, en la sentencia se dice que la familia de Leandro Bravo, posiblemente haya persuadido a la testigo para que revierta su primera denuncia. Cuando la policía la fue a buscar para que denunciara a Leandro, le hicieron firmar una denuncia redactada por el oficial Fleitas, y ella dijo en la audiencia que la firmó porque tuvo miedo.”

Además de estar plagada de tergiversaciones, en la sentencia también hay una descalificación permanente tanto a Leandro como a su familia, a la que estigmatizaron diciendo que habían “abandonado a su hijo y hermano, porque él “estaba drogado, alcoholizado, viviendo en situación de indigencia”. Preguntada por los periodistas locales Florencia respondió: “En este pueblo todos sabían que Leandro estaba en una situación de consumo problemático. Como familia hemos tratado de acompañarlo durante años como pudimos, como supimos, con las herramientas que teníamos y con las que no. Porque el sistema de salud no está preparado para acompañar, cuidar y proteger a quienes están en situación de consumo. Leandro durante cinco años luchó con este flagelo, entró y salió de rehabilitación muchísimas veces. Pero … ¿abandonado por la familia? Eso no es verdad.

El día del asesinato Leandro llamó a sus hermanas, nos pidió ayuda, tenía miedo de la policía que lo estaba siguiendo. Cinco años atrás él había sido detenido y golpeado brutalmente por la policía, y quedó con mucho pánico después de esa situación. Pero no se trata solamente de Leandro. Hay muchos pibes en Charata que fueron golpeados y torturados por la policía. Hay también muchos chicos afectados por situaciones de consumo problemático. Yo trabajo en la salud pública. Hay un montón de pibes que llegan en este tipo de situaciones, y el sistema de salud no responde. Muchos pibes llegan golpeados por la policía, en el contexto de detenciones legales, cuando se supone que dentro de un procedimiento, si una persona está cometiendo un delito, hay que detenerlo pero siempre con dignidad. Hay que respetar la condición humana. A Leandro lo golpearon, lo torturaron, lo quemaron, lo asfixiaron, y lo llevaron muerto a un hospital”.

La sentencia parece dirigida a condenar a Leandro Bravo y a su familia, y no a los policías que lo mataron. Por eso se encargó también de estigmatizar los testimonios de las y los testigos, e incluso de las profesionales altamente calificadas que hicieron la segunda autopsia, como las doctoras Gabriela Lamparelli y Virginia Creimer. En otro hecho de arbitrariedad manifiesta, el Tribunal desestimó el informe de esta última. Es un tribunal que avala la violencia institucional, y da licencia para matar a los pibes.

Una fiscal a medida de la impunidad

Una parte de la sentencia se construyó a partir del alegato de la fiscal de Cámara Silvana Rinaldis, quien en lugar de acusar, como debería haber sido su rol, pidió la absolución de los policías. Nora Nieto, mamá de Leandro, expresó al finalizar la audiencia en la que se presentaron los alegatos: “Con respecto a la fiscal Rinaldis, que era la encargada de acusar en el juicio por mi hijo, ella no acusó, sino que hizo un alegato en favor de los imputados. Al principio la posición que ella tomó nos sorprendió, dado que en otras oportunidades la defensa había solicitado que le den la libertad a los imputados y ella con mucho énfasis sostuvo esa prisión preventiva, diciendo que eran peligrosos por su comportamiento, y además porque se podían fugar. Nos sorprendió, pero hay que tener en cuenta que esta fiscal ya en dos oportunidades anteriores dejó libres a imputados: en una oportunidad por una violación a una niña”.

La legitimación de la tortura policial

Roberto Sotelo, uno de los abogados querellantes, es coordinador del Área de Asuntos Jurídicos del Comité para la Prevención de la Tortura. En Conferencia de Prensa afirmó al terminar el juicio: “Esto fue un circo, que denota que aquí en Charata reina la impunidad frente a la violencia institucional, a la brutalidad policial. Esta sentencia es incongruente, arbitraria, discriminatoria, porque en todo momento se lo juzgó a Leandro Bravo, no a los cuatro policías que estaban acusados por el delito de tortura seguida de muerte. Creo que refleja un clima de época. No es casualidad de que el presidente sea Javier Milei, que el gobernador sea Zdero, y que el jefe de la policía sea Fernando Romero, quien fue a visitar a los acusados a la comisaría donde se encontraban detenidos, afirmando que eran inocentes”.

Para Sotelo, se trata de una sentencia aberrante por varios motivos y remarcó los que más le preocupan: “La construcción de la “mala víctima” respecto a Leandro, porque es algo que le queda cómodo al Poder Judicial. Plantear que Leandro consumía, o que presuntamente robaba, cuando varias veces durante las audiencias insistimos en que no se estaba investigando la vida de la víctima, porque no se está juzgando a las víctimas sino a los imputados. Por otro lado, la falta de perspectiva en relación a la situación de la familia, atentando contra la ley de derecho y garantía de víctimas y familiares de los delitos, que establece que justamente las víctimas de violencia institucional se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Me preocupa la criminalización de las testigos, tratarlas de mentirosas, y que esto podría conllevar algún tipo de consecuencia jurídica. Es un precedente nefasto, que afectaría en causas futuras contra el personal policial o inclusive el personal penitenciario. Leandro Bravo fue muerto a manos de la policía, fue torturado, entonces este crimen necesita obtener un juicio y una reparación que responda a la realidad de los hechos, de las pruebas”.

El racismo criminal

Cesar Luis Collado, abogado defensor de dos de los policías imputados, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, dio muestras en sus declaraciones públicas del racismo visceral y criminal que lo mueve. Decía a los medios de prensa, refiriéndose a la testigo Romina Aguirre: “El falso testimonio va a tener que ser investigado, una vez que quede firme la sentencia. Corresponde a la señora Romina Aguirre, que es como la mapuche del caso Santiago Maldonado, que con los binoculares vio lo que nadie vio. Ella vio que había sangre, patadas en la cabeza, en el cuerpo, pero los videos muestran lo contrario. Es una gran mentirosa que fue presionada por la familia.”

¿La mapuche del caso Santiago Maldonado? La comparación discriminadora y racista habla por sí sola. Abogado de la policía, construyendo relatos para justificar el salvataje de sus defendidos, y amenazando a quienes dan testimonio. Este tipo de declaraciones, sobre las testigos, sobre las profesionales que actuaron en el caso, alientan las intimidaciones y amenazas que vienen soportando, en redes, y en algunos casos, de manera directa en sus domicilios.

Romina Duarte, abogada del Comité para la Prevención de la Tortura, agregó al análisis: “Llama la atención la cantidad de veces que la sentencia le falta terriblemente el respeto a la víctima. Si los testigos se vinculan con la víctima y testimonian a favor de la víctima los criminalizan. Es grave porque justamente genera miedo en quien ya es testigo y en quien podría ser testigo de otra causa. Un dato no menor es que la familia y las testigos son mujeres todas. Ese dato hay que tenerlo en cuenta, porque ya lo hemos visto en las audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, donde los abogados defensores atacaban a las testigos por ser mujeres.

La familia, las hermanas, y la mamá, están siendo atacadas todo el tiempo a través de las redes sociales y en las propias audiencias. Eso es bastante llamativo y muy grave. Cuando la doctora Lamparelli quería explicar, en las audiencias del juicio, el juez la frenaba, cuando a todos los hombres que fueron a declarar los dejaba expresarse, y que hablen dos tres horas. Hemos asistido a otra jornada donde se torturó a Leandro Bravo. Se lo torturó el 26 de febrero del 2020, y se lo torturó el 12 de noviembre del 2024.”

Negación de la tortura como práctica policial

Uno de los temas que se puso en discusión en la sentencia fue el concepto mismo de tortura. Respecto a este tema explicó el abogado Roberto Sotelo: “Claramente lo que intenta hacer este fallo es no reconocer la existencia del delito de tortura en época de democracia. Pero la realidad es que se tortura en democracia, a la luz del día, en aparente legalidad. El caso de Leandro Bravo fue una prueba concreta y material de que esto ocurre. No es menor la responsabilidad funcional de las fuerzas de seguridad y de la justicia que actúa en complicidad: la policía tortura y la justicia avala.

El Comité para la prevención de la tortura, durante los alegatos, ha planteado cómo se aplicaba la modalidad de torturas en el cuerpo de Leandro Bravo. Para que se requiera tortura la ley exige que existan sufrimientos físicos y psíquicos que tengan gravedad suficiente. Tenemos en cuenta la multiplicidad de lesiones que tenía el cuerpo de Leandro Bravo, donde claramente se ha visto en los vídeos que durante la persecución su cuerpo estaba totalmente indemne, inalterable, y llega 40 minutos después al hospital sin vida y con múltiples lesiones.

Si no es tortura el hecho de contar con quemaduras de tercer grado, si no es tortura la multiplicidad de lesiones en diferentes partes de su cuerpo, si no es tortura las maniobras de sofocación de asfixia mecánica por comprensión de la caja toráxica. Una asfixia intermitente es tortura. Es una maniobra muy conocida y utilizada por las fuerzas de seguridad durante la época de la dictadura que es la práctica del submarino. A través de esta técnica se provoca el sufrimiento de la víctima por la sensación inminente de muerte. Si no es tortura, teniendo en cuenta la fase psicológica del hostigamiento y la persecución a la que Leandro Bravo fue sometido obligándolo a correr”.

La lucha por la justicia continúa ahora con la apelación en otros ámbitos judiciales, nacionales e internacionales, pero sobre todo en los esfuerzos para que sea conocido el crimen, y para que la sociedad, los movimientos populares, sepan lo que sucedió, y construyan frente a la cruel policía, y a la justicia maloliente, una profunda y sistemática condena social. Leandro Bravo lo merece, y lo necesitan los pibes y pibas de Charata, y quienes en cualquier rincón del país, viven bajo la amenaza del hostigamiento y la represión policial.

* Educadora y comunicadora popular, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.

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Por Camila Parodi

Durante las últimas semanas se conoció la noticia en la que más de 700 personas habían sido hospitalizadas por intoxicación en la ciudad de Presidencia Roca de la provincia de Chaco. El empresario Eurnekian, de la Estancia “Don Pacos”, había fumigado ilegalmente el territorio ignorando la medida cautelar del 2012 que limita la fumigación en la región y sin haber contemplado siquiera los factores climáticos.

Por su repercusión y las denuncias realizadas por la población, se realizó una medida cautelar dictada por el juez de garantías de General San Martín, Luis Allende. Hoy se realizará una audiencia pública entre las partes. Para profundizar en los hechos, hablamos con el ingeniero zootecnista Mauricio Tinari integrante de “El Futuro está en el Monte” una fundación que trabaja acompañando a las comunidades qom y wichi de la zona del Impenetrable en Chaco.

Hace unos días resonó en algunos medios la noticia de que más de 700 personas de Chaco habían sido internadas debido a la intoxicación por fumigaciones aéreas ilegales en la zona de Presidencia Roca… ¿Cómo lo vivieron?

El pasado Lunes 25 de octubre, la estancia “Don Panos” del empresario Eurnekian decidió fumigar una parte de sus cultivos con Acetoclor (un herbicida) y con 2 derivados de la Cipermetrina (insecticidas). Al tratarse de una estancia de 4.000 Ha. deciden pulverizar desde un avión, pero sin las condiciones climáticas para hacerlo, ya que ese día había viento sur y eso ocasionó mucha deriva del producto. El líquido llegó al pueblo de Presidencia Roca y alrededores produciendo infinidad de problemas.

Se quemaron cultivos enteros de tabaco y verduras de pequeños productores y productoras de la zona, se quemaron árboles enteros del pueblo, se perdieron las frutas de los cítricos y, además, se enfermaron al menos 700 personas que fueron al hospital con signos claros de intoxicación por agrotóxicos (dolor de cabeza, vómitos, diarrea, sarpullidos y hasta algunos dificultades respiratorias). Se calcula que solo un 10% de las personas afectadas concurrieron al hospital, el resto se curó con remedios caseros con plantas medicinales pero manifestaron el malestar. Cabe aclarar, que estas plantas también se encontraban fumigadas,  ya que la población ignoraba ya que no se hizo pública la denuncia sino hasta varios días después de lo ocurrido. Además, la gran mayoría de las personas no tiene acceso al agua de red por lo que toman agua proveniente de los aljibes que también se encontraba contaminada con el químico.

¿Es la primera vez que se denuncia una fumigación de este tipo?

No es la primera vez, desde hace más de 25 años en la Estancia “Don Panos” se realizan fumigaciones y desmontes ilegales. Cuando compró la estancia, tuvo la primera demanda al realizar un desmonte ilegal de 4.000 hectáreas en una zona donde no estaba autorizada. Al año siguiente, en 1996, se hacen las primeras fumigaciones y ya hay personas que fueron intoxicadas desde ese momento. Esta situación se va a repetir aproximadamente unas 10 o 15 veces hasta el momento de la fecha. Esta última fumigación tuvo un impacto mediático un poco más fuerte por tratarse de que hubo más de 700 personas hospitalizadas y con condiciones mucho más fuertes que las veces anteriores donde el efecto había sido mucho menos.

¿Hubo también daños materiales?

Sí, eso es a nivel pueblo, pero también la gente que está en el campo se vio afectada. Principalmente los productores de tabaco y algunos productores hortícolas grandes, con quienes la empresa fue y arregló directamente pagándoles $50.000 a los productores de tabaco por hectárea y $20.000 a los productos hortícolas. Un número que es bajísimo y que no llega a cubrir ni siquiera los gastos de la implantación de los cultivos. Pero bueno, mucha gente decidió arreglar así por el miedo a que la justicia después les haga algo. 

¿Qué respuesta organizada están desarrollando desde el territorio?

Por ahora, las medidas que se han tomado fue incentivar a las y los habitantes para que hagan la denuncia individual principalmente por la situación de los niños y niñas que las afectó de sobremanera. En ese sentido, se comunicó a todas las personas intoxicadas que vayan al juzgado y denuncien si perdieron cultivos o las enfermedades que tuvieron en los últimos días como para poder tener un registro de eso y después se va a hacer una denuncia colectiva. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que tienen miedo de denunciar por tratarse de un pueblo pequeño y quedar expuestas.

¿Cuáles son los pasos legales que se están llevando a cabo?

Por el momento lo que se logró es una cautelar para que dejen de fumigar. La denuncia formal la está llevando a cabo la organización Carrillo, la abogada Alejandra Gómez y el abogado Sánchez. Este miércoles 17 se realizará una audiencia pública entre las partes y para el 25 de noviembre se está programando una asamblea barrial en la plaza central de Roca para ver qué recaudos tomar para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, así es como estamos avanzando por ahora en el pueblo de Presidencia Roca con la ayuda de la organización de mujeres, quienes fueron las que fueron articulando todo este proceso.

Si este hecho hubiera ocurrido en otra ciudad del país o con otra población posiblemente hubiera sido la principal noticia de los medios de comunicación ¿Qué lectura hacen al respecto?

En la provincia del Chaco vivimos muy dispersos, tanto físicamente como organizativamente. Esta realidad nos trae todo tipo de problemas a la hora de hacer denuncias de manera colectiva. Al tratarse de pueblos tan aislados y alejados de los centros donde se toman decisiones parecería que nuestra vida vale menos. Si este conflicto hubiese ocurrido en CABA la respuesta hubiera sido otra, se hubiese prohibido el uso de agrotóxicos a nivel nacional.

Si bien existe una cautelar para frenar esta situación en particular esta historia no nos habla de un hecho aislado sino hace parte de un complejo escenario de avance del agronegocio sobre el territorio y sus comunidades ¿Cuál es la situación del territorio chaqueño?

Ya se hicieron varias denuncias con respecto a los desmontes en la provincia, y al día de hoy hay una cautelar para que no se otorguen más permisos de CUS en la provincia hasta que se actualice el OTBN. Pero lo cierto es que estamos en “la franja de gaza de la agricultura”: El agronegocio busca avanzar sobre los suelos más marginales utilizando tecnologías e insumos de lo más avanzados y la expansión de la frontera agrícola está acabando con nuestros bosques nativos. 

El bosque Chaqueño es el segundo bosque más grande después de la amazonas y el  bosque xerofítico (seco) más grande del mundo. Estamos en la latitud de los grandes desiertos a nivel mundial, pero tenemos un monte (bosque) que protege el suelo y regula la humedad. Está en toda la ciudadanía la decisión de cuidarlo y respetar a las comunidades que viven en él, o de continuar dándole lugar al negocio de unos pocos empresarios a cambio de una dádiva para que el gobierno nacional pueda pagar su deuda obscena y criminal.

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Por Vivian Palmbaum / Fotos por Juli Dorin y Julianite / Diseño: Ivan Barrera

La voz “chaco” proviene del quechua (“chacu”), que significa lugar de cacería, y hace referencia a la riqueza faunística de la zona. La provincia que lleva ese nombre es parte de una región más amplia que abarca Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Desde hace unos 5.000 años, es una tierra habitada por los pueblos Tobas, Mocovies y Wichí entre los más destacados.

La población de la provincia de Chaco está compuesta por una gran cantidad de pueblos indígenas que, expulsados por el corrimiento de la frontera agrícola, tuvieron que migrar hacia las áreas periurbanas, donde viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Según el último censo de 2010, en la provincia 4 de cada 100 habitantes es indígena o se reconoce como descendiente de pueblos originarios.

En la provincia de Chaco conviven distintas realidades para las comunidades. Por un lado, la del interior de la provincia, donde son reprimidas y arrasadas para apropiarse del territorio y, por otro, en el cordón que rodea a las ciudades más importantes -como Resistencia-, donde se organizan conglomerados de gran precariedad.

Racismo institucional

En las áreas periurbanas, las violencias policiales contra las familias Qom se repiten. Hace pocos días, al grito de “indios infectados”, una familia recibió un feroz ataque de policías que la roció con alcohol para prenderle fuego. Si bien los integrantes de las fuerzas ya fueron identificados, parece haber un patrón estructural en la repetición de estos graves hechos que no cesan. Por este motivo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura también tomó intervención.

Esta repetición se denomina “racismo institucional”. Según las palabras de Alejandro Mamani, abogado y activista de derechos humanos e integrante del Colectivo Identidad Marrón.

Mamani explica que el “racismo institucional se plantea con el acceso diferenciado a los derechos legitimados por el Estado. Si bien desde el Poder Legislativo se planteó una igualdad jurídica -todas y todos somos iguales ante la ley- es distinto el tratamiento que se recibe porque sabemos muy bien que el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, está delimitado por nuestro origen étnico, muchas veces por nuestro color e incluso por el lugar social de donde provengamos. Creemos que una de las variables que no ha sido analizada en el contexto latinoamericano y en la Argentina en particular es la variable de racismo”.

Mamani detalla que cuando se habla de violencia contra comunidades indígenas “también hablamos de racismo a nivel estructural porque este planteamiento de impunidad constante respecto a las comunidades indígenas no solamente se plantea desde una cuestión como la violencia, sino que en la búsqueda del acceso a la justicia y de resolver estos conflictos el Estado da una respuesta tardía que termina siendo una no respuesta, inclusive favorece la impunidad. Por eso en muchos otros casos la impunidad de acciones violentas contra comunidades originarias por parte de población criolla referida a parte del gobierno, inclusive violencia institucional por parte de agentes policiales, lo que termina haciendo es afirmando esta separación implícita de lo indígena como un mundo aparte y marginal”.

A pesar de que las comunidades indígenas tienen sus derechos garantizados, y más desde la reforma constitucional de 1994 donde, detalla Mamami, “se declaró la propiedad comunitaria, reconocimiento de su lengua, el deber de ser escuchados, el tener garantizado una justicia de calidad con traductores en el caso que corresponda; creemos que estas son las prácticas concretas que terminan visibilizando esta falta de realidad en la ley. Es decir, hay una igualdad jurídica y en la realidad, no”.

Caravana en apoyo al acampe Qopiwini

La pandemia al acecho

El Chaco fue una de las provincias más afectadas inicialmente por el coronavirus, con unos 4606 casos y 188 muertes, una cifra que se va modificando a medida que pasan los días. En el Gran Resistencia la situación es muy compleja. Desde Marcha consultamos a Charo Alcide, integrante de la organización social Mujeres Clasistas Combativas en el Chaco (MCC) para conocer en profundidad el estado de los pueblos originarios respecto de la pandemia.

”La situación de pobreza, discriminación, opresión y represión de estos pueblos se ha incrementado. Durante la pandemia, sufrimos situaciones muy graves. La policía salía a la cacería de los integrantes de los pueblos originarios. Los corrían en las camionetas con balazos de goma. Todo lo que tenía que ver con el reclamo por la libertad de esos compañeros se hizo muy engorroso, porque nadie atendía por ningún lado´”, explica Alcide.

Y agrega que esas personas “siguen detenidas en distintos lugares por el solo hecho de salir a buscar el sustento diario, el pan; lo que hace falta en esta pandemia donde todo se ha complicado impresionantemente”.

Pero más allá de la pandemia actual, Alcide afirma que “todo intento del pueblo de poder juntarse siempre ha sido reprimido por el gobierno del Chaco. El manoseo constante es histórico y se sufre por ser originario, por ser mujeres originarias y por ser pobres. Es una situación que no nos cabe ya en definiciones porque todo se ha dicho en los últimos tiempos”.

Respecto de las acciones concretas que llevó adelante el gobierno ante la situación que despertó la pandemia y el respectivo aislamiento, explica que “si bien es cierto que ha asistido con mercaderías a algunos pueblos y barrios de Resistencia, donde hubo un brote muy grande del Covid 19, eso duró un tiempito. Después, todas las promesas que hizo el gobierno están haciendo agua y ya las comunidades y los pueblos originarios están saliendo nuevamente a manifestarse en las inmediaciones de los lugares y sus territorios”. Incluso, Alcide apunta a los fondos que se destinan, que no fueron actualizados: “El gobierno no se puede seguir manejando con los presupuestos de 20 años atrás, porque nacieron cientos y cientos de pueblos originarios que hoy ya tienen familias con hijos y que, al ser parte de las grandes villas y asentamientos de Gran Resistencia, viven de una manera deficitaria y en pleno hacinamiento que no se puede sostener”.

Ser originaria, ser mujer

Otras de las problemáticas que surgen es cómo sufren las mujeres las violencias continuadas desde las instituciones, mientras son quienes organizan las respuestas cuando el Estado decide ausentarse. Así lo contó Charo Alcide: “Hay una cosa que es terrible que es el trato que les dan a las compañeras originarias desde las instituciones. Por ejemplo, compañeras originarias que están llevando adelante comedores con mucho esfuerzo, ollas populares y el gobierno no atiende los teléfonos, no les da respuesta, pero siguen haciendo tremendo sacrificio para llenar las panzas. Y lo hacen llevando adelante actividades de donaciones, venta de empanadas, de lo que sea”.

Por otra parte, también explica Alcide: “las compañeras originarias siguen viviendo todo tipo de violencia. En el Gran Resistencia sufren a la par de las compañeras criollas eso de ir a las comisarías y que nadie las atienda o que les cajoneen y nunca más sean solucionadas sus denuncias”.

Para las comunidades originarias la relación con el territorio es inherente a su modo de vida. Desde el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela DD.HH.”, organización no gubernamental de Derechos Humanos de Chaco, que cerró tras el fallecimiento de Rolando Núñez, explicaban que el conflicto de los pueblos originarios y de la tierra aparecen asociados porque el problema de la tierra y el agua es la esencia del problema indígena: “el problema del indio es, en último análisis, el problema de la tierra”, afirmaba José Carlos Mariátegui en 2009. La tierra fue y será el principal reclamo de las diferentes naciones indígenas entendida como entidad colectiva y propiedad cultural no ligada a la lógica individual y económica.

Defender a la comunidad y el ambiente:

Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi

“Whasek” es el vocablo wichi que designa al escuerzo, un sapo grande del monte que “siempre está en su mismo lugar y ante cualquier ataque se aferra dentro de su territorio”. Así lo explica Fabián Ariel, vocero de la Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi del Chaco. Las actividades de la Guardia comenzaron a finales de 2018. La iniciativa colectiva tiene su base principal en El Sauzalito, y otras dos bases en las localidades de Techat y Fortín Belgrano. Se ubica en la zona del Impenetrable, donde habita el pueblo wichi y se interna el espeso monte chaqueño que lucha por sobrevivir a la tala de árboles y donde especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el chancho quimilero y el tatú carreta, entre otras, se encuentran en peligro de extinción.

El Impenetrable esta bordeado por cinco pueblos principales: Miraflores, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Wichí y Sauzalito; todos pertenecen al Departamento de Güemes.

La mayoría de las comunidades indígenas viven en reservas comunitarias ubicadas en las inmediaciones de los pueblos. Las más importantes y cercanas al Parque son:

• Reserva de Nueva Población (wichí): 1.500 hectáreas lindantes al Parque. Es el único paraje vecino donde conviven wichís con criollos.
• Reserva de Nueva Pompeya (wichí): 20.000 hectáreas lindantes al Parque en la zona del pueblo que tiene el mismo nombre.
• Reserva Meguesoxochi (qom): 150.000 hectáreas ubicadas a 10 km del parque, hacia el Sur.
• Reserva Mowitob (qom, mocoví y wichí): 308.000 hectáreas que el Gobierno cederá a qom, mocovíes y wichís como compensación del daño por la Campaña del Desierto, que también tuvo su accionar en el Chaco.

Al menos unos 400 hombres y mujeres wichis, desde los 17 años, integran la Guardia comunitaria para defender un territorio que abarca aproximadamente unas 150 mil hectáreas.

La pelea que llevan adelante desde la organización tiene que ver con un reconocimiento oficial que les permita accionar sin ningún tipo de trabas ni hostigamientos. Por eso, detalla: “En un principio nos dieron una resolución del municipio y ahora tenemos la resolución provincial de julio pasado, donde reconocen la guardia comunitaria ambiental. Así, logramos que se nos mire, se nos escuche, y se constituya un nuevo orden de cuidado territorial como será nuestra guardia comunitaria ambientalista. Ahora lo que pretendemos es un decreto, que nos parece que nos da mayor reconocimiento. Más adelante vamos a pelear por una ley de seguridad indígena”.

En ese sentido, el vocero reflexiona sobre “la enorme responsabilidad de seguir caminando un sendero único en el país, la existencia de un pueblo wichi organizado en el cuidado y conservación de su territorio mediante nuestra guardia comunitaria ambiental”. Y se pregunta, y nos pregunta: Si Parques Nacionales puede cuidar los parques, nosotros, que somos los dueños de las tierras, ¿por qué no podemos cuidar nuestras tierras?”.

Es que en el Impenetrable, el conocimiento del territorio es fundamental. Y con eso se relacionan los trabajos Entre las funciones de la guardia comunitaria están las de tratar de detectar situaciones que pasan dentro del territorio como incendios, tráfico ilegal de maderas, de animales o drogas, entre los más importantes. Ariel cuenta: “por ejemplo hace poco se perdió una persona y se logró encontrar”. Y agrega que el trabajo que realizan “es ad honorem, no tenemos sueldo, los muchachos sienten la necesidad del territorio, por eso ellos se comprometen en velar por el territorio”. Sin embargo, a pesar de la actividad amorosa y de cuidado que desarrolla la Guardia para proteger el territorio y a la comunidad que la habita, sufren hostigamientos: “ante alguna situación que pasa en nuestro territorio se alerta, y eso por ahí molesta”. Uno de los mayores obstáculos que se repite son las relaciones con el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y hasta los medios de comunicación que vienen criminalizando la defensa territorial.

“Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”

La tan mentada inseguridad por parte de las empresas de comunicación se refleja de manera muy diferente en este territorio: “En las 150 mil hectáreas tenemos distintas reservas indígenas, con título de propiedad. En 2018, salieron 100 mil hectáreas que también las luchamos porque le corresponden al pueblo wichi, de la Gran Reserva que también estaba en conflicto. Lo que nos preocupa es la inseguridad que puede afectar a nuestras próximas generaciones”.

Una de las explicaciones que agrega el vocero es que las comunidades están en una zona limítrofe con Formosa y Salta: “por ahí está la entradera del narcotráfico, la madera, hojas de coca; es un pasadero. Estamos sobre las orillas del río”.

En el mes de mayo, esas mismas empresas de comunicación realizaron una campaña en su contra “acusándonos de violentos, paramilitares y tantas otras mentiras. Buscando generar en la sociedad un rechazo hacia el proceso que venimos andando como Guardia en defensa de nuestros montes y de nuestra cultura. Presionando para que la justicia y el poder ejecutivo provincial actuara con urgencia para resolver ‘el problema de la guardia Whasek’. Las consecuencias fueron que varios hermanos wichi fueran imputados por resistencia, atentado y usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, detalla Fabián Ariel. Pero, no todo se mide con la misma vara: “Vemos que se llevan madera día y noche. Nadie ve eso y no le dicen que son criminales, en cambio nosotros que queremos proteger cuidar a nuestros pueblos nos tratan de criminales cuando realmente no es así”.

Greenpeace es una de las organizaciones que más visibilidad le está dando a la tala ilegal de bosques, que en varias provincias, como Chaco, no ha cesado ni en tiempos de aislamiento social. El desmonte que destruye los bosques, la fauna y empobrece la tierra está ligado al negocio maderero, pero también se realiza con fines de extender la frontera agrícola; es decir, instalar y expandir el monocultivo sojero.

Respecto de esas alertas, Ariel cuenta que la policía y el intendente pidieron la colaboración de la Guardia para ayudar a controlar quién entrara y saliera en los ingresos del pueblo y también a controlar que a quienes les diera positivo del Covid se quedaran en sus casas.

Sin embargo, a pesar de que la resolución reconoce que el trabajo de la Guardia se articula con la policía, sufren situaciones de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. “Ellos no aceptan”, explica Ariel. Y continúa: “Anteanoche tumbaron la barrera de la guardia, insultaron, dijeron cosas feas, hubo amenazas, pero no respondimos. Creemos que esa no es la manera de los funcionarios policiales. Padecemos la persecución y el hostigamiento, estamos discriminados, pisoteados, no quieren reconocernos cuando en realidad nosotros fuimos a pedir al gobierno para que nos dé la facilidad de velar nuestro territorio. Siempre lo hemos aguantado, siempre hemos callado”.

Pero ese silencio no es pasividad, y detalla: “Se prestan mucho fiscales como otros funcionarios para criminalizar a un pueblo milenario que busca el bien y los criminales son los que andan dentro de nuestro territorio con la droga, con el alcohol, cosas perjudiciales para un pueblo y futuras generaciones. Estamos en la mira de los jueces y de los fiscales. La justicia debería estar con las cosas que son delitos”.

Para cerrar Fabián Ariel teje lazos con otras comunidades defensoras y reafirma la acción de la Guardia: “Vemos en otras comunidades también por ser los defensores, por ser quienes llevan la protección de un pueblo de una comunidad o del medio ambiente se los empieza a perseguir como sucede con los mapuches. Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”.

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Por Marcelo Musante (*)

Los gendarmes y la policía montada estaban al acecho. Los Qom y Moqoit reunidos en la zona de El Aguará no lo sabían. La policía rondaba la reducción desde hacía dos meses. La Gendarmería de Línea, desde hacía una semana. Sus nombres, armas y municiones quedaron registrados prolijamente en listados oficiales.

Mientras tanto, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, entablaba el supuesto diálogo con los líderes indígenas que reclamaban por las condiciones de explotación a las que eran sometidos. Pero era una trampa: al mismo tiempo que desde el Estado se proponía a las comunidades indígenas canales de negociación, se preparaban las acciones punitivas. Fórmulas del pasado y del futuro. El castigo como figura siempre omnipresente.

La Masacre de Napalpí era algo que iba a suceder en algún momento. Y pasó. Centenares de Qom y Moqoit fueron asesinados el 19 de julio de 1924 por las fuerzas represivas estatales. Fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento impuesto desde el Estado y los sectores privados de la región a los pueblos indígenas.

Iba a pasar porque los asesinatos masivos sobre personas indígenas ya se habían llevado a cabo antes, en las diversas campañas militares a Pampa, Patagonia y la región chaqueña.

Iba a pasar porque se continuarían repitiendo en el futuro, como en el caso de La Bomba, en Formosa en 1947, entre muchas otras.

Iba a pasar porque era un lugar de confinamiento para controlar los cuerpos y someterlos violentamente al trabajo. Los cuerpos como objetos. Como meras herramientas.

Iba a pasar porque esos cuerpos iban a revelarse colectivamente.

Iba a pasar porque no tenían permitido ninguna acción de resistencia allí adentro.

Y cuando esos cuerpos se sublevaron en la escena pública, fueron reprimidos y asesinados.

La violencia en el espacio y los cuerpos

La masacre se llevó a cabo en la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí. Un espacio de control social que formaba parte de un sistema más amplio. Un proyecto que implementó el Estado argentino en Chaco y Formosa a espejo de las que ya existían en Estados Unidos con múltiples denuncias por las consecuencias sobre las familias indígenas.

Acá llegaron a coexistir cuatro reducciones. Funcionaron entre 1911 y 1956. Hubo años en los que estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias Qom, Moqoit, Vilela, Wichí y Pilagá.

Los presidentes de la Nación del momento se pronunciaban sobre las reducciones como un sistema ejemplar y exitoso para la “incorporación del indígena a la civilización”. Pero las condiciones eran otras. “Siempre palo, palo y palo. Nosotros sufrimos mucho. No teníamos ropa”, se acordaba Juan Ballesteros en Bartolomé de las Casas, lugar donde funcionó una de esas reducciones en Formosa.

El “proceso de civilización del indígena” implicó el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. La deuda como forma de disciplinamiento.

Un sistema de explotación basado fundamentalmente en el desmonte de cientos de miles de toneladas de árboles nativos para proveer a la industria maderera y al propio Estado para la construcción de vías férreas. Vías que se construían abriendo picadas en monte cerrado. ¿Quiénes lo hacían? Los propios indígenas bajo control del Ejército.

Las mujeres, los niños y las niñas eran sometidxs al trabajo de la cosecha y violentadxs por quienes trabajaban para la administración. Las enfermedades no tenían modo de ser curadas en las salas de primeros auxilios desabastecidas.

El control era ejercido con extrema violencia. “Los indígenas eran estaqueados toda la noche como castigo”, recuerda Bernardino Paz en Colonia Aborigen, lo que antes era Napalpí.

Resistencia y represión

Pero en un momento, en la Reducción de Napalpí, se llevó a cabo una acción de resistencia. Los caciques Dionisio Gómez y José Machado entre los Qom, y Pedro Maidana y la cacica Mercedes Dominga entre los Moqoit, son los nombres que lxs sobrevivientes mencionan como los referentes de la protesta.

Se reunieron centenares de personas en la zona del Aguará, dentro de la reducción, para reclamar por una quita que le impusieron al precio de la cosecha del algodón, por las condiciones de salud y alimentación, por la explotación laboral y por un decreto que prohibía que puedan ir a trabajar donde quisieran, entre otras.

Mientras los líderes indígenas negociaban con las autoridades estatales las fuerzas policiales se iban organizando.

Entre el gobernador Fernando Centeno, el jefe de Policía Diego Ulibarrie, el comisario Roberto Sáenz Loza, el sargento Alejandro Verón y Mario Arigó, administrador de la reducción, se definió la represión. El ministro del Interior de la Nación era Vicente Gallo y el Presidente, Marcelo T. de Alvear.

El 19 de julio de 1924 el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada avanzaron sobre las y los indígenas reunidos.

La represión incluyó la utilización del avión Chaco II que despegó del Aero Club Chaco al mando del sargento Emilio Esquivel y del piloto estadounidense Juan Browis. El historiador y piloto Alejandro Covello afirma que fue justamente esa la primera vez en la historia argentina que se utilizó un avión para reprimir desde el aire a población civil.

La foto del avión -que se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín- tiene al dorso una referencia escrita por Lehmann Nitsche, antropólogo alemán que estaba por esos días en Chaco: “avión contra levantamiento indígena”. Él nunca mencionará la masacre en sus futuros textos. El silencio de la ciencia.

La matanza continuó los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte. Los relatos de las personas sobrevivientes son el espanto y la crueldad. Asesinatos de niño/as y anciano/as, violaciones, mutilaciones y cuerpos quemados en fosas comunes. Quienes pudieron sobrevivir y luego contar la masacre lo hicieron escondidos en el monte durante varios días.

Durante mucho tiempo, la Masacre de Napalpí fue encerrada al olvido. Un parte policial de ese mismo año clausuró la investigación. De nada sirvió el debate abierto en la cámara de diputados y el pedido de una comisión investigadora.

Recién en 2004 se inició una demanda civil por Genocidio contra el Estado Nacional que aún no tiene resolución final. Y en 2014 se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía Federal de Resistencia que es llevado adelante por el fiscal Diego Vigay y por el que solicita la realización de un Juicio por la Verdad considerando las normas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La violencia por otros medios

Cuando la masacre terminó, la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí siguió funcionando. Incluso doce años después fueron creadas otras dos reducciones y puestas bajo el control de la Gendarmería de Línea. Quizás a modo de reconocimiento por los servicios prestados ese 19 de julio de 1924.

A pesar del asesinato de cientos de personas dentro de una institución estatal realizada por sus propias fuerzas de seguridad, las reducciones para indígenas continuaron funcionando durante 32 años más. Hasta 1956.

En Napalpí el control se profundizó. Se continuó con la utilización de brazaletes para diferenciar a quienes se consideraba “pacíficos” de los que no.

La administración de la reducción elaboró documentos oficiales con listados que incluían el nombre y apellido de quienes se sugería expulsar y se lxs categorizaba en columnas de “concepto y observaciones”. Allí se definía a las personas como “inadaptable”, “vago”, “propagandista insidioso contra la administración”, “inepto”, entre otras.

Y una definición muy explícita era: “formó parte de la sublevación”. Esta forma de marcación negativa de las personas indígenas sometidas en la reducción traía peligrosas consecuencias.

Quienes eran expulsados de la reducción, lo eran a un territorio chaqueño en el que todavía operaban las fuerzas militares y en el que para transitar, al ser indígena, se requería un salvoconducto, “un papel firmado” por alguna autoridad estatal o ingenio privado. No tenerlo implicaba que ese sujeto había fracasado en el intento estatal civilizatorio.

Noticias de ayer, discursos de hoy

Las construcciones discursivas sobre el indígena también son centrales para comprender la Masacre de Napalpí y los discursos que circulan aún hoy con componentes racistas.

Los medios de comunicación fueron centrales en la preparación de la masacre, produciendo discursos de malón y de peligro para la población blanca de los alrededores. Y luego, también lo fueron invisibilizándola.

Antes de la masacre aparecían en los medios los pedidos de “acción” (léase represión) sobre los indígenas de Napalpí. Pero después de la matanza, la noticia desapareció por completo. Salvo en una edición especial, exclusivamente sobre la masacre, que realizó el diario El Heraldo del Norte un año después, en 1925. Edición que, como explica la investigadora Mariana Giordano para entender los silencios sobre Napalpí, debió hacerse desde Corrientes ya que había sido censurada por el gobierno territoriano del Chaco.

Los medios de comunicación operaron a favor de los sectores económicos más importantes de la provincia relacionando el peligro de la “revuelta indígena” con “los productores”.

El diario La Nación, por ejemplo, el día mismo de la masacre publicó una nota mencionando telegramas de preocupación de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Sociedad Rural al presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear.

El propio Ministerio del Interior de la Nación mencionó en sus memorias en relación a la masacre que “dicha reducción sufrió grave retroceso (…) indígenas traídos de distintos puntos del territorio por agitadores de profesión cometieron desmanes de todo género”. El indígena aparece como el culpable. Como el sujeto que se relaciona con “agitadores” y pone en riesgos el desarrollo económico.

Más acá en el tiempo, se hizo la misma inversión con el Pueblo Mapuche, asociándolo a supuestos grupos terroristas, planteándolos como usurpadores de la propiedad privada. Definición de enemigo interno que terminó en el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 y la represión en el Lof en Resistencia Cushamen que finalizó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Otra vez, como en La Nación de 1924, se mezclaron las tierras, el capital privado y el accionar represivo. La represión se asoció a una “necesidad de pacificación”, de restablecimiento de una “normalidad” que fue rota por ciertos grupos que estarían por fuera de ella.

En el caso de los pueblos indígenas, esos discursos han circulado desde la propia conformación del Estado-nación y han servido como legitimadores de la violencia. De la idea de “malón” a la de “terroristas”. Y, como en Napalpí, se ocultan tras la búsqueda de “paz y seguridad”.

Estos últimos meses estuvimos escuchando -en el marco de la pandemia de COVID-19- discursos sobre “indios “infectados” en el Barrio Toba de Resistencia, que los marcaban como los culpables de poner en riesgo al resto de la población. Con ese mismo grito en la boca, la policía chaqueña entró violentamente a una casa en Fontana, cuyas imágenes circularon por todos lados, para golpear y abusar de una familia.

A principios de año, cuando fallecieron por desnutrición muchxs niñxs wichí en Salta, la respuesta de los funcionarios de salud de la provincia fue culpar a las propias familias por sus “costumbres”.

Discursos de ayer que se continúan reproduciendo hoy y que estigmatizan, marcan y matan. Ese “indios infectados” que apareció en la represión de Fontana en junio de 2020 se retroalimenta en ese “indios revoltosos” del 19 de julio de 1924.

La historia no termina

Como siempre dice el historiador qom Juan Chico, haberle cambiado el nombre de Napalpí al lugar donde ocurrió la masacre y colocarle el casi genérico de “Colonia Aborigen” es un intento de borrar la historia de lo que allí pasó.

La masacre de Napalpí intentó producir el disciplinamiento a través del terror. No sólo dirigido a la gente que allí vivía, sino como mensaje al resto de las comunidades indígenas de la zona. Para mostrar que una protesta se reprime. Siempre.

Pero no hay modo de borrar la memoria. Y la gente siguió recordando y contando. Cada vez que algún pedazo de tierra es arado aparecen signos de la represión: se encuentran fusiles, restos óseos, como recuerda Ramón Verdán.

Todavía hoy quienes aseguran que se sienten ruidos, de cadenas, de golpes. La memoria duele.

Durante muchos años, como cuenta Mario Paz -comunicador de la Colonia Aborigen- los ancianos no enseñaban la lengua como una forma de protección a las nuevas generaciones. Había sido muy fuerte el castigo. Muy violento. Se había aprehendido que ser indígena podía ser peligroso. Ir a los pueblos de al lado a vender mercadería o conseguir trabajo implicaba tratar de ocultar la identidad.

Recién 50 años después de la masacre comenzaron a aparecer los textos con los relatos. Muchos, por suerte. Con muchos abordajes. Con testimonios y documentos. Ya no se puede ocultar la Masacre de Napalpí.

Incluso, se fueron encontrando a través de un profundo trabajo de la Fundación Napalpí, a ancianas y ancianos sobrevivientes. Melitona Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Grilo (que aún vive en la Colonia) pudieron contar lo que vieron de niños al ocultarse en el monte. Y sus testimonios pudieron incorporarse al proceso para llevar adelante el Juicio por la Verdad. Un proceso fundamental para sentar precedentes. Igual al que está llevando adelante la Federación Pilagá por la Masacre de Rincón Bomba, en octubre de 1947.

En uno de esos testimonios, Pedro Valquinta, moqoit, cuenta que también sobrevivió a la masacre de El Zapallar, Chaco, en 1933. Sobreviviente a dos masacres estatales en apenas nueve años.

El proceso de memoria sobre la Masacre de Napalpí lleva muchos años y el manto de terror y silencio que se intentó imponer se fue horadando de muchas maneras.

En Colonia Aborigen la cacica Mercedes Dominga tiene su monumento en la zona moqoit de la Colonia Aborigen. Y un mural pintado colectivamente en la plaza central muestra el momento en que el avión sobrevoló y disparó sobre la gente. Es la memoria de generaciones.

Desde el Estado provincial, en 2008, se realizó un pedido de perdón por la Masacre de Napalpí y el tema se incluyó en la agenda pública y educativa. Ahora, se está inaugurando un memorial en la zona para recordar a los ex combatientes qom muertos en la Guerra de Malvinas y donde serán ubicadas las urnas con los restos óseos de nueve caciques que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata restituyó en 2018. Sus esqueletos fueron exhibidos en sus vitrinas del Museo durante más de cien años, en otra violenta y cruel práctica del Estado y sus instituciones sobre los pueblos originarios de nuestro país.

Aún es un desafío que la Masacre de Napalpí trascienda lo provincial y pueda ser estudiada en escuelas de todo el país. Que el 19 de julio sea una fecha que no sólo tenga significancia en Chaco. Que exceda a investigadores, comunidades, docentes, periodistas y militantes de causas indígenas.

Pero son procesos que todavía, lamentablemente, encuentran fuertes resistencias. ¿Por qué no hay actos nacionales por esta masacre? ¿Por qué no está en las efemérides de todas las escuelas? ¿Por qué los medios masivos de alcance nacional no la recuerdan? ¿Cuánto de esto se explica en que fue una masacre sobre pueblos indígenas?

Las lógicas negacionistas sobre el genocidio indígena en Argentina siguen siendo muy fuertes. Las prácticas y discursos racistas siguen apareciendo y las represiones en los territorios continúan a la orden del día. Para romper esas resistencias es indispensable el ejercicio de la memoria y disputar los sentidos establecidos. Ahí radica la importancia de volver a Napalpí, de volver 96 años atrás. Para encontrar cómo opera la lógica de estigmatización sobre las comunidades indígenas que luego habilita la violencia estatal y cómo eso se sigue repitiendo una y otra vez en el presente.

(*) Sociólogo e investigador de la UBA, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina. Escribió sobre Napalpí y Reducciones Estatales en los libros colectivos En el país de nomeacuerdo (Universidad Nacional de Río Negro) y en Historia de la Crueldad Argentina (Ediciones El Tugurio).

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Por Luciana Mignoli, Laura Guarinoni, María Florencia Alcaraz, Sandra Míguez y Laura Salomé Canteros

Una noticia puede ser sinónimo de olvido. Susana Álvarez murió el martes pasado tras padecer décadas de violencias, dolores y exclusiones. No era una mujer anónima ni una víctima más. Ninguna lo es. Su hija Giuliana, de 13 años, fue asesinada por un policía en un hotel céntrico del Chaco en 2017, hecho que salió en la primera plana de todos los diarios y portales provinciales vociferando la primera versión: la policial. Susana, tras padecer las agresiones machistas de parte de su ex, un día decidió rescatar a sus hijes y huir con menos que lo puesto. Sin embargo, en las crónicas urgentes, allí donde el periodismo macho hegemónico se confunde con la naturalización de las injusticias, cabe recuperar las historias de vida y señalar las complicidades que perpetuán la impunidad en un femicidio que causó más que una muerte.

El femicidio de Giuliana fue el 14 de julio de 2017 y se trató de un suceso noticioso provincial que ningún medio ignoró. La mayoría de las coberturas lo contaron de esta manera: una niña de 13 que “murió” de “un balazo” en un “hotel” con “su pareja”, un “policía de la ciudad de Buenos Aires”. Meses después, el Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans en esa provincia fue, una vez más, el evento de organización feminista históricamente más invisibilizado en las coberturas. Para Susana, madre de Giuli -y para algunas pocas activistas feministas que la acompañaron- fue una oportunidad para gritar ante la sociedad chaqueña que el nombre de su niña no debía ser olvidado.

Un femicidio se clava en la vida familiar como una estaca. Un mes antes del ENM, Nicolás, hermano de Giuli, se suicidó porque no pudo superar el duelo. Tenía 17 años. Sin embargo, ante la muerte de Susana, hace días, lo que falta en los medios es la denuncia. Susana tenía 53 años y tras su muerte, dos de sus hijos de 10 y 14 años están a cargo de Agustín, el mayor, de 21 años. Agustín es hijo de su primera pareja, con quien tuvo tres hijos. Luego se separó y formó pareja con Cristian Solís, un agresor con quien tuvo cuatro hijes y de quien debió huir junto a sus niñes. Pero el círculo de violencias la persiguió, sumándose la pobreza, la exclusión, el trabajo esclavizante, la falta de políticas públicas y las consecuencias de este sistema de crueldad sobre su cuerpo, subjetividad y salud.

El femicidio de Giuliana quedó a cargo de la fiscalía de Investigación Penal N° 3, cuya titular era Carmen Scarpín (actualmente a cargo de Rosana Soto) quien cerró la causa que se caratuló como “femicidio seguido de suicidio”. No hay ninguna causa abierta en un Juzgado de Faltas para inhabilitar el hotel. La causa de la muerte de Nicolás -que estuvo a cargo de Ingrid Wenner de la Fiscalía N° 1- fue resuelta como suicidio. Por eso hoy, lo más importante es el resguardo de los niños de Susana. La escucha y el respeto por sus elecciones se deberían activar, al menos como reparación de tanta injusticia. Sobre todo cuando para muchas familias quebradas por la violencia machista corre, de parte de operadores/as del poder judicial, la revinculación con los agresores. Una vivienda propia podría ser una respuesta estatal después de tanta ausencia.

“¿Cuántas niñas ingresan al hotel Alfil en un año?”

Esta frase pudo leerse en pegatinas para recordar el femicidio de “Giuli” en manos del policía Sánchez. Interpeló directo a la naturalización de que una niña de 13 años ingrese, sin más, a un hotel acompañada de una persona adulta, integrante de una fuerza represiva, que la contactó engañándola a través de un perfil falso en Facebook. Para las organizaciones de mujeres y disidencias, las historias de Elizabeth, Nicolás y Susana no son invisibles sino sintomáticas y le ponen nombre al odio social. Durante el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en octubre de 2017 en la provincia, apenas tres meses después del asesinato de la niña, se realizó una intervención al hotel. “Guili” estuvo presente, una acción de visibilización que en ese momento le sacó una sonrisa a su madre, Susana.

Tati Cabral es escultora y trabaja en el Museo por la Memoria. Junto a otras artistas se organizaron, armaron un colectivo y comenzaron a realizar intervenciones, pegatinas y a ponerle nombre a las niñas y mujeres asesinadas por el odio machista. Ella recibió el llamado -ayer por la tarde tras la muerte de Susana- de parte de la gobernación en el que le preguntaron “cómo pueden ayudar” y pensó en responderles: “ya es demasiado tarde”. Tati formó parte de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres y acompañó a Susana, desde la amistad, participando en acciones de visibilización del femicidio de “Giuli”. La conoció buscando hacer “algo real”, y lo hizo junto a otras desde el área de Cultura del ENM, espacio que utilizaron para acercarse como pares. Le preguntaron qué necesitaba y le consiguieron algunos apoyos, sobre todo económicos. Sabían que Susana venía de padecer múltiples violencias de parte de su ex esposo y que sus hijes eran su mayor tesoro. “La apoyamos desde la amistad, yo la veía todo el tiempo”, contó Tati. “Ella decía que nadie la entendía mucho, pero nosotras nos entendimos enseguida porque yo también perdí una hija”.

Susana, como la mayoría de las mujeres al frente de los hogares, si no trabajaba no cobraba. Entonces, aún si enfermaba, seguía trabajando. “Hace un mes cayó por una neumonía en la guardia del hospital”, contó Tati, “no había camas y la mandaron a su casa por la falta de recursos, con los estudios y los antibióticos”, recordó, “y ahora falleció. No podía respirar y le dio un paro. Tendrían que haberla dejado internada, pero a la vez, ella no se hubiera quedado porque vivía al día”.

“En el Chaco no existe el sistema de justicia para las mujeres”, afirmó Charo Alcire, activista popular, “las mujeres reclamamos derechos laborales, propios de nuestra existencia y vida y son desoídos por los distintos gobiernos” y por este “sistema patriarcal”, agregó. “Por eso, la lucha feminista vino a decir que el gobierno se nos llevó a tantas mujeres”, “son quienes soportan la existencia de las redes de trata”, porque “se sabe, en el Chaco profundo las pibas se fueron y nunca más volvieron”. Para la militante, la historia del femicidio de Giuliana es un ejemplo del entramado de violencias y complicidades: “en el hotel Alfil a la Giuli se la llevaron y la mataron. El femicida vino desde Buenos Aires, atravesando miles de kilómetros para cometer ese hecho horrible de pegarle un tiro y dejarla tirada. A las horas limpiaron la habitación y la alquilaron a otro pasajero”. Para ella, los gobiernos provinciales y municipales son responsables, “tienen que cargar sobre sus hombros que a nuestro juicio, son patriarcales; y que de la mano con la justicia, esconden las realidades que vivimos las mujeres”.

“Hasta hoy no se puede saber, con certeza, quienes son los dueños del Hotel Alfil”, agrega Alcire. El encubrimiento señalaría que son personajes vinculados al poder político, aunque figure como titular un tal “Armando Alvarenga”. “Susana, la mamá de Giuli se nos fue en medio de una profunda tristeza y enfermedad. Ella no tuvo las respuestas que tenía que tener de parte de la justicia ni el castigo hacia quienes hicieron posible que una niña sea asesinada dentro de un hotel”, declaró la activista. “Las mujeres en Chaco tenemos garantizada la muerte. Es lo único que tenemos. Lo vemos con los femicidios y con las pibas que no regresan. Pero solo con la lucha feminista vamos a avanzar y exponer estas realidades, porque estamos viviendo en una tierra que no es segura. Para los poderosos hay garantía de impunidad y para nosotras sigue reinando la injusticia”.

En el femicidio de Giuli cabía una investigación a fondo en la búsqueda de los responsables. La respuesta de la justicia tradicional es insuficiente: ¿cuándo el femicida se suicida las responsabilidades penales se terminan? “Estando ahí el agresor muerto, principal sospechoso de la causa no se siguió con la causa penal”, afirmó Sofía Benítez de la Línea 137, línea de emergencia y seguimiento, “a la municipalidad y a un Juzgado de Faltas le correspondía inhabilitar el lugar, pero el hotel sigue abierto pese al femicidio. La parte de investigación de cómo entró la niña al hotel con un mayor nunca se hizo. Además, tampoco hubo una investigación dentro de la policía”, agregó. Al igual que todas las que conocieron las múltiples vulneraciones de derechos, Sofía habla en voz colectiva: “en el momento del femicidio se acercó un abogado que nunca pudimos hacer que deje el patrocinio”, contó, “nunca movió la causa. Creemos que nunca se investigó al hotel ni a la policía. Lo poco que le dijo a Susana es que el policía estaba todo golpeado. Se sabe públicamente que murieron por un disparo, pero no se sabe el estado de los cuerpos”.

Luego del femicidio de Guiliana, se instaló en el debate público la regulación de la presencia de menores de edad en hoteles y moteles y dos concejalas de Resistencia, presentaron un proyecto de ordenanza para crear un registro de niños y niñas en hoteles de la ciudad, quienes sólo podrán ingresar con quienes tengan parentesco o vínculo comprobado. En la audiencia pública que se desarrolló este año, asistieron representantes de hoteles y moteles, quienes no presentaron ninguna posición y pidieron para presentar modificaciones que aún no fueron debatidas. En junio, se aprobó en la Legislatura provincial la Ley 3025-G que declara la Emergencia Social por Violencia de Género por dos años. Establece la creación de una “mesa institucional”. El gobernador Domingo Peppo dijo: “vamos a cumplir a rajatabla todos los puntos de la reglamentación para que verdaderamente sea una herramienta efectiva y que sirva para la erradicación de la violencia de género, que es una problemática demandante”. Sin embargo, la Ley se aprobó sin partida presupuestaria y hasta el momento no se convocó a la mesa con representantes de distintos sectores.

Uno de cada cuatro femicidios, con armas de fuego

Sánchez asesinó a Giuliana en el Hotel Alfil, ubicado en Santa María de Oro y Moreno, en pleno centro de Resistencia. En las crónicas urgentes es mencionado como integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Era formoseño. Utilizó como arma femicida la 9 mm reglamentaria, que fue encontrada en la escena y que también usó para quitarse la vida. Las primeras personas en llegar al lugar tras la alarma de las y los empleados fueron el jefe de la Policía local, Ariel Acuña, quien rápidamente brindó a la prensa una versión de los hechos, y la fiscal Carmen Scarpin, quien ordenó las autopsias y las pericias para determinar si Giuliana fue violentada sexualmente.

Las investigaciones fiscales también abarcaron el rastro de las conversaciones -privadas- que mantuvieron vía Facebook, Sánchez y Giuliana. Es que el femicida habría incurrido además en el delito de grooming, actividad realizada por comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones u otra tecnología de transmisión de datos, para contactar a niñes o adolescentes con intenciones de cometer delitos de índole sexual. Acción que tiene la pena de seis meses a cuatro años, según el Artículo 131 del Código Penal. La palabra en inglés se podría traducir como “hacerse el novio”. En el caso de Sánchez, habría utilizado una foto de perfil falsa para provocar el engaño primero y el encuentro con Giuliana después.

En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, las mujeres no son las usuarias ni compradoras de las armas de fuego: el 97 por ciento de los pedidos ante el Registro Nacional de Armas (RENAR) para convertirse en legítimos usuarios son varones. Los femicidios cometidos por policías fuera de servicio son producto del denominado “Estado policial”. Casi la totalidad de los policías, tras la jornada laboral vuelven a sus casas con el arma reglamentaria. La portación de armas durante las 24 horas y los 365 días del año se convierte en un peligro real para sus parejas o ex parejas. En la historia de Giuliana además debemos agregar el contexto de engaño a una niña.

De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que fue presentado en el “Encuentro Regional Feminismos y Política criminal: una agenda feminista para la Justicia”, el año pasado, la presencia de armas de fuego en una casa aumenta cinco veces la posibilidad de que una mujer sea asesinada por su pareja. El mismo estudio revela que uno de cada cuatro femicidios se produce con armas de fuego: es el medio elegido por los agresores. Le siguen los golpes, el apuñalamiento, quemarlas, estrangularlas. Un estudio realizado por la Policía Montada de Canadá demostró que la política de limitar el porte de las armas de dotación a los hogares había reducido el riesgo de que episodios de violencia doméstica terminaran de manera trágica y había reducido el número de mujeres asesinadas.

Pedir ayuda entre el desmantelamiento de las políticas públicas

Silvana Pérez es psicóloga e integra el Centro de Asistencia de víctimas de violencia de género de Chaco. Contó que, junto a “la Línea 137, línea de emergencia y seguimiento, son instituciones que están en una situación de desmantelamiento” y agregó: “dependemos de salud pública y del Ministerio de Gobierno pero no tenemos presupuesto ni para comprar papel. Son lugares muy sobrepasados de casos con un Estado que no está presente”. Susana y sus hijes pidieron ayuda luego del femicidio de Giuli. Era una mujer que padeció 20 años de violencias con un físico muy deteriorado y una depresión crónica. Trabajaba muchas horas por día. Tenía 53 años.

“Tomamos contacto con Susana como equipo el 18 de agosto de 2017”, relató Silvana, “llegó con crisis traumáticas reiteradas. Con mucha angustia, con muchas violencias naturalizadas”… “el femicidio (de su hija) es el punto de llegada de una historia de violencias”. La profesional relató el círculo que padecieron Susana y sus hijes: “fue quemada, marcada el cuerpo con una espumadera caliente y desmayada a ladrillazos en su cabeza. En 2013 logró escaparse con los chicos. Sin tener ningún manejo económico logró llegar a Resistencia”. Sin embargo, en diciembre de ese año el violento volvió a aparecer en la vida de Susana “ella había logrado alquilar en un asentamiento en un barrio”, contó la psicóloga, “estaba trabajando”, recordó, “los golpea y les roba el dinero. Ella hace una primera primera denuncia en la Comisaría porque él se había atrincherado adentro de la casa durante 3 días. El iba y venía de la casa con la excusa de los hijos. A fines de 2014 vuelve a aparecer con un episodio muy terrible de violencia en que ella quedó tirada inconsciente en la vereda. Ahí la asistente social del barrio la lleva a la Comisaría de la Mujer. Le hacen una prohibición de acercamiento que no la cumple en reiteradas ocasiones con amenazas de muerte”.

“Atendemos 4 mil casos en la provincia, porque es el único equipo especializado”, caracterizó Pérez, “la violencia genera como efecto un problema de salud integral en las víctimas. La única forma de que el caso pueda lograr una transformación es que nos planteemos que produce un efecto de salud tanto en las mujeres como en los hijos. En el equipo de sintomatología y psicológica vemos que el estrés, lo traumático y que la mujer cuando puede generar una sobrevivencia, la genera en relación a los hijos pero sufriendo un montón de costos que tienen que ver con el no cuidado de su cuerpo. Si a eso le sumas la marginación, la pobreza, la violencia económica, los problemas físicos que producen los golpes (materiales) y psíquicos; muchas mujeres tienen trastornos alimentarios, infartos, hipertiroidismo, problemas respiratorios o de huesos”.

De locas y militontas: el periodismo feminista

“Encontraron a una pareja que se suicidó en un hotel”. “Parece que fue un pacto de amor”. Las versiones corrían a toda velocidad aquella mañana del 14 de julio de 2017. Minutos después, fotógrafos, movileros y cronistas de policiales esperaban en la puerta del Hotel Afil una noticia que prometía impacto.

“Yo esperé en la vereda”, recuerda Claudia Araujo, periodista del Diario Norte, que fue al lugar de manera fortuita porque el caso sería cubierto por sus compañeros de Policiales. “Me acuerdo que los movileros hacían cualquier tipo de especulación. Siempre en base a que era una pareja, pares, dos personas adultas. Las que veníamos con una mirada distinta teníamos dudas. Y cuando se conoció que se trataba de una niña de 13 años, más de un compañero se paralizó. Fue un golpe. Una sorpresa muy grande. Pero sin embargo, las noticias siguieron usando la palabra pareja”.

Para la periodista, que también integra del Frente de Trabajadoras de Comunicación de Chaco, lo preocupante fue que en el discurso público quedó flotando la siguiente secuencia: “Era una pareja. Un hdp que llevó con engaño a una `menor´. Pero `Muerto el perro, muerta la sarna´. Y acá todo sigue igual”. Entonces, cuando comenzaron las movilizaciones para denunciar que dejaban entrar a una nena a un hotel, más de un periodista sin formación en género salió a descalificar esos cuestionamientos. Locas, militontas, sacadas. Esas y otras adjetivaciones debieron soportar las trabajadoras de prensa comprometidas con estas luchas.

“Es muy difícil. Las compañeras tenemos compromisos con los derechos humanos, género y infancias la pasamos muy mal. Y a eso se le suma la precarización”. Así, Araujo superpone las capas de vulnerabilidad de las periodistas feministas. El Diario Norte es el periódico más importante de toda la provincia de Chaco. Cuando en 2015 modernizaron el mobiliario, las 14 computadoras se usaban en ambos turnos y no daban abasto. “Hay días -cuenta- que en la redacción somos cuatro. Alguien se enfermó, alguien de franco. Yo no tenía que escribir esa noticia de la muerte de Susana. Pero me enteré y me explotó la cabeza”.

Claudia no conocía a Susana, una mujer que sufrió múltiples violencias y que por eso mismo tuvo tan afectada su confianza, que no aceptaba que nadie entrara en su vida, en su intimidad. Pero su muerte la atravesó: “Algo tengo que hacer, me dije. Porque nadie cuenta estas historias. Y me llena de tristeza. Me afecta. Y yo lo puedo hacer, puedo elegir quedarme después de hora y hacerlo. Hay compañerxs que no tienen margen porque tienen que cuidar a sus hijes o tienen que ingresar a su segundo laburo”.

Susana vivía en un barrio muy humilde en la zona de Villa Río Negro, a cinco cuadras del Club Regatas de Resistencia. Era empleada de casas particulares. Su hijo Agustín quería un lindo cajón para su mamá. Pero no tenían ningún recurso para pagar un servicio de sepelio. Entonces ardían los grupos de WhatsApp de organizaciones y militantes de Resistencia pensando estrategias para gestionarlo. Historias que atraviesan los cuerpos. “Hay compañeras que se ponen contentas porque logramos publicar esta nota en el diario impreso. Y yo no puedo más de tristeza. Sé que nos tenemos que abrazar entre nosotras. Que estamos haciendo caminito. Y cada paso que damos, sostenernos fuerte, para no seguir retrocediendo. Pero cuesta. Hay que seguir en la batalla”.

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“Podemos hacer más para prevenir”

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Por Luciana Mignoli y Marcelo Musante

Escena repetida: medianoche, suena el celular, mensaje desde Chaco. “Murió”. Y otra vez se cierra el pecho, otro viejo o vieja que se va sin justicia, sin tierra, sin igualdad.

El viernes 16 de agosto murió Milcíades Mansilla, un dirigente qom de Pampa del Indio que le puso el cuerpo a la lucha colectiva y que nos modificó para siempre la forma de pensar las demandas indígenas.

Fue uno de los referentes más importantes de la Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio, Chaco, una organización de esas que te cambian el modo de pararte en la vida.

Empezamos a entender el verdadero significado de la pelea por los territorios gracias a él, que nos habló de la historia y de la cosmovisión que implica esa tierra. Que nos dio lugar para escuchar y entender ese vínculo ancestral que va mucho más allá de alguna parcela delimitada.

Esta vez nos avisó el Gabriel Mendoza, como hace ocho años nos avisaba el Julio Bernio de la partida de Mártires López, otro de los dirigentes más importantes de aquellos pagos cuya muerte aún hoy no sabemos si se trató de un asesinato de las fuerzas policiales. Un “accidente” en medio de la noche y lleno de sospechas que nunca fue investigado.

Milcíades estuvo en aquel acampe histórico de 2006 en la ciudad de Resistencia para exigir derechos. Lo vimos de lejos. Muchas personas saben de primera mano cuánto le costó físicamente poner el cuerpo a esa lucha. Ya no fue el mismo, la carne y los huesos se fueron minando.

“Su muerte es un golpe para nuestra generación. ¿Qué hacer sin nuestrxs maestrxs?”, nos dice conmovida la periodista Diana Della Bruna. Ella junto a Milcíades y otros ocho indígenas (entre ellos el dirigente Martíres López) fueron llevados a juicio oral por resistirse en 2010 al violento desalojo de la Familia Berdún en Pampa Chica, aunque estaba en vigencia la ley nacional 26.160 que prohibía (y prohíbe) los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.

Qué por qué corta la ruta, qué por qué acampa, por qué van a enfrentar al gobernador o intendente de turno. Hasta en eso está el racismo estructural: si se es indígena, parecería que se debe ser actuar a espejo y semejanza de lo que el Estado y el mundo “blanco” espera de él.

Milcíades tenía muy clara toda la estigmatización que pesaba sobre él y las comunidades. Lo supuestamente salvaje, lo irracional. Y elegía vivir con la latencia de la represión sobre sus hombros.

Una vez, estábamos hablando sobre genocidio indígena en el Complejo Intercultural Bilingüe “Lqataxac Nam Qompí”. Nos habían pedido trabajar sobre los diferentes campañas militares al “Desierto Verde” y los distintos momentos represivos del Estado sobre las comunidades indígenas del Chaco. Entonces hicimos un taller que titularon “Historia del Despojo”. Ya hacía unos diez años que íbamos para Pampa del Indio, primero en pareja y después en familia.

Un joven qom con quien no nos conocíamos salió a cruzarnos fuerte: que no podíamos estar dando ese taller, que quiénes nos creíamos. Una posición más que justificada tras años de sometimiento de un tipo de conocimiento sobre otro. Y ahí nomás salió Milcíades a defender a este par de roqshé (no indígenas) porque creía en el aporte mutuo y compañero. Se paró y a viva voz dio un discurso magistral de política, de cómo entrelazar estrategias que respeten los saberes sin colonizar.

Básicamente remarcó que íbamos hacía muchos años, que compartimos lo que sabemos y que ellos nos compartían también. Y que era una equivocación enorme pensar que porque teníamos “la piel blanca” éramos lo mismo que los genocidas. “Si no nos juntamos en la lucha, este genocidio no va a terminar nunca”.

Él hablaba de aquellas conquistas y de inmediato las relacionaba con los desalojos actuales, la falta de acceso a vivienda, salud, educación. Ese genocidio no reconocido que continúa vigente, que se actualiza, y donde las víctimas siguen siendo las mismas.

Milcíades Mansilla es uno de esos tipos que no de haber sido indígena hubiera sido un cuadro político imprescindible para el país. Pero es, fue y será qom. Se lo perdió este país que sigue sin reconocer al indígena, que sigue estigmatizando, violentando y asesinando.

Nuestra envidia para las organizaciones de Pampa del Indio y Chaco que lo tuvieron. No se pasa así nomas después de conocer a alguien de esa potencia e integridad.

Alguna vez nos dijo “no quiero ningún cargo. Porque si te lo dan, después te piden que aflojes con la lucha. No puedo tener un cargo y cortar una ruta. Lo mío es estar con las organizaciones”.

Ibas a su casa y salía en patas, a apoyar los pies sobre la tierra y charlar largo. Una vez vino a la nuestra, tuvimos el honor de tenerlo en nuestro quincho conurbano contando historias y analizando desde su lugar la política indígena, un momento que nos quedó marcado a fuego.

Revisamos fotos de nuestros viajes y lo vemos recorriendo comunidades, en una ronda compartiendo un guiso, tomando la palabra en alguna asamblea difícil. De día, de noche, en Pampa del Indio, en Resistencia, y acá en Temperley. Las fotos nos muestran siempre mirándolo embelesados, como quien escucha esas voces que salen de las tripas y a su vez tienen raíces en la tierra.

Tenemos una tristeza del carajo. Imposible explicar qué significó este hombre en nuestras vidas. Y acá quedamos, en silencio, para escuchar lo que tendrán para decir quienes lucharon tantos años codo a codo con él en Pampa del Indio.  Cuando andemos por allá vamos a hacer de cuenta que “te fuiste para el campo” como nos decían en tu casa cada vez que te sumergías en el monte.

Gracias por todo, Milcíades. Nos enseñaste a ver, a escuchar y a entender esta lucha.
Una lucha que –nos dijiste- también es nuestra.

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“María”, una niña de 13 años de etnia wichi murió tras pelear cinco días por su vida en un hospital del Chaco tras gestar y parir. Como con “Juana”, en Salta en 2016, el patriarcado, el racismo, el despojo y la incompetencia institucional se combinaron para negar el acceso a la salud de una de las más vulnerables bajo un sistema de tortura: la maternidad obligatoria.      

 “María”* tenía 13 años y era originaria de El Sauzal. Agonizó cinco días en un hospital del Chaco y fue de los pocos accesos al sistema público de salud que tuvo en su vida. Había llegado al Hospital Perrando de Resistencia tras un traslado desde el Bicentenario de Castelli. Llegó en grave estado de salud, con una infección generalizada, neumomía avanzada y desnutrición crónica. Cuando llegó cursaba un embarazo de 28 semanas (casi 7 meses) y fue sometida, previa estabilización, a una operación cesárea para salvar su vida. Su bebé, prematuro extremo, murió a las horas de nacer.  

“María” era del Impenetrable, pertenecía a una etnia originaria sistemáticamente vulnerada, la wichi, que resiste al saqueo y al despojo en una de las provincias que cuenta con las tasas más altas de mortalidad materna, desnutrición y en la que sus representantes votaron en un 70% en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. O sea, a favor de “salvar las dos vidas”. Sin embargo, su historia no difiere de otras que son condenadas por un sistema cultural y político que mata, violenta, encarcela y discrimina por portar un cuerpo feminizado: el de la maternidad obligatoria. Así pasó con “Juana”, otra niña wichi pero en Salta, a quien se le negó por omisión el acceso a la interrupción legal del embarazo hasta que corrió riesgo su vida. “María” no corrió la misma suerte.

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informó que realizó la denuncia penal y que activó, en su momento, el Protocolo de abuso sexual infantil e interviene la Fiscalía de turno.

La lucha por el territorio, una lucha por la salud

Asoma entre las explicaciones sobre las múltiples violaciones por parte del Estado a los derechos de “María”, el relativismo cultural, esa teoría de Siglo XX que justificaba delitos u omisiones de atención basándose en “cuestiones culturales”, consolidando las falsas ideas de otredad y de muros sociales deslindando responsabilidades al funcionariado que debiera hacerse cargo de políticas de protección de la niñez, si, también la indígena.

Pía Leavy es Doctora en Antropología Social y docente de la UBA y afirma en su artículo “La lucha por la tierra es también una lucha por la salud” que “las vulneraciones de los derechos territoriales afectan las condiciones sanitarias de las comunidades indígenas” y que “el desencuentro entre diversas perspectivas y un sentido común cargado de preconceptos contribuyen a la culpabilización de estos pueblos por sus problemas de salud”.

Afirma que son complejos los entramados de vulnerabilidades de derechos en que se inserta la vida de las comunidades indígenas en nuestro país. Por un lado, la cuestión de tener el derecho a las tierras, pero no tener acceso a ellas, así como tampoco haber recibido en ningún momento de su vida algún tipo de derecho laboral. Y por el otro, la falta de una regulación sobre la actividad agrícola que promueva el cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, como aspecto fundamental para comenzar a comprender el estado actual de la salud de los pueblos indígenas. Y claro, su genocidio.

“Las condiciones laborales y ambientales permiten observar que el problema de la salud indígena no sólo radica en el desentendimiento entre la cosmovisión indígena y el sistema de salud pública”, se lee en el artículo de la antropóloga, “la complicidad estatal con los frentes extractivos y la expulsión de sus tierras ancestrales son las causas fundamentales de la falta de acceso a una alimentación adecuada. No hay nada de natural ni de cultural, exclusivamente, en el hecho de la desnutrición de los pueblos indígenas”.

Es el que el territorio no es propiedad privada para el lucro. “Comprendido en términos indígenas, posee significados, compromete aspectos individuales e incluso colectivos e implica derechos de antiguas y futuras generaciones”, afirma Leavy, “si las personas somos seres vivos, el cuidado del ambiente también implica nuestro cuidado” y concluye de forma contundente: “La lucha por el territorio es, entonces, una lucha por la salud”.

“Aborto legal ya” fue un pedido de políticas públicas integrales

“Aborto legal es justicia social”. Esta frase fue quizá una de las de mayor contenido propositivo y político que se difundió durante el debate social y legislativo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entre marzo y agosto de este año. “Aborto legal es vida”, fue otra de las que se viralizó. Ambas sintetizaron la profundidad de los argumentos que durante décadas se tejieron multidisciplinaria y multiculturalmente en el país y el mundo para que el aborto legal deje de ser una deuda y se convierta en política pública y garantía igualitaria de acceso a la educación y la salud de forma para todas las personas.

“Aborto no, adopción”, se respondió desde la trinchera oscura que sostiene insensiblemente la maternidad obligatoria y el fundamentalismo del feto, espacio que apeló a la mentira propia de quienes ya no tuvieron más argumentos y usaron la desinformación para sostener que el aborto es un delito y las que abortamos, asesinas sin más debate que la criminalización.

Pero no se trató de slogans. O sí. O eso quisieron pensar quienes se sintieron ingenieros del marketing y construyeron en forma de espejo, “a imagen y semejanza”, la campaña “salvemos las dos vidas”, eligiendo el celeste del nacionalismo y convocando a la “unidad” de las iglesias para oponerse de forma triste y aburrida al reconocimiento de derechos y la extensión de ciudadanía que la despenalización y legalización del aborto hubiera significado.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron el “repudio, preocupación y alarma ante el conocimiento de la situación de tortura, violencia sistemática y vulneración de derechos del parte del Estado, sus instituciones y funcionarios/as” sobre “María”. “Exigimos dignidad y derechos, exigimos que los Estados provincial y nacional protejan a nuestras niñas y niños”, agregaron, “exigimos políticas públicas en consonancia con los derechos humanos, que se cuide las vidas de cada uno/a, por fuera de slogans mentirosos y mandatos patriarcales de reproducción obligatoria”.

Quizá la sanción de una Ley de acceso al aborto seguro el 9 de agosto pasado no hubiera salvado la vida de “María”, ni la de su bebé. Pero si, en el debate político y cultural, quienes estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, somos quienes construimos infinitas estrategias para que no suceda nunca más. Mientras, los defensores de la tortura, los que nos pretenden incubadoras, los que creen que el cigoto es persona quitándonos la riqueza cultural y la importancia de nuestras subjetividades seguirán mintiendo con el “salvemos las dos vidas”. Ya fracasaron: se olvidaron de salvar a “María” y a su niño.

*Elegimos ese nombre para resguardar su identidad y en respeto de su familia. Tras la publicación de la nota trascendió que la niña se llamaba Agustina

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Una mirada de la primera jornada del 32 Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco, donde desbordaron los talleres y las mujeres latinoamericanas tuvieron su momento de voces colectivas. 

Hasta el tiempo se vistió de primavera fresca para recibir a las miles de mujeres que llegaron a Resistencia que ya somos parte del 32 Encuentro Nacional de Mujeres. La primera jornada de sol pleno y de viento aliviador encontró una plaza repleta, talleres desdoblados por la cantidad de participantes y una ciudad que nos recibió fraternalmente.

Alejamos los fantasmas de hostilidades que nos auguraban: casi sin presencia de fuerzas de seguridad, con habitantes que saludan al pasar y con feriantes que comparten puestos en la plaza y que celebran la llegada de este mar de brujas. En la ruta algunos micros (muy pocos) fueron revisados, pero la solidaridad se activó como un reflejo: ante alguno que paraba, quienes venían atrás se detenían y esperaban para avanzar todos juntos.

Una nueva mesa de feministas populares del Abya Yala nos encontró esta vez, un sábado por la noche. Con un panel que se desbordaba por la cantidad de feministas latinoamericanas y experiencias se recordó la importancia de esta instancia que ya lleva 10 años en los encuentros. “Entender al feminismo sin fronteras, el encuentro tiene que pasarlas, romperlas y abrazarnos en ellas” había dicho Adriana Guzman del feminismo comunitario de Bolivia para caracterizar el espacio de encuentro.

 

Representantes de Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, El Salvador, Honduras, Cuba compartieron no sólo sus miradas sobre el feminismo sino también las actuales tensiones con las que se encuentran y organizan la resistencia.

 

La primera en tomar la palabra fue Charo Alcire de las Mujeres Clasistas Combativas (MCC) “El Chaco las saluda” comenzó, “estamos orgullosas de estar caminando con las compañeras de Abya Yala” y explicó: “Vivimos en una provincia donde no hay justicia, las opresiones que nos cruzan todos los días ameritan que las mujeres seamos millones organizadas.”

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