Por César Saravia y Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

El próximo 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que además de renovar el poder legislativo, el país elegirá al próximo presidente que sustituirá a Luis Arce Catacora, quien llegó al poder luego de derrotar el Golpe de Estado en 2019 y que enfrenta desde hace dos años una crisis económica y un profundo desgaste en su gobierno que impacta a todo el movimiento popular indígena campesino y progresista que llegará a esta jornada dividido y con una fuerte interna. 

Durante años, el modelo económico boliviano fue una bandera para los progresismos de que se podía generar un crecimiento económico acompañado de una distribución de la riqueza. Los números en este sentido fueron contundentes. Desde la llegada del MAS, con Evo Morales Ayma en la presidencia, y Luis Arce como ministro de Economía, la pobreza experimentó una caída de 26 puntos, pasando de 60.5% en 2005, a 34% en 2018 y la economía creció a tasas promedio del 5%, lo que ubicó durante varios años al Estado Plurinacional de Bolivia como el país de mayor crecimiento en la región, solo superado por Panamá. 

Sin embargo, y tras haber atravesado un golpe de Estado de corte fascista, hoy el escenario dista mucho de estos números. La economía boliviana se encuentra con problemas de abastecimiento de combustibles, falta de divisas y una inflación anual que al cierre de 2025 podría rondar entre el 8% y el 15%, según datos oficiales y de organismos internacionales, algo atípico para lo que la población venía acostumbrada y que impacta en los sectores más vulnerables. La situación económica podría enmarcarse en un agotamiento del modelo exportador primario, en particular sustentado en el gas y petróleo, en parte por la reducción de la disponibilidad de reservas pero también por una caída en la demanda externa. 

En este escenario, la imagen del gobierno de Luis Arce alcanza mínimos históricos, con un rechazo a su gestión que supera el 80%. Es a partir de este desgaste y debilidad política, que las tensiones al interior del Movimiento al Socialismo terminaron por colapsar. Lo que parecía una disputa entre liderazgos, terminó desencadenando en una ruptura entre el sector más afín a Evo Morales y otros dos bloques: quienes se mantienen fieles al actual presidente Arce, representado en la candidatura de Eduardo Castillo, y quienes apoyan a Andrónico Rodríguez, otrora considerado el sucesor de Evo, pero ahora señalado de funcional al proyecto de Arce y la derecha, por parte del evismo. 

De esta ruptura y punto de no retorno se beneficia la derecha. Pero a diferencia de otros países como Brasil o Argentina en que la crisis de representatividad y la pérdida de capital político del progresismo dio pie al surgimiento de “outsiders” de la política clásica, en Bolivia es la derecha más tradicional la que se frota las manos por una oportunidad de volver a la dirección política del país, algo que hasta hace no mucho parecía imposible. 

En este sentido, y salvo sorpresas de última hora, la próxima presidencia boliviana sería ocupada por dos posibles candidatos. Uno es Samuel Doria Medina, empresario y ex Ministro de Planeamiento y Coordinación durante el gobierno de Jaime Paz. Medina lleva al frente de su campaña la política de seguridad, a lo Bukele, y un modelo económico típico neoliberal basado en la austeridad. El otro es Jorge “Tuto” Quiroga, quien fue presidente en 2001, al asumir luego de la renuncia de Hugo Banzer (a causa de una enfermedad). Quiroga, además, fue funcionario de organismos como el FMI y el Banco Mundial, algo que da indicios de cuál sería su política económica. La mayoría de las encuestas dan un empate técnico entre ambos candidatos y anticipan un inevitable escenario de segunda vuelta. 

Mucho más atrás aparece Rodrigo Paz Pereira, seguido por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de izquierda. Este último no lograría atraer los votos del evismo, luego de que el propio Evo Morales hiciera un llamado a su militancia para votar nulo, como forma de rechazo al proceso y a lo que señalan como una proscripción de su candidatura. 

De Evo a Andrónico: Entre la proscripción y el recambio que no fue

Probablemente uno de los aspectos que más agudizó la ruptura al interior del MAS es la posibilidad o no de que Evo se presente como candidato. Desde el evismo acusan a Arce de haberse aliado con la derecha para bloquear la que consideran una candidatura legítima, sobre todo si tomamos en cuenta que fue precisamente al propio Morales a quien en 2019 le dieron Golpe de Estado, interrumpiendo así un mandato constitucional. 

La disputa e intervención de la justicia no solo se limita a la candidatura presidencial. En noviembre del año pasado, un fallo de la Sala Constitucional IV determinó la legalidad del congreso paralelo realizado por el bloque afín a Arce, en que se determinó a Grover García como jefe del MAS – IPSP, desplazando así al sector de Evo Morales. 

En este escenario de crisis, la figura de Andrónico Rodríguez (36 años), actual presidente del Senado, emergió como una alternativa para reunificar a la izquierda. Rodríguez ensayó una suerte de “tercera vía” o de “avenida del medio” en una contienda electoral en la que ni Arce ni Morales participarían. En los primeros días de su candidatura, Andrónico se mostró crítico al actual presidente pero buscó también diferenciarse de Evo, quien rápidamente rechazó esta candidatura al considerar que el joven político estaba cumpliendo un rol de intermediario del imperialismo para consolidar el desplazamiento de la escena política del movimiento popular e indígena. 

Esta falta de apoyo y consenso, desinfló la figura de Rodríguez, que pasó de pelear un tercer puesto en las encuestas, a ser en la actualidad superado por el voto nulo. Dentro de su estrategia electoral, Andrónico se presenta como la única posibilidad para la izquierda de frenar la llegada de la derecha al poder. 

Las que no callan: jóvenes y combativas por el voto nulo

Andrea Morales y Kiara San Pablo son conductoras del programa “Matecito de coca” que se emite por la mítica radio Kawsachun Coca. Perseguidas por su labor en la comunicación y obligadas a exiliarse en Argentina durante el golpe de Estado y la dictadura en 2019/2020, afirmaron que “las elecciones del 17 de agosto han sido abiertamente manipuladas por el gobierno a través del poder judicial y de vocales del Tribunal Electoral; actores sobre los que pesan muchas acusaciones”. En su último programa, repasaron la falta de propuestas por parte de los candidatos que pretenden llegar a la presidencia y se refirieron al complejo panorama: “El voto nulo es un voto que no va ni a Tuto Quiroga, ni a Samuel Doria Medina ni a Andrónico Rodríguez, quienes ya vendieron el país. Es un voto de resistencia y de revocatoria al gobierno que viene y que no tiene que durar más de dos años”. Y agregaron que es “la única alternativa que queda; una protesta silenciosa y una advertencia de que fiscalizaremos los pasos de quien sea que asuma el próximo 8 de noviembre”.

Dimelza Rodríguez es comunicadora popular de Cochabamba y enfrenta acusaciones por resistencia a la autoridad e instigación a delinquir por protestar en un bloqueo para que Evo Morales sea habilitado para presentarse a las elecciones. Para ella, “ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda”; una afirmación que incluye al presidente del Senado y ex dirigente cocalero Andrónico Rodríguez de quien afirmó “ha traicionado el legado y los principios del movimiento indígena porque pactó con la derecha”. Esta reflexión se transformará en acción y también ejercerá el próximo domingo su “voto nulo”; además se adelantó a un posible resultado y expresó que “si alguno de estos candidatos ganara en las elecciones, el movimiento indígena campesino no tendría representación en Bolivia”.

Andrea, Kiara y Dimelza son parte de una juventud que reivindica la ancestralidad, pero sobre todo el legado de poder indígena campesino construido en los años de gobierno de Evo Morales al frente del Estado Plurinacional. Llevan la experiencia de la politización de los sectores populares y cargan en sus subjetividades el exilio y la represión del acontecer territorial en los últimos años. Por eso, son convencidas de que solo durante el periodo de este gobierno pudieron, ellas y sus familias, asistir a la distribución de las riquezas, la planificación a través de políticas públicas de largo plazo del ascenso social y, una cuestión no menor, a la despatriarcalización cultural en un país donde el femicidio y el abuso sexual siguen siendo numerosas agresiones cotidianas. Así como una pancarta que en ocasión del 8 de marzo de 2020 se leía en El Alto: “ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Una defensa de las mujeres de pollera y una reivindicación a las feministas combativas; a las que no callan en democracia, dictadura ni elecciones. Son las que nunca callarán.

¿Cuál será el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia? 

Frente a este escenario en que la vuelta de la derecha al poder por la vía de los votos parece algo irremediable, se abren varias preguntas sobre el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia. 

Una es si el llamado a voto nulo tendrá suficiente potencia y si ese rechazo electoral puede en el corto plazo trasladarse a otros formatos de lucha. La resistencia al Golpe en Bolivia ya demostró la capacidad movilizadora del pueblo, pero el contexto de crisis económica no deja de ser un golpe para su base social. Una tesis para quienes promueven el voto nulo es que un gobierno que llegue con poca legitimidad y participación, tendrá menos consensos para avanzar sobre reformas de ajuste más profundas. Esto es algo que en principio hace sentido pero quedará por ver si el desencanto político-electoral se traduce en movilización, o más bien se expresa en pasividad, como hemos visto en otros países. 

Otra pregunta que se abre es sobre el futuro del MAS, tras casi 20 años de protagonismo, y en especial cuál será el futuro de Evo Morales, que al igual que otros líderes progresistas, como Rafael Correa, no pudo trasladar su proyecto político a un sucesor y terminó enfrentado (incluso traicionado) por este. Y es que este es uno de los grandes problemas que casi todos los gobiernos progresistas de inicios del siglo XX enfrentaron: la dificultad de generar una mayoría que exceda a su figura sin poner en riesgo el horizonte político. Quedará pendiente descubrir si en el caso de Morales la alternativa irá por intentar sostener protagonismo o comenzar a construir una transición. 

Source

Por César Saravia y Laura Salomé / Foto: José Cabezas

Era 9 de febrero de 2020 y “algo” se rompía en El Salvador, y no era el esquema de partidos que supo caracterizar a la política representativa desde los Acuerdos de Paz. Nayib Bukele, el presidente “cool”, la sorpresa de la región, asaltaba con aires de antaño la Asamblea Legislativa junto a decenas de integrantes del Ejército fuertemente armados ante una votación que resultó adversa a sus proyectos de control -y dominio- territorial y social. 

Llevaba ejerciendo la presidencia del país centroamericano apenas ocho meses. Su popularidad, construida a base de slogans en los actos de gestión municipal y en las redes sociales, gozaba de la legitimidad suficiente para introducir los cambios que la política tradicional necesitaba. Sin embargo, fue ese acto antidemocrático el que encendió las alarmas en todo el mundo ante lo que la prensa internacional llamó “un intento de golpe de Estado”. Desde entonces, todo se aceleró hasta consolidar un modelo de violencia política. Pero también provocó el surgimiento de las coordinadoras populares contra el autoritarismo.

El próximo domingo 4 de febrero, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador y no será una elección más. Las y los salvadoreños votarán en un contexto de régimen de excepción en el que por primera vez en 90 años, un presidente busca la reelección pese a que la Constitución nacional la prohíbe expresamente. 

Además de los componentes institucionales, la elección tiene implicancias regionales. Y es que Nayib Bukele se ha convertido en el último tiempo en un modelo de distintos políticos de derecha. Su popularidad entre los sectores conservadores ha crecido, abanderada por un modelo de seguridad que prescinde de los Derechos Humanos y de las garantías democráticas como el derecho a la defensa o la presunción de inocencia. El resultado del domingo podría representar aún una mayor legitimidad del “modelo Bukele”. 

Su principal capital político radica en una reducción de los homicidios que azotaron al país durante más de 20 años, producto de la violencia social. Las imágenes de pandilleros arrodillados y semi desnudos dieron la vuelta al mundo y lo convirtieron en el modelo de “mano dura” en la región. La principal infraestructura con la que Bukele busca la reelección no es una universidad, una carretera, un puerto, ni siquiera la lujosa biblioteca construida por la cooperación China. Su principal bandera es la construcción de una mega cárcel para albergar a pandilleros, muchos de ellos detenidos antes de su gobierno. 

La base de estos logros, según plantea el propio Bukele, estaría en la instauración de un régimen de excepción que está por cumplir dos años. Si sumamos los meses de la pandemia, se podría decir que Bukele ha gobernado al menos el 70% de su periodo sin garantías plenas constitucionales. El país vive una de sus tasas de homicidios más bajas en años, con algún matiz: y es que el gobierno decidió excluir de la estadística oficial las muertes de pandilleros y también las muertes dentro de los centros penales, que a mayo de 2023, según datos de la ONG Cristosal, se estimaron en al menos 160. Cifra que en estos meses creció.

La otra cara de las detenciones de pandilleros, radica en miles de inocentes detenidos. Solo desde que empezó el régimen de excepción, el gobierno liberó a más de 7 mil personas a las que, según fuentes oficiales, no pudo comprobar vínculos con las pandillas y que en algunos casos permanecieron detenidas más de 9 meses. También deja a El Salvador con la tasa más alta del mundo de personas encarceladas. Si tomamos como base los datos de detenciones de los últimos dos años, sumado a la población carcelaria previa al régimen, obtenemos que en la actualidad el 1.6% de la población salvadoreña está presa.

Qué se vota el domingo

Son más de 6,2 millones de salvadoreños y salvadoreñas quienes están registrados para votar en las elecciones; entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Quienes residen en el exterior ya comenzaron a votar de forma remota desde el 6 de enero y siempre que su dirección -según documento de identidad- se encuentre registrada en el extranjero.

Definirán si el actual presidente, Nayib Bukele, es el primer presidente en la historia del país en reelegirse para un segundo período. Aunque además compiten otros cinco candidatos: Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Luis Parada, de Nuestro Tiempo; José Renderos, de Fuerza Solidaria y Marina Murillo, de Fraternidad Patriótica Salvadoreña.

Además, se definirá la conformación de la Asamblea Legislativa a través de la votación de 60 diputados y diputadas tras la reforma que redujo ese número de representantes ciudadanos que antes era de 84. Mientras que el 3 de marzo se realizarán las elecciones para los ejecutivos municipales y los 20 escaños en el Parlamento Centroamericano.

Las claves de la elección 

No todo es represión y una afinada estrategia de propaganda en la política de Bukele. Para alcanzar sus objetivos de concentrar todavía más poder, fue necesario hacer cambios de tipo legales. Estos son algunos puntos que tenés que saber: 

• La reducción del número de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de 84 a 60, vino acompañada de un cambio en la metodología de asignación de escaños, que antes se sustentaba en la fórmula de cocientes y residuos hacia el sistema D’Hondt o de asignación proporcional. Esta combinación de reformas, habilita escenarios en que la oposición obtenga 20% de los votos en un departamento y, sin embargo, no consiga ningún curul. Se abre así la puerta a un esquema de partido hegemónico o incluso, de partido único.

• En las reformas también redujeron el número de alcaldías por municipio, de 262, a 44. Esto como respuestas a las críticas de las gestiones municipales que fueron asfixiadas financieramente por el propio Bukele, y que impactan en la imagen a nivel local de su partido. Para asegurarse que la mala imagen de sus alcaldes no impacte en la elección, decidieron separarlas. Una estrategia electoral, pero también política, que busca centralizar más el poder y reducir el margen del surgimiento de liderazgos locales.

• La elección aparece como una de las más desiguales en años. Y es que el ambiente que se respira en El Salvador no es de contienda electoral, sino lo más parecido a un plebiscito, en donde la publicidad oficialista acapara casi en su totalidad los espacios en medios pautados, tanto tradicionales como digitales. El gobierno, además, recurrió en los últimos días a estrategias de corte clientelar y campaña de miedo para movilizar la participación, que se vislumbra podría ser baja. 

• Los altos índices de popularidad de Bukele y el poco conocimiento que hay de las candidaturas opositoras hacen pensar que ganaría cómodamente la reelección. Sin embargo, esto no basta. Y es que para sostener su narrativa de presidente más popular de latinoamérica (y del mundo) Bukele necesita también ganar con números récord.

• La población en el exterior también jugará un papel en esta elección. Bukele estableció un mecanismo que garantice una amplia participación en lo que entiende uno de sus núcleos más radicalizados, principalmente de la población en Estados Unidos. Este formato electoral fue fuertemente señalado por la ausencia de mecanismos de validación de la identidad y de auditoría de los votantes. El resultado en el exterior podría consolidar el triunfo del oficialismo. 

• La oposición se presenta atomizada, con el FMLN como única expresión de izquierda que busca recuperar parte del terreno perdido estos años y reforzar la autoestima de su militancia. Especial atención a seguir en esta contienda será la posibilidad de reelección de Anabel Belloso, una de las políticas más queridas de la izquierda y que intentará ir por un tercer periodo en el departamento de El Salvador. 

• La reelección fue legitimada por Estados Unidos, lo que evidencia el alineamiento de Bukele a los intereses de la derecha regional y desmonta la idea que todavía algunos sectores del progresismo latinoamericano sostienen del presidente salvadoreño como “antiimperialista”. En esa misma línea, un grupo de congresistas de corte progresistas, liderados por Ilhan Omar, enviaron una carta a la administración Biden, donde señalan la importancia de que el país del norte no mire hacia otro costado. También insistieron en la necesidad de cortar con la ayuda militar y policial al gobierno salvadoreño. 

¿Qué deja la presidencia de Bukele?

“A pesar de que tenemos un país un poco más seguro que antes, Bukele no ha resuelto los principales problemas del país”, afirmó en diálogo con Marcha, Henry Barillas comunicador de Radio Bálsamo, radio comunitaria. “El Salvador ha retrocedido en todos los avances institucionales que había logrado luego de los acuerdos de paz de 1992. Ya no tenemos independencia de poderes y el poder está concentrado en el ejecutivo conformando un gobierno totalmente autocrático y que muchos dirían que ya somos una dictadura”, agregó.

Para el comunicador, “El Salvador está concluyendo una etapa con régimen de excepción que ha durado casi dos años, que ha metido a la cárcel a más de veinte mil personas que son inocentes y que fueron capturadas arbitrariamente y que hasta esta fecha, hay al menos doscientas veinticinco personas que han fallecido dentro de las cárceles, es decir, en las manos y en la responsabilidad del Estado”. 

Sin embargo, Bukele “ha logrado capitalizar las emociones, los sentires de muchas personas, se ha ganado la popularidad y la aceptación de mucha gente y va a la reelección sin ninguna oposición fuerte para que pueda evitar de que se viole plenamente la Constitución. Y si gana, se convertirá en un presidente ilegal, inconstitucional”.

Para Anabel Belloso, la más reconocida candidata a diputada de izquierda en El Salvador, los retrocesos también se observan en las condiciones sociales  “estos 5 años del gobierno han significado retrocesos en materia de derechos humanos y también democráticos y en las condiciones reales de vida de la gente, de la gran mayoría de la población más vulnerable. La pobreza se ha duplicado, la pobreza extrema también”. 

Un aspecto poco analizado cuando se habla del presidente salvadoreño en el exterior, es su política económica, para Anabel, estas se alinean a un esquema de tipo neoliebral “hemos visto medidas y políticas más voraces donde se perdona impuestos a los grandes empresarios, no se da pasos por buscar un sistema tributario progresivo, sino que al contrario, se niegan a implementar medidas que puedan aliviar el bolsillo de las familias más pobres”. 

Al igual que Henry, Anabel Belloso considera que la reelección incrementará “la persecución y represión ante aquellas voces que cuestionen sus abusos de poder, que disienten y que sean valientes de alzar la voz para denunciar las injusticias”. 

¿Y cuáles son los desafíos?

Para Barillas y por fuera del contexto de elecciones, el desafío cotidiano para quienes integran los medios comunitarios en El Salvador es “mantener la voz crítica y la defensa de los Derechos Humanos” trabajando por “una comunicación social transformadora”, “promoviendo el pensamiento crítico, informando de forma veraz y contando las historias que no se cuentan en los otros medios”. Sobre todo en un contexto donde “las libertades están siendo desaparecidas como solo se había dado en tiempos de dictadura”.

Respecto al rol del FMLN, partido que supo consolidar las demandas populares durante mucho tiempo, Anabel señala que  “debemos fortalecer la lucha social, que es al lado del pueblo, al lado de las organizaciones, y también la lucha política y la labor político-diplomática que es fundamental, lo fue en otros contextos en el marco de la dictadura militar, y no dudo que con el esquema autoritario que hoy tenemos con este gobierno y que podría agudizarse en un posible segundo mandato, el FMLN puede jugar ese rol, estando pegado a la gente, siendo organizador y siendo movilizador”. 

Frente a un panorama preocupante, queda aferrarse a las expresiones de resistencia. Si algo demuestra la historia salvadoreña y latinoamericana es que la vía popular y antiautoritaria se construye un paso a la vez. 

Source

Por César Saravia y Camila Parodi | Foto: Salvador Meléndez*

En 2001, lxs salvadoreñxs recibieron el nuevo año con la noticia de que a partir del 1 de enero, el dólar, sería moneda oficial junto al “colón”. Con el tiempo, el dólar se impuso como la única en circulación, concretando así el sueño de las élites empresariales y la ortodoxia económica. Ese mismo año, apenas unos días después, El Salvador sufrió el primero de dos terremotos en cosa de un mes.  Al sacudón económico que representaba la dolarización, le vino acompañado un sacudón de la tierra, que se cobró varias vidas y dejó millones en pérdidas materiales.

Ese mismo año, unos meses después, y a más de 7 mil kilómetros hacia el Sur, en Argentina, la fantasía de la convertibilidad se desplomaba, provocando una de las crisis económicas y sociales más crudas de la historia democrática del país. Hoy, 22 años después de aquellos acontecimientos, El Salvador y Argentina vuelven a encontrar puntos en común, con la discusión sobre la dolarización, instalada desde hace unos meses por la candidatura de ultraderecha en el contexto electoral. 

Se trata de dos países muy distintos y con contextos y realidades poco comparables. Pero es necesario entender la experiencia de los países que vivieron este proceso, para quienes intentan vender como exitosa y simple una medida que tiene una profunda complejidad económica y social. Por eso charlamos con Lorena Valle Cuéllar, quien es feminista y economista y se especializa en macroeconomía y política económica. 

¿Nos podrías contar un poco en qué contexto se da y qué buscaba la dolarización cuando se implementó en El Salvador? 

Hay una columna muy famosa del economista Carlos Acevedo, que fue presidente del Banco Central de El Salvador, que se llama “Dolarizados por la ideología y un diputado ebrio” donde plantea, prácticamente, que la dolarización fue una política improvisada. Yo coincido parcialmente con eso, porque si bien la forma en que se implementó fue apresurada, los votos para aprobarlo fueron literalmente un canje entre el PCN (histórico partido de derecha) que tenía al diputado Francisco Merino al borde de un juicio por conducir borracho y dispararle a una policía, y Arena (entonces gobernante). Digamos que fue un “madrugón” como lo conocemos en El Salvador. Además no hay evidencia, por ejemplo, de estudios previos ni de análisis que el Banco Central de Reserva haya realizado para garantizar la viabilidad técnica financiera de esta medida. En ese sentido, en términos operativos y técnicos sí me parece que fue una decisión súbita que tomó por sorpresa a la población. Un día nos despertamos y la portada del diario de mayor circulación del país decía “Good morning El Salvador”, y estábamos oficialmente dolarizados. 

Pero haciendo un poco de análisis de economía política y tomando como referencia a otros estudiosos de la economía política de El Salvador, como Álex Segovia, la dolarización venía siendo una aspiración de política económica de la derecha desde hacía muchos años. Precisamente desde el 95, con el gobierno de Cristiani, que es el gobierno bisagra para pasar de la guerra a la paz, ya se venían dando conversaciones e intenciones por parte de quien era el ministro de Economía, que era gran fan de la dolarización. Pero hubo todo un estira y encoge en esas discusiones sobre si la implementaban o no porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no estaban muy de acuerdo. Entonces, a lo largo de los 90 digamos que se da un debate a puertas cerradas que solo ciertos economistas o historiadores logran identificar sobre si dolarizar o no, o si implementar un “currency board” o caja de convertibilidad, que es como lo que se hizo en Argentina. Hasta que finalmente en 2001 se lleva finalmente a cabo. 

Digamos que fue todo un proceso 

A mí me gusta pensar a la dolarización como la cereza del postre del neoliberalismo y del Consenso de Washington. O sea, desde los 80 se venía construyendo en El Salvador, con el apoyo de organismos e instituciones financieras internacionales un modelo neoliberal. De hecho, Hausmann y Rodrick, dos economistas muy importantes en Latinoamérica y el mundo, plantearon que El Salvador fue el país reformista estrella después de Chile porque cada uno de los puntos los cumplió: reforma fiscal, reformas comerciales, tratados de libre comercio, privatización de electricidad, de la banca, de telecomunicaciones, reformas laborales que implicaron flexibilizaciones y de regulaciones en perjuicio de la clase trabajadora. Entonces todo eso se venía construyendo a la par de un flujo creciente de remesas que le permitió a El Salvador acumular una gran cantidad de divisas. Ese conjunto de reformas estructurales de estabilización de la economía, inmediatamente después de la guerra civil, de mantener niveles de inflación bajos y estables, todos los indicadores macroeconómicos fueron de cierta forma, de acuerdo con economistas como Alex Segovia, los que posibilitaron la dolarización. O sea, El Salvador se fue preparando por una década más o menos con este tipo de reformas y construyendo su “banana split”. La bolita del helado eran las reformas comerciales, la banana era la reformas laborales, la crema eran las privatizaciones, hasta que en 2001 le pone la cereza con la dolarización y culmina el proceso de construcción de un modelo que a la fecha sigue vigente y que no ha podido ser desmontado, ni siquiera en los diez años del gobierno del FMLN (de 2009 a 2019).

Podemos intuir que se trataba de una situación totalmente distinta a la actual de la Argentina, ¿no?

Exacto, es importante plantear que el momento en el que se encontraba El Salvador cuando dolarizó es radicalmente distinto al momento que está Argentina en la actualidad. Los economistas que a inicios finales de los 90 e inicios de los 2000 planteaban a la dolarización como una política, señalaban que esta debe ser una solución extrema solo aplicable en casos extremos. Podríamos argumentar que Argentina está al borde de una situación extrema, sin embargo, como plantean, por ejemplo los análisis que ha hecho Juan Martín Iani y sus colegas de FUNDAR, el proceso de dolarización requiere de una estabilización económica imprescindible, que es el mismo esfuerzo que se requiere para fortalecer la moneda nacional. Entonces por qué dolarizar si puedes, con las mismas herramientas, fortalecer la moneda nacional. 

Pero bueno, en El Salvador estábamos en una situación completamente distinta porque nosotros estábamos en una situación en términos macroeconómicos y políticos relativamente estables. Es decir, a los ojos de la comunidad internacional,  estábamos saliendo de una guerra con un exitoso acuerdo de paz y todo estaba bien. Y lo que es clave en este punto, que es un mensaje clave y contrario al proceso de Argentina, El Salvador si tenía una piscina (pileta) de dólares, pero Argentina no la tiene y ese es el gran problema que argumentan muchos economistas sobre por qué es inviable dolarizar: el Banco Central de Argentina tendría que incurrir en una gran cantidad de estrés financiero para poder cubrir con los requerimientos de reserva necesarios para convertir pesos a dólares. En El Salvador no teníamos ese problema, veníamos acumulando reservas. Incluso seguimos acumulando reservas por el creciente flujo de remesas que tenemos, que son más del 25% del PIB. Hoy por hoy Argentina no tiene esa situación, al contrario, no tiene las condiciones para dolarizar como sí las tuvo El Salvador. 

Tras más de 20 años de su implementación, ¿cuáles son los impactos que esta medida tuvo para la economía en general y específicamente en la vida de la gente?

Al dolarizar en El Salvador se prometieron una serie de medidas y a mí me gusta porque este es un tema que yo enseño a mis estudiantes de la universidad para desmenuzar las promesas y para ver si se cumplieron. La conclusión que les doy de entrada es que la dolarización en El Salvador no cumplió sus promesas. En primer lugar, nos dijeron que la dolarización iba a reducir los tipos de interés, porque al hacerlo íbamos a adoptar la política monetaria de los Estados Unidos y, por lo tanto, nuestros tipos de interés iban a ser iguales o similares a los de ellos, que suelen ser bajos. Eso es cierto hasta ahora y me lleva al segundo punto: la dolarización promete niveles de inflación bajos y estables, lo cual es un gran atractivo para el caso argentino que tiene inflación galopante y esa promesa también se cumple, pero más bien yo introduciría un matiz el país que dolariza hereda la inflación y la tasa de interés del país que emite el dólar, es decir de Estados Unidos, y claro durante décadas, eso nos benefició porque las tasas de interés y la inflación de allá han sido muy baja. Pero hoy estamos en medio de un ciclo inflacionario alrededor del mundo y El Salvador es muy vulnerable a esos shocks que rompen completamente la capacidad adquisitiva. Incluso, el poder de compra de los salarios no ha crecido en lo absoluto en los últimos 20 años. Entonces, obviamente si los comparamos con Argentina siempre nos vamos a ver mejor, pero en términos internos la inflación baja y estable la disfrutamos mucho tiempo, pero ahora esa apertura nos está afectando porque heredamos la inflación de Estados Unidos. Ahora mismo estamos heredando una inflación alta y condiciones de financiamiento adversas por el alza en las tasas de interés y por la restricción monetaria de la nueva política estadounidense.

Otra promesa muy importante de la dolarización, es que va a haber disciplina fiscal. La dolarización, como elimina la política monetaria, prácticamente quita la capacidad del Banco Central de imprimir dinero, entonces ya no hay forma de que el Banco Central le financie gasto ilimitado al gobierno y por lo tanto ya no hay déficit fiscal y las finanzas públicas se mantienen estables. Bueno, eso no es verdad y el caso de El Salvador es muy ejemplificador de eso, estamos a niveles de deuda mayores al 80% que han crecido justamente en la década de la dolarización. La dolarización no nos ha impedido adquirir financiamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Pero con los niveles de deuda actual, ni siquiera el Fondo nos quiere prestar, entonces hay que buscar otra fuente de financiamiento que en estos momentos tienen altas tasas de interés y altos costos. El Fondo ha alertado que estamos en una situación crítica y qué va a pasar cuando la dolarización le quita al Banco Central la capacidad de ser prestamista de última instancia. ¿Quién va a ser nuestro prestamista de última instancia? El Fondo. Y ya sabemos qué implica eso: ajuste y mayor precarización para la clase trabajadora. Entonces la promesa de la disciplina fiscal no se cumplió en lo absoluto con la dolarización. Es una chaqueta de fuerza a medias porque no impide que el Estado se endeude con deuda externa, que es quizás más perversa que la deuda que se puede adquirir de otras partes. Luego, la otra promesa, que va “a haber inversión extranjera directa, más empleo y más crecimiento económico”, sin embargo, durante las décadas después de la dolarización fue el momento de menor crecimiento económico, de menor inversión extranjera directa y de un aparato productivo completamente débil frente al resto del mundo. Entonces estamos más expuestos al resto del mundo como una economía débil sin una industria ni un aparato productivo atractivo ni que produzca bienes de alto valor agregado. Al dolarizar el Estado decide cortarse uno de los dos brazos que tiene para intervenir en la economía: la política monetaria, y deja solo a la política fiscal, como responsable de activar la economía. Pero lo ha hecho de una forma deficiente, débil y ahí están los resultados. Entonces, en esos cuatro puntos podemos decir que la dolarización en El Salvador no cumplió realmente con todas las promesas que se hicieron.

La pandemia desnudó un poco lo que implica no tener política monetaria y vos mencionabas el impacto sobre la producción nacional, y es que una de las promesas de la dolarización, es que va a facilitar la importación de productos, ¿cómo impacta el no contar con una política monetaria propia?

Hay quienes consideran que entre la política fiscal y la política monetaria es más importante tener política fiscal porque es quizás la forma más directa de incidir en las desigualdades, en el bienestar o a la inversa. Pero la política monetaria y la política cambiaria tienen un rol importante primero en estabilizar el sistema financiero, que al final de cuentas es como el que le inyecta la sangre a la economía, mediante la regulación y el establecimiento de las tasas de interés. Además, la política cambiaria que también se pierde con la dolarización es importante para poder hacer frente a los shocks externos, a hacer más o menos atractivas las exportaciones o las importaciones. Y bueno, la política monetaria también es importante porque mediante la regulación de la tasa de interés, el Banco Central puede, a través de los bancos, dirigir fondos para estimular la economía por la vida del crédito y ese es el famoso estímulo de la demanda agregada. Entonces, aunque la política monetaria y la política cambiaría no sean incidentes en la economía de las personas, sí son importantes sobre todo en momentos de crisis para llevar a cabo políticas contracíclicas. Es decir, políticas que vayan contra el ciclo de recesión y puedan estimular demandas agregadas. Entonces la política monetaria tiene como un rol de backstage, pero no poco importante y el perderla se pierde la autonomía del Estado de generar esos estímulos. 

¿Es posible revertir la dolarización?

Para empezar no hay tantos experimentos de dolarización oficial plena como en El Salvador, incluso el experimento de Ecuador es distinto porque creo que de alguna forma sigue circulando su moneda para algunos usos. En el caso de El Salvador, los colones están enterrados en la bóveda del Banco Central, o sea, no existen, es una pieza de museo. Entonces no hay tantos experimentos de dolarización tan extrema como en El Salvador de hecho y por ende, no hay mucho en la literatura académica y mucho menos hay ejemplos de revertir estos procesos.

El consenso entre economistas salvadoreños, me atrevo a decir, por lo menos lo que yo he escuchado y con quienes he hablado, es que la dolarización como la tenemos en El Salvador es un callejón sin salida. Es decir, vuelvo a citar a Carlos Acevedo que ha hablado mucho sobre este tema la dolarización, es como que te des un balazo en la cabeza y todavía te puedes salvar pero si te sacas esa bala te morís. Salir de ahí sería prácticamente imposible, entonces el consenso actualmente es que no hay forma de salir. Ya nos morimos ahí. 

Yo creo que siempre hay margen de posibilidad para todo y creo que nunca pensamos que íbamos a despertar un día teniendo Bitcoin como moneda de curso legal y hace dos años lo tenemos, pero no funcionó tampoco. Pero pasó, o sea, todo puede pasar con este régimen. Yo no pienso que sea imposible salir de la dolarización, la pregunta es a qué costo. Sí hubo un economista, Carlos Glower, que lastimosamente falleció y no pudo desarrollar más esta propuesta, que tiene un libro muy interesante que se llama “Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador” y al final de ese libro él formula muy a grandes rasgos, una propuesta para desdolarizar porque consideraba el camino que estaba llevando la deuda pública. Es el único economista en El Salvador que planteaba que es posible salir de la dolarización, pero salir en un escenario extremo, de crisis de deuda. Entonces no es una respuesta de sí o no.  Es una respuesta de que existe la posibilidad pero el problema siempre es a qué costo, en qué circunstancias y de qué forma.

*Fotógrafo de Revista Factum

Source