Por Belén Altamirano/ Fotos de Prensa CEPA

Mientras la tierra todavía tiembla, comienza una carrera contra el tiempo. Cada minuto puede significar una vida rescatada. Entre quienes eligen enfrentar la incertidumbre y el riesgo existe una convicción que guía cada decisión: “una vida hace la diferencia”.

En Venezuela, esa frase dejó de ser una consigna para convertirse en una urgencia. El 24 de junio, dos terremotos consecutivos golpearon el norte y centro-norte del país, con especial impacto en La Guaira, Caracas y otras zonas densamente pobladas. La emergencia encontró a comunidades enteras entre edificios colapsados, hospitales tensionados, familias desplazadas y barrios organizándose para sostener lo inmediato: buscar sobrevivientes, asistir a personas heridas, conseguir agua, comida, medicamentos y un lugar seguro donde pasar la noche.

Esa certeza sostiene el trabajo de los equipos de rescate, que avanzan entre los escombros sin perder la esperanza de encontrar a alguien con vida o, en su defecto, traer algo de paz a las familias que hoy no encuentran consuelo ante la tragedia. En ese escenario, la respuesta humanitaria deja de ser una opción para convertirse en un compromiso con la vida.

Pero antes de la llegada de los equipos especializados, la primera respuesta estuvo —como ocurre en tantas catástrofes— en manos de la propia población venezolana. Vecinas y vecinos removieron escombros con sus manos, organizaron ollas, abrieron casas, acompañaron duelos y sostuvieron búsquedas en medio de réplicas, miedo e incertidumbre. Esa trama comunitaria es el punto de partida de cualquier reconstrucción posible.

Con ese espíritu, el 3 de julio de 2026 un contingente integrado por 60 socorristas y profesionales de la salud del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) Argentina emprendió una misión de asistencia humanitaria con destino a la República Bolivariana de Venezuela.

Junto al equipo de CEPA Argentina viajaron voluntarias y voluntarios pertenecientes a distintas filiales de la organización desplegadas a lo largo del país, integrantes de la Brigada CER, el Grupo Fénix Unit Rescue y médicos pertenecientes a la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, quienes sumaron sus conocimientos, experiencia y compromiso para fortalecer la respuesta humanitaria ante la emergencia.

La misión partió a bordo de una aeronave facilitada por la ONG Solidaire, gracias al compromiso y la colaboración de Enrique Piñeiro, haciendo posible el traslado del contingente hacia la zona de emergencia.

Su llegada se inscribe en una respuesta internacional más amplia, pero también en una historia regional de solidaridad entre pueblos. En situaciones de desastre, la cooperación se expresa en la capacidad de reconocer que una tragedia ocurrida del otro lado de una frontera afecta a toda la región. Venezuela no necesita ser mirada únicamente desde la disputa política, sino desde la vida concreta de sus comunidades, de sus familias y de quienes hoy intentan reconstruir lo perdido.

En esta etapa, los equipos desarrollan tareas de búsqueda y rescate, apoyo sanitario y asistencia humanitaria, bajo protocolos y estándares internacionales para operaciones en estructuras colapsadas y respuesta a desastres. Su labor se integra al trabajo coordinado con las autoridades y las organizaciones intervinientes, priorizando la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades afectadas.

En los territorios golpeados, la emergencia no termina cuando se apagan las cámaras ni cuando finaliza la etapa más intensa de búsqueda. Después llegan los días de duelo, los refugios provisorios, el riesgo sanitario, la necesidad de reconstruir viviendas, escuelas, centros de salud, redes de cuidado y espacios comunitarios. Para muchas familias venezolanas, la pregunta ya no es solamente cómo sobrevivir al terremoto, sino cómo volver a habitar un territorio marcado por la pérdida.

Una misión humanitaria comienza mucho antes de llegar al lugar de la emergencia. Se construye durante años de capacitación, entrenamiento y participación en distintos operativos donde la comunidad necesita una respuesta. En CEPA Argentina, la fuerza del equipo nace de la diversidad de sus integrantes: una médica, un electricista, un rescatista, profesionales de distintas áreas, voluntarias y voluntarios con vocación de servicio, todos aportando sus conocimientos para un mismo objetivo: proteger la vida.

Cada integrante representa una parte fundamental de una organización que entiende que la respuesta ante una emergencia no depende de una sola disciplina, sino de la capacidad de trabajar de manera conjunta. Por eso, durante todo el año, sus voluntarias y voluntarios se preparan, se capacitan y participan en distintos dispositivos de asistencia, fortaleciendo una herramienta que se activa cada vez que una persona, una comunidad o un pueblo necesita ayuda.

Sin embargo, en Venezuela la escena más potente no está solo en quienes llegan desde afuera, sino en quienes ya estaban allí. Madres, jóvenes, trabajadores de la salud, bomberos, rescatistas locales, organizaciones comunitarias y familias enteras fueron parte de una respuesta marcada por la urgencia y la solidaridad. En cada barrio afectado, la organización popular apareció como una forma concreta de cuidado colectivo.

En la gestión del riesgo de desastres existe una premisa tan simple como profunda: el primer respondiente es el vecino. Es quien escucha el estruendo, quien aparta los primeros escombros, quien contiene, organiza y auxilia cuando todavía no han llegado los recursos especializados. Esa primera respuesta, nacida del compromiso con el otro, suele ser decisiva para salvar vidas.

En Venezuela, esa premisa se volvió imagen: manos levantando piedras, personas llamando por nombres propios entre los restos de edificios, comunidades improvisando centros de acopio, familias esperando noticias y equipos locales e internacionales trabajando sobre una misma prioridad. La catástrofe dejó al descubierto la fragilidad de las infraestructuras, pero también la fuerza de los vínculos comunitarios.

Hace más de dos siglos, Simón Bolívar imaginó una América Latina unida por un destino compartido. Aquel ideal de integración encontró obstáculos políticos y nunca llegó a consolidarse plenamente. Sin embargo, las emergencias recuerdan que existe una forma de unidad que trasciende gobiernos y fronteras.

Cada vez que un equipo humanitario cruza un límite geográfico para asistir a otro pueblo; cada vez que el conocimiento, la experiencia y la solidaridad se ponen al servicio de quienes más lo necesitan; cada vez que una comunidad se organiza para cuidar a quienes quedaron más expuestos, ese ideal encuentra una nueva expresión.

Los terremotos no distinguen nacionalidades, credos ni ideologías. Frente a ellos, la cooperación deja de ser un concepto político para convertirse en una necesidad profundamente humana. Allí, el socorrista, el profesional de la salud, el voluntario y cada ciudadano que decide ayudar representan una misma convicción: proteger la vida.

Quizás por eso, hablar hoy de Venezuela exige correr el eje de la polarización y mirar la emergencia desde quienes la atraviesan en primera persona. No se trata de negar los conflictos ni las responsabilidades estatales, sino de recordar que, en medio de una tragedia, el centro debe estar en las personas afectadas: en sus nombres, sus historias, sus pérdidas y su derecho a recibir asistencia digna, oportuna y sostenida.

Quizás el ideal bolivariano no encuentre hoy su expresión más auténtica en los discursos ni en los tratados, sino en aquellas acciones que ponen en el centro un principio esencial: la vida del otro también nos interpela.

En una América Latina atravesada por tensiones, por nuevos proyectos de fragmentación y por miradas que muchas veces priorizan el individualismo por sobre la construcción colectiva, la solidaridad entre pueblos aparece como una decisión profundamente política. Porque elegir acompañar, cooperar y tender una mano más allá de una frontera no es solamente un gesto humanitario; es también una forma de entender el mundo.

Frente a la indiferencia, quienes llegan para asistir no preguntan de qué país nació quien necesita ayuda. Reconocen, antes que nada, a una persona. Y allí, en esa acción concreta, quizás encuentre una nueva expresión aquel viejo anhelo de una América Latina capaz de reconocerse como comunidad.

Venezuela enfrenta ahora una etapa larga: la de buscar, sanar, alojar, reconstruir y acompañar. La ayuda internacional puede ser decisiva, pero la reconstrucción también dependerá de escuchar a las comunidades afectadas, fortalecer las redes locales y sostener la asistencia cuando la emergencia deje de ocupar los titulares.

Porque cuando todo parece derrumbarse, entre los escombros de una tragedia emerge también aquello que define a los pueblos: la capacidad de organizarse, acompañarse y sostenerse mutuamente.

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Por Mario Hernández  Foto La Síntesis

“Quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, vamos a poner en marcha un millón de créditos a 30 años (…) con cuotas similares a las de un alquiler”, fue uno de los anuncios   que realizó Mauricio Macri en el marco del debate presidencial con Daniel Scioli, en 2015. Hasta febrero de 2019, la cantidad de créditos apenas supera los 150.000 y la situación de los deudores se ha tornado desesperante.

Créditos UVA,  la situación es insostenible

Cuando el gobierno de Cambiemos lanzó la innovadora idea de otorgar créditos en Unidad de Valor Adquirido (UVA), que indexa por inflación, miles de familias se endeudaron con la promesa de bajar la inflación o que estos créditos aumentarían a la par que los salarios. Nada de esto ocurrió y hoy quienes se endeudaron no saben cómo hacer para pagar las cuotas que suben al ritmo de la inflación, mientras no sucede lo mismo con los salarios.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe basado en un crédito de 80.000 dólares, acordado en abril de 2016 en el Banco Nación (BNA), con una duración a 30 años, con una tasa del 3,5% anual. Este crédito tenía una cuota inicial, en abril de 2016, de 5.353 pesos. Esa cuota alcanzó en febrero de 2019 los $ 12.214; es decir, 128,2% más, lo que equivale a $ 6.861 adicionales.

El informe destaca que el mayor impacto se produjo en el último año, donde la cuota pasó de $ 8.252 en febrero de 2018, a $ 12.214 en febrero de 2019. Se trata de un incremento de $ 3.962 en la cuota, que representa un 48% de aumento.

El incremento desde que se tomó el crédito, en abril de 2016 hasta febrero de 2019, refleja en  el monto adeudado una diferencia que equivale al 115 %.

Mariela Cancelliere, miembro del grupo Hipotecados UVA Autoconvocados, explicó, “no somos clase media acomodada, somos laburantes que alquilamos durante años y nos metimos en el sueño de la casa propia. Queremos poder pagar nuestra deuda, no queremos subsidios. Pero la situación es insostenible”.

A fines del año pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció una serie de medidas a partir de las cuales las cuotas UVA no podrían superar el 10% de suba del incremento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un índice que mide los salarios. Sin embargo tal como afirma Mariela, “fue una medida engañosa porque no salió nada en el Boletín Oficial y los bancos nos dijeron que no tenían novedades sobre algún cambio”.

Hipotecados Autoconvocados

“Hipotecados UVA Autoconvocados”, es el grupo de Facebook creado a mediados de 2018, por cinco personas que advirtieron los peligros que podría acarrear una escalada inflacionaria sobre los créditos UVA. Hoy pasado un año, las y los autoconvocados agrupan a más de 4.000 personas.

El objetivo común es encontrar una solución a la problemática de los créditos UVA. “No solamente está el grupo de Capital sino que también hay otros en Santa Fe, Rosario, Mendoza, Córdoba y La Plata, entre otras regiones de todo el país. Cada uno de estos grupos tiene miles de miembros y se están organizando por regiones”, destacó Mariela Cancelliere y agregó  “Estamos convencidos de que no hay otra salida que la voluntad política porque no podemos luchar contra los bancos. Somos la parte vulnerable”.
“Como están planteados, y si las cosas siguen así en el país, los créditos son inviables, no los va a poder pagar nadie, esa es la realidad. Lo que nosotros queremos es que se busque una solución. Se han presentado varios proyectos en el Poder Legislativo y queremos que se debatan para ver si se encuentra alguna alternativa”, dijo Guillermo, quien sacó una hipoteca junto a su pareja para tener una propiedad donde formar una familia.

Debido a la brecha entre inflación y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), una cláusula gatillo le abrió la posibilidad a más de 34.000 deudores, para solicitar una prórroga del 25% en el plazo de la devolución del total, que puede ser usada por los usuarios por única vez en todo el período que dura el contrato.

Sin embargo, las y los involucrados insisten en que nadie quiere extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, un beneficio que rápidamente sería devorado por la inflación.

“Me preocupa la situación económica del país porque obviamente nos afecta a todos los hipotecados. Desde mi humilde opinión, lamentablemente este sistema fracasó porque ha afectado a un montón de familias a las que les han llegado mails ofreciéndoles la opción de extender el plazo, que es una cláusula para ser usada en situaciones muy extremas. Que a tres años de haber lanzado el sistema UVA ya lo estén usando evidencia este fracaso”, dijo Verónica, otra afectada.

Inquilinas e inquilinos en apuros

En la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los inquilinos dice no llegar a juntar el dinero para pagar cada mes. Sumado a los grandes aumentos en expensas y gastos de servicios, la incidencia de los alquileres representa para muchos argentinos más de la mitad de sus ingresos.

“El elemento más alarmante es que los alquileres tienen la incidencia más alta de la historia en los ingresos de las y los inquilinos, y las consecuencias inmediatas son tener que bajar la calidad de hábitat por tener que mudarse a barrios más alejados, modificar la vida teniendo que vivir en un hotel familiar o inquilinato o una vivienda familiar que alquila camas”, afirmó Fernando Muñoz, el director del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un informe de la Defensoría muestra que en los últimos meses aumentaron dramáticamente las consultas de las y los inquilinos con dificultades para seguir pagando el alquiler, que preguntan cómo hacer para terminar el contrato anticipadamente o para solicitar una intervención del organismo para poder continuarlo. Uno de cada tres de estos consultantes termina por rescindir el contrato.

Los contratos de alquiler en Argentina se limitan a dos años y, desde hace 10 años, por el continuo efecto de la inflación en los precios, tienen cláusulas que aumentan el valor de las mensualidades cada seis meses, aplicando el porcentaje de ajuste sobre el semestre anterior y no sobre el original. Además, la renovación del contrato implica confeccionar uno nuevo, que puede estar atado a nuevas condiciones, nuevos precios y mayores gastos.

Falsas promesas 

El 15 de abril de 2016 el presidente Mauricio Macri llegó a la ciudad de La Paz, Entre Ríos, en medio de una fuerte crecida que afectó a la región, acompañado por los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del ex de Agroindustria, Ricardo Buryaile, además de autoridades provinciales y municipales.

Los medios oficialistas (nacionales y provinciales) aprovecharon la ocasión para distribuir las fotos de rigor, con Macri recorriendo en helicóptero las zonas inundadas. El mandatario habló de “zona de desastre”. Tenía razón: había más de 15.000 afectados por las crecidas.

Las inundaciones afectaron a varias provincias, no solo a Entre Ríos. También se vieron perjudicadas Corrientes y Santa Fe.

Ante el “desastre”, el Gobierno de Cambiemos prometió todo tipo de obras, entre ellas, la fabricación de viviendas para los y las vecinas más afectadas, que en Entre Ríos llegaron a adjudicar 1.817.  En ese momento expresaban que “El Presidente está preocupado y ocupándose del tema. A la intensidad y duración de los fenómenos climáticos, se sumó la desidia y la falta de inversión de los últimos años”, aseguró entonces Frigerio.

Sin embargo después de casi tres años sólo se terminaron 14 de las 1.817 viviendas prometidas por el presidente.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino.

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