Por Vivian Palmbaum desde El Salvador

La violencia es una realidad histórica en El Salvador y los territorios mesoamericanos, tal como lo muestran la masacre de poblaciones originarias en 1932, la guerra civil y el actual Estado de Excepción impulsado por el presidente, Nayib Bukele, que suprimió derechos y garantías constitucionales.

Visitamos los territorios de la memoria para pasar por el cuerpo y volver a mirar nuestras historias para seguir construyendo sin olvidar los dolores, las violencias y las luchas de quienes nos antecedieron. Hacer memoria para no quedarnos mirando lo que pasa por la televisión. La actualidad salvadoreña se escucha en los primeros espacios de palabra donde el terror se hace presente en las voces de las mujeres. El gobierno actual instaló la presunción de culpabilidad dirigida hacia jóvenes y opositores bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada que no disminuyó, aunque las cárceles se llenan de sospechosos sin condena. No es lo mismo decir régimen que decir gobierno, y eso late en cada palabra.

Las lideresas se sostienen gracias a las redes que continúan; atrapadas entre la violencia delincuencial y un Estado represor que vulnera y criminaliza todos sus derechos humanos. Por eso, su presencia en los territorios garantiza el acompañamiento y la contención de las mujeres. Las condiciones de inequidad, impunidad e intolerancia en América Latina y el Caribe componen la raíz estructural de una violencia que no cesa, como expresó el Dr. Eduardo Espinosa, ex viceministro de salud, exiliado por cuestiones políticas.

¿Por qué la violencia es un problema de salud pública? Se planteó como interrogante teniendo en cuenta las violencias cotidianas que se ejercen en todos los ámbitos, incluidos los servicios de salud pública dirigidos a toda la población, pero especialmente hacia las mujeres en El Salvador. El creciente embarazo de niñas y adolescentes no son causales de interrupción del embarazo, con una insuficiente implementación de la Ley de Educación Integral Sexual (EIS) y las emergencias obstétricas son criminalizadas a partir de acusaciones que provienen, en gran porcentaje, del propio personal de salud.

La profundización del modelo neoliberal que ha mercantilizado la vida, los programas de formación del personal de salud que no reconoce la dimensión ética humanista, son algunas de las razones para el grave retroceso en materia de salud que se desentiende la determinación social, en una sociedad que necesita construir la paz. Iniciativas como “Alerta Raquel”, “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, dan cuenta de la violencia sistemática que en El Salvador de enero a mayo ya contabilizan 577 personas desaparecidas, con el mayor porcentaje para las mujeres, y luego el número es incierto ya que el organismo estadístico oficial del país dejó de funcionar como tal.

La pandemia histórica es la violencia contra el cuerpo de las mujeres, así lo expresó Sara Fernández Moreno, integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capitulo Colombia y que se encuentra exiliada por un atentado que sufriera hace pocos meses; quien ubicó al feminicidio como categoría política que criminaliza a las defensoras territoriales, pero para la sociedad patriarcal se ubica como un crimen menor. El cuerpo de las mujeres es el territorio en disputa, tal como lo muestra la reciente promulgación de la ley “Nacer con Cariño” que detrás del argumento contra la violencia obstétrica constituye un retroceso que ve a las mujeres como madres y no como mujeres. Coincide con el fallo que condenó recientemente a una joven a 50 años de cárcel por una emergencia obstétrica con el mismo argumento, “las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.

Las voces de las mujeres reunidas en los talleres dieron cuenta de lo inolvidable de las múltiples violencias como las obstétricas, que han sufrido desde la gestación, donde algunas de las causas que han podido identificar son, desconocimiento de derechos sexuales, deshumanización de las y los profesionales, maltrato, que se suman a las innumerables situaciones de abuso que han atravesado por su condición. A pesar de estas situaciones las mujeres reconocieron, “tengo el valor de hablar porque estoy participando”.

El espíritu de Margarita Posada estuvo presente a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de su muerte. Luchadora incansable, fundadora del Foro Nacional de Salud que nació hace más de 10 años y consiguió impulsar el proceso de Reforma de Salud Integral desde las comunidades y para las comunidades, para que las personas conquisten y defiendan su derecho humano a la salud. Una delegada de la mesa intersectorial del Foro explicó que en 2011 se constituyó la primera iniciativa de prevención de violencia social y hacia la mujer que hoy se sostiene desde las comunidades sin apoyo del Estado. Si bien en el país existe una Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres que tiene 10 años de vigencia, las situaciones de vulneración de derechos continuada que soportan está cada vez más lejos de encontrar alguna solución.

Las intensas jornadas de construcción de conocimientos contaron con la co coordinación de María Hamlin Zuniga, educadora popular y activista en salud comunitaria en Mesoamérica desde hace más de 50 años, también amenazada por el régimen nicaragüense, fundadora de organizaciones como ASECSA, Asociación de Servicios Comunitarios en Salud de Guatemala y CISAS, en Nicaragua.

Las voces que llegaron desde Guatemala, nos contaron sobre el Movimiento Nacional de Comadronas que tienen reconocimiento en 22 departamentos a diferencia de El Salvador, donde las comunidades originarias fueron desterradas. También escuchamos la voz y el valor de Feliciana Cedillo, sobreviviente de las acciones del Ejército en el área ixil, de la comunidad Nebaj, y su valentía para interpretar la lengua maya en los juicios por genocidio en Guatemala.

La organización feminista SAMA, desde la India, trajo el testimonio del trabajo territorial con mujeres y las problemáticas locales como el trabajo con los conocimientos tradicionales o los matrimonios forzados a edades tempranas.

Es de destacar el intenso trabajo que realiza la organización feminista salvadoreña Las Mélidas, con 30 años de trabajo continuado, a pesar de sufrir amenazas, persecución y la criminalización por la defensa de los derechos de mujeres y disidencias, pese a lo cual continúan incansablemente con campañas comunicacionales como #YoDecido o #Manuela sobre derechos sexuales y reproductivos y el intenso trabajo territorial que realizan lideresas del grupo motor que estaban allí participando. “En 24 años se han procesado 180 mujeres por aborto y cuando entran en proceso judicial no son condenadas por aborto, sino por homicidio agravado, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel”. Desde la organización expresaron, “si nosotras como mujeres nos quedamos inactivas, si no nos plantamos y no decimos basta ya, si nos quedamos cruzadas de brazos va a ser peor”.

La Universidad Internacional de la Salud de los Pueblos que organiza el Movimiento por la Salud de los Pueblos Mesoamérica y organizaciones como el Frente Nacional de Salud, Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), Las Mélidas, Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador junto a agencias de cooperación como Médicos Mundi y el Gobierno Vasco hicieron posible esta formación.

La propuesta fue pensar la salud por fuera del paradigma médico hegemónico, porque las enfermedades y las muertes están asociadas a la exclusión social, “hoy tiene más salud quien tiene más dinero”. Sin dudas, es necesario cambiar un modelo civilizatorio neoliberal excluyente que vulnera porque deja por fuera las consideraciones de clase, género y etnia. La situación con variantes se repite en los países de la región, como Nicaragua donde la violencia contra mujeres y cualquier voz disidente al gobierno hacen dudar de la vigencia del estado de derecho; o en Guatemala, donde la pobreza, el abandono y la violencia contra las mujeres es cotidiana. Sin dudas, merece una consideración la situación que sufren las disidencias del colectivo LGBTIQ+ que en 2020 reportaron más de trece denuncias mensuales por violencia, maltrato y discriminación.

Durante los nueve días que duró la formación, invocamos al Nahual o espíritu protector maya para que nos ilumine en las poderosas jornadas. Muchas presencias nacionales e internacionales nos ayudaron a pensar, debatir y permitieron construir proyectos territoriales con el objetivo de apuntar a una salud que se base en la eliminación de las violencias y en la consagración de los derechos plenos sexuales y reproductivos para las mujeres. El poder de las mujeres es como el del agua. El agua a veces parece inofensiva pero gota a gota puede destruir la roca. Vandana Shiva.

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Por César Saravia

¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo con CISPES y alrededor de cuáles demandas?

Ahora las dos campañas que tenemos son: recortar la ayuda militar y de seguridad, el financiamiento que se le da a las fuerzas de seguridad de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, con enfoque en El Salvador, en nuestro caso, y acompañar a los movimientos sociales en su lucha contra la represión, que están viviendo ahora bajo el régimen de Bukele. Estamos también acompañando a los presos políticos que llevan más de un año en la cárcel, sin juicio. La decisión de trabajar en cortar los fondos de seguridad tiene que ver con el apoyo a los movimientos sociales en la lucha contra la represión. Para ello es importante cortar los fondos de seguridad que están recibiendo de los Estados Unidos los gobiernos centroamericanos.

Ustedes son una organización de salvadoreñxs, hijxs de salvadoreñx y también gente afín, solidaria, con El Salvador y Centroamérica. En ese sentido, la migración es un tema que les atraviesa bastante, ¿cómo catalogás la política migratoria de Joe Biden?

Nosotrxs no somos necesariamente una organización de derechos de migrantes. Pero en general las organizaciones están muy decepcionadas con la política migratoria de Biden. Principalmente en torno a los migrantes que están aquí, que ya han llegado, que están en la frontera o que están queriendo entrar. Una de las cosas que pasó al principio fue que se terminaron los acuerdos de “el tercer país seguro“, con Guatemala, Honduras y El Salvador. En esa campaña sí se involucró CISPES en coordinación con organizaciones en Estados Unidos y también de la región, porque es un tema de política exterior y fronteriza. Bajo la Alianza para la Prosperidad, del 2016, se mandó mucho dinero para eso, y bueno, ya estaba pasando con el Plan Frontera Sur. Entonces no necesariamente solo bajo la Alianza para la Prosperidad, pero en ese marco se aumentó. 

En torno a las políticas directas que afectan a los migrantes que ya están en la frontera o que han entrado, está el título 42, que no permite a ningún migrante entrar por razones de Covid y también la política de que los migrantes se tienen que quedar en México. Hace poco, la Corte Suprema decidió sacar una orden de que Biden tiene el poder terminar esa política que ha mantenido a muchas personas en la frontera en condiciones muy peligrosas. Esta administración ha hecho un esfuerzo bastante intencional de conectar la política de migración con la política exterior.

¿Cómo se relaciona este apoyo militar que tiene el gobierno estadounidense a los países de Centroamérica con la política migratoria?

Esto es algo que viene desde la Alianza para la Prosperidad. Pero ellos en esta en esta política lo presentan como que si es algo nuevo, pero en realidad no lo es, es una extensión, una continuidad a las políticas de migración y de exterior que siempre han tenido y nosotres como organizaciones antiimperialistas y anticapitalistas, siempre hemos tenido ese análisis, que la razón por la que más migrantes vienen para acá es por la política neoliberal que se impone en los países de donde venimos. Y esa política neoliberal se impone a través de la represión policial y militar. Ellos vienen y dicen: “Sí, las dos cosas están conectadas y tenemos que poner soluciones a la inseguridad que viven las personas allá, a la pobreza, y la manera que para solucionarlo, nosotros como Estados Unidos, es apoyar a los policías y militares, a que ellos hagan más seguro los países. Vamos a impulsar,  incentivar a las transnacionales, a las corporaciones, que invierten en esos países también, para que se solucione el problema de la pobreza”.

Según ellos el dinero que mandan para policías y militares es para hacer los países más seguros en la guerra contra las drogas, en la guerra contra el tráfico humano y la trata, pero al final sabemos que todo eso se usa para reprimir a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, defensorxs de agua, defensorxs de tierras,  que están luchando y organizando en contra de estos proyectos explotadores, que están causando división, conflicto y violencia en en las comunidades de donde ellos vienen.

En relación a los recortes de fondos militares, ¿qué acciones viene desarrollando CISPES? Y, ¿cuál ha sido la respuesta, tanto de la institucionalidad, congresistas, como otros movimientos dentro de Estados Unidos?

Pues varias cosas. Uno es a través de contrarrestar la narrativa que se está dando, trabajando con otras organizaciones de solidaridad con Centroamérica, en específico este plan se enfoca en Guatemala, Honduras y El Salvador.  Entonces, colaborar con esas organizaciones que comparten nuestro análisis, que también tienen relaciones estrechas con comunidades en estos países y que se nutren de ahí, de cuáles son los impactos de la política estadounidense. La idea es colaborar y proveer una narrativa alternativa a lo que se da en los medios, que también apoyan las políticas del Departamento de Estado y del presidente Biden.

Este es el tercer año que venimos con esta campaña. El primer año nos enfocamos en señalar los fondos de seguridad y el segundo año nos enfocamos también en los fondos económicos, que promueven la privatización, en sectores esenciales como la salud, agua, educación y electricidad. Lo que le  estábamos pidiendo al Congreso, que es al final quien asigna los fondos para este plan, es que pongan en la legislación de asignación el no permitir algunos fondos de desarrollo que promueve el sector privado. Por ejemplo: que no se permitan fondos de desarrollo a proyectos de infraestructura que van a llevar al desalojo o que las comunidades se oponen. El año pasado también hicimos estas mismas demandas en torno al financiamiento de las fuerzas militares y de seguridad en los países, porque van juntas las cosas, desde nuestra perspectiva.

De esa manera, la idea es luchar contra las partes más problemáticas del planteamiento que tiene el Ejecutivo. Decirle al Congreso: “esto no está bien y de esta manera pueden ustedes responder”. Este año nos estamos enfocando en la campaña de cortar los fondos militares y de seguridad, pero siempre en relación a la presencia del sector privado en estos sectores esenciales. Algo difícil, porque es muy aceptado, la gran mayoría acepta y no cuestiona el papel del sector privado, como una cosa que va a traer eficiencia.

En el último tiempo hemos visto algunos cruces de gobiernos centroamericanos, particularmente de Giammattei y de Bukele, que ha sido por ahí más mediático, ¿ustedes qué lectura hacen de esta tensión que se ha generado de parte de estos gobiernos con la administración Biden?

Nuestra lectura, desde los movimientos sociales, las organizaciones, los activistas con quienes nosotros tenemos relación y que acompañamos, es que Bukele es una persona que no tiene una política muy diferente a la política de los Estados Unidos. Entonces, aunque tal vez haya algunas contradicciones entre ellos, como élites, en realidad la clase de programas que quieren impulsar son iguales, la diferencia es más bien quién se va a lucrar esos programas o de esa política. Bukele también promueve la privatización del agua,  también promueve el desarrollo que va a causar gran daño al Medio Ambiente, también promueve la militarización como una respuesta a la violencia que causa la pobreza y la desigualdad. Entonces, no es diferente a la política de los Estados Unidos.

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Por Redacción Marcha / Foto: Contracorriente (Honduras)

En días en que la política representativa nos interpela hablando de la ternura y el derecho al disfrute de los pueblos del Abya Yala, Iris Xiomara Castro Sarmiento asumió como presidenta en Honduras.

Lo hizo sobre la Carta Magna que sostenía su nieta, Irene Melara Zelaya, y de camisa morada. De esa forma realizó su promesa ante la jueza Carla Romero, y dijo: “prometo ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”. Mientras, miles en las tribunas gritaban el himno verdadero, ese que no conoce de fronteras pero sí de conquistas: “El pueblo, unido, jamás será vencido”. Puños izquierdos y banderas rojas se levantaron en homenaje.

“La presidencia nunca ha sido asumida por una mujer”, comenzó su discurso la presidenta, “Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo”.

Xiomara Castro formuló que su gobierno será una propuesta de refundación desde un Estado socialista y democrático para sacar adelante al país más pobre de América Latina. “El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos”, dijo. “Mi gobierno no continuará la vorágine de saqueos que han condenado a generaciones”. Y luego afirmó: “nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre el mercado”.

En un discurso breve, concreto, sin piruetas retóricas y compuesto por 21 puntos claros la presidenta Xiomara Castro presentó las acciones prioritarias de su gobierno. Entre las medidas anunciadas ordenó que el servicio de energía eléctrica sea gratuito para un millón de familias pobres. “La luz será gratis en sus hogares”, afirmó. Castro dispuso que el desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria serán prioridades de su gestión y además anunció el diálogo inmediato con el sector docente para retomar el regreso a las clases presenciales en las escuelas. Afirmó su compromiso con el cuidado del medio ambiente y de los bienes naturales.”No más explotación de minas abiertas”, sostuvo y a viva voz exigió “Justicia por Berta Cáceres” y pidió por la libertad de todxs lxs presxs políticxs.

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Castro asume en medio de una crisis política que se desató luego de que 20 diputadxs que formaban parte de su bloque decidieran votar con la oposición en el congreso para elegir la junta directiva. La nueva presidenta recibirá, además, un país golpeado por el narcotráfico, el extractivismo, la persecusión política y un alto índice de pobreza. Desde las organizaciones sociales que participaron en las mesas del plan de gobierno, hicieron un llamado a la construcción de un Sistema Nacional de Poder Popular, para avanzar en la refundación de Honduras.

Ante el cambio de época en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reclamó, a través de un comunicado, la urgente realización de una Asamblea plurinacional, originaria, popular y antipatriarcal Constituyente. Así mismo, la organización indígena lenca se hizo presente en el estadio nacional. “El pueblo pide no olvidar el compromiso de que (Xiomara Castro) cumpla las demandas de los pueblos en respaldo a la propuesta de defensa de los Ríos y la justicia”, afirmaron.

Por su parte, desde las organizaciones y la militancia feminista y popular organizada, celebran la asunción de Xiomara Castro como presidenta tras 12 años de pacto patriarcal y narcodictadura tras el Golpe de Estado que dejaron un marco normativo antiderechos. Durante las reuniones de traspaso de gobierno, se escucharon las demandas de mujeres y disidencias que se manifestaron estos años en calles, comunidades y barrios por una vida libre de violencias y plena de derechos.

La asunción de Castro se da además a horas de la celebración del día de la mujer hondureña, en conmemoración con los 67 años de la conquista política del derecho al voto femenino en ese país. Un guiño de la historia, una recuperación democrática que deberá llegar acompañada de la decisión política necesaria para que desde el Ejecutivo y Legislativo, el partido de gobierno salde las deudas con las mujeres; por ejemplo, para avanzar en causales que reconozcan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, piso mínimo de derechos humanos.

“Mujeres hondureñas, no les voy a fallar”, dijo al final de su discurso, Xiomara Castro, “voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo”, agregó.

Al finalizar la ceremonia, Bertita, coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, Defensora territorial y de DDHH asesinada en 2016, entregó a Xiomara Castro el bastón de mando indígena lenca, símbolo sagrado. Los desafíos son enormes para el gobierno que asume pero la certeza para los movimientos que construyeron resistencia durante 12 años es una sola: ¡la lucha por la liberación sigue y sigue!

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Por Nelton Rivera (*)

La droga fue uno de los temas visibles en la agenda y discursos del hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) y del guatemalteco Alejandro Giammattei. Con Nayib Bukele, de El Salvador, coinciden en el distanciamiento de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión en los asuntos internos del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. 

Cada discurso llegó acompañado por las crisis internas de cada país. Bukele, a quien le colocaron un video pregrabado de 7 minutos, enfrenta el inicio del rompimiento de la luna de miel con el poder. Un importante sector urbano de El Salvador cansado de las medidas que toma el gobernante cyan, antojadizas y sin mayores controles, salió a las calles en una multitudinaria protesta en contra del proyecto de criptomoneda, la reelección y la negociación oculta con las pandillas. 

Giammattei, quien tiene la protección de las élites guatemaltecas, intenta sostener a su amiga, la actual Fiscal General del Ministerio Público, en medio de la escandalosa denuncia de sobornos de empresarios rusos. Esta denuncia fue realizada por el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, previo a salir expulsado del país. Giammattei, el presidente peor calificado de América Latina, enfrenta la crisis con constantes movilizaciones que exigen su renuncia. 

JOH,  presupuestado a dejar el poder después de las presidenciales del próximo noviembre, se despedirá con elecciones en medio de las acusaciones de los Estados Unidos por traficar drogas y oxigenar la dictadura antichavista que desde 2009 la potencia del norte respaldó. Con toda una Honduras convulsionada en protestas y el éxodo masivo de sus ciudadanos buscando llegar a los Estados Unidos a través de las caravanas. 

La región a la que Washington ha llamado el Triángulo de Centroamérica, donde estos hombres ejercen su poder, se ha convertido en una mega pista de aterrizaje para el narcotráficos de acuerdo con diversas investigaciones , especialmente para los cargamentos de cocaína que proceden principalmente de Sudamérica, con origen en Colombia. 

El tema de la droga estuvo en las agendas y discursos de Juan Orlando Hernández (JOH) y Giammattei, coincidentemente con Nayib Bukele distanciados de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. El Triángulo Norte continúa siendo la principal ruta de la droga rumbo a México y  los Estados Unidos. 

JOH pide a NETFLIX una serie de narcos, capítulo Honduras 

Juan Orlando Hernández, a quien se le conoce comúnmente como JOH,  logró el respaldo de los Estados Unidos para continuar con el régimen que tras el golpe de estado de 2009 mantiene en el poder al Partido Nacional. En marzo de 2021, fue señalado de narcotraficante por una corte federal de Nueva York,  en los Estados Unidos, afirma France 24. Los fiscales consideraron a JOH un “co-conspirador” en Honduras, un “narcoestado”. 

El hermano menor del presidente de Honduras, Tony Hernández, fue condenado este año a cadena perpetua por narcotráfico, luego de introducir 185 toneladas de cocaína de Honduras a los EEUU, equivalentes a más de 5 mil 500 millones de dólares en 2019, con un precio de 30 millones por tonelada. 

Durante su intervención ante las Naciones Unidas, JOH se refirió a la lucha de su gestión en contra de la corrupción, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), sepultada por él mismo durante las primeras semanas de enero de 2020. 

Con el país completamente debilitado para investigar y desmantelar al crimen organizado, JOH afirma que Honduras pasó de ser el país con más tráfico de drogas a los EEUU. Al afirmar que con la extradición se podrá saber quién es quién. Tomó una  hoja en la que se ven dos mapas, el primero con la ruta actual de la droga con destino en Guatemala de 2019 y el segundo, la de 2010, donde Honduras era el destino de la droga previo a trasladarse a México y EEUU.   

JOH, en una invitación para los productores de las series de narcos en Netflix, pide que se produzca una serie sobre su persona en Honduras, citando documentos del 2013 desclasificados,  en donde supuestamente los narcos locales se quejan de no poder trabajar con él. 

Su intervención duró casi media hora, la mayor parte de la cual la dedicó a defenderse, buscando exculparse ante las investigaciones de los tribunales de los EEUU que lo vinculan al narcotráfico. 

Una lluvia de comentarios acompañaron la transmisión en vivo del canal de la ONU: “mentiroso”, “mitómano”, “narcotraficante”, entre otras fueron las expresiones que recibió el hoy presidente, continuador del golpe de estado de 2009  y quien consolidó la dictadura. 

Giammattei y la dictadura depredadora 

El presidente de Guatemala, quien en menos de un año se ganó un alto porcentaje de desaprobación popular, se presentó ante las Naciones Unidas con graves señalamientos de corrupción, que lo involucran con sobornos y toda una trama con empresas transnacionales rusas vinculadas a la extracción minera. 

En su intervención ante la asamblea de las Naciones Unidas, aseguró que la demanda por el consumo de drogas, de la que EE UU es el mayor comprador y consumidor, provoca una grave crisis en Guatemala. Giammattei afirmó que el 95 por ciento de las aeronaves que aterrizan en el país provienen de Venezuela, coincidiendo con su agenda particular anti Maduro. 

Un dato interesante en su discurso es que Guatemala dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en productor de amapola, mariguana y cocaína. El momento de su queja contra los EEUU llegó en la parte final de su discurso: “estos éxitos no parecen ser reconocidos, ni valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico”. 

Una segunda queja, casi al finalizar su intervención:  “no queremos condicionantes, ni presiones o intentos de violentar la soberanía a cambio de apoyo, ayuda o cooperación… Jamás poniendo en riesgo la autodeterminación de los pueblos y el respeto de la democracia. Así como la no intervención a los asuntos internos de otros países”.

Estos asuntos tienen que ver con María Consuelo Porras, su amiga personal, incluida recientemente  dentro del listado Engel  para personas corruptas en el Triángulo Norte, y quien además engrosó el listado de personas a las que ya les quitaron la visa estadounidense. 

Lo irónico del discurso antidrogas son los aliados del presidente en el Congreso de la República; diputados condenados por narcotráfico en los EEUU, diputadas y diputados vinculados a los grupos del narco, especialmente al partido UCN, con Mario Estrada como uno de los principales dirigentes, pagando una condena en los EEUU. 

Giammattei, al igual que lo hizo  JOH con la MACCIH, puso la lápida sobre los esfuerzos anticorrupción que nacieron con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, presionando por la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. Una forma de proteger y pagar la deuda electoral a las élites depredadoras que se benefician de la corrupción e impunidad.  

Bukele, el dictador no tan cool 

Bukele, desde el pulgarcito de Centroamérica, es quien con más decisión busca romper las relaciones con los Estados Unidos. Con el lema “El dictador más cool del mundo”, y  al igual que sus contrapartes  Giammattei y JOH, el presidente salvadoreño enfrenta fuertes movilizaciones en contra de su gestión, especialmente por los golpes a la democracia. 

Sobre la lista Engel, los Estados Unidos incluyeron en la actualización más reciente de esta a los cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, nombrados a dedo por él y quienes avalaron su reelección presidencial a pesar de que la propia Constitución Política lo prohíbe. De los listados anteriores se sabe de funcionarios de su gobierno, algunos más cercanos a él y su círculo de poder que otros. 

Siguiendo los pasos de Giammattei y JOH, Bukele también puso punto final a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), apenas tres meses atrás. El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala se convulsionan por el descontento social, mismas que se reflejan en fuertes movilizaciones sociales en los tres países, frente a la apuesta de los gobiernos por la corrupción y la impunidad. 

Sobre Bukele pesan también la persecución a la prensa independiente y la negociación oculta con las principales pandillas de El Salvador, escándalos que fueron revelados recientemente. 

En sus breves 7 minutos de discurso pregrabado, reclamó por los ataques que su gobierno está recibiendo, por querer hacer las cosas diferentes. Tan diferentes que lo unen negocios vinculados al petróleo venezolano con JOH y con Daniel Ortega en Nicaragua, documentado por el periodista Héctor Silva Ávalos y publicado recientemente en Infobae.  

En fin, con la agenda común de las dictaduras centroamericanas, la cool, la depredadora y la narcotraficante, unos 35 millones de personas diseminadas a lo largo y ancho de 243 mil kilómetros cuadrados entre dos océanos,  reviven los viejos recuerdos de una Centroamérica bajo el control de Ronald Reagan y regímenes como los de Ríos Montt, Salvador Magaña y Roberto Suazo Córdova. 

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Por Gladys Olmestead* desde Guatemala | Foto: No Ficción Gt

En Guatemala se libra una nueva batalla contra la corrupción. Los esfuerzos anticorrupción que quedaron tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en 2019, recibieron un nuevo golpe el pasado viernes 23 de julio: Ese día, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, removió de su cargo a Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI).

Juan Francisco Sandoval tiene 38 años y cuenta con una carrera de 18 años en el Ministerio Público; los últimos seis los fungió como Fiscal especial contra la impunidad. Ha sido reconocido internacionalmente por su lucha contra la corrupción. El pasado febrero recibió el premio “campeón anticorrupción” que el Departamento de Estado de los Estado Unidos entrega a 12 personas en el mundo.

Desde su nombramiento como jefe de la FECI en 2015, Sandoval ha presentado casos sobre corrupción gubernamental que han resultado en funcionarios y exfuncionarios presos y ligados a procesos penales. Uno de ellos es el de expresidente (2012-2015) Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron durante su mandato y se encuentran presos y ligados a juicios penales señalados de enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero, entre otros.

El exfiscal es considerado una pieza clave en los últimos años de la lucha contra la corrupción en Guatemala, mientras formaba parte del equipo de la exfiscal general (2014-2018) Thelma Aldana y el excomisionado de CICIG, Iván Velásquez, reconocido abogado colombiano.

El equipo de fiscales dirigido por Sandoval era uno de los últimos bastiones que quedaron de la extinta CICIG, un organismo internacional de las Naciones Unidas instalado en Guatemala para combatir la impunidad y corrupción, y para fortalecer al Ministerio Público. La FECI de Sandoval era la personificación de ese fortalecimiento, y su salida podría afectar el curso de al menos 200 expedientes.

Según declaraciones en conferencia de prensa brindada por el mismo Juan Francisco Sandoval, el día de su salida del Ministerio Público y de Guatemala hacia El Salvador, país en el que se exilió, los casos que su fiscalía investigaba involucran a allegados al partido de gobierno, Vamos, a diputados del Congreso y a magistrados de las cortes de justicia.

Un fiscal incómodo para el gobierno

Según el comunicado público del viernes 23 de julio, la fiscal general, Consuelo Porras, tomó la decisión de nombrar a Carla Isidra Valenzuela Elías como nueva jefa de la FECI. La destitución de Sandoval se justifica por supuestos «abusos y frecuentes atropellos» a la institucionalidad de la entidad y “vejámenes” de los que asegura Porras fue víctima. Así como una “inminente falta de confianza” entre ambos.

Sin embargo, dentro del despido de Juan Francisco Sandoval se han señalado anomalías. Debido a que el exfiscal llegó al cargo de jefe de la FECI por su carrera profesional dentro del Ministerio Público, la Ley Orgánica de la institución establece que los fiscales de carrera no pueden ser destituidos sin un proceso disciplinario, luego de que se compruebe una falta grave. Por lo que la “confianza” no sería un motivo válido, y Sandoval asegura que nunca se le comunicó sobre algún procedimiento en su contra, ni se le escuchó antes de removerle del cargo.

En entrevista con El Faro, el exjefe de la FECI reveló que Consuelo Porras no se comunicó personalmente con él para despedirlo. Hasta las 6pm del domingo, 25 de julio, la Fiscal General no ha justificado su decisión de sacar a uno de sus mejores fiscales, y de los más respaldados por los socios internacionales del Ministerio Público

Existen posturas, como las de extrabajadores de CICIG y la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, que califican la acción de Porras como ilegal. Juan Francisco Sandoval confirmó a su salida que él impugnará esta decisión de removerlo de su cargo sin el debido proceso.

Dentro de los verdaderos motivos para sacarlo del Ministerio Público, Sandoval expuso en su última rueda de prensa que, desde la llegada de Consuelo Porras a la jefatura de la fiscalía, la independencia de la FECI fue disminuyendo. Además de que su trabajo se convirtió en incómodo para funcionarios del actual Gobierno encabezado por Alejandro Giammattei.

De acuerdo con el exfuncionario anticorrupción, la Fiscal General detuvo investigaciones de alto impacto sobre jueces, diputados y otras autoridades mediante traslados de expedientes, remoción de fiscales, prohibiciones para operativos, «retraso» de procesos y «agilizar lo que le conviene».

Sandoval incluso reveló que no considera que esas investigaciones prosperen, porque la jefa del Ministerio Público mantiene una “amistad” con el presidente Giammattei y varios funcionarios bajo investigación de la FECI. Y señaló a ambos de posible obstrucción de la justicia, siendo su despido una consecuencia de esta complicidad.

Rumbo al exilio

Juan Francisco Sandoval abandonó el país la madrugada del sábado 24 de julio –inmediatamente después de brindar la conferencia de prensa– por la frontera terrestre Las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador, con destino final desconocido. Sandoval es el quinto operador de justicia en menos de tres años que ha abandonado el país a causa de las investigaciones que realizó.

La Procuraduría de la Derechos Humanos (PDH), bajo el liderazgo de Jordán Rodas Andrade, acompañó al exjefe de la FECI desde su salida del MP hasta la frontera con el país vecino. El último acto público de Sandoval se realizó desde las instalaciones de la PDH.

Jordán Rodas Andrade declaró que la decisión de sacar al exfiscal se tomó como medida para “resguardar” su vida integridad, ante posible persecución judicial y criminalización en su contra como represalia por sus declaraciones y su trabajo anticorrupción.

Ante los señalamientos de Sandoval sobre posible complicidad entre Porras y Giammattei, tanto el MP como el Gobierno de Guatemala se pronunciaron el sábado 24 de julio.

La fiscalía no emitió un comunicado, pero respondió a medios de comunicación que la institución es “respetuosa de la opinión de las personas». Si (Juan Francisco Sandoval) tiene alguna inconformidad puede hacerlo a través de la vía legal correspondiente, ante los órganos jurisdiccionales competentes”.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala compartió un pronunciamiento con el que “rechaza categóricamente” lo declarado por Sandoval sobre “supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente”.  Y solicitó una “indagación de mérito” para demostrar si lo que dijo el exfiscal es verdad. Además aseguraron que Alejandro Giammattei es “respetuoso de la independencia que la ley le otorga al Ministerio Público”.

Reacciones de diferentes sectores ante el despido de Sandoval no se han hecho esperar y ya se registran pronunciamientos de la comunidad internacional, sociedad civil, movimientos estudiantiles, el sector empresarial y religioso como: congregaciones católica de diferentes partes del país, el Consejo Nacional Empresarial, autoridades indígenas y de diferentes pueblos mayas, organizaciones internacionales como Impunity Watch, Abogados Sin Fronteras-Canadá y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y asociaciones estudiantiles de la Universidad Rafael Landívar (URL).

También hubo pronunciamientos de bloque legislativos de Guatemala y de representantes nacionales y estadounidenses, así como de funcionarios como Samantha Power directora de USAID (por sus siglas en inglés) y Juan González asistente especial del presidente John Biden.

La mayoría de las reacciones y pronunciamientos coinciden en el reconocimiento a la labor de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI, en las anomalías alrededor del despido en el MP y en el retroceso de la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

Y la consecuencia social más tangible ante la noticia de la salida de Sandoval, fue una serie de convocatorias ciudadanas para protestar frente a las instalaciones del Ministerio Público en contra de la fiscal Consuelo Porras y frente a la PDH, a favor de Juan Franciso Sandoval el viernes 23 de julio. Y un seguimiento el 24 de julio, de nuevo frente al MP y una movilización posterior a la Plaza Central para manifestarse también en contra del Gobierno de Guatemala.

Detonan protestas

En las manifestaciones del fin de semana, se pudo observar un malestar generalizado ante la destitución de Juan Francisco Sandoval, sus declaraciones que señalan a funcionarios de corrupción y el manejo de la pandemia por el coronavirus. Y se identificó una petición casi universal: la renuncia de Alejandro Giammattei y de Consuelo Porras.

Aunque no fue una manifestación multitudinaria –con aproximadamente 2 mil personas presentes en su punto más alto– como las registradas en 2015 y 2016, ha sido la convocatoria más grande del año en contra de la corrupción y el actuar de funcionarios públicos. Y se espera que continúen las acciones de rechazo y descontento en los próximos días con un llamado de autoridades indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca llamando a un paro nacional la próxima semana. Con el objetivo de continuar exigiendo la renuncia de los dos funcionarios: Porras y Giammattei.

*original en Divergentes (Guatemala)

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Por Félix Meléndez | Foto: @RubenFigueroaDH

Las recuperaciones económicas históricamente desiguales llevarían de nuevo a la migración laboral de El Salvador, Honduras y Guatemala, esto, a pesar de las reducciones actuales de movilidad que fueron anunciadas como logro significativo a comienzos del año 2020. Si persisten los cierres de fronteras, el aumento de la migración conllevará mayores riesgos de protección y potencialmente conducirá a un mayor tráfico, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre el impacto que el COVID-19 tendrá en el tráfico transfronterizo a mediano plazo. El 22 de abril, el presidente Trump firmó un decreto para dejar en jaque a la inmigración legal en Estados Unidos, la cual durante varios meses no podrá generar ingresos por lo que dichas restricciones tendrán un impacto significativo en la economía de estos países, en gran medida por la baja en el envío de remesas afectará tanto a la subsistencia del migrante como a la de sus familiares también golpeadas por la cuarentena. 

Un migrante hondureño se refugia en la ciudad de Palenque, Chiapas, a la espera de que pase la pandemia para poder continuar su viaje rumbo al norte. Foto: @RubenFigueroaDH

Desde octubre de 2018 hasta enero de 2020, las caravanas se convirtieron en una modalidad de migración no antes vista, grupos masivos de personas movilizándose por el territorio en el que históricamente migrantes han desaparecido, estaban brindando seguridad entre el colectivo y estaban evadiendo el alto precio de contratar a un contrabandista para ayudar a pasar hasta la frontera con los Estados Unidos. A ellos se sumó y visibilizo el drama de los migrantes cubanos, africanos y del medio oriente quienes también están recorriendo el territorio con el mismo objetivo.

Tradicionalmente, las movilizaciones en América Central se han caracterizado por un flujo de sur a norte, siendo los principales expulsores de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, esto basado en las tasas de retorno, de enero a marzo de 2020. 44.228 migrantes fueron devueltos a sus países según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de los cuales el 13% eran salvadoreños, el 48% eran guatemaltecos y el 39% eran hondureños. Esta cantidad es explicada por los procesos experimentados de retornos voluntarios, deportaciones y detenciones en la frontera sur de México con Guatemala, sitio que desde hace 2 años ha reflejado una transición gradual hacia el recrudecimiento de los controles migratorios en dicho enclave estratégico. Activistas, organizaciones de derechos humanos y periodistas han denunciado repetidamente que tanto la frontera Hidalgo como la frontera del Ceibo se convirtieron en el nuevo muro migratorio, hecho que quedo ampliamente documentado entre enero y febrero con la contención de la última caravana de migrantes que intentó avanzar en territorio mexicano.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, vigilan la frontera con México, que permanece cerrada para todo el paso de extranjeros. Foto: @RubenFigueroaDH

Con la llegada del brote de COVID-19 en la zona, los flujos migratorios, las necesidades y las vulnerabilidades de los migrantes cambiaron drásticamente durante los primeros días de marzo cuando se cerraron las fronteras como medida preventiva contra la propagación del virus provocando que las deportaciones pararan. Los grupos reducidos de migrantes en tránsito comenzaron a tomar nuevos puntos ciegos para pasar a Guatemala y México, quedando varados en las fronteras y sin oportunidad de llegar a los refugios para obtener albergue debido a los riesgos de contagio.  

A finales de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos volvieron a abrir los procesos de deportación a Guatemala y Honduras, el retorno promedio aumentó un alto número de los migrantes que regresaron por vía aérea y terrestre, un promedio de 10,408 migrantes fueron retornados a sus países, los cuales no estaban preparados adecuadamente con protocolos epidemiológicos, de bioseguridad y menos con la información sospechas de infección de posibles casos de COVID-19. Desde entonces se sabe que hay más de 10,000 personas expulsadas, muchas de ellas, es importante valorar, se encontraban en proceso de petición de asilo, por lo que sus derechos migratorios fueron violentados al haber sido llevados sin permisos judiciales a centros de detención, en un claro abuso de autoridad aprovechando el contexto de la enfermedad.

Un niño migrante salvadoreño que viaja con sus padres, aguarda en una caseta del INM, frente a la estación migratoria de Tenosique, luego de sobrevivir a un motín e incendio provocado por migrantes por el temor a contagiarse de Covid-19. Foto: @RubenFigueroaDH

En este contexto del fenómeno migratorio en tiempo de pandemia, El Salvador comenzaría a brillar con luz propia al ser el primer país en Latinoamérica en implementar medidas de prevención contra el virus al decretar emergencia nacional, activando protocolos como el cierre de sus fronteras, el distanciamiento social y la cuarentena. Con respecto a las posibles deportaciones, el mensaje oficial era claro, El Salvador no dejaría entrar fácilmente a ciudadanos salvadoreños que proviniesen de países con sospecha de estar infectados, argumentando en su momento que los viajeros podrían infectar a la población y saturar al deteriorado sistema de salud

En días posteriores, reportes de denuncias ciudadanas y grupos en redes sociales reflejaron un drama no esperado, un aproximado de 4000 salvadoreños/as quedaron varados en muchas partes del mundo, exigiendo a su gobierno el derecho constitucional a regresar a su territorio, una paradoja muy sarcástica para un país acostumbrado a expulsar a sus ciudadanos. A diferencia de México, Guatemala y otros países vecinos que ejecutaron planes de retorno de connacionales, El Salvador se mantuvo con el discurso ambiguo de mostrar apoyo y compresión, a su vez que les reprochó el hecho de haber salido de viaje, creando un sentimiento de repudio y tachándoles de culpabilidad ante cualquier posible infección masiva a futuro. El 17 de marzo, en un hecho no establecido aún, el presidente Nayib Bukele acusó al gobierno mexicano de permitir la partida de un grupo de salvadoreños supuestamente infectados con Coronavirus desde el Aeropuerto Benito Juárez hacia el Aeropuerto Monseñor Romero de El Salvador, decretando desde entonces el cierre de operaciones de vuelos internacionales.

Entre abril y mayo, El Salvador anunció vuelos procedentes de Estados Unidos, en este caso la sorpresa se dio cuando se tildó de “retornados” a los migrantes que están siendo deportados en dicho periodo, desviando el foco de atención de los vuelos de deportación definiéndolos como vuelos humanitarios ante la mirada pública. En este proceso, el retorno de los varados ha ido movilizándose lentamente, muchos/as siguen a casi tres meses sin encontrar una respuesta de la fecha de regreso.

En países como Guatemala y Honduras, los vuelos de deportados de los Estados Unidos han ido incrementado y con ellos los protocolos de salud, sin embargo, los primeros vuelos de regreso incluyeron a migrantes retornados sin pruebas de COVID19, como lo confirma la muerte de dos centroamericanos que esperaban la deportación en centros de detención, un salvadoreño de 57 años fallecido el 6 de mayo en California y un guatemalteco de 34 años el 24 de mayo en Georgia. Expertos aseguran que el verdadero problema de la pandemia será el “retorno voluntario” de migrantes cansados de esperar en refugios o los derrotados ante la burocracia migratoria, que decidirán moverse a sus lugares de origen. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Guatemala ha denunciado en el municipio de Nentón del departamento de Huehuetenango y en la frontera de Gracias a Dios entre Guatemala y México, una cantidad indeterminada de migrantes que estarían pagando para pasar por puntos ciegos para evitar las cuarentenas y protocolos de salud que muchos consideran carcelarias. En Honduras está ocurriendo actos de represión ante el paso de inmigrantes procedentes de Angola, Cuba, Costa de Marfil, Haití, Ghana y Guinea quienes cruzaron sin ninguna resistencia desde la frontera Nicaragüense. La necesidad de albergue y la cuarentena les dejó varados desde marzo pasado en la ciudad de Choluteca, esto les llevo a movilizarse y a ser el primer grupo humano visible durante la pandemia que busca llegar a México para pedir protección y asilo, dejando en evidencia el drama humano de la inmigración, proceso que ante los cambios globales está lejos de disminuir.  

Por ahora se han establecido centros de aislamiento para migrantes. Guatemala, por ejemplo, realiza las pruebas de COVID-19 a todos los migrantes que regresan por tierra, sin embargo, las necesidades humanitarias evidentemente están aumentando. Honduras ha reportado 22 mil deportados procedentes entre Estados Unidos y México que entraron al protocolo de cuarentena  Mientras El Salvador, si bien tuvo un trato adecuado en el protocolo de recepción durante los primeros días, la creciente cantidad de deportados provocó que se habilitaran lugares nada adecuados para ser calificados como sitios de cuarentena, en algunos casos se habilitaron centros educativos donde fueron abandonados a la intemperie. Podríamos definir que estos movimientos masivos de población repatriada representan un riesgo para los gobiernos locales por el pésimo manejo de recursos que tiende a hacerse en la región, porque su presencia aumenta las necesidades y vulnerabilidades específicas que en su mayoría no logran ser atendidas. A medida que los migrantes se logren recuperar, nuevamente se verán obligados a enfrentar a los factores que los obligaron a tomar la ruta migratoria: la violencia representada por las pandillas, la falta de medios de supervivencia, el costo de la vida y la pobreza siguen siendo las brechas humanitarias que siguen estando tangibles. La consecuencia del retorno siempre ha sido un factor psicológico importante, pero ahora debemos agregar los temores de contagio de COVID-19 y la confrontación con los procesos de aislamiento.

En América Central, como en gran parte del mundo, las cosas probablemente empeorarán antes de mejorar. La región está históricamente vinculada a los Estados Unidos a través de un elaborado circuito de migración, viajes e intercambio. En el contexto de esta pandemia mundial, nos queda pendiente la interrogante sobre qué ocurrirá luego que los gobiernos logren bajar la curva. Las barreras estructurales que inhiben la mitigación de crisis humana a posterior, serán los mejores indicadores para predecir un futuro marcado a repetir los mismos círculos viciosos de expulsión del pasado marcadas por tragedias naturales e inestabilidad política traducidas en más pobreza y miseria.

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Para vender la fruta y las semillas, ella debe saber muy bien en qué calle moverse. Ser vendedora informal no es fácil en un país donde hay líneas invisibles que dividen los territorios controlados por pandillas. Pasar desapercibida e intentar escabullirse es parte de su día a día antes de realizar la venta de su producto ambulante en un par de organizaciones o lugares donde se sienta segura.

En los últimos años, Ana María se mudó cinco veces, una persecución que inició en 2016. Por ser defensora de derechos de las mujeres se metió en problemas con las pandillas. A sus 46 años, es madre de dos hijos adolescentes y por seguridad no quiere que se publique su nombre real.

La emergencia de la COVID-19 complicó más su caso hasta llevarla a un aislamiento total y a un feroz recuento de días de desesperanza y pobreza en que solo espera que todo pase para salir a trabajar cuanto antes. “No vamos a tener dinero y habrá más personas enfermas”, asegura.

Si bien fue beneficiada con los 300 dólares que repartió el gobierno de Nayib Bukele a 1.5 millones de hogares —considerados los más vulnerables— el fondo lo ha usado para ayudarle a un par de vecinos, ancianos y también vendedores informales, que no tienen comida para pasar el encierro. “Yo estoy fregada”, repite, pero “de hambre no se van a morir”. Ellos no lograron el beneficio y la situación les ha llevado a sobrevivir de ayudas. La entrega del bono sigue recibiendo críticas por economistas que consideran que el ejecutivo lo hizo de forma inadecuada, como lo documentó GatoEncerrado, lo que no permitió que llegara a las personas que realmente lo necesitan.

Antes de la cuarentena domiciliaria, impuesta por el gobierno desde el 21 de marzo, su día arrancaba a las 4:00 a.m. en el mercado La Tiendona, en la capital, una central de abastecimiento de puestos apilados al aire libre, caóticamente organizados, donde se mueve el comercio mayorista del país. Allí adquiría el producto que luego revendía y por el que lograba ganancias de entre siete y diez dólares diarios si le iba bien.

Separada de su pareja, por violencia intrafamiliar, se dedicó a defender a otras mujeres que sufrían como ella. Su historia, víctima de la persecución por pandillas, comenzó cuando asistió a una joven, golpeada por un pandillero. En ese momento, se convirtió en blanco de las mismas. En el país más diminuto de la región, con 6.4 millones de habitantes, la Mara Salvatrucha y la Barrio 18 son las dos que más controlan los territorios, incluso en tiempos de COVID-19. Ambos grupos son los que imponen su poder y su fuerza en los lugares donde habitan los más vulnerables a la pandemia. El que incumple la cuarentena le va mal, así de simple. En los barrios han llegado al punto de declarar “toque de queda”, según una publicación de El Faro. Ella no solo se enfrenta a un panorama de supervivencia diaria por las pandillas o por vender en las calles, sino que ahora todo luce más complejo con el impacto de la pandemia. Hasta la segunda semana de mayo, en El Salvador se reportaron un poco más de 1,000 casos de coronavirus. El primero positivo se registró desde el 18 de marzo.

Ana María es parte de los 140 millones de personas que en América Latina y El Caribe sobreviven en el sector informal, como lo reflejan datos de 2014 de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), sin un salario fijo ni protección social. Una realidad que se repite en países como México, Nicaragua y otros como Honduras y Guatemala. En las dos últimas naciones, el empleo informal ronda el 80 por ciento. En el caso de El Salvador, hasta 2018, el 70 por ciento de los hogares tenían al menos un integrante en el subempleo.

La crisis solo vino a desnudar la vulnerabilidad de un sector que subsiste al día y que ha comenzado a manifestarse en El Salvador colgando pancartas en la entrada de sus comunidades o listones blancos afuera de sus casas recalcando que ahí pasan hambruna. En Centroamérica, 45 de cada 100 centroamericanos ya vivían en condiciones de pobreza antes de la pandemia, de acuerdo con Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Son cerca de 22 millones en total, según cálculos, de los que 18.4 sobreviven en Guatemala, El Salvador y Honduras. “El COVID solo exacerba problemas estructurales que venimos acarreando”, dijo Menkos.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en un informe publicado el 3 de abril sobre los efectos económicos y sociales por la pandemia, precisó sobre el impacto que recibirán las poblaciones que dependen de la economía informal. Es un hecho que medidas de encierro y de parálisis económica “puede llevar a muchos trabajadores a situaciones de pobreza”.

A Ana María ya se le agotó lo que ahorró con mayor esfuerzo previo a la cuarentena domiciliaria. El día que supo que El Salvador declaraba emergencia nacional por el coronavirus, incrementó su jornada de trabajo e intentó vender por lo menos tres dólares más al día. Ahora, los alimentos que consume son donados.

Mientras en El Salvador sus ciudadanos sobreviven al virus y al control territorial de las pandillas, en México el Ejército hace presencia para hacer cumplir las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Antes de que terminara abril, cuando se registró un repunte de los casos de COVID-19 en ese país, las autoridades declararon de manera oficial la Fase 3 en el manejo de la crisis. Entre algunas de las medidas emitidas estuvo obligar casi al 100 por ciento de los comerciantes ambulantes a dejar sus ventas.

El tianguis “El Salado” es un mercado con 40 años de existencia, ubicado al oriente de la Ciudad de México, donde a los comerciantes los obligaron a parar sus ventas con presencia militar. Los seis kilómetros de extensión, que se convierten en veredas muy bien alineadas de mercadería que se ofrece en las calles, fueron visitados por militares que custodiaron a las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa al momento de dar el aviso del fin de labores a todos los vendedores.

Visto desde el aire, El Salado se ve como un zigzagueante río. Cualquier cosa imaginable aquí se encuentra: desde una acuamoto, el vaso de una licuadora antigua, un tornillo de una vieja máquina de coser, un traje de buzo, montañas de zapatos viejos, guitarras, revistas, llantas, muñecas, ropa, herramienta, cascos, libros o bicicletas. La zona oriente del tianguis, sin embargo, es un foco rojo de contagios de coronavirus. Ahora, siete mercados han suspendido las ventas y con esta medida hay más de 57 mil personas que son afectadas.

Los únicos puestos que pudieron permanecer en El Salado son los de alimentos, con la condición de que los compradores no consumieran la comida en el lugar. Para cuando las autoridades divulgaron las medidas de salud para evitar el contagio del COVID-19, los vendedores se resistían a quedarse en casa no por rebeldía, sino porque viven de lo que ganan al día. 

Emilia Sánchez Peña, madre soltera de 60 años y originaria de San Vicente, es una de las personas que no puede dejar de vender. No cuenta con ayuda del gobierno mexicano, por lo que dejar su empleo sería condenarse a no tener ninguna entrada de recursos a su hogar. “En vez de venir a quitarnos del tianguis, que es nuestra vía para vivir todos los días, ¿por qué nos encierran si no nos dan una ayuda?”, asegura desde el puesto ambulante donde ha vendido durante 22 años. 

Cada miércoles, El Salado se llena. Ahí convergen unos 7 mil comerciantes que ofrecen mercadería nueva y productos usados. Emilia asegura que no dejará de trabajar a menos de que le garanticen una ayuda para ella y para la gente con hijos pequeños. Eso pelea. “Si no se mueren de la enfermedad, se van a morir de hambre”, reitera preocupada. 

La misma OIT ha reconocido que los trabajadores informales no tienen todos los medios de subsistencia, “por ello enfrentan un dilema que prácticamente no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus”. Así lo repite también Emilia.

El aumento de las medidas de restricción por la crisis sanitaria en México está afectando a más de 30 millones de personas, 60 por ciento de la población activa según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para Héctor de la Cueva, coordinador de Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), los trabajadores informales han pasado de un estado de crisis permanente a una situación “desesperante”.

La mayor parte de personas que dependen de la economía informal, señala de la Cueva, “viven al día haciendo cualquier chambita”. La respuesta a la crisis de López Obrador es considerada también insuficiente por este experto. El ejecutivo pondrá en marcha un programa de un millón de microcréditos por 25 mil pesos para pequeños comerciantes que estén inscritos en el programa Tandas para el Bienestar. Sin embargo, “hay una política bastante inconsistente de ayuda. Incluso para los trabajadores formales no hay medidas para apoyar a quienes pierden su empleo injustamente, sino que lo central es que se mantienen programas sociales que ya venían”.

Como ocurre con Emilia Sánchez, María Guadalupe Vargas también tiene años laborando en El Salado. Originaria de Querétaro, ella creció en Ciudad de México. Cuando la situación comenzó a complicarse en su casa, ella buscó maneras para ayudarle a su familia. Se metió de comerciante y lleva cerca de 33 años como vendedora en el tianguis. Sin embargo, hoy, la crisis por el COVID-19 la ha llevado a sentirse atada de manos. “Nos están pasando a liquidar de plano, de plano, en lo económico y en lo anímico”.

Entre las pláticas con otros comerciantes es cada vez más frecuente la expresión del “hoy no salió nada, hoy me fui a cero”.  Las bajas en las ventas han comenzado a generar molestias. María Guadalupe está de acuerdo con portar mascarilla, con el uso de lentes y lavarse las manos, pero cree que controlar el virus depende de las ganas de salir adelante.

(*) Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), GatoEncerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).

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Por Carlos Altazor *

Como parte de los debates culturales en el contexto de la crisis causada por la pandemia del COVID-19, los festivales de poesía de Centroamérica se han unido para buscar alternativas de gestión, expresión y permanencia de estos importantes espacios estéticos y sociales en sus países.

Una primera etapa de esta unidad fue crear un espacio de participación e intercambio y expresión que han denominado “Pedimos el abrazo” y que consiste en una serie de lecturas, conversatorios y foros que se realizarán en junio de 2020 para generar reflexión y visualización de sus aportes en la región en materia de fortalecimiento de la paz, el acceso a la cultura, apoyo a educación artística de la niñez y la juventud, memoria histórica, posicionamiento de discursos culturales como atractivo turístico y la formación de una sensibilidad que permita prevención de todo tipo de violencias.

El Festival Internacional de Poesía de San Cristóbal de Las Casas de Chiapas, el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango de Guatemala, el Festival Internacional de Poesía Amada Libertad de El Salvador, el Festival Internacional de Poesía Los Confines de Honduras, el Festival Internacional de Poesía de Granada de Nicaragua, el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica y el Festival Internacional de Poesía Ars Amandi de Panamá, son los protagonistas de este proceso regional de gestión cultural en el que se compartirán aprendizajes, ideas, estrategias y temáticas de trabajo en común, además de la búsqueda de alianzas con el sector público, privado y de cooperación que crean en la cultura como parte del desarrollo humano.

Las actividades de este importante espacio se realizarán de manera virtual, son de acceso para todo el público y reunirán a centenares de poetas, artistas, docentes, organizaciones e instituciones cuyo interés es conocer o visualizar la región desde la riqueza de sus expresiones literarias y artísticas. Durante cuatro martes de junio de 2020, tendrán lugar las actividades en las redes sociales de los festivales.

*Publicada originalmente en https://grafomaniacos.com/

**Se puede acceder a las redes de los festivales dando click en los enlaces de la nota.

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Por Franchesca Mata / Foto: Reuters

Hace unos días militares irrumpieron en el congreso salvadoreño, en obediencia al presidente. Además, él hizo un llamado a la insurrección del pueblo, lo que consecuentemente rompería el orden constitucional si los diputados no asistían a una sesión plenaria con el fin de “apretar el botón” que diera lugar a un préstamo para seguridad, que entre otras cosas incluía la compra de un buque. Diversos juristas, con los que concuerdo, explicaron con detalles la inaplicabilidad del artículo Constitucional usado por el presidente para validar tal acción.

Un par de días después de semejante desorden de gobernabilidad, se nombró al comisionado que integraría el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP). De nuevo, juristas a nivel nacional, explicaron los motivos de porqué el proceso de nombramiento de Juan Carlos Turcios había sido irregular, mientras que desde la sociedad civil se cuestionó fuertemente su legitimidad por encontrarse vinculado al partido de gobierno y por ende no ser una persona “independiente” de vínculos político partidarios.

Soy abogada pero en esta ocasión no quiero ahondar en las cuestiones jurídicas sobre la ilegalidad, ya fundada, de ambos hechos. Quiero hacer uso de lo que aprendí, siendo parte de la Red de Educadorxs Populares en Argentina: “pedagogía de la Esperanza”, tres palabras que cambiaron mi perspectiva de vida que hoy me llevan militar y reflexionar desde otro lugar. Así pues, este artículo es sobre cómo, aún en medio de una crisis institucional, gubernamental, social, económica y hasta cultural, en El Salvador hay esperanza. Quiero hablar de lo que las mujeres en #LaPrimeraLinea hicieron y hacen en un país donde vivir es un reto, en un país donde a sus habitantes expulsados, a los que queremos volver y todavía hayamos la fuerza para hacerlo, a los que no pueden, los no quieren volver, a los que adoptaron al país como propio, un país donde por sentirlo propio deberían de darnos la menos un premio a la resistencia, un premio por ser salvadoreñx.

Pese a que Roque señalaba que el premio era por ser salvadoreño, en esta ocasión el premio a la resistencia lo llevan las mujeres salvadoreñas y migrantes en El Salvador, que en la primera línea hicieron frente, como siempre, a los ataques del gobierno de turno.

Un día después de la dolorosa imagen de milicos en el congreso, las feministas y aliades lideraron una concentración en contra del militarismo. Fueran ellas las que alzaron la voz, las que en un país donde el presidente amenaza la democracia (y lo que esto implica) trayendo imágenes del más oscuro pasado salvadoreño, decidieron decir públicamente que al pasado no volvemos, que hay memoria, que hay resistencia, que ya dijimos nunca más.-

En un escenario completamente distinto, en las oficinas del IAP, dos mujeres hicieron frente a un funcionario que carecía de legitimidad. Con preguntas claras, necesarias y sobre todo sin uso de la policía o las fuerzas armadas la Comisionada Presidenta dejó en evidencia, a nivel nacional, que el nuevo Comisionado Turcios, lejos de ser independiente, respondía a un “jefe” al que no dudo en llamar y consultarle por detalles de su nombramiento cuando ya estaba en su nuevo lugar de trabajo.

Esto fue la punta de lanza para que grupos de periodistas y población civil organizada denunciaran masivamente que el nuevo comisionado carecía de idoneidad para el nombramiento. Finalmente, el recién Comisionado renunció a los dos días de su elección, 12 de febrero. En su cuenta de twitter @TurciosJK expresó que debido a los “ataques, difamaciones y bloqueos” de diferentes sectores tomó esa decisión.

A las mujeres de la primera línea en El Salvador, gracias. Son la esperanza. En un país donde según el presidente las opciones de gobernabilidad son “el maletín negro” o las fuerzas militares. Ustedes con su entereza, con su poner el cuerpo, con su valentía y con el deseo de cambiarlo todo nos enseñan en la práctica que otro mundo es posible.

*original en La Brújula

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Por Laura Salomé Canteros / Foto: Anita Pouchard Serra (28 de septiembre de 2017 en San Salvador)

En El Salvador hay feministas que luchan, resisten al patriarcado y la derecha y sostienen estrategias para avanzar unidas hacia un continente y una región centroamericana donde todas seamos libres. Por eso, entre el el 22 y 25 de noviembre de 2020, se realizará en ese país el 15 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC); un espacio de reflexión teórica, posicionamiento político y una plataforma de debate para los feminismos en la región.

El EFLAC es fuente de inspiración y compromiso para miles de activistas en América Latina y el Caribe, para llenarse de ideas, emociones, aprendizajes, interrogantes, pistas y energía para continuar la ardua tarea de defender los derechos de las mujeres en cada uno de los barrios, ciudades y países desde donde provienen. Así afirman desde la comisión organizadora: “realizar el 15º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en El Salvador supone un gran reto y una hermosa oportunidad para enriquecer al movimiento feminista salvadoreño y centroamericano”.

El Salvador fue sede del sexto EFLAC en 1993, en un contexto muy diferente. En aquel momento el país estaba saliendo de una guerra y el movimiento feminista empezaba a florecer; sin embargo, asumió el reto de organizarlo de forma comprometida a pesar del contexto violento y fundamentalista de la región.

Desde la comisión organizadora del 15 EFLAC consideraron que “es una oportunidad para hacer visible lo que estamos viviendo en la región centroamericana, para situar problemáticas centrales como: el desplazamiento forzado, la violencia contra defensoras de derechos humanos, violencia social, sexual y feminicidios; los embarazos impuestos, la penalización absoluta del aborto que sirven para comprender la realidad de todas las feministas de Latinoamérica”. Y agregaron, “también para visibilizar toda la violencia que enfrentamos por parte de los grupos antiderechos; tenemos mucho que aportar para que juntas pensemos cómo avanzar desde la perspectiva de la sororidad y solidaridad feminista, eso es lo que queremos transmitir en este Encuentro”.

Las preinscripciones ya estarán abiertas en el sitio web del 15 EFLAC:

http://www.15eflac.org/

En cuanto a los temas, integrantes de la comisión de contenidos realizan una metodología de debates que retomará el proceso construido en el anterior Encuentro, en Uruguay: “estamos retomando diferentes temáticas que atraviesan nuestro cuerpo, nuestra historia, pero sobre todo queremos situar la realidad centroamericana, hacer debates sobre el racismo, el derecho a la ciudad y a una vida libre de violencias. Además, procuramos que todos los temas que se debatan tengan una perspectiva desde lo salvadoreño, pero que después se pueda ampliar para que las compañeras en toda la región brinden sus insumos y hacer la construcción colectiva, que ha sido clave en los Encuentros”.

Un pañuelo verde recorre América Latina, el Caribe y el mundo. Es un símbolo de esperanza de cambio y de libertad para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. El emblema de un reclamo que exige la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pero que es en verdad es una contraseña que traspasa fronteras. El pañuelo verde surgió en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano (EFLAC), realizado en 1990 en Argentina. Y no casualmente, en 2020 el EFLAC vuelve a Centroamérica y se realizará en El Salvador, donde llegarán aproximadamente 2 mil activistas feministas de toda la región.

También podes leer: De cómo surgió un día de lucha continental por la conquista del aborto en las playas argentinas

El Salvador mantiene desde 1998 -hace 21 años-, una prohibición total a cualquier tipo de aborto, incluyendo las causales salud donde niñas y mujeres corren peligro o porque han sido víctimas de violencia sexual. La pena máxima es de 40 años de prisión debido a que los jueces las juzgan por homicidio agravado otorgando a los embriones el estatus de personas. Según las agrupaciones feministas hay en la actualidad alrededor de 20 mujeres que están presas en ese país, condenadas a largos castigos tras haber padecido complicaciones obstétricas durante sus embarazos. La mayoría de quienes fueron perseguidas se encuentran en la pobreza extrema, cuentan con bajos niveles de educación y carecen de defensores legales capaces de defenderlas.

La justicia en El Salvador es machista y clasista. No lo dicen las activistas feministas sino las más de 20 sentencias que en 20 años cayeron con todo el peso de las instituciones castigando a las mujeres pobres. Por eso, es urgente que en la región, y en particular en El Salvador, se contribuya desde todos los sectores a exigir la garantía del acceso universal a la salud integral en el cumplimiento de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, parte fundamental de los Derechos Humanos. Una exigencia que asumieron con voz propia las mismas liberadas. Para avanzar, unidas, en garantizar igualdad, derechos y consolidar libertades.

¡Nos vemos en El Salvador!

Leé más sobre El Salvador en: https://www.marcha.org.ar/tag/el-salvador/

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