Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

El problema habitacional en la Argentina es basto y extendido. Millones de personas a lo largo y ancho del territorio nacional se ven afectadas por la inexistencia de posibilidades concretas de alcanzar la vivienda propia, conviven con condiciones desiguales y depredadoras para sostener alquileres o incluso viven en condiciones de suma marginalidad.

Sobre este escenario y frente al vencimiento del DNU que prohibía los desalojos, hablamos con Luna Miguens del CELS, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo, que se emite todos los jueves a las 19 hs en Trilce Radio

¿Cuál era su alcance real del DNU? Precisamente de las personas que necesitaban de esto en términos legales, sabemos que hay sectores que se encuentran en una situación habitacional muy vulnerable viviendo en villas o asentamientos, casas ocupadas. ¿Cuál era el escenario en el que se encontraban estas personas?

Efectivamente, el DNU si bien es algo que alcanza a toda relación de alquiler, tenga o no un papel firmado; es decir con tan solo demostrar que una tenía una relación de locador – locatario, en los hechos se terminó aplicando efectivamente en aquellos que sí tenían un contacto por escrito. Hemos visto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desalojos en La Boca, Boedo. Los desalojos “formales” que continuaron con intervención de la policía y desalojos “informales” de quienes no han podido pagar su alquiler, en una relación más informal con su locador y han sido desalojados/as de su casa sin poder recurrir a una instancia de reclamo porque consideraban que al no ser formal la relación, no estaba amparados/as por el decreto, cosa que no era así y hubiese estado bueno difundir más el alcance del DNU que también protegía a las relaciones de locador – locatario que no tenían un contrato firmado por escrito.

En ese contexto, con algunos problemas que ya teníamos en el marco regulatorio del DNU, actualmente ¿Cuál es el riesgo a lo que estas personas se exponen a partir de la posibilidad de que vuelvan los desalojos amparados por el marco legal?

El DNU 320/2020 era un decreto muy importante en términos de protección. Por un lado, la suspensión del desalojo que garantiza que nadie se quede sin una vivienda en este contexto de pandemia, cosa que es esencial; y por otro lado la renovación automática de los contratos, que nadie tenga que salir a buscar una vivienda y afrontar el costo de una mudanza y demás en este contexto de pandemia. Después, el decreto no es que congelaba los alquileres, sino que difería el pago de los aumentos después de vencido el decreto. Es decir, el pago del alquiler a valor Marzo 2020 había que seguir pagándolo igual. Los aumentos que correspondían de Marzo en adelante, se podían pagar una vez vencido el decreto, dentro de un plazo de 12 meses. Esto es lo que empezó a correr ahora a partir de principios de Abril.

Es decir, generaba una deuda

Así es, generaba una deuda. Y los niveles de endeudamiento de los inquilinos son altísimos. Por eso nosotros y nosotras creemos que no están dadas las condiciones en este momento para sacar de un día para el otro todas las protecciones, para evitar que millones de personas, millones de hogares de inquilinos tengan que enfrentarse repentinamente a el pago de un alquiler actualizado más las deudas contraídas, en algunos casos con intereses porque las personas que no pudieron pagar el valor de Marzo 2020 (no los aumentos, sino el costo inicial), eso se puede devolver en 12 meses con intereses y también está el costo de una mudanza. Todos/as sabemos que son altísimos. Nuevos alquileres y el hecho de mudarse hoy, es caro. La realidad de millones de hogares de inquilinos que tienen que hacer frente a ese acumulado de gastos lleva a que algunas familias tengan que vivir con otros familiares, lo cual genera más hacinamiento. O irse a alquilar alguna habitación o pensión, o casa de asentamiento con malas condiciones habitacionales, y esto hay que pensarlo también desde lo sanitario, tampoco contribuye en términos del combate a los contagios y a la situación de pandemia y de medidas preventivas básicas.

Existe la nueva ley de alquileres, impulsada por la Agrupación Inquilinos/as Agrupados/as junto a otras organizaciones y organismos. ¿Tiene alguna contemplación o resolución para este tipo de problemas que mencionas?

La ley mejora algunas relaciones entre locador y locatario a la hora de ingresar a un contrato, donde el inquilino/a no se ve forzado a negociar por ejemplo los aumentos de manera libre con el propietario en esa relación asimétrica. Siempre es muy difícil en esa negociación libre, sino que queda atado a un índice lo que le da más previsibilidad a ambas partes, extiende el contrato por 3 años, lo que es favorable también para el inquilino. Después sí, quizás a mediano plazo la ley de alquileres dispone que debe haber un programa de alquiler social, la construcción de viviendas sociales que no sean solo para futuros propietarios y propietarias sino también destinadas a inquilinos e inquilinas y eso puede ayudar. Si el Estado logra ingresar como un actor en el mercado de alquileres puede incidir de alguna manera en los precios. Es importante que el Estado se convierta en un actor activo en ese mercado que hoy está totalmente desregulado y librado a las relaciones entre propietarios/as e inquilinos/as que hace que sea un mercado muy difícil de orientar y manejar, de hecho lo vimos en cómo fue la ley de alquileres. Bueno, es un objetivo de horizonte de mediano – largo plazo.

Actualmente, el Estado ¿Cuenta con herramientas de intervención en los alquileres, precios, regulaciones?

En los precios no. Si en los aumentos, lo cual en algún punto lo es, pero no el precio inicial.

Queremos detenernos en la informalidad. Es decir, alquileres en villas o asentamientos, las viviendas que están vacías y no hay disponibilidad para las familias que tienen una necesidad.  En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablamos de mucha gente que está en esa condición, ¿La ley de alquileres tiene algún alcance sobre este sector?

Si, debiera. El problema es que si el Estado no sale a sancionar la ley y no sale convertir los marcos normativos, ni defenderlos, ni difundir los alcances de esas protecciones que genera, disponer mecanismos de denuncia… Por ejemplo, en Argentina tenemos 1.700.000 hogares de inquilinos, hablamos de 7.000.000 de personas y el Estado no tiene una ventanilla para atender los reclamos de esa población, reclamos asociados a su lugar de inquilinos. Eso es una cuenta pendiente, no es solamente una ley. Es una ley más una serie de medidas y políticas de respaldo a esa ley y esas protecciones.

Y con respecto a los recursos,  toda la relevación presupuestaria que eso conlleva para llevarlo adelante. Gracias al alquiler social, entre otras cosas, para poder contar con una regulación dentro del mercado inmobiliario.

Si, recursos que hacen que se pueda garantizar un bien básico como lo es la vivienda. Así como se garantiza la salud, la educación, la vivienda es uno de esos núcleos esenciales que sin eso no se puede reproducir la propia vida, ¿Qué decir? Salud, educación, vivienda, alimentos. Es un núcleo esencial de derechos sin los cuales uno no puede mantenerse en vida.

En la Ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos, por un lado, más de 300.000 personas que viven en villas o asentamientos y más de 10.000 en condición de indigencia, y por otro lado, 30% de las viviendas ociosas volcadas a la especulación inmobiliaria, sumado al dato que mencionaste, preocupante, a nivel nacional. Teniendo en cuenta que algunos países tienen fuertes regulaciones sobre estas viviendas ociosas y los valores de alquileres como Francia, Alemania. ¿Qué alternativas consideran viables para poder terminar con la situación de angustia de millones de personas que no acceden a la vivienda propia o deben hacer esfuerzos excesivos todos los meses para pagar el alquiler?

En CABA se da una situación paradójica. Tenemos la misma población que en los años 50, la construcción no para de crecer, basta con ir caminando por la ciudad para ver la cantidad de edificios que se están construyendo constantemente, y a la vez tenemos un déficit habitacional que crece todos los años. Hay algo que no está funcionando en términos de oferta y demanda. En términos de mercado e industria de la construcción. Hay un desacople de la situación habitacional y de lo que se está produciendo. Creemos que hace falta un Estado que no deje la situación habitacional y de vivienda en manos del mercado, del negocio inmobiliario. Hoy, donde se produce en la ciudad, qué tipo de vivienda se construye, dónde se construye, etc., está 100% orientado por el negocio inmobiliario.

Tenemos el caso emblemático de Costa Salguero por ejemplo que ahora está en discusión.

Exactamente. Ese es el eje rector de producción de la Ciudad de Buenos Aires, es la lógica en que se desarrolla nuestra ciudad. Hace falta un Estado que intervenga en ese proceso, que lo haga con incentivos y desincentivos para priorizar el derecho a la vivienda por sobre estos mecanismos o procesos de especulación, básicamente sobre el negocio inmobiliario.

Antes que se acabe el mundo se emite todos los jueves de 19 a 20 horas por Trilce Radio, con la conducción de Agustín Bontempo e Ignacio Marchini y la producción de Maru Waldhüter y Macarena Martínez.

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A tres años de la gestión Cambiemos un nuevo impulso para leyes punitivistas que estigmatizan a las infancias más vulnerables.

En diciembre pasado se cumplieron 3 años del gobierno de Cambiemos, cuyas políticas han tenido impactos negativos en diferentes esferas de la vida cotidiana de la sociedad.

El ajuste social, educativo, científico son moneda corriente de este gobierno, generando mayores niveles de pobreza y marginalidad. Estas medidas encontraron respuestas en las calles, con una fuerte movilización social, que hoy el gobierno pretende utilizar con su discurso punitivista, contra protesta y contra quien considere peligroso. En los hechos, este discurso se plasmó con muertes como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, y otras y otros menos conocidos, a cargo de fuerzas de seguridad, y cientos de detenidos y detenidas en las marchas, en una verdadera cacería a mansalva.

Cotidianamente, la alianza de gobierno y sus adictos medios de comunicación adoctrinan con la exacerbación de la política represiva, cristalizada en la doctrina Chocobar. Las imágenes son elocuentes al presentar a la ministra Bullrich rodeada de policías con causas abiertas, las compras de nuevo armamento para reprimir, como las Taser, y el aumento de los agentes policiales en las calles de todos nuestros barrios, que inversamente a lo que proponen muestra un aumento de los casos de delincuencia.

Al mismo tiempo se produce el incremento de los casos de gatillo fácil, que siempre dispara contra las y los mismos. En los tres años del gobierno de Cambiemos, tal como lo relevó CORREPI, 1000 personas fueron asesinadas por el gatillo fácil; la mayoría niñas, niños y jóvenes de clases populares, como el caso de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado en Tucumán por el agente policial Mauro Díaz Cáceres, que por supuesto no recibió por ello condena alguna.

En suma, el gobierno pone en marcha un discurso que señala como mayor problema nacional a la inseguridad y propone como única forma de combatirla la mano dura, otorgándoles libre albedrío a las fuerzas represivas del Estado. Una política que también busca plasmarse en el ámbito jurídico, con el argumento de mejorar el sistema jurídico para que responda al punitivismo de Cambiemos. El mismo gobierno que empuja a miles de niño, niñas y jóvenes a la pobreza, vulnerando sus derechos más básicos, es quien los y las condena, persigue y asesina por su situación de vulnerabilidad.

Estigmatizar las infancias

Específicamente, desde el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, han avanzado en dos aristas que profundizan esta línea de acción y nos ponen en estado de alerta a quienes trabajamos cotidianamente con las y los niños y sus familias. Mientras en la provincia se avecina el cambio en el Código Contravencional, a nivel nacional se reavivan los debates sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. Ambos proyectos cuentan con elementos en común, como son la culpabilización de la pobreza, la estigmatización de las infancias populares y la idea de que la delincuencia es parte de la naturaleza del individuo, pobre, y no una construcción social.

Nuevo Código Contravencional bonaerense

En la Provincia de Buenos Aires, en noviembre de 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal presentó en el Senado provincial una modificación al Código Contravencional, que entre otras cosas, busca “responsabilizar” a madres y/o padres por las “faltas” que cometan sus hijas e hijos hasta 16 años de edad. Así se expresa en el artículo 14 (página 18): “será el Juez, mediante auto fundado, determinará si la conducta del menor fue consecuencia de una falta o negligencia en sus deberes por parte de los padres o tutores, que en tal caso serán sancionados”. La propuesta se presenta como una respuesta “moderna y eficiente” a la problemática de “delincuencia” de las y los “menores” porque permitirá identificar “conductas pre-delictuales”.

Proyecto Código Contravencional Provincia de Buenos Aires 

Estos cambios que ha impulsado la gobernadora, a cargo del ejecutivo provincial, esconden una ideología que estigmatiza a las infancias pobres y a sus familias, mientras busca perpetuar el escenario de desigualdad y pobreza que hoy vive la provincia.

Es un retroceso considerar a niños, niñas y jóvenes simplemente como menores tutelados y no como sujetos que se construyen social y políticamente día a día. Incluso en las concepciones más liberales sobre la infancia se ha abandonado la idea de que las y los niños deben obedecer sin límites a adultos, que (supuestamente) les cuidan para darle lugar a la noción de sujeto de derechos, que la gobernadora parece desconocer por completo en su propuesta. Por otra parte, transforma a las y los madres y/o padres en culpables de la situación que les toca atravesar junto a los y las niñas, deslindando de cualquier responsabilidad al Estado, que desde los inicios de la gestión de Cambiemos (tanto a nivel nacional como provincial) ha desfinanciado diversos programas e instancias de contención para niños, niñas y adolescentes.

Esta supuesta respuesta moderna y eficiente carece de sustento empírico. La existencia de “conductas pre-delictuales”, en otras palabras, considerar que un niño, niña y adolescente tiene una capacidad innata a cometer delitos, se asemeja a pensar que nuestras capacidades derivan de nuestra naturaleza, como por ejemplo ser inteligente o ser curioso o curiosa, y no por un proceso de aprendizaje y construcción de la subjetividad que vincula nuestras condiciones estructurales con nuestro modo de socializarnos.

Baja a la edad de imputabilidad

En los últimos días, el gobierno nacional ha vuelto a poner sobre el tapete la reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca impulsar la baja en la edad de imputabilidad a 15 años. El mismo será enviado a su tratamiento en las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso Nacional.

Debe recordarse que en Argentina distintas leyes reglamentan el lugar que se le da a niñas, niños y adolescentes en distintos ámbitos, como el trabajo, la participación electoral, la edad para contraer matrimonio o formar una sociedad comercial. Por ejemplo, la Ley 26.390 que regula el trabajo lo hace desde los 16 años de edad, y solo es posible desde los 15 años en el marco familiar. Entonces nos preguntamos ¿por qué un deberían ser responsables frente a la justicia desde los 15 años pero no cuentan con iguales derechos que las y los adultos en los otros ámbitos?

Una contradicción que parece naturalizar la idea que “delincuente se nace” tal como propone el Código Contravencional de la provincia y por tanto es necesario bajar la edad en la que se las y los puede someter a la justicia de los mayores.

En los discursos se fundamenta esta necesidad mirando la experiencia de otros países, donde la edad de imputabilidad es mucho menor, sin tener en cuenta, o callar, el hecho que no ha obtenido resultados en cuanto a la reducción de delitos. Al mismo tiempo los organismos internacionales de derechos humanos elevan fuertes críticas al punitivismo de menores por violatorio de los mismos. Los análisis de estas experiencias muestran que además de no haber correlación entre punibilidad y disminución del delito porque son de distinta naturaleza que las que estos proyectos buscan disuadir.

Las estadísticas oficiales y de organizaciones como CORREPI y el CELS demuestran que los delitos cometidos por menores de edad son una mínima porción del total y se concentran, casi exclusivamente, en delitos contra la propiedad y no en aquellos que atentan contra la vida, que es hacia donde apunta la reforma propuesta por Cambiemos. La punibilidad del proyecto oficial es sobre actos delictivos que no comenten, y que son una consecuencia de las políticas de ajuste que produce pobreza y falta de oportunidades.

Propuestas desde el más acá

El discurso punitivista, en particular sobre el segmento de las niñeces y juventudes, solo genera desinformación y confusión, y está lejos de producir una respuesta eficaz a la problemática de la (in)seguridad y la (in)justicia.

Quienes trabajamos directamente con las infancias más vulnerables, así como otros profesionales involucrados en la temática,  nos openemos a esta política. Creemos que un verdadero tratamiento del problema debe centrar su intervención en mejorar las posibilidades de las familias e infancias más vulnerables con políticas redistributivas, ampliación de derechos económicos, sociales y culturales y generación de empleo digno. Como decía Carlos Cajade, “detrás de cada pibe de la calle hay un padre o madre desocupada”. Nosotras y nostros gritamos en las calles, junto a las y los pibes: No Somos Peligrosos, Estamos En Peligro. Las y los pibes en la escuela y no en la cárcel.

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Bajo la consigna “Migrar no es delito, migrar es un Derecho Humano”, el martes se lanzó la campaña nacional Migrar No Es Delito, impulsada por diferentes organizaciones y con el fin de impulsar la derogación del Decreto N.º 70/2017 así como también impulsar la promoción de igualdad de derechos para las y los ciudadanos que habiten territorio argentino. Además, hablamos con Pablo Cossio, del Bloque de Trabajadores Migrantes (BTM), bloque chileno.

Hace algunos días, durante su gira europea en búsqueda de inversiones, el presidente Mauricio Macri esbozó una frase poco feliz y que desnuda su plena subordinación al gran capital: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamerica somos todos descendientes de europeos”. El trasfondo de esta frase contiene la ya conocida marginación y exclusión del gobierno hacia los pueblos originarios, la riqueza mestiza de Africa e incluso la gran participación de las mujeres y colectivos disidentes a lo largo de la historia de la Patria Grande. Más aún, la frase justifica el orgullo blanco de Macri.

Esta situación no se da en un contexto que nos sea indiferente. Porque mientras el presidente y el gobierno que él preside se arrodilla ante las potencias europeas, en Argentina se avanza contra los derechos de las personas migrantes. Tan es así que el 30 de enero de 2017 se sancionó el Decreto N.º 70/2017 que modifica sustancialmente la Ley de Migraciones N.º 25.871, flexibilizando derechos ciudadanos esenciales, como ya lo exponíamos en otra oportunidad.

La campaña Migrar No es Delito viene a instalarse en este lugar. Según dice su comunicado, “Nosotros, nosotras, los migrantes y refugiados, extranjeros mal llamados ‘invasores silenciosos’, no estamos en Argentina para competir, quitar o usurpar, venimos a trabajar, estudiar y vivir dignamente. Cruzamos fronteras internacionales forzados por graves violaciones a los Derechos Humanos en nuestros países”. Esta frase es esencial para pensar en un cambio de paradigma en relación a las y los migrantes y su rol social.

En lineas generales, el DNU presidencial apunta a estigmatizar a las y los extranjeros cargándolos con el estigma del narcotráfico, una práctica común hacia los sectores populares, como ya hemos advertido en otra oportunidad. Medidas judiciales express, deportaciones arbitrarias, limitaciones en garantías ciudadanas, son algunas de las consecuencias de esta norma.

“Por ello, las organizaciones migrantes de la Argentina lanzamos la campaña ‘Migrar no es delito’ para denunciar y desmentir las falsedades que desde el gobierno han lanzado contra las y los migrantes”, sintetiza el comunicado.

“¿Qué pasaría en la Argentina si todos los migrantes paran, si 2 millones de personas paran?”

En el marco de la jornada, Marcha entrevistó a Pablo Cossio, integrante del Bloque de Trabajadores Migrantes.

-¿De qué se trata la jornada de hoy?

-La actividad es el lanzamiento de la campaña migrar no es delito, que es una campaña que estamos articulando con varias organizaciones migrantes. Entre ellas el FOL, AMUNRA, CAREF, el Bloque de Trabajadores Migrantes y varias organizaciones. Es una campaña que empezamos a armar hace muy poco.

La campaña nace con la necesidad de salir a denunciar conjuntamente con las organizaciones migrantes el DNU que se firmó en 2017, el 30 de enero. Nos juntamos hoy porque se cumple un año del decreto.

La necesidad de la campaña es porque a un año de su firma, nosotros balanceamos que vino a perjudicar mucho la vida de las y los migrantes en la Argentina. Con este decreto han dicho que salia con la necesidad y urgencia de combatir la delincuencia y el narcotráfico en la Argentina, relacionándola directamente a la migración. Eso fue una alerta para todas las organizaciones, porque viene básicamente a criminalizarnos, a dificultar los proceso de defensa frente a la justicia. Por ejemplo, el decreto facilita la deportación para cualquier migrante que sea acusado por un delito menor. Ahora que estamos en esta concentración, si viene una represión y nos llevan presos, los migrantes podemos ser deportados con los tiempos judiciales muy reducidos, sin los tiempos que podría tener cualquier argentino. La ley anteriormente nos defendía como a cualquier persona, pero con este decreto los migrantes tenemos un montón de limitaciones judiciales, como tener que presentar la defensa en tres días, cosa que es absolutamente absurdo porque en tres días uno no puede presentar una defensa articuladamente. Entonces, la idea de la campaña es salir a informar las consecuencias del decreto, luchar por su anulación.

En el campo de la lucha contra este decreto y en términos más judiciales, se presentó hace casi seis meses un amparo en la justicia denunciando que es inconstitucional porque viola varios de los derechos que la Constitución le da a los migrantes. Esa medida fue impulsada principalmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina de Refugiados y Exiliados (CAREF) y la idea de esta campaña es que agrupe a estas entidades más institucionales y acompañarlas con la movilización social. Nosotros creemos que los migrantes son sujetos y sujetas políticas que necesitamos empoderarnos, necesitamos tener voz inclusive dentro de las organizaciones en Argentina porque siempre somos una parte de la sociedad bastante relegada y que se nos desconoce todo el aporte económico, político y cultural que podemos hacer. Creo que ese es otro de los ejes importantes de la campaña, salir a mostrar todos los aportes que hacemos los migrantes.

En ese sentido, la idea de esta campaña es llegar a organizar el paro migrante del 30 de marzo, que organizamos ya el año pasado. Salir con esta campaña con mucha más fuerza que la que tuvimos el año pasado y preguntarnos: ¿qué pasaría en la Argentina si todos los migrantes paran, si 2 millones de personas paran? Bueno, se vería afectada la economía del país. Es básicamente eso, visibilizar nuestro aporte y luchar contra este decreto que nos viene a criminalizar

– Pienso en un paralelismo con el Ni Una Menos, el Paro Internacional de Mujeres, como un sector determinado tiene tanta influencia en la economía, en la política y en la sociedad en general y como se vive la doble opresión hacia las mujeres y colectivos disidentes y que se reproduce aquí también ¿Se percibe esto?

-Ser migrante es un derecho humano. Por ejemplo, en el bloque de trabajadores migrantes hace un tiempo las compañeras formaron el espacio de Ni Una Migrante Menos, justamente para visibilizar esto. Es decir, somos trabajadores, trabajadoras, somos migrantes y además las compañeras son mujeres, tienen muchas más opresiones siendo mujeres y migrantes. La idea nuestra, y de hecho le copiamos la idea de Ni Una Migrante Menos lo del paro, es justamente esto: somos un sector de la sociedad bastante oprimido, bastante precarizado, ¿qué pasaría si nosotros paramos? En ese sentido, las organizaciones que conforman hoy en día la campaña y las organizaciones migrantes que queremos acercar la mayoría de la base de esas organizaciones son migrantes, son compañeras que se organizan en los barrios. De hecho nosotros cuando empezamos a articular con el FOL fue esa gran sorpresa, recorrer los barrios y ver que son compañeras organizadas. Y son compañeras que están tratando de organizarse para tener una mejor vida. En esa linea, nos encontramos a cada rato con esa doble opresión o triple, porque las compañeras son oprimidas por ser trabajadoras, mujeres y migrantes.

-¿Cómo se preparan para el paro del 30 de marzo y con qué proyección?

-Hoy es el lanzamiento de la campaña. Vamos a seguir con una agitación por redes sociales, medios, una cuestión de viralizar la campaña, organizar el paro migrante el 30 de marzo, con la idea de salir con mucha fuerza y tratar de hacerlo a nivel nacional, articulando con las organizaciones que tengan estructura a nivel nacional. Y perspectivas internacionales también. Cuando le pusimos el nombre “Migrar No Es Delito” nos dimos cuenta que hay organizaciones con el mismo nombre en otros lugares del mundo. El año pasado logramos articular este paro con organizaciones de Bolivia y Chile. La idea es salir con más fuerza porque la organización migrante es algo relativamente nuevo, siempre ha estado más abocado a lo institucional o de la sociedad civil, incluso en términos legales y creo que la propuesta novedosa de esta campaña es salir a visibilizar a las y los migrantes como sujetos políticos que tienen derechos y conquistas históricas que hay que mantenerlas, que estas políticas como el decreto no las haga retroceder. Ahí hacemos el llamado los trabajadores argentinos, a las trabajadoras y organizaciones a sumarse a esta campaña y encarar este proceso de ajuste que nos está afectando a todos.

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Miembros de la Policía local de Lanús reprimieron con balas, palos y gas pimienta a niños, niñas y mujeres que se encontraban cenando en el merendero que tiene el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Villa Caraza. Hubo tres detenidos que fueron liberados horas más tarde. El secretario de seguridad del municipio, Diego Kravetz, habría estado presente en el operativo.

Durante la noche de hoy, la Policía local del Municipio de Lanús reprimió a adultos, niños y niñas que se encontraban cenando en el merendero “Cartoneritos”, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Lanús. Durante el violento episodio, los efectivos rompieron las instalaciones del comedor, ubicado en Villa Caraza, además de tirar golpear a las personas que allí se encontraban con palos y tirar gas pimienta en la comida. El secretario de seguridad del municipio, Diego Kravetz, habría estado presente y a cargo del operativo.

Tras los hechos, la Policía detuvo a tres personas de las cuales durante horas no se conoció su paradero, por lo cual las y los vecinos se manifestaron en la puerta de la Comisaría 5ta de Villa Diamante para pedir información sobre la ubicación de los mismos. Tiempo después, los efectivos confirmaron que se encontraban en la Comisaría 9na de Villa Caraza.

“Estábamos con los chicos en casa comiendo, andaban haciendo operativo. Pararon un auto afuera de mi casa filmando todo”, relata una integrante del Movimiento, quien cuenta el momento en que solicitó a los efectivos que se corran de la puerta de su casa, lo cual desató el enojo de los policías, quienes entraron al comedor rompiendo las instalaciones, arrojando gas pimienta y lastimando a jóvenes y niños que se encontraban en el lugar.

En declaraciones a una radio local, Nicolás, integrante del MTE, afirmó que “la Policía local de Lanús, con la presencia del Secretario de Seguridad, Diego Kravetz reprimieron salvajemente nuestro comedor”. Contó que “cuando una compañera se acercó a pedir que dejen el operativo porque estaban los niños y las niñas, no sabemos porqué pero comenzaron a reprimir con gas pimienta, balas de goma y palos”.

Desde el MTE indicaron además que tanto la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, desde hace tiempo vienen hostigando a la organización. Ante esta situación de persecución constante y la detención de un integrante del merendero, alrededor de 200 vecinos del barrio Eva Perón se concentraron en la puerta de la Comisaría ya mencionada, desde donde informaron que los detenidos estaban siendo llevados al cuerpo médico para luego otorgarles la libertad.

Quien está interviniendo es el Defensor Oficial de Menores, Ricardo Bagú, quien se entrevistará durante la jornada del viernes. Según informaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la detención fue por “resistencia a la autoridad”, lo que habitualmente suscribe la policía para justificar este tipo de atropellos.

“Hay chicos lastimados, tiraban tiros. No sabemos qué hacer, estoy nerviosa, tengo chicos lastimados, llevaron detenidos que nada que ver”, indicó la integrante del Movimiento al relatar lo que se desataba minutos después de que le solicitara a la policía local que se corra de la puerta de su casa.

Nicolás relató además que las personas que fueron heridas ya recibieron asistencia, niñas, niños y las mujeres que se encontraban en el comedor. “No logramos entender porqué mandan esa violencia contra pibes y señoras que estaban comiendo y cocinando en el barrio”, agregó el integrante del Movimiento.

Tanto el comedor como el barrio, Villa Caraza ya venía siendo hostigado por la policía local, en manos del Municipio de Lanus, a cargo de Nestor Grindetti (Cambiemos), “a los niños que están en las calles los revisan y los ponen contra la pared”, y agregaron, “esto es una persecución a los compañeros organizados del MTE, no encontramos otra explicación a lo que pasó”.

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Concluyo el juicio por la represión durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 con una sentencia histórica.

Hace casi quince años el pueblo entero salió a las calles para exigirle a De La Rúa que dejara el poder. Una brutal represión en Buenos Aires dejo el saldo de 5 muertos, 227 heridos y más de 300 detenidos. Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, culminó el juicio con algunas sentencias históricas y algunos sobreseimientos.

El juicio investigaba los asesinatos de Alberto Marquez, Gaston Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y las lesiones de Martin Gali y Paula Simonetti.

Las condenas

El tribunal dictó una sentencia histórica. Por primera vez en la historia, fueron enjuiciados y condenados por su desempeño funcionarios públicos en democracia. El tribunal condenó a 4 años y 9 meses de prisión por homicidio culposo para el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov. Los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, fueron condenados a 4 años, 3 años y seis meses y 3 años, respectivamente.

El subcomisario Carlos José López condenado a 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación. El sargento primero Roberto Emilio Juárez condenado a 4 años y 6 meses de prisión.

Los agentes Gonzalo Firpo Castro Víctor Belloni a 3 años de prisión en suspenso. El subcomisario Omar Bellante recibió también la pena de 3 años en suspenso, al ser hallado culpable del delito de encubrimiento de una de las muertes.

Sin embargo, los efectivos policiales Eugenio Figueroa, Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián Saporiti y Horacio Berardi fueron absueltos. Entre las absoluciones también fue beneficiado el comisario inspector Orlando Oliverio, mientras los efectivos Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte fueron sobreseidos.

Estas absoluciones dejan sin justicia a Alberto Marquez y a Martín Galli, ya que López, Figueroa, Juárez, y Oliveiro, los policías acusados de balear en proximidades del Obelisco, fueron sus verdaderos verdugos.

Llega la justicia

El abogado del CELS Rodrigo Borda, hablo ante los medios que se encontraban en el lugar, y expresó que más allá de que las escuetas penas no hacen justicia a los muertos, la sentencia deja sentado un precedente positivo.

Durante la rebelión popular, el pueblo fue brutalmente reprimido por las fuerzas represivas del estado. En el proceso que concluyo hoy, fueron investigados los asesinatos de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna. Además se investigó la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti. También se imputaron lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas de aquel fatídico 19 y 20 de diciembre de 2001.

Maria Arena, compañera de Gastón Riva, dialogó con Marcha y afirmó que “Es un fallo histórico. Nunca se había condenado a funcionarios públicos por su accionar durante la democracia, es una mezcla de sensaciones: por un lado saber que se condenó a estos funcionarios por sus responsabilidades, la idea de que vayan presos es concreta, palpable. Pero por el otro, las absoluciones que dejan libres a los asesinos de Alberto (Marquez), que son los mismos que hirieron a Martin (Galli) generan mucha rabia y extrañeza porque estaban más que probadas las responsabilidades de estos policías en los hechos”.

El juicio duró 27 meses, en los cuales los familiares y amigos de las víctimas pudieron dar su testimonio ante las preguntas de la defensa. Pero también escucharon las palabras de los acusados, la mayoría cargadas de soberbia, ya sea por el silencio o sus dichos. Uno de los acusados en decir sus últimas palabras fue el policía Mario Seia, quien negó los cargos que se le imputan y ayer fue absuelto: “Yo no maté a Márquez, yo no herí al señor Galli, no tuve ningún acuerdo previo, tácito o posterior ni vi hecho alguno que debería denunciar”. Cargado de cinismo, concluyó: “Siempre dije mi verdad relativa”, y declaro que se lo condena “por portación de uniforme” de la misma manera que a la policía se la cuestiona por establecer la identidad de las personas “por portación de cara”.

Todos los acusados transitaron el proceso en libertad, beneficio que no es otorgado en causas donde los acusados/as son integrantes de organizaciones populares, o mujeres, o simplemente quienes no forman parte de alguna institución del Estado o que ejerza algún poder. Es importante destacar que el principal responsable condenado es el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, pero cabe aclarar que no fueron juzgados sus superiores, como el ex presidente Fernando de la Rúa quien fue sobreseído de culpa y cargo ni tampoco el entonces ministro del Interior, de quien dependía la Secretaría a cargo de Mathov, el radical Ramón Mestre, fallecido en el 2003.

Maria Arena, quien además es la madre de los tres hijos de Gastón Riva, dejó claro el camino a recorrer: “Esto no termina acá. De La Rúa no va a quedar impune. Ya presentamos la apelación ante la Comisión Internacional por los Derechos Humanos y estamos a la espera de que analicen el pedido de revisión del Juicio. La lucha no termina, continúa. De la Rúa va a tener que pagar por su responsabilidad y ahí sí que podremos empezar a hablar de Justicia”, concluyó.

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