El mismo día que el presidente anunciaba la baja en el índice de pobreza, distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en dos acciones distintas por el sostenimiento de planes sociales y políticas de empleo genuino.

El gobierno de Mauricio Macri quiso anunciar una buena noticia de su gestión de gobierno. El dato, en términos concretos, dice que 1.900.00 personas dejaron de ser pobres y 600.000 salieron de la línea de indigencia en el segundo semestre de 2017. De todas formas, un dato preocupante reflejado en La Nación, refiera a que aún “El 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres”.

¿Bajó la tasa de pobreza durante 2017? Sí.

¿Es comparable este 25,7% con el 32,2% de abril de 2016? No. Macri intenta disimular el salto que pegó cuando asumió.

¿Es comparable con 2015? Tampoco. Distintas series.

¿Es una baja sostenida? Los datos INDEC de 2018 sugieren que no.

— Alejandro Bercovich (@aleberco) March 28, 2018

El presidente señaló que crecieron el empleo registrado, la industria y los créditos pero lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras informales, “en negro”, o no registrados subieron del 33,6% al 34,2% (INDEC). Además, se refiere a que la desocupación bajó en general, pero para las mujeres aumentó del 8,4 al 8,7%. De esta forma se esconde la feminización de la pobreza.

Macri realizó el anuncio acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Entre las hipótesis, se la nombra como una posible candidata para la vicepresidencia en caso de que Cambiemos apueste a la triple reelección de Macri, Larreta y Vidal. También el ministro Jorge Triaca, de la cartera de Trabajo, acompañó la “buena noticia”; el gesto responde a la buena “performance” del ministro en el cierre de paritarias por debajo del 15%, como exige el gobierno.

Jornada de movilizaciones

Mientras el gobierno anunciaba el retroceso de la pobreza, dos movilizaciones se preparaban en el centro de la Ciudad para desmentir esas cifras y denunciar los anuncios, porque los recortes en las políticas sociales y asistenciales, como las medidas económicas implementadas por el gobierno, no solo no resuelven la pobreza sino que, por el contrario, se incrementan familias sin trabajo y la demanda en los comedores populares.
Dos semanas atrás, bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro”, distintas organizaciones sociales rechazaron la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referida a la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”.

“Sí al trabajo, no al ajuste”

En el día de ayer, se desarrollaron dos movilizaciones con un similar objetivo: denunciar las políticas del gobierno y reclamar por trabajo digno y genuino para los sectores populares.

Desde las 11 de la mañana, y convocada por el “Triunvirato Piquetero” (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se comenzaron a agrupar trabajadores y trabajadoras de la economía popular de toda la región metropolitana con el lema “Sí al trabajo, no al ajuste” para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Esta acción se replicó en las delegaciones en todo el país y como señalan las y los organizadores, en CABA fue acompañada “por representantes de la Juventud Sindical, ATE, CTA, SUTEBA, La Corriente Federal, AEFIP, Polo Obrero, MST, FPDS y FOL”, mostrando un importante arco de unidad en las calles con el objetivo de “exigir al gobierno que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país”.

El acto en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo contó con la participación y la palabra de todas las organizaciones presentes. Según expresó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP en el cierre, fue la primera vez que hay más voceras que voceros.

Entre las organizaciones que acompañaron la movilización y fueron parte del cierre, Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán saludo la jornada de lucha y advirtió que “vendrán muchas más si este gobierno sigue insistiendo en hacer oído sordos a los reclamos de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. “Hoy volvimos a salir a la calle en unidad, como debe de ser, para denunciar a este gobierno, y su modelo de ajuste” explicó y detalló que el gobierno busca “eliminar los Programas de Trabajo Autogestivo, cuando todos y todas sabemos que es una fuente laboral para miles de personas”. “Estamos convencidos que sin trabajo no hay futuro”, concluyó.

Castro, por su parte, en el cierre del acto denunció que “hoy el presidente Macri va a plantear que bajó 2 puntos la pobreza, no le creemos nada. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara”. Además adelantó que de no resolverse las situaciones denunciadas, en la segunda semana de abril se realizará una “jornada nacional de lucha” junto a las organizaciones sindicales.

No al recorte salarial. Apertura de los programas de trabajo

Aunque algunos medios de comunicación masiva intentaron instalar la idea del caos de tránsito en la ciudad, lo que aconteció es que no solo hubo demandas al gobierno nacional, sino que alrededor de 4 mil personas nucleadas en las organizaciones y cooperativas de trabajadores y trabajadoras precarizadas de la ciudad, llevaron adelante una intensa jornada contra las políticas del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Es así, que desde las 7.30 se desarrolló un corte parcial en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, convocado por MTR Votamos luchar, Movimiento Barrios de Pie, Frente Salvador Herrera y la Agrupación Germán Abdala de la CTA-A, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Movimiento Resistencia Popular, Agrupación Villera Piquetera y la Federación de Organizaciones de Bases (FOB), para visualizar la compleja situación que atraviesa el sector. Sebastián Zubizarreta, del FOL, aseguró que “Por tercer año consecutivo, el gobierno porteño pretende reducir los salarios de nuestros compañeros y compañeras de por sí precarios, que van de 4 mil a 8 mil pesos, es decir que además son salarios que están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Esto, en respuesta a la propuesta del 15% en cuotas para el sector, representando una suma muy insuficiente.

En ese marco, alrededor de las 11 hs. las organizaciones y las y los cooperativistas se movilizaron al Ministerio de Espacios Públicos para exigir la apertura de programas de trabajo, además de que “Se pueda cumplir la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires que desde su aprobación no llega a los barrios más humildes”, aseveró Zubizarreta.

Además, se entregó un petitorio con propuestas de trabajo, incluyendo ampliación de las cuadrillas de recolección de residuos, creación de puntos verdes, capacitaciones, entre otros puntos, con el fin de abrir mayores puestos de trabajo, además de abordar un tema complejo en los barrios más humildes en relación a los residuos.

Finalmente, Zubizarreta aseguró que “Rechazamos el discurso del gobierno de la ciudad que dice que ya no hay posibilidades de ampliarlos programas de trabajo, ya que es  el distrito con mayor presupuesto del país, donde no hay emergencia o dificultad presupuestaria y donde estamos hablando que se cumplan leyes existentes”.

El gobierno recibió las propuestas en lo que será, sin duda, una etapa más de un año complejo y de profundas exigencias por los sectores populares, cada vez más golpeados por el ajuste de Cambiemos.

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El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 358/17 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un relevamiento de villas y asentamientos de todo el país, que alcanza a 4100 barrios. Las organizaciones sociales reconocen allí una gran conquista para los habitantes de los barrios más pobres de nuestro país. Beneficios y la trastienda de una medida en la que los sectores populares se sienten cobijados.

RENABAP

En un breve comunicado conjunto que emitieron las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Techo se expresa que: “las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Este relevamiento, realizado por los propios vecinos y vecinas,  arrojó el dato escalofriante de 4100 barrios, en donde se alojan millones de personas pobres en la República Argentina”.

No hay un mapa en el que figuren las villas y asentamientos de la Argentina, tal como lo expresan: “somos una mancha”. Y agrega que “Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia”.

Con el Decreto N° 358/17 se reconoce la existencia de estos barrios y se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público que “legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad”, tal como afirman. Esto permitirá acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.)  y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. Un reconocimiento en donde los sectores populares se sienten reconocidos como ciudadanos, tal como ellos expresan “aunque no tengamos el título de propiedad”. El Certificado facilita el horizonte de la integración urbana, anhelada por los habitantes de los barrios marginales y excluidos de nuestro país.

En el Decreto  se prevé la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente se definan, a los efectos de implementar la regularización dominial. Sin duda que de concretarse es una conquista cuya contracara es la incorporación territorial al mercado del suelo, formal y voraz. La posesión certificada podría permitir transacciones de manera más formal y las disputas que de ello se derivan, que hasta ahora quedaban en la total informalidad.

Antecedentes

En noviembre de 2016 se publicaba un relevamiento realizado por la Ong TECHO, que había impulsado la Jefatura de Gabinete de la Nación y que arrojaba como dato que 1 de cada 10 personas vive en un asentamiento informal.

Un relevamiento que parece preliminar al total que parece haberse alcanzado en este mes de mayo de 2017. Tal como se expresa en el Decreto: “existen más de CUATRO MIL (4.000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Con este instrumento del Poder Ejecutivo Nacional, se expresa la necesidad de solucionar el déficit habitacional que favorece las condiciones precarias de vida de las personas”.

Una expresión que no se condice con las políticas públicas que cotidianamente empobrecen a la población a la vez que hay sectores que se enriquecen exponencialmente. Mientras muchos pierden pocos ganan, parece la ecuación matemática del momento.

Detrás de escena

Mientras se anuncia esta conquista de los sectores populares y el gobierno nacional intenta mostrar su iniciativa hacia ellos, en un año electoral el portal del Banco Mundial puede hacernos inferir otras conclusiones.

Tal como puede leerse, las políticas públicas no están impulsadas por el gobierno sino que están promovidas por el financiamiento del Banco Mundial. Así parece indicarlo un documento que está fechado el 27 de febrero de 2017, en Washington. En él se afirma lo siguiente: Más de 110.000 personas en Argentina se beneficiarán del acceso a viviendas económicas y de la transformación de barriadas urbanas gracias a dos nuevos proyectos aprobados hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Con unos US$400 millones, los dos proyectos apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios urbanos desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país.

A nivel nacional, el Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda mejorará el acceso a la vivienda formal a través del primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno (Línea Solución Casa Propia).Simultáneamente, buscará mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales a través de mejor infraestructura, servicios públicos y programas sociales. El proyecto comenzará a ser implementado en cinco grandes áreas metropolitanas (Gran San Miguel de Tucumán, Gran Córdoba, Gran Mendoza, San Salvador de Jujuy – Palpalá y Mar del Plata-Batán). Alrededor de 3000 hogares se beneficiarán de acceso a la vivienda, mientras que unos 18.000 hogares también se beneficiarán de mejores condiciones de vida como resultado de inversiones en infraestructura.

Casualmente el relevamiento del mes de noviembre 2016,  presentado por Techo y difundido por el gobierno nacional, arrojaba cifras para las áreas para las cuales el Banco Mundial dará su financiamiento.

No se puede desconocer que el FMI trabaja en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional lo expresa con gran claridad: “El personal técnico del FMI y del Banco colabora estrechamente en la asistencia a los países y en cuestiones de política económica relevantes para ambas instituciones. A menudo realizan paralelamente misiones a los países, en las que participan funcionarios de ambas instituciones. La evaluación que realiza el FMI acerca de la situación económica general de un país y de su política económica se utiliza como referencia cuando el Banco considera posibles reformas o proyectos de desarrollo. Análogamente, cuando el FMI asesora acerca de la política económica tiene en cuenta asimismo la asesoría del Banco en materia de reformas estructurales y sectoriales”.

Las políticas de endeudamiento y transferencia de recursos al sector financiero global,  en las que avanza la actual gestión de Cambiemos, necesita argumentos sostenibles que lo permitan. El estado de creciente necesidad de los sectores populares y más pobres necesita de políticas activas que los tomen en cuenta. La creación del Registro de Barrios Populares, es una real necesidad  que, de concretarse, garantizará la estabilidad, aunque sea con precarias condiciones de habitabilidad que amenazan con empeorar.

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Luego de la intensa y masiva semana en materia de movilizaciones, en lo que fue una sucesión de reclamos en el ámbito de la educación, el trabajo y el paro internacional de mujeres, marzo sigue sin darle tregua al gobierno y no sin razones. Las demandas de las y los trabajadores se hacen carne y se viven en la cotidianeidad.

Avanzaba la jornada de lucha y los más de 300 cortes en todo el país. Alrededor de las 11, y tras provocaciones de parte de las fuerzas represivas que pretendían no permitir el acceso de las cuatro columnas que ingresaban por el sur del conurbano bonaerense, el Puente Pueyrredón volvió a ser de las y los integrantes de los movimientos sociales. Así, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, avanzaron sosteniendo el corte y dando paso a la organización del almuerzo popular.

Mientras, en el Acceso Oeste y en el corte de la zona norte sobre la Panamericana, la Gendarmería seguía amenazando con reprimir a quienes protagonizaban la protesta social y política. Los cortes y las movilizaciones se hicieron sentir en ciudades como Mar del Plata, Clorinda, Tucumán, Resistencia y en Alto Valle de Neuquén.

A la vez que se repetía en vivo la clase de organización y lucha de los movimientos sociales, los medios hegemónicos repetían la desinformación y la apología de la violencia sobre las y los más vulnerables. “Los cortes mandan”, decía un zócalo en correspondiente rojo; “Les regalaron el Puente”, concluía una conductora de renombre en piso; “Las fuerzas de seguridad absolutamente pasivas”, decía una cronista pidiendo el desalojo a través de la represión viendo pasar a miles por el Puente; “Han enviado mujeres con chicos en todos los cortes”, decía un opinador que pretende dirigir desde un estudio de TV el país, a los jueces y los movimientos sociales.

Relatos de una jornada de lucha

Fabiana es integrante de la Javier Barrionuevo, de Esteban Echeverría, al sur del conurbano bonaerense. Dice que se acercó a la jornada de lucha “por la implementación de la ley de emergencia social”, para que “no haya despidos y que haya más programas”. Agregó que “todo lo que está sucediendo” afecta de forma directa en la calidad de vida de los niños y las niñas en los barrios: “se empiezan a sentir las necesidades, los padres se quedaron sin trabajo, no tienen para la comida, entonces los chicos se acercan a los comedores, almuerzan y participan en las murgas”.

“Estamos por la mejora de los sueldos, la canasta familiar y el aumento del Argentina Trabaja”, relató Alicia, integrante del MTL, “para mas empleo”, resumió, “son varias cosas por las que estamos luchando. En los barrios la situación es bien precaria, yo vivo en un asentamiento que lucha por que el municipio lo reconozca”.

La jornada de lucha de los movimientos sociales ante la precarización de la vida, se organizó ya que las y los trabajadores de la Economía Popular están en la primera línea de afectados por el rumbo económico del gobierno de Cambiemos. Millones que perciben ingresos por debajo del salario mínimo y que ven agravadas sus condiciones de subsistencia por el aumento de la inflación y los sucesivos tarifazos a los servicios. Se exigió, entre varios reclamos, uno fuerte: la implementación de la Ley de Emergencia Social, la posibilidad de conformar un Registro de Trabajadores/as del sector y la implementación de un Salario Social Complementario que daría “respiro hacia abajo” como lo plantean algunas vocerías de las organizaciones. Esto dependerá de varios factores, entre ellos la conformación (en proceso) de un Consejo de la Economía Popular con representación de ambos lados (organizaciones populares y Estado) para monitorear la implementación de la ley.

La Boca se movió por la Emergencia Social

En sintonía con la masiva jornada realizada en el Puente Pueyrredon, en el barrio de La Boca se llevó adelante un corte del puente Nicolás Avellaneda, acompañado por ollas populares impulsadas por diversas organizaciones sociales y sindicales. De la actividad participaron el Frente Popular Darío Santillán, , la Organización Social y Política Los Pibes, el MP La Dignidad, entre otros.

Rosana, de la OsyP Los Pibes afirmó que el reclamo “Afecta a todos, trabajadores formales y también las y los excluidos. Buscamos una forma en la economía social”. Y Agregó que en el contexto político actual “Se nos está haciendo imposible sobrevivir. Esa cuestión de solamente trabajar para poder pagar nuestros impuestos. Queremos que nuestros chicos puedan estudiar, queremos tener una vivienda digna. Somos muchas organizaciones y copperativas que se van sumando al reclamos”.

Por su parte, Jesica, que integra el FPDS, destacó que “Estamos exigiendo que se implemente la Ley de Emergencia Social. Somos millones de trabajadores que estamos bajo el nivel del salario mínimo”.

Por su parte, las organizaciones que integran la Mesa 19 y 20 de la CTEP formularon un pliego de peticiones adicionales que están afectando a las y los trabajadores de la economía popular. La implementación de la Ley de Emergencia Social, reivindicación común y transversal de todos los sectores se suma la necesidad que cese la persecución y criminalización de la protesta social, Cese del ajuste y los incumplimientos del Ministerio de Trabajo, que sistemáticamente obstaculizan el acceso a los programas sociales, suspensión de los desalojos en la CABA y reapertura de la operatoria Ley 341 que permite la autogestión comunitaria de la vivienda, cese del ahogo económico sobre los medios comunitarios a través del incumplimiento en el pago de deudas atrasadas de la ENACOM. Cese de los incumplimientos del Ministerio de Desarrollo que obstaculiza la llegada de alimentos a merenderos y comedores populares.

Además de las organizaciones convocantes, decenas de vecinos y vecinas de la zona estuvieron participando activamente de la jornada.

Un reclamo en contexto

La masiva jornada de ayer se dio un día después del acampe que se desarrolló en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí, diversas organizaciones como el MTD Anibal verón, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Arde Rojo (FAR), Corriente Clasista René Salamanca, entre otras, expresaron diversas demandas de las y los trabajadores: salario mínimo igual de 13 mil pesos de acuerdo con la canasta básica, apertura de programas de trabajo, impulso a las cooperativas, entre otros. Razones que engrosan lo evidente, el Paro General.

Marianela Navarro, referente del FOL, señaló que “Le hemos presentado al gobierno numerosos programas y proyectos para generar empleo y aumentar nuestros ingresos y sin embargo hasta el día de hoy no solo que no hay una respuesta concreta, en este sentido, sino que además se han caído numerosos programas de empleo en distintas provincias del país”.

Celia, del barrio Paraná en Florencio Varela, también integrante del FOL, comentó que “Le damos de comer a 60 personas, todos los días. Y todos los días se suman más personas, familias con chicos, gente que por primera vez pisa un comedor, y van porque no tienen, o se quedaron sin trabajo. Hasta hace un tiempo venían 30, ahora el doble”.

La medida se extendió hasta el día de hoy, en lo que fue la continuidad de planes de lucha que la clase trabajadora seguirá llevando adelante, mientras la precarización de las vidas sea la única garantía que otorga el gobierno.

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