La comunicadora social Carolina Romero presenta la actualidad del fenómeno de los falsos positivos judiciales en Colombia. A su vez, de la mano de varios testimonios, propone al movimiento social posibles puntos clave a tener en cuenta a la hora de enfrentar este flagelo que parece no detenerse.

“Me llevo el concepto de libertad que tiene el pueblo cubano y que ha desarrollado Fidel y es el de tener una mayoría de edad política, de poder decidir lo que uno quiere hacer de forma individual y colectiva y asumirlo, con todos los errores y aciertos que eso conlleva” respondió Mateo Gutiérrez, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, a la pregunta sobre el aprendizaje que le dejaba la XXVI Brigada Suramericana de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, de la que participó en enero de este año. Video

Colombia está llena de jóvenes inquietos como él, jóvenes que se hacen preguntas incómodas frente a esta sociedad sumida en la polarización, la indiferencia y la guerra. Los más entusiastas los han llamado “la generación de la paz”, sin embargo, quienes permanecen tras las rejas son en su mayoría jóvenes, como Mateo, que está detenido en la cárcel La Modelo en Bogotá desde el 23 de febrero.

“Las autoridades han hecho ver a mi hijo como si fuera un mercenario, un terrorista, desconociendo su carácter de estudiante de tan solo 20 años, sin tener en cuenta su relación con su familia ni su arraigo social. Aprovechan cualquier cosa para tergiversar la imagen de Mateo tanto en la audiencia como en los medios de comunicación” dice Aracely León, su madre.

Su hijo  enfrenta un proceso judicial, imputado por, supuestamente, ser el autor de uno de los explosivos panfletarios que estallaron en Bogotá el 18 de septiembre de 2015. Sin embargo, el presidente Santos, la Fiscalía, la Policía y los medios de comunicación lo presentaron como responsable del artefacto que explotó el 18 de enero de este año en el centro de la ciudad.

Creando un enemigo

El término “falsos positivos” viene de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares contra civiles para demostrar resultados en la fallida política de Seguridad Democrática durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe. A diferencia de estos —los muchachos asesinados en el municipio de Soacha en 2008 son el caso más emblemático, lejos de ser el único—, los falsos positivos judiciales no convierten a jóvenes en guerrilleros muertos en combate, sino en guerrilleros tras las rejas.

No obstante, es una estrategia que ataca a cualquier persona que se atreva a expresar abiertamente su descontento con la situación del país, y peor aún, sus intenciones de hacer algo al respecto. Defensores de derechos humanos, líderes sociales, académicos y periodistas hacen parte de la lista.

En palabras de Miguel Ángel Beltrán, se trata de “un montaje judicial que se hace sobre personas inocentes a las que se les imputan actos de terrorismo, o al menos así son presentadas en los medios de comunicación. En el proceso judicial desaparecen estos señalamientos pero igual se les atribuyen otros cargos que resultan con pocas pruebas, pruebas ilegales, etc.”. El sociólogo y docente universitario lo sabe, él mismo lo vivió en carne propia.

Es de conocimiento general —e incluso los medios empiezan a reconocerlo— que estos casos se repiten de manera constante y, sin embargo, parece que aquí no pasa nada, que esos tales montajes no existen. Y si no existen como casos aislados, mucho menos como política sistemática del Estado colombiano. Esto se remonta a una estrategia de criminalización del movimiento social más compleja que se ha venido profundizando y adaptando desde el comienzo mismo del conflicto armado. Si bien se hizo más evidente durante  el gobierno de Uribe, siguió un ritmo acelerado mientras se discutían garantías para ejercer la oposición en La Habana durante los diálogos de paz entre Gobierno y las FARC-EP.

¿Qué busca el Estado con esto? En primer lugar, fiel al término original, demostrar resultados y efectividad en la lucha contra la insurgencia. En segundo, atacar a las organizaciones sociales mediante el señalamiento de líderes visibles o militantes de base, truncando así años de construcción de los procesos organizativos. En ese mismo sentido, controlar el crecimiento de la protesta social, especialmente en momentos álgidos. En cuarto lugar, criminalizar al movimiento social y por extensión al pensamiento crítico. Por último, reforzar el discurso del miedo y del “enemigo interno” —este, está claro, es aquel que no encaja en los términos aceptables de oposición, juventud y protesta que se acomodan al status quo—, justificando así el terrorismo de Estado, el control social, la limitación de las libertades en nombre de la seguridad y los millones presupuestados para la guerra.

– Una gran maquinaria

Miguel Ángel Beltrán jamás ha claudicado en su compromiso de ser un docente crítico. Ni siquiera cuando la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó en 2014 para continuar como profesor de sociología de la Universidad Nacional. En la cárcel La Picota, donde estuvo recluido dos de sus cuatro años tras las rejas, fue profe de alfabetización entre prisioneros políticos.

En la cárcel también terminó de escribir su más reciente trabajo, “Las Farc 1950–2015. Luchas de ira y esperanza”. Precisamente, su intención de incluir en la investigación académica otras voces y otras historias para narrar y comprender el conflicto armado en Colombia fue suficiente para ser considerado, ante los ojos del Estado y según las palabras de Uribe, “el terrorista más peligroso de las FARC” ⁽¹⁾.

La persecución a la que se ha visto sometido desde 2009, cuando fue acusado de ser un miembro de la comisión internacional de las Farc, evidencia un ensañamiento estatal en su contra. Además ejemplifica a la perfección todos los elementos que, en relación con otras situaciones similares, demuestran que los falsos positivos judiciales tienen unos patrones claros para armar un caso, manejar el tema a nivel mediático, someter las detenciones y procesos a irregularidades, responder a contextos concretos y establecer unos perfiles a la hora de elegir a los supuestos terroristas.
-Todo puede ser usado en su contra, literalmente

Viajes al exterior. Imágenes, postales, afiches e inclusive trapos con frases o consignas ‘dudosas’ —vaya a saber qué es dudoso para el encargado de turno—. Testigos o correos falsos, retratos hablados que no corresponden a la realidad, cambios en la apariencia física a través de los años. También libros, textos y documentos firmados o anónimos, o computadores encontrados en la selva que sobreviven operativos militares de alto despliegue. Esas son algunas de las pruebas recurrentes para ser señalado de cometer actos de terrorismo.

En el caso de Miguel Ángel Beltrán, por ejemplo, su identidad como ‘Jaime Cienfuegos’ se comprobaba, según la Fiscalía, en unos documentos hallados en el computador de ‘Raúl Reyes’, comandante de las FARC-EP asesinado en un bombardeo en territorio ecuatoriano. En 2011 la Corte Suprema de Justicia declaró los documentos relacionados con dicho computador como pruebas ilegales. Ese mismo año, un testigo mexicano admitió ante organismos internacionales que, con el pretexto de su supuesto vínculo con la guerrilla, el extinguido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había pagado por sus servicios para seguir a Miguel Ángel mientras adelantaba estudios en la UNAM. Vínculos que, según dijo, no pudo comprobar.

Es entonces cuando la Procuraduría se vale de textos académicos, conferencias y documentos publicados por el profesor para abrir un proceso disciplinario que culminó con su destitución y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por 13 años.

Del mismo modo, la principal prueba contra Mateo Gutiérrez es el testimonio de un joven que lo identificó de ser el supuesto responsable de una explosión en la calle 18 con carrera 10 —de la cual no hay registro alguno en la prensa—,  en ese entonces describió al sospechoso bajo unos rasgos físicos completamente diferentes a los de Mateo. Ante eso, sus cambios de apariencia durante los últimos años se han usado por el ente acusador para justificar “su intento de despistar a las autoridades”.

En el momento de su detención Mateo se encontraba en Unicentro. Dos hombres vestidos de civil lo condujeron hacia un carro particular. Según cuenta su madre, una vez allí le quitaron su celular y sus documentos y un uniformado le notificó de su captura. Por su parte, a Miguel Ángel prácticamente lo secuestraron en México. Su esposa, que lo esperaba en el Instituto Nacional de Migración a donde habían acudido para una cita, se enteró por los noticieros de que el profesor estaba siendo deportado a Colombia.

“Llega a Bogotá el guerrillero ‘Jaime Cienfuegos’, capturado en México” de Noticias Caracol y “Capturan en México a ‘Jaime Cienfuegos’, miembro de la comisión internacional de las FARC” de Semana.com, son algunos de los titulares que retrataban la noticia el 22 de mayo de 2009, desconociendo el derecho de cualquier persona a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto se repite en todos los casos. En efecto, en este país parece que la justicia se invierte: los acusados deben probar su inocencia frente a los jueces, los medios y la sociedad.

– Patrones que se repiten

“Hay una detención, legalización de captura, imputación de cargos, legalización del allanamiento y los elementos incautados. Luego una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento donde un juez determina si se justifica la cárcel de manera preventiva mientras se define la culpabilidad, y por último viene el juicio, que en mi caso todavía no ha comenzado” comenta Sergio Segura, comunicador popular y periodista. Estas son, de manera general, las etapas en las que se desenvuelven estos procesos.

Sergio hace parte de ‘Los 13’, como se le ha llamado a la captura masiva ocurrida en Bogotá el 8 de julio de 2015, por el total de personas presentadas mediáticamente como integrantes de una célula urbana del ELN. Su detención se atribuyó primero a dos explosiones ocurridas casi simultáneamente el 2 de julio de ese año en sedes de la entidad de pensiones y cesantías Porvenir. Santos los nombró como “los responsables de sembrar terror en la capital” y advirtió en Twitter: “Pagarán por atentados”. Los 13 salieron de la cárcel tras más dos meses privados de la libertad por irregularidades en el debido proceso.

La Fiscalía se empeña en demostrar que estas personas son un peligro para la sociedad por lo que agota todos los recursos para que no se les reconozca su libertad mientras se desarrollan los procedimientos. Fue el caso de Miguel Ángel y el de ‘Los 13’, y es lo que le sucede ahora a Mateo, cuyo proceso apenas comienza. Teniendo en cuenta los tiempos de la justicia colombiana, demostrar su inocencia puede durar varios años.

Independientemente del tiempo que pasen tras las rejas, esta es una situación problemática porque los enfrenta, por un lado, a las críticas condiciones en tema de derechos humanos que se viven en las cárceles del país, y por el otro, a las dinámicas del conflicto armado que se reproducen dentro de estas instituciones. Cuando la Sijín (inteligencia de la Policía) trasladó a Mateo a la cárcel, inventó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que el estudiante era del ELN.

“Se desconoce la presunción de inocencia y se es tratado de acuerdo a la acusación de la Fiscalía como si ya hubiese sido declarado culpable, lo que usa el INPEC como instrumento de persecución […] En el caso de quienes pasamos por cárceles de máxima seguridad se limitan aún más los derechos. En una cárcel compartiendo con paramilitares lo perciben a uno como un enemigo, entonces las tensiones y el peligro de que en cualquier momento uno pueda ser víctima de una agresión es algo cotidiano”, dijo en una entrevista Miguel Ángel Beltrán.

Durante todo el proceso se presentan anomalías, que van desde el aplazamiento constante de las audiencias hasta una serie de prácticas extrajudiciales. En ese sentido, Sergio Segura afirma que en el caso de ‘Los 13’ “iba a empezar la audiencia del fallo sobre la medida de aseguramiento cuando la juez se fue. Y volvió una hora después. Se había reunido con el director de la Policía Metropolitana, cosa que no tiene sentido antes de tomar un decisión de ese calibre, es ilegal y resulta siendo un prevaricato. Además, el fiscal y los investigadores del Gaula de la Policía tuvieron audiencias extensas, días enteros durante 15 días seguidos. Expusieron elementos probatorios sacados principalmente de noticias RCN y de City TV, pretendiendo así asustar a la juez, mostrando la supuesta peligrosidad de dejarnos libres. Y lo logró. Esto significó un desgaste para nuestras familias y abogados que, cuando tuvieron el turno de hablar, fueron irrespetados por la juez. En ocasiones nos quitaron hasta los bolígrafos para poder tomar nota”. También es común que “a las audiencias entren personas de civil que le toman fotografías a los asistentes, los mismos policías que uno ve en la universidad disfrazados de estudiantes. Tres personas sufrieron amenazas en el marco de nuestro caso, incluso en agosto de 2015 una fue torturada”, señala.

– Los tejidos rotos

Estas irregularidades no presentan el mismo cubrimiento insistente en la prensa ni los noticieros. Tampoco existen las correcciones pertinentes cuando se demuestra su inocencia. El profesor Miguel Ángel fue absuelto en 2016 de los cargos de rebelión y concierto para delinquir, pero la noticia figuró muy poco en los titulares, a diferencia de las dos veces que fue condenado, en 2009 y 2014. En el caso de ‘Los 13’ las noticias de su libertad seguían incluyendo una supuesta vinculación con las explosiones en Porvenir, aun cuando estuvo claro desde el comienzo que la investigación es principalmente por una protesta en la Universidad Nacional.

El señalamiento público de estas personas como terroristas tiene unas implicaciones muy fuertes dada la situación del país. Son golpes  difíciles de resarcir. En este caso la organización afectada fue el Congreso de los Pueblos del que hacían parte varios de ‘Los 13’. “Hay una exposición masiva e innecesaria de nuestra vida y todo nuestro entorno, lo que representa un peligro para nuestra integridad”, dice Sergio Segura, quien además hacía parte en ese momento de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa y de la Secretaría de Educación del Distrito como contratista.

El de Sergio es un caso que se repite constantemente: líderes y miembros de diferentes organizaciones sociales de los más diversos sectores han sido históricamente acusados de tener nexos con grupos guerrilleros. Esto pone en riesgo su vida y la de sus familias, especialmente en las regiones donde el paramilitarismo actúa a sus anchas, en complicidad con la acción u omisión del Estado. Montajes como los que sufrieron Francisco Tolosa y Huber Ballesteros de la Marcha Patriótica, así como las recientes capturas de Milena Quiroz y otros 11 líderes sociales en el departamento de Bolívar, algunos del Congreso de los Pueblos, son solo una muestra de ello. Lo que esto evidencia es el ataque directo a las organizaciones y sus procesos, así como su intensión por descomponerlas.

“No solo detienen personas, también rompen tejidos familiares y redes de afecto, a punta de miedo, de generación premeditada de angustias,  de criminalización deliberada” dice Sergio. Señala además que las familias, parejas y conocidos de las personas víctimas de falsos positivos judiciales deben enfrentarse también a los seguimientos, las intervenciones de sus teléfonos e inclusive a amenazas.

“Su papá y yo hemos sido objeto de seguimientos —dice Aracely León respecto a cómo lidia su familia con la situación de Mateo—, para nosotros no es fácil que todos los amigos y conocidos estén preguntando todo el tiempo. La incertidumbre, los tiempos tan extensos de la justicia… No es fácil asumir esta situación y menos cuando se trata de defender un inocente”.

Otra cabeza del monstruo

“Se llama Ricardo Andrés Ruiz Borja y es mi hermano. Murió el 16 de abril de 2006 en una confusa explosión en el centro de Bogotá. Tenía 21 años. Los había cumplido tres días antes. Junto a él murieron sus compañeros Luis Alejandro Concha Alvarado, Jennifer Patricia Riveros y Oscar Javier Sánchez. Todos, sin pruebas, fueron juzgados como terroristas y guerrilleros de las FARC. Todos fueron culpados de su propia muerte”. Así comienza Retratos hablados(2), el proyecto de periodismo ilustrado que Lizeth León viene tejiendo desde 2015, cuando se atrevió a contar públicamente por primera vez la historia de su hermano Ricardo.

Las muertes de esos cuatro muchachos hacen parte de otro tipo de casos, una especie de híbridos entre los falsos positivos y los falsos positivos judiciales. “Tiene cosas que coinciden con ambos pero es un caso inconcluso. No se presenta como una baja en combate o positivo de la fuerza pública, pero tiene elementos propios de lo que ha pasado con los falsos positivos judiciales, y es la criminalización de estos chicos y todo su entorno sin investigación previa y sin pruebas”, explica Lizeth.

La explosión en la que murieron su hermano Ricardo y sus amigos destruyó un edificio de cuatro pisos. Primero, las autoridades la atribuyeron a una fuga de gas en el apartamento 201, donde se encontraban reunidos. Tres días después declararon que se debía a un intento fallido de fabricar una bomba y que los jóvenes eran milicianos de las FARC. Los vincularon, además, con las explosiones ocurridas el 6 de abril de 2006 en dos alimentadores de Transmilenio en el sur y occidente de la ciudad. En ellas resultaron heridas 16 personas incluyendo ocho niños; un niño y un adulto murieron a causa de las quemaduras.

Hace 11 años varias irregularidades inundaron el caso. Cuando se requisó la casa de Ricardo encontraron carteles del Che Guevara y un panfleto de un grupo llamado ‘Anarkos’ que según la Policía era conocido por reclutar jóvenes en las universidades. Encontraron también ácido sulfúrico, clorato de potasio y azúcar, “prueba fehaciente de su intento por fabricar explosivos y de ser el encargado de enseñar a sus compañeros a prepararlos”. Así se empeñaron la prensa y las autoridades en retratar a Ricardo.

“Al día siguiente del hecho la policía judicial estuvo en la casa de mi tía, con quien vivía mi hermano cerca del lugar de la explosión. Allanaron el apartamento, revolcaron su cuarto y usaban cualquier cosa que podían para incriminarlo. Le hicieron una entrevista a mi tía y el mismo día la publicaron en El Tiempo, pero fragmentada. Además, mi hermano había viajado el año anterior a Venezuela e intentaron relacionar eso como un hecho incriminatorio. Yo tenía su pasaporte y le tomaron la foto a las 10 de la mañana y al medio día RCN abría el noticiero con esa imagen. Uno pensaría que eso tiene cierto nivel de reserva por estar en medio de una investigación”, asevera Lizeth.

Parte de la estrategia mediática pasa por filtrar información de manera selectiva ante los medios de comunicación. Lizeth continúa: “Aparte de eso, hay indicios que dan cuenta de la intención de incriminar a los involucrados en el caso. En una entrevista de mi tía con el fiscal encargado de esa época nos atemorizaron y nos dijeron que no habláramos con la familia de Alejandro, los dueños del apartamento, que ellos eran auxiliadores de las FARC, que prácticamente habían dado a su hijo a la causa. En últimas nos desestimularon para continuar con el proceso”.

Inclusive, uno de los sobrevivientes de la explosión, un ecuatoriano que vivía en el apartamento, fue anunciado como pieza clave de la investigación. Las supuestas declaraciones de que todos eran guerrilleros venían de él según daba a entender en la prensa la Policía. No se descartaba tampoco la posibilidad de que él mismo fuera un sospechoso, dijeron. Sin embargo, cuando se recuperó de las heridas de la explosión fue deportado a Ecuador en silencio.

Pero el de Ricardo, Luis Alejandro, Jennifer y Oscar es un ejemplo. Cuando Lizeth publicó la primera entrega de Retratos Hablados el 16 de abril de 2016, varias personas con historias similares la contactaron.

Historias similares que, con sus particularidades, presentan irregularidades en común. Por ejemplo, la explosión de un apartamento en Kennedy en 2005 y de una casa en Suba en 2012. De igual modo, coinciden las irregularidades con las explosiones dentro de la Universidad del Atlántico en 2000 y 2006 y en la Universidad de Nariño en 2011, así como con las muertes de Óscar Salas en 2008, Gian Farid Lugo en 2011 y Ricardo Molina en 2012.

Estos casos terminaron con estudiantes muertos en circunstancias que aun hoy no se esclarecen. La historia se repite infinitas veces, sumado a los falsos positivos judiciales de otros estudiantes. Sea el que sea, si se revisan estos casos se encontrará que están relacionados con hechos ocurridos en días anteriores: disturbios, manifestaciones, capturas, explosiones, incidentes de alteración del orden público, entre otros.

Tienen que ver además con la coyuntura política del país. El 2005 se aprueba en el Congreso la posibilidad de reelegir a Uribe. En 2006 lo logra mediante el voto, y ese año en particular presentó una serie de explosiones frecuentes en varias ciudades del país, algunas de las que fueron incluso reconocidas como obra del Ejército, según afirmó la Fiscalía en su momento. En 2011 y 2012 los estudiantes inundaban las calles movilizándose contra la reforma a la Ley 30.

El discurso ha cambiado también desde que empezaron los diálogos en La Habana. Antes de esa fecha, la primera vinculación que hacían los medios y las autoridades se relacionaba con las FARC. Ahora es cada vez más frecuente el señalamiento de pertenecer al ELN o a grupos que la Policía asocia como afines con dicha organización.

¿Qué hacer?

Ante este panorama parece inevitable que, como tantas cosas que ocurren en Colombia, la historia esté condenada a repetirse. Es necesario entonces hacerse algunas preguntas. ¿Qué herramientas tienen, en distintos niveles, las personas que pasan por esta situación y sus familias? ¿Cómo puede hacerle frente a esta política sistemática el movimiento social?

– Resistiendo a la trampa

“A pesar de que en Colombia es recurrente el tema de los falsos positivos no se ha construido una pedagogía en ese sentido. En mi caso, desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) algunos proponían eso, en la medida en que esto es una cuestión sistemática. Hoy en Colombia nadie está exento de estar vinculado a un proceso de esos. Porque pasó por allí, porque tiene un perfil que lo hace sospechoso ante los ojos del Estado, etc. Es importante que las organizaciones sociales puedan propiciar elementos para afrontar con mayores herramientas estas situaciones”, plantea el profesor Miguel Ángel.

Para él, un primer elemento para esta pedagogía tendría que ver con el reconocimiento de derechos y herramientas jurídicas a las que puede acudirse. “Por ejemplo, hay requisas que requieren orden judicial y que se hacen sin ella en la mayoría de los casos. También hay elementos del Código Penal donde los fiscales desde el primer momento buscan involucrar a las personas así no hayan sido responsables, intimidándolas, generándoles miedo. La persona debe estar preparada para no resultar admitiendo un delito que jamás cometió por el temor de ser involucrada en otras situaciones mucho más complejas”, advierte el docente.

Fue el caso de Fredy Urquijo Cortés, ingeniero mecánico y profesor auxiliar de la Universidad Nacional que en 2009 fue señalado por la Fiscalía de planear un atentado contra el avión presidencial. Fredy, siendo inocente y con varias pruebas amañadas en su contra, se declaró culpable del delito de rebelión por presión de la Fiscalía y tras un asesoramiento dudoso de su abogado(3). Recibió entonces una condena de cinco años, en vez de los 15 que podrían haber sido si se llegase a demostrar su culpabilidad.

Se hace necesaria entonces una estrategia dentro de las organizaciones sociales para informarse sobre estos derechos que, como dice Miguel Ángel, se desconocen, “pero se aprenden a medida que uno vive la situación”. Para enfrentarse a la cárcel “hay que echar mano de las herramientas que uno ha construido desde su formación académica, política y en su experiencia de vida. Es muy importante la solidaridad de los compañeros, de los amigos y de las personas que ven una injusticia en estos actos”, continúa el profesor.

“En mi caso, que soy periodista y que mi vida tiene que ver con leer y escribir, parte de la fortaleza la he encontrado en los libros, como forma de aprovechar el tiempo que quieren que perdamos. El acompañamiento de familiares y amigos es fundamental para mantener la moral. Uno tiene que entender que esta situación sucede por pensar diferente, por creer en la transformación social. Quien tenga estas dos características siempre estará en riesgo, en la mira de algún silenciador estatal”, concluye al respecto Sergio Segura. Ambos, en su paso por la cárcel, optaron también por nutrirse de otras experiencias y relacionarse con prisioneros políticos o de conciencia, y continuar desde allí ese trabajo de transformación.

– Organizaciones y sociedad cruzadas de brazos

Frente a estas situaciones la agitación permanente es clave. La familia de Mateo Gutiérrez, encabezada por su madre Aracely y su padre Omar, ha mantenido junto con los amigos y conocidos de su hijo una estrategia constante de visibilización: plantones en los juzgados de Paloquemao en cada fecha clave del proceso, reuniones semanales para evaluar la situación, declaraciones constantes en los medios defendiendo la imagen de Mateo y denunciando las irregularidades, recolección de firmas y el uso de las herramientas que brindan las redes sociales.

En ese sentido, el profesor Miguel Ángel hace un llamado: “ninguno de estos crímenes se puede dejar pasar, deben ir acompañados de fuertes movilizaciones que deben crecer y aumentar. Eso implica fundamentalmente la unidad de todos los sectores que queremos un cambio y una transformación, no puede ser solo la expresión de que si detuvieron a alguien de tal organización entonces solo ellos salen a protestar”.

Parecería lógico entonces que ante el uso sistemático de los falsos positivos judiciales como estrategia, el movimiento social piense una estrategia igualmente para hacerle frente.

En estos casos las organizaciones sociales recurren a denuncias públicas, acompañamiento de ONG’s de Derechos Humanos y a mover redes de solidaridad internacional. No obstante, esto no es suficiente.

“Las organizaciones a veces son muy coyunturalistas, hay solidaridad mientras el caso es visible, pero quienes hacen un acompañamiento permanente son las familias y amigos cercanos”, menciona al respecto Sergio Segura. Esto resulta problemático porque conlleva a que “estos casos se releguen al olvido, no haya construcción de memoria y se prolongue la impunidad”, manifiesta el periodista.

“Es necesario generar redes de solidaridad internacional mucho más serias, que no tengan que ver solo con los amigos de las organizaciones sociales sino con las situaciones concretas de los países. Lo ideal sería que hubiera gente dedicada a hacer efectiva esa solidaridad de la que se habla. Eso significa capacidad humana e inversión real de tiempo, también conciencia de la cantidad exorbitante de dinero que se necesita para defenderse en un proceso judicial en el que Estado tiene toda la maquinaria para ganar. Los plantones y las denuncias públicas son necesarias pero insuficientes; la gente se cansa y las personas se olvidan”, reflexiona.

Sin embargo, Sergio reconoce que hay dificultades a la hora de pensar este acompañamiento. “Tiene que ver con el descuido de los propios compañeros, pero también con una incapacidad organizativa y logística. Como no se está preparado para que estas cosas ocurran, luego no se sabe qué hacer, ni durante ni después”. Además, si bien existen organizaciones no gubernamentales en todo el mundo dedicadas a atender estos casos, tampoco resulta fácil acceder a ellas o llamar la atención sobre un caso en concreto.

En todo caso, este acompañamiento se hace imprescindible porque esta experiencia implica una ruptura para las personas que atraviesan por esta situación. Sus relaciones afectivas, laborales y académicas, así como su salud física y mental se ven involucradas. Es una política sistemática que también ataca al individuo crítico aislándolo y desmoralizándolo.

Resulta en igual medida doloroso para sus familias y círculos cercanos, como en el caso de Lizeth León y su hermano Ricardo, quienes además de las irregularidades y estigmatizaciones del proceso judicial deben lidiar con el duelo de una muerte cuyas circunstancias no se esclarecen. “En 2006 no se había destapado lo de los falsos positivos. Sabíamos que algo raro estaba pasando, pero no teníamos idea de cómo nombrarlo. Ese simple hecho implica muchas cosas”, resalta Lizeth.

– Otros lenguajes

Tras la muerte de Ricardo lo más sano para Lizeth y su familia fue dejar así, pero ahora está empeñada en reabrir el proceso de su hermano y adelanta en la Fiscalía las gestiones necesarias. De ahí surgió en cierta medida Retratos hablados. Su intención es, precisamente, retratar a su hermano desligándolo del hecho final, del bombardeo y la criminalización que hicieron en ese momento la prensa, la Fiscalía y la Policía de su memoria.

Valiéndose de sus ilustraciones y jugando con ese mismo lenguaje criminalizante, Retratos hablados reconstruye el expediente del caso. Desde los perfiles de Ricardo y sus tres amigos, pasando por el contexto de la explosión que acabó con su vida y las pruebas que utilizó la Fiscalía para culparlos de su propia muerte.

Recursos como el cómic, la literatura y la crónica, entre otros lenguajes y acercamientos al tema, no solo sensibilizan de una manera particular y emotiva a las personas, también pueden brindar nuevas luces al movimiento social para visibilizar estas historias y hacer memoria de ellas.

“Para la gente ha sido muy poderoso acercarse a un relato que no está forzando nada, creo que de alguna manera cumple su cometido de quitarle a uno el prejuicio sobre esa persona y verlo como un igual”, dice Lizeth. La empatía que genera una narración de este tipo contribuye a desarmar esa “política de la sospecha”, fuertemente arraigada en la sociedad colombiana. “Siento que en Colombia hay una cultura de limpieza social y una cultura del “algo habrá hecho” que confunde la legalidad con un deber ser de las cosas”, añade la ilustradora y periodista.

Ahora que Retratos Hablados ha crecido, Lizeth está trabajando en un documental web expandido que cuente la historia de Ricardo y sus tres compañeros, que permita que otras personas sumen sus historias interactuando con la web. La idea es poder sistematizar toda la información posible para hacer un mapeo de estos casos, pues vistos en perspectiva, logran evidenciar la estrategia detrás de la criminalización mediante los montajes judiciales.

Ese es un trabajo que requiere un esfuerzo que constituye además una tarea histórica. Es necesario que más personas se sumen a iniciativas como esta y emprendan las suyas propias para visibilizar esta problemática.

Mientras tanto, casos como la muerte de Ricardo Ruiz continúan sin esclarecerse y permanecen en total impunidad; personas como Miguel Ángel Beltrán intentan retomar su vida tras perder años de ella en la cárcel, otras como Mateo Gutiérrez siguen encerradas a la espera de un proceso que parece interminable; miles como Sergio viven el desarraigo, mientras día a día aumentan los asesinatos de líderes sociales en las regiones.

¿Y qué puede hacer el ciudadano del común? Cabe preguntarse hasta qué punto, además de la persecución del Estado y la complicidad de los medios, el colombiano de a pie contribuye a que este tipo de situaciones se repitan una tras otra. Hasta qué punto la mentalidad de la guerra, una guerra que lleva desangrando Colombia desde hace décadas, ha permeado en él. Si haciendo efectivo el discurso del miedo y el terror, es más fácil señalar al vecino que tenderle la mano. Y es importante preguntárselo, no solo porque la paz y el llamado posconflicto es el tema que se debate el país actualmente, también porque, como quedó demostrado, ese vecino señalado de ser un terrorista puede ser cualquiera. Incluso usted.

Referencias

1.  http://historico.presidencia.gov.co/sp/2009/mayo/23/05232009.html
2.  http://cucharitadepalo.co/retratos-hablados/
3.  http://directobogota.co/el-falso-alias-francisco/

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*Publicado inicialmente en lanzasyletras.org de Colombia.

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Parece una política de Estado incriminar a líderes sociales en delitos como forma de responder a coyunturas políticas. El último acontecimiento tiene que ver con 12 líderes sociales del sur de Bolívar. Esta crónica propone una mirada sobre la realidad del conflicto social y armado en la región, donde se evidencia que estas detenciones poseen un carácter arbitrario que deslegitima la retórica de paz del Gobierno.

Un helicóptero sobrevuela el municipio de Tiquisio. Un campesino de unos 60 años, con sudor y ceniza de carbón en su frente  luego de su jornada de trabajo en una mina, se quita el casco y mira hacia el cielo: “menos mal no es la avioneta que fumiga”, dice a través de un suspiro, recordando los peores momentos del Plan Colombia. Deja claro que solía ser un campesino, de esos que labraban la tierra para subsistir, que sembraban comida para su familia y su comunidad, pero tras no encontrar alternativa se convirtió en minero con la llegada de las multinacionales.

Estoy acompañado de varios parlamentarios españoles que toman nota, una profesora de Tokyo (Japón) interesada en los conflictos sociopolítcos de América Latina, ONG’s cristianas y algunos activistas por los derechos humanos de Estados Unidos, Francia y Canadá.

Con orgullo cuentan cómo se han organizado para defender la vida y la permanencia en el territorio, también hablan con naturalidad de los muertos que ha dejado la estigmatización y persecución hacia el movimiento campesino en la región. Recuerdan a Orlando Camaño, quien fuera vicepresidente de la Junta Directiva de Asomisbol (ahora Federación de Agromineros del Sur de Bolívar -Fedeagromisbol-), asesinado por paramilitares en Aguachica (Cesar) el 20 de junio de 1997.

De igual forma describen la conformación de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, espacio que desde 2005 lleva denunciando el despojo ocasionado por el paramilitarismo que nunca se fue de sus territorios.

Cruzamos hacia el corregimiento de Caimital. Una lideresa de unos 40 años nos cuenta cómo han defendido la serranía de San Lucas, también conocida como “La Teta de San Lucas”, “una rica montaña de la cordillera de los Andes de la que todo el mundo se cree dueño”, dice con enojo. Su voz era vigoroza, sus palabras aguerridas. Decenas de niños rodean la reunión. Uno me dice al oído que mejor deje de grabar, que en la reunión hay dos paramilitares (algunos de ellos muy participativos).

En Arenal, municipio donde todo el mundo conoce a la lideresa Milena Quiroz, hay comunidades organizadas en torno a cooperativas de alimentos, “porque si el Gobierno nos fumiga la comida (haciendo referencia a la aspersión de glifosato para la eliminación de cultimos de coca) , la comunidad tiene que buscar formas para comer y comerciar”. La palabra ‘resistencia’ la repiten en cada conversación, como si hiciera parte de su léxico cultural.

Nos reciben en un salón comunal varios jóvenes de los colegios de las veredas aledañas con pancartas que dicen “bienvenidos a nuestros territorios”, aunque otro dice “los derechos humanos en mi región son invisibles”. Milena siempre sonríe. Es una mujer elocuente que se sabe la historia del Magdalena Medio. Habla de política, pero no de la política de los políticos, sino de la política de los luchadores sociales, la de cuidar a su comunidad, la de proteger su territorio. Capturo para las memorias de nuestra caravana la imagen de su sonrisa, una sonrisa que, incluso estando detenida, no ha dejado de irradiar con simpatía.

La pobreza es extrema, las enfermedades curables también. Pudimos ver recién nacidos con escamas en la piel sin que hubiera alternativa temprana, pues para ir a un hospital tienen que viajar hasta la ciudad de Cartagena, para lo cual necesitan dinero y conseguir diferentes medios de transporte. El calor acecha. No tienen ventilador, y si tuvieran no serviría de nada, pues la electricidad funciona de vez en cuando y en horarios reducidos. En el sur de Bolívar los centros de salud no tienen médicos y el transporte consiste en horas de trocha, canoa y transporte terrestre en carreteras hechas por ellos mismos que cuando llueve quedan imposibles de transitar. Ni hablar de acueducto. El Estado brilla por su ausencia, excepto por el Ejército que está por todo lado haciendo retenes.

También pasamos por el municipio de San Pablo. Mientras nos sirven suculentos platos con arroz, yuca, papa y pescado, nos cuentan los peores momentos de incursión paramilitar, donde territorios enteros fueron incendiados hasta tres veces por paramilitares (posteriormente reconstruidos por la misma comunidad). También sobre las masacres donde “tiraban los cuerpos al río Magdalena, y el agua se ponía roja por la sangre de tantos muertos”. En 1999 paramilitares al mando de Rodrigo Pérez Alzate (antes ‘Julián Bolívar’) masacraron 14 personas. Víctimas de Alzate lo confrontaron en un tribunal de paz en el que este pidió perdón, no obstante, alegaron sentirse burlados al no contar con una reparación integral que trascendiera la firma de documentos. De los aproximadamente 40.000 habitantes que tiene San Pablo, 28.000 están registrados como víctimas del conflicto.

En el municipio de Morales narraron la historia de Alejandro Uribe Chacón, vocero de la comunidad de Mina Gallo asesinado el 19 de septiembre de 2006 por soldados del Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, quienes lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”.

Así llegamos a Micoahumado. Pregunto por el curioso nombre de su municipio: “nosotros nacimos aquí”, me dice una anciana de unos 70 años. “Todo lo hicimos nosotros. Las carreteras que usted ve, incluso las pocas zonas pavimentadas, las hicimos con estas manos; se llama Micoahumado porque nos tocaba comer mico, cazar los animales que encontráramos en la selva”. Están desde 1970, cuando se fundó este corregimiento con la llegada de colonos antioqueños (con seguida presencia del ELN y las FARC).

Pasamos por Las Pavas, una hacienda ubicada en el municipio de El Peñón. Solía haber agua sin contaminantes antes de que las multinacionales llegaran por el oro y por la tierra. Usan mercurio y cianuro para explotar las minas, sustancias que no solo envenenan el agua, sino también los peces con los que se alimentan sus habitantes que sufren las graves consecuencias de salud. La comunidad tiene un largo historial de desplazamientos forzados.

Análisis concreto de la situación concreta: dos iniciativas de paz

-Las Pavas

Las pavas como hacienda existe desde los años 60 con la adjudicación de baldíos por parte del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). En 1983 pasó a manos de Jesús Emilio Escobar Fernández, familiar del narcotraficante Pablo Escobar. Luego del asedio del Estado para matar al histórico mafioso a principios de los años 90, estos terrenos quedan destruidos, desiertos y sin posibilidades de cultivar la tierra. Aun con escasas herramientas para la producción agrícola y pecuaria, comunidades del corregimiento de Buenos Aires ocuparon el predio y lo acondicionaron para cultivar arroz, yuca, maíz y ahuyama.

La Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (ASOCAB) relata cómo en 2003 llegaron cinco chalupas con paramilitares abordo, asesinando, desapareciendo y descuartizando indiscriminadamente. A pesar de las amenazas, decidieron entre 2004 y 2005 regresar. Lograron un crédito para sembrar cacao y continuaron con los cultivos de pancoger, pero en 2006 fueron nuevamente despojados. Aunque en 2011 la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos la extinción de dominio que ASOCAB venía tramitando ante el INCODER desde 2006, el mencionado testaferro de Escobar vendió los predios al Consorcio Labrador, empresas asociadas al cultivo de palma aceitera (también llamada palma africana). Dichas empresas son C.I. Tequendama S.A. y Aportes San Isidro S.A., afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). C.I. Tequendama integra el Grupo Agroindustrial Daabon Organic cuyos propietarios son la familia Dávila Abondano, quienes tienen un negocio redondo de producción y exportación de café, banano, azúcar y aceite de palma para Japón, Corea, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, entre otros países.

La comunidad fue engañada para que no protestaran, les prometieron pagar por la mejora que habían hecho del terreno y se habló de reconocer su histórica presencia en el territorio. Mientras tanto llegaban las excavadoras destruyendo las ciénagas donde el campesinado pescaba. En 2009 llegó la brutalidad policial a desalojarlos de manera ilegal. Dos años después la comunidad de Buenos Aires anunció su retorno, por lo cual fue incinerado su salón comunal a manera de retaliación. A su vez, cuatro integrantes de ASOCAB fueron imputados judicialmente por el supuesto delito de calumnia y de invasión de tierras. Mario Mármol fue el denunciante, a quien la comunidad señala de hacer parte de estructuras paramilitares.

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, intentó conciliar el conflicto invitando al consorcio palmero a ceder una parte del terrero para la comunidad, lo cual ASOCAB rechazó. Tildó al Gobierno de “apoyar a quienes se han beneficiado del paramilitarismo y el desplazamiento en Colombia y en el sur de Bolívar, (…) más que un plan de choque de restitución es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales”. En 2011, finalmente, la comunidad retornó luego de audiencias públicas en Bogotá y otras ciudades. Hubo protestas y pleitos jurídicos sin que las tensiones hayan dimitido.

Por su parte, el Gobierno manifiesta que se han efectuado las medidas de protección con enfoque diferencial autorizadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) donde 123 familias fueron “beneficiadas” con diez mulas. “El uso de estos recios animales les permitirá a los campesinos su desplazamiento por las 3 mil hectáreas de extensa sabana donde disputan su titularidad con los repre​sentantes de la empresa palmicultora Aportes San Isidro”. Del mismo modo, en 2013, les otorgaron el Premio Nacional de Paz “por su persistencia en la defensa de sus derechos”, en el marco de un programa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).

-Micoahumado

Micoahumado es un corregimiento de aproximadamente 4.000 habitantes que consta de nueve veredas, ubicado en el municipio de Morales. La guerra los afecta desde comienzos de los años 90, cuando el Ejército (Brigada Móvil número 1) llegó a robarles las gallinas y el ganado. Recuerdan cómo mataron a Álvaro Molina, un campesino al que después de asesinarlo lo amarraron a un burro para atemorizar a la comunidad. Es una historia que suelen contar los niños con ingenuidad.

El ELN, con apoyo del frente 37 de las FARC, combatió alrededor de 300 paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) que llegaron a la región cuando empezó la política de ‘Seguridad Democrática’ durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según dicen representantes de la comunidad, quedaron vivos unos 150 debido a la intensidad de los combates.

La comunidad renunció a ser desplazada nuevamente, de hecho, obligó a los ‘paras’ a salir de su territorio. Por otro lado, dialogaron con el ELN para que desminaran la zona y se retiraran. “Esto nos debe poner a pensar a todos los grupos armados”, aseguró en el año 2003 al periódico El Tiempo el comandante ‘Pablo’, del frente José Solano Sepúlveda, frente que amenazó con perjudicar a la comunidad si colaboraban con los paramilitares. Las irrupciones paramilitares a Micoahumado, donde la guerrilla llevaba alrededor de 30 años, se repitieron en varias ocasiones desde 1998.

El ELN acudió al llamado de la comunidad y retiró las minas, normalizando así el tránsito de alimentos que ya escaseaba. Los campesinos nombraron una comisión que, incluso en medio de los combates, procuraba ‘humanizar’ el conflicto en la zona. Realizaron la Asamblea Popular Constituyente en 2002 con 85 delegados de la comunidad, iniciativa autónoma de paz que aún permanece, demostrando que el diálogo es la mejor arma para terminar el conflicto. También generaron alternativas a los cultivos de coca como la siembra de frijol y la creación de una fábrica de café orgánico. Este proceso, compuesto por unas 400 familias, promueve el diálogo con líderes de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, el Congreso de los Pueblos y La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Con la ayuda del sacerdote Joaquín Mayorga de la diócesis de Magangué, algunas ONG’s y funcionarios del Gobierno, dieron vía a la creación del Proyecto de Paz, Justicia y Vida de Micoahumado, gestando normas de convivencia e incluso de castigo hacia los actores armados que las incumplan.

La comunidad sigue con el conflicto por la titulación de las tierras, tierras que con premura son concesionadas a multinacionales que exploran indiscriminadamente el territorio y explotan sin contemplación a sus habitantes. “Al menos antes gracias a Dios venían ‘los muchachos’ (guerrilla) a poner orden”, dice un campesino, dejando de precedente la legitimidad de la insurgencia que, por más contradicciones y desaciertos, llenaron un vacío de autoridad en la región y de control y regulación frente a la minería artesanal, lo que el Estado llama minería ilegal. Mientras la solución al conflicto armado en el país avanza, estas comunidades temen el desarraigo con una eventual ‘normalización’ de la actividad minera multinacional.

Falsos positivos judiciales

El pasado 22 de marzo fueron detenidos Milena Quiroz, Isidro Alarcón, José David Jaimes Lemus, Nubia Gómez Jaimes, Félix Muñoz Mañara, Jhon Visaje, Kelly Zabaleta, Luz Gabriela, Euclides Flórez, Manuel Francisco Zabaleta Centeno, Floro Edilberto Díaz Gamboa y Jean Carlos Mora Martínez.

Estas detenciones no pueden entenderse sin el anterior contexto, pues el Gobierno desde distintos organismos ha manifestado que en el sur de Bolívar no hubo desplazamiento forzado, a la vez que se habla de “falsas víctimas” cuando estos denuncian a sus victimarios. Desde una de las audiencias judiciales, Isidro Alarcón, quién ya había sido detenido en circunstancias similares en 2005 acusado del delito de rebelión, sostuvo que el Gobierno los detiene para “humillar y callar las voces de la gente que nos gusta pensar y opinar por una vida diferente, por una Colombia mejor. El Gobierno no entiende que nuestra región está en disputa territorial entre las multinacionales, los actores armados ilegales y la población; y nosotros somos parte de esa población que ha cuidado el territorio por 50 años ya que nos ha dado vida y salud a nuestras familias. En este contexto es que hacen las detenciones extrajudiciales colectivas a mineros, campesinos, líderes de juntas comunales, porque alguien dijo que eran guerrilleros o que los financia la guerrilla”.

La Fiscalía (como sucedió en el caso de ‘Los 13’, del estudiante de sociología Mateo Gutiérrez, del profesor Miguel Ángel Beltrán, del dirigente político Francisco Tolosa, entre otros falsos positivos judiciales de los últimos años) expuso argumentos polémicos para imputarle cargos a Milena Quiroz. “¿Pero cuál es la finalidad propia de esas marchas que ella organiza en esa ejecución de su actividad diaria?, la finalidad real son los quereres de esta organización guerrillera del ELN, la señora Milena desempeña o se desempeña como una líder política, aquí no estamos hablando de si la señora Milena suministra armas, ni si la señora Milena extorsiona, sino que la señora Milena organiza marchas y, ¿por qué organiza marchas?, por la función que ella desempeña”

Milena es una reconocida vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, integrante del Congreso de los Pueblos y representante legal del consejo comunitario afrodescendiente Casimira Olave Arincón Amela.

¿Cómo encierran a constructores de iniciativas comunitarias de paz? Esa es la otra paz, la que no sale en los grandes medios de comunicación, la paz que construyen  los líderes sociales que viven el conflicto en los territorios independientemente de las coyunturas políticas nacionales, la paz que día a día sigue siendo silenciada. Entre enero de 2016 y febrero de 2017 fueron asesinados 120 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.

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El “progreso” huele a petróleo y suena como un gruñido de máquinas sin pausa en las extensas planicies de la zona centro de Neuquén. Son las cigüeñas metálicas que chupan el crudo que sostiene al MPN y a la burguesía petrolera del país. Llamarles cigüeñas es un eufemismo que oculta la rapiña de estas aves que se reproducen en la zona. Para las familias de la comunidad mapuche Winkul Newen, vivir con las cigüeñas entre las humildes casitas que habitan no ha significado ningún progreso, más bien incontables enfermedades y represiones. 

En los primeros años de este siglo, con el recrudecimiento del extractivismo, las familias que ancestralmente poblaron allí, vieron cómo día a día se multiplicaban alrededor suyo las estacas con las que las petroleras señalaban las futuras perforaciones. Y de a poco, fueron organizando la resistencia contra la sucesión de empresas concesionarias que cambiaron los nombres pero no las políticas. Fue en ese momento que la comunidad inició con los bloqueos a la Ruta Provincial N°17, la misma que constituye la entrada a las picadas (caminos internos) que desembocan en los pozos[1]. En estos quince años las fuerzas represivas desalojaron infinidad de veces a las familias que defendían el territorio con armas de todo tipo, y todas esas veces, a pesar de los/as heridos/as y las amenazas la comunidad siguió resistiendo. Pero en los últimos años, la estrategia del gobierno y de la actual concesionaria Apache Corporation se hizo más elaborada y peligrosa. El relato de Relmu Ñamku, mujer integrante de la comunidad, reconstruye un armado que da cuenta de que la criminalización es un proceso planificado y que tiende a profundizarse.

De la protesta a la criminalización: el armado de la causa

Año 2012. Eran las tres de la tarde de un 28 de diciembre cuando la oficial de justicia Verónica Pelayes, sin notificación previa, ingresó al territorio de la comunidad Winkul Newen con una orden de desalojo de la Jueza Ivonne San Martín, que habilitaba a la petrolera Apache a la explotación del Yacimiento Portezuelo Norte.

La empresa Apache, actualmente vendida a Yacimientos del Sur, filial de YPF, tiene nueve pozos de petróleo y gas activos en la zona. La intención del desalojo fue avanzar sobre la comunidad para abrir en su territorio otros 40 pozos más.

Sobre la ruta de acceso, una topadora aguardaba por el visto bueno de la oficial rodeada de policías y camionetas de la empresa, para iniciar el desalojo: “Nosotros vamos a ingresar”, les dijo la oficial y en una demostración de poder dio la orden y no hablaron más. La topadora avanzó y las familias comenzaron a defender su territorio.

De inmediato los y las integrantes de la comunidad Winkul Newen bloquearon la ruta y resistieron tirando piedras. Eran veinte en total, sólo ocho adultos, el resto niños, niñas y adolescentes. “Actuamos en legítima defensa, nos defendimos de esa topadora que iba a pasar por encima nuestro. Ya vivimos hechos de violencia con la policía, donde quedaron hermanos baleados en el medio del campo. Han golpeado a jóvenes y mujeres embarazadas. Sabíamos lo que teníamos enfrente, si nos querían pasar por encima con la topadora, lo iban hacer”, explica Relmu Ñamku.

Verónica Pelayes es una oficial de justicia conocida en la provincia por su abultado prontuario de racismo hacia las comunidades. Ante la resistencia de la comunidad, se retiró de inmediato, se subió a su auto y desapareció. Se había logrado detener el desalojo.

Horas más tarde, estando reunidos en la sede de la Confederación Mapuche de Zapala, observaron que la policía estaba afuera. “Pensamos que era por otra cosa, hasta que nos dimos cuenta que nos habían ido a buscar. Luego nos detuvieron”. Ese día quedaron detenidos Relmu Ñamku y Martín Maliqueo de la comunidad Winkul Newen, y Mauricio Rain de la comunidad Wiñoy Folil. Durante la resistencia al desalojo una piedra había alcanzado a la oficial de justicia, sin generarle daños mayores.

Al principio, Pelayes armó la denuncia por lesiones graves. Al tiempo, el expediente cambió de carátula y Relmu quedó imputada por los delitos de daño agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. Para lograr esto, la oficial de justicia cambió todo el relato de los hechos que sucedieron ese día. La estrategia fue ideada junto con Julián Álvarez, abogado de Pelayes, quien tiene en su poder otras tantas causas contra la comunidad mapuche a favor de los intereses de las petroleras y estancieros de la zona. Como abogado, también es el defensor de Pedro Laurentino Duarte, un juez de la dictadura militar.

“La persona que quedó herida tiene un perfil determinado: no es un mapuche herido, sino alguien de la corporación judicial”, dice Relmu, y advierte sobre la profundización en el proceso de criminalización y persecución política de la comunidad. Los argumentos de la causa se enmarcan en los fundamentos de la Ley Antiterrorista, pero no la nombran. Paralelamente, se inició una ofensiva sobre los medios de comunicación, generando un estigma sobre los pobladores. “Fueron demonizando nuestra imagen, con la idea de que nosotros vamos a aterrorizar a la población, con esto tiene que ver la ley antiterrorista. Si ellos demonizan al pueblo mapuche, generan esa ‘conmoción’ entre la sociedad que no conoce, que no sabe que nuestros objetivos son los contrarios. Se basan en esa ley para configurar esta causa a partir de la cual van a poder imputar a mapuches y no mapuches que se resistan a este modelo y que exijan sus derechos”.

El 13 de abril pasado se llevó a cabo, en la localidad neuquina de Zapala, la audiencia de reformulación de cargos en la causa, allí la fiscal Sandra González Taboada pidió 15 años de prisión para Relmu Ñamku.

El juicio por jurados

El 22 de junio de este año es la fecha del comienzo del juicio. A partir de la aprobación del nuevo Código Procesal, el sistema penal de la provincia de Neuquén está poniendo en práctica la medida del juicio por jurados. “Aquí les viene bien llamar a juicio por jurados, ya que se está pidiendo una pena alta y eso ha conmocionado, no les conviene a la justicia poner un juez que condene con una carga tan grande al pueblo mapuche. El problema es que este jurado va a ser elegido a dedo y va a estar incorporado por estancieros y petroleras. Hoy enfrentamos a Apache en esta causa, pero también tenemos otras causas cuando fuimos a acompañar las luchas de otras comunidades contra la explotación petrolera. Entonces, qué mejor que judicializar a quienes luchamos, lograr una condena, y marcar un antecedente”, manifiesta Relmu.

La fecha que se eligió para el juicio también expresa una provocación y avasallamiento sobre la cultura y los derechos ancestrales del pueblo mapuche. Entre el 21 y el 24 de junio se festeja el Año Nuevo Mapuche. En la provincia de Neuquén el 23 y el 24 fueron declarados feriados provinciales, como un reconocimiento a las comunidades. “Es una ceremonia muy importante para el pueblo neuquino en general que está en crisis con occidente, con la colonización. Junio es para nosotros cuando se renueva el ciclo de la naturaleza, el momento en el que también renovamos nuestro compromiso para defender nuestro territorio”.

En un contexto electoral, las comunidades denuncian como la criminalización de la protesta se utiliza en Neuquén de manera sistemática como un medio de disciplinamiento. “Entendemos que esta no es una causa técnica, sino cien por cien política. Por lo tanto, lo que tenemos que fortalecer y enfatizar es lo político”, afirma Relmu.

La represión, el armado de causas, el juicio por jurados, la figura de terroristas, son los mecanismos que construye el Estado, para lograr una pena ejemplificadora a través del aparato judicial, intentando frenar la lucha contra el modelo extractivista, el legítimo derecho sobre el territorio y la soberanía de los pueblos. La represión no se ha detenido en la década de los Derechos Humanos, sino que se ha hecho más sofisticada, federalizada y selectiva. Fundamentalmente estructurada para defender los pilares del modelo: el extractivismo, el despojo del territorio y la precariedad de la vida.

[1] Estas picadas son las que históricamente cortaron los trabajadores petroleros y que durante las puebladas de 1996 y 1997 en Neuquén dieron nombre a un nuevo actor político: los/as piqueteros/as.

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