Hace más de un mes se empezó a recrudecer la confrontación armada entre el reducto existente del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos insurgentes que operan en la región del Catatumbo.

El Catatumbo, departamento de Norte de Santander, es una región limítrofe con Venezuela que se ha caracterizado como una de las zonas más conflictivas del país en tanto convergen el abandono estatal, la presencia de múltiples actores armados (ELN, EPL, antiguas FARC-EP, grupos paramilitares, Policía y Ejército), los cultivos de uso ilícito y de rutas para el narcotráfico, la economía extractiva ligada al petróleo y la presencia de grandes cultivos de palma africana, por nombrar los más evidentes.

Contexto

La complejidad de esta región se da por diversos procesos históricos ligados a grandes transformaciones económicas que vienen presentándose desde hace casi un siglo en el territorio. De esta forma, el Catatumbo se relacionó con el mundo a través de la extracción de petróleo desde hace más de ochenta años, pero más adelante, en la década de los ochenta, se ligaría también a través de los cultivos de uso ilícito. En el nuevo milenio incursionó la agroindustria en la región, específicamente con el cultivo de palma africana o palma de aceite destinada para la producción de biocombustible y acompañada de un fuerte proceso de copamiento territorial militar y paramilitar que daría lugar a masacres (la del municipio de Tibú en el corregimiento de la Gabarra en 1999) y a un fuerte proceso de despojo y concentración de tierras.

Por su ubicación geográfica este territorio goza de tener una invaluable oferta de bienes naturales estratégicos como el petróleo y el carbón, además de otros minerales como el plomo, el cobre y el fosfato. Dicha riqueza mineral ligó al Catatumbo a la economía extractiva, pero a su vez con la extracción del petróleo se incentivó el asentamiento de contingentes de trabajadores de esta industria, dando paso también a la organización de los trabajadores y a un sindicalismo combativo que será protagonista en las luchas sociales que se han dado desde ese entonces hasta el presente.

El abandono estatal padecido en el Catatumbo en términos de infraestructura vial, salud, educación y bienestar social en general, contrasta con el fuerte despliegue actual de más de 12.000 efectivos de la fuerza pública en sus tierras dedicados a labores de inteligencia, vigilancia de infraestructura petrolera, combate contrainsurgente y contra las drogas.

La inoperancia del Estado ha dejado como consecuencia el aumento de la pobreza y la disminución de la calidad de vida de sus pobladores, además de profundizar la crisis agraria debido a la imposibilidad del campesinado para comercializar sus productos a causa de la inexistencia de vías o al pésimo estado de estas, dificultando la conexión al interior y con el resto del país. Por motivo de esa exclusión estructural, desde la década del noventa miles de campesinos se han visto empujado a cambiar sus cultivos de café, yuca, plátano y hortalizas por matas de coca, cuyo procesamiento y transformación en pasta base y cocaína han servido como fuente de financiación de diversos actores armados presentes en la región.

Esta realidad socioeconómica dio pie para que en la región se establecieran y consolidaran tanto organizaciones sociales como proyectos político-militares. Los primeros se han encargado de organizar la vida comunitaria a través de las Juntas de Acción Comunal encargándose de la convivencia entre vecinos y actores armados, de la construcción de carreteras, colegios y puestos de salud, de la creación de planes de vida colectivos, de la defensa y protección de los bienes naturales y del territorio, de la defensa de los derechos humanos, entre algunas otras actividades.

Estos proyectos sociales entre los que se encuentran el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el cabildo indígena del pueblo Barí y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) han sido algunos de los actores sociales regionales que se han encargado de hacer frente al proyecto de despojo y militarización que el Estado, las trasnacionales y los terratenientes de la región vienen consolidando a sangre y fuego desde hace varias décadas, razón por la cual han sido tachados como auxiliadores o pertenecientes a grupos insurgentes.

En cuanto a los proyectos político-militares que hacen o hicieron presencia en la región, debemos remitirnos a los últimos 40 años, periodo en el que se establecieron por las ventajas estratégicas que brinda la cercanía a la frontera con Venezuela, en términos de abastecimiento y posibilidades de mantener una retaguardia, pero además, por las ventajas que prestan las formaciones montañosas y escarpadas del Catatumbo que sirven para resguardarse del Ejército.

El Catatumbo fue hasta la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), la única región de Colombia donde coexistían las tres organizaciones insurgentes nacidas en la década de los sesenta en este país: el ELN, el EPL y las anteriormente denominadas FARC-EP. Estas guerrillas han desempeñado el papel del Estado impartiendo justicia, solucionando los problemas de convivencia en las comunidades, construyendo también escuelas y puestos de salud y en general organizando la vida social de los territorios de influencia.

Sus principales fuentes de financiación en la región se han centrado en la extorsión a empresas y comerciantes, cobro al gramaje de pasta base de coca y contrabando de combustible, lo que obligó a construir acuerdos entre estos grupos para repartirse zonas y las rentas derivadas de dichas actividades.

La confrontación actual EPL-ELN

El inicio del proceso de concentración y entrega de armas por parte de las FARC-EP durante el 2017 genera cambios y ajustes en la compleja repartición de las influencias territoriales de las organizaciones insurgentes presentes en el Catatumbo. Al abandonar las FARC-EP sus antiguas áreas de control en la región, se genera la oportunidad para que las estructuras del ELN y del EPL iniciaran un proceso de expansión y fortalecimiento en las zonas dominadas anteriormente por las FARC.

A la recomposición de las influencias territoriales se le suma la reacomodación de la comandancia local del EPL (también denominada como ‘Los Pelusos’) entre 2015 y 2016 tras la muerte en combate de ‘Megateo’ y la captura de ‘David León’, principales de dicha organización. Tras esos acontecimientos se fractura el mando del EPL , dando lugar a una sucesión de mando caracterizada por sostener fuertes lazos con actividades y rentas derivadas de la producción y tráfico de cocaína y del contrabando de gasolina originaria de Venezuela.

Por otro lado, con el inicio de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno a partir del año 2016 y con el inicio del cese bilateral del fuego decretado en octubre del 2017, el EPL empieza a expandir su influencia de manera más contundente hacia zonas controladas por el ELN, lo que genera el el rompimiento de acuerdos entre ambos grupos en zonas en donde existían acuerdos para el tránsito y abastecimiento de las dos agrupaciones y acuerdos para la repartición de las rentas provenientes del contrabando de gasolina, la comercialización de insumos para el procesamiento de cocaína y del control de los cultivos de uso ilícito (que en la región tienen una extensión de más de 25.000 hectáreas).

El 15 de marzo iniciaron los combates entre el ELN y el EPL tras una serie de acciones militares en donde ambos grupos sufrieron bajas. En esa fecha también inició el éxodo de campesinos buscando huir de la confrontación. Un mes después, el 15 de abril, el EPL decretaría un paro armado en la región llamando al cese de actividades de transporte y comerciales e invitando a los catatumberos a mantenerse resguardados en sus casas, mientras el ELN llamó a desobedecer dicho paro. Las consecuencias que deja el paro van desde la parálisis del transporte intermunicipal, el desabastecimiento de víveres, paso restringido de ambulancias, cese de clases en todas las escuelas de la región y en general una grave crisis humanitaria que afecta las dinámicas cotidianas de la población.

El 23 de abril se dio a conocer un comunicado en el que el EPL anuncia un cese temporal de hostilidades contra el ELN que tuvo una duración de tres días, en donde se autoriza a la población a reabrir el comercio para procurar el abastecimiento de víveres y el acceso a otros servicios básicos. A pesar de esto la zozobra y la incertidumbre en la región se mantiene debido a la imposibilidad de que ambos grupos lleguen a acuerdos que detenga de manera contundente la confrontación, sumando también la clásica respuesta estatal orientada a la militarización y al tratamiento de guerra a los pobladores catatumberos.

La respuesta de los movimientos sociales ante la actual crisis

Según la oficina de la ONU en Colombia, la confrontación entre el ELN y el EPL ha dejado un saldo de más de 3.000 personas desplazadas y graves restricciones en la movilidad y acceso a bienes y servicios básicos de otras 144.000. Ante esta crisis humanitaria, diversos actores sociales y políticos de la región, junto con la iglesia católica e instituciones de orden local, regional, nacional e internacional, decidieron conformar la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, un organismo que pretende visibilizar la situación humanitaria del Catatumbo, pero también posicionarse como interlocutor político legítimo ante el Gobierno Nacional y los actores armados presentes en el territorio para articular acciones y buscar mecanismos que garanticen la protección de las comunidades y de los procesos organizativos que hacen presencia en el Catatumbo.

De esta forma, representantes de las principales organizaciones campesinas e indígenas que desarrollan sus actividades en la región (CISCA, MCP, ASCAMCAT, Pueblo Barí) se dieron cita el 12 y 13 de abril en Bogotá junto a la Defensoría del Pueblo, la embajada de Alemania, Naciones Unidas, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría Genera, la FARC y la gestoría de Paz del ELN. Asimismo estuvieron presentes los senadores del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla e Iván Cepeda.

Este escenario sirvió para que los movimientos sociales del Catatumbo denunciaran las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que vienen padeciendo a raíz de la confrontación entre el EPL y el ELN y por las actuaciones de la fuerza pública, además permitió que le exigieran al Gobierno articulación institucional y respuestas de impacto real para hacer frente a la situación humanitaria que vayan más allá de la presencia de la fuerza pública y que reconozcan el olvido y la exclusión histórica que ha padecido la región por parte del Estado.

Producto de este encuentro, el 22 de abril en el municipio de El Tarra en el Catatumbo se realizó una asamblea que contó con la participación de más de 5000 personas en donde los participantes se comprometieron con la paz de la región. En las conclusiones de la asamblea en El Tarra se evidencian las demandas de los habitantes del Catatumbo, por un lado las de carácter inmediato frente a la confrontación armada, por otro lado las de carácter estructural y político frente al Estado. En las primeras se evidencia la necesidad de detener la guerra cuyas principales víctimas son la población civil, la salida que reclaman es política y negociada.

La demanda por el respeto a las decisiones de las organizaciones sociales, pero además el respeto a las zonas humanitarias, a los corredores humanitarios y a las misiones de verificación, estrategias procedentes de la población civil para garantizar el acceso a sus derechos. Garantizar el respeto a la vida y a la integridad de los líderes sociales y comunales de la región. Finalmente, desminar los territorios, garantizar el derecho a la educación y a la salud, así como el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Mientras las demandas al Estado pasan por el cumplimiento de los acuerdos de paz con la insurgencia, el pueblo catatumbero exige un cambio en el enfoque militar, ya que la experiencia de las comunidades ha indicado que este solo agudiza y agrava el conflicto en la región.

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*Julian Peña es estudiante de geografía de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador de Marcha Noticias.

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El próximo 30 de mayo iniciará una Minga Nacional con movilizaciones en todo el país, según lo dispuso la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que congrega a gran parte del movimiento social en Colombia. El campesinado del Catatumbo es parte de la iniciativa, que pone eje en las demandas incumplidas por parte del gobierno con las comunidades.

Rodeado por el Ejército y la Policía, el gobernador de Norte de Santander afirmó que “no se van a autorizar desplazamientos” en Tibú, Ocaña y Cúcuta, como respuesta al anuncio de movilizaciones que descalificó llamándolas “paro armado”. Un libro de reciente publicación recupera la memoria del “Paro del Nororiente” de 1987 en esa región, historia que las autoridades deberían tener presente para no repetir las consecuencias trágicas que genera la estigmatización del movimiento social.

Movilizaciones de este tipo ocurrieron en 2013 y 2014, cuando surgió la Cumbre. Esa coordinación nacional se convirtió en una plataforma unitaria de diálogo con el gobierno, aunque las gestiones no avanzaron lo suficiente. Desde entonces las protestas cuentan con mayor previsión y organización: nadie puede poner en duda la legitimidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, o las organizaciones campesinas del Catatumbo (CISCA, ASCAMCAT), como legítimas expresiones del movimiento social.

Sin embargo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lanzó duras amenazas que prefiguran violación de las garantías constitucionales y graves riesgos para los liderazgos sociales en la región.

Tras convocar a un Consejo de Seguridad y mostrarse junto a los mandos del Ejército y la Policía, el gobernador eligió desconocer los motivos de la protesta y hablar en cambio de “paro armado”, “depósitos de explosivos”, “material de guerra”, para concluir ofreciendo “recompensas por 100 millones de pesos para quien brinde información” y “multas a las empresas de transporte que faciliten el desplazamiento de campesinos” durante las fechas de movilización. [“Desautorizan paro campesino que se desarrollará en Catatumbo”, La Opinión, Cúcuta, 25 de mayo].

Hasta el momento la respuesta más contundente provino del senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Alberto Castilla, quien fue vocero del Comité de Integración del Catatumbo (CISCA) en sus tiempos de líder campesino: “Exijo a la gobernación brindar todas las garantías a los derechos a la protesta social, la libertad de expresión y la libre locomoción”, reclamó.  Pero el gobernador Villamizar, lejos de retractarse, ratificó las acusaciones contra el movimiento social.

Lejos, muy lejos de cualquier horizonte de paz, el gobernador de Norte de Santander anuncia la continuidad de la violencia, en la peor de sus expresiones: la que el Estado ejerce contra el pueblo cuando se propone reclamar por sus derechos negados.

Memoria

La estigmatización, la asimilación de protestas campesinas con el accionar de organizaciones armadas, históricamente ha sido el argumento que los gobernantes dieron para justificar el ataque al movimiento social.

La década del 80 fue pródiga en movilizaciones campesinas en el Catatumbo. A partir de 1985 se desarrolla un clima de efervescencia social que desencadena en cuatro grandes movilizaciones, la más notoria conocida como el “Paro del Nororiente” de junio de 1987.

“A partir de 1980 es cuando empieza a configurarse el campesinado del Catatumbo como sujeto político de importancia en la vida departamental y nacional”, narra Héctor C. López R., autor del libro “Colonización y primeras luchas campesinas en el Catatumbo”, recientemente publicado por La Fogata Editorial. El texto reconstruye los antecedentes históricos de lucha en la región, como la resistencia de la población Barí a las compañías petroleras (1931- 1964), las luchas de los trabajadores petroleros contra la multinacional Colpet (1931-1977), el Paro Cïvico de los estudiantes de Convención contra Chevron (1963) y el Paro Cívico departamental por la reversión de la Concesión Barco (1971). Ese caudal histórico desencadena en las movilizaciones de los años 80.

“El Paro del Nororiente logra que la opinión pública colombiana comience a interiorizar la magnitud de la riqueza petrolera de los Santanderes; los campesinos comienzan a tomar consciencia y a exigir planes de desarrollo e infraestructura para sus veredas, dada la miseria y pobreza de la población”, narra el autor, protagonista de aquellas gestas.

Durante el Paro del 87 se organizaron marchas a Ocaña, Tibú y Valledupar; tres meses después, otra movilización copó la ciudad de Cúcuta. El movimiento campesino forzó una negociación, que se dio en medio de una dura confrontación entre los marchantes y la Fuerza Pública.

Los campesinos lograron reivindicaciones urgentes: dispensarios de salud, escuelas rurales, mantenimiento de carreteras y acueductos, programas de caminos veredales, electrificación, ampliación de prestación de servicios de agua en barrios marginales… Todas cuestiones básicas, pero que solo comenzaron a ser tenidas en cuenta por el Estado a partir de las fuertes protestas.

Parecen lógicos los reclamos, resultan legítimas las movilizaciones…

Sin embargo, “después del Paro del Nororiente de mediados de 1987, fueron dinamitadas sedes sindicales y amenazados 77 líderes de la protesta a través de una ´Lista de la Muerte´, la mayoría de esos dirigentes fueron asesinados o desaparecidos”, relata el autor del libro que historiza aquellas luchas.

¿Por qué la persecución y muerte a los líderes de protestas legítimas, de reclamos urgentes? La estigmatización (similar a la que ejerce el actual gobernador de Norte de Santander) siempre precede a la acción. Puede leerse en los recortes de diarios de la época: “El Paro del Nororiente fue organizado y dirigido por grupos guerrilleros e izquierdistas” [Ramón Cárdenas Silva, columnista del diario La Opinión de Cúcuta]; “En Barrancabermeja la policía retuvo al dirigente sindical Manuel Chacón por su presunta vinculación con grupos armados de extrema izquierda” [Colprensa, 8 de junio de 1987]. Chacón, al igual que decenas de líderes sociales, fue asesinado un año después de las protestas en las calles de Barrancabermeja.

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Las luchas del campesinado en el Catatumbo han sido por décadas un espejo donde el conjunto del campo popular puede mirar su destino. La historia enseña que señalamientos como los que acaba de hacer el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, solo pueden preanunciar más violencia contra el movimiento social. Aún faltan varios días para el inicio de las movilizaciones, ojalá las autoridades tomen consciencia de ello.

* Pablo Solana es editor de La Fogata Editorial – Colombia. Artículo publicado en “Lanzas y letras”

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