Por Camila Parodi | Foto portada: Agencia Télam

Desde Catamarca

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestro agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

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Por Karina Ocampo* 

“El camino es horrible”, dice Román Guitián, 49 años, coya, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. La mirada al frente, el ceño fruncido por la concentración y el sol; cuenta que suele llevar en su camioneta a los turistas que vienen a ver con sus propios ojos las rocas del Campo de Piedra Pómez, el salar de Antofalla o el volcán Galán. También hace circuitos para gente que llega desde Australia o Canadá, atraídos por la provincia y el tema de la minería. Pero justo el viaje hacia el Salar del Hombre Muerto es uno de los peores. “Muy poco lo hacen porque se rompen las cubiertas, los amortiguadores”, insiste. Los trabajadores y las visitas oficiales llegan en avión, directo a la pista de aterrizaje privada.

Estamos en la Puna catamarqueña. La vegetación se adapta a las temperaturas extremas y ralea en alturas que superan los 4 mil metros. Sobre nuestras cabezas, el cielo, de tan puro, deslumbra. El resto es inmensidad desértica. 

Quedan algunos ranchos aislados, vestigios de existencias pasadas. También ovejas, llamas y vicuñas que buscan el alimento de la tierra. Y proyectos de extracción de litio que modifican las condiciones de la vida en esta región del planeta. “¿Quién te mandó?”, pregunta, hasta que los nombres conocidos penetran la piel de la cautela y ya algunos dientes asoman a su sonrisa. 

Hoy lo que conserva ese salar parece indispensable para la vida moderna: Litio. 

El resumen ejecutivo de la Secretaría de Economía de México define al litio como un elemento metálico, blanco plateado, químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo en la tabla periódica es Li. “Es un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos”.

Su nombre proviene del griego “lithos”. Piedra. Y si bien los proyectos activos crecieron en los últimos años, el precio del carbonato de litio cayó de US$75.000 por tonelada en 2023, a US$10.500 en 2024. Se mantuvo la tendencia y en Sudamérica llegó a US$9.600 en 2025, números significativos para futuras inversiones. 

El uso más extendido a nivel global no constituye una novedad: es el de acumular energía. Móviles, y computadoras portátiles. La tienda Apple destaca que los iones de litio permiten rapidez en la carga, ligereza y mayor duración. En la industria energética el metal es valioso para los paneles solares y los molinos eólicos, que suponen una evolución tecnocientífica en energías renovables. En el caso de las baterías recargables de los autos eléctricos de BMW y Tesla, se asegura que el litio es indispensable para la “transición energética”, con el fin de dejar atrás los combustibles fósiles. Electromovilidad, afirman los expertos. 

¿Quién lo tiene, quién lo extrae y quién controla la cadena de valor?

De lo que no se habla en las cumbres a las que asisten gobernantes de los países que forman parte del mal llamado Triángulo del Litio, como nombran a la zona comprendida entre Argentina, Bolivia y Chile ——que concentra cerca del 65% del mineral a nivel mundial—, es del costo ambiental para los territorios y los seres vivos. Con la sanción definitiva de la Ley Bases, en julio de 2024, Argentina abrió la puerta al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que promete beneficios imperdibles, como 30 años de estabilidad fiscal y flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria a quienes invirtieran más de US$ 200 millones en el país.

Al cumplirse un año de su implementación, el Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones ambientales entre las que se encuentra la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), monitoreó los proyectos y arribó a datos no tan favorables: 

“Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan”. Entre los aprobados se destaca Rincón, en Salta, una de las grandes apuestas de la empresa Río Tinto, que también estrenó Director Ejecutivo, el danés Simon Trott.  

Desde FARN, Leandro Gómez, que es Coordinador del Programa Inversiones y Derechos, explica que, en términos energéticos, se trata del “aseguramiento de la cadena de suministros de minerales críticos”. Se refiere a que la mentada transición no es para todos, sino para quien haga las mejores alianzas. Dentro del marco de disputas geopolíticas en el llamado Norte Global, Estados Unidos busca una mayor participación en esta cadena, algo que China logró antes y mejor. Por eso, programas como Minerals Security Partnership (MSP), buscan acelerar los procesos, “en cooperación con la industria y otros gobiernos para apoyar proyectos estratégicos en países ricos en minerales y fomentar la inversión en toda la cadena de valor por parte de empresas mineras de buena reputación”. 

El papel de China, agrega Gómez, es crucial. Que haya dejado de otorgar beneficios fiscales, tanto a sectores empresariales como al consumo de vehículos eléctricos, fue visto por el mercado como una sobreoferta, principalmente de litio. Así se produjo una situación difícil para el mercado global, y en ese contexto, Arcadium decidió suspender en 2024 la planta de procesamiento de Sal de Vida que estaba construyendo, y utilizar la de Fénix en forma alternada. El 6 de marzo de 2025, Río Tinto concretó la compra de Arcadium Lithium, y ambos proyectos continuaron vigentes. La presencia de la empresa es importante, con la adquisición del Salar de Olaroz, en Jujuy.

La empresa no tiene buenos antecedentes. Basta con hacer una breve búsqueda para saber que “comenzó sus operaciones en 1873 como una mina de cobre en España, pero ahora opera en seis continentes, 35 países, con mayor presencia en Australia y Norteamérica. Sus productos incluyen aluminio, cobre, diamantes, carbón, uranio, oro, mineral de hierro y minerales industriales (boratos, dióxido de titanio, sal y talco)”. Y litio, claro. El Proyecto de Investigación Corporativa que recurre a bases de datos sobre mala conducta corporativa en el mundo, reporta que Rio Tinto, con sedes en Londres y Melbourne, “es una de las corporaciones más controvertidas de una industria controvertida”.

Entre las acusaciones se destacan: negativo impacto ambiental de las minas a cielo abierto en la flora y fauna, violación a los derechos humanos, incumplimiento de los derechos laborales, que en algunos casos culminó en huelga. Contaminación del agua y destrucción del hábitat, que anuló otras actividades económicas y que presionó el desplazamiento de poblaciones. 

En Madagascar, las movilizaciones por niveles nocivos de uranio y plomo en las vías fluviales derivaron en protestas de la organización activista LuSud. En un artículo del medio The Ecologist, del 20/10/2024 se reportan al menos tres asesinatos producidos el año anterior en manos de las fuerzas represivas locales durante una manifestación pacífica contra la minera QMM, filial de Río Tinto. 

Bienvenidos al antropoceno

A esta altura, respirar cuesta. En una camioneta todo terreno la única manera de viajar sin sufrir el “mal de montaña”, que es la hipoxia o falta de oxígeno, es adaptarse poco a poco. Román baja la velocidad y repasamos los recursos: una pastilla que nos dio un médico antes de partir, mascar coca, tomarla en té, ponerle pupusa al mismo té. Pupusa es una hierba de la zona. Mezclar todo y si falla, cuando asome el mareo, aspirar agua florida, un destilado vegetal que proviene de la jungla peruana y que además de purificar el aire, purifica a la persona.   

Los antofagasteños que todavía habitan en la zona del salar son pocos y están en retirada. Hasta no hace tanto, vivir de la ganadería era una opción porque los animales encontraban el alimento en las alturas. Criaban animales, hasta podían cosechar papas, el clima era más predecible. Ahora no alcanza y hay que disponer de dinero para comprarles el forraje durante los meses de escasez.

Es sábado y la actividad minera es limitada. Por lo general los camiones andan juntos, llevan escolta, el trayecto es pacífico, salvo el traqueteo. “Por ahí te cruzás nueve, diez camiones. Pero cuando cae nieve acá no pasa nadie, ni los mineros. Sufren una barbaridad porque no pueden hacer todo el transporte y llevar el personal y la logística”. 

La materia prima, el carbonato de litio, se traslada a Salta. La ruta habitual es la provincial 17 hasta la estación Salar de Pocitos, por tren se la llevan a Chile. Saldrá del puerto de la línea ferroviaria que une San Antonio de los Cobres con el paso fronterizo de Socompa, en Salta. Esta vía férrea es la extensión hacia el oeste del famoso Tren de las Nubes. Continúa por Chile hasta el puerto de Antofagasta, una vez que llegan a esta ciudad ubicada en las costas del océano Pacífico Sur, los minerales se cargan para su envío a Estados Unidos, Europa y Asia oriental. De ahí ya está en condiciones de salir del país. “Nadie controla nada, hacen lo que quieren”, asegura Guitián. 

A largo plazo, la industria espera que la producción del hidróxido de litio se desarrolle más. La mayor parte de la producción y exportación de litio en el país es de carbonato de litio, con dos plantas en la provincia de Jujuy, y otras dos en Catamarca. El carbonato tiene un menor costo de producción, aunque también menor duración que las baterías de hidróxido. El gobierno de Salta anunció en octubre de 2024 la inauguración de la primera planta de hidróxido de litio en Argentina, que pertenece al proyecto Sal de Oro, de la minera coreana Posco, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año. 

El viento es una presencia imponente, tanto que, si se abriera la puerta de la camioneta a destiempo, tal vez esa puerta volaría como un juguete. Pasamos por las ruinas de Inca Huasi, un sitio turístico que muestra una pequeña porción de la historia de la minería en la provincia, acá se explotó oro, cobre y bórax, pero ya no queda o lo que queda no resulta rentable. La ocuparon diaguitas, incas del Tawantinsuyu y jesuitas. La última vez fue en 1950: ahora es un pueblo deshabitado. Pura piedra y barro, silencio puneño y viento.  

La promesa es llegar durante el mediodía al rancho que todavía mantiene con su hermano, aunque hace años ya viva en el pueblo. Con hijas adultas, solo espera que la más chica termine la escuela para emprender nuevos horizontes. “Yo nací y me crié en Salar del Hombre Muerto. Después fuimos a vivir al otro lado de Salar, y había una escuelita. Crié a mis hijos aquí, terminaron la primaria. Con tanta minería tuvimos que irnos de ahí, yo fui el primero que hice la punta en Antofagasta”.

Otra de las familias que se oponen a que la minería de cobre y litio se apropie del agua son los Morales-Mamani. Ya en el siglo XIX, los Morales habitaban la región cercana al Volcán Galán, donde pastoreaban y cuidaban a sus animales en corrales. Justo ahí, la empresa Volcán Lithium tiene dos proyectos de carbonato de litio en un territorio que abarca 36.000 hectáreas de salar. En el pueblo, Alfredo y su compañera, Elisabeth Mamani, hacen un trabajo de hormiga, y aprovechan cada oportunidad para contarles a los viajeros la razón de su activismo; el valor de las tierras desde una perspectiva no capitalista. Los Morales son guardianes de un sitio sagrado con petroglifos de alrededor de 4500 años en Peñas Coloradas —al que visitaremos días después—. El arraigo tiene que ver con una historia que define su identidad.  

El hombre de apariencia juvenil a sus 56 años cuenta, como la mayoría, que el problema es el agua. No en invierno, que todo se congela, sino en verano, que no alcanza “ni para los animales”. En su currículum tiene un rechazo de la minera cuando era joven; lo agradece. No tenía profesión ni experiencia y eso lo obligó a irse y aprender otras cosas. Sonríe y nos desafía: “sé hacer de todo, gracias a Dios. Soldadura, construcción, chofer, maquinista, de lo que me digan. Y si no lo sé, aprendo”. Asegura que ahora son más los que no quieren que la minera destruya todo y entienden que es “pan para hoy, hambre para mañana”. Tener un hijo dentro, del lado “enemigo”, no invalida su lucha. “¿Cuál es el problema? Si está en su tierra. Hasta los mismos del pueblo te juzgan. Ahora porque nosotros reclamamos, ¿ya no tenemos derecho a nada de nada? Eso planteamos nosotros. Tendríamos que tener más derechos que los otros que vienen de afuera”. 

Las familias puneñas encabezaron manifestaciones en la ruta, antes de que el amparo se hiciera realidad. Al igual que el hijo de Alfredo y Elisabeth, algunos ingresaron en la minera y ya no se opusieron; la resistencia se debilitó. En la fusión de las empresas, fueron despedidas cerca de 300 personas. Román Guitián reflexiona: “Mineral, ¿quién come? Nadie. Todo viene del campo, si no fuese el campo no tendríamos vida. Si tenés una planta tenés el oxígeno. Todo nace ahí, la tierra y bueno, la materia prima. Pero ahora nada queda para nosotros”. 

En 2023, la generala (R) del Ejército de Estados Unidos jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson dijo en una visita al país: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.  

Guitián pide respuestas concretas. “Ellos consumen el agua dulce para su proyecto a 4 mil metros, nosotros estamos a 3000 msnm. Lo que tiran al salar desde la planta supuestamente vuelve en la misma cantidad y tiene el mismo PH. “Entonces por qué no levanta el caudal de la laguna? Si dicen que es agua no contaminada, ¿por qué tienen que ingresar con barbijos? ¿por qué ese olor tan fuerte?”.   

El término Antropoceno fue utilizado por primera vez a principios de siglo para designar las repercusiones que tienen las actividades humanas en el clima y la biodiversidad. Una época geológica —la actual—, en donde se incrementan los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI) en el cambio climático, se dañan los ecosistemas y los plásticos duplican la cantidad de masa de los animales terrestres y acuáticos.

Antropoceno es un término aún no reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) para describir el impacto de la humanidad en la Tierra. Capitaloceno. El hombre que mira a la tierra como un recurso infinito. 

Frenamos cerca del proyecto Fénix: ahí está la vega afectada y el acueducto.  

Historia de una vega seca

Román Guitián dice que la vega del Río Trapiche está seca. En realidad, que la secaron. La vega es un humedal —en este caso, de altura—, un terreno fértil con pastizales nativos, la memoria de la biodiversidad del río.

El hombre de piel puneña cuenta que la minera cortó el cauce y después hizo un dique en el río Trapiche. “Le dijeron a la gente que vivía al costado del río: bueno ustedes se van a tener que correr de aquí, les vamos a hacer una casa allá y vamos a poner agua. No hicieron nada, hicieron la casa, pero nada más”. Prometieron que cuando se llenara el dique, el agua volvería a correr, pero eso nunca ocurrió. Siete kilómetros de río desaparecieron. Conservar un ganado se hizo más difícil, sin alimento en la zona, los animales quedaron expuestos a la caza del puma y el zorro. Y ahí empezó a morir todo. 

En 2018 una docente difundió un video de la vega desde un drone, un charco negro, sin vida. Aunque llevaba años seca, para el pueblo de Antofagasta fue un revuelo. Por esa época el cacique denunció el uso excesivo del agua por parte de la empresa Livent y sus consecuencias para el ecosistema. Aunque inició la batalla “en soledad” para presentar una acción de amparo contó con el apoyo de Pucará, un espacio que concentra asambleas territoriales en Catamarca.

Al año siguiente la empresa informó que empezaría a construir un acueducto de más de 30 kilómetros para extraer agua del río Los Patos. Si la situación ya era grave, el avance de las obras obligaba a la comunidad a buscar formas de resistencia.

Así Román se presentó en el tribunal de la provincia, con representación legal. En el documento menciona, entre otras cosas que, desde 1997, se iniciaron los proyectos de exploración, extracción y procesamiento, sin haber tenido el consentimiento asambleario de la comunidad de Antofagasta, ni de la comunidad. El hecho es tan recurrente que se volvió una regla no escrita. No se respetaron ni los tratados de Derechos Humanos de la Constitución, como el derecho que garantiza un ambiente sano, ni el Convenio 169° de la OIT, también ratificado por ley nacional, que protege el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los afectan. Aún menos el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, que proporciona acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y además protege a los defensores de la naturaleza. 

Por eso el fallo se consideró ejemplar. Y una sorpresa que se reprodujo en los medios. Mientras Román avanza por el sendero irregular, aclara que no todos los integrantes de la comunidad están en contra de los proyectos. Sí, de la manera en que se impusieron. Algunos solo quieren trabajo en condiciones dignas, no son antimineros. Pero hay un consenso: el agua es un bien común básico que se debe respetar. Tampoco quieren que las empresas se lleven las ganancias sin dejarles beneficios a las comunidades. La oposición tiene su gradualismo, es difícil resistirse a semejante desigualdad en las fuerzas. En marzo de 2024 salió en las noticias: “La Corte de Catamarca ordenó paralizar la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto por el reclamo de un cacique”. 

Cerca del rancho de la familia Guitián, a metros del salar, dos tumbas son testimonio de la historia de la comunidad. Una de ellas remite al “hombre muerto”, la que está a su lado es la del bisabuelo de Román, Bernardo Guitián, que encontró ese cuerpo y le dio la sepultura. 

Ahí nacieron y se criaron sus antepasados entre animales y paisajes de sal. Nunca les faltó comida, los animales no escaseaban, el río rebosaba de truchas y patos.   

No hay regeneración posible

Si bien el proyecto Fénix tenía autorización para utilizar el agua del río Trapiche, la evaporación de la vega fue un proceso que se comenzó a percibir a principios del 2000. En período de pandemia, Livent destinó un presupuesto para la mano de obra y los materiales de una supuesta restauración. El encargado fue Rodolfo Tarraubella, presidente de la Fundación EcoConciencia. 

Rodolfo se presenta como especialista en finanzas sustentables, cuenta que los trabajos comenzaron en condiciones climáticas extremas y aclara que la ONG no recibió dinero de la empresa. Bajo la nieve y con excavadoras encontraron un piso geológico que aún contenía cierta humedad. Trasplantaron cerca de 25 mil plantas y la compañía minera puso su propia gente para hacer monitoreo y seguimiento. 

“Creo que tardará en crecer al menos 8 años para que uno pueda verla verde en todas las zonas que restauramos”, dice Tarraubella y explica que hubo una segunda mesa de diálogo entre la empresa, el gobierno y la comunidad, en la que no hubo ninguna oposición al avance de las obras. La versión de la comunidad es diferente.  

Lo que parece un atisbo de esperanza para algunos, para otros solo es humo que tapa lo importante, un “show” de la regeneración del río Trapiche. “Hay un daño que es irreversible”, asegura Verónica Gostissa, abogada integrante de la Red de Asambleas Pucará, que trabaja en una asesoría federal y es coordinadora de OPSAL en Argentina. Entre bocado y bocado de su almuerzo tardío, asegura: “No es como el ciclo del agua, el agua no vuelve más. Pero si quisiéramos parar, tienen que liberar el dique. Mientras haya un dique que no permite que la vega Trapiche vuelva al cauce de la subcuenca a la que pertenece, no se recupera nada. Lo están regando, es una vergüenza”.

La abogada de pelo rizado y mirada encendida describe al proyecto como un “Frankenstein biológico”, con un cerco de madera y una vega trasplantada, “Greenwashing”, como se define a una lavada de cara que se presenta como sustentable, pero solo en apariencia. Tanto el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente como el de Minería permitieron el uso del río Trapiche, primero, y la construcción del acueducto que llega del río Los Patos, como segunda fuente de agua disponible.  

El cacique Román cuenta que le discutió a Tarraubella. “Me dijo que  soy negativo. Pero yo tengo toda mi vida acá. Entonces yo sé por qué se muere y no vuelve de la misma manera; requiere mucha agua. Si no tiene agua no florece, no reverdece”. 

Derecho de Naturaleza

Previo a la sentencia emitida el 20 de marzo de 2024, el abogado Santiago Kozicki entró en escena. Heredero de una estirpe de abogados y jueces, después de diez años de trabajo en el Poder Judicial necesitaba un giro en su vida y eligió participar en causas ambientales. Así se enteró de lo que estaba pasando en Catamarca y habló con Verónica Gostissa, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) que, desde su rol en la Defensoría General, asesora a la comunidad. Santiago se convirtió en una pieza clave en ese engranaje. 

En un café de Buenos Aires, Kozicki explica los aspectos legales: “Formalmente, el amparo lo presenta Román con el patrocinio de la Defensoría General. En el territorio, hay articulaciones entre Román, la comunidad, Pucará y la Defensoría. Cuando se hace el amparo se plantea en la Justicia Federal, que interviene el Estado Nacional, a través de sus órganos federales”. A su vez, el amparo también se hace contra el gobierno provincial por la forma en que se autorizaron los permisos a las empresas en relación al Río de los Patos, en particular, y en general al Salar del Hombre Muerto. 

En 2020 había ocho empresas instaladas en la zona. Cinco estaban autorizadas para extraer agua dulce del Río de los Patos. Sus informes de impacto ambiental habían sido aprobados de forma individual. Pero nunca se había estudiado el impacto acumulado de estas empresas. 

A fines de los 90 poco se sabía lo que el litio iba a significar para los territorios. Tecnología de avanzada al estilo ciencia ficción. Un metal liviano capaz de mantener en vilo a países como Chile y Bolivia que, junto con Argentina, forman el llamado “triángulo del litio”, con sus extensiones de sal en retroceso. Tan estratégico como para que el llamado “Norte Global” negocie en el sur los beneficios para su consumo. 

Los salares son los más aptos y económicamente más convenientes para la extracción por evaporación pero el litio también se encuentra en el fondo del mar y entre las piedras, como en Puno, Perú, en donde se requiere un procedimiento diferente, con una mina a cielo abierto para separar el litio del uranio, tal como lo retrata la periodista Gabriela Wiener en una crónica publicada en revista Orsai. La crisis sociopolítica que se transformó en estallido social en 2023 contra la represión del gobierno de la entonces presidenta, Dina Boluarte, dejó 18 muertos y más de cien heridos. La profunda desigualdad que sufren las poblaciones aymaras incluye, entre otras cosas, que las comunidades no cuentan con la soberanía de los minerales pero sufren las consecuencias del extractivismo en sus propios territorios. El proyecto Falchani, de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium—anunció el retraso del inicio de las operaciones para 2029. Cuestiones legales y técnicas son algunas de las causas pero los conflictos sociales también pesan en esta decisión. 

La historia la escriben los que ganan 

La Ley de Inversiones Mineras de 1993 que le puso un tope de 3% a las regalías de las provincias fue la puerta de entrada para las explotaciones a gran escala. La primera minera de litio que se instaló en esos 600 km2 de salar que comparten Salta y Catamarca fue en 1997 y durante varios años fue la única que reinó en la tierra salada. Fue gracias a Fabricaciones Militares que la provincia obtuvo la concesión del salar, de la exploración y explotación se hizo cargo la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium Corp. La empresa norteamericana renombrada como Livent, en 2023 se fusionó con la australiana Allkem y formaron Arcadium. 

En marzo de 2025 se completó la venta de los activos globales por 6.700 millones de dólares en efectivo a la empresa anglo-australiana Río Tinto. Las regalías para el litio aún se mantienen, aunque podrían quitarse en un futuro. En agosto, por decreto del Gobierno nacional, se eliminaron las retenciones a más de 230 productos mineros, como el hierro y el cobre, para impulsar la competitividad del sector. No al litio, todavía. 

Un sector privado en el aeropuerto de la Dirección de Aviación Civil de Salta, una pista de aterrizaje a pocos metros del pueblo de Antofagasta, otra en la zona del salar, aviones que trasladan a profesionales y operarios, movimiento semanal constante. 

El proceso comienza con la extracción de la salmuera a más de mil metros de la superficie y su traslado a piletones en los que a través de un método evaporítico, separan el preciado litio de otros minerales, como potasio, calcio, cloruro de sodio o sulfato. En esos piletones, que pueden superar el tamaño de una cancha de fútbol, se deposita la salmuera durante nueve a doce meses. El carbonato de litio toma el aspecto de un polvo blanco que, con el agregado de cobalto y níquel, servirá para la fabricación de una batería. En el Documento de Posición sobre la Minería de Litio en los Andes de Sudamérica, de la organización mundial Wetlands, dice que se utilizan dos millones de litros de agua para obtener una tonelada. Equipar a un auto eléctrico, implica cinco kilos de litio, por lo tanto, esta cantidad abrumadora de agua podría destinarse a unos 200 vehículos.

El concepto más extendido en la red de asambleas, comunicadores, abogados, biólogos y antropólogos, es que la minería de litio, en realidad, es minería de agua. En el documental “Antes del lito”, el licenciado Néstor Ruiz, perito ambiental y miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) afirma que el método de producción es obsoleto y que 30% de la mezcla que se vuelca a los piletones consiste en agua dulce. Agua de los ríos y subterránea. Agua que corre y se evapora. Hoy se apuesta por un método de extracción directa que, según afirman, utiliza menor cantidad de agua, pero es aún más costosa. 

Frente a la polémica del freno legal, que repercutió en otros países, la estrategia fue abrir sus puertas a la prensa. En septiembre de 2024, desde un hotel en Buenos Aires viajaron medios argentinos hasta Salta y de ahí realizaron un trasbordo en aviones particulares hacia la planta procesadora de Fenix. Según sus imágenes ofrece la tecnología de avanzada para “optimizar el proceso productivo”. 

En ese espacio inaccesible para el periodismo ambiental, asistieron a charlas en las que les explicaron el proceso de producción. Las crónicas hicieron referencia a los beneficios que la actividad minera llevaba a la población y al confort que tienen los trabajadores —por ejemplo, espacios de recreación con una sala de música—. También aludieron a la intención de modernizar el uso del agua dulce. 

En representación de la empresa, el entonces Gerente de Operaciones de Arcadium (ahora Río Tinto), explicaba que había una confusión al respecto. El medio argentino Infobae publicó un textual de Luciano Mancuso: “El agua que fluye hacia el salar, la usamos nosotros o nadie; a 4 kilómetros no hay nadie más”. La negación de otras formas de vida se vuelve patente en este modelo de producción. Mientras que el agua de la salmuera no sirve para consumo, afirma, el agua subterránea apenas se vio afectada en 25 años. Con respecto a la superficial, se utiliza solo un 10% del acuífero. La mención al río Trapiche es inevitable, pero también alude a la remediación de la vega seca. 

La verdadera historia

La doctora en Biología, Patricia Marconi, forma parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Su trabajo con la investigación de los flamencos altoandinos (la parina grande y la parina chica) la llevó a conocer la problemática minera de cerca. “Para nosotros directamente este tema es una amenaza sobre la biodiversidad, por la metodología que utilizan y por las características de estos humedales que son oasis en medio de una matriz desértica. Cualquier intervención —ni hablar de estas que son a muy gran escala—, tiene un efecto muy negativo sobre el funcionamiento de estos humedales y todos los servicios ecosistémicos que brindan”.

Hace 30 años que la Fundación Yuchán trabaja en el altiplano. Patricia, a través de una llamada virtual, cuenta que la minería de litio siempre estuvo presente en Catamarca, pero a muy pequeña escala o con un proyecto puntual, como el caso de Fénix. Esto cambió drásticamente a partir de 2016 cuando se eliminaron las retenciones y hacia 2018 apareció la alta demanda de litio para un modelo de transición energética corporativa. Con el apremio de la supuesta transición verde en el llamado “Norte Global”, las empresas llamaron a duplicar la producción. 

Los proyectos se multiplicaron de manera indiscriminada en los humedales, “dependiendo exclusivamente de la concentración del mineral, no de si estaban dentro de un área protegida o había una comunidad dependiendo de esos humedales”. Según la bióloga, todo el ordenamiento territorial previo y los usos preexistentes fueron ignorados, como si la ola de extracción de litio hubiera borrado las leyes y los derechos. 

La búsqueda de cobre también es una amenaza para la biodiversidad. Durante 2023 se aprobaron dos pedimentos de cobre por lo que una vez dados los derechos para la prospección, sería el turno de la exploración y finalmente la explotación. “Dada la alta demanda de cobre y el alto precio del cobre en el mercado, sumado al RIGI, y esta desesperación mortal por obtener divisas de cualquier manera, la zona está en alto riesgo”. Los humedales son importantes, allí existe la mayor concentración de la parina chica.” Cada verano se congregan un promedio de 15.000 flamencos, es decir, el 10% de la población global. En algunos años llegamos a contar 19.000 y además es un sitio de nidificación regular, que son muy pocos en toda el área de distribución”. 

En los últimos años, las noticias sobre flamencos muertos han aumentado. En 2023 se determinó que el hallazgo de 220 ejemplares se debió a la gripe aviar. “Es difícil atribuirlo a la actividad minera”, contesta la bióloga frente a la pregunta, pero los estudios continúan. La minería a cielo abierto implica alta probabilidad de derrames ácidos, con cianuro y explosiones, una contaminación letal e inmediata. “En el caso de la minería de litio, el proceso es mucho más lento porque no lo vemos. Porque el 98% del agua de la Puna es subterránea”.

Parecida a la extracción de hidrocarburos, así es la exploración del litio en salmuera. “Se hacen pozos, se perforan a distintas profundidades, se van tomando muestras y aquellas profundidades que presentan mayor concentración, bueno, ahí ya se establecen pozos permanentes de extracción, de bombeo. Y se bombea la salmuera”.

La puna catamarqueña es una zona árida por naturaleza, “se evapora siete veces más agua de la que ingresa a través de precipitaciones o de nieve”, dice Patricia Marconi y explica que en la actualidad no existen inventarios de los recursos hídricos subterráneos en el Altiplano, como existen en el Acuífero Guaraní o Puelche. “Por la característica del plegamiento andino, hay acuíferos a distintas profundidades, y hay acuíferos confinados que no tienen conexión con la superficie y en muchos casos es de donde se extrae la salmuera. No hay reposición ni recarga. Es agua que quedó ahí entrampada, muy antigua. Se la denomina agua fósil y ese es un recurso no renovable, absolutamente no renovable”. 

En el seminario web realizado en octubre de 2024, Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio, Javier Oviedo, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), habló del consumo del recurso hídrico y explicó que cuando se extrae la salmuera de un salar, esos acuíferos que quedan vacíos se equilibran con el agua dulce subterránea, que se termina salinizando. Al mismo tiempo, se utilizan los acuíferos de agua dulce para su procesamiento. “La industria minera del litio no considera que la salmuera sea agua. Hace un uso consuntivo del recurso, significa que el agua que se extrae no se devuelve al medio. Porque se consume totalmente, o cambia sus características y no se puede volver, o simplemente se pierde”. Que la tasa de evaporación es alta y no se devuelve al ecosistema, lo reafirma la bióloga marina Cynthia Escares en el mismo seminario y agrega que un ligero cambio en el balance hídrico afecta las condiciones ambientales y las relaciones simbióticas. 

La justificación de que no tiene perjuicio para el ambiente queda invalidada frente a los ejemplos, como el del Salar de Atacama, que menciona Patricia Marconi. “Se está hundiendo porque es tanta el agua, es tanta la salmuera que han extraído que ya pierde volumen, pierde sustento y está descendiendo todo el salar. Ese es un efecto dramático a nivel geológico, es realmente muy muy grave y además imparable, o sea es irreversible”. Según la bióloga, esa región de Chile es nuestro futuro distópico en términos ambientales y en lo que nos tenemos que enfocar: los oasis y vegas secas, las comunidades que se tuvieron que trasladar en busca de sustento porque no tenían lugar donde pastorear sus animales, ni agua dulce para su consumo. “No es algo inmediato, cuando se detecta, ya es tarde”. 

En base a su razonamiento, la minería sustentable no existe, ya que es una actividad extractiva que reduce la probabilidad de uso para las siguientes generaciones. “Podría ser responsable, pero para que sea responsable tenemos que saber en qué clase de sistema estamos interviniendo”.

Las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca fueron declaradas “sitios Ramsar” en 2009, lo que significa que se consideran “humedales incluidos de importancia internacional”, dentro de la Convención sobre los Humedales. Previo a que Fénix se propusiera duplicar la producción, ya extraía 220 mil litros por hora, lo que representaba que en 15 días de funcionamiento la empresa consumía el agua potable de un año entero para las 2 mil personas que habitan la sierra. Si a eso se le suman Sal de Vida, también de Río Tinto; los proyectos Hombre Muerto West y Candelas, de Galán Lithium Limited; Salar de Oro, de la empresa surcoreana Posco; Virgen del Valle, de Minera Santa Rita; y La Veguita, (trece en total) el impacto ambiental podría resultar alarmante. 

En febrero de 2023 un empleado de la minera envió a la Asamblea Pucará una denuncia anónima, con fotos y videos del mal manejo de residuos químicos en el aire libre, polvo blanco que según el empleado era carbonato de litio cayendo sobre la tierra, una caldera de humo tóxico que funciona las 24 horas del día y vicuñas que comían de la basura química que generaba la empresa.

A comienzos de octubre de 2024 el proyecto La Veguita fue denunciado públicamente por la comunidad debido a la intención de realizar la prospección en un territorio ocupado por la casa del cacique Román Guitián. Recién ocho meses después el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso, ya que se comprobó que el consentimiento firmado por el cacique era falso. 

El objetivo de la mayor parte de la comunidad es que Antofagasta de la Sierra deje de ser una zona de sacrificio. “Agua para los pueblos, no para las mineras”, se puede leer en las paredes del pueblo, en donde el arte deja constancia de la rebeldía. 

Red de Resistencia 

El 18 de febrero de 2017, nació en Andalgalá Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación —Pucará—, “con el propósito de fortalecernos en experiencias, información y alternativas y generar un espacio de confluencias, acciones y compromisos”.

Desde diferentes ciudades confluyeron para fortalecerse y tejer redes frente al extractivismo que es la estrategia política y económica de la provincia, que considera a la minería su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, la red denuncia la desaparición de otras actividades regionales y el deterioro de la calidad de vida. Así, El Algarrobo, de Andalgalá, comparte experiencias sobre sus casi 16 años de caminatas ininterrumpidas, —como forma de resistencia pacífica—, con asambleas más jóvenes, como la de Belén, Santa María o Fiambalá. 

A esta red de asambleas pertenece Manuel Fontenla, profesor de Filosofía de la Universidad de Catamarca (UNCA), Doctor en Estudios Sociales de América Latina, y apasionado por el mundo de la escalada. En una clase abierta y pública en el Día de la Biodiversidad, Fontenla se refirió a la problemática del litio para el ambiente. Explica que al contrario de lo que se promociona, el litio no es la panacea ni está destinado a salvar el mundo. Las baterías de litio tienen la función de almacenar energía, no de generarla, y ese es un punto importante. “Vienen a resolver un problema específico que es la producción de gases de efecto invernadero que se da cuando quemamos combustibles fósiles”. 

Hablar del litio en la transición energética significa enfocarse en un solo eje de toda la problemática del cambio climático. Se trata de un reduccionismo —dice el profesor—, lo mismo que referirse solo a los autos eléctricos para hablar de electromovilidad.

Según la Agencia Internacional de Energía la demanda global de energía aumentó un 2.2% en 2024. Las energías renovables y la nuclear cubrieron alrededor del 40% de la generación total de electricidad. El pronóstico es que el declive del petróleo sucederá en 2030 y será necesario cubrir esa demanda que no frena. Por otra parte, estadísticas de la Red de la Huella Global, muestran que se necesitarían 5,8 planetas para cubrir el ritmo de uso de recursos de los Emiratos Árabes, o 4,9 en el caso de Estados Unidos. 

Encontrar una solución en verdad sustentable para ambos hemisferios implica no explotar ríos ni tierras como se realiza hoy. Manuel Fontenla opina que pocos se refieren al decrecimiento económico como opción. “Tiene pésima prensa, nadie quiere discutir sobre cómo achicar el mundo y cómo reducir el consumo en cuanto a energía”. Entre las voces referentes, habla de la politóloga Flavia Broffoni, que se refiere a la  descomplejización de las sociedades como una manera de enfrentar un colapso que ya está aconteciendo. Producción, consumo y distribución local, opuestos a la globalización de hoy. 

Argumentos sobran para defender el salar, coinciden los integrantes de la red Pucará. Desde la ciencia, se explica que los ecosistemas de humedales salinos son sumideros de carbono, por lo tanto, ideales para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. En 2010, María Eugenia Farías fue una de las microbiólogas que participó en el descubrimiento de estromatolitos fósiles y vivos en la Puna salteña. El Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA) encontró “microorganismos extremófilos que se adaptan a condiciones inhóspitas, similares a las del planeta hace 3.400 millones de años”, cuenta un artículo de CONICET. Estos sistemas microbianos, “asociación de algas y bacterias que precipitan minerales y son capaces de captar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno”, son la forma más antigua de vida descubierta en el planeta y, por lo tanto, valiosos para su estudio y conservación. 

“Llegamos a este punto donde solo la solución es posible a través de la tecnología y de los minerales porque se destruyeron todas las alternativas que hubo durante muchos años. Yo sí cargo de responsabilidad a ciertos sectores de poder”, dice Fontenla que anima a que la transición energética sea una discusión transversal, en todos los ámbitos. 

Mirada hacia un futuro incierto

El Ministro de Minería de la provincia de Catamarca, el ingeniero Marcelo Murúa Palacios no accede al pedido de entrevista. La comunicación se hace por una nota formal, la respuesta por Whatsapp es que el ministro está de viaje, o está ocupado, que no puede atender. Tampoco es posible hablar con la ingeniera Teresa Regalado, y menos con Luciano Mancuso, ex director de operaciones para Argentina de Río Tinto Lithium. Su secretaria deja de contestar. A través de las redes laborales, el mensaje queda en visto. Meses después, su nombre, como ex presidente de la subsidiaria de Livent, Minera del Altiplano, queda vinculado a un caso de subfacturación, a un posible contrabando de exportación de litio en el marco de la causa “Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415”. Se los imputa porque habrían realizado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado entre junio de 2022 y octubre de 2023, entre un 30 y 45% por debajo del valor del mercado, lo que representa una pérdida fiscal de más de 200 millones de dólares. 

La que responde pronto es Verónica Gostissa. Su historia en Catamarca se remonta a 2013, cuando todavía cursaba la carrera de abogacía. Había salido con sus amigas desde Buenos Aires haciendo autostop en la ruta y en Jáchal, San Juan, se encontró con una problemática que desconocía: un camionero le mostró cómo una minera había secado el río; la impactó tanto que a su regreso se propuso investigar temas de derecho ambiental. Tiempo después conoció Andalgalá, en el centro de la provincia catamarqueña. “Ahí empezamos a acompañar a la gente”. Se refiere a las caminatas de los sábados en contra de la megaminería y para cuidar el agua que baja por la sierra Capillitas y alimenta a la ciudad; caminatas que en quince años ya superaron las 800. Hay suficiente cobertura en la prensa y en las redes sobre las historias de los vecinos que no se resignan a quedarse inmóviles ante el desastre ambiental que dejó la mina de oro y cobre La Alumbrera, y el avance de los proyectos MARA-Agua Rica. 

Verónica eligió concursar por un cargo en la Defensoría Pública para quedarse en Catamarca. En una actividad universitaria le presentaron al cacique Román Guitián, así se involucró en el caso del Salar del Hombre Muerto. “Cuando fuimos al salar, me decían: acá hay un río seco. Eso fue lo más triste que vi en mi vida”. Presentaron el amparo en la justicia federal, y aunque esta se declaró incompetente y la causa quedó en la provincia, no dejó de participar en la protección del territorio y sus habitantes, con ellos formó un vínculo que todavía persiste. Ahora trabaja en una asesoría federal y es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y de la Alianza por los Humedales. 

Según la cronología de la abogada, cuando se difundió que el río Trapiche estaba seco y hubo un revuelo en la comunidad, el intendente actual, Mario Cusipuma, aprovechó para ponerse una camiseta alusiva al río y sumar el tema a su campaña, semanas antes de ganar las elecciones. No le resultó extraño a la comunidad que el integrante del partido Unión por la Patria, luego se olvidara de sus promesas. “Entonces empezaron a tener episodios de violencia institucional. A la familia Morales la quisieron desalojar para crear un bypass minero en Antofagasta. En su momento, hicimos la denuncia de violencia institucional, la policía golpeó a las mujeres y a las familias, a Lulú, una señora de 90”.

La persecución que sufrían las familias opositoras se vio agravada por la pandemia, eso contribuyó a desactivar los movimientos de resistencia. Gostissa afirma que durante la pandemia la gente estuvo muy encerrada, muy controlada con la policía. “Las mineras, por decreto, tenían autorización para trabajar, por lo que hubo un avance fuerte en ese tiempo. La gente no podía protestar, no accedíamos a tanta información”. 

Parte de la comunidad denuncia que se ha naturalizado que la minera intervenga en la sociedad. La abogada es categórica: “despliega una ingeniería social fuertísima, empiezan a dar becas, trabajo de tres meses y todo precarizado. Los pibes de 18 años se pueden comprar una moto, no importa que en un año no tengan más trabajo o se enfermen o no”. 

En un comunicado del 29 de diciembre de 2024, Minería autorizó la creación de otro camino alternativo, para que Arcadium transportara las salmueras de Sal de Vida al proyecto Fénix, hacia la planta de procesamiento. Pero en realidad ese camino ya existe y es comunal, de pastoreo. Se encuentra muy cerca de las tumbas sagradas, por lo que La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano difundió otro comunicado sobre el avasallamiento de sus derechos. El descubrimiento de vicuñas atropelladas “demuestra el impacto directo y devastador que tendrá este camino sobre nuestra vida y el equilibrio natural del Salar del Hombre Muerto”. 

Los frentes se multiplicaron, lograron frenar el avance del proyecto minero La Veguita, ya que el consentimiento de Guitián había sido falsificado, por lo que el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso. El conflicto principal todavía se encuentra en el informe de impacto ambiental acumulativo. 

En octubre de 2024 Teresa Regalado, la secretaria de Desarrollo Minero de Catamarca, contaba en una entrevista para una radio local que habían llegado a la metodología apropiada con la colaboración del Conicet y de otras fundaciones, y que se había firmado contrato por financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora local especialista en temas ambientales, sociales y económicos. Siete meses después el Estudio y Gestión de Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA) en el río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto se presentaba según lo solicitado por la Corte de Justicia: “Los modelos hidrogeológicos validados anticipan que el acuífero conservará su capacidad de recuperación aún bajo escenarios de explotación. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener y fortalecer los programas de monitoreo, clave para una gestión hídrica precautoria y adaptativa”. Total normalidad. En las redes sociales el gobernador Raúl Jalil, anunciaba un plan de gestión integral “con enfoque preventivo, adaptativo y participativo, orientado a cuidar nuestros recursos y asegurar decisiones sostenibles para todas las comunidades”. 

La participación ciudadana fue destacada, en concordancia con el acuerdo de Escazú. Verónica aclara que se presentó en el marco del amparo un equipo interdisciplinario de la comunidad para poder también ser parte activa del proceso de evaluación: una bióloga, una hidrogeóloga y una antropóloga. Mientras que el gobierno presentó un cronograma de evaluación, el equipo de la defensa de Guitián realizó observaciones sobre las irregularidades en el modo en que el gobierno entendía la evaluación. 

Cómo se mira lo que se mira. Cómo se evalúa el daño. Ahí está la cuestión. “De hecho, la característica un poco de todos estos proyectos locales es que no tienen línea de base. Ni siquiera podemos todavía pensar en evaluar los proyectos si no conocen el río”. La abogada cuenta que la línea de base en un salar no empieza de cero, sino en 1997. “Entonces, hay mucha información previa que debe pensarse para que puedan analizar cómo es la situación de todos los proyectos a la vez. Y, además, la cuestión territorial”.

Observar solo una vega y dos ríos resulta insuficiente, consideran desde el punto de vista científico y legal. Verónica Gostissa analiza: “Cómo pensamos la dimensión territorial de una evaluación ambiental de este estilo, más allá de lo interjurisdiccional en términos de lo político y lo hidrogeológico”. Hay una unidad de cuenca en el lugar, si solo miro este tramo, no estoy viendo que todo es una gran unidad”. 

En ese expediente se presentaron tres organizaciones como “Amicus Curiae”, que es Amigos del Tribunal, que es FARN, DEPS y AIDA, que son tres organizaciones de la cultura ambiental, también apoyando el pedido de Román de la comunidad y dando más motivos técnicos, científicos. 

La asamblea Pucará acompaña los reclamos con una perspectiva ambiental que los integra, dentro de un contexto global nada favorable. Entre las discusiones y estrategias, la minería metalífera y litífera son grandes ejes para analizar, cuenta Verónica. Lo que sucede en el territorio, los convoca. Organizan talleres en escuelas, encuentros y cumbres por el agua, a la que concurren de otras regiones para integrar problemáticas y resistencias. 

El espacio de Alianza por los Humedales, junto con Chile y Bolivia realizó, una asesoría con talleres, comunicación, acompañamiento jurídico y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una audiencia sobre el  impacto en los derechos humanos del extractivismo de litio. Ahí viajó Verónica, a Washington, el 15 de noviembre de 2024. “Presentamos un informe escrito, nos recibieron integrantes de la comisión. Estaba el relator de Derechos Económicos Sociales, Culturales (Javier Palummo Lantes). Había cinco comisionados, y hubo media hora para exponer los casos de Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Ellos hicieron preguntas, y se armó un espacio de debate y discusión. La idea es que también se abran otras líneas estratégicas posibles”.

Mientras que en Catamarca el tema queda invisibilizado, hacia el exterior, Antofagasta de la Sierra es un destino que está en la mira de la cartera de negocios. “En la semana de minerales críticos viajan los gobernadores a decir que está todo bien. Bueno, no puede ser la única voz que esté ahí. Hay que estar, para decir que está todo mal”. Uno de los objetivos de La Alianza por los Humedales es tener incidencia estratégica en espacios de discusión internacional. “Porque guste o no, la discusión está instaladisima. El litio está instaladisimo. No es que va a desaparecer la discusión. Entonces, o se participa o te pasa de largo”. 

Si el agua se va, la gente también.

El mayor temor de Román Guitián es que el espacio en el que su familia creció sea un pueblo fantasma, que en el futuro queden solo viejos. “Yo quería que venga el gobernador, que la gente pida una terciaria, que los chicos se capaciten aquí, y puedan ejercer su estudio acá. No puede ser esto que los chicos tengan que ir a otro lado a estudiar. Se enamoran de otra provincia y no vuelven”.

El Doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Estudios Sociales y Culturales, Horacio Machado Aráoz, dice que el extractivismo es la base material de los regímenes autoritarios. “Es la negación radical de la democracia. La apropiación oligárquica de la tierra es la negación básica y absoluta de la soberanía popular, es la base material de un régimen político de pocos y para pocos”. Integrante de la organización territorial, Be.Pe, Machado sintetiza el pensamiento de las asambleas y habla de democratizar la tierra para democratizar la sociedad. Mientras el gobierno de Catamarca continúa con la promoción de eventos costosos y exclusivos, como la edición XIV del Seminario Internacional de Litio en Sudamérica, la respuesta de las asambleas es generar conocimiento abierto. El 29 de septiembre se realizó el festival Ambiente y Primavera que reunió a la red de alianzas y comunidades de la región en defensa de los humedales. Su objetivo fue poner en común acciones de resistencia, alertar sobre las consecuencias del litio (y de políticas extractivistas), y alentar las economías regionales. Con música y feria, en una plaza pública, las personas que participaron dejaron en claro lo primordial que resulta la conservación del agua para la vida.

* Karina Ocampo: Periodista. Licenciada en Comunicación. 

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Por Romina Pesalaccia

El departamento de Ancasti, un paraíso catamarqueño ubicado a 90 km de la ciudad capital, es un lugar donde la naturaleza, en su estado más puro y con escasa intervención humana, conforma uno de los espacios con mayor biodiversidad de Catamarca. Con vastas extensiones de monte y bosque, se preserva como un pulmón verde indispensable en estos tiempos. Sin embargo, hay una realidad ineludible: desde hace años, esta región está siendo despojada de su agua. Tal es la gravedad de la situación que 2025 marca el tercer año consecutivo sin crecientes, con lluvias tan escasas que apenas logran aumentar el caudal de los ríos. El calor extremo de los últimos años, en directa relación con el aumento global de las temperaturas debido a la crisis climática, y la falta de recuperación hídrica por la ausencia de precipitaciones, dejan a estos ríos con apenas unos días de vida antes de convertirse en charcos estancados.

Ancasti y su población han mantenido una trayectoria de resistencia en defensa del agua. Desde la amenaza de la megaminería de litio hasta el desalojo de un feedlot que contaminó el cauce de uno de los arroyos más importantes de la zona, la sierra no está exenta de los extractivismos que saquean y envenenan los territorios. Manipular las lluvias es una forma más de explotación que asfixia al planeta y a la vida que sostiene.

“Cuando era chico, el río Anquincila no se podía ni cruzar. Había que ingeniárselas de todas las maneras posibles para atravesarlo”, relata Edgardo, vecino de Anquincila, una de las localidades serranas. “Las vertientes brotaban por todos lados, había meses en los que ni se podía salir de las casas en vehículo por la cantidad de barro”, recuerda, mirando al cielo. Nunca antes se había vivido un desequilibrio climático tan severo como el actual. Aunque de vez en cuando había alguna temporada seca, siempre llegaba la creciente para calmar tanta tierra agrietada.

El ciclo que ya no se renueva

La Sierra de Ancasti, con un clima predominantemente templado y húmedo en las zonas más altas, se caracterizaba por tener veranos cálidos y lluviosos e inviernos fríos y secos. Desde finales de noviembre hasta finales de febrero, ocurrían al menos tres grandes crecientes, con millones de litros de agua capaces de saciar la sed de la sierra. A partir de marzo, las lluvias otoñales saturaban la tierra. Incluso hubo años en los que el sol apenas se asomó en toda la temporada. Así, el Ancasti se cubría con la “nuboselva”, como se le llama en el lugar a la densa niebla que domina el paisaje.

Este ciclo de humedad daba paso a inviernos sin lluvias, pero con ríos cargados. En primavera, los vientos intensificaban la sequía, aunque el ciclo natural se renovaba, devolviendo vida a los veranos colmados de agua.  Y lo más importante es que estas condiciones climáticas alimentaban el ciclo de la vida, permitían a sus habitantes, cultivar hortalizas, maíz e incluso trigo, además de sostener la crianza de animales de pastura como vacas, ovejas y cabras, una actividad fundamental para la economía local.

Sin embargo, desde hace casi 20 años, estos ciclos dejaron de renovarse. Las causas son muchas y están relacionadas: fenómenos climáticos globales como El Niño y La Niña, la deforestación para el monocultivo en zonas limítrofes, que altera el clima de la región, y la crisis climática. Pero hay algo más que afecta a los cielos: la modificación del clima 

“Nos están cortando las lluvias”

Tras una gran sequía que alcanzó su punto más crítico en 2012, las vecinas y vecinos de la zona empezaron a movilizarse a través de diferentes asambleas y encuentros, realizando los primeros reclamos sobre la manipulación del clima que estaban viviendo. A principios de 2013, el ciclo del agua comenzó a recuperarse y, hacia finales de 2016, volvieron a fluir vertientes que llevaban años secas. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de esas vertientes se han vuelto a secar por completo.

“Una noche, a eso de las 2 de la mañana, estábamos en el patio viendo cómo se formaba la tormenta, con rayos y relámpagos, cuando de repente se escuchó el avión y, al minuto, el cielo se abrió”, cuenta Juan Manuel Carrizo, recordando un episodio de enero de 2024 mientras visitaba a su familia en la Villa de Anquincila. Agregó que esa no es la primera ni la única vez que se escucharon aviones desarmando tormentas. Este testimonio se repite una y otra vez; es una realidad innegable que está transformando el clima y la vida de toda una región que depende de las lluvias.

Este año, las y los vecinos de Ancasti fueron testigos de la formación de grandes tormentas. Mientras localidades vecinas sufrían temporales, como en Capayán y Fray Mamerto Esquiú, en Ancasti, entre los truenos, se escuchaban los motores de los aviones, y las tormentas desaparecían, a veces sin caer ni una gota de agua, y otras veces con lluvias extremadamente escasas. El panorama de este verano ha sido desolador: ríos completamente secos en plena temporada de lluvias, los cultivos reducidos a pequeñas plantas por la falta de humedad, o campos completamente agrietados y áridos. Los balnearios naturales que se forman en la temporada turística dejaron de existir, afectando gravemente la economía regional. Además, los cortes de agua también se hicieron presentes este verano, obligando a muchas localidades serranas a depender de camiones cisterna que recorren grandes distancias para entregar agua.

La manipulación del Clima: una realidad innegable

La manipulación del clima se produce en diferentes escalas globales. En nuestro país, se ha llevado a cabo principalmente a través de la siembra de nubes con el supuesto objetivo de mitigar el granizo. Esta técnica consiste en introducir yoduro de plata en las nubes, con el fin de reducir el tamaño de las gotas de lluvia y evitar la formación de granizo. En Mendoza, por ejemplo, el Sistema de Mitigación de Granizo ha empleado esta práctica durante décadas, dispersando el yoduro mediante aviones y generadores terrestres. Aunque algunos agricultores consideran que ha ayudado a proteger sus producciones, la efectividad a largo plazo es cuestionada. Además, existe preocupación por el posible impacto ambiental, ya que las intervenciones podrían estar alterando los ciclos naturales de lluvia y acumulando compuestos no deseados en los ecosistemas.

Cecilia Sustersic es Licenciada en Comunicación Social y docente en la Provincia de San Luis, especialista en Ambiente y Geoingeniería e integrante de la organización CLAMA (Cielos Limpios en América Monitor Ambiental), para ella, “empresarios agrícolas, mineros y otros sectores económicos recurren a estas herramientas para adaptar el clima a sus necesidades, lo que agrava la desigualdad y profundiza el impacto en comunidades vulnerables”. CLAMA es un movimiento integrado por personas de diferentes partes del país, y que trabaja en conjunto con organizaciones internacionales. Sus integrantes, que desde el año 2009 investigan y denuncian la manipulación climática, están acompañando a las comunidades afectadas de Argentina, especialmente en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

Una posibilidad ante tanto yoduro

En otras provincias como San Juan y San Luis, se han implementado leyes que regulan o prohíben la manipulación artificial del clima, especialmente en lo que respecta a la siembra de nubes y el uso de cañones antigranizo.

En mayo de 2024, la Legislatura de San Juan aprobó una ley que suspende por 30 meses el uso de cualquier técnica destinada a alterar artificialmente el ciclo hidrológico durante las etapas de condensación y precipitación. Antes de esta ley, el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (MIPAC) expresó su preocupación ante los legisladores sobre el uso de tecnologías como los “rompetormentas”, que alteraban las precipitaciones en favor de ciertos intereses agrícolas, afectando a pequeñas comunidades y sus producciones.

En noviembre de 2024, San Luis también promulgó la Ley IX-1148, que prohíbe el uso de cualquier técnica, actividad, mecanismo, sistema o tecnología destinada a alterar o modificar artificialmente las fases atmosféricas del ciclo hidrológico, especialmente durante las etapas de condensación y precipitación. 

Estas leyes se lograron gracias a los esfuerzos articulados de las agrupaciones vecinales y comunidades que, hasta el día de hoy, siguen resistiendo para proteger los cielos limpios. Con este antecedente, en 2024, los habitantes de los Departamentos de Ancasti y Portezuelo, en Catamarca, llevaron a cabo un extenso monitoreo de sus cielos y denunciaron ante la Policía Aeroportuaria de Catamarca la presencia de aviones en la región en momentos previos a una precipitación, que luego fue desarmada. En ese contexto, realizaron un pedido de información, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Con la sequía en la Sierra de Ancasti cada vez más acuciante, vecinas y vecinos organizaron dos charlas informativas junto a la Licenciada Cecilia Sustersic, programadas para los días 28 y 29 de marzo en la Villa de Ancasti y Anquincila. Estas reuniones surgen con la urgencia de abordar de manera colectiva las alternativas para enfrentar esta grave problemática y evitar que las lluvias continúen siendo interrumpidas.

La situación en la Sierra es crítica, con un impacto que va más allá de lo local. La falta de lluvias y la disminución de las reservas de agua ponen en riesgo el acceso al agua potable en ciudades como Icaño y Recreo, que dependen directamente de las cuencas hídricas de la región. Ante esta realidad, es fundamental que las comunidades se informen, se organicen y actúen de manera colectiva. La manipulación climática es una realidad y forma parte de la serie de extractivismos que azotan nuestros territorios. Despojar a los pueblos del agua, interrumpiendo sus lluvias, es parte de una agenda de saqueo y entrega. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir las comunidades antes de que sus ríos se sequen por completo? Es urgente frenar este avance, encadenado como siempre a un sistema que agota los recursos vitales, la tierra y el agua.

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Por Camila Parodi* | Foto: Susi Maresca

En el paraje El Totoral, departamento de Ancasti (Catamarca), seis familias rurales  presentaron un recurso de amparo por el accionar de un feedlot, al que acusan de  contaminar el suelo, el agua y el aire de la región. Tras años de reclamos desatendidos, las y los vecinos recurrieron a la Corte de Justicia (máximo organismo provincial) y solicitan la suspensión del emprendimiento ganadero de la familia Tauil.

El feedlot es un sistema intensivo de engorde de ganado en el que se producen entre 500 y 2000 cabezas de ganado (dependiendo de la temporada). Se instaló en 2014, a solo siete kilómetros de la Villa de Anquincila (Ancasti), y desde entonces ha generado graves impactos ambientales. Leonardo Embon, integrante de la asamblea Ancasti por la Vida, explica: “Hace años que venimos reclamando soluciones y nunca se nos ha dado una respuesta adecuada. El feedlot está generando un consumo excesivo de agua y una contaminación que afecta nuestra calidad de vida”.

Aunque el fallo aún está pendiente, este proceso marca un avance significativo para la comunidad, que busca frenar las actividades que deterioran su entorno y proteger su única fuente de agua. El caso subraya cómo la organización comunitaria puede enfrentar proyectos extractivistas y defender los derechos ambientales.

La vía judicial: el recurso de amparo

En septiembre de 2024, tras múltiples reclamos infructuosos ante la Municipalidad de Ancasti y la Secretaría de Ambiente de la provincia, las familias de El Totoral acudieron al Poder Judicial con el apoyo de la abogada Cecilia Juárez Aliaga. El amparo presentado ante la Corte de Justicia de Catamarca busca detener las actividades del feedlot mientras se evalúan los daños ambientales y se revisa su legalidad. 

La comunidad se amparó en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y Provincial, que garantizan el derecho a un ambiente sano y la posibilidad de tomar medidas cautelares.

“Nos organizamos como comunidad y decidimos llevar adelante este proceso judicial. Fue nuestra única alternativa después de que nuestros reclamos fueran ignorados durante años”, comenta Embon. El proceso ya ha logrado visibilizar la problemática y generar un debate sobre la sostenibilidad de estos emprendimientos ganaderos en zonas rurales.

Impacto ambiental: agua contaminada y suelos degradados

Uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad de El Totoral es la contaminación del arroyo homónimo, su principal fuente de agua. “Han secado nuestro arroyo por completo con el uso desmedido de agua para el feedlot. Ahora solo corre agua unos días después de las lluvias, pero la mayor parte del año está seco”, relata Embon.

El uso excesivo de agua no sólo agotó el arroyo, sino que obligó a los dueños del feedlot a abastecerse mediante camiones cisterna que extraen agua de los ríos Anquincila, Tacana y Los Molinos, perjudicando a un mayor número de vecinos y vecinas. La situación empeoró este año, cuando una fuerte lluvia rebalsó los contenedores de desechos ganaderos y provocó un derrumbe y derrame que contaminó el cauce del arroyo. “Fue como un río de bosta que llegó al arroyo. Esa agua, que siempre fue nuestra fuente de vida, ahora está completamente contaminada y no podemos usarla”, señala Embon. 

Las y los vecinos también denuncian la falta de tratamiento adecuado de los residuos ganaderos, que se almacenan sin medidas de seguridad. “Lo más preocupante es que no hay ningún tipo de tratamiento de los residuos. Todo se acumula en contenedores de tierra y, cuando llueve, esos desechos llegan al arroyo, contaminándolo más”, advierte Embon.

La organización comunitaria: una respuesta frente al extractivismo

Las familias de El Totoral entendieron que solo la organización les permitiría enfrentar esta problemática. Desde hace años, han presentado denuncias ante la Municipalidad de Ancasti, al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria) y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, pero las respuestas han sido evasivas o nulas. 

Durante años, desde la comunidad se presentaron pedidos de informes de impacto ambiental así como también solicitaron información en torno a la cantidad de pozos y la forma de extracción de agua que utilizan en el emprendimiento. La única respuesta que obtuvieron por parte del Municipio fue tras el derrumbe de marzo pasado: el intendente  Rodolfo Santillán envió una retroexcavadora para levantar una pared de tierra “en caso de que sucediera un nuevo derrame”, señala Embon.

Ante la falta de acciones concretas la comunidad decidió avanzar a través de la estrategia legal: “Siempre desviaban la pelota a otras jurisdicciones y organismos. Por eso decidimos organizarnos y llevar adelante este proceso judicial”, explica. 

Con el respaldo de la Asamblea Ancasti por la Vida, creada en 2017, la comunidad se unió en defensa de su territorio y su calidad de vida. Embon subraya la importancia de visibilizar la lucha de su comunidad: “Es fundamental que hagamos frente a estas situaciones y no permitamos que nos pasen por arriba. Tenemos que unirnos y solidarizarnos con otras comunidades que enfrentan problemas similares”.

Ancasti por la Vida

La Asamblea Ancasti por la Vida ha jugado un rol central en la lucha contra distintos proyectos extractivistas que han intentado instalarse en la región. Su principal objetivo es informar a la comunidad sobre los impactos de estas actividades en el ambiente y los territorios. A lo largo de los años, la Asamblea ha resistido no solo contra el feedlot, sino también contra la megaminería, en especial la minería de litio en roca. Un proceso que implica la explotación a cielo abierto y genera un fuerte impacto ambiental. 

Tras la presentación del amparo contra el emprendimiento ganadero, la Asamblea Ancasti por la Vida advirtió que la única fuente de agua que tienen las familias de El Totoral está al borde del colapso: “El corral de engorde está asfixiando el ambiente”, manifestaron en su comunicado. Denunciaron además que “aquellas aguas cristalinas están contaminadas por bacterias y desechos tóxicos”. 

La Asamblea de Ancasti señala que, en El Totoral y alrededores, el aire se ha vuelto irrespirable, y el suelo, que antes sostenía la vida tranquila de las y los pobladores, ha sido degradado. “Ni siquiera los más pequeños pueden disfrutar del agua, porque el riesgo de enfermarse es real”, alerta. Ante esta situación crítica, exigen que se detenga de inmediato la actividad del corral de engorde, cuya expansión amenaza con destruir el arroyo y la vida en la zona.

*Nota colaborativa para Marcha, Cítrica, Agencia Tierra Viva y Sala de Prensa Ambiental.

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Por Camila Parodi para Huerquen / Fotos: Susi Maresca

A través de un amparo ambiental presentado por el cacique de la comunidad, Román Guitián, la Corte dió lugar a su reclamo histórico. Desde el año 2019 la población de la localidad de Antofagasta de la Sierra fue notificada de la realización de un acueducto sobre el río Los Patos, uno de los ríos con mayor caudal de la puna catamarqueña que conserva, además, la biodiversidad de este frágil ecosistema. Esta noticia confirmaba lo que muchas personas sospechaban: la vega del río Trapiche había sido secada por el proyecto de explotación de litio Fénix.

“En paralelo a la seca del Río Trapiche la empresa desplazó a la familia Condorí quienes vivían en la zona hacía muchísimos años. Ellos tenían más de 300 animales y hoy en día no llegan a los cinco o seis animales”, explica la comunera Mamaní. En su relato, sostiene que la familia Condorí perdió el acceso al río y su vida cotidiana se vió afectada: “Al secarse y no darle permiso de acceso al agua, se tuvieron que ir a más de tres kilómetros contra los cerros para conseguir el pastaje de sus animales”.

Desde ese entonces, recuerda Mamaní, “empezó la preocupación de la comunidad y ahí el Cacique Guitián, que también estaba siendo afectado por este tipo de proyectos, comienza a exigir información sobre el río Los Patos por donde querían continuar”. Tras secar la vega del Trapiche, como asegura la comunera, continuaron por Los Patos. Allí, además de intervenir en el devenir natural del río y de interrumpir en la vida cotidiana de las personas que habitan la zona con la construcción del acueducto, llegaron nuevos proyectos y con ellos políticas de control y represión para todo el pueblo antofagasteño.

Cuando la comunidad comenzó a tomar dimensión del impacto negativo que tendrían este tipo de proyectos en su territorio empezaron a solicitar información al municipio, luego de semanas sin tener respuestas decidieron realizar un corte que inhabilite el ingreso de los camiones. Sin embargo, el corte también fue silenciado y violentado: “Luego de ignorarnos por días, mandaron unos matones al corte que nos corrieron violentamente”, recuerda Mamaní. A su vez, durante las protestas, la comunera denuncia que “se llevaron detenidas a las familias que comenzaron a protestar, entre ellas, personas grandes o con discapacidades. Las llevaron a Belén, a más de 300 km de distancia sin informarnos nada y sin garantizar sus derechos básicos”.

El acueducto tiene un recorrido de más de 30 kilómetros y para realizarlo la empresa minera, en complicidad con el gobierno provincial y municipal, irrumpió en los terrenos y caminos comunales sin realizar las instancias consultivas y participativas que exige el convenio 169 de la OIT. Ante este panorama, en febrero de 2020, la asamblea socioambiental “Pucará”* acompañó a la comunidad en su primer pedido de suspensión que se realizó en el Juzgado de Minas así como también en el Ministerio de Minería . Sin tener respuestas sobre los informes de impacto ambiental solicitados por la comunidad, en agosto de 2021, se presentó un amparo ante la Justicia Federal de Catamarca.

Durante esos tres años de “idas y vueltas” con el Poder Judicial, las empresas mineras avanzaron sobre el territorio que comprende el Salar del Hombre Muerto así como también en las zonas aledañas, como el Salar de Antofalla y la Laguna Carachi Pampa. Al día de hoy al menos 7 empresas realizan exploraciones mineras en la zona del Salar. Cada uno de los proyectos presentó los informes correspondientes sobre el impacto que tendría en el territorio pero, ni el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente o el Municipio de Antofagasta de la Sierra analizaron de manera integral y acumulativa este impacto.

En ese marco, el pasado 13 de marzo la Corte resolvió admitir la competencia, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas y exigió, por primera vez el relevamiento integral del impacto realizado por los proyectos de minería de litio en el Salar del Hombre Muerto. Un antecedente para la defensa de la vida y el agua en todo el territorio argentino: “Es un fallo histórico, un antecedente ambiental absolutamente importante y novedoso para Catamarca pero también para toda Argentina y la región porque, desde que empieza a expandirse el “boom del litio” no había antecedentes judiciales”, remarcó la abogada ambientalista Verónica Gostissa.

Para Gostissa, esta sentencia reabre el amparo y saca una medida cautelar muy importante porque “se basa en un antecedente negativo que hay en Catamarca que es el desecamiento de la Vega Trapiche y lo reconoce”, señaló. “Esta mala experiencia de Catamarca -reconoce la abogada- en el presente caso sirvió de antecedente y de fundamento para tomar esta decisión que tiene que ver con ordenarle al Ministerio de Minería que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral porque no pueden evaluarse los proyectos por separado”.

“Durante los últimos dos años a la zona llegaron siete empresas y actualmente hay más de 50 proyectos mineros en todo el departamento de Antofagasta de la Sierra”, enumera Mamaní, para quien la situación del Salar del Hombre Muerto es la más extrema: “Allí tenemos al menos 12 proyectos mineros y todos quieren tomar del mismo río por eso siempre lo planteamos como una preocupación muy grande ya que es muy difícil en este contexto garantizar la vida en unos tres o cuatro años más con tantas empresas mineras alrededor, por eso avanzamos con la estrategia judicial que por suerte ahora tuvo respuestas”.

Entre sus principales puntos, el fallo de la Corte reconoce el impacto de la minería de litio de manera articulada e interrelacionada. En ese sentido, desde la Asamblea Pucará, aseguran que se trata de una buena resolución porque “se debe considerar de manera integral el impacto en el paisaje, la fauna, la flora, el clima. Es decir, que puede incluir a la crisis climática como un eje en la evaluación de impacto y el ambiente general”, explicó Gostissa. En ese mismo marco, el fallo también advierte una “fragmentación” en términos de permisos entre la extracción de salmuera y el uso de agua siendo que su relación es indisociable, agrega la abogada.

Por todo esto, con el fallo, tanto Ministerio de Minería de la provincia como el Ministerio de Agua, Ambiente, y Energía, deben abstenerse de otorgar nuevos permisos o autorizaciones. En ese contexto, si bien este fallo histórico es tan solo un avance frente a las políticas extractivistas de muerte, para la abogada Gostissa es importante ya que nos invita a pensar “lo ambiental como algo que no está disgregado, es algo fundamental para la vida, para el cotidiano, para el sostenimiento de la vida futura y nos ayuda a comprender los desequilibrios actuales así como darle un rol fundamental al agua y a los ecosistemas”, aseguró.

Ante el conocimiento del fallo, la comunera Elizabeth Mamaní, expresó que se trata de una noticia “muy esperanzadora” ya que es tener, por primera vez, el reconocimiento de la Justicia: “Esta lucha es un avance y no es solamente por hoy o por nosotros, estamos peleando también por nuestros abuelos que nos dejaron un territorio sano. Esto no es decir estar en contra del trabajo de nadie que es bastante entendible ya que todos necesitamos trabajar, pero a veces se trabaja a costa de los mal llamados “desarrollos” para que las grandes multinacionales, los gobiernos y las autoridades departamentales se beneficien”, manifestó.

En ese marco, para Mamaní, este fallo es una posibilidad para la continuidad de la lucha: “Creo que nos podemos unir un poco más como comunidad pero también con cada uno en cada territorio para un bien común de todos. Este amparo también puede fortalecer la lucha ambientalista a nivel nacional, que ya que son muchas las luchas que estamos teniendo en diferentes territorios ya sea por el tema del agua, por la contaminación de usos químicos y por todas esas buenas causas para defender la vida porque estamos luchando por el futuro de nuestros hijos”, afirmó Mamaní.

Pero el amparo no sólo se puede celebrar, también necesita el acompañamiento y la atención de toda la sociedad civil, ya que la persecución y las violencias que reproducen este tipo de proyectos de muerte no cesan: “Lo que nos preocupa ahora es que aumente la persecución, están jugando con eso en estos días ya que tras el conocimiento del fallo las mineras están despidiendo a más de 100 personas y nos asusta porque también tuvimos mucha persecución”. Son muy pocas las personas que aún viven en los alrededores Mamaní esto se debe a la falta de servicios básicos e instituciones como escuelas y salas de salud, su preocupación se centra en la exposición de quienes se encuentran allí: “Están a casi 100 kilómetros de la villa de Antofagasta, no tienen señal ni mucho menos lugares para denunciar o pedir resguardo”, denunció.

La situación anticipada por la comunera no se hizo esperar, al cerrar la edición de esta nota, la Comunidad de Atacameños del Altiplano denunció amenazas de muerte contra su cacique, Román Gaitán. “Una vez más, la historia se repite. Nos quieren en silencio, nos quieran fuera de nuestra tierra, nos quieren sin derechos, nos quieren con miedo, nos quieren muertos. Hacen lo que hicieron siempre los conquistadores, los colonizadores, los empresarios llenos de avaricia y codicia, los gobernadores corruptos, recurren a la a la única manera que conocen: la violencia. Nosotros en cambio, siempre hemos elegido el camino de la paz, el camino de la justicia”, manifiestan en su comunicado.

Desde el anuncio del fallo, denuncia la comunidad que recibieron múltiples amenazas graves por parte de integrantes de las empresas y de trabajadores despedidos. Esto se debe, a los anuncios realizados días atrás por las empresas mineras de reajuste del personal tras la baja de la cotización a nivel mundial. Como siempre, la estrategia de las empresas junto a las del gobierno provincial, fue realizar despidos y desinformar para oponer al pueblo entre quienes trabajan en la minera y las personas que acompañan el reciente fallo emitido por la corte. Por su parte, el llamado de la comunidad es a la unidad de todo el pueblo: “Esta no es una lucha entre vecinos, ni entre hermanos. Eso quieren los de afuera, nos quieren peleados y con miedo. Nos quieren divididos y empobrecidos, para saquear nuestro territorio de manera más fácil”.

* Conocé más sobre PUCARA en www.aguapucara.org

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Por Susi Maresca y Camila Parodi desde Catamarca *

Llegar al Salar del Hombre Muerto, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, no es nada fácil. Además de los 647 kilómetros que lo distancian de la capital de Catamarca y sus más de 4000 metros de altura, la minería de litio intenta convertirlo en un territorio oculto. Nueve empresas extranjeras se desplazan libremente por la zona para ejecutar diferentes proyectos de exploración y explotación del «oro blanco». Se trata de uno de los vectores energéticos más codiciados por los países del Norte Global que, como la mayoría de las actividades extractivistas, tiene su lado oculto.

El salar ocupa más de 600 kilómetros cuadrados y cuenta con una larga historia de familias que lo habitan desde antaño. Se trata de un territorio que fue heredado por al menos seis generaciones que integran la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. De hecho el nombre fue creado por el bisabuelo de quien hoy es cacique de la comunidad, Román Guitián. “El hombre muerto” refiere a una tumba encontrada en el medio del salar a principios del siglo XX cuando la familia se asentó con sus animales. Hoy, el cementerio ancestral se encuentra intervenido por una de las tantas rutas alternativas que las empresas mineras trazaron sobre el territorio.

Nos acercamos al salar tras el llamado que la comunidad le hizo a la Asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), una organización que nuclea a las diferentes asambleas territoriales y que las acompaña en sus denuncias. Allí, la familia Condorí está preocupada. Denuncia cómo la empresa Livent continúa avanzando sobre sus tierras. A finales de 2022, la única hermana mujer de la familia falleció por un cáncer que se presentó de manera abrupta y sin que obtuvieran explicaciones claras de parte del hospital. Si bien las causas no están esclarecidas, su muerte despertó una nueva alarma en la familia: “Ya no es con la tierra, ahora se están metiendo con la vida”, se lamentan.

Un lugar oculto

La familia Condorí ya había denunciado años atrás la seca de la vega del río Trapiche que rodea su casa. Allí Livent improvisó un dique para tomar el agua y redirigirla a la planta utilizando unos 650 mil metros cúbicos de agua por hora. “Al secar la vega, nos quedamos con menos animales; eso ya está perdido”, denuncia Camilo. Ahora deben caminar más de diez kilómetros para alimentarlos. Acotan algo más: la empresa también colocó portones y candados para prohibir la circulación de manera libre por sus propias tierras. 

Desde hace cuatro años Camilo siente malestar. Tiene recaídas, problemas cardíacos y la irritación de sus ojos es permanente. Aun así, no imagina la vida en otro lugar. “Ni siquiera elige bajar a la villa cuando llega el tiempo de las heladas”, aclara su hermano.

Tanto las obras de vialidad como la construcción de las instituciones de la zona son realizadas de manera “conjunta” entre el Estado local y Livent a través de fideicomisos.  La ruta provincial 43 funciona como un corredor de camiones, máquinas y camionetas al ritmo de una autopista. Incluso cuentan con una pista de aterrizaje de uso cotidiano para el personal. Buscan “la optimización del trabajo”. Como parte de la estrategia, otorgan una “beca” de entre 6 mil y 20 mil pesos. Según las organizaciones, es un intento para “silenciar” a las familias que necesitan del dinero al perder sus recursos económicos de tierras y animales tras la falta de agua en la zona.

Si bien el litio es removido en el yacimiento y luego direccionado a la planta de producción de carbonato de litio, los residuos químicos desechados en la planta del salar viajan 450 kilómetros hacia General Güemes (Salta), donde funciona la planta procesadora.

La producción del cloruro de litio (utilizado por ejemplo en la fabricación de baterías eléctricas recargables) emplea el uso de químicos como el ácido clorhídrico y la soda cáustica que junto a sus desechos son trasladados dentro de barriles en camiones que atraviesan los caminos sinuosos del salar. “Deben ser muy peligrosos porque los usan con guantes y trajes especiales”, explica uno de los puesteros que vive a metros de la planta.

El día previo a la visita, un camión volcó a 15 kilómetros del yacimiento. Produjo un derrame de al menos 20 mil litros de un ácido aún no esclarecido. “El agua nunca fue de este color –remarca el cacique Román Guitián–. Durante las mañanas tiene vapor, por eso decimos que está contaminada”.

Ya seca la vega del Trapiche, la empresa pretende continuar con un acueducto por el río Los Patos, de mayor caudal. Patricia Marconi, bióloga integrante de la Fundación Yuchán y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, explica: “Los Patos es una cuenca particularmente importante ya que tiene la mayor biodiversidad que podemos encontrar en la zona alto andina por encima de los 3500 metros en la provincia de Catamarca. Tiene un extraordinario valor porque hay todo un conjunto de humedales asociados al Salar del Hombre Muerto donde la subcuenca del río Los Patos es importantísima. Se trata del río más caudaloso e importante del altiplano de Catamarca”.

El actual camino donde se traza el proyecto del acueducto (por el que se planea extraer millones de litros de agua por día) es sobre la huella que utilizaba la comunidad para pescar y buscar los animales. “Allí vivieron mis ancestros toda la vida, son más de cinco generaciones habitando el mismo territorio”, explica Guitián.

Hay “efectos colaterales” no previstos por las autoridades. Desde que comenzó la minería de litio en el salar, se redujeron y degeneraron las truchas del río: “Ya no son las mismas de antes –agrega Guitián–, ahora tienen menos sabor y son más chicas, incluso se han perdido algunas de las especies como la trucha salmonada que casi no hay más”.

Los verdaderos oasis del Altiplano

El del Hombre Muerto, como cualquiera de los salares altoandinos, funciona como un humedal para el sostenimiento de la vida de la puna, ya que conserva el agua de manera subterránea. En palabras de Patricia Marconi, bióloga integrante del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, son “ecosistemas muy particulares ya que se encuentran en una transición entre terrestres y acuáticos”.

«Los humedales son los verdaderos oasis del altiplano y de ellos depende toda la forma de vida”, acota. Por la particularidad del altiplano, “este tipo de cuencas están cerradas, ya que confluyen todas las aguas que escurren o que se infiltran desde los niveles subterráneos”.

En los ambientes del Altiplano, el agua que sale por evaporación del sistema natural es 9 veces más que el agua que se precipita. “El agua se va concentrando, evaporando y depositando en las sales. Los salares pueden inundarse en los períodos de lluvias, así como concentrarse en una costra blanca y dura durante el invierno”. En el caso de la minería de litio, denuncia que se realiza directamente sobre este tipo de humedales porque de ellos depende la existencia de acuíferos para la extracción de la salmuera: “la minería de litio insume entre 300 mil y 500 mil metros cúbicos anuales por tonelada de litio producido. Son volúmenes enormes que, en el caso del Altiplano, provienen fundamentalmente de agua subterránea y se trata de un recurso no renovable”.

Suyay: un espacio cultural de resistencia

Elizabeth Mamaní y Patricia Reynoso integran la Comunidad originaria Atacameños del Altiplano. Juntas crearon un espacio cultural orientado al turismo. Suyay, que significa “esperanza”, surgió tras una experiencia sostenida de cortes de ruta «en contra del desastre, la sequía y la destrucción ambiental que empezamos a ver en nuestro territorio”, explica Elizabeth.

Por participar de los cortes, Patricia Reynoso fue acusada y sumariada en su trabajo como docente de educación física. La sacaron del cargo y le quitaron el sueldo justo antes del comienzo de la pandemia.

Señalada por gran parte del pueblo que trabajaba para la minera y el gobierno, sintió el impulso de crear Suyay: “Nos unió el dolor”, recuerda Elizabeth quien hoy disfruta de cocinar platos regionales y combinar los diferentes alimentos de la puna. “Por llevar ese título de  ‘antimineras’ nadie nos quería alquilar”, recuerdan. Finalmente, ya con lugar, Suyay en un lugar de referencia donde trabajan al menos diez jóvenes, en su mayoría mujeres, y reciben a decenas de turistas por semana. “Suyay es una forma de resistencia. Entre el plato que se sirve y la receta que se comparte con el turismo, encontramos una forma de hablar de la lucha contra la minera; lo que pasa en los salares, que de afuera no se ve, y la importancia de defender nuestros territorios. Sobre todo, el agua”.

* Publicada originalmente en Tiempo Argentino

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• Por Camila Parodi | Fotos: Julio Carrizo / BePe

Francisca Beatriz Perea, conocida como “Keti”, es integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta. En su relato, cuenta que durante el año 2016 comenzó a circular el rumor sobre la posible instalación de un proyecto de extracción de litio hasta el momento desconocido en la ciudad de Fiambalá. Recuerda, también, que rápidamente algunas vecinas comenzaron a reunirse y a exigirle a las autoridades locales explicaciones al respecto. Al año siguiente, los rumores se confirmaron y la llegada de la empresa Liex S.A (subsidiaria de Neo Lithium de origen canadiense) fue inminente: camionetas y camiones inspeccionando el territorio sin pedir permiso. Desde entonces, la Asamblea levanta la voz de quienes eligen cuidar el agua y la vida: “Fiambalá Despierta es la esperanza. Queremos que un día toda la población de Fiambalá despierte realmente ante lo que están haciendo.  La falta de agua va a modificar nuestras vidas, porque sin agua no hay vida en ningún lugar del planeta”, se lamenta Beatriz.

Por sus paisajes únicos, Fiambalá es uno de los lugares privilegiados para el turismo en la provincia de Catamarca, ubicada al norte de la Argentina. Este excepcional territorio semidesértico cuenta con aguas termales y la duna más alta del mundo. A su vez, está rodeada por 19 volcanes ubicados a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en lo que se conoce como “la ruta de los seismiles”. Allí se pueden apreciar los volcanes Pissis y Ojos del Salado, que están a 6.882 y 6.864 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Pero no sólo eso, también en sus lagunas, salares y glaciares de altura se encuentra gran parte de la concentración de agua dulce de la zona que, además, funciona como reserva de la biósfera para investigación a nivel global.

El megaproyecto de extracción de litio se estableció en una zona de salares conocida como “Tres Quebradas” (3Q) y de allí lleva su nombre. Se trata de un área de protección que se encuentra determinada por la Ley 5.070 de la Provincia de Catamarca. A su vez, integra el subsitio Sur Ramsar, una red que refugia humedales reconocidos a nivel internacional. En el área, precisamente, se encuentran seis lagunas altoandinas con valiosas especies con problemas de conservación, tal es el caso del flamenco andino.  A pesar de estas legislaciones, el Gobierno de Catamarca dio el aval para que la empresa pueda diseñar y operar pozos de evaporación piloto, así como también montar los laboratorios y campamentos que crean necesarios durante la etapa de exploración.

En 2021, este proyecto que comenzó en manos de la empresa canadience Liex S.A fue absorbido por la empresa china Zijin Mining. Hoy, la compañía asiática avanza velozmente sobre el territorio que abarca unas 35.000 hectáreas con el fin de producir más de 20.000 toneladas anuales de litio (LCE) para baterías.

Natalia Sentinelli es arqueóloga, doctora en Cs. Antropológicas e integrante del equipo de investigación de la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (BePe). Sobre la actual etapa explicó: “Si bien el proyecto se encuentra pasando de una etapa de exploración a una de explotación, hay que tener en cuenta que, durante la exploración, en el caso de la extracción de litio en salmueras, implica la extracción de grandes volúmenes de agua porque justamente tienen que hacer las pruebas sobre las capas subterráneas, hacerlas decantar y evaporar luego”. 

Al momento, da cuenta la arqueóloga de que “los impactos ecosistémicos ambientales son de gran magnitud a nivel local, pero también regional y global. Una de las lagunas en donde habitan varias especies migratorias podría desaparecer”. Para la investigadora, necesariamente, los impactos registrados hasta ahora van a profundizarse en la etapa de explotación.

“En los meses de abril y marzo veíamos circular los últimos camiones cargados con las uvas hacia las bodegas”, recuerda Beatriz con una nostalgia que es reciente, “y ahora lo que vemos son flotas de camiones circulando permanentemente por las rutas, cargando maquinarias y todos los insumos para las mineras”. Tan sólo pasaron seis meses desde que Zijin Mining llegó a Fiambalá, sin embargo, denuncia Beatriz que el paisaje ha cambiado mucho: “Nunca imaginé que el deterioro sería tan rápido y visible”. Explica que los trabajadores chinos de la empresa se encuentran instalados en Fiambalá y afectando, también, al turismo que se acerca curioso. “Han copado gran parte de los complejos de cabañas que antes se los alquilaba para los turistas que nos visitaban”, expresa Beatriz.

Según el Censo 2010, en Fiambalá habitan más de 4.500 personas (INDEC) quienes, principalmente, trabajan en la producción de alimentos y tareas asociadas al turismo. Allí las familias campesinas producen vino a gran escala y trabajan el algarrobo con sus múltiples propiedades. “En Fiambalá tenemos turismo, producción de vinos orgánicos de altura, es un lugar único. Si se llevan el agua lo vamos a perder todo, nuestra vida y la de toda la flora y fauna de la zona”, asegura Beatriz. Recuerda que, en una reunión de productores y productoras que se realizó hace unos meses, allí “todos coincidían en que falta agua para mejorar la producción”. Y explica: “son estas mismas empresas las que nos están consumiendo el agua, evaporan millones y millones de litros de agua para extraer el litio y nuestros ecosistemas van a ir cambiando”.

Por su parte, Natalia explica que ambientes como el de Fiambalá -considerados como “desiertos”, en el mal sentido de la palabra – son “altamente productivos y lo que se está perdiendo, en realidad, es la sostenibilidad de las funciones de los ecosistemas” que, incluso, resultan “muy interesantes para pensar especialmente en un contexto de cambio climático”.

La ciudad de Fiambalá se encuentra en un valle y es conocida también como “El Bolsón de Fiambalá” por su vegetación verde que contrasta con el desierto que la rodea. Esta distinción es por el paso del río Abaucán proveniente de la cordillera de los Andes, que distribuye su amplio caudal entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Su nombre se debe al pueblo originario que habitó el territorio de manera ancestral, los abaucanes, quienes han sido quitados de la historia oficial de la localidad.

“En Fiambalá tenemos turismo, producción de vinos orgánicos de altura, es un lugar único. Si se llevan el agua lo vamos a perder todo, nuestra vida y la de toda la flora y fauna de la zona”Beatriz, Asamblea Fiambalá DespiertaTuit

Para la arqueóloga, este accionar no es casual: “Muchas veces escuché decir a las autoridades locales que ahí no vivió ni vive nadie, que si no fuera por los campamentos mineros no habría nadie”. Sin embargo, explica que existen algunos sitios arqueológicos que evidencian la existencia de corrales de animales en la zona. “Posiblemente estos territorios podrían haber funcionado como rutas de tránsito de caravaneo transcordillerano. Incluso pudo haber sido un lugar de pastoreo estacional, porque las caravanas suelen asentarse en donde hay pasturas para que los animales coman”, sostiene la arqueóloga, y aclara a continuación: “Todavía no lo sabemos y hay que investigarlo ya que se trata de una evidencia irrecuperable”.

En este marco, resalta una de las dimensiones más ignoradas en el proceso: la cosmovisión de los pueblos andinos. “No nos olvidemos lo que significó y significa la cordillera para para los pueblos indígenas andinos, los ancestros habitan los cerros” manifiesta la arqueóloga. Y destaca que se trata de “ambientes muy particulares, que tienen mucho para aportar a nuestro conocimiento y a nuestras formas de vida”.

Litio: una cuestión de derechos

Como anticipamos en la historia de Antofagasta de la Sierra, ciertamente la disminución del uso de combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables – que requieren elementos como el litio – debería ser el camino frente a la actual  crisis climática. Pero, si bien este proceso aparece de manera recurrente en los discursos de funcionarios, empresarios y organismos internacionales, hasta el momento no existen reflexiones en torno a las formas de extracción o la desigualdad social, económica y ambiental que genera.

Mucho menos existen políticas reales de reutilización de este mineral ni informes genuinos que presenten los impactos ambientales. Por eso, a los ojos de quienes habitan los territorios del llamado “oro blanco”, las fuentes de energías que ocupan el litio no tienen nada de “limpias”. Por eso, para que la transición energética sea un proceso justo es necesario incorporar un enfoque de derechos, así como el cumplimiento efectivo de los numerosos convenios que se escribieron para preservarlos.

En ese marco, el equipo de investigación de BePe analizó el impacto del megaproyecto 3Q en la región de Fiambalá durante la etapa de exploración y realizó el informe “Minería trasnacional de litio en lagunas altoandinas de Catamarca: Caso Liex S.A”. Un resumen ejecutivo con perspectiva de derechos que analiza el accionar de las empresas transnacionales y evalúa la aplicación de los principios rectores, es decir, de aquellos deberes y responsabilidades en materia de derechos humanos establecidos por la ONU en 2011 para las empresas.

Sin embargo, explican en el informe, estos principios no son consolidados como obligatorios y es responsabilidad de los Estados su promulgación e implementación a través de leyes nacionales.  Allí sostienen que “tanto la extracción como la comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidades territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”.

En este caso, el equipo realiza una tabla donde enumera los derechos vulnerados en el marco de la extracción de litio en Fiambalá. Éstos van desde la reducción de los reservorios y la salinización del agua dulce, la contaminación de los sistemas lagunas, la depredación del ambiente y el paisaje, hasta la falta de información y transparencia respecto a la consulta previa, la desigualdad en la toma de decisiones y la persecución y represión política, entre otros. 

“Lo que denunciamos -explica Beatriz- es la falta de información”. Sostiene la vocera de la Asamblea Fiambalá Despierta que “desde el principio se instalaron sin brindar la información al pueblo”. También relata que no hubo instancias consultivas: “Lo que hubo fue una charla técnica que después la presentaron como audiencia pública”.

De hecho, en diciembre del año pasado, se realizó la primera audiencia desde 2017 hasta la fecha, sin embargo, denuncia la activista que “fue todo muy armado, muy orquestado y no pudimos expresar nuestra disconformidad. Quienes pudieron hablar habían sido supuestamente sorteados y casualmente eran aquellos que salieron beneficiados económicamente por este proyecto”.

“Hay mucho miedo en nuestra comunidad” contesta Beatriz a la hora de hablar por la organización del pueblo contra el megaproyecto 3Q, pero rápidamente se responde que “tiene sentido, muchas personas trabajan en relación de dependencia para el municipio o tienen a algún familiar becado por la minera, es muy difícil. Por eso decimos que Fiambalá tiene que despertar porque si no, cuando lo haga, va a ser tarde”.

Defensoras del agua y de la vida

Si bien Fiambalá “no despertó” como las vecinas lo imaginan, existe una organización muy segura de los pasos a seguir ante el avance de la minera en su territorio. “La mayoría somos mujeres”, cuenta Beatriz, y no es un dato menor: en un contexto de cambio climático y de evidente desigualdad, las mujeres y las infancias serían las más afectadas. Esto se debe tanto por la limitación de acceso en las instancias de decisión, como por la desigualdad histórica en el acceso de recursos pero, también, en los roles y responsabilidades asumidas por las mujeres rurales que se asocian directamente con el agua, la tierra y la producción de alimentos como lo explica Claudia Korol en su libro “Somos tierra, semilla, rebeldía: luchas de mujeres por la tierra y el territorio”.

Azul Cordo es periodista feminista y junto a Paz Tibiletti y Damaris Ruiza realizaron el informe “Ellas alimentan al mundo” para LATFEM, un trabajo periodístico que profundiza sobre las causas estructurales del desigual acceso a la tierra. Son las mujeres rurales las que conservan las semillas nativas, las que protegen la riqueza biológica y las que cuidan la vida de su comunidad.  Al respecto explica que “claramente las mujeres se ven más afectadas por el modelo extractivista y el cambio climático porque son también las que primero ponen el cuerpo ante el avance de los proyectos extractivistas”.

A partir de su investigación, sostiene que las mujeres rurales “son quienes garantizan a nivel de la economía doméstica la producción y la reproducción de la vida, entonces si hay una crisis climática en esa tierra por supuesto serán más afectadas, porque son ellas las que no van a poder producir ese alimento básico para sus familias y comunidades”.

Para la periodista feminista, existe otra variable necesaria de considerar ante el avance de los proyectos extractivistas en los territorios: “Las mujeres son las más afectadas con ese mismo tipo de acciones opresivas en términos machistas y patriarcales”. Y eso se relaciona directamente con la instalación de proyectos: “Está probado, durante la instalación de mineras, de pasteras o represas en los territorios vemos que no solo se profundizan las desigualdades a nivel de relaciones de género, porque los trabajos que se prometen y los pocos que se generan son para varones. Sino también porque colaboran a la profundización de redes de explotación sexual y trata de personas”.

Como parte del diálogo entre periodistas feministas y, a modo de cierre, Azul insiste en la necesidad de incorporar a los estudios ambientalistas y, particularmente al periodismo, un enfoque ecofeminista. “En el análisis de los distintos fenómenos ambientales y, por ende, de crisis y cambio climático, es clave pensar estas problemáticas con perspectiva de género y feminista” sostiene.

Las mujeres rurales “cuidan la vida”, como expresa Beatriz en la entrevista, y no solo eso: “Nos cuidamos entre nosotras, nos mandamos mensajes, estamos atentas todo el tiempo y nos tenemos en la oración”.

La resistencia y organización de las mujeres en Fiambalá para defender la vida se replica en cada territorio amenazado por las políticas extractivistas. Las Defensoras -como sostenemos en el proyecto periodístico que lleva su nombre- “cuidan la memoria, abrazan el ser colectivo y construyen las respuestas al saqueo de nuestros cuerpos-territorios. En sus relatos de esperanza tejen las resistencias territoriales en una genealogía urgente: defender los derechos de los pueblos y de la madre tierra”.

Las defensoras “ponen el cuerpo” para la defensa del territorio y no es metáfora. El cuerpo hace parte del territorio y, por ende, de la vida. “En Fiambalá, y en el mundo, sin agua no hay vida así que no queda otra que seguir luchando”, concluye Beatriz.

*Esta nota fue producida con apoyo de Climate Tracker como parte del Programa de Mentorías en Periodismo Climático.

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Por Camila Parodi * | Fotos: Susi Maresca

Alfredo Morales y Román Guitián pertenecen a la comunidad atacameña del altiplano en el departamento de Antofagasta de la Sierra de Catamarca. Un amplio territorio ubicado al norte de la Argentina que es habitado por más de 1800 personas.  Allí, precisamente en lo que se conoce como el Salar del Hombre Muerto, se conformó la puerta de entrada para la extracción de litio, un metal liviano que ha cobrado mucha relevancia durante los últimos años por su utilización en diversos tipos de baterías de dispositivos electrónicos para uso cotidiano, como computadoras, tablets y celulares. También se proyecta como un elemento estratégico para la fabricación de autos eléctricos y nuevas tecnologías.

Este salar, ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, fue nombrado por el bisabuelo del cacique Román Guitián tras encontrar restos óseos en aquella zona. No se trata de un territorio deshabitado a la espera de ser descubierto: sus habitantes descienden de los pueblos Atacama y encarnan su historia en el presente. Hoy, el silencio de la puna fue reemplazado por el ruido de las máquinas y camionetas que recorren el territorio con mucha minuciosidad en busca del mineral preciado. Recuerda Román que, antes de la llegada de la minería, “la vida era más sana”. Y reflexiona: “Hoy en día no podemos vivir como antes porque nos quedamos sin agua, no podemos circular libremente y se mueren nuestros animales. Antes de que venga esta empresa nosotros vivíamos sin ningún problema, ahora todos nos contaminamos”, suspira.

Cuenta Alfredo que, durante mucho tiempo, ese territorio fue habitado únicamente por su comunidad: “Por muchos años vivimos en el límite del país preservando su patria, y ahora que les interesa lo que hay nos quieren sacar”. Y es que en la zona de la cordillera y los salares andinos eso que llaman “patria” es más complejo de limitar. Allí, la puna argentina constituye un territorio más amplio junto a parte de los países de Chile y Bolivia que fue conocido, durante los últimos años, como el triángulo del litio. Una zona codiciada por las grandes corporaciones transnacionales ya que posee más del 65% de las reservas de litio de todo el mundo concentrada en tres países.

Este mineral es presentado como la salvación ante la crisis climática provocada por la quema de combustibles fósiles y sus evidentes consecuencias. A su vez, por su condición de recurso no renovable, el petróleo está perdiendo el lugar de privilegio que ocupó durante el siglo XX. Ciertamente el litio podría ser reciclado y recuperado de las baterías que ya se encuentran en circulación y por eso se presenta como renovable en el marco del proceso de transición energética. Sin embargo, al momento, se extrae únicamente  de yacimientos de vetas o por la evaporación de los depósitos de salmueras y se desconocen procesos de reutilización en gran escala.  

La transición energética es un proceso que consiste en cambiar la matriz energética actual (basada principalmente en combustibles fósiles) hacia un sistema diversificado de fuentes renovables. De esa manera, busca evitar que la temperatura del planeta aumente y que los efectos de la crisis climática se agraven aún más. Pero no basta con esa definición, ya que es necesario impulsar la transición justa e integral, es decir, una transformación energética que contemple en la toma de decisiones las particularidades territoriales, socioeconómicas, de géneros, entre otras. En definitiva, que considere la justicia social y ambiental.

Aunque el litio se presenta como un elemento clave para las “energías limpias”, ocupando un lugar central en discursos y proyectos, el modelo de extracción actual implica un sobreconsumo de fuentes de agua, el uso de químicos contaminantes y el desplazamiento de las comunidades. ¿Es posible salvar al planeta del cambio climático por la mera transición de una matriz energética a otra? ¿La extracción y usos de este “nuevo” mineral contempla los errores del saliente modelo hidrocarburífero? 

¿La transición energética implica necesariamente el sacrificio de territorios?

Catamarca minera

Durante los últimos 15 años, la provincia de Catamarca ubicada en el noroeste Argentino, ocupa un lugar central en el mapa minero global. Allí opera el proyecto más antiguo de extracción de litio del país a cargo de la empresa Livent (ex FMC-Minera del Altiplano). En 2018, la empresa presentó un Informe de Impacto Ambiental para la expansión del Proyecto “Fénix” con el objetivo de proveerse de las aguas subterráneas pertenecientes a la subcuenca del río Los Patos en la zona de Antofagasta.

A pesar del cambio de nombre, esta empresa realiza extracciones desde 1997  en el Salar del Hombre Muerto de forma que, lejos de ser una novedad, arrastra múltiples impactos sobre el territorio y las comunidades que allí se encuentran. Sin embargo, desde 2016 este modelo avanzó de manera desproporcionada: “La fiebre del litio”, en palabras de la bióloga Patricia Marconi, integrante de la Fundación Yuchan y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos. En 2021, la automotriz alemana BMW acordó con Livent y anunció su inversión por 338 millones de dólares con una fuerte concentración en esta zona. 

Esta “fiebre del litio” no es azarosa, se relaciona directamente con el proceso de eliminación de uno de los impuestos a las exportaciones en febrero de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí la Argentina fue posicionada positivamente por las empresas extranjeras. Al año siguiente, el Ministerio Nacional de Energía y Minería contabilizó en su informe al menos “42 proyectos en depósitos de salmuera (salares) y cinco más en depósitos de pegmatita (rocas)”, como sostiene la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en su investigación. Desde entonces, tanto el Gobierno nacional como las gobernaciones provinciales y locales acompañan con políticas públicas al despliegue de proyectos mineros internacionales en el país.

“En ese momento (2016) detectamos más de una docena de prospecciones de litio en Catamarca”, recuerda la bióloga Marconi en el marco del “Contra Seminario del Litio”, que nació en respuesta a la cumbre realizada por funcionarios y empresas de la región en torno al denominado “oro blanco” en la Ciudad de Catamarca. Y sostiene: “A su vez, algunos de los proyectos que estaban parados, como el de Galaxy Lithium (Sal de Vida), comenzaron a reactivarse en una etapa de exploración. Todo esto avanzó muy rápidamente, las comunidades locales nos avisaban de la llegada de nuevas camionetas todo el tiempo”.

En la actualidad, explica Marconi, en el altiplano de Catamarca se relevaron al menos 36 proyectos mineros de los cuales 20 son de litio y dónde sólo tres se encuentran en etapa de prospección. Es decir que la mayoría ya están en las etapas siguientes, ya sea de exploración o explotación. La prospección, sostiene la investigadora, es una primera fase de investigación “casi oculta” porque “el único requisito administrativo a nivel legal es que un grupo de geólogos realice estudios técnicos en terreno y de sísmica, se llevan las muestras al laboratorio donde llenan un formulario de prospección para acreditar la propiedad de ese catastro minero”.  Allí no existen estudios de impacto sobre la biodiversidad y mucho menos instancias consultivas con las comunidades afectadas.

Actualmente, la prospección la hace el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca sin intervención de otro ministerio nacional y, para Marconi, funciona como incentivo para convocar a las empresas privadas.

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Proyectos mineros de litio hay en el altiplano de Catamarca

Salares andinos: oasis de vida

Los salares andinos son verdaderos vestigios de antiguos lagos (paleolagos) que existieron hace miles de años en la zona, de forma que son bienes comunes irrecuperables del pasado. Pero no sólo eso, también son presente y continuidad para la vida. Explica la bióloga Marconi que es necesario entender a los salares como humedales de altura que conservan el agua tanto en la parte superficial como en la subterránea, siendo que el 98% del agua del altiplano se conserva de esa forma. Los salares son verdaderos oasis de vida para la biodiversidad de la puna allí se desarrollan y conviven diversas especies de flamencos, truchas, patos, vicuñas, entre otras. Hoy todas están en peligro. 

“Sin agua no hay vida”, dice una y otra vez el cacique Guitián. Y no se cansa de repetirlo. Durante los últimos años denuncia junto a su comunidad la muerte de animales tanto domésticos como silvestres, el cambio negativo en la vegetación y el paisaje, los impactos de la sequía y del ruido de las máquinas en la biodiversidad de la puna atacameña. De continuar los proyectos e inversiones presentadas, los humedales andinos podrían desaparecer. “Estamos reclamando cosas reales que afectan a la vida,-explica Guitián- la vega de Trapiche donde comenzó todo se secó porque le sacaron el agua y ahora se está secando el dique”. 

En su informe, FARN asegura que, ante la desecación de la vega Trapiche, la propuesta fue realizar una desviación del río Los Patos. De continuar con el proyecto el resultado será el mismo. El cacique se encomienda a Dios y a la Pachamama, “que no lo hagan porque va a morir todo el río. Son más de 100 kilómetros, ahí yo viví toda mi vida, al igual que mis hijos, ahora mis nietos y si nos sacan el agua de aquí, ¿de qué vamos a vivir después?”.

“La minería de litio es secante” -explica Marconi- “y se lleva cantidades extraordinarias de agua”. Cuando comiencen a extraer la cantidad de agua dulce que declararon se supone que utilizarán en 14 días lo que la población de Antofagasta de la Sierra consume en un año. Esto es, sostiene la investigadora, de acuerdo a lo que ellos mismos declaran en el estudio de impacto ambiental. Informes densos y complejos que requieren de mucho entrenamiento para obtener la información precisa en torno a cuáles serán sus procedimientos.

¿Transición para quién?

Si bien Livent lleva más de 25 años en el territorio, en la comunidad no existen beneficios: “Lo que dicen es que van a generar muchos recursos y trabajo pero sólo vemos el deterioro”, explica Guitián. En un territorio desprovisto del acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo, sostiene su compañero  Alfredo, que la única política del estado municipal, en articulación con la empresa minera, es el otorgamiento de “becas” económicas para las y los más jóvenes de la comunidad. Sin embargo, denuncia que, lejos de otorgar más educación y trabajo, “compran el silencio”. Pero para la comunidad atacameña, el único silencio bueno es el del altiplano.

“Lo que dicen es que van a generar muchos recursos y trabajo pero sólo vemos el deterioro”

Román Guitián, cacique comunidad atacameña, Antofagasta de la Sierra

Denuncian en ese sentido la criminalización y la falta de instancias consultivas. “Tenemos una ley y está aprobada en la Constitución Nacional desde 1994”, explica Guitián, refiriéndose al derecho a la consulta libre, previa e informada, estipulado por el Convenio 169 de la OIT. El pedido es simple: “Queremos ver por qué van, a qué van y qué es lo van a hacer en nuestro territorio”, agrega Morales.

Pero exigir este derecho en Catamarca tiene su costo, quienes preguntan o se oponen a los proyectos mineros son amenazados. Morales denuncia que, desde el año 2016, la violencia escaló: “Vinieron a pegarnos y nos armaron una causa diciendo que estamos contra el personal policial cuando la violencia fue al revés”. Allí fueron violentadas adultas mayores, entre ellas, su madre de 75 años: “A ella y a mi hermana las arrastraron por el piso, nos pegaron, nos llevaron atados de pies y manos hasta el departamento de Belén (ubicado a 360 km). Nosotros somos personas muy respetuosas, si se lo pedían hubiera ido no era necesario que la golpeen”, lamenta Alfredo.

Explica Guitián que, ante esta situación, la comunidad inició un proceso legal: “Hicimos un recurso de amparo, que llegó al Gobierno de la Nación, luego iniciamos una medida cautelar, pero tampoco nos responden como si las leyes no existieran”. 

Ante el silencio gubernamental las comunidades avanzan con diálogos y construcción de redes, y frente al Seminario Regional del Litio, explica Guitián, “vamos a hacer lo mismo que ellos hacen, nos vamos a juntar con comunidades de otras provincias y países”. 

Mientras los funcionarios y empresarios brindan por las inversiones millonarias que deja el litio y hablan de transición energética, las voces de las comunidades locales incomodan: “¿Quiénes van a tener esos vehículos de alta gama? ¿Para quién está pensada la transición?” se pregunta el cacique y rápidamente responde: “Para los que tienen plata. Nosotros no tenemos esa plata por eso no les importa nuestra voz”.

* Este artículo es parte del programa de mentorías en periodismo climático y fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

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El 15, 16 y 17 de septiembre se realizó en Catamarca la I Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos bajo la premisa “defender el agua como bien común y vital”. Contó con la asistencia de delegados nacionales, internacionales, de los pueblos originarios y la participación de Adolfo Perez Ezquivel y Nora Cortiñas. Entrevistamos a integrantes del Movimiento Patagonia Libre que participaron en el encuentro.

En Catamarca se realizó la I Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos bajo la premisa “defender el agua como bien común y vital”. Allí se planteó exigir a los Estados el reconocimiento y respeto del agua como derecho humano, impulsar la soberanía alimentaria y crear una red latinoamericana en defensa del agua para los pueblos.

El propósito de la cumbre fue afianzar la solidaridad entre aquellos pueblos afectados por las actividades extractivas y aunar criterios para la lucha y la resistencia. El encuentro fue  organizado por PU.CA.R.A. (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) y el grupo ecologista tucumano ProEco de la Red Nacional de Acción ecologista (RENACE). En la Universidad Nacional de Catamarca se llevaron a cabo las actividades que incluyeron charlas, talleres, exposiciones y stands de las organizaciones.

Desde Catamarca entrevistamos a Soledad Verón y Rita López de la ciudad de Río Gallegos y Ainelén Rosales de El Calafate, integrantes del Movimiento Patagonia Libre. Ellas viajaron a la Cumbre para visibilizar el impacto ambiental y social que tiene la construcción de dos mega-represas sobre el río Santa Cruz. Se trata de un complejo hidroeléctrico que amenaza al último río glaciar que recorre libre desde los Andes hasta el Mar Argentino, y  que afecta también al Glaciar Perito Moreno, que es su afluente.

¿Por qué el Movimiento Patagonia Libre decidió participar de esta Cumbre?

Nos parece importante hacer visible lo que está pasando en el sur de nuestro país. No se llega a conocer la gravedad de lo que está pasando en Santa Cruz con las represas (Cóndor Cliff y La Barrancosa). Quizás por la distancia, por  el hecho de estar tan lejos de los grandes centros urbanos y de los medios nacionales de comunicación,  hace que nuestra causa no se conozca demasiado.

Una obra como las represas pone en riesgo al tercer reservorio mundial de agua dulce, mientras en la zona norte de la provincia de Santa Cruz se vive un contexto de problemáticas de acceso al agua.

¿Cómo fue la experiencia de participación en el encuentro?

Puntualmente estuvimos en la mesa “Agua, Territorio y Represas”,  como comentaristas junto a Rulo Bregagnolo,  de Misiones,  y a Diego Jaramillo,  de Aysén (Chile). Ellos compartieron la experiencia de haber luchado contra las represas y en ambos casos, tanto en Aysén como en Misiones, el resultado fue exitoso. También habló gente de la Asamblea Ciudadana de Concordia.

Nosotras contamos sobre este proyecto, sus consecuencias y los impactos ambientales y sociales que tendrían las represas (Cóndor Cliff y La Barrancosa). También nos referimos a la causa que está en la justicia y cuál es su estadio actualmente. Además expusimos fotos de la muestra “Historias del Río”,  que se hizo en diferentes localidades de la Provincia de Santa Cruz.  Una muestra itinerante de fotos que mandaron muchas personas con sus fotos en el río Santa Cruz. Seleccionamos algunas fotos para traer y estuvieron expuestas acá los tres días que duró la cumbre.

¿Se encontraron con personas que tuvieran la misma experiencia? ¿Qué pudieron compartir?  

La problemática es la misma, la gente pide que no se construyan represas en ríos tan importantes para el medio ambiente y también para el turismo,  como por ejemplo el caso del Río Baker en Chile. Ellos compartieron sus experiencias en estas causas y como lograron que las represas finalmente no se construyan.

-¿Cuál es la importancia de este encuentro?

El agua es el bien común que se está afectando en todas las actividades, tanto en la minería, en el fracking, en las represas, en los agronegocios, entre otros. El agua es lo común que tiene este régimen extractivista.

Otra cuestión significativa del encuentro es que fue latinoamericano. Vinieron representantes de otros países de América Latina que están pasando o ya pasaron por los mismos problemas. Además estuvieron representantes las naciones Diaguita, Mapuche, Aymara, Quechua y otros pueblos originarios,  que tuvieron su lugar en la Cumbre,  para exponer su cosmovisión sobre el agua y la tierra. Es importante porque el agua nos atraviesa a todos, somos agua y el régimen extractivista está afectando este bien común a todos los pueblos.

Además el agua estuvo tomada como derecho humano, como un bien común, lo que permitió ampliar el espectro. Por eso contamos con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, quienes acompañaron todo el encuentro.

¿Se llevan experiencias y aprendizajes de las otras actividades de la Cumbre?

Participamos del taller “Derecho Humano al Agua y Protección Internacional” donde aprendimos las diferentes vías legales con las que contamos para defender nuestras causas. Nos explicaron el funcionamiento tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus diferencias, ventajas y desventajas. Son innumerables las personas que se acercaron a nosotras, que se interesaron por lo que está pasando en el sur del país y nosotras pudimos interiorizarnos sobre las demás luchas que se están dando hoy en América Latina.

Pudimos contactarnos con numerosos compañeros y compañeras de distintas localidades y países, como el fiscal Gustavo Gómez quien se ofreció a asesorarnos en lo que necesitemos y viajar a los proximos eventos que realicemos desde el Movimiento Patagonia Libre. También la abogada Vivian Lagrava de Potosí (Bolivia) se ofreció a interiorizarse del proyecto y asesorarnos legalmente.

El último día de la Cumbre se decidió crear un “Movimiento Latinoamericano Plurinacional de los Pueblos por el Agua”. Marchamos a la plaza y se leyó una declaración a la que adherimos. Se consensuó que la próxima Cumbre se realizará en Jáchal  (San Juan) por la lucha que vienen llevando en Veladero.

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Entrevista a Antonio Elio Brailosvsky, escritor y economista especializado en historia ambiental, quien hace referencia a las inundaciones, la falta de saneamiento del agua y las políticas de Estado al respecto.

– Nos mandaron a rezar nuevamente, esta vez fue el Ministro de Agroindustria frente a las inundaciones a lo largo del país. Esta situación que afecta a Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Chubut y Catamarca, ¿solamente se debe al cambio climático?

– El cambio climático existe pero lo potencian los errores agrarios y urbanísticos. Acabo de ver una nota en un periódico colombiano donde están diciendo: no es que el río se metió en sus casas, sino que ellos metieron sus casas en el río. Mientras se siga construyendo adentro de los lugares de riesgo de desborde de los ríos vamos a seguir teniendo desastres. Aquí, en Colombia y en Perú, países que han tenido enormes desastres por inundaciones y aluviones en las últimas semanas.

– Llama poderosamente la atención cómo es posible que no se hayan desarrollado las obras necesarias en un lugar con la riqueza petrolífera y gasífera como lo es Comodoro Rivadavia.

-Lo que más llama la atención son las declaraciones del gobernador diciendo que va a reconstruir todo en el mismo lugar. Un lugar que se inunda se va a volver a inundar muchísimas veces. Por un lado está el negocio de haber loteado terrenos inundables vendiéndolos para la vivienda, y ahora el negocio de obras públicas que no van a servir para nada porque la fuerza del agua se lleva todo. Hay que pensar en dejar de construir sobre terrenos inundables.

– Con el peligro que significa esa inmensa montaña de barro que es “el chenque” al lado de la ciudad.

-Claro. Por qué seguir negando que hay un problema, insistir en que esto es algo que no va a volver a pasar. Una vez que se metió a la gente adentro de un lugar inundable, se van a volver a inundar.

– En cuanto a deforestación, en 7 años se perdió una superficie equivalente a la provincia de Jujuy y en los últimos 25 años se desmontó una superficie equivalente a la Provincia de Entre Ríos. Esto también se vincula al problema de las inundaciones, entonces, ¿qué paso con la Ley de bosques que se sancionó en 2007 y se reglamentó en 2009?

– El bosque y en general la vegetación natural ayuda con las raíces a desviar el agua de lluvia al subsuelo y las napas, es un mecanismo de recarga de agua subterránea, si no hay bosques y árboles el agua escurre en superficie, hay más agua con la misma cantidad de lluvia y eso inunda.

La Ley de bosques tenía un punto débil, el centro estaba puesto únicamente en el dinero, porque la ley planteaba como único medio de mantenimiento de los bosques un subsidio a los que no destruían el bosque nativo, no planteaba sanciones a los que sí lo hacían, entonces terminó siendo una cosa económica. Además, en el gobierno anterior las partidas para subsidios de la Ley de bosques se desviaron hacia otros lados, especialmente hacia la televisación del fútbol.

En el gobierno actual no sé hacia dónde se desviaron pero tampoco tuvieron un uso importante. Si no hay sanciones, y si talar es negocio porque sirve para plantar soja y si se inunda o se destruye el suelo que se arregle otro, se sigue desmontando. Yo creo que la Ley de bosques funcionó solo para la foto, fue una ley principalmente publicitaria.

– Además la deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en Argentina y un análisis de la Ley ambiental para la Argentina del Banco Mundial, de octubre del año pasado, sitúa la degradación ambiental en el 8.5 del PBI argentino equivalente a 40.000 millones de dólares. En todo el tema de la deforestación para plantar soja los beneficios son privados pero las pérdidas son públicas.

– Eso pasa con todos los temas ambientales. Siempre hay alguien que hace negocio perjudicando a los demás.

– El pasado 31 de marzo, en el Día nacional del agua, a raíz de la Resolución Nº 1630 de 1970, en Clarín salió un suplemento llamado “Plan de agua saneamiento nacional”. Más adelante en el suplemento señala que el Día mundial del agua se celebra el 22 de marzo, respondiendo a una recomendación de la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. ¿Fuimos unos adelantados los argentinos entonces?

– Siempre es fácil hacer una declaración, el tema es qué gestión se hace después sobre eso. Y la gestión en Argentina sobre el agua es extremadamente débil. No sabemos, porque no hay ningún control sobre qué residuos peligrosos hay en el agua de red, por ejemplo. En gran parte del interior del país se saca el agua de red de napas que están debajo de campos fumigados o de ríos que reciben el agua de fumigación que viene arrastrada por las lluvias hasta los ríos. Yo preferiría menos festejos y más análisis del agua de red y qué se hace para eliminar esos tóxicos.

– En este espacio publicitario al que hago referencia, el pasado 3 de abril, se menciona un Plan nacional del agua que establece como meta alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y 75% de cloacas. Dice que van a instalar 55.000 kilómetros de tuberías para distribuir agua potable, 30.000 para cloacas, que ese volumen de obra generará más de 300.000 puestos de trabajo entre los años 2016 y 2020 y se estima que las inversiones totales para el logro de la cobertura universal y cloacas para ¾ partes de la población alcanzarán una inversión de 21.600 millones de dólares. Este plan ¿existe?

– Esperemos que sí, porque hace falta. Argentina está muy retrasada en cuanto a vecinos más pobres como Uruguay y Chile que tienen niveles de cobertura de la población mayores que los nuestros. Siempre hay planes, esperemos que pongan el dinero y hagan las obras y además controlen que el agua de red sea efectivamente potable.

– Otra cosa que me llamó la atención de esta producción especial referida al Día del agua, dice que avanzan las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo, parece que hicieron un recorrido un grupo de periodistas especializados, ejecutivos de Aysa y las empresas contratistas, dicen haber recorrido el predio de Dock Sud donde pudieron comprobar los avances de la obra Riachuelo, proyecto que permitirá incorporar al servicio de redes cloacales a un millón y medio de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4.300.000 habitantes, es decir, que según esta información ha tomado impulso la obra en la cuenca Matanza- Riachuelo.

– Están haciendo obras, la pregunta es si son las mejores posibles y qué riesgo tienen. La obra grande que es el caballito de batalla de Aysa, es un caño que va por debajo del Río de la Plata y trata de mandar lejos toda la contaminación del Riachuelo. Dicen que con tratamiento pero en realidad es un pre tratamiento, una licuadora que disuelve la materia fecal y la traslada adonde no se vea, más lejos. Allí hay dos problemas, por un lado el riesgo de que al mandarla más lejos vaya hacia las tomas del agua, con lo que empeoraríamos la situación; el otro riesgo es que al mandar ese caño de agua del Riachuelo río adentro, cambie la forma de sedimentación del suelo y se empiecen a formar pantanos costeros y si hay pantanos la contaminación va a tardar mucho más en dispersarse.

Estos temas han sido estudiados de manera débil, con lo cual yo no estoy muy conforme con estas obras, la gente tiene la ilusión de que una obra mejora las cosas y no necesariamente es así. Esta es una obra de altísimo riesgo.

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