Los giros políticos en los gobiernos de Argentina y Brasil tienen consecuencias regionales. Las potencias latinoamericanas pretenden que Venezuela no asuma la presidencia del Mercosur, en una ofensiva contra el país bolivariano que es -hasta ahora- el principal escollo para que el otrora bloque progresista de un giro hacia la Alianza del Pacífico y el libre mercado.

El Mercado Común del Sur (Mercosur), organismo regional compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, pasa por estos días la peor de sus crisis internas. Correspondía según estatuto asumir la presidencia pro témpore del organismo a Venezuela, pero una ofensiva liderada por Argentina, Brasil y Paraguay ha encendido las alarmas, negando el cargo que le corresponde al gobierno de Nicolás Maduro.

Fundado como una instancia de integración regional en 1991, el Mercosur obtuvo mayor importancia y connotación en la década de los 2000 con la aparición de distintos gobiernos de corte progresista o “nacional-populares” en los países que lo integraban, originalmente Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En ese contexto, Venezuela se suma como miembro pleno en 2006, mientras que en 2015 Bolivia inicia las tratativas para integrarse de lleno al bloque.

Pero el tiempo en que aparecían Hugo Chávez, el matrimonio Kirchner, Lula da Silva, Pepe Mujica y Fernando Lugo unidos en una alianza de los progresismos latinoamericanos ya pasó.

El golpe parlamentario en Paraguay contra Lugo, el cambio de gobierno en Argentina de diciembre pasado, el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil y el notorio viraje del Frente Amplio liderado por Tabaré Vásquez en Uruguayhan cambiado la geopolítica interna de América Latina.

Y prueba de ello es la ofensiva que Argentina, Brasil y Paraguay están sosteniendo contra la Venezuela de Nicolás Maduro.

Al país bolivariano le corresponde la presidencia pro témpore del bloque según el estatuto que establece el cambio cada seis meses y por orden alfabético. Pero desde hace semanas que José Serra – canciller de Brasil- y Eladio Laoyza -canciller de Paraguay- están presionando para que eso no ocurra. El primer episodio de relevancia se dio el pasado 11 de julio, cuando se convocó en Montevideo a una “cumbre de los socios fundadores del Mercosur”, con una clara intención de excluir a Venezuela del bloque. Una reunión inédita en la historia del Mercosur y sin ningún tipo de sustento estatutario. La razón que esgrimen es la falta de garantías democráticas en el país caribeño. Paraguay ha presionado a sus pares para que se le aplique la cláusula democrática a Venezuela, que suspendería temporalmente al país del bloque.

Pero dicha reunión fracasó. La canciller venezolana Delcy Rodríguez -de notorias peleas públicas con Mauricio Macri y el secretario general de la OEA Luis Almagro– llegó a la reunión sin ser invitada. “Se fueron a esconder al baño”, dijo sobre los representantes de Brasil y Paraguay.

Presionado por el Frente Amplio uruguayo -que, a diferencia de las posturas del gobierno, insisten en no reconocer la legitimidad del gobierno de Temer en Brasil y en no atentar contra la continuidad del bloque-, el canciller Rodolfo Nin Novoa emitió un comunicado el 29 de julio en el que dicen que no existen argumentos jurídicos para impedir el traspaso de la presidencia pro témpore a Venezuela aludiendo a la cláusula democrática, pues en ese país no se ha incurrido en ninguna irrupción a la democracia.

Pero los gobiernos de derecha del bloque querían otra cosa, e intentaron saltarse a Venezuela y que la Argentina de Mauricio Macri asumiera la presidencia pro témpore. Ante eso, el gobierno de Nicolás Maduro asumió, sin ceremonia oficial porque Argentina, Brasil y Paraguay se negaron a asistir, la presidencia pro témpore. La crisis está desatada: Los presidentes Temer y Cartes no reconocieron la presidencia de Maduro, y Macri, a través de su canciller, aseguró que no puede haber traspaso de mando sin ceremonia. Esto último es falso según los estatutos del Mercosur.

Ayer jueves se reunieron nuevamente equipos de los “países fundadores”, instancia a la que Venezuela no le reconoce legalidad. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no llegaron a acuerdo sobre una posible “conducción compartida”, por lo que la presidencia sigue trabada. En Brasil, en el marco de los Juegos Olímpicos, se reunirán hoy viernes los presidentes Macri, Cartes y Temer para intentar encontrar una salida.

Lo irónico del conflicto: Reclaman que Venezuela incurre constantemente en violación de derechos humanos por lo que no puede ejercer la presidencia. Pero los países que presionan tampoco son valuartes en el tema: Paraguay acaba de condenar a 11 campesinos a prisión en el fraudulento juicio por la masacre de Curuguaty, la misma que sirvió al Parlamento para destitur en tiempo record a Fernando Lugo. De hecho, el propio presidente Horacio Cartes, del conservador Partido Colorado, principal opositor de Lugo, reconoció hace unas semanas que se trató de un golpe de Estado. En Brasil, por su parte, rige el gobierno interno de Michel Temer a la espera de que se concrete el impeachment contra Dilma Rousseff, pese a que los peritos del Senado determinaron que la mandataria no tiene ninguna responsabilidad penal en los cargos que se le acusan. La sucesora de Lula no esta involucrada en ninguna causa de corrupción ni enfrenta juicios penales en su país. Y en Argentina, la dirigenta social Milagro Sala cumple ya 7 meses en la cárcel, pese a los reclamos internacionales de detención arbitraria en su contra.

Los cancilleres tampoco se salvan. Los que más han presionado contra Venezuela han sido José Serra de Brasil, quien está involucrado en la corrupción del caso Petrobras, y Eladio Laoyza, ex presidente de la Liga Anticomunista y ex funcionario de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay.

¿Qué está detrás de la pelea?

El viraje ideológico en Argentina y Brasil, sumado al de Paraguay de hace unos años, da cuenta de los nuevos intereses de dichos gobiernos y de la forma en que quieren relacionarse. Hoy el Mercosur está claramente dividido en bloques. Por un lado, los que apuestan a continuar con el modelo de desarrollo económico por la vía de la integración regional (Venezuela y Bolivia). Por el otro, los que quieren de regreso el neoliberalismo o liberalización económica (Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay).

El país oriental se encuentra en un limbo: lideró las hoy estancadas negociaciones del Tratado de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea y estuvo integrado al TISA desde la presidencia de Pepe Mujica. Sin embargo, la presión interna del Frente Amplio logró sacar al gobierno del acuerdo de libre comercio mundial, tal como presionó ahora al cuestionado canciller a no atentar contra la integración del Mercosur.

En Brasil la postura fue que Uruguay extendiera su mandato pro témpore hasta fines de agosto, época en que debería quedar consolidado el impeachment contra Rousseff y le daría al gobierno de Temer más legitimidad para negociar.

Y en Argentina la postura es clara: destrabar el “proteccionismo” del Mercosur para converger con la Alianza del Pacífico.

Mirando al Pacífico

La Alianza del Pacífico (AP) nace en 2011 por la iniciativa de los presidentes deChile, Perú, Colombia y México. El objetivo era la construcción de un área de libre circulación de bienes, servicio, capitales y economía. En la práctica, los gobiernos de derecha se unieron para contrarrestar el poder de los progresismos de la región.

¿Cuáles son las diferencias entre ambos bloques? De menor tamaño en población y mayor PIB unificado, la Alianza del Pacífico exporta más dinero del Mercosur(558 mil millones de dólares vs 426 mil millones en 2013). En cambio, las exportaciones del Mercosur son en un 56% hacia otros países del mismo bloque, mientras que esa estadística en la Alianza del Pacífico es solo del 27%. Esto debido al modo de integración de ambas alianzas. Mientras que los países de la AP tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con distintas potencias mundiales -de hecho, Chile y México lideran el ránking de TLCs firmados en el mundo), los del Mercosur no cuentan con esos tratados, estando las negociaciones con la Unión Europea estancadas desde hace tiempo.

A esto se suma que Chile, México y Perú son parte del TPP, mientras que Colombia pidió incorporarse.

Por otro lado, Brasil y Argentina, los países más grandes de América Latina, tienen cierto grado de industrialización inusual en la región. Incorporarse a mega tratados de libre circulación sería letal para sus industrias, ya que no estarían en capacidad de competir contra los productos importados de países de mayor productividad.

Invitado especial a la cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Chile a fines de junio, el presidente argentino Mauricio Macri anunció ante el empresariado regional su plan de relanzar el Mercosur hacia una nueva convergencia latinoamericana de libre mercado: “En esta nueva etapa hemos relanzado el Mercosur, porque queremos un Mercosur del siglo XXI, pero que claramente tenga una visión de convergencia con la Alianza del Pacifico”.

Hoy el Mercosur estaría siendo la principal barrera para que Brasil y Paraguay giren al Pacífico, pues a Argentina no le convendría ingresar a la alianza sin su principal socio comercial, Brasil. Y el principal escollo para “flexibilizar” el Mercosur -es decir, abrirse a la libre circulación de divisas y firmas de Tratados de Libre Comercio- es Venezuela. Así lo ha reconocido el propio canciller paraguayo al explicar la ofensiva contra el país bolivariano: es el único que no comparte la idea de converger hacia la Alianza del Pacífico.

Y con los cambios de gobierno en la región, Venezuela se va quedando sola. Sumado a la profunda crisis económica que atraviesa el país y las agresiones de la OEA a través de Luis Almagro, ahora el gobierno de Maduro debe lidiar con la ofensiva de los nuevos gobiernos de derecha que, en consonancia con la oposición venezolana que hoy maneja la Asamblea Nacional, esperan pronto un cambio de régimen en el país.

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La dura derrota del Partido Colorado en los comicios municipales en Paraguay significaron un duro revés para el presidente Horacio Cartes.

El presidente Horacio Cartes se jugó las elecciones municipales como un plebiscito de su gestión. Una eventual carrera por su reelección dependía en gran medida de los resultados de las elecciones municipales del domingo pasado. La derrota del oficialista Partido Colorado en Asunción, así como en 13 de las 19 comunas del departamento Central, el más poblado del país, muestra la creciente impopularidad de un gobierno que aún no cierra la mitad de su mandato.

La coalición de partidos progresistas Juntos Podemos, aliados al conservador Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), postuló al conductor de radio y TV Mario Ferreiro, quien se quedó con la victoria en la alcaldía de la capital por un importante margen de 11 puntos (51% contra el 40% del colorado Arnaldo Samaniego).

La tendencia en la mayoría de las ciudades fue el triunfo del voto opositor, que también significó importantes derrotas para el segundo de los llamados “partidos tradicionales” del Paraguay, el PLRA. En este contexto, la dispersión de las fuerzas progresistas provocó que en mayor parte los descontentos y los votos castigo se diriman entre los dos partidos conservadores.

La alta abstención electoral, del 60% del padrón, fue otra de las notas de la jornada, con un Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que no ofrece garantías de transparencia. Tras los 26 años que transcurrieron desde el inicio de la “transición democrática”, el voto ya no es percibido como una herramienta genuina de participación y las elecciones aparecen como una contienda donde los actores claves son el dinero y la trampa. De hecho, la compra de cédulas, de votos y la especulación con los sondeos de boca de urna de parte de los grandes medios estuvieron a la orden del día.

No obstante, además de la multiplicidad de factores que abonan la falta de legitimidad del sistema, un elemento fundamental en los resultados fue el rechazo al proyecto reeleccionista de Cartes, quien en principio había asumido con promesas de modernización y de acabar con el sistema prebendario que sustenta la hegemonía del Partido Colorado desde la dictadura de Alfredo Stroessner.

Sin embargo, la rebelión al interior de su partido lo obligó a abandonar su pose tecnocrática inicial para convertirse en un caudillo más que advertía que la salud del país dependía de la salud del Partido Colorado e invitaba a teñir de rojo los 250 distritos del país. En Encarnación, bastión del vicepresidente Juan Afara, también se impuso una alianza opositora.

Las elecciones demostraron, sobre todo, la reprobación al gobierno de Cartes, que se ha limitado a ensayar políticas económicas ortodoxas como las ya consabidas medidas de “austeridad”, con recortes en el prepuesto de salud y educación, pero que tuvieron como contraparte el aumento del gasto militar. A pesar de duplicar en poco tiempo la deuda externa paraguaya (trepando a 6.000 millones de dólares), las grandes obras anunciadas no aparecen y el país ya está pagando intereses por un dinero ocioso que aún no empieza a ser ejecutado.

Si bien la Constitución de 1992 prohibió la reelección tras la dictadura de 35 años de Stroessner, la reforma constitucional es una de las agendas prioritarias del cartismo y en efecto ya son frecuentes las voces que sostienen que la democracia ha madurado lo suficiente en el país como para considerar levantar la restricción.

El tema ha reflotado en los días previos a las municipales. En el acto de asunción al cargo del nuevo ministro de Defensa, Diógenes Martínez –un viejo exponente de la burocracia judicial de la dictadura–, éste urgió una reforma constitucional que amplíe las funciones de las Fuerzas Armadas a fin de que puedan intervenir en cuestiones de seguridad interna, como de hecho ya lo están haciendo en el norte del país en el marco de la supuesta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Por último, la proyección a largo plazo del modelo privatista y represivo encarnado en la figura de Cartes ha recibido un rotundo rechazo. Su proyecto, en cambio, aún no ha sido derrotado.

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A un año y medio de haber asumido, el presidente Horacio Cartes se enfrenta a una creciente reprobación debido al rechazo de sus políticas privatistas y a la escalada represiva desatada con la militarización.

El pasado 26 de marzo unos 10 mil campesinos tomaron las calles del centro de Asunción en repudio a las políticas del presidente Horacio Cartes, que apenas en el primer tramo de su gobierno ya experimenta niveles de reprobación cercanos al 70%.

Las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y las leyes de Alianza Público-Privada (APP) y de Responsabilidad Fiscal, configuraron un triángulo de ascendente represión, privatizaciones y políticas de “austeridad”, al menos en lo que se refiere a la inversión social. Los sojeros, ganaderos y los capitales bancarios siguen gozando de múltiples exenciones fiscales, subsidios y créditos blandos de la banca pública, mientras la producción campesina es presa de los intermediarios y especuladores.

Durante el acto central de la XXII Marcha del Campesinado Pobre, realizado frente al Parlamento, Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), destacó que la movilización a la capital del país se debe a que la producción del sector no tiene mercado ni precios justos. En contra del modelo propugnado por el gobierno –que se propone seguir conquistando posiciones entre los principales exportadores de soja y carne del mundo–, la organización planteó un modelo de desarrollo interno que haga uso pleno de los excedentes energéticos de las represas binacionales para un proceso de industrialización de la materia prima de la agricultura campesina.

En el acto, también se reafirmó el reclamo de la postergada reforma agraria en un país en que, según datos oficiales del censo agropecuario, el 2,5% de las fincas detenta más del 80% de las tierras cultivables, la mayoría destinadas a la soja transgénica, que causa estragos en la población rural por el uso intensivo de agrotóxicos, fundamentalmente el glifosato.

El mismo día de la Marcha del Campesinado Pobre, las centrales sindicales realizaron una plenaria en la que anunciaron una segunda huelga general para mitad de año, ratificando las reivindicaciones de la primera que fueron la derogación de las leyes de APP, la militarización, además de un reajuste salarial del 25%, la aplicación del control de precios y el cese de la persecución sindical, entre otros puntos.

Oídos sordos

Mientras esto transcurría, Cartes no dio muestra alguna de prestar atención a las demandas. Por el contrario, a escasas cuadras de la multitudinaria concentración mantenía una reunión con empresarios de un grupo de capitales franceses y chinos interesados, al igual que la israelí Mekorot, en explotar los servicios de tratamiento y distribución de agua, un recurso vital pasible de ser concesionado a empresas privadas por plazos de hasta 40 años, de acuerdo a lo que establece la ley de APP.

Cartes está sobrevalorando su poder político y su performance de patrón le están valiendo deserciones claves en sus filas. Entre las consecuencias más inmediatas se encuentra el primer rechazo en el Parlamento de una ley de su paquete económico, la de Seguridad y Garantía para las Inversiones. En líneas generales, el proyecto de normativa implica el congelamiento impositivo por plazos de hasta 20 años en caso de que gobiernos posteriores implementen cambios en la política fiscal, como es empezar a grabar la exportación de granos en estado natural, las transacciones financieras o las remesas de ganancias al exterior, que actualmente tienen una tasa de 0%.

En contrapartida, el gobierno redobla la apuesta a tributos más regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplica al consumo y que representa el 57% de las recaudaciones del Ministerio de Hacienda.

En 2014, de un total de 2.153 millones de dólares recaudados, 1.227 millones provinieron del IVA. En tanto, el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) constituyó apenas el 2,6% de los ingresos, unos 55 millones de dólares aportados por sojeros y ganaderos que obtuvieron ganancias de 4.000 millones y 1.500 millones, respectivamente. Esto sin computar las millonarias devoluciones fiscales que recibe el sector como parte de las políticas de incentivo a las exportaciones y cuyos números son ocultados celosamente por Hacienda.

Asimismo, la “guerra contra la pobreza” anunciada en el discurso de asunción de Cartes ni siquiera aparece en las últimas cifras oficiales, que dan cuenta que la pobreza extrema aumentó 0,4%, pasando de 10,1% (677.089 personas) en 2013 a 10,5% (710.000 personas) en 2014. Esto a pesar de que para bajar artificialmente los índices de pobreza se ha reducido el monto mínimo estimado de ingresos utilizado como referencia.

Por último, en el Congreso sonaron las primeras voces que amenazaron con un juicio político ante la decisión del Ejecutivo de ascender a miembros de la cúpula policial sin acuerdo del Legislativo, según manda la Constitución, un hecho que el presidente intentó enmendar alegando que se trató de un “error administrativo”.

Las grandes corporaciones mediáticas que catapultaron a este “empresario exitoso” que traería eficiencia a la función pública también empiezan a apartarse y se corren al bando de la oposición. Por el momento, Cartes mantiene muchas fidelidades compradas, pero resulta previsible que un lapso importante de su mandato lo pasará como un patriarca contemplando su otoño por la ventana.

* Periodista paraguayo

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