Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: “Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución”.

Mientras tanto, el miércoles concretaron el envío de un proyecto al Senado, eliminando impuestos a los servicios que puedan estar cobrando provincias o municipios. Se llama “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”. Más de 13 provincias le respondieron que no cobraban ningún impuesto específico a los servicios, pero el oficialismo avanzó igual.

El proyecto presentado plantea para la luz, el agua y el gas que “las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado”. De esta forma anularía, de aprobarse, cualquier otro impuesto. Solo establece dos excepciones: IVA e Ingresos Brutos. Curiosamente, en las fundamentaciones de la ley, el macrismo sostiene que busca “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa” y tiene como objetivo “evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación”.

La gobernadora Vidal se adelantó al Proyecto y anunció “rebajas” como un gran gesto del Gobierno para “aliviar” los padecimientos de los bonaerenses. Más allá de ser insignificante por el escaso porcentaje que implican los descuentos en relación a las tarifas exorbitantes, además trascendió que se trata de impuestos que no se cobraron durante dos años por una medida judicial y que la administración de Vidal apeló para poder cobrárselo a los bonaerenses a partir de enero.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que ahora llegará a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.

Este incremento golpeará a las zonas del Gran Buenos Aires o Gran Córdoba donde todavía no hay red de gas natural y a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las que tampoco hay ese servicio.

Convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales, miles de personas marcharon el jueves 12 del Congreso al Obelisco y le reclamaron al gobierno nacional que suspenda por un año los aumentos en los servicios públicos y que se retrotraigan las tarifas a los valores de diciembre pasado.

“Lo de la Casa Rosada de hoy fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del 1.000 % mientras los salarios aumentaron el 67 %”, sumó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).

El documento de la Multisectorial contra el tarifazo leído en el Obelisco, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios “Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales”. El hit del verano (Andate Macri lpqtp) volvió a estallar en la multitud.

Conflicto docente

Con una gran adhesión de toda la comunidad educativa se desarrolló en la ciudad de Neuquén la “Marcha de los Guardapolvos” organizada por ATEN. Compuesta de dos columnas, una que salió desde el aeropuerto y la otra desde el Parque Industrial, y confluyeron en Casa de Gobierno.

Durante el extenso recorrido de las marchas, muchas escuelas se fueron sumando a las columnas, junto a padres y madres que quieren ver a sus hijos en las aulas, pero con docentes bien pagos, con edificios en condiciones y con partidas presupuestarias que garanticen una educación de calidad. El conflicto suma 25 días de huelga.

La “nueva” propuesta salarial que realizó el Gobierno de Vidal el viernes 13 consta de un aumento escalonado en tres cuotas, la primera del 5 % en enero, la segunda del 3 % en abril y un 2 % en junio, con una suma de $ 3.000 por presentismo. A diferencia de propuestas anteriores, esta vez el aumento del 10 % ofrecido es semestral, para volver a discutir nuevamente en julio.

Los gremios docentes anunciaron su rechazo y realizaron un paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles. La medida contó con la adhesión del 90 % de la docencia bonaerense.

Por otra parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los docentes a través de un programa de TV que digan de dónde recortar gastos para poder darles el aumento de salario a maestras, profesores, bibliotecarixs y preceptores. Estas son las 5 medidas sugeridas desde Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor:

1. Elimine los más de 20.000 millones que usted destina a subsidiar a la Iglesia y a las empresas de la enseñanza privada. Junto a eso: Usted y todos sus funcionarios políticos y legisladores deben dejar de enviar sus hijos a costosas escuelas privadas y los manden a la escuela pública.
2. Deje de pagar la deuda y a los bonistas extranjeros (solo en intereses su gobierno paga este año más de 28.000 millones).
3. Ponga un impuesto especial a las corporaciones, pooles de siembra, la banca, megamineras y especuladores de la Bolsa, no al salario que no es “ganancia”.
4. Que como gobernadora, todos sus ministros, funcionarios políticos y diputados ganen como una docente o que ganemos todxs como diputado.
5. Destine el aumento del 33% al 37% en la recaudación de impuestos para salarios, educación y salud. Lo mismo con los 40.000 millones de pesos extra que recibe este año por el Pacto Fiscal.

Movimientos populares piden que se destine el 25 % de la obra pública y compre social a cooperativas

En el marco de una jornada de reclamo para que no se cierren planes sociales y para que no se estigmatice a las y los trabajadores de la economía popular, se organizó una feria en la Plaza de los Congresos en la que se visibilizó la labor de todo un sector del pueblo que produce sus propias formas de sobrevivir en el marco del tarifazo y la inflación generalizada.

“Vinimos para expresarle al Congreso, a la opinión pública y al Gobierno que la economía popular trabaja, produce, organiza su forma de vida y que no somos vagos ni planeros. Generamos una forma de abordar la difícil situación que sucede en el territorio con los tarifazos, la inflación y aumentos de insumos”, expresó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Fueron más de 500 stands y puestos para mostrar la producción, charlas, promotores de salud, trabajo comunitario y social, cooperativas de viviendas que montaron réplicas de sus construcciones.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó en un comunicado: “Con el nuevo programa ´Hacemos Futuro´ el gobierno pretende eliminar los puestos de trabajo que se regían bajo el programa ´Ellas Hacen´ y ´Argentina Trabaja´, para transformarlos en capacitaciones. Pero desde hace un tiempo venimos denunciando que el achicamiento en presupuesto de educación, el cierre de cursos, la eliminación de sedes de FINES, las paritarias a la baja y el cesanteo a profesores, hacen imposible que el sistema educativo actual absorba a las miles de personas que cobran estos programas”.

El Frente Popular Darío Santillán, el FPDS Corriente Nacional, la Corriente Juana Azurduy, Surcos, el Movimiento Mulcs e Izquierda Latinoamericana Socialista agregaron que el Ministerio de Trabajo pretende eliminar los programas laborales que dependen de su cartera y de los cuales dependen miles de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

“No es momento de esperar. Es momento de organizar la bronca y salir a las calles para parar el ajuste del gobierno”, concluyó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Este 1° de mayo los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular marcharán desde Constitución hasta el Monumento al Trabajo. En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. Previamente, la dirigencia de los movimientos participará el 27 de abril de un acto en el microestadio de Ferro junto a las principales organizaciones sindicales para continuar enfrentando el ajuste y exigir trabajo digno para todos en unidad.

Continúa el conflicto en Carrefour

El rechazo de los trabajadores de Carrefour al acuerdo final que habían rubricado Armando Cavalieri, en la cartera a cargo de Jorge Triaca, con el responsable legal de Carrefour, abre un signo de interrogación sobre el futuro del entendimiento. Ahora, el Ministerio de Trabajo decidió habilitar la instancia de Conciliación Obligatoria por 15 días.
Desde Trabajo dijeron que el acuerdo, a pesar del descontento en los locales, sigue su curso hacia la homologación, y no se ve ni afectado ni interrumpido por la Conciliación Obligatoria. Sin embargo, el sábado mismo quedó demostrado que Cavalieri no logra garantizar el manejo de la paz social, algo que había firmado el viernes 13, por lo que se abre un interrogante sobre el futuro de la pactado.

“En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó el equipo jurídico de Ramón Muerza, secretario de Organización. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.

También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.

Además, los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.

Cargill recibe la solidaridad de ATE

Los trabajadores de Cargill de las plantas Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y Bahía Blanca iban a trabajar como todos los días y se encontraron con las puertas de las fábricas cerradas. La empresa decretó un nuevo Lock out alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes hasta el 30 de abril.

En las puertas de Cargill se hizo presente la solidaridad de los trabajadores de ATE. Allí el secretario general, Hugo Godoy, advirtió que en los últimos meses se registraron más de 4.000 despidos en distintas reparticiones del Estado.
“Hoy (23.4) se materializan 330 despidos en Agroindustria y hay nuevas amenazas en el Senasa y en el Inta”, advirtió Godoy, y recordó que la semana pasada hubo más de 200 despidos en la Dirección Nacional de Discapacidad. “Echan trabajadores y mientras tanto hay 100.000 pensiones por discapacidad paradas en los cajones de los funcionarios”.

Source

El viernes, en la residencia presidencial de Olivos, Carrefour y el sindicato de Comercio firmaron un “Acuerdo colectivo de crisis”. Este habilita a la empresa francesa a 1.000 retiros voluntarios, baja de salarios, rebaja del 50% de las cargas sociales y cierre de sucursales con solo avisar al Ministerio y el gremio 30 días antes. La multinacional estará formalmente en crisis hasta marzo de 2021, lo que le permitirá abaratar los despidos.

Este sábado en muchos hipermercados (San Lorenzo, Warnes y otros), así como en varias sucursales de distintos barrios, hubo asambleas y paros. El rechazo al acuerdo, que implica no solo la pérdida de puestos de trabajo hoy sino una espada de Damocles por tres años, era mayoritario.

Ramón Muerza y Mario Amado, quienes tienen la intención de disputarle el sindicato que dirige hace 35 años Armando Cavalieri, participaron personalmente de las medidas. Cabe recordar que Comercio es uno de los sindicatos que aceptó el techo paritario impuesto por el gobierno nacional del 15% y que en febrero fue uno de los diez gremios que “en concepto de capacitación” se repartieron 1.000 millones de pesos.

Mario Amado aseguró que “este acuerdo es nefasto para nosotros. Cavalieri no nos representa. Nos deja tres años a merced de una empresa que nos mintió”. Además denunció que “esta crisis la generó la empresa hasta con actos de corrupción dentro de la misma empresa. En los últimos 12 años hubo sobreprecio para el mantenimiento”.

La medida fue levantada luego de que directivos de Carrefour aceptaron recibir a integrantes de la Secretaría de Organización en un hotel del centro porteño y se confirmó una reunión en el Ministerio de Trabajo para este lunes a las 16:00. Allí serán recibidos también los delegados que se oponen al acuerdo.

Esta primera reacción también tiene eco en otras grandes cadenas. Es que el temor que empezó a correr ayer, una vez que viera la luz lo pactado por Cavalieri, Carrefour y Jorge Triaca, es que Cencosud, Wallmart, Coto y Día % sigan el mismo camino y busquen un trato similar por parte del Ministerio de Trabajo. Eso generalizaría los despidos y la reducción de salarios en toda la actividad.

Por su parte, con un comunicado emitido ayer, el Sindicato de Choferes de Camiones comunicó que, en la sede de La Federación de Choferes de Camiones de Argentina, se reunieron Hugo Moyano, Pablo Moyano, Marcelo Aparicio y Oscar Borda, con Rami Baitieh, CEO de Carrefour. El representante de la compañía se comprometió ante los directivos de Camioneros a respetar la planta de personal correspondiente al convenio 40/89 de este sindicato que agrupa a 1.700 trabajadores de un total de 19.000, asegurando que no habrá despidos.

Los puntos principales de este acuerdo -que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2021- y en el cual las partes se comprometen a mantener la “paz social” incluyen:

–1.000 retiros voluntarios: hasta el 150% de indemnización y con “beneficios” en cuanto a seguro médico para embarazadas y matrimonios y “gratificación” a quienes estén en condiciones de jubilarse. Se establece un adicional de cobertura médica de 18 meses para las trabajadoras embarazadas que renuncien, de 12 meses para las parejas que trabajen en la empresa y decidan irse y una moratoria de hasta dos años para los que se encuentren a dos años de jubilarse.

Hasta octubre de 2019 la empresa se compromete a no despedir personal. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021, Carrefour podría despedir trabajadores pagándoles por debajo de la indemnización que corresponde, gracias a la vigencia del proceso preventivo de crisis.

–cierre de sucursales: con 30 días de preaviso al sindicato y al Ministerio de Trabajo y reubicación de quienes quisieran mantener la relación laboral buscando un “equilibrio sustentable en la dotación de cada sucursal”.

–baja de salarios: aplicación de las negociaciones salariales sólo al básico del convenio, dejando por fuera los adicionales, lo que reduce los haberes por lo menos por los próximos 3 años. El acuerdo contempla que las actuales paritarias del sector se apliquen sólo a la categoría básica de convenio, mientras que la suba en los adicionales tendrá un tope de 3.480 pesos. Pero, además, desde 2019 hasta 2021 las subas salariales se aplicarán sólo sobre el básico de convenio, lo cual excluye de las paritarias una parte del actual sueldo de bolsillo de los trabajadores de Carrefour.

 –rebaja de aportes patronales: exclusión del pago del 50% de las contribuciones previsionales patronales sobre la totalidad de la plantilla de empleados. “Se acuerda por un plazo de 18 meses (…) la exclusión del 50 % de las contribuciones previsionales patronales sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de la empresa”.

–cláusula de paz social: “las partes se comprometen a mantener la paz social en el seno de la empresa (…) ante cualquier situación de conflicto que pudiera avecinarse”, reza el punto Quinto del acuerdo.

El abogado y ex diputado Héctor Recalde calificó de “ilegal e inconstitucional” ya que viola derechos adquiridos de los trabajadores, como la remuneración y las condiciones de trabajo, y extiende su plazo de acción a 30 meses”.

Notas relacionadas: Carrefour anuncia despidos masivos

Source

Carrefour presentó el jueves pasado un procedimiento preventivo de crisis al Ministerio de Trabajo. Uno de los tres empleadores más grandes de toda la economía argentina encontró una herramienta legal para  el cierre de varias sucursales con el despido de más de 3.000 trabajadores.

La preocupación del Gobierno ha alcanzado niveles importantes por un factor clave: Carrefour es uno de los tres empleadores más grandes de toda la economía argentina. Será el propio Jorge Triaca, Ministro de Trabajo de la Nación, el que deberá en las próximas horas decidir si aprueba  la presentación que permitiría que el supermercado inicie un período de achique.

La empresa aduce que debido a las pérdidas sufridas durante los tres últimos años, no puede más que recurrir a este procedimiento para intentar abrir un camino de diálogo con el Sindicato de Empleados de Comercio y el Gobierno.

En un brevísimo comunicado, el supermercado de capitales franceses expresó que su intención es “reagrupar los esfuerzos para mejorar día a día su relación con los clientes”.

Carrefour afirma que sufre pérdidas. Sin embargo, nada dice de los sueldos de hambre que pacta, en paritarias siempre a la baja, en connivencia con el Sindicato de Empleados de Comercio.

Respuesta sindical

En ese marco el propio Armando Cavalieri, secretario general de los mercantiles, comentó: “Yo sé que la cosa está jodida”, sobre una crisis que era vox populi en el sector, que no es reciente y que se suma a la crisis del consumo que se siente en la gestión de Cambiemos.

El subsecretario de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Mario Amado, advirtió que “se pueden perder 2.700 puestos de trabajo en todo el país, además de reducirse el 20 % del salario y del cierre de 11 sucursales   en los últimos años”. El dirigente además resumió: “Los trabajadores ya hicimos el ajuste porque Carrefour hace seis años tenía 21.000 empleados, después se abrieron 300 bocas de Carrefour Express, se absorbió el supermercado EKI y ahora, seis años después, somos 19.000 empleados”. Además alertó: “No desconocemos la realidad de la compañía, entendemos el ajuste, hay trabajadores dispuestos a algún tipo de retiro voluntario, pero no podemos permitir el cierre de un hipermercado donde, como mínimo, quedan en la calle de 300 a 400 empleados que trabajan de manera directa e indirecta”.

Ya a fines del mes pasado, los trabajadores de Carrefour habían tomado la sucursal del barrio porteño de La Paternal, ubicado en Avenida Warnes 2707 (de la que Amado es delegado), donde se desempeñan 300 trabajadores, como medida de resistencia a los despidos. También denunciaban que ni el gremio ni la empresa daban una respuesta oficial sobre la situación.

Mientras tanto, miembros de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) iniciaron este lunes las gestiones con los representantes de la empresa. La FAECYS se declaró en las últimas horas en “estado de alerta nacional” por la actitud asumida por la presidencia de Carrefour y señaló que “rechaza desde ya toda medida que se pretenda adoptar en forma inconsulta e irrazonable que pueda lesionar de alguna manera los derechos y conquistas de los trabajadores mercantiles de la compañía”.

El Sindicato de Choferes de Camiones comunicó que evalúa “un paro de carácter nacional” por la situación de Carrefour. Además cuestionó al Gobierno Nacional por no haber sido convocados, “ignorando a los 1.500 trabajadores que la compañía tiene afiliados” a Camioneros.

“A raíz de esta situación, el Sindicato de Choferes anuncia que no se descarta, en los próximos días, una marcha a la Embajada de Francia y al centro de distribución de logística de la firma Carrefour. Posteriormente, no descartamos un paro de carácter nacional a todas las cadenas de supermercados de la República Argentina en repudio al desentendimiento de Jorge Triaca”, comunicó el gremio.

Cambios en el consumo

El relevamiento del INDECOM, (Instituto Nacional de Consumos Masivos) realizado desde el 1º de enero hasta el 28 de marzo pasado inclusive, sobre un total de 1.022 casos (evaluando 253 productos, 655 comercios y estadísticas de las Cámaras de comercio electrónico), arroja que “la baja en el consumo de más del 30% se ve acompañada por una importante modificación en el comportamiento de los argentinos, que han comenzado a mostrar una conducta de sustitución de productos y de lugares de compras”.

Algunos de estos cambios de consumo, producto de la crisis y la inflación imparable, son la “suba en los volúmenes de ventas de los feriantes de barrio, que va entre el 15,7 y el 20,4 %”, el aumento de un “30% de la venta mayorista a compradores particulares” (casi alcanzando la cantidad de compras minoristas), cambios y baja en el consumo de algunos productos de valor elevado, como la carne, donde “el 72,5 % de la gente reconoce que ya no compra igual que antes”, y un crecimiento muy importante de las ventas a través de las plataformas on line (operaciones de e-commerce por 156.300 millones de pesos el año pasado, un 52% más con respecto a 2016).

Estos cambios se concentraron principalmente “en los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense y el interior del país.

Según Miguel Calvete, presidente del Instituto, “ese cambio en la conducta de los consumidores obedece a la notable contracción que sufren las cadenas de supermercados desde hace más de 3 años, como consecuencia de sus elevados precios y de sus no tan reales promociones. Como contrapunto, las superficies mayoristas ofrecen precios más bajos y una mayor oferta de productos de segundas y terceras marcas”.

Para INDECOM “todo esto demuestra que el caso Carrefour parece esconder una trama empresaria mucho más compleja que incluye acuerdos internacionales que se adelantan a las conductas de compra y de consumo que se vienen en el futuro en todo el planeta”. Además, asegura que “el caso Carrefour será el primer indicio de una conducta empresaria que se hará, seguramente, viral hacia el resto de las grandes cadenas”.

Crónica de una reconversión anunciada

La caída de los galos en Argentina tiene algunas aristas visibles: según datos de las consultoras que trabajan por los súper, entre ellas Nielsen, Carrefour perdió en los últimos 4 años algo más de un punto de participación en la torta del consumo, a mano de sus competidores. Entre 2016 y 2017, los años más duros, la cadena resignó un 0,5% de mercado. Mientras subían otros como Coto y Walmart, y Cencosud (Jumbo y Vea), que se mantenía a flote por el negocio de los shoppings. No fue el único que tuvo balances en rojo. Hasta La Anónima de Federico Braun, tío del secretario de Comercio, alcanzó el año pasado un balance con malos números.

En febrero de este año renunció el CEO, Daniel Fernández, quien estuvo al frente del negocio en Argentina en los últimos 12 años. Fue reemplazado por el francés Rami Baitieh quien   realizaría un plan de reconversión de 16 hipermercados en “maxis” mayoristas. Además, buscarían aumentar las ventas de productos propios, mejorar los canales de venta on line y reducir la supuesta pérdida. Las ventas mayoristas que sumaron 500.000 clientes nuevos en 2017 son el objetivo.

A ciencia cierta, la crisis de los súper es anterior a la crisis del consumo en la era Macri. En los años K, el boom del consumo permitía disimular los números. Algunos lo lograron mejor que otros.  Carrefour tuvo  una estrategia fallida al intentar restarle mercado a los supermercados vecinos con los locales Express, comprando la cadena EKi y su resultado fue tres años en rojo, en donde el balance más duro fue en 2017, con miles de millones de pesos en pérdidas.

La maniobra legal de presentar un preventivo de crisis tiene un objetivo claro: reducir costos para aumentar la rentabilidad. Y esta fórmula solo es viable si echa a miles de trabajadores.

El procedimiento debe ser avalado ahora por la cartera que conduce Jorge Triaca. Este número también afecta a una gran masa de trabajadores  tercerizados que se vinculan con cada sucursal (seguridad, limpieza, locales comerciales, etc.) y lleva la cifra prácticamente al doble.

Despidos en el mundo

En Argentina no es el único país en donde el supermercado galo está llevando medidas extremas. Trabajadores de varios países de Europa está movilizados por la ola de despidos de esta multinacional.

Carrefour es el mayor empleador privado de Francia. Se estima que sus ingresos rondan los 86.000 millones de euros.

Sin embargo, con ganancias siderales y sucursales en varios países de Europa y Latinoamérica, el “gran” supermercado inició una catarata de despidos en serie, incluyendo el cierre de varias sucursales.

Costos a la baja

En marzo pasado se cerraron las paritarias del sindicato de comercio,  que nuclea a la mayor cantidad de trabajadores (1,2 millones) con un irrisorio 15% de aumento para 2018 y una revisión por inflación recién en enero de 2019. A ello se suman las rebajas en las contribuciones patronales,  con que el gobierno benefició a los supermercados con la reciente reforma tributaria.  Sin embargo, el sector reclama mayores controles impositivos para los supermercados chinos y a eso se suma el pedido de disminuir la presión tributaria y una reducción de las cargas patronales (sic).

Lejos de una crisis, Carrefour en vez de “precios bajos” exige “costos bajos” para relanzar un nuevo negocio a costa de despedir y empeorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Source

Es inminente el cese de las actividades de tres hipermercados debido a la abrupta baja en las ventas que se viene registrando en el último año, y el aumento exponencial del precio de los alquileres de las superficies donde funcionan. Cientos de trabajadores y trabajadoras pueden quedar en la calle. Aseguran que algunas sucursales de Carrefour de la Zona oeste correrán en 2018 la misma suerte.

Disco y Vea, cadenas de hipermercados que pertenecen al Grupo Cencosud, dieron las primeras señales de la debacle de sus unidades de negocio. Disco decidió cerrar las sucursales Moreno (en el Nine Shopping) y Castelar  y Vea bajará la persiana del súper de la localidad de Merlo. En todos los casos aducen que resulta inviable afrontar los aumentos de los alquileres al triple, y una fuerte y sostenida baja en las ventas. Como para completar el cuadro, el desembarco de Coto en las cercanías de estas sucursales no hizo más que agravar y precipitar el final de sus operaciones comerciales.

La primera sucursal que cerrará es la del Vea Merlo, generando el despido de unos 40 trabajadores y trabajadoras. En primera instancia, el gremio de empleados de comercio (SEOCA) confirmó que ya inició la negociación para el traslado de los empleados a otras dependencias de la cadena. Sin embargo, para aquellos trabajadores que no acepten el acuerdo están solicitando indemnizaciones del 150 %.

Las malas noticias no terminan con las tres sucursales mencionadas, ya que la situación de probable cierre se extiende a otras dependencias del supermercado Vea, que junto a Disco, Easy y Jumbo forman parte del conglomerado económico del Grupo Cencosud.

Empleados de Comercio señalan que a lo largo de 2017 Cencosud implementó más de 50 despidos. Y la decisión del grupo sería avanzar con el cierre de varias de las sucursales que mermaron su rentabilidad sobre todo en el último bienio. Sobre todo a nivel regional, la compañía chilena viene sufriendo un derrumbe sostenido en sus indicadores de rentabilidad desde que se inició el año. Sólo en el tercer trimestre, la firma trasandina registró una baja de casi el 30%. El acumulado para los primeros 9 meses de 2017 arrojó una merma interanual del orden del 49,5%.

En Argentina, durante el primer semestre de este año su situación empeoró todavía más. Al punto que los ejecutivos locales de cadenas como Disco y Jumbo, entre otras, no tuvieron otro remedio que cubrir las operaciones locales con fondos inyectados desde sus sedes en Francia, Estados Unidos o Chile.

Una situación impensada y que, para los memoriosos del sector, sólo tiene como antecedente la implosión social de Argentina de fines de 2001, tras la salida anticipada de Fernando de la Rúa de la Casa Rosada y el derrotero de reemplazantes que se sucedieron durante ese período de destrucción política y económica que soportó el país.

Con la firma de Oscar Tedesco, Secretario de Asuntos Gremiales, el SEC comunicó en diciembre “el estado de alerta y movilización en todas las sucursales de la cadena, debido a los despidos y constantes irregularidades y presiones a la que son sometidos los trabajadores”.

Al mismo tiempo, reconoció que Empleados de Comercio pedirá un incremento salarial del 3% adicional a la paritaria del 20% cerrada el año pasado.

“Queremos que las empresas incrementen la base del salario básico. Si bien Cencosud entregó un bono de fin de año de $ 4.000, como hizo la gran mayoría de las firmas del sector, ese aporte no cambia en nada el pedido de mejora en los sueldos que venimos sosteniendo. Sin nuevas subas estaremos lejos hasta de empatarle a la inflación”, aseguró el dirigente.

Plan de flexibilización laboral

La estadounidense Walmart estaría evaluando directamente el cierre de uno de sus locales más emblemáticos, el de la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Sarandí. “El problema que tienen es que, luego del derrumbe del consumo y lo caras que están las locaciones, no pueden equiparar rentabilidad por metro cuadrado”, describió un ejecutivo de la cámara alimenticia Copal.

Jumbo, que ya cerró 7 locales en 2016 y avanzó en retiros voluntarios en parte de sus tiendas Easy, mantiene fuertes conflictos sindicales en Disco.

En el clima de temor por perder el empleo que se vive en el país, las autoridades de cada una de las 80 sucursales de Supermercados Disco citaron a los trabajadores para ofrecerles 20.000 pesos a cambio de modificar sus condiciones laborales de forma permanente.

“Los citan a una oficina y los trabajadores tienen que explicar por qué no aceptan el cambio de turno o trabajar en turno partido”, contó una alta fuente del Sindicato de Empleados de Comercio.

Según relataron, se trata del primer paso del poderoso Grupo Cencosud, para intentar flexibilizar las relaciones laborales en sus establecimientos.

“Es flexibilización laboral, es apriete, es extorsión, es coima. Te ofrecen 20.000 pesos, bajo presión y amenaza, para que resignes tus derechos”, señalaron desde el gremio mercantil porteño.

Disco es el espacio con mayor nivel de sindicalización de Cencosud, por lo que desde el Grupo apuntan a quebrar el lugar de mayor resistencia para avanzar luego, con un plan similar, en los lugares menos hostiles.

También en Carrefour

Carrefour, la filial argentina de la multinacional francesa de supermercados protagoniza también un fuerte plan de ajuste que prevé unas 3.000 cesantías que se aplicarán en distintas sucursales y otras áreas de la compañía. Con la caída del consumo como factor clave, cerrarán al menos diez sucursales. Entre las primeras de la lista se cuentan los súper de Ituzaingó, Villa Tesei y Moreno en el Conurbano bonaerense, además de otras localizadas en la Capital Federal y el interior del país. Sin embargo, el plan incluye reconvertir algunas sucursales en supermercados mayoristas en consonancia con los cambios de consumo, fruto de la caída de las ventas minoristas. Este hecho alivianaría la cantidad de despidos.

La firma ya prescindió de 800 trabajadores entre 2016 y 2017 y estaría atravesando una etapa de crisis de facturación y recortaría el 15 % del total de su planta de 20.000 empleados.

Carrefour cerró en 2016 algunos de sus locales “market” y abrió en simultáneo otros versión “express”, readecuándose a la nueva realidad económica y de consumo de los argentinos. Los franceses fueron de los primeros en llenar el país de locales, pero evalúan al contexto como desfavorable por varias razones.

En primer lugar, la apuesta a los Carrefour Express (pequeños negocios instalados en los barrios luego de la compra de los locales de la extinta cadena Eki) tiene rendimientos dispares. Han alquilado, abierto y cerrado muchos locales en la provincia de Buenos Aires, a la espera de resultados positivos que sólo se dieron en contadas ocasiones y, en esos casos, sí hubo buenos rindes. No obstante, los franceses parecen no estar conformes con algunos factores de la operación en Argentina.

Fuentes del sindicato de comercio graficaron el beneficio que genera para la multinacional francesa esta mutación: “al achicar la estructura se quedan con cinco empleados por cada local que realizan las tareas de diez personas. En esta versión de pequeño supermercado un mismo empleado debe hacer las veces de cajero, repositor y encargado; la cantidad de trabajadores por local no habilita la presencia de delegados y así se da vía libre a la precarización de las fuentes de trabajo”, concluyeron.

No obstante, en abril desembarcó en el país un grupo de técnicos proveniente de París. Incluso trajeron de Brasil a una ejecutiva gala para cumplir con la función de CEO para encargarse del reordenamiento. ¿Cuál es su estrategia? Un plan de retiros, no de cierres de locales. Es decir despidos, disfrazados de “reducciones”, como denominan en la jerga de los proveedores a este tipo de decisiones.

Para las pasadas Fiestas, las ausencias se sintieron y todo el personal de oficina tuvo que ponerse el overol y realizar tareas en los supermercados. Así, se pudo ver a gerentes reponer mercadería en la góndola de los lácteos o a ejecutivos cargando bultos en los depósitos, por ejemplo. Una fotografía de la crisis de una de las empresas más rentables del país. En 2015, según la web oficial de la firma, en Argentina había facturado 46.000 millones de pesos.

Independientemente de la elegancia y los modales en los planteos y, además, de la cercanía a un Gobierno en cuyo Gabinete habitan hombres originarios del mundo empresarial y de los CEOs, algunos de los ejecutivos no están conformes con el desarrollo del negocio. Ya se lo hicieron saber al Gobierno de Mauricio Macri y hasta le entregaron un informe con quejas por la enorme carga impositiva nacional, provincial y municipal, otro de los factores que juega en contra del repunte.

Source