El último sábado, el gobierno de la ciudad impulsó un desalojo en Villa 31 a punta de represión y topadoras. Sin políticas claras de vivienda, se reviven los peores sucesos de la historia villera.

Está claro que el gobierno que encabeza Horacio Rodriguez Larreta no tiene ninguna intención de resolver los problemas habitacionales que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que afectan principalmente a los sectores de más bajos recursos. Aumento sostenido de la indigencia, crecimiento exponencial de personas viviendo en villas y asentamientos, mientras que, por otro lado, el negocio inmobiliario en poder de pocas manos se consolida. Esta línea política de Cambiemos existe desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.

Sin embargo, las cosas pueden ir aún peor. El sábado 24 de febrero, casi 100 efectivos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, se asentaron en la manzana 12 de Villa 31 ya que el gobierno iba a desalojar a una familia de su vivienda. Los motivos esgrimidos por los funcionarios es que la vivienda estaba en riesgo de derrumbe. Si esto es así, cabe preguntarse algunas cosas: ¿Por qué no le dieron una vivienda transitoria a la familia hasta arreglar la suya? ¿Por qué no había una orden judicial para efectuar el desalojo? ¿Qué tenían que hacer las fuerzas de seguridad allí si estaban hablando de un riesgo para la familia?

Concretamente, la vivienda a desalojar se encontraba justo donde el gobierno quiere modificar el trazado de la Autopista Illia (una propuesta sin consenso vecinal) y la familia que allí vivía no estaba de acuerdo con tener que mudarse de la zona. Conclusión: lejos del diálogo, al no aceptar la propuesta del gobierno, se la imponen por la fuerza. Esa es la razón por la que las fuerzas de seguridad estaban allí alojadas, defendiendo la decisión de Horacio Rodriguez Larreta quien había firmado un decreto administrativo en lugar de que haya una orden judicial correspondiente.

Como si esto fuera poco, mientras la familia negociaba con el gobierno a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana (responsable de la intervención estatal en el barrio) luego del desalojo, ya estaban las topadoras derribando la vivienda cuando todavía no había ningún acuerdo firmado. Frente a este contexto, cientos de vecinos y organizaciones se acercaron a la zona y la policía (también dueña del control político del lugar), reprimió con gases causando un herido del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que debió ser hospitalizado porque su visión estaba comprometida.

La ecuación es simple. El gobierno de la ciudad no quiere cumplir con la Ley 3343/09 de urbanización de Villa 31, que está por cumplir 10 años desde su sanción y nunca pudo avanzar en su reglamentación. Por el contrario, impone a la fuerza su proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, vendiendo un supuesto proceso de integración urbana que solo existe en los medios de comunicación afines al gobierno. La tarea se lleva adelante con el puño de las fuerzas de seguridad y con los métodos tan nefastos que han pasado la historia del viejo barrio de Retiro: con desalojos forzosos y topadoras.

Haciendo escuela

Cualquier persona con algo de sensibilidad, coherencia y especialmente comprensión, debe lamentar el agresivo desalojo ocurrido en Villa 31. Sin embargo, lo que nadie debería sentir es sorpresa.

Hay algunos acontecimientos en relación al accionar del gobierno porteño cuando de sectores vulnerables se trata. Todos y todas recordarán la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que perseguía, violentaba y desalojaba a personas en situación de calle, con métodos escalofriantes como la quema de pertenencias o el traslado de las personas en camiones a algún sitio fuera de los límites de la General Paz.

También las medidas que el gobierno nacional fue impulsando, como la posibilidad de utilizar las neopicanas Taser (repudiado, combatido y vencido por la presión popular) o la estigmatización de las y los villeros como chivo expiatorio de los problemas de inseguridad. Pero siguiendo con este eje, las topadoras ya han sido utilizadas hace no mucho tiempo.

Como mencionábamos algunos párrafos atrás, la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se acentúa constantemente. Uno de los hitos más emblemáticos de los últimos años ha sido el nacimiento del Barrio Papa Francisco, en la zona de Lugano. Aquel lugar que apareció como un símbolo de las pésimas políticas habitacionales y la desesperación por vivir dignamente, tuvo su final cuando el por entonces gobierno porteño que encabezaba Mauricio Macri en asociación con el Secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista, Sergio Berni, reprimieron y desalojaron a niños, niñas y familias enteras con el repetido método de las topadoras.

Cabe recordar, por si algún desprevenido, que la Constitución Nacional que es la ley suprema, garantiza el derecho a la vivienda digna, priorizando a los sectores más críticos. Aún más, la Constitución porteña y varias leyes van el mismo sentido.

Una breve reseña de una triste reedición

A la conciencia de las y los habitantes de Villa 31 hay algo que le impacta más que un desalojo. Mientras se llevaba adelante el “procedimiento”, eran muchas las personas preocupadas por sufrir el mismo avasallamiento. Y esto no es casual porque el barrio ubicado en la zona de Retiro ha sufrido los peores embates por parte del Estado a lo largo de su historia.

Cuando transcurría la última dictadura cívico-militar-clerical, el ahora Barrio Padre Mugica sufrió los más feroces desalojos imaginables. Al inicio del gobierno de facto, vivían alrededor de 50 mil personas. La gestión del dictador Osvaldo Cacciatore al frente del gobierno porteño, llevó la cifra a menos de 40 familias viviendo en el barrio. Esto se hizo a fuerza de represión, desalojos y topadoras. Tan parecido a la actualidad que estremece.

Por supuesto, en aquellos años y como ahora, la organización social y política del barrio logró enfrentar los atropellos aunque costó la muerte y desaparición de decenas de vecinos y vecinas. Pero se mantuvo y salió adelante con el tiempo.

Algunos años después, ya en democracia y bajo las alas del neoliberalismo, fue la gestión de Jorge “Topadora” Dominguez (el intendente de la gestión menemista) la primera que reeditó los métodos del ejército en el poder. Vaya paradoja, para llevar adelante las obras de la Autopista Illia, el gobierno justicialista reprimió y desalojó vecinos y vecinas a punta de topadoras. La Autopista Illia, con 25 años de diferencia, la excusa del Estado para oprimir a los sectores más marginales, empobrecidos por sus propias políticas, sea el gobierno que sea.

Entonces

Por su puesto que nos interesan los acontecimientos vividos el último fin de semana. Pero el objetivo central de este artículo es que todos y todas podamos trazar una línea histórica para entender cual es el la condición de clase del Estado, sea gobernado por dictadores o cualquiera de las variantes democráticas. Por supuesto, no es lo mismo. Ni intentaríamos asemejar taxativamente un gobierno elegido por voto popular con uno detentando el poder del Estado por la fuerza. Pero con sus matices y abismos de diferencia, el Estado siempre tuvo una política excluyente hacia algunos sectores y, cuando fue necesario, aplicó métodos lamentables.

El desalojo del sábado sienta un precedente importante para un proceso que está abierto. La Villa 31 de Retiro no está urbanizada, el nuevo trazado de la Autopista Illia no está construido. La historia de un barrio sumergido en el terror de las topadoras recorre nuevamente las conciencias de las y los vecinos. Como en cualquier momento histórico, solo la organización podrá dar una respuesta certera.

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Hace poco más de una semana, el Poder Ejecutivo firmó un mega decreto de necesidad y urgencia que contiene más de 190 medidas que pueden ser catalogadas como de “Reforma del Estado”, porque alteran de manera profunda muchos derechos, procedimientos y regulaciones hasta ahora existentes. Los puntos principales que afectan a trabajadoras y trabajadores.

Entre la fina línea que separa la ironía de la tragedia, el DNU comienza copiando textualmente un decreto semejante de 1991, que usaran el entonces presidente, Carlos Menem, y su ministro de economía, Domingo Cavallo, para dar rienda suelta a su ánimo neoliberal.

Dentro de esta enorme cantidad de medidas hay una gran variedad de reformas que van desde el papel del Estado como productor de bienes, en la medida en que se deroga una ley que permitía la producción agropecuaria e industrial por parte del Estado en tierras del Ejército Nacional; hasta la vulneración de los derechos laborales más básicos, pasando por la mayor financierización de la economía y la mayor opacidad en torno a las licitaciones de obras públicas.

El juego del gran bonete

En particular, hay tres grandes medidas que afectarán negativamente la vida las trabajadoras y trabajadores y sus familias. En primer lugar, el DNU abre las puertas de la timba financiera para los préstamos en UVA (Unidad Valor Adquisitivo) otorgados por los bancos y el Fondo de Estabilización de la ANSES. Básicamente, se habilita a los bancos a crear instrumentos financieros con los préstamos en UVAs otorgados. Estos instrumentos podrán ser vendidos en el mercado y su rentabilidad estará atada a los pagos de los préstamos hipotecarios en UVAs.

El objetivo para los bancos es hacerse de fondos para seguir prestando y, al mismo tiempo, distribuir los riesgos atados a los préstamos otorgados hacia el resto de la economía, vía el mercado financiero. Es decir, si un deudor deja de pagar, el banco ya habrá vendido ese préstamo, junto con otros, dentro de un paquete a algún inversor que lo haya comprado. La pérdida para el banco es mínima y las ganancias tanto para éste como para el inversor que lo haya comprado, hasta ese momento, podrán ser enormes porque la rentabilidad se indexa junto con la inflación y el valor del dólar, pues recordemos que estos productos financieros están atados a préstamos nomenclados en UVAS. ¡Alerta de burbuja financiera! Este mecanismo fue el utilizado por los bancos en Estados Unidos y que culminó en la enorme crisis de las hipotecas en el 2008, con miles de personas en la calle y con los grandes bancos e inversores salvados por el Estado. Una crisis que tuvo impacto no sólo en el sector financiero, sino también en el sector real de la economía.

Lo mismo ocurre con el caso de ANSES. A partir del decreto, esta Agencia podrá crear y vender instrumentos financieros sobre la base de sus activos, principalmente a partir del Fondo de Estabilización que, entre otros fines, se destina al Procrear (hoy también nomenclado en UVAS). En este caso, al financierizar todos estos activos se va creando una burbuja financiera que, si estalla, no va a afectar sólo a los actores directamente involucrados sino también, por ejemplo, a los jubilados, jubiladas y beneficiarios de la AUH.

Una segunda gran medida que afecta a las trabajadoras y trabajadores es que se elimina la inembargabilidad de las cuentas sueldo, siempre que en la cuenta del titular haya una suma superior a los 3 sueldos (según el promedio de los últimos 6 meses). Es tan evidente que esta media está relacionada con el punto anterior que la misma está incluida dentro del capítulo de “Inclusión financiera” del DNU. La justificación por parte del Poder Ejecutivo es que, al establecer un monto por encima del cual las sumas depositadas en las cuentas sueldo puedan ser embargables, se “mejorará” el perfil crediticio del titular. Nuevamente, se reduce el riesgo de incobrabilidad para los bancos, se acrecienta el negocio financiero y se aumenta la vulnerabilidad de las familias de las y los que vivimos de un sueldo y no de rentas financieras.

Por último, el decreto redefine el concepto de “micro, pequeña y mediana empresa” (MiPyMe) para el caso del acceso al crédito subsidiado. A partir de ahora, las MiPyMes controladas por multinacionales van a poder acceder al financiamiento del “Fondo Fiduciario para el capital emprendedor” y el “Fogapyme” que, como son fondos para fomentar el “emprendedorismo” de las pymes tienen ventajas (en términos de costos y condiciones) respecto a otros tipos de créditos. La implicancia de esta medida es que las empresas trasnacionales van a poder crear MiPyMes de manera ficticia para acceder a estos fondos.

La anterior medida está relacionada con otra, del mismo DNU, que habilita la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas con un capital de dos salarios mínimos. Esto permite crear de un día para el otro una empresa vacía para un objetivo determinado (que puede ser acceder a los fondos antes mencionados, a ventajas para la contratación de trabajo más barato, a moratorias, menores impuestos, etc.). ­Esta práctica constituye una de las características normalmente asociadas a los paraísos fiscales, donde se crean cascarones vacíos en forma de empresas para acceder a las ventajas de secreto empresarial, bajos requisitos contables, desgravación fiscal, transferencias de excedentes internas a un mismo grupo corporativo. En la Argentina, aunque esta práctica entraría en conflicto con normativas del derecho laboral, se constituye en un paso en aquella dirección.

En definitiva, se trata de un decreto que abre las puertas a una mayor financierización de la economía, que habilita a la timba financiera con fondos públicos y que deja en una situación de enorme vulnerabilidad a las y los trabajadores endeudados para acceder a la casa propia.

* Parte del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica

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