Invitado por la cooperativa de trabajadores, que desde hace 15 años puso el establecimiento al servicio de los sectores populares, el Juez Quaglia, magistrado que tiene a su cargo la causa de la quiebra del ex Supermercado Tigre hizo un relevamiento del lugar.

El juez Marcelo Quaglia, titular del juzgado Civil y Comercial Nº 14, realizó el jueves una inspección en el Centro Cultural La Toma, ubicado en Tucumán 1349, para corroborar “la utilidad y función social” que la cooperativa que allí funciona le da al inmueble del ex híper Tigre, donde sus miembros trabajaron hasta su cierre.

La recorrida respondió a una invitación lanzada en el marco de la resistencia a una “nueva amenaza de desalojo”, cuya sentencia está en manos del magistrado, y está “firme” desde hace tres años, pese a que con anterioridad la expropiación del edificio fue aprobada por Ley provincial por partida doble en 2004 y 2009. Antes de que se concretara la medida judicial, los representantes de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha, habían presentado un escrito ante el letrado, donde reseñaron la historia que desde hace 15 años brinda espacio a múltiples organizaciones sociales.

“Mientras algunos vivos especularon con la evolución de la quiebra, queríamos que el juez venga a hacer un inventario social. Además, dos leyes avalan el proyecto de los trabajadores”, dijo Carlos Ghioldi, uno de los referentes de La Toma.

El dirigente resaltó que el lugar tiene estatus de utilidad pública: “Además de preservar el trabajo, pensamos en los compañeros de otros sectores populares, regeneramos la solidaridad de los trabajadores, y así se creó el Comedor universitario, la galería de arte de Humanidades, la Asociación Argentina de Actores, los talleres de microemprendimientos de la Municipalidad, la Mesa de Jubilados y, finalmente, el Mercado Popular”.

“El lugar nunca fue la recuperación de una empresa –distinguió Ghioldi. Siempre fue un establecimiento puesto a funcionar en manos obreras, es decir, con un criterio distinto, no con la voracidad de lucro y la búsqueda de rentabilidad que caracteriza a los empresarios, sino anteponiendo la solidaridad, valores que tienen que ver con lo colectivo, con el compartir y ayudarnos entre sectores populares. Lo que vino a hacer el juez, es constatar cómo a lo largo de estos 15 años, 30 organizaciones populares, instituciones como la Universidad o la Economía Social de la Municipalidad, han desarrollado y construido un espacio de producción, de solidaridad, de divulgación de ideas, de divulgación de cultura, mientras otros creen que es un lugar que sólo sirve para especular”.

Al magistrado lo estaban esperando miembros de la Cooperativa y de la sindicatura. No participaron de la inspección los representantes del fondo Seguros de Depósito SA (Sedesa), a quienes les fue cedido el crédito garantizado con la hipoteca del Banco Finansur -el acreedor original-, que pretenden llevar el inmueble a remate.

Acompañado por su secretaria, el juez Quaglia mantuvo primero una reunión con los representantes de la Cooperativa y de la sindicatura para explicarles cómo iba a realizar la inspección. Luego, todos salieron a recorrer el primer piso de La Toma. Primero fueron a conocer la sede rosarina de la Red Experimenta, un espacio para potenciar el crecimiento de proyectos basados en un modelo colaborativo.

Después fue el turno del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), una ONG compuesta por un equipo interdisciplinario especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres y niñas, donde le explicaron al juez las tareas que desempeñan y además le obsequiaron algunos libros. También se cruzó con Pablo Juncos, secretario General de la CTA de los Trabajadores, que tiene allí su sede y donde desarrollan tareas de capacitación. Seguidamente recorrieron el Comedor Universitario, y un integrante del Movimiento de Acción Solidaria, que entregan raciones de comida a chicos de la calle, le contó la experiencia.

El abogado de la Cooperativa, Juan Lewis, dijo que cualquiera sea la resolución que se tome “tiene que contemplar necesariamente la utilidad pública que acá se está desplegando”. El ex ministro de Justicia dijo que la visita del juez genera expectativas: “Vemos con muy buenos ojos que judicialmente se haga lugar a una medida de este tipo, porque implica la posibilidad de contemplar algo que está más allá de la mera ponderación económica de todo el problema”.

Previamente, una asamblea en defensa de La Toma realizada a mediados de marzo, ante la citación del Juzgado dirigida a los “ocupantes del inmueble” recibida el 4 de febrero, se pronunció por: “1- Defender hasta las últimas consecuencias la permanencia de la utilización social y solidaria del establecimiento puesto en funcionamiento por sus trabajadores.
2- Convocar a la “utilización militante” del mismo por parte de todas las organizaciones e instituciones, sociales, populares y comunitarias.
3- Realizar un acto público en defensa de La Toma el 22 de marzo a las 18:00 para reafirmar esta voluntad de lucha.
4- Apoyar la propuesta de invitación para que el Juez que tramita la quiebra del viejo supermercado conozca el accionar productivo solidario.
5- Expresar el acompañamiento a las medidas de lucha de los trabajadores en función de lograr que se deponga la actitud hostil que desde sectores del poder judicial se han expresado hacia esta experiencia y que se encuentre una solución política que permita la continuidad de las actividades laborales, sociales, y culturales que se desarrollan en el establecimiento en manos obreras.
6- Constituir una Comisión Permanente en Defensa de La Toma, para acompañar esta larga lucha que llevan adelante los trabajadores. Además, esta Comisión acompañará las gestiones legislativas y políticas que lleven adelante los propios trabajadores en lucha”.

El pronunciamiento fue suscripto por un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas.

Nota relacionada: El Poder Judicial rosarino una vez más contra La Toma

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Entrevista a Carlos Ghioldi de La Toma (Rosario) y Secretario Gremial de la CTA (T).

“Lo importante es que salga un elemento legal que impida que cada tanto, de acuerdo al humor de algún juez, ustedes estén en peligro”

Ernesto Cardenal en oportunidad de visitar La Toma

Las compañeras de La Toma recibieron un reconocimiento de parte del gobernador de la provincia de Santa Fe.

Sí, les otorgó el premio Virgina Bolten por la lucha de las mujeres trabajadoras. Nuestras compañeras recibieron el reconocimiento y el conjunto de La Toma también, por haber impulsado una Ordenanza y una Ley de creación de espacios libres de violencia de género en la ciudad de Rosario. Fue iniciativa de estas compañeras que La Toma se declarara como local libre de violencia de género y se hicieron calcomanías para pegar en lugares que se identificaran como tales.

Llama la atención en un momento en el que La Toma vuelve a estar en el centro del escenario judicial. El próximo lunes 14 ustedes están convocando a un plenario en relación a una nueva situación generada por la justicia de la provincia de Santa Fe.

El Poder Judicial respondió al pedido de algunos actores que tienen comprados los derechos de una hipoteca que hubiera tenido el lugar desde hace 23 años atrás y que estaría en litigio. Exigen el desalojo del lugar y un sector del Poder Judicial empieza a darle espacio a ese reclamo. Ante esa circunstancia, los trabajadores hace 14 años iniciamos un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo, que nos llevó a la ocupación del establecimiento, poniendo el lugar al servicio de otros sectores populares, lo que terminó involucrando a una treintena de organizaciones e instituciones como la Universidad y el Municipio de la Ciudad de Rosario que tienen dependencias funcionando en La Toma, entre otras.

Este sector del Poder Judicial nos agrede, intenta avanzar y nosotros convocamos a una asamblea popular, con todas las demás organizaciones que estamos allí adentro para organizar un plan de lucha y resistencia que va a definir que no vamos a ceder el lugar, que vamos a defender hasta las últimas consecuencias lo logrado y que llamamos a las demás organizaciones populares a ocupar más el establecimiento, a darle una actividad militante para que se pueda resistir a esta agresión de este Poder Judicial que sabemos que tiene objetivos, pero que tiene tiempos muy largos, porque puede dejar un expediente abierto durante 14 años como es este caso.

Por último, nosotros vamos a adoptar un pedido, que de una vez por todas nos den una solución definitiva que impida que estos sectores recurrentemente, cuando olfatean algún aire político propicio, intenten agredir con el desalojo. Esa es la situación. Por eso convocamos a todas las organizaciones populares a esta asamblea el lunes para acompañar la lucha que iniciaremos desde allí.

En dos oportunidades la Legislatura de la provincia falló a favor de los trabajadores de La Toma, sin embargo, cada tanto este Poder Judicial al que hacías referencia, interviene con algún tema tratando de cuestionar la actitud asumida hace 14 años. Me gustaría que recordaras cómo actuó la Legislatura de la provincia de Santa Fe respecto de lo que fuera la situación de La Toma por la ocupación de sus trabajadores y los distintos momentos en que ha intervenido la justicia intentando desconocer a este otro poder de la Nación respecto de la situación que atraviesan ustedes.

Nosotros comenzamos la lucha en el año 2001, estos mismos jueces nos quisieron desalojar y ante esa circunstancia, a través de las gestiones del que era en aquel momento Secretario de la Presidencia, Parrili, el gobierno y la Legislatura de la provincia Santa Fe intervienen, sancionan una Ley de expropiación en el 2004 que impide el desalojo, ley que tiene fundamento en la continuidad de los puestos de trabajo, que es cuestionada al tiempo por el Poder Judicial porque plantean que lo que hacíamos los trabajadores no garantizaba la continuidad del establecimiento.

En el 2008, el entonces senador provincial Juan Carlos Zabalza del Partido Socialista, toma nuestro argumento y redacta junto a nosotros una Ley que sostiene que estamos haciendo un servicio social, poniendo el lugar al servicio de la comunidad y las organizaciones populares. Que es cierto que no hay una continuidad económica viable, pero que viables son los negocios y no los trabajadores que pelean por un puesto de trabajo y se ponen al servicio de la actividad pública.

Con esos fundamentos se sanciona la ley 12.934 que es la de expropiación del año 2008/09. La justicia primero intenta declararla inconstitucional y luego la cuestiona por problemas económicos. Eso quedó abierto y es de lo que ahora se agarra este sector que intenta el desalojo, aparentemente con alguna palanca de la administración nacional.

Hoy, a partir de la movilización de los trabajadores, el Consejo municipal de Rosario, con el voto unánime de todos sus bloques, saca una resolución el jueves pasado en defensa de La Toma y a favor de su continuidad. Se han presentado ya los proyectos nuevos de expropiación en la Legislatura de Santa Fe, uno del bloque justicialista y uno del oficialista. Nosotros saludamos todas estas iniciativas y consideramos que es momento de profundizar la movilización de todos los sectores populares. Tenemos que decir que el Secretario General del sindicato judicial que encabeza el Movimiento Sindical rosarino, ha asumido la defensa del lugar, hemos tenido importantes reuniones con los trabajadores judiciales tratando de hacer fuerza dentro del sector judicial para que se termine esta agresión. Esto hace que seamos optimistas, porque si se desarrolla una importante movilización popular es factible que este sector ligado al aparato judicial, cambie su actitud y lo vea como una solución definitiva. Como dijo el poeta Ernesto Cardenal cuando vino a La Toma: “no sé si les darán una Ley de expropiación, una Ley de consignación, si los declararán una empresa socialista como en Venezuela o patrimonio de la humanidad. Lo importante es que salga un elemento legal que impida que cada tanto, de acuerdo al humor de algún juez, ustedes estén en peligro”. Esa es nuestra idea para llevar adelante un plan de lucha acompañados por todos los sectores populares a quienes invitamos.

¿Qué actividad se va a desarrollar el próximo lunes 14?

El lunes hacemos la asamblea pública y pondremos en consideración el plan de lucha que tiene que ver con la situación judicial, la ocupación del lugar y con el pedido de un corte definitivo a estas agresiones. Tenemos que ir trabajando a partir de esto y definir cuáles serán las acciones que llevaremos adelante.

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